EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY EN MEXICO.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Salinas ataca de nuevo.

Ante la solicitud de Telemundo, asociada a la familia Saba, de participar en la televisión en México, TV Azteca hizo saber a aquella cadena norteamericana el estilo de competencia a que se enfrentará, con una agresión a un productor contratado por aquella empresa.

El dilatado poder de Ricardo Salinas, que le permite tener un representante personal en el Senado -su antiguo vicepresidente Jorge Mendoza cuidará en esa Cámara los intereses de TV Azteca-, se manifiesta de nuevo. Se apoderó del Canal 40, y lo convirtió en una emisora pirata. Y ahora ha empezado a estorbar, con métodos semejantes a los del chiquihuitazo, la operación de una eventual tercera cadena de televisión abierta. Por si fuera poco, en otro frente de su vasto imperio, empleados del Banco Azteca que pretenden fundar un sindicato han sido encarcelados, para disuadir al resto del personal del propósito de organizarse en defensa de sus intereses.

El viernes pasado, encabezados por personal jurídico y de seguridad de TV Azteca, una tropa policiaca y judicial embargó bienes de la compañía Nostromo y de ese modo interrumpió violentamente la grabación de un reality show llamado Quinceañera, que se transmite en Estados Unidos a través de Telemundo. La empresa de Salinas litiga contra el conductor Alan Tacher y el productor Giorgio Aresu, integrantes de Nostromo, el cumplimiento de un contrato de exclusividad que les impide realizar emisiones semejantes a La Academia, de que fueron autores. El virtual asalto a un estudio alquilado por Telemundo obliga a grabar las próximas emisiones de Quinceañera en Miami, con pérdidas calculadas en 3 millones de dólares.

Hace poco, TV Azteca había iniciado en esa ciudad un juicio contra Telemundo mismo, por la difusión del programa de Tacher y Aresu, pero desistió de su propósito porque su demanda carecía de sustento allá.La violenta incursión de personal de TV Azteca en instalaciones ajenas hace recordar de inmediato la ocupación ilegal de la planta transmisora del Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, que fue parte de la prolongada batalla de la emisora del Ajusco por apoderarse de la Televisora del Valle de México, lo que al fin logró con malas artes bendecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un momento estelar del indebido apoyo gubernamental a Salinas Pliego involucró a Telemundo hace más de un año. En julio de 2005, el Canal 40 consiguió de esa cadena (parte de NBC, integrada a su vez en el vasto consorcio General Electric) un crédito para enfrentar la demanda laboral que entonces mantenía en huelga a ese canal. Suponiendo que era posible el juego limpio con Azteca, los representantes de Telemundo le notificaron su intención de enlazarse de ese modo a la televisión mexicana. La traición a esa muestra de confianza sirvió para que la SCT, que carece de autoridad en esa materia, maniobrara para evitar el crédito. Mediante ese favor y otros de la Secretaría, TV Azteca se hizo del Cuarenta.

Telemundo, sin embargo, no cejó en su propósito de ingresar en la televisión en México. En abril pasado se unió al Grupo Xtra, de la poderosa familia Saba (que había querido pagar un crédito del Cuarenta a Azteca, sin que su oferta fuera aceptada) y constituyeron la empresa Palmas 26, que en mayo obtuvo el acuerdo de la Secretaría de Economía para operar con el criterio de inversión neutra (que hace posible la presencia extranjera en radio y televisión) y hace una semana, el jueves 21, solicitó una concesión para operar televisión abierta. Una posible respuesta fue expresada el lunes pasado por Gerardo González Abarca, miembro de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al decir (sin referirse necesariamente a esa solicitud) que hay espacio para una tercera y hasta una cuarta cadena de televisión abierta.

Hay que recordar que al haber adquirido el Canal 28, el Grupo Imagen-Excélsior de Olegario Vázquez Raña se dirige ya hacia la constitución de una cadena de ese alcance.Aunque sea remota la entrada de Telemundo (en realidad más que solicitar una concesión lo pedido la semana pasada es la emisión de un Programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión, requisito para demandar la autorización respectiva) TV Azteca ya hizo saber a su eventual competidor de qué naturaleza pueden ser sus acciones.

El directamente afectado en este momento, Alan Tacher, las conoce. A Mauricio Ochmann y otras personas, dijo, que también dejaron TV Azteca "les hicieron la vida imposible cuando emigraron a Telemundo". Él mismo ha dicho que teme por su vida.

Quienes también conocen ya de la dureza del trato de Salinas Pliego son 62 trabajadores de Banco Azteca, detenidos en una verdadera redada ocurrida entre el 16 y el 24 de septiembre. Se les acusa de varios delitos patrimoniales, pero en realidad se ha puesto un alto a su activismo, ya que trabajaban en la constitución de un sindicato en ese intermediario financiero. Dedicada a la venta de enseres domésticos a crédito, Elektra, la empresa matriz del más amplio y creciente imperio de Salinas Pliego, obtuvo con facilidad la autorización para prestar servicios bancarios y otros aledaños. Así, además del banco se han creado una afore y una aseguradora.

El banco, que comenzó a operar en octubre de 2002, contó al nacer con cientos de sucursales, en las tiendas Elektra, Salinas y Rocha y Bodega de Remates. Completan su espectro financiero un buró de información crediticia (Círculo de Crédito) y un sistema en transferencia de remesas, asociado a Value.

Puesto que todo en México, desde elecciones hasta un atraco pueden ser cubiertos con un manto de legalidad, Azteca asegura que procede conforme a derecho al demandar a Tacher y Aresu y al hacer que se encarcele a sindicalistas en cierne.

Cajón de Sastre .
El 14 de julio informamos en este lugar de la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un insólito recurso dentro del prolongado litigio entre Grupo Radio Centro e Infored (hoy Grupo Monitor). Se trataba de un momento procesal inesperado en el inicio en que un arbitraje privado, debidamente admitido por las partes, había ordenado a GRC pagar a Monitor más de 21 millones de dólares, laudo que ilegalmente fue desacatado por la familia Aguirre. Después de muchas peripecias jurídicas, ese grupo se ufanó en junio pasado de haber llegado al final del camino, con una sentencia de amparo en revisión que lo favorecía. Pero como se reunían condiciones excepcionales para que la Corte revisara esa sentencia, que en realidad era de primera instancia, Monitor acudió al máximo órgano judicial. El recurso fue admitido a trámite por el presidente de ese tribunal y Radio Centro reclamó esa admisión. Ayer, sin embargo, la primera sala desechó la reclamación y el recurso se tramitará en la máxima instancia judicial.