/tr>
LOS PRODUCTOS DEL BOICOT ¡NO LOS CONSUMAS!: Bimbo , Sabritas , Jumex , Pepsi, Gamesa , Televisa (televisión y revistas), TV Azteca , Milenio (Diario y Semanal), Banamex , Maseca , COPARMEX , Coca-Cola , Wal-Mart , Bachoco , Megacable , Farmacias Similares , M&M's , Kimberly Klark , Burger King , grupo ALSEA , Autobuses Estrella Blanca . Más en este link.

domingo, diciembre 17, 2006

YA ESTAMOS DE VUELTA

AVISO A LOS LECTORES:

Finalmente pude arreglar la bronca de la conexión a internet y ya estamos nuevamente en línea. Al parecer el problema fue que una sobrecarga le dió en la madre al router que estaba usando para la red que tengo instalada y de carambola se llevó entre las patas a otro router inalámbrico que también tenía en la red. ¿La solución? Comprar otro router, conectarlo a un adaptador a prueba de sobrecargas y listo.

Por cierto: a todos los que donaron para el Sendero les aviso que este router se pagó usando precisamente los fondos de los donativos. Así que tengan la seguridad de que esa lana está siendo usada para que El Sendero siga adelante.

Bueno, y pues ni modos: el documental, debido a estas fallas técnicas, apenas en unos momentos más se empezará a subir a google video. Supongo que los de google video se van a poner sus moños para procesar el video (es de una hora con 40 minutos) y me imagino que como resultado, el video estará listo para entrar en línea hasta mañana.

Independientemente de eso, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que también haya una versión WMV (si no pesa mucho) disponible para que la bajen los que quieran hacer un VCD. Y proximamente trataremos de subir a internet el documental en ISO para quemar DVD. Así el que tenga la paciencia y ancho de banda, pues puede bajar el documental completo en DVD.

Y seguimos chambeando.


Una razón más para apoyar al peje en el 2006.

Radio AMLO - VIDEO: Entrevista exclusiva con Andrés Manuel López Obrador

Ahora nos envían el video de la entrevista exclusiva, que durante su vista a Cancún, Quintana Roo, el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a Talavera, corresponsal de Radio AMLO en el sureste.



Más información en el portal de Radio AMLO.

DE LOS COMPAÑEROS

PONGALE EL TITULO A LA PINTURA:



MONERO ABRAHAM



DEL JUSTO RECLAMO:

Elba Esther, ¿la más poderosa del país?

De varias notas de La Jornada y comentarios.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que la "moral de un traficante de relojes, evasor y delincuente", como el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, no puede instalarse en la educación de más de 20 millones de niños y jóvenes mexicanos.

Pero...

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, salió en defensa del subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, al señalar que "como mexicano tiene derecho a ser escuchado". Al mismo tiempo, se distribuyó a los medios de comunicación un mensaje en el cual el yerno de Elba Esther Gordillo rechazó por "falsas y dolosas las mentiras y acusaciones" sobre su persona, y advirtió que se reserva el derecho a "proceder legalmente" contra quienes lo han señalado.


LEER NOTA COMPLETA




PARA ENTENDER LA NOTICIA

Por Benjamín Castro

18 Dic 2006

"Lastima Margarito", no los apoyara, los empinara…

SE EQUIVOCARON LOS EMPRESARIOS CON CALDERÓN

Muy sorprendidos y desconsolados se encuentran los directivos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finazas (IMEF), por las disposiciones fiscales anunciadas por el gobierno de Agustín Carstens y Felipe Calderón. Ellos, al igual que la mayoría de los empresarios de organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o de la CANACO y demás organismos, tienen las creencias habituales, las que se manejan a nivel de los cafés y en los periódicos. Se imaginaron que con Calderón llegaba al poder un gobierno "pro empresarial" como deben ser todos los gobiernos de "derecha", puesto que Calderón había derrotado aun candidato de la "izquierda", López Obrador, quien era, supuestamente, enemigo de los empresarios. .

Así pensaban los empresarios mexicanos hasta que supieron de las primeras disposiciones anunciadas por Carstens en materia fiscal y en la política económica. Ahora, se dan cuenta de que Carstens , como bien lo dicen ahora los líderes del IMEF, no busca "fomentar el empleo" ni tampoco hacer "competitiva" a la industria mexicana mediante un sistema fiscal adecuado. Mas bien, lo que ahora ven los señores del IMEF y demás "cúpulas" empresariales es que las medidas que Carstens promueven van a "desincentivar" la inversión, a cobrarles impuestos a "los mismos contribuyentes de siempre" y a reducir todos los márgenes de utilidades que ahora tienen. Carstens, como él mismo lo dice, no esta interesado en incentivar ninguna empresa ni ninguna rama de la economía, vamos ni siquiera el turismo; sino más bien en lograr lo que él llama "la confianza" de los mercados internacionales. Para ese fin, el de ganar la confianza de los mercados, Carstens necesita aumentar impuestos, reducir facilidades fiscales como la deducibilidad de gastos en restaurante, compra de automóviles, pasivos de las empresas etc. para ofrecer así seguridad a los especuladores internacionales, a los fondos de inversión etc. que disfrutan y se agasajan con el cobro de la deuda y con las necesidades financieras del país.

Ahora los dirigentes del IMEF, se encuentran desconsolados pues encuentran "contradictorio", el que Felipe Calderón, ---el "brazo político" de Agustín Cartens y el FMI--, le haya prometido ser el "presidente del empleo" y dar incentivos a la industria del turismo y la construcción de infraestructura. Les parece contradictorio a estos empresarios porque son víctimas de la propaganda de los propios círculos financieros que les hacen creer que vivimos en medio de una lucha de "izquierda" contra "derecha" y en donde la derecha supuestamente debe defender al empresario. No es así. En realidad lo que realmente sucede es que Carstens y Calderón representan los intereses de un conjunto de fondos especulativos y de grandes bancos internacionales que atacan a las economías nacionales o lo que quede de ellas, mediante estos sicarios económicos como Carstens, para poder saquearlas y desmantelarlas. Sí en el proceso, la economía nacional desaparece mucho mejor, porque así el país se volvería una nación puramente compradora de todo, desde alimentos hasta maquinaria, es decir, una colonia como en los tiempos del imperio español (El Virreinato) o del imperio británico (El porfiriato). Esa es la verdad. Una verdad que ahora esta a la vista. Carstens viene a imponer impuestos, desmantelar lo que queda de economía y a garantizar que el gobierno utilice la recaudación y los fondos que tiene, incluyendo los de PEMEX por supuesto, para el servicio puntual y obediente de la deuda. Cualquier otra visión de las cosas en este momento es pura "ideología".

