ESPURIOLANDIA

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

'Calderonlandia'.

Mientras el Presidente hace corte de caja y festeja sus primeras acciones, el crimen organizado muestra su insolencia en diferentes estados. En Tabasco dejan una cabeza a las puertas de una oficina de seguridad pública.

No contento con celebrar los 100 días de su gobierno en Chiapas, el 10 de marzo, el presidente Felipe Calderón organizó otro festejo con rebumbio el jueves pasado. A la manera de su antecesor, al complacerse de haber superado la crisis imperante en el país al concluir el sexenio pasado, el mandatario trazó una imagen tan autobenevolente que hay que comenzar a hablar ya de Calderonlandia, un México imaginario distante de las realidades que se agolpan unos metros más allá de donde el Ejecutivo se halla.

Se ufanó de las operaciones conjuntas para desterrar la inseguridad: "Estamos empezando por recobrar el orden en nuestras plazas y calles, en nuestras colonias y ciudades", dijo el mismo día en que Reforma publicó un sólido informe en sentido contrario.

Del mismo se hizo eco la agencia France Presse, que el 15 de marzo despachó un informe cuyo lead (primer párrafo) decía: "Pese al despliegue de más de 20 mil soldados y policías federales en los escenarios de ajustes de cuentas del crimen organizado, la violencia sigue sacudiendo a México con un promedio de tres ejecuciones por día y con policías como principales víctimas".

En efecto, según el recuento efectuado por este diario, 60 personas fueron ejecutadas en los primeros 14 días de marzo. De ellas, 20 eran policías preventivos o ministeriales, y dos lo habían sido. Calderón dijo esa tarde que las operaciones que reúnen a militares y agentes federales con policías locales han tenido efecto: "Ejemplo de ello es que las ejecuciones disminuyeron en el estado de Michoacán en más de un 63 por ciento, en Guerrero el 40 por ciento y en los estados de Nuevo León y Tamaulipas también están surtiendo efecto".

No ofreció las coordenadas para el establecimiento de esas cifras, pero lo cierto es que sólo en marzo en Michoacán fueron asesinadas 13 personas, una por día. Y en Nuevo León cinco hasta el jueves en que los lectores de Reforma conocieron ese reporte. Pero esa misma noche, el comandante de la policía ministerial de ese estado, José Luis Rodríguez Moreno fue ultimado con ráfagas de rifle de asalto AR-15 frente a su casa en la colonia Independencia en Monterrey.

Y en la madrugada siguiente una patrulla de San Pedro Garza García, municipio conurbado con la capital, fue atacada con armas de alto poder y resultó muerta la agente Diana Cortés Díaz y herido de gravedad el comandante municipal de policía, Lorenzo Zúñiga Ramírez.

El diario que ofreció esa información ayer sábado recogió a ese propósito la opinión del alcalde de Santa Catarina (también municipio conurbado) Dionisio Herrera Duque, según el cual el despliegue de fuerzas federales en Nuevo León "no está dando resultados... ha sido ineficaz".

Por su parte, el director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), Guillermo Dillon Montaño, afirmó que "de continuar la violencia provocada por las disputas de la delincuencia organizada, se frenará la inversión privada en el estado". Razonó que "cuando un empresario está considerando a la ciudad para invertir cantidades importantes de dinero, toma en cuenta el factor seguridad" (El Universal, 17 de marzo).

El informe de Reforma indicaba el jueves que en Sonora fueron ejecutadas 15 personas en la primera quincena de marzo y daba cuenta de una comprensible pero grave reacción ante ese auge de la criminalidad: 19 agentes de la policía municipal renunciaron a su función "ante la amenaza directa que las corporaciones han recibido del crimen organizado".

El reportero Rolando Herrera mostraba su extrañeza de que en Sonora, "hasta el momento y a pesar de esta violencia y de que por su condición de estado fronterizo es una zona estratégica para la introducción de droga a los Estados Unidos, no se ha implementado un operativo como el que lleva a cabo el gobierno federal en otras entidades" (Reforma, 15 de marzo).

