CARTA DE GRACO.

Carta abierta.

Graco Ramírez Garrido Abreu.
25 de agosto de 2006.

Vicente Fox privilegió el modelo económico posponiendo el mandato democrático de la sociedad.
Empantanó la transición abandonando la tarea de establecer reglas que configuren un Estado en el que prevalezca la división de poderes y se constituya una nueva relación de la sociedad con las instituciones.
Se hizo partícipe de la profunda descomposición de un régimen que ya no da más.
Traicionó el impulso renovador de la sociedad.
Priorizó la permanencia de su partido en la Presidencia para asegurar la impunidad de los suyos y la de sus correligionarios.
Pretendió postular a su esposa, actora fundamental en esta crisis.

Con la anuencia del presidente de la Corte, Mariano Azuela, armó con el procurador Macedo de la Concha el procedimiento para retirarle el fuero constitucional al entonces jefe de Gobierno, para impedirle ser candidato a la Presidencia. Puso al conjunto de las instituciones del Estado al servicio de esta perversa causa.

Andrés Manuel resistió. La segunda manifestación fue determinante para establecer un debate en el interior del gabinete presidencial.

Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Seguridad Pública, se mofaba diciendo que no habían asistido más de 100 mil personas; el procurador mostraba su firme determinación de ejercer la orden de presentación de López Obrador ante el Ministerio Público; Santiago Creel presumía su exitosa campaña mediática de defensa de la ley. Todo marchaba sobre ruedas.

El secretario de la Defensa General Clemente Vega, argumentó que los asistentes eran más de los que informaban y suficientes para sumir al país en una situación de crisis. Era un gran riesgo impedirle a López Obrador participar en las elecciones. Se alentaría a los que quieren el fracaso de la democracia, justificarían la violencia contra las instituciones. Hizo ver a los afiebrados foxistas que ese camino conduciría al enfrentamiento y quienes tendrían que salir a evitarlo serían las Fuerzas Armadas.

El militar, educado en la política de las armas, invitó a sus interlocutores a usar las armas de la política. La movilización ciudadana y la actitud patriota del secretario dieron marcha atrás al lance del desafuero.

La conspiración foxista está probada fehacientemente. Los videos de Ahumada, la campaña del desafuero, la intromisión directa de Vicente Fox llamando a todas horas a votar por el PAN. Los miles de anuncios del gobierno. La cruzada de injurias contra López Obrador consentida por un IFE deliberadamente complaciente. El mismo Tribunal Electoral llamó la atención al IFE por no haberla retirado cuando así lo requirió la coalición Por el Bien de Todos. Empresarios financiando publicidad en contra de López Obrador que sembraba odio y miedo. El IFE fue omiso, aun cuando está prohibido expresamente que corporaciones privadas realicen propaganda electoral.

Los coordinadores estatales de la campaña de Acción Nacional, en su mayoría ex delegados de Sedesol, movilizaron el voto a partir de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Los empresarios más radicales financiaron la campaña de Calderón. Entregaron recursos que Josefina Vázquez Mota recogía yendo en aviones privados a Guadalajara y Monterrey.

En las entidades panistas, con la complicidad del IFE, modificaron más de la tercera parte de la ubicación de las casillas colocando a funcionarios afines. Gobernadores del PRI, dirigidos por Elba Esther Gordillo, operaron fraudulentamente para favorecer a Felipe Calderón, el candidato de los débitos con los sectores más conservadores y gansteriles.

Este régimen está en plena descomposición y conducirá al país a una mayor penetración del crimen organizado, a más corrupción, los focos de violencia serán una constante que llevará a niveles de represión y desintegración social cada vez más altos.

Ciertamente, los campamentos de la resistencia civil en el Distrito Federal han trastocado la vida de parte de sus habitantes, pero el costo es menor, al daño que ocasionaría al país la imposición, la traición de Fox.

López Obrador se conecta con la esperanza de la gente, propone modificar el actual estado de cosas. Está convencido de que estas acciones pueden evitar la violencia. La firmeza es del tamaño de la afrenta y tiende a construir una salida política que evite que la desesperanza se imponga. La resistencia y la desobediencia civil pacífica a la que convoca, trastoca a los mismos partidos de la coalición y a los próximos senadores y diputados, también a quienes encabezan gobiernos locales y municipales. Tienen que imaginarse cómo concebirlo, sabiendo que son partícipes de un poder del Estado. El reto es enorme.

Andrés Manuel se refiere con respeto al Ejército mexicano porque reconoce que es la institución del Estado que ha mostrado mayor responsabilidad. Los militares entienden que si los tambores de guerra suenan y se dispara el primer tiro, se sabrá cuándo empieza la violencia, pero no cuándo termina.

La historia ha mostrado que ellos serán juzgados como responsables de los actos ordenados por un Presidente lleno de terror, obsesionado con aplastar a su adversario, al que le da trato de enemigo.

El Tribunal Electoral está asediado por el gobierno. En las oficinas de Fernández de Cevallos se redactan los memorandos que pretenden orientar el sentido de las resoluciones de los magistrados. Ellos cuentan ya con elementos suficientes para probar la parcialidad del órgano electoral. La intervención del gobierno y el conjunto de violaciones en las casillas. Hay sobradas evidencias. Los principios de legalidad, imparcialidad y certeza están en entredicho.

Permitir la imposición sería incendiar al país, dividirlo. Para evitar un grave retroceso, más vale la rectificación en la cuenta o la reposición de todo el proceso. No es el capricho de un candidato despojado de su triunfo. Es la convicción de millones de mexicanos que apostaron al sufragio.
*Senador electo por Morelos