TACOS DE LENGUA.

REFORMA.

Sergio Aguayo Quezada Tacos de lengua

El aumento en el precio de las tortillas ha mostrado los titubeos del gobierno federal y el desamparo de los consumidores. Las tortillas aportan alrededor del 50 por ciento del total de las calorías consumidas por el 40 por ciento de los capitalinos más pobres (Instituto Nacional de Nutrición, 2002). El taco es ingrediente central de la dieta nacional y símbolo de nuestra identidad y diversidad; en la variedad de los rellenos y las salsas se reflejan las diferencias económicas y culturales de las regiones de México. Salvo la tortilla, ¿qué tienen en común los tacos de langosta con frijol y arroz de Baja California, los de cabeza de Arandas, Jalisco, o los de canasta del Distrito Federal? El 2007 empezó con el aumento de entre 40 y 100 por ciento en el precio de la tortilla. Con ello salió a la superficie nuestra dependencia alimentaria, la pobreza en que viven las mayorías y la división ideológica -las derechas invocan las fuerzas del mercado y las izquierdas exigen la intervención gubernamental-. El gobierno federal ya fijó postura: como serán las fuerzas del mercado quienes regulen los precios ya autorizó la importación de una mayor cantidad de maíz. Como la otra columna de la respuesta federal es el combate de los abusos, el 12 de enero entró en escena la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y su titular, Antonio Morales de la Peña, informó que asumirían "el liderazgo en la protección de los sectores más vulnerables de la población mexicana". De esa voluntad nació el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Tortillerías que, para "inhibir y desalentar" el "incremento injustificado en el precio del producto", verificará la exhibición y respeto de los precios; garantizará que las básculas no alteren el peso; difundirá información sobre los precios al consumidor; pedirá a proveedores la información que justifique los aumentos; y establecerá compromisos de apoyo con las cámaras y cadenas de autoservicios. El programa es demagógico porque, aun cuando la Profeco tenga la voluntad política (algo que está por verse), carece del personal suficiente para llevarlo a cabo. Con un presupuesto para el 2007 de 960 millones de pesos tiene en nómina a 3 mil 438 empleados, insuficientes para controlar a los abusadores. Una referencia indispensable es su batalla del 2005-2006 para controlar a las gasolinerías que nos esquilman vendiéndonos litros incompletos. Para revisar a las 7 mil 200 estaciones de servicio la Profeco sólo tenía 39 aparatos verificadores. Terminaron documentando abusos, es cierto, pero al ser incapaces de erradicarlos se contentaron con poner en su página información sobre cuáles gasolinerías han esquilmado clientes. La delegación de la Magdalena Contreras capitalina tiene dos expendios: en el de Luis Cabrera aparece un semáforo color verde, lo que significa que se puede cargar tranquilamente; al de Avenida San Jerónimo le pusieron un rojo, lo que sugiere precaución. Lo que la Profeco jamás aclara es cómo podremos saber si nos entregan litros o kilos completos (¿esperan acaso que vayamos por la vida con un garrafón y una báscula?). En el caso de las tortillas la Profeco deberá verificar a las 60 o 70 mil tortillerías que tiene el país. Interpreto su negativa a darme información sobre el número de inspectores como un indicio de que clausurarán algunas como acto simbólico, organizarán ruedas de prensa y terminarán subiendo a su página de Internet información sobre los abusadores. Más de lo mismo. En otras palabras, el gobierno le da al consumidor la información para que se defienda pero lo hace a través de un mecanismo accesible a las minorías. De acuerdo al Almanaque Mexicano 2007 (Aguilar) sólo el 9 por ciento de los hogares tenían acceso a internet en el 2005, y la educación de quienes lo usan sugiere que tienen los ingresos para resistir el aumento en el precio de la tortilla. Cuesta trabajo imaginarse a los más afectados -el ama de casa, el albañil o el campesino- consultando en la página de la Profeco qué tan honesta es la tortillería de la esquina. Saberlo tampoco ayuda, pues Profeco no castiga sistemáticamente a quienes incumplen las normas y abusan de los consumidores. Así pues, en el México del siglo XXI los monopolios u oligopolios imponen su ley, el gobierno encubre su impotencia con declaraciones y actos simbólicos y la sociedad tiene pocos mecanismos para defenderse. De acuerdo a Adriana Labardini de Alconsumidor "son contados los organismos civiles que representen los intereses de los consumidores". Es una categoría tan marginal que el consumidor no aparece en las plataformas de los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD). Ante este panorama el consejo consultivo de la Profeco debería preocuparse por sugerir reformas al mandato de este organismo público; después de todo tiene a gente tan comprometida y conocedora como Néstor García Canclini, Raúl Trejo Delarbre o Laura Sarvide. Si lo único que el gobierno federal puede o quiere ofrecer son tacos de lengua, al menos debería darlos mejor servidos y aderezados. Felipe Calderón, por ejemplo, podría hacer un informe preciso de los factores que provocaron la crisis actual y el papel jugado por los poderes fácticos. Como se ve difícil que lo haga, la izquierda política y social ya reaccionó apropiándose de la protesta. El PRD anunció una marcha en defensa de la tortilla, un festival del maíz en el Zócalo y la proclamación del 2 de febrero como "Un día sin tortilla". Los sindicatos y organizaciones campesinas también anuncian movilizaciones y Andrés Manuel López Obrador declara que el aumento "a los artículos de primera necesidad no le importa al gobierno usurpador ni al presidente pelele, porque tienen el encargo de proteger los intereses de los oligarcas y de la mafia de cuello blanco". Lo que pasa con la tortilla le añade incertidumbre al futuro y reconfirma la indefensión ciudadana frente a las corrupciones privadas y las ineptitudes públicas. La Miscelánea "En salud, el oscurantismo mata". Así abre el desplegado de centenares de organismos civiles que condenan las intenciones del secretario de Salud José Ángel Córdova Villalobos de modificar las campañas de educación sexual para, entre otras cosas, promover la abstinencia y desalentar el uso de los preservativos. Si por el secretario fuera la política en salud tendría que desechar las evidencias científicas para asentarse en las creencias de los más conservadores.