TRAMPOSO.

Manto de impunidad

jueves, 25 de enero de 2007

Eduardo Medina Mora lo tendió a su paso por la Secretaría de Seguridad Pública, denuncia José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) MEXICO, D.F., 24 de enero (APRO/ LA JORNADA).- Eduardo Medina Mora “canceló la posibilidad de investigar a algunos de sus elementos y abrió un espacio de opacidad propicio para la impunidad”, durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública federal en 2006, dijo José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Soberanes se refirió al secretario de Seguridad Pública federal, al gobernador de Querétaro y al secretario de Marina, al señalar a quienes no atendieron las recomendaciones de la CNDH e, incluso, las rechazaron el año pasado. Al presentar su informe anual de 2006 ante la primera comisión del Congreso de la Unión. Soberanes centró su discurso en los trabajos que realizó la CNDH en Pasta de Conchos, Coahuila; Lázaro Cárdenas, Michoacán; San Salvador Atenco, Estado de México, y Oaxaca. Antes, Soberanes señaló que, el año pasado, el organismo a su cargo atendió 6 mil 895 quejas e hizo 46 recomendaciones. De éstas, ocho fueron a la Secretaría de Seguridad Pública, siete al Instituto Nacional de Migración (INM) y cuatro a la Procuraduría General de la República (PGR). “Lamentamos que, durante ese periodo, diversas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de esta comisión, entre ellas el secretario de Seguridad Pública federal (Eduardo Medina Mora), el gobernador de Querétaro y el secretario de Marina. “Es deplorable el hecho de una autoridad renuente a una recomendación del ombusman, no sólo por el mensaje de desprecio a los derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad, sino también por el fomento al clima de impunidad entre los servidores públicos al darles una especie de `patente de corso` frente a violaciones a la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo”, dijo. Consideró que los hechos ocurridos en Atenco, donde la televisión mostró a ciudadanos agrediendo brutalmente a policías y éstos a los pobladores, “desnudó una alarmante realidad de nuestros cuerpos de seguridad”. Pero el problema mayor, agregó, es que la Secretaría de Seguridad Pública federal (entonces a cargo de Medina Mora), rechazó las recomendaciones de la CNDH, “y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos y abrió un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento”. Ayer, durante su comparecencia ante esa misma comisión, el actual titular de la PGR, Medina Mora, rechazó de nuevo las afirmaciones de Soberanes, quien hoy dijo que el funcionario ni siquiera se dignó a leer el documento que le enviaron. Soberanes dijo que, durante 2006, la CNDH recibió “una especie de persecución por parte del Estado, lo que no ha sido aclarado todavía”. Y es que, el año pasado, el entonces titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, entró en un abierto enfrentamiento con Soberanes. Además, Soberanes señaló que la CNDH no es el enemigo a vencer por parte del gobierno, y dijo que el informe no tiene por objeto señalar culpables ni dañar políticamente a alguien. Afirmó que en la CNDH se pugna por contar con autoridades fuertes, no gobiernos débiles ni temerosos. “Haber debilitado al Estado, como sin duda se hizo, dejó a México en una situación precaria... El gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad, genera vacíos. La apatía oficial otorga a los grupos de presión, al margen de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Así mismo, cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia”, señaló. Luego de que Soberanes abandonó la Cámara de Diputados, legisladores de todos los partidos, incluido el PAN, aprobaron un punto de acuerdo para crear una comisión especial que visitará las cárceles para constatar las condiciones en que se encuentran los detenidos por el conflicto en Oaxaca. Ricardo Monrreal, senador del PRD, dijo que, hasta ahora, hay 50 detenidos. A su vez, el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, pidió la renuncia de Medina Mora, al afirmar que existen denuncias por violaciones a los derechos humanos por el caso Oaxaca, justo cuando él se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública federal. “Ahora resulta que, de ser acusador, ahora es a quien se juzgará”, añadió. Por su lado, Claudia Cruz, diputada del PRD, insistió que Medina Mora debe renunciar, y dijo que solicitarán la opinión de la CNDH sobre su decisión de presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el “conflicto de intereses” en que está metido Medina Mora. Así, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández acusó hoy, ante senadores y diputados de la Comisión Permanente, que en el 2006 se promovió y alentó una persecución política contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por parte de la autoridad, que fue tolerada, y quizá auspiciada, desde la Jefatura del Estado -el presidente Vicente Fox-, por haber señalado que elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) torturaron a un detenido. Al presentar su informe de actividades 2006, el presidente de la CNDH, Soberanes Fernández, subrayó: “el Estado de Derecho estamos ciertos, es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir. Sólo los gobernantes ceñidos estrictamente a la ley pueden demandar el cumplimiento de los demás. Sólo en un país de leyes puede haber dignidad, igualdad orden y respeto a los derechos humanos para todas las personas”. Y desde la tribuna, subrayó: “en la CNDH no pugnamos por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos de usar las herramientas otorgadas por la ley. Haber debilitado al Estado, como sin duda se hizo, dejó a México en una situación precaria. Hoy es indispensable comenzar a preocuparnos no sólo por el tipo de gobierno existente, sino también por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más república en nuestra democracia”. Soberanes abundó: “El gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad genera vacíos, la apatía oficial otorga a los grupos de presión de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Asimismo, cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia”.