LAS PRESIONES.

Luis Javier Garrido en la Jornada:

El tribunal.

Las presiones de Vicente Fox sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) -órgano que deberá calificar la elección presidencial- a fin de que eluda su responsabilidad histórica y convalide el fraude electoral planeado, organizado y ejecutado por su gobierno para imponer como presidente de México al panista Felipe Calderón, quien perdió la elección presidencial ante Andrés Manuel López Obrador, están pavimentando el camino hacia una gravísima crisis política.

1. La campaña orquestada desde Los Pinos con todo el peso del Estado, utilizando al IFE y a los medios para tratar de imponer la creencia de que Calderón "ganó", busca doblegar a los magistrados y ocultar el malestar social creciente por el fraude electoral, pero no logra ocultar que México está viviendo la más brutal tentativa de imposición de su historia. Y lo es, porque nunca antes se había buscado revertir con tantos medios una votación adversa al candidato oficial. De 1929 a 1988 el fraude fue una simple imposición y en 2006 se utilizaron todos los recursos del Estado, desde los más burdos a los más sofisticados, a fin de impedir la llegada a Palacio Nacional de López Obrador.

2. Las campañas de las televisoras, en especial la de Televisa, y de los consorcios radiofónicos para doblegar al Tribunal, están siendo pieza clave primero en la tentativa por impedir que el pueblo mexicano pudiera elegir libremente a su presidente, y ahora tratan de negar que hubo fraude y buscan denostar y ridiculizar a López Obrador, lo que evidencia un profundo desprecio al pueblo y pone de relieve los enormes intereses que hay en quienes buscan apoderarse más abiertamente del país.

3. El fraude estaba tipificado desde antes del 2 de julio por el operativo de Estado para imponer a un "candidato oficial" mediante las presiones ilegales del gobierno de Fox contra el pueblo de México, del uso de recursos provenientes del exterior, de la compra de votos con los programas sociales gubernamentales, del dispendio sin límites y de la guerra sucia, y no se trata de "una percepción", como afirman los locutores de Televisa, quienes fueron parte activa en el mismo y buscan a través de su programa Tercer Grado defenderse de los posibles delitos que han cometido, pero lo único que hacen es evidenciar su venalidad.

4. Los siete magistrados de la sala superior, cuya responsabilidad es realizar el cómputo final luego de resolver las impugnaciones y de formular la declaración de validez de la elección, tienen por ello la posibilidad constitucional de anular la votación a Felipe Calderón, no sólo por el magno operativo de fraude electoral "a la antigüita" y por medios cibernéticos que llevó a cabo, sino por algo mucho más grave: toda su campaña fue ilegal, ya que en un régimen plural y democrático no hay lugar para candidatos oficiales como él.

5. La anulación total de la elección, que para muchos juristas aparece como salida a la crisis dado el clima generalizado de violencia antidemocrática que prevaleció, generado por Fox desde Los Pinos, perjudicaría a López Obrador, el candidato que ganó realmente la elección luchando contra la tentativa de imposición, y lo colocaría en el mismo plano que a Calderón, que conforme a las evidencias no ha sido sino un vulgar delincuente electoral.

6. El temor de amplios sectores de que los magistrados del TEPJF no actúen de manera patriótica, conforme a derecho y se dobleguen por presiones intereses al régimen foxista está fundado, y de ser así se abriría una crisis gravísima. El sistema electoral llegó a su punto más bajo de credibilidad en el siglo XX porque durante décadas existió un contencioso político, ya que al no haber una autoridad jurisdiccional que calificara los comicios con apego a la ley, la Cámara de Diputados validaba la elección (1918-1990), lo que no se subsanó al crearse en 1990 el Tricoel y más tarde el Trife, pues carecieron de plena autonomía, lo que dio paso en 1996 al TEPJF, que ahora tiene una responsabilidad histórica, pues sus integrantes pueden demostrar al país que tienen autonomía frente al Ejecutivo y voluntad de construir un régimen de legalidad.

7. La crisis histórica del sistema político-electoral mexicano de 1988 provino de que el gobierno fue juez y parte en las elecciones al no haber una autoridad imparcial que calificara los comicios, y en 2006, luego de lustros de retórica sobre la supuesta "transición política", el país no soportaría que la historia de todo un siglo se repita y que el Ejecutivo siga siendo parte y juez de una elección fraudulenta.

8. La campaña de los funcionarios del IFE a favor de Calderón, defendiéndolo políticamente no sorprende, pues ese instituto violó su deber constitucional de organizar las elecciones bajo los principios de "certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad", y lejos de ser un árbitro fue un instrumento para la que hasta ahora es una tentativa no consumada para imponer a Calderón en la silla presidencial. Una decisión urgente del Tribunal sería pedir el cese inmediato y la consignación penal de su presidente, Luis Carlos Ugalde, y de los otros ocho "consejeros electorales" por los gravísimos delitos que cometieron en contra de las libertades electorales del pueblo.

9. Los integrantes del Consejo General del IFE violaron la Constitución y las leyes en el curso de la campaña, durante y después de la jornada electoral, y ahora pretenden dejar al TEPJF ante un hecho consumado. A lo largo de la campaña y en connivencia con Los Pinos toleraron que Fox hiciera abierta campaña por Calderón y contra López Obrador, avalaron que Calderón rebasara los topes de gastos haciendo un derroche ilegal de recursos y lo encubrieron falsificando la información sobre los espots, nada hicieron para impedir que Calderón, erigido en candidato oficial, recibiera de manera ilegal toda la ayuda del Estado, no denunciaron la compra abierta de votos con los programas sociales de gobierno ni se opusieron a la propaganda fascista o negra del PAN y de sus aliados que dio al trate con la campaña. El día de las elecciones, en complicidad con el gobierno federal dieron un PREP hechizo tratando de falsificar la voluntad de los mexicanos y, tras la jornada electoral, se han dedicado de manera ilegal a abrir los paquetes electorales y a falsificar aún más su conteo ilegal pretendiendo que es válido, sin importarles ser parte de la campaña desaforada del gobierno para hacer creer en "el triunfo" de Calderón.

10. El fallo del Tribunal no es difícil. Los magistrados tienen que decidir, si van a fallar conforme a la razón y el derecho, o si por doblegarse a Los Pinos y votar por la imposición están dispuestos a llevar al país a una crisis sin precedente.