SÍ SÍ, PERO NÓ NÓ.

Reforma.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Anticipación del 7 de septiembre.

El desfase entre las estrategias de la coalición Por el Bien de Todos derivó en un sometimiento de la jurídica a la política, pero en el desenlace del proceso judicial son los argumentos del derecho los de mayor eficacia.

El 2 de julio voté por Andrés Manuel López Obrador y los candidatos de la coalición Por el Bien de Todos. No me arrepiento. Volvería a hacerlo. En el caso del candidato presidencial, mi sufragio estuvo fundado en sus valores personales y la trascendencia de su programa social. Rechazo en absoluto las descalificaciones que lo presentaron, durante la campaña y ahora mismo, como un peligro para México, y no comparto de ninguna manera la consideración de que ha enloquecido.

No comprendo, sin embargo, la estrategia que él mismo y su equipo cercano han desplegado durante la etapa posterior a la jornada electoral.

Entiendo sus motivos, y comparto su diagnóstico de que la injerencia del aparato estatal, con el presidente Fox a la cabeza, rompió la equidad de la contienda. Condeno, asimismo, la parcialidad del consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, creador en buena medida de la desazón postelectoral al proclamar triunfador a Felipe Calderón dos meses antes de que se cumpliera el plazo para que haya Presidente electo. Esa parcialidad fue compartida por el consejo general en no pocos lances, especialmente en el ocultamiento de las actas con inconsistencias, que supuso la creencia generalizada de que la ventaja del candidato panista era de 400 mil votos, 160 mil más de la que arrojó el cómputo. Y la misma actitud adoptó ese cuerpo en el montaje de la difusión de las sesiones de consejos distritales el 5 y el 6 de julio, no prevista por la ley y fuera por lo tanto de toda regulación. No me sorprendería que se comprueben los indicios de manipulación de las actas y los paquetes electorales.

Entiendo, en fin, que López Obrador lance una campaña de resistencia civil, arma política que se despliega al mismo tiempo que la estrategia jurídica ante el órgano que tiene en sus manos las actuales fases del proceso electoral y dirá la última palabra.

No comprendo, sin embargo, el desfasamiento de ambas estrategias, o el sometimiento de la jurídica a la política siendo que, en mi opinión, en la etapa judicial en que nos encontramos, y en la posterior y postrera de la calificación, son más eficaces los argumentos jurídicos que los políticos, cuyo despliegue es legítimo pero debe ser también eficaz. Y lo es cuando apuntala y no debilita el alegato ante el tribunal.

Ya he expresado mi oposición al bloqueo de principales vías en la Ciudad de México. La reitero y abundo en las consideraciones de fondo y de forma que la sustentan. El cierre de calles es un acto arbitrario, que lesiona derechos de terceros y es contraproducente. Estoy cierto que los campamentos, el activismo que en ellos se realiza, la sintonía de quienes los habitan con su dirigente, la certidumbre de que les asiste la razón, ha fortalecido las convicciones de todos, la certidumbre de que, convencidos como están de que se practicó fraude en su contra, es legítima toda demostración de dignidad civil, la que rechaza el aplastamiento por los poderosos, la que no está dispuesta a aceptar una vez más el engaño electoral sin chistar.Esa actitud enhiesta, esa gallardía, sin embargo, pueden asumirse y practicarse al mismo tiempo que se respetan los derechos de otros, a los que hay que atraer a la misma convicción que anima a los activistas, no convertirlos en adversarios a los que daña y se hostiga.

El martes 8, ocho días después de iniciado el bloqueo, López Obrador se hizo cargo de los efectos perniciosos de esa acción de resistencia civil y difundió una carta de 10 puntos en que reitera su ofrecimiento de "sinceras disculpas a quienes se ven afectados" y asegura que los activistas no quieren "dañar a nadie, pero nos han obligado a hacer uso de nuestros derechos ciudadanos".