El autor es miembro del Movimiento Internacional del economista Lyndon H. LaRouche.

benjamincastro_1@hotmail.com


NOS ENVÍAN INVITACIÓN:


Apreciado Víctor, por medio de la presente te pido me hagas el favor de
recomendar a los vastísimos cibernautas que siguen tu pagina día con día y
de meter en tus links nuestra pagina www.expresartv.com
Es sumamente urgente que continuemos creando un frente cada día mas sólido
en contra de este presidente espurio Fecal. Como podrás ver contamos con
varias secciones que incluyen la animación de 18 minutos “Ustedes los pobres
y ustedes los del PAN,” que requirió un gran esfuerzo de muchas personas,
además de esa animación contamos con material único hecho por
profesionales, animadores, escritores, actores etc.
sin mas por el momento me pongo a tus ordenes y seguimos en contacto.


NOS ENVIAN LA SIGUIENTE NOTA que exhibe al hipocrita PELELE de cuerpo entero:



Calderón, hipocresía ante la UNAM
jenaro villamil

México, D.F., 12 de diciembre (apro).- El fin de semana pasado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente recibió una llamada del presidente Felipe Calderón. El primer mandatario se deslindó de las declaraciones del diputado de su partido Raúl Alejandro Padilla Orozco, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, quien días antes manifestó su beneplácito por el recorte de más de 1 mil millones de pesos destinado a la máxima casa de estudios del país. "Esa no es responsabilidad nuestra", la dijo Calderón a Padilla Orozco.

Fiel a su estilo, Calderón muestra nuevamente una doble cara. En privado, se disculpa con el rector de la UNAM, pero públicamente su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y sus principales asesores económicos son los responsables de un proyecto presupuestal que no sólo establece un recorte sustancial a la UNAM, sino una disminución importante hacia todas las áreas de investigación científica y poco más de 4 mil millones de pesos de disminución a todas las áreas de la educación pública.

LEER NOTA COMPLETA.



PROPUESTAS DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA



Queridos camaradas,



Sé que se nos vienen tiempos dificiles, pero creo que siempre hemos vivido esos tiempos difíciles y que unos años más no nos harán flaquear. Ustedes, como yo, sabemos a quiénes nos estamos enfrentando, no es a Calderón, no es a Fox, no es a Marthita ni siquiera a los panistas más tradicionales, nos enfrentamos a los poderosos del mundo (EU, Europa y ladrones mexicanos) que por ningún motivo dejarían que cambiara este sistema que tantos beneficios les ha dado. Nunca en la historia de México, después de la colonia, robarnos había sido tan “legal”. Sin embargo, esos señores no han visto ni mucho menos comprendido que “el horno no está para bollos” y que nuestro movimiento no es simplemente por la presidencia, como bien lo ha manifestado nuestro verdadero presidente, Andrés Manuel López Obrador. En este movimiento no sólo estamos los que tradicionalmente hemos militado (con o sin partido) en la izquierda, sino todos aquellos que vemos la urgente necesidad de hacer un México más justo. Sabemos que muchísima gente no ha entendido aún de qué se trata todo esto y, hostigados y mal informados por la derecha, creen realmente que a nosotros nos conduce un loco y nosotros somos, lo menos, retrasados mentales.

Por todo lo anterior y tratando de apoyar la propuesta de Andrés Manuel de hacer nuestro movimiento sostenido, civil y pacífico, les propongo esta serie de medidas, algunas de ellas propuestas por mis hijos, los cuales están dispuestos a no ceder en lo mínimo ni mucho menos dejarse vencer.

NOTA: Cabe aclarar que algunas medidas parecen hechas para afectar a los empleados, pero si las analizan bien y se hacen como debe ser los resultados son los esperados, es decir, por un lado concientizar a la clase trabajadora y, por el otro, obligar a los empleadores a replantearse su conducta. Las medidas son pacíficas y totalmente apegadas a derecho.



1. NO DAR PROPINAS A NADIE.



Muchos empleados de grandes almacenes y firmas (Wall Mart, Italian Coffe, gasolineras, tiendas de autoservicios), asi como gente en la calle vive sólo y únicamente de las propinas que todos les damos, EXENTANDO DE LA OBLIGACIÓN A LOS “PATRONES” , quienes, encima, creen que SON ELLOS QUIENES GENERAN LOS EMPLEOS y el “EMPLEADO” (quien no recibe un salario o tiene un salario-miseria) cree que le están dando la oportunidad de su vida.

Piensa simplemente cuánto dinero guardarías si no dieras propinas a nadie. Al revés, piensa cuánto se te va dando propina por aquí y por allá: el viene viene, el que embolsa en el súper, el que te limpia el cristal, el que tragafuego, el que te da el lugar en la calle (cuando ésta es pública), en el restaurante, etc., etc., etc.

Esta medida hará que ambas partes (“empleador-empleado”) se den cuenta de la verdadera situación y, que Felipín (dizque el presidente del empleo) genere los empleos que prometió. LA PROPINA NO ES UNA OBLIGACIÓN, POR ESO PAGAS EL SERVICIO Y EL PRODUCTO.



2. PONER UN ANUNCIO EN UN PERIODICO SOLICITANDO EMPLEO

Ve a cualquier periódico y paga un anuncio clasificado solicitando empleo. Un ejemplo puede ser:

SEÑOR FELIPE CALDERON

ESTOY DESEMPLEADA Y ME URGE TRABAJAR, DEME TRABAJO, TENGO DOCUMENTOS, EXPERIENCIA Y MUCHA NECESIDADAD

En Puebla, y seguramente en otros estados, hay periódicos que cobran como $70 pesos por el mensaje durante una semana.



