EL RECUENTO DE VOTOS Y EL IFAI.

La garantía de contar voto por voto.
Álvaro delgado.

México, D.F., 24 de julio (apro).-

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomará, a más tardar el 6 de septiembre, la decisión más delicada en su década de vigencia; y sus repercusiones en la República irán más allá de la sola declaración de validez de la elección presidencial y la eventual convalidación del nuevo titular del Poder Ejecutivo.

El entorno en que se ha efectuado el proceso electoral, que concluye justamente con el fallo “definitivo e inatacable” de los siete magistrados, reclama profundidad de reflexión y debate sobre la fortaleza de las leyes y de las instituciones vigentes --considerarlas impolutas sería incurrir en cinismo, por decir lo menos--, y es urgente la refundación de este andamiaje, que por definición --en tanto actividad humana-- es siempre perfectible.

Los siete magistrados han enfrentado, a lo largo de su encargo, abundantes presiones de las partes --que son consustanciales a la naturaleza misma de su responsabilidad y que a nadie deben espantar--, pero sus decisiones han sido siempre acatadas.

No hay margen para que ahora sea de otro modo, aunque la histeria de opinadores políticamente correctos sugiera hasta una guerra civil.El escenario es muy complejo y propicio para todo tipo de disparates --incluida la engañifa de que cuestionar el desempeño de servidores públicos, como los del Instituto Federal Electoral (IFE) o la Presidencia de la República implica desafiar a las instituciones--, pero también caben las propuestas para esclarecer lo que, por ejemplo, pasó en la jornada electoral del 2 de julio.

El TEPJF decidirá si, en efecto, efectúa un recuento de los 41 millones de votos emitidos por ciudadanos el 2 de julio, o si lo hace parcialmente, pero lo ciudadanos --al margen de esa determinación-- contamos con una garantía legal para hacerlo por nuestra cuenta: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Tal como lo plantean en el semanario Proceso de esta semana los investigadores Irma Sandoval y John Ackerman, esta ley garantiza el derecho a saber lo que realmente contienen los 130 mil paquetes electorales de todo el país, cuyas boletas y actas podrán ser accesibles a cualquier ciudadano que lo solicite una vez que el TEPJF emita su fallo y el caso cause estado, así como antes de que los documentos sean destruidos, en diciembre.

El procedimiento es sencillo, según la ley y el reglamento del TEPJF, y basta con que un ciudadano solicite copia simple o certificada de cada una de las boletas y actas de la jornada electoral –o un conjunto de ellas-- para que, por disposición legal, se le entreguen a más tardar en 20 días hábiles, lo cual debe ocurrir porque no existe base legal para la negativa.


Este ejercicio, entonces, es perfectamente posible conforme a la ley, aunque implica sobre todo un amplio esfuerzo de organización y de recursos económicos para efectuar el cómputo del total de las casillas, no porque haya una desconfianza en los ciudadanos insaculados que procedieron con integridad, sino porque existen elementos para presumir la intervención de “mapaches” electorales.

¿De qué otra manera puede entenderse la invitación de Elba Esther Gordillo a gobernadores priistas para “venderle” a Felipe Calderón votos en algunos estados, después de que Roberto Madrazo “se cayó”, si no es mediante la alteración de actas o la transmisión de datos amañados? Y este es un solo ejemplo.

Así, establecido que la ley consagra el derecho de acceso a los documentos electorales, el reto sustantivo es obtener los recursos económicos: Hay que tener en cuenta que el Comité de Administración del TEPJF estableció en un peso el costo de cada copia simple o certificada de cada hoja de los documentos solicitados.

En números redondos, en caso de que no sea abierto ningún paquete por parte del TEPJF, se trata de 41 millones de votos emitidos y 130 mil actas, cuyo costo sería de --al menos-- de 41 millones 130 mil pesos, cantidad que disminuye descartando los que sí se abrieron. Salvo Víctor González Torres, quien se ufana de haber gastado casi 106 millones de pesos en su campaña, o algún magnate en calidad de promotor de la transparencia, para ningún ciudadano es alcanzable tamaña cantidad de dinero para un bien superior del país, más aún cuando también se requiere un alto número de personas para resguardar la información y proceder al cómputo en condiciones que no conciten dudas.

Debe descartarse que un partido político o coalición electoral se haga cargo de este ejercicio, porque obviamente sus conclusiones estarán condicionadas a su interés y lo que se propone es tener la certeza que esos entes no garantizan.

Un planteamiento viable es que sean las universidades públicas y medios de comunicación del país los que lideren, conjuntamente, un proyecto de tal envergadura: Por una parte, para crear un fideicomiso con propósitos de investigación, dotado, además, de capacidad para recibir donativos de ciudadanos de cualquier monto, con el fin de solventar los altos costos de la solicitud de los documentos.

Por otra parte, que sean alumnos, profesores y trabajadores de las instituciones educativas --y trabajadores de los medios de comunicación-- los que podrán auxiliar en el acopio, resguardo y cómputo de las boletas entregadas por el TEPJF, bajo la supervisión de comités integrados por personas de inobjetable integridad, al margen de su orientación ideológica.

Los resultados de este ejercicio, que obviamente no tendrían ninguna validez legal, arrojaría varios beneficios: Uno de ellos sería que, al margen del procedimiento legal e institucional --como el que está en marcha--, los mexicanos seríamos capaces de auscultar un ejercicio que nos involucra a nosotros mismos; otro es acreditar si, en efecto, los votos depositados en las urnas contaron y se contaron, y el tercero será concluir si la jornada fue realmente democrática o viciada por intervenciones ilegales e inmorales.

¿Es complejo? Por supuesto, sobre todo por los recursos económicos y humanos que se requiere, pero el instrumental jurídico existe y las leyes no son sólo para respetarlas por temor a la sanción, sino para mejorar la calidad de vida de una sociedad. Y aunque la democracia no garantiza en sí misma la aspiración al igualitarismo --a la justicia social--, es el mejor medio para ello.

Apuntes.
Por supuesto, el TEPJF dejará sin efecto esta propuesta si determina la apertura de los paquetes electorales y el conteo de cada una de las boletas. Y, en todo caso, su decisión deberá acatarse…