Todo el mundo sabe que es posible cubrir los dos extremos al mismo tiempo, protestar y respetar. Los pragmáticos aseguran que si los plantones se realizaran en los camellones y las aceras para no estorbar el tránsito, al poco tiempo perderían eficacia porque se convertirían en parte del paisaje, sin provocar repercusiones en la opinión pública. Aun si contuviera verdad ese razonamiento, el propósito se habría ya cumplido y no habría por qué prolongar hasta la exasperación esa modalidad de la resistencia civil.López Obrador admite en su carta que el bloqueo y otras expresiones semejantes "han provocado molestias a mucha gente, sobre todo a quienes pierden más tiempo en sus traslados por la instalación de campamentos...".

En efecto esa porción de la sociedad padece efectos dañinos, pero en el mismo nivel los sufren quienes hacen su vida cotidiana en las vías obturadas y sus cercanías, personas de todo nivel, ninguna de las cuales es merecedora del maltrato que les inflige el bloqueo. Los propietarios de negocios establecidos, agrupados en asociaciones y cámaras tienen la capacidad de interlocución y de difusión de sus quejas, pues se les perjudica sin ningún derecho.

Pero es peor la situación de los practicantes de la economía minúscula, la que depende del trabajo sostenido y cotidiano cuya interrupción puede tener efectos catastróficos, y que no pueden ni siquiera hacerse oír, al menos para expresar su perplejidad de que se les haya escogido para pagar culpas ajenas. Pienso en los vendedores ambulantes o semifijos, en los trabajadores de la propina, en los pequeños establecimientos que ya las pasaron duras en las etapas de remodelación de esas vías y encaran ahora estas nuevas vicisitudes que los mantienen en vilo.López Obrador explica en su carta que la protesta hubiera podido evitarse de haberse aceptado el recuento total de los votos.

Es probable que si esa demanda política hubiese sido traducida al lenguaje jurídico otra fuera su suerte. El sábado 5 de agosto la justicia electoral dispuso la apertura de casi 12 mil paquetes. Fue una decisión mezquina, se dice. Fue la que resultó de que "la causa de pedir" fuera explícita y específica. Con razón arguyeron los magistrados que, habiéndose presentado demandas de inconformidad en 230 distritos, lo que implicaba admitir como inimpugnables los 70 restantes, malamente se puede pedir la aplicación de una regla general que los incluya también.

Sé que pueden sonar, que suenan falsos, surgidos de la hipocresía o de la ingenuidad los alegatos en pro de recorrer las vías jurídicas hasta agotarlas. No soy un beato de la legalidad, nadie puede serlo con mínima conciencia de la fragilidad del Estado de derecho en que vivimos. Pero es incongruente, y por lo tanto ineficaz, acudir al tribunal en demanda de recuento y no reconocer el valor político y legal de la diligencia judicial que ordenó la sala superior, y por lo tanto desdeñar sus efectos, como si se ignorara que las actas del recuento son piezas en el desarrollo de los juicios de inconformidad, no dictámenes que legitimen la elección.

El lunes 7, a las afueras del tribunal, López Obrador fijó una nueva meta al movimiento que encabeza. Ya no sólo actuará en pos de que sea satisfecha la consigna del voto por voto, casilla por casilla. Llamó en cambio a iniciar la transformación nacional. Se anticipó un mes al formular ese exhorto. Sus palabras corresponden al 7 de septiembre, el día después de la declaratoria de Presidente electo. Si el tribunal se pronuncia a su favor, como futuro titular del Ejecutivo tendrá el candidato de la coalición Por el Bien de Todos la plataforma para, con ese objetivo, el bien de todos, iniciar las transformaciones que esbozó. Si, en cambio, la declaratoria hace presidente a Felipe Calderón, aunque no la admita podrá comenzar López Obrador un movimiento social vigoroso que, dentro de la ley, procure influir de modo determinante en la acción del gobierno, ya sea para promover políticas como las hubiera aplicado el suyo propio, ya para impedir pasos que juzgue lesivos para la nación.

Mientras tanto, en lo que resta de agosto, junto con movilizaciones de resistencia civil que serían más productivas si evitaran daños a terceros, la energía que posee López Obrador y la que es capaz de suscitar serían mejor aprovechadas si refuerzan la defensa jurídica, si se atienden con eficacia los juicios de inconformidad. Al fin y al cabo ese camino, quizá menos hazañoso que la protesta civil, está trazado conforme a reglas que la coalición y su candidato se comprometieron a acatar.