AMLO Y EL CAMINO DE LA LEGALIDAD.

Adolfo Sanchez Rebolledo escrib en la Jornada:

Contar los votos.

La crisis actual sólo se resolverá, como se ha dicho hasta el cansancio, disipando las dudas que ya se han extendido sobre el resultado electoral. Y eso exige contar los votos, atender las impugnaciones y ofrecer respuestas concretas a los mil y uno interrogantes generados en los últimos días. En el escenario inédito de una votación, cuyo final aparente es un empate, la posibilidad de error, de puro y simple "error humano" en el conteo puede cambiar el resultado final.

Por eso el recuento es indispensable, más allá de las consideraciones en torno a las irregularidades de origen fraudulento descritas en el recurso interpuesto por la coalición Por el Bien de Todos. Es la foto finish que nos falta para saber quién ganó. No se trata, pues, de un mero regateo electoral, sino de hallar la mejor solución jurídica para impedir que el conflicto se convierta en una amenaza para la gobernabilidad y, por ende, en un grave retroceso general.

Sin embargo, la derecha política no acepta ningún recuento porque se aferra a la política de hechos consumados y actúa como si prevaleciera la normalidad democrática, auxiliada en esta pretensión por sus aliados y socios en la empresa, los medios y ciertos sectores eclesiásticos. La campaña actual contra López Obrador no difiere en nada de la que se puso en marcha para primero desaforarlo y luego convertirlo en "un peligro para México". Es una vergüenza que el Presidente de México, tan preclaro defensor de la democracia en tiempos no lejanos, sea ahora un servil vocero de los intereses que se oponen a que se reconozca la alternancia como una aspiración legítima de otras fuerzas políticas y hoy, con desfachatez, los llame "renegados", descalificando con ello a millones de ciudadanos que exigen certeza y transparencia.

Y es que, en buena medida, la crisis que hoy padecemos se debe a la indebida intromisión del Ejecutivo en la arena electoral, a la manipulación de los programas públicos, a la actitud pusilánime, pero no neutral del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), obsecuente ante la sucia mercadotecnia blanquiazul, a la complicidad de aquellos que, en otro campo, rehusaron aceptar que en esta elección la izquierda se jugaba algo más que los cargos de sus jefes y aliados.

Uno de los peores defectos de nuestra clase política -y del "centroderecha", en particular- es su incapacidad de apreciar el sentimiento de inconformidad cuando no parte de sus propias filas. Están cegados por una especie de triunfalismo sin base real de sustentación. Calderón, por ejemplo, pide un gobierno de "unidad nacional", como también lo hizo Fox al comienzo de su gestión, pero habla en el vacío, pues, más allá de que consiga la adhesión del grupo mafioso de La Maestra y la solidaridad activa de ciertos gobernadores, todavía no es presidente electo, formalidad que a ellos, siempre tan formales y legalistas, se les ha olvidado.

El IFE no declara la validez de los comicios ni toca al presidente consejero decretar el triunfo de nadie. No es su función. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que llamarlo a cuentas por ese desliz indeseable.

Calderón habla en el vacío, además, porque no reconoce la fractura social y política que ha producido en el país la hegemonía de una elite económica y financiera que se ha servido de la economía, la política social y el atraso de las instituciones para medrar en su propio beneficio.

Una política de unidad nacional tendría que poner en el primer plano las necesidades históricamente pospuestas de esas amplias capas y saldar la escisión entre ambos Méxicos, pero de eso no se habla: los panistas ya están pensando, sin pudor alguno, en los "arreglos" cupulares, en la politiquería que les permita suscribir "acuerdos" con los restos del PRI y los tránsfugas de siempre.

López Obrador ha optado por el camino de la legalidad sin perder de vista los objetivos finales del movimiento que encabeza, tensando las fuerzas que lo apoyan desinteresadamente. No hay contradicción en ello. Se trata de impedir, justamente, que el fuego se apague y se olviden, por cansancio, los agravios.

Al poner en manos del tribunal electoral la resolución de la disputa, Andrés Manuel ha confirmado su voluntad democrática, sin declinar sus banderas, la movilización creciente de sus partidarios para crear un clima de exigencia que impida la trivialización del problema. Nadie sabe cuál será la resolución de los magistrados, pero ésta resultará definitiva e inatacable, así deje insatisfechos a los protagonistas de la contienda.

De ahí la enorme responsabilidad del Poder Judicial, pues del modo en que se resuelva esta controversia depende, en gran medida, la convivencia nacional en los próximo años. Más vale que las fuerzas políticas asuman la gravedad del momento.