Lic. Mario Di Costanzo,
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo
De acuerdo el análisis de los diversos documentos del FOBAPROA en poder del IPAB y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se observa que existen varios ex concesionarios de carreteras cuyos pasivos o deudas fueron a parar al FOBAPROA por lo que de acuerdo con la Ley del IPAB se encuentran impedidos para ser sujetos nuevamente de tener una concesión.
Hay que recordar que la mayor parte de la asunción de los pasivos del quebranto carretero fue a parar a Banca Serfin, situación que a la postre contribuyó a la quiebra de este banco y provocó que el IPAB lo interviniera en 1999.
Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo al Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB se observa que la: Autopista de Cuernavaca-Acapulco, a cargo de GMD, la de Monterrey-Nuevo Laredo a cargo de Vipesa, las Autopistas Concesionadas de Tampico, así como las Autopistas Concesionadas del Centro y las Autopistas Concesionadas de Guerrero, aparecen consignadas dentro de los “asuntos que originaron flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” esto en otras palabras quiere decir que estas autopistas fueron a parar a la “panza del Fobaproa” y por lo tanto originaron quebrantos al sistema bancario.
Asimismo en la misma lista se observa que existen diversas constructoras cuyas deudas fueron asumidas por el Fobaproa, y que también están impedidos por ley para volver a ser concesionarios de las carreteras que se pongan en venta por el gobierno, entre estas destacan; GUTSA, TRIBASA, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA MEXICANA, ENTRE OTRAS.
Es pertinente mencionar que todas las personas y empresas que se encuentran en la verdadera “lista negra del Fobaproa” y que se puede consultar en la página de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, están impedidas para ser sujetas a obtener una concesión de las carreteras en el programa de desincorporación anunciado por Calderón.
Lo anterior se confirma si se revisan los Criterios para la Venta de Activos y Cartera en poder del IPAB ya que la legislación del IPAB y las reglas para la venta de cartera, establecen que ninguna persona o empresa que le haya causado un quebranto al sistema bancario puede ser elegible para adquirir bienes o activos derivados del rescate bancario.
Hay que recordar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.
El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.
El propio marco jurídico estableció textualmente que “las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto” por ello independientemente de que las carreteras hayan pasado al Fideicomiso llamado FARAC, el hecho de haber estado primeramente en el FOBAPROA, impide que sus antiguos concesionarios puedan volver a adquirirlas puesto que al provenir del Fobaproa se sujetan a las reglas de venta de activos emitidas por el Propio IPAB y aprobadas por el Congreso.
De esta manera se puede concluir que tanto Felipe Calderón, como el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Director General de Banobras, así como la Junta de Gobierno del IPAB y en ese sentido el propio Agustin Carstens, estarían violando gravemente la Ley del IPAB si entregaran alguna nueva concesión a alguna persona o empresa que hubiese sido rescatada por el FOBAPROA.
De acuerdo el análisis de los diversos documentos del FOBAPROA en poder del IPAB y de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se observa que existen varios ex concesionarios de carreteras cuyos pasivos o deudas fueron a parar al FOBAPROA por lo que de acuerdo con la Ley del IPAB se encuentran impedidos para ser sujetos nuevamente de tener una concesión.
Hay que recordar que la mayor parte de la asunción de los pasivos del quebranto carretero fue a parar a Banca Serfin, situación que a la postre contribuyó a la quiebra de este banco y provocó que el IPAB lo interviniera en 1999.
Para corroborar lo anterior sólo basta mencionar que de acuerdo al Acta de Entrega del Fobaproa al IPAB se observa que la: Autopista de Cuernavaca-Acapulco, a cargo de GMD, la de Monterrey-Nuevo Laredo a cargo de Vipesa, las Autopistas Concesionadas de Tampico, así como las Autopistas Concesionadas del Centro y las Autopistas Concesionadas de Guerrero, aparecen consignadas dentro de los “asuntos que originaron flujos en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera” esto en otras palabras quiere decir que estas autopistas fueron a parar a la “panza del Fobaproa” y por lo tanto originaron quebrantos al sistema bancario.
Asimismo en la misma lista se observa que existen diversas constructoras cuyas deudas fueron asumidas por el Fobaproa, y que también están impedidos por ley para volver a ser concesionarios de las carreteras que se pongan en venta por el gobierno, entre estas destacan; GUTSA, TRIBASA, CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA MEXICANA, ENTRE OTRAS.
Es pertinente mencionar que todas las personas y empresas que se encuentran en la verdadera “lista negra del Fobaproa” y que se puede consultar en la página de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo, están impedidas para ser sujetas a obtener una concesión de las carreteras en el programa de desincorporación anunciado por Calderón.
Lo anterior se confirma si se revisan los Criterios para la Venta de Activos y Cartera en poder del IPAB ya que la legislación del IPAB y las reglas para la venta de cartera, establecen que ninguna persona o empresa que le haya causado un quebranto al sistema bancario puede ser elegible para adquirir bienes o activos derivados del rescate bancario.
Hay que recordar que el 12 de agosto de 1999, el Instituto de Protección al ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer su programa de Enajenación de Bienes, y bajo el amparo del mismo se realizarían todas las operaciones de venta de activos del Instituto.
El objetivo central del Programa era, el de obtener el máximo valor de recuperación posible de los Bienes, en los términos económicos y financieros más convenientes, para reducir lo más posible el costo fiscal del Rescate Bancario.
El propio marco jurídico estableció textualmente que “las personas físicas o morales que hubieren causado quebranto a alguna institución bancaria, o que presentaran cartera vencida o bien que, mantuvieran algún litigio con las autoridades financieras gubernamentales quedarían impedidas para adquirir bienes o activos que vendiera el Instituto” por ello independientemente de que las carreteras hayan pasado al Fideicomiso llamado FARAC, el hecho de haber estado primeramente en el FOBAPROA, impide que sus antiguos concesionarios puedan volver a adquirirlas puesto que al provenir del Fobaproa se sujetan a las reglas de venta de activos emitidas por el Propio IPAB y aprobadas por el Congreso.
De esta manera se puede concluir que tanto Felipe Calderón, como el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el Director General de Banobras, así como la Junta de Gobierno del IPAB y en ese sentido el propio Agustin Carstens, estarían violando gravemente la Ley del IPAB si entregaran alguna nueva concesión a alguna persona o empresa que hubiese sido rescatada por el FOBAPROA.
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