3. JUNTAR MUCHOS CURRICULUMS Y LLEVARLOS A SRIA. DEL TRABAJO

Alguna gente piensa que la mayoría de las personas no trabajan porque son holgazanes o sin aspiraciones. Existen muchísimos jóvenes (y adultos) que habiendo cubierto los estudios profesionales no encuentran trabajo salvo en OXXO, ITALIAN COFFE, DE CERILLOS O GASOLINEROS DESPACHADORES. Pues bien, junten todos los documentos con solicitud de trabajo y llévenlos a la Sria. Del trabajo. Puede ser en un mismo día o en días distintos, lo importante es que lleven la socilitud y QUE LES SELLEN LA SOLICITUD.



4. DEPOSITOS Y RETIROS BANCARIOS EN POCO TIEMPO

Esta resistencia se hizo en España cuando quisieron cerrar los astilleros, propiedad de un banco. Los trabajadores se formaron y depositaron (abrieron ese día la cuenta) con una cantidad de risa. Debemos saber cuánto es lo mínimo y cancelar la cuenta lo más pronto posible. El impacto de esta acción no está tanto en la operación sino en hacer colas inmensas para ambas operaciones, con lo cual mostramos cómo el dinero que está “ahí”, también puede desaparecer.



5. Denunciar por los medios a los “empresarios” que sepamos que no pagan impuestos, no pagan a los empleados o comenten delitos



Hay muchos “trabajos” en los cuales no se les paga realmente a los “empleados”, aunque ellos creen que sí (AVON). Ellos sólo reciben la comisión por venta pero nunca un salario, con lo cual, estos tranzas NO PAGAN IMPUESTOS, NI SALARIOS, NI ASEGURAN A QUIEN REALMENTE TRABAJA, NI LOS TRABAJADORES TENDRÁN NUNCA JAMÁS NINGÚN DERECHO NI NINGUNA PRESTACIÓN.

Se trata de abrirles los ojos a quienes aún creen que FELIPIN es la opción. Otra cosa, revisemos las propuestas de Felipín y exijamos todas y cada una de esas promesas: Guardería, bajar la gasolina y la luz; TARJETA DE MIGRANTES PARA NO PAGAR COMISIONES CUANDO SE ENVÍE DINERO DESDE EL EXTRANJERO, PAGO DEL SEGURO EN EL PRIMER EMPLEO (JAJAJAJA, COMO SI EL EXPLOTADOR,... PERDÓN, PATRÓN REALMENTE AFILIARA AL PERSONAL)...

Desde la resistencia lejana pero igual de apasionada

LOS SALARIOS DE LOS PRESIDENTES LATINOAMERICANOS:



FOX , CON MAYOR SUELDO QUE LOS PRESIDENTES DE CHILE, ARGENTINA Y BRASIL!!!


Los presidentes latinoamericanos:
biografías y sueldos

septiembre 2003

Los presidentes latinoamericanos tienen un salario promedio de 6.300 dólares mensuales, sin incluir sus gastos de representación. Como referencia, el salario de George W. Bush es 33.000 y el de Tony Blair es 14.000.
Para actualizar esta información, escriba: contacto@probidad.org

Argentina

Néstor Kirschner (2003)
Partido Justicialista (PJ)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/k-008.htm
Salario: 1.052 dólares mensuales (aceptó un recorte de 70%)

Bolivia

Gonzalo Sanchez de Lozada (2002)
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/s-016.htm
Salario: Renunció su sueldo de 3.000 dólares mensuales en 2003 y trabaja «ad honorem»

Brasil

Luis Inácio da Silva (2003)
Partido de los Trabajadores (PT)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/s-001.htm
Salario: 3.300 dólares mensuales

Chile

Ricardo Lagos (2000)
Partido Socialista (PS)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/l-028.htm
Salario: 4.200 dólares mensuales

Colombia

Álvaro Uribe (2002)
Partido Liberal (PL)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/u-002.htm
Salario: 3.500 dólares menusales

Costa Rica

Abel Pacheco
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/p-044.htm
Salario: Comenzó con 6.000 dólares mensuales y lo redujo a 3.000.

Ecuador

Lucio Gutiérrez (2003)
Sociedad Patriótica 21 de Enero (SP-21 enero)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/g-001.htm
Salario: Disminuyó su salario de 8.000 a 6.400 dólares menuales

El Salvador

Francisco Flores (1999)
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/f-028.htm
Salario: 5.000 dólares mensuales

Guatemala

Alfonso Portillo (2000)
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/g-001.htm
Salario: 5.600 dólares menuales

Honduras

Ricardo Maduro (2001)
Partido Nacionalista (PN)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/m-002.htm
Salario: 3.500 dólares menuales

México

Vicente Fox (2000)
Partido de Acción Nacional (PAN)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/f-025.htm
Salario: 14.000 dólares mensuales

Nicaragua

Enrique Bolaños (2002)
Partido Liberal Nacionalista (PLN)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/b-001.htm
Salario: 10.700 dólares mensuales como mandatario y 8.600 dólares mensuales de una pensión vitalicia por haber sido vicepresidente.

Panamá

Mireya Moscoso (1999)
Partido Arnulfista (PA)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/m-052.htm
Salario: 7.000 dólares menuales

Paraguay

Nicanor Duarte (2003)
Partido Colorado (PC)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/d-002.htm
Salario: 1,650.84 dólares mensuales
Gastos de representación: 894.498 dólares mensuales
Perú

Alejandro Toledo (2001)
Perú Posible (PP)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/t-021.htm
Salario: En el 2001 recibió 18.000 dólares mensuales; lo rebajó tres meses después a 12.000; y en junio 2003 los disminuyó a 8.400 dólares.

