Maíz: cosechar tempestades
La escalada de precios del maíz y la tortilla es consecuencia directa de un entramado de incompetencia oficial, especulación, corrupción y codicia. Grandes empresas comercializadoras de granos y productoras de harina de maíz, en alianza con el gobierno, tienen años llevando a cabo una guerra en la que se juega la viabilidad económica del país. En el proceso han destruido la economía campesina y han contribuido a degradar los agroecosistemas que son la base de la producción agrícola en México.
La guerra tiene dos frentes íntimamente vinculados. En el primero el objetivo es destruir la producción campesina y expulsar del campo a un millón y medio de pequeños productores. Las armas han sido el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la eliminación del apoyo oficial para el campo. En el segundo frente se pretende desmantelar la producción de tortilla con masa de nixtamal para apropiarse de este lucrativo mercado.
Durante la vigencia del TLCAN nunca se aplicó el arancel cuota previsto para el maíz, lo que representó un regalo de miles de millones de dólares para las grandes empresas que importaron maíz desde Estados Unidos, el desmantelamiento de la cadena maíz-tortilla y la oligopolización en el abastecimiento de tortilla de harina de maíz. El tiro de gracia será la autorización de la siembra comercial de maíz transgénico para expropiar definitivamente al productor rural del control de su producción y manejo de recursos.
La escalada de precios de la tortilla es el episodio más reciente de esta guerra, con la complicidad del gobierno. En 2006 los inventarios mundiales de granos se redujeron de manera significativa por quinto año consecutivo. Hoy la reserva mundial es de apenas 57 días, en contraste con los 120 días de hace unos años. La demanda del mercado asiático continuó creciendo vertiginosamente. Y por primera vez en Estados Unidos la cosecha de maíz para producir etanol igualó sus exportaciones de este grano. La expansión de biorrefinerías en la faja maicera estadunidense en 2006 llevó a los analistas del mercado de futuros en Chicago a pronosticar incrementos de 25 por ciento en el precio internacional del maíz. Se esperan mayores aumentos en el futuro, dependiendo del costo de la gasolina.
Las señales sobre el incremento de precios internacionales han sido claras, pero el gobierno mexicano hizo todo para promover la especulación y la insuficiencia en el abastecimiento del grano.
A mediados del año pasado entró la cosecha del ciclo otoño-invierno al mercado nacional. Era una buena cantidad, sobre todo por la producción de Sinaloa: más de 4 millones de toneladas, volumen suficiente para satisfacer la demanda nacional, cubriendo la brecha estacional de déficit entre septiembre 2006 y mayo 2007.
Pero a sabiendas de que el mercado internacional acusaba un incremento del precio del maíz, las autoridades agropecuarias hicieron todo para desbaratar ese acervo. Primero, permitieron a Cargill, la primera empresa comercializadora de granos en el mundo, comprar 600 mil toneladas a mil 650 pesos la tonelada. Además, ASERCA autorizó la exportación de otras 500 mil toneladas con un subsidio importante y otorgó otro a grandes consorcios pecuarios (en Sonora, Sinaloa y Jalisco) para la adquisición de otro millón de toneladas.
Es decir, en un contexto de precios internacionales al alza, el gobierno mexicano disipó el inventario del ciclo otoño-invierno, favoreciendo la especulación y otorgando subsidios a grandes empresas que incurren en prácticas desleales. El desabasto generó un incremento en los precios del maíz que no benefician a los productores maiceros, y en cambio, son un poderoso incentivo a la especulación. Por ejemplo, la empresa Cargill compró a mil 650 pesos la tonelada, y la vende en el valle de México a 3 mil 500 pesos. El artículo 253 del Código Penal federal establece que el acaparamiento, venta con lucro inmoderado y cualquier acto que dificulte la libre concurrencia en la producción o el comercio con el objeto de obtener alzas en los precios serán sancionados con prisión (tres a diez años) y severas multas. La Comisión de Competencia Económica sabe todo esto, pero se resiste a actuar.
Ahora el secretario de Economía anuncia la importación libre de arancel de 650 mil toneladas de maíz blanco para enfrentar el problema. Pero eso no será la solución porque las importaciones las harán los mismos acaparadores y especuladores que desataron esta ofensiva. Y mientras el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, denuncia que hay acaparadores de maíz, el FIRA proporciona apoyos financieros nada despreciables a tasas preferenciales al consorcio Cargill. En la guerra económica no hay torpeza, sólo aliados y enemigos.
Y, como en todas las guerras, también hay bajas. Maseca, la más grande compañía de harina de maíz en México y en el mundo, espera que salgan del mercado muchos molineros y productores de nixtamal para quedarse con su franja del mercado. Hoy Maseca ya cubre 50 por ciento del mercado nacional de tortilla, y con estas prácticas predadoras contempla quedarse con la totalidad del mercado. No importa que se sacrifique el campo, el medio ambiente, la producción de tortilla de masa nixtamalizada y el bienestar de los consumidores.
El potencial de producción sustentable de maíz en México alcanza los 40 millones de toneladas, según estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. No sólo no necesitamos importar maíz, es preciso sacarlo del TLCAN ya. Esta es la coyuntura clave en la que hay que decidir un cambio de rumbo, diseñando y aplicando una estrategia para apoyar la agricultura sustentable con bienestar para la economía campesina, así como un programa de modernización de los productores de tortilla de masa de nixtamal que permita mayor eficiencia y calidad. Sin ese cambio de derrotero, más vale irnos preparando para una abundante cosecha de tempestades.
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