GANAN 373 MIL PESOS MENSUALES.

Actualmente, el presidente del TEPJF, Leonel Castillo, cuenta con un salario mensual bruto de 382 mil pesos. (AFP)


Los bien pagados...

domingo, 13 de agosto de 2006.

Los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtuvieron un aumento salarial bruto de unos 20 mil 500 pesos mensuales, ubicándose como los servidores públicos mejor pagados en México y sin parangón internacional /cuentan con un salario bruto de 373 mil pesos mensuales, más que Fox.

Inmersos en una votación presidencial controvertida, no sólo por la ríspida lucha por el poder sino también por el alto costo que tuvo para la sociedad (alrededor de 20 mil millones de pesos), los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) obtuvieron un aumento salarial bruto de unos 20 mil 500 pesos mensuales, ubicándose como los servidores públicos mejor pagados en México y sin parangón internacional.

Actualmente el presidente del TEPJF, Leonel Castillo, cuenta con un salario mensual bruto de 382 mil pesos, con lo que deja atrás al propio Presidente Vicente Fox, quien gana 213 mil pesos. Durante el presente año, el titular del máximo organismo electoral ganará alrededor de 2 millones 30 mil pesos más que el jefe del Ejecutivo Federal.

El resto de los magistrados, Alfonsina Berta Navarro, Eloy Fuentes Cerda, Alejandro Luna Ramos, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, en este año de su retiro como magistrados cuentan con un salario bruto de 373 mil pesos mensuales, 6% más que en 2005, cuando ganaban 351 mil pesos.

En el extremo opuesto, el salario mínimo aumentó alrededor de 4%. Los trabajadores ubicados en la zona "A" conquistaron un incremento de 1 peso con 87 centavos diarios. Un ex empleado del Seguro Social apenas recibe mil 300 pesos al mes y la viuda de un trabajador de Aduanas alcanza 3 mil 400 pesos.

De acuerdo con información disponible en la página de Internet del TEPJF y al cruzar esos datos oficiales con otros obtenidos mediante la Ley Federal de Transparencia, se desprende que el magistrado presidente pasó de ganar 4 millones 324 mil pesos durante 2005, a 4 millones 586 mil pesos en presente. La diferencia es de 262 mil pesos, que se distribuyen entre el salario neto, las compensaciones, el paquete de apoyos financieros destinados a mejorar la calidad de su trabajo y las prestaciones de ley.

Aunado a ello, los magistrados electorales no trabajarán el año completo; en octubre próximo terminará su período como miembros de la Sala Superior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la responsabilidad de proponer a quienes los sucederán por otros 10 años, siempre y cuando sean ratificados el Senado.Para los integrantes del Poder Judicial, alcanzar un asiento en la Sala Superior del TEPJF no es cualquier cosa; no sólo por la responsabilidad política y el reconocimiento implícito a su carrera profesional, sino también por la mejoría sustancial en su nivel de vida: un magistrado electoral gana actualmente más que un ministro de la SCJN.

El presidente del máximo órgano judicial del país, Mariano Azuela, percibe al mes un salario bruto de alrededor de 294 mil 952 pesos, mientras que el presidente del TEPJF, Leonel Castillo, gana alrededor de 87 mil pesos más.En el caso de los restantes 10 ministros de la Corte y los 6 magistrados electorales sucede algo equivalente. Un ministro percibe un salario bruto mensual de unos 288 mil pesos, mientras que un magistrado de Sala Superior llega a los 373 mil pesos. La diferencia es de 85 mil pesos.

El propio presidente de la SCJN está al tanto de la situación, puesto que él funge como titular del Consejo de la Judicatura, cuyo Comité de Administración necesariamente aprobó los incrementos del 6% en el Tribunal Electoral.

Fideicomiso millonario.
Después de desahogar las impugnaciones y calificado la elección presidencial, los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF se irán a su casa --o al puesto en que los reubique la SCJN-- con un ahorro de 7 millones 171 mil 693 pesos, independiente de su salario y proveniente de un fideicomiso que abrieron el 26 de junio de 2001 en el banco HSBC.

En su edición 1522 (1 de enero de 2006), Proceso difundió la existencia de tres fideicomisos para el retiro en el TEPJF, uno de los cuales estaba destinado exclusivamente a los siete miembros de la Sala Superior y tenía un monto de 49 millones 770 mil pesos con 25 centavos. De acuerdo con datos oficiales, la cifra correspondía a un corte de caja hecho en septiembre del 2005.Al cierre de ese año, el fondo para el retiro de los magistrados aumentó a 50 millones 201 mil 853 pesos con 30 centavos tan sólo por rendimientos bancarios, lo que representa un aumento de 1 millón 92 mil 909 pesos.

En términos reales, el incremento neto para cada uno de los siete miembros de la Sala Superior fue de 156 mil 129 pesos, ganados tan sólo con mantener el dinero público en el banco HSBC, que maneja varias cuentas del TEPJF, en cuyas instalaciones tiene una pequeña sucursal.