República Dominicana

Hipólito Mejía (2000)
Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/m-051.htm
Salario: 2,600. dólares mensuales

Uruguay

Jorge Batlle (1999)
Partido Colorado (PC)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/b-080.htm
Salario: 4.200 dólares mensuales

Venezuela
Hugo Chávez (1999)
Movimiento V República (MVR)
http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/c-063.htm
Salario: 1.250 dólares menuales


NOTA:Claro que estos salarios son del 2003, esperamos que nos envíen los salarios actualizados, y si, habrá quien comente que estos salarios son simbólicos, sin embargo,todos sabemos que FOX pago para su ranchito LA ESTANCIA, allí donde llevo a los panuchos hipócritas 8 millones de pesos (que serian su salario de todo el sexenio) y NADIE LE DIJO NADA, así de farsantes son los panuchos, desvergonzados que no le piden nada a ningún ladrón extranjero.


COMENTAN DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO:


Han pensado que se pueden crear cooperativas de producción y de consumo a nivel nacional, las cuales nos permitan competir con los empresarios que apoyaron al espurio, cooperativas donde podemos participar toda la gente que apoyo a AMLO y que pueden servir para aliviar las cargas del poder adquisitivo de los asalariados.

Cooperativas de centros de producción distribución y consumo, que pueden competir con los supermercados, con distribuidoras de alimentos y medicinas, y apoyando a los productores del campo utilizando cooperativas ya existentes como la de Pascual.

Existe la experiencia de la Conasupo, la cual puede funcionar en forma de cooperativa del Frente Amplio Progresista, en el cual ya participan campesinos, obreros y trabajadores del sector de los servicios.

Piénsenlo en lugar de que haya wolmart, tiendas del IMSS o del ISSSTE que ya no les sirven ni a los mismos trabajadores, habrían estas cooperativas que podrían distribuir las ayudas a los adultos mayores etc.
EL SALARIO DEL PELELE, Y SU HIPOCRECIA:

El recorte de 10% queda por debajo del incremento de 14% que acumuló la percepción

Subió el salario presidencial $700 diarios y el mínimo 8.32 en 2001-06

Las percepciones de los trabajadores perdieron 19.5% de su poder adquisitivo en seis años, según la investigación de la Universidad Obrera

Para recuperarse debería subir casi 25%

SUSANA GONZALEZ G.

Si en diciembre de 2000 el salario mínimo servía para comprar 28 por ciento de los productos incluidos en la canasta básica, para agosto de este año sólo se podían adquirir 22.5 por ciento. La imagen, en el mercado de Coyoacán
Si en diciembre de 2000 el salario mínimo servía para comprar 28 por ciento de los productos incluidos en la canasta básica, para agosto de este año sólo se podían adquirir 22.5 por ciento. La imagen, en el mercado de Coyoacán Foto: José Carlo González

La disminución de 10 por ciento en el salario presidencial queda por debajo del incremento de 14 por ciento que acumuló dicha percepción a lo largo del primer gobierno panista en México, y que se tradujo en 700 pesos más por día en 2006, respecto a 2001. Mientras, el salario mínimo general sólo se incrementó 8.32 pesos en el mismo periodo.

Cuando Vicente Fox comenzó a gobernar el país se le autorizó un salario mensual neto de 146 mil 266 pesos, lo que implicaba un salario diario de 4 mil 875 pesos, de acuerdo con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2001. En ese entonces, el salario mínimo para las zonas más caras del país estaba fijado en 40.35 pesos, por lo que el sueldo diario del primer mandatario era equivalente a 120.83 minisalarios.


LEER NOTA COMPLETA.

LLEGA EL NOTICIERO DE LA PRESIDENCIA LEGITIMA:

Pueden bajarlo de aquí y a compartir.
COMENTAN LO DEL "FICHAJE":


Nada mas eso faltaba
ahora nos van a fichar
yo que usted los (de)mandaba
pero a su madre a chinchar

Este pinche Calderón
émulo del Hitler fascista
con su Hildebrando sangrón
nos pondrá en su negra lista

Y esto no está a debate
ya hasta nos quiere linchar
mejor que a su mamá contrate
y que la ponga a fichar

PASTORELAS EN ESCUELAS DE GOBIERNO???:



Te comento algo que noté y que parece que en varias partes sucedió.
Lo que pasa es que cerca de mi casa hay una primaria y; no recuerdo bien si fue el jueves 14 de diciembre o un dia antes o un dia despues; los niños de esta primaria no tuvieron clase en la mañana, pero sucede que de repente en la tarde empezaron a llegar angelitos, pastores, diablitos y hasta niños vestidos de regalitos, en lo que parece fue la escenificación de una pastorela en la misma primaria, hecha por los mismos niños que en la mañana no tuvieron clase. Y tal parece que en otros lados paso similar, pues escuché decir que a alguna maestra de otra escuela le habia tocado montar esta "obra de teatro" .

Si de por si me encabrona que a la menor provocación los niños de esta escuela no tengan clase por cualquier tonteria que se les ocurre a los maestros, ahora resulta que ya estan montando pastorelas en las ESCUELAS DE GOBIERNO que se supone deben ser LAICAS, con el pretexto de ser una obra teatral; no dudo que sea una orden de la misma Elba Estiercol fraguada desde los tiempos y con la complicidad de la Meartha Según. ¿Podrías preguntar a tus lectores si les ocurrió algo similar? Al rato van a poner a rezar a los niños con el pretexto de que son cantos culturales. ¡¡¡¿Pero qué mier...coles es esto?!!!!.

NOTA:¿Esto no afecta el laicismo de las escuelas?, ya la religiosidad "cómica" entra en las escuelas, sin la menor vergüenza, esperamos mas datos al respecto.


ESCRIBE EL CIUDADANO DE LA CUARTA REPÚBLICA:


REALMENTE DUELE

Duele el país. Duele su división profunda. Duele mucho lo que está sucediendo. Duele la hipo cresía. Duele la manipulación y el cinismo. Duele el descrédito y la desconfianza en nuestras instituciones...

