Cargo público, no botín |
lunes, 05 de marzo de 2007 | |
Por Jesús González Schmal Una práctica monarquista como dar una pensión discrecional a los presidentes de la República que concluyen su periodo, además de dotarlos de un costoso equipo humano y de escoltas hasta para la protección de hijos y allegados, va a concluir si, como se espera, el Senado en pleno aprueba el dictamen de la iniciativa de Pablo Gómez Alvarez. Miguel de la Madrid fue el presidente que quiso dar permanencia a esta costumbre mediante un decreto presidencial cuando, conforme a la Constitución, tal erogación debe ser materia de una ley expedida por el Poder Legislativo con base en criterios definidos y precisos, en tanto se trata de dinero del pueblo en el presupuesto anual.
Por ello es un acierto que tendrá gran trascendencia el que se regulen con claridad, por el Congreso, los niveles de sueldos y salarios, y se pueda establecer algún sistema de calificación de desempeño para que quienes en la administración pública no cumplan debidamente sus responsabilidades, sean separados, así se trate de los mismos recomendados del Presidente, incluyendo a secretarios de gabinete (directores de paraestatales y cualquier cargo de designación) a los que el pueblo no tiene por qué pagar si no trabajan con probidad y con resultados satisfactorios a favor del ciudadano. Esta, que debería ser la tarea principal de la Secretaría de la Función Pública, ha quedado relegada por la prevalencia de intereses políticos. Debe reconocerse que en este ordenamiento de salarios, en el que se fijó un tope superior y se suprimieron bonos adicionales, el que abrió brecha fue el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF. Política que prosiguió Andrés Manuel López Obrador, también bajo el principio de "achatar polos", es decir, reducir los sueldos más altos e incrementar los de niveles inferiores. Este sano precedente hizo que en la capital de la República, también, los salarios de la mayoría del personal lograran recuperar algo de la pérdida del poder adquisitivo. Es esta reforma el punto de partida para salvar al pueblo de la afrenta que supone sufrir un sexenio de mal gobierno y atrasos en lo económico y social, y todavía, como remate, pensionar de por vida a un presidente o a su viuda con cantidades desproporcionadas, pagando una cauda de apoyos y personal que no tiene justificación para un pueblo que vive penurias y carencias evidentes. El efecto de esta reforma aliviará también la injusticia y el absurdo de los exorbitantes sueldos y beneficios que se autoasignan los ministros de la Suprema Corte, que constituyen una ofensa al pueblo más pobre e incluso a la misma burocracia dorada de los ex directivos de Pemex, Banobras, Banxico, Nacional Financiera, etcétera, que no sólo se pagan un escandaloso bono de marcha al término de su gestión, sino se pensionan de por vida para ellos y sus familias. Ello es contrastante con lo que ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en donde un magistrado con más de 30 años de servicio recibirá una pensión total de 14 mil pesos sin derecho a seguro de gastos médicos mayores. Será indispensable, desde luego, que esta norma se traslade a los estados donde, como ocurre en el de México, hasta Arturo Montiel, archimillonario, exonerado de enriquecimiento ilícito por sus sucesores, ahora recibe una generosa pensión de 2 millones de pesos anuales, con los mismos apoyos de personal y gastos que en la Federación acostumbran dar a los ex presidentes. |
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