DE FRAUDES,CERCOS Y CERCAS.

Instituciones y resistencia



Escrito por Eduardo Ibarra Aguirre
30-08-2006
Utopía

La decisión tomada el lunes 28 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue interpretada por Andrés Manuel López Obrador como “convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 2 de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado”.

Tras 47 días de diligencias, presentación de pruebas y análisis de los comicios más disputados en la historia del país, el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos sometió en la Plaza de la Constitución al juicio más severo que se conozca sobre la institución electoral que aún no rebasa su primera década de vida.
Dijo AMLO: “Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la coalición Por el Bien de Todos”.

Lo que desde hace un mes se percibía como medidas crecientes y decididas de movilización ciudadana -subrayando más la intensidad que la extensión social- alrededor de la resistencia civil pacífica, ahora se entiende mejor que correspondían a una percepción clara de parte de la Comisión Política de la coalición --la dirigencia colectiva ocultada perversamente por la mediocracia-- del rumbo que tomaría el costosísimo TEPJF para afrontar jurídicamente la crisis política y poslectoral más profunda que haya padecido México.

El más destacado actor que generó esta crisis fue, desde muy temprano, la Presidencia de la República y prácticamente todo el andamiaje gubernamental que coordina y que directa e indirectamente trabajó para apuntalar con recursos humanos y del erario a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
Le siguió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, encabezado por Luis Carlos Ugalde Ramírez, para quien el arbitraje comicial no es incompatible con los compromisos políticos con Elba Esther Gordillo Morales y con los eficientes servicios prestados a Calderón, padrino de su primera esposa.

Y más recientemente, la cantinflesca e interesada automarginación de Mariano Azuela Güitrón, al criticar en la universidad de los Legionarios de Cristo los alcances del 97 constitucional, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no intervenga en este hondo litigio.

Cuando menos estas instituciones actuaron con espíritu de facción y ahora son acremente señaladas por un tercio del electorado y de antemano están limitadas para intervenir en la búsqueda de soluciones a esta delicadísima y compleja situación en la que el instrumental de la política ha estado ausente, por lo menos desde el 2 de julio, en los gobernantes, los agentes económicos, los liderazgos políticos y los poderes fácticos.
Los signos de ingobernabilidad se multiplican en Oaxaca y otros estados, aunque Fox percibe que “El conflicto se reduce a una sola calle del país, nada más”. Y el narcotráfico y el crimen organizado sustraen de la soberanía nacional a regiones enteras.

Acuse de recibo.
La contadora pública Rocío Sansores comenta sobre Cerco informativo (25-VIII-06): “Los que deberíamos hacer el cerco somos los ciudadanos. No sólo al gobierno y partidos políticos que comen de nuestros impuestos y mal hacen su labor, sino también a los medios de comunicación, analistas, comentaristas, editorialistas y etc., que con soberbia absoluta (salvo muy honrosas excepciones) son insensibles a las voces del sector llamado clase media y no se dignan contestar correos electrónicos escritos en el marco del decoro y educación ( repito, salvo honrosas excepciones); sin los que los escuchamos, leemos y vemos simplemente no llevarían pan a sus casas”...

Catalina García informa: “Margarita Miranda, trabajadora de la Escuela Normal Superior de México y que vive muy cerca de la Cámara de Diputados, me cuenta que los vecinos de su calle tuvieron que ir todos juntos a reclamarle a los -dice ella- prepotentes y majaderos de la PFP y del Estado Mayor Presidencial, que no permitían que los camiones surtidores de gas doméstico pasaran por su calle, en muchas casas ya no había gas y sólo así pudieron tener el servicio”.

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