Duelen los 25 muertos en Oaxaca, las decenas de encarcelados, los cientos de desaparecidos. Duele que se siga repitiendo en la tele que l os que se manifestaban eran los violentos cuando en la PFP y en el ejército y en los policías de Ulises Ruiz no hay ninguno desaparecido, ni un herido, ni un solo muerto...

Duelen los niños de 9, 10 12 y 13 años también capturados y encerrados el 25 de noviembre pasado. Duele que los delitos que se les imputan son más largos que su s años de vida: incendio de edificios, saqueo, sedición y uso de explosivos... A Miryam, la de 13, la amarraron de las manos y la obligaron a estar en cuclillas como todos los adultos... Duele que esos cuatro niños fueron testigos de las brutales golpizas a sus padres, hermanos y vecinos... Duele que ya los liberaron pero tienen que ir periódicamente a firmar, cuando todavía ni firma tienen...

Duele que te fabriquen un delito para poder hacer contigo "legalmente" lo que quieran... Duele que te invite n al diálogo y allí mismo te encarcelen y luego te torturen o te desaparezcan...

Duele que te califiquen de "peligroso" y te persigan sólo porque no eres conformista ni te quedas callado y porque denuncias los atropellos y las injusticia s y porque pones en riesgo los privilegios de l 0os poderosos y los ricos...

Duele que tus amigos y familiares le crean todas sus mentiras a la tele y en cambio de ti crean que sólo eres un loco o un fanático o un tonto...

Duele que la policía sea tan eficaz para encarcelar y "comprobarles" delitos a líderes de movimientos de protesta , pero no encuentren ningún delito en Montiel o en Hildebrando o en Ulises o en los banqueros del Fobaproa o en los hijitos de Martha o en el IFE...


LEER NOTA COMPLETA



PARA ENTENDER LA NOTICIA VIDEO:

NOTAS SUELTAS DE LA JORNADA

Domingo

Enrique Galván Ochoa

Fracasa el operativo Michoacán

Mucho ruido, escasos resultados

Téllez no quiere bronca con Televisa y Tv Azteca

Foto: Elementos de la Agencia Federal de Investigación en uno de los retenes instalados en la entrada de Apatzingán
Elementos de la Agencia Federal de Investigación en uno de los retenes instalados en la entrada de Apatzingán Foto: La Jornada Michoacán

Con un tono de ironía, el diario Los Angeles Times comenta en su edición sabatina: "el presidente Felipe Calderón no esperó un minuto para desafiar a los violentos traficantes de drogas que controlan parte de Michoacán, su estado natal. Pero la Operación Michoacán, anunciada el lunes anterior, hasta ahora parece un golpe, pero no de la clase que Calderón tenía en mente". Así es. Una semana después de su inicio ha habido más espectáculo de televisión que golpes efectivos. ¿Alguien habrá puesto sobre aviso a los traficantes, sobre todo a los cabecillas? Porque cuando llegaron los soldados y los marinos a aprehenderlos ya se habían ido. Al parecer se encamina a un fracaso ruidoso la estrategia del procurador de Justicia, Eduardo Medina Mora, y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ahora bien, ¿había, razonablemente, la posibilidad de que las cosas fueran distintas si ya habían fracasado en el sexenio anterior?

La tercera cadena

Oooops. El nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, le saca la vuelta a un enfrentamiento con Tv Azteca y Televisa. En el jaloneo de las televisoras para impedir que el grupo Telemundo-Saba pueda quitarles parte de su mercado, Téllez se apresuró a descartar que se licite una tercera cadena de televisión a nivel nacional, al menos en los primeros meses del sexenio. Sólo se está evaluando la probabilidad de entregar algunas concesiones regionales. "En los 100 compromisos del presidente Calderón se habla de licitar frecuencias de televisión y de radio en distintas ciudades, pero no se habla de una tercera cadena de televisión; lo que se está viendo son las distintas frecuencias que pueden ser licitables en las distintas ciudades y regiones de México", precisó Téllez. Por otro lado, hay la percepción de que Telemundo haría una mejor televisión que Tv Azteca y Televisa. Tal vez es una percepción equivocada. Los contenidos de Telemundo son del mismo estilo. El único cambio es que el millonario pastel de la publicidad se repartiría entre tres, en vez de dos.


LEER NOTA COMPLETA



FECAL INTENTA COMPRAR LEGISLADORES CON UN "SUBITO INCREMENTO " petrolero. A cambio que sus puntadas neoliberales sean INTOCABLES.


Elevan legisladores a 42.8 dólares el precio del crudo y restituyen recursos a estados

SHCP sube ingresos en 30 mil mdp y deja a diputados libre asignación

Con esta medida se subsanan los recortes a universidades, cultura y educación, señala el PRD

Cabildea con el PRI recortes a IFE, SCJN y TEPJF; gestiona un fondo para adultos mayores

ENRIQUE MENDEZ , ROBERTO GARDUÑO

Integrantes de la Comisión de Hacienda durante la reunión de este sábado, en la que se aprobó la Ley de Ingresos. De izquierda a derecha, el presidente de este órgano, Jorge Estefan Chidiac, Antonio Soto y Carlos Chaurand. Al fondo, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Alejandro Werner
Integrantes de la Comisión de Hacienda durante la reunión de este sábado, en la que se aprobó la Ley de Ingresos. De izquierda a derecha, el presidente de este órgano, Jorge Estefan Chidiac, Antonio Soto y Carlos Chaurand. Al fondo, el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Alejandro Werner Foto: José Antonio López

Ante el riesgo de que los diputados de PRD y PRI reventaran la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la cual se aprobó el paquete fiscal del próximo año, el gobierno de Felipe Calderón, mediante el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Alejandro Werner, liberó de un plumazo 30 mil 45 millones de pesos para que los legisladores los asignen a su arbitrio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007.

Con esa medida, que no implica recortes a otras áreas, la comisión aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley de Ingresos, que tentativamente será votado en la sesión ordinaria del lunes. El siguiente paso será enviar la minuta al Senado, donde podría aprobarse a más tardar el miércoles, a fin de que los diputados estén en posibilidades de aprobar el PEF el sábado, la víspera de Noche Buena.