Si no pensamos mal y consideramos que tal ausencia obedece sólo a falta de recursos (pues las operaciones conjuntas son caras), habría que establecer una lista de espera de entidades requeridas de atención de esa índole. Tabasco figuraría en ese papel, debido sobre todo a la insolencia del crimen organizado: no sólo atentó contra el mismo secretario de Seguridad Pública de la entidad, un general de división diplomado de Estado Mayor (el máximo rango en el Ejército), sino que el mismo jueves de la ufanía calderonista arrojó cerca de las instalaciones de esa corporación una cabeza, la de un drogadicto cuyo cuerpo fue hallado lejos de Villahermosa, en el municipio chiapaneco de Reforma.

La fiesta en la sede de Calderonlandia, el Palacio Nacional, reunió a la crema y nata de la vida pública y privada del país, invitados especiales del Presidente. Se hallaba entre tales escogidos, como uno más de ellos, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que al igual que Calderón respecto de la suya propia, se congratula de haber superado la crisis, no obstante que en las calles de la capital antequerana se despliegan nuevos aprestos de las agrupaciones populares y magisteriales que no cejan en su intento de deponerlo.

Sólo pudo librar la fase más aguda del cuestionamiento popular en su contra con el apoyo del gobierno federal, que envió a su policía preventiva a poner orden mediante violencia, intimidación y torcedura de la ley, cuyas consecuencias aún son padecidas por los oaxaqueños.

Afuera mismo del antiguo Palacio de los Virreyes se evidenciaba que la gobernabilidad que Calderón asegura haber restablecido es aún propósito y no realidad. La fuerza pública (y privada, pues en nueva modalidad golpeadores uniformados de una corporación particular auxiliaron al Estado Mayor Presidencial y tundieron a un ciudadano que había quedado dentro del espeso círculo de protección tendido en torno del festejo) levantó muros metálicos (como los que se usaron para aislar al propio Calderón y su invitado George W. Bush en Mérida) de hasta dos metros de altura en torno de la sede presidencial y los edificios de la Corte y el Gobierno de la ciudad.

La circulación rodada fue impedida y se prohibió el paso a los transeúntes.Algo semejante ocurre dondequiera que va Calderón. El viernes estuvo en Tijuana. Ya hablaremos del eficaz aprendizaje panista de las peores formas de la política priista: reparto de despensas a los forzados asistentes a la recepción del Ejecutivo, y anuncio del gobierno federal de mejores tarifas eléctricas en los próximos veranos, todo lo cual ocurre en una entidad gobernada por el PAN donde está en curso la campaña electoral para renovar todos los cargos de elección popular.

Ahora sólo insistimos en el tema de hoy, la temible parafernalia que cuida a Calderón: "Una patrulla de la PFP abría paso al convoy: una camioneta con elementos del EMP armados con metralletas UZI, el vehículo donde viajaban el Presidente, el gobernador Eugenio Elorduy y el jefe del EMP, Jesús Castillo, y atrás otros dos vehículos con al menos cinco escoltas cada uno" (Reforma, 17 de marzo).

Ese constante y peligroso despliegue de fuerza es contrario al optimismo de Calderón respecto de la gobernabilidad y el orden recuperados. Dice en cambio lo cierto un diagnóstico del Centro de Investigación y Seguridad Nacional: "Dada la situación de violencia e inseguridad que impera en el país y las recientes acciones que ha emprendido el gobierno federal para su erradicación, se juzga necesaria la implementación de diversas medidas de seguridad...".

El Cisen recomienda, específicamente, tomarlas en la Secretaría de Gobernación, cuya imagen y función "obligan a conservar las condiciones de seguridad y de estabilidad necesaria para evitar cualquier percance que pueda poner en entredicho la gobernabilidad del país".

Ciertamente la pondría en tal situación un ataque como el que juzga posible el Cisen y que ha llevado a blindar los 33 ventanales de las oficinas de Bucareli: son capaces "de resistir disparos realizados con rifles de asalto calibre 7.62, de los que el modelo ruso AK-47 es el más conocido" (Reforma, 16 de marzo).

Mientras salían de la fiesta los invitados de Calderón, en las Lomas de Chapultepec se produjo el hallazgo de una mina de oro, en una acción verdaderamente eficaz de la PGR: paquetes de dólares hasta por 205 millones de dólares (más no pocos euros y algunos miles de pesos) fueron asegurados. Lástima que su dueño pudiera escapar.