Este generoso fondo de los magistrados aún tiene posibilidades de crecer. Aunque desde hace ocho meses no se ha renovado la información respectiva en la página de Internet del tribunal -en 2005 hubo reportes trimestrales--, no se saber si prosperó una inyección adicional de 21 millones de pesos tramitada por el secretario administrativo del TEPJF, Fernando Hernández Peña, ante el Comité de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, organismo encargado de administrar y supervisar la actuación de los jueces en todo el país, entre otras tareas.

Proceso le solicitó al TEPJF información sobre si los magistrados se retirarán con los 7 millones 171 mil 693 pesos o finalmente alcanzarán los 10 millones. Hasta el cierre de esta edición, el viernes 11 de agosto a las 20:00 horas, no había una respuesta.

Otra manera de obtener estos datos es mediante la Ley Federal de Transparencia, sin embargo, la respuesta demorará 15 días hábiles.

Disparidad.
Además del fideicomiso destinado a los miembros de la Sala Superior, existen otros dos. Uno de ellos es el identificado con la clave 158968 para apoyar a "los mandos superiores", constituido por 30 millones 123 mil 42 pesos con 27 centavos. Esta bolsa de recursos públicos será distribuida en octubre próximo entre los siguientes 41 funcionarios:El secretario administrativo, el coordinador general de asesores, los 15 magistrados de las salas regionales, el secretario general de acuerdos, el contralor interno, los siete coordinadores de área, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, el secretario particular del magistrado presidente, los siete asesores de los magistrados de la Sala Superior y los seis directores generales.

A cada uno de ellos le tocará alrededor de 73 mil 471 pesos, de acuerdo con el último informe financiero difundido en el Diario Oficial. Esta suma equivale a sólo 1.02% de lo que recibirán los integrantes de la Sala Superior.

El otro fideicomiso creado en 2001 (el número 158976) es por 3 millones 604 mil 605 pesos con 27 centavos, cantidad que será repartida entre alrededor de 63 secretarios de estudio y cuenta, quienes trabajan directamente con los magistrados de la Sala Superior.

Sobre estos abogados recae el peso de integrar los expedientes, realizar las diligencias, efectuar análisis, recuperar pruebas y a veces sugerir conclusiones. Cada uno de estos profesionales del derecho recibirá únicamente 57 mil 215 pesos.Y el resto de la planta laboral no recibirá nada. En ninguno de esos tres fideicomisos se toma en cuenta a los jefes de unidad, profesores-investigadores, actuarios, secretarias, empleados administrativos y choferes.

El fondo para los magistrados abarca el 59% de los recursos públicos depositados en HSBC, pero no constituye la totalidad de sus beneficios. También contarán con un "seguro colectivo de retiro" de 25 mil pesos para cada uno.Por si fuera poco, cuentan con otro instrumento llamado "seguro de separación individualizado", lo que comúnmente se conoce como caja de ahorro.

Cada magistrado puede aportar del 2 al 10% de su salario y, al final de su encargo, el Tribunal Electoral depositará una cantidad igual a la que logren reunir, y a la suma se incorporarán los rendimientos bancarios que se generen.

Las prestaciones de los magistrados incluyen, así mismo, una prima quinquenal, prima vacacional, aguinaldo de 40 días, ayuda económica por jornadas electorales, ayuda prejubiliatoria, "asignaciones adicionales", hasta dos automóviles, chofer, gastos de alimentación, teléfono celular, seguro de gastos médicos mayores por hasta 740 salarios mínimos y un seguro de vida por un monto equivalente a 40 meses de salario.

En vísperas de su renovación, el Tribunal Electoral está ante su mayor reto: atender las impugnaciones y calificar la elección presidencial, en la cual el Instituto Federal Electoral reportó una diferencia de apenas 0.58% entre el primer lugar y el segundo.Los servidores públicos que más le cuestan a los ciudadanos tienen la responsabilidad de atender el conflicto político alimentado por los candidatos de la coalición Por el Bien de Todos -PRD, PT y Convergencia--, Andrés Manuel López Obrador, y del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.

Para este año electoral, la Cámara de Diputados le autorizó un presupuesto de mil 870 millones 229 mil 528 pesos a la Sala Superior y sus cinco regionales. De acuerdo con sus corridas financieras, alrededor de 86.5% de ese dinero se gasta en servicios personales; es decir, en sueldos, prestaciones, erogaciones extraordinarias, obligaciones fiscales, de seguridad social y mantenimiento de los edificios, entre otros rubros.Aun así, datos del TEPJF indican que los diputados le recortaron aproximadamente 20% del presupuesto solicitado para la Sala Superior, que era de mil 249 millones de pesos.(Daniel Lizárraga/APRO)

Comento: Ya lo hemos reiterado hasta el cansancio, nuestro México es un botín que se reparten sexenalmente una mafia de filibusteros. En este caso los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la obligación de cumplir cabalmente con su deber, darle al pueblo de México, -que es el que le paga-, una sentencia justa acorde al reclamo que se le ha planteado.