LEER NOTA COMPLETA.



LOS MOURIÑO EN LA PICOTA, el "amado" secretario trae mucha cola:


Insta a seguidores a defender la industria nacional

Los Mouriño trafican con gasolina, acusa AMLO

LORENZO CHIM CORRESPONSAL

Nota original:

Campeche, Cam., 16 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador acusó a la familia del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Camilo Mouriño Terrazo, de traficar gasolina a través de la empresa Grupo Energético del Sureste, lo que le permitió crear un emporio en Campeche que tiene empobrecidos a sus trabajadores.

En gira por el municipio del Carmen, de donde se extrae 83 por ciento del petróleo nacional, López Obrador señaló que la familia del español Carlos Mouriño Atanes ­padre de Juan Camilo­ llegó a Campeche con recursos limitados y rápidamente empezó a concretar "jugosos" negocios hasta convertirse en "cacique" en la entidad.

Ahora, continuó, "su hijo Juan Camilo Mouriño se encuentra cerca del pelele, del títere, y es quien tiene metidas las manos en muchos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex)".

Ante más de 400 personas, el tabasqueño aseguró que "hay pruebas e informes de que los Mouriño traficaban con la gasolina a través del Grupo Energético del Sureste; son los mismos que apoyaron al pelele para cometer el fraude electoral, para seguir encubriéndose de la impunidad y mantener la corrupción y el influyentismo".

Por ello exhortó a sus simpatizantes a estar pendientes "para que no sigan degradando la vida pública del país, para que no se sigan quedando con los bienes nacionales".

Denunció la explotación laboral de miles de personas que trabajan para firmas contratistas de Pemex y responsabilizó directamente a las autoridades gubernamentales de esta situación, por no tener verdadero interés por defender a los trabajadores.

"Muchos intentan entrar a Pemex, pero sabemos que ahí sólo están los privilegiados, los que no pueden entrar al sindicato petrolero se tienen que conformar con trabajarle a algunas de las compañías, en su mayoría trasnacionales que han llegado a establecerse en México, especialmente en Isla del Carmen", manifestó.

También acusó a los líderes petroleros de cometer todo tipo de abusos y actos de corrupción, porque "no hay quien los limite; por eso hacen lo que les da la gana; por eso se pisotea la dignidad de los trabajadores".

Por lo anterior, López Obrador hizo un llamado a sus seguidores a defender la industria nacional y a no decaer a pesar de los acosos de la derecha que quisiera acallar al pueblo de México para cometer más arbitrariedades.




UN CAPITULO MAS DEL ESTADO POLICÍACO QUE LOS FASCISTAS PRETENDEN
en Mexico


Serían supervisadas por el Ejército; dotar de independencia al MP, otro objetivo

Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos de 20 mil habitantes

El cuerpo federal de policía propuesto tiene esquemas similares a los marshall y la FBI

El proyecto, elaborado con el apoyo de la Guardia Civil española y otras corporaciones

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El gobierno de Felipe Calderón propuso reformas legales para crear un cuerpo federal de policía con un solo mando. En la imagen, agentes federales preventivos resguardan vehículos en el aeropuerto de Oaxaca
El gobierno de Felipe Calderón propuso reformas legales para crear un cuerpo federal de policía con un solo mando. En la imagen, agentes federales preventivos resguardan vehículos en el aeropuerto de Oaxaca Foto: Blanca Hernández

Además del recién propuesto "cuerpo federal de policía", que se dividirá en cinco grandes áreas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa pretende crear gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con 20 mil habitantes o menos, dotar de independencia al Ministerio Público Federal ­pero sin policía que cumpla los mandamientos judiciales­ y establecer esquemas similares al de los alguaciles (marshall) de Estados Unidos ­en el ámbito de la prevención­ y el de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ­para persecución­, revelaron fuentes oficiales.

El planteamiento es que mientras no se aprueben las reformas legislativas que permitan la integración del cuerpo federal mencionado, la Policía Federal Preventiva (PFP) seguirá como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y la Agencia Federal de Investigación (AFI) continuará siendo dependiente del titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pero una vez que el Congreso apruebe las modificaciones que ha propuesto el gobierno de Felipe Calderón, la policía federal dependerá directamente del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.

Sin embargo, la directriz de las acciones estará a cargo de Ardelio Vargas Fosado, quien será el comisionado, y a su vez tendrá bajo su mando a cinco comisarios, cada uno a cargo de un área específica: policía ciudadana, policía auxiliar del Ministerio Público, aduanas, migración e inteligencia.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el esquema que plantea la administración federal es que la policía se convierta en un órgano único capaz de potenciar las acciones contra el crimen organizado, sin tener mandos que se disputen los logros o argumenten poseer facultades que limiten las operaciones de otras instancias, como ocurre actualmente con la PFP y la AFI.

El esquema que se pondrá en marcha, según informaron, fue diseñado por García Luna desde hace varios meses y contó con la colaboración de cuerpos policiacos como la Guardia Civil española, la FBI y la policía francesa.

La estructura de la nueva policía permitirá realizar el despliegue de elementos con capacidad de investigación y detención inmediata, pero también la integración de bases de datos únicas, que contengan tanto información de las corporaciones locales como de las procuradurías estatales, con el fin de integrar bancos de información susceptibles de ser empleados para los llamados mapas de georreferencias del delito.

Lo anterior se traduciría en labores de inteligencia, que a su vez permitirían acciones directas contra bandas de delincuentes en todos los ámbitos.

La estructura que se ha considerado establecer quedaría de la siguiente manera: las policías dependerán de la SSP federal, el mando lo tendrá el comisionado (Ardelio Vargas Fosado), bajo su tutela y supervisión actuarán cinco comisarios, uno de los cuales será el actual encargado de investigar terrorismo y grupos armados, Ignacio Nemesio Lugo.

Mandos regionales

La policía quedará dividida en cinco grandes áreas, una de las cuales realizará acciones de inteligencia y tendrá coordinación con entidades como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ­que se dedica a actividades de espionaje­ y organismos internacionales como la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la FBI e Interpol.

Los mandos se regionalizarán, al igual que la distribución de los elementos, con el fin de contar con capacidad de desplazamiento y operación, y se establecerán células de inteligencia en todo el país; para ello se potenciarán las acciones que hoy se realizan en los llamados C4, centros de control e información policiaca.

La estrategia buscará homologar la plataforma tecnológica y el uso de la misma, para que todas las corporaciones y procuradurías tengan acceso a un sistema único, así como las acciones y adecuaciones normativas para garantizar la obligatoriedad de alimentar, actualizar y auditar la información de dicho sistema, que es una de las pretensiones que se tenían en el gobierno de Vicente Fox, pero que no se logró ni a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública ni de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En cuanto al despliegue de elementos policiacos y para prevenir la infiltración de las corporaciones (como ocurre actualmente en municipios de entidades como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Nuevo León), se establecerán gendarmerías, que estarán supervisadas por efectivos militares, ya que la única instancia con capacidad de despliegue en todo el país es la Sedena.

Sin embargo, las acciones de estos grupos estarán vinculadas de manera directa con la policía nacional.

En este momento, y en tanto se aprueban las reformas impulsadas por Felipe Calderón, primero en el Congreso de la Unión y después por las legislaturas locales, la AFI seguirá dependiendo de la PGR, y la PFP de la SSP federal.

Lo anterior, con el fin de no perder legalidad, como que una policía sin facultades sea la que atienda el cumplimiento de mandamientos judiciales o impida actividades prohibidas por la ley.

Con eso se ampliarían las facultades de la PFP, que hoy está limitada a actuar sólo "en auxilio de las autoridades competentes, en la investigación y persecución de delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes que sean objeto, instrumento o producto de un delito, en aquellos casos en que sea formalmente requerida".

NOTA:Gravísimo, ya que la corrupción vuelve intocables a los malandrines, y estas medidas FASCISTAS y de un Estado policial anhelado por la derecha retrograda, solo van encaminadas a el control ciudadano, no dudamos que dentro de esta "inocente fachada" se esconda la intención de LIMITAR LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES COMO BUSH LO HA HECHO con la Carta patriótica que permite detener ciudadanos sospechosos de actividades contra el "estado". Los temores fascistas crecen con cada día que esta FANÁTICO y su camarilla de Yunqueros siguen en el poder.

IMAGENES




MAS DE PROCESO

Proceso no cederá
Daniel Lizárraga

La Comisión de Transparencia del IFE rechazó de nuevo la solicitud de Proceso para tener acceso a las boletas electorales del 2 de julio pasado, en ejercicio del derecho de información que nos garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esgrime el organismo un argumento falaz: “que la permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también de la sociedad mexicana y del orden constitucional”. Este semanario, sin embargo, no cede y apela ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que sean puestas a nuestra disposición las boletas, que son documentos públicos que no contienen datos personales de ninguna índole.



La negativa rotunda del Instituto Federal Electoral (IFE) para que Proceso tenga acceso a las boletas electorales marcadas con los votos para presidente de la República se resume en la siguiente frase: existen de por medio razones de Estado.

En el expediente de 93 páginas, los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE advierten que permitir la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, a vulnerar el orden constitucional y a poner en riesgo la integración del gobierno federal. Y en la última parte de su resolución destacan que aceptar la solicitud de acceso a la información tramitada por este semanario afectaría gravemente las funciones del Estado.

Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del gobierno federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.

La Comisión de Transparencia también arguye que si se permite el acceso a la documentación electoral se podrían vulnerar “los principios rectores de la función electoral”.

El pasado 8 de agosto, Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información ante el IFE. En uno de esos escritos se solicitaron al organismo electoral los sobres con las boletas sobrantes, así como las inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas, pero sólo las correspondientes a la elección de presidente de la República.

El 5 de septiembre, el Comité de Información del IFE, área encargada de resolver en primera instancia las demandas, rechazó la petición, con el argumento de que las boletas no son documentos públicos.

Este semanario apeló el resolutivo de la comisión del IFE, que respondió de nueva cuenta que las boletas no son documentos públicos, y añadió que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político.

“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral –respondió la comisión–, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como sus expectativas frente al Estado”.

Proceso y un grupo de académicos e investigadores presentaron un nuevo paquete de solicitudes de acceso a la información para emprender una investigación periodística con el propósito de que la ciudadanía conociera el resultado de los votos de la elección del 2 de julio. Posteriormente se sumaron a esta propuesta varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores de este semanario.

Los integrantes de la Comisión de

Transparencia del IFE consideran que el derecho de acceso a la información tiene límites. Uno de ellos consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.

Y explican en el expediente donde se rehúsan a aceptar la petición de Proceso que existe el peligro latente de restringir la libertad de expresión o de información cuando el ejercicio de la misma atente contra determinados valores públicos de importancia para la colectividad, entre los que se incluyen todos los procedimientos para la integración del gobierno.

Y sentencian: “Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también a la sociedad mexicana y al orden constitucional.”



Petición a la CIDH



El viernes 15, en la última sesión del Consejo General del IFE, sus integrantes aprobaron un acuerdo mediante el que se posterga la destrucción de las boletas hasta que concluyan en todas las instancias nacionales e internacionales los trámites de las solicitudes de recuento de votos interpuestas por Proceso, El Universal y dos ciudadanos.

Este semanario tramitó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta atraiga el caso. El argumento de los abogados de Proceso se apega estrictamente al derecho de acceso a la información pública plasmado en la Constitución. El recurso está en manos del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Así mismo Proceso, a través de una de sus abogadas, Graciela Rodríguez, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un grueso expediente en el que le solicita su intervención para que, mediante una moción suspensiva al gobierno de México, se detenga la destrucción de las boletas con los votos.

La petición ante la CIDH se hizo una semana antes de que el Consejo General del IFE aplazara por tiempo indefinido la desaparición de los paquetes electorales.



Escaneo de boletas



Dentro del IFE, un grupo de funcionarios cercanos al presidente de la Comisión de Transparencia, Andrés Albo, esgrimió la posibilidad de permitir el acceso a las boletas por medio de una amplia muestra que abarcara más de 5 millones de votos. Según la información obtenida por este semanario, se hizo una estimación del costo que tendría el escaneo de boletas para entregarlas a Proceso.

Sin embargo, fue el propio consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien se negó rotundamente a abrir los sobres con los votos. Y aunque él no tiene derecho a votar dentro de la Comisión de Transparencia, su postura es decisiva dentro del IFE.

En la misma tesitura de Ugalde estaba el PAN. A través de sus representantes ante el Consejo General, los panistas mandaron señales claras a la Comisión de Transparencia sobre su negativa a aceptar la apertura de los sobres.

En el dictamen se expone:

“Dada la naturaleza del contenido de los paquetes electorales y su naturaleza, una vez concluido el proceso electoral, dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).”

Otro argumento más:

“Existen valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituyen como una limitación legítima al derecho a la información”.

Proceso cuenta con cuatro días hábiles –a partir del momento en que sea notificado formalmente de la resolución en su contra– para presentar un recurso de impugnación ante el TEPJF.


Los “tiempos difíciles”
Jenaro Villamil

Para ser la más poderosa cadena del rubro en América Latina, que recientemente logró imponer una ley a su medida, Televisa le teme a demasiadas cosas: a la competencia, a presiones de “enemigos” indeterminados, a la intolerancia de su aliado Felipe Calderón, a sus propios ejecutivos incómodos y, como siempre, a la pesadilla de un bajo nivel de audiencia.

En su habitual brindis prenavideño, el lunes 11 de diciembre, los principales directores, vicepresidentes y conductores de Televisa escucharon de su jefe, Emilio Azcárraga Jean, la advertencia de que vendrán tiempos difíciles para la empresa ante las “presiones” de sus enemigos y de la competencia.

Sin especificar cuáles eran esos “enemigos” ni a qué presiones se refería, Azcárraga subrayó que a Televisa la sustenta un “amplio reconocimiento internacional” y que estarán preparados “para lo que venga”, según describieron a Proceso algunos asistentes a la reunión.

El empresario evadió mencionar los desplegados y declaraciones del presidente de General Electric en México, Rafael Díaz Granados, en los cuales denuncia que tanto TV Azteca como Televisa emprendieron una campaña en sus noticiarios para “obstaculizar la apertura de una nueva cadena televisiva en el país”.

Azcárraga Jean tampoco hizo alusión alguna a la serie de notas que se han difundido en su televisora y en TV Azteca, con sorprendente coincidencia de enfoques y contenidos, en los cuales se acusa de ser un “monopolio criminal” al Grupo Saba, de Isaac Saba Raffoul, socio de General Electric-Telemundo en la empresa Palmas 26, que ya presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una solicitud formal para participar en la licitación de una tercera cadena de televisión.

Mucho menos mencionó Azcárraga la reciente disputa con Disney Channel y Jetix, los dos canales de programación infantil con mayor audiencia, que desde la segunda mitad de noviembre fueron retirados unilateralmente de Sky y Cablevisión, las empresas filiales de Televisa en la modalidad de paga.

Oficialmente, Sky sólo ha informado que “ante la falta de acuerdos de negocios” decidió retirar de su programación esos dos canales pertenecientes a Disney & ESPN Media Networks. También, desde hace dos meses, retiró de Sky los noticiarios de W Radio, argumentando “problemas técnicos” que nunca han sido explicados a los suscriptores.

En forma paralela al discurso a la defensiva de Televisa, TV Azteca inició desde el 8 de diciembre una campaña para justificar sus ataques al Grupo Saba y a General Electric.

Un correo electrónico enviado a decenas de columnistas de negocios y promovido por cabilderos de TV Azteca acusa a General Electric de “imponer sus intereses” y “presionar” al gobierno mexicano. Acusa a esta trasnacional de contratar los servicios de Luis de la Calle y de Julio Madrazo para “intentar comprar voluntades en el gobierno federal”. También señala que Madrazo es “íntimo y cercano amigo” del nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.

El mismo lunes 11 de diciembre, otra serie de correos electrónicos acusa a General Electric de querer participar, “a como dé lugar”, en el mercado mexicano de televisión. Según TV Azteca, el “mecanismo de presión” consiste en “solicitar que se licite una red nacional de televisión abierta, apoyada por una intensa campaña mediática, cuando ésta es una facultad exclusiva del gobierno mexicano”.

El rechazo tajante de Televisa y de TV Azteca para abrir una tercera cadena televisiva –a pesar de que esto es un compromiso de campaña de Felipe Calderón, y no obstante que la SCT y la Comisión Federal de Competencia han señalado que hay espectro disponible– fue secundado por Gerardo González Abarca, uno de los cinco comisionados integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el organismo regulador de los medios electrónicos.

En una entrevista con el diario El Financiero, González Abarca, quien fue apoyado por TV Azteca para ocupar la posición en Cofetel, dio la siguiente explicación: “En México no se tiene experiencia en materia de licitación de frecuencias para radio y televisión; no se ha evaluado a cuánto puede ascender el precio de referencia de la contraprestación; y no hay un estudio sobre las necesidades reales de una nueva alternativa, pero sobre todo del tipo de contenidos que se debe ofrecer”.

El propio funcionario admitió ante el reportero José de Jesús Guadarrama que la apertura del proceso de licitación en el primer trimestre de 2007 fue uno de los compromisos de campaña de Felipe Calderón, pero agregó que es necesario un “estudio profundo” sobre la necesidad real de contar con nuevas opciones de radio y televisión.

González Abarca ignoró así la reciente opinión de la Comisión Federal de Competencia, que el 28 de noviembre propuso “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta mediante mecanismos de licitación pública” (Proceso 1571).



Exilio forzado



Una frase de Emilio Azcárraga que se convirtió en mandamiento desde su llegada a la presidencia de Televisa, en 1997, fue: “Todo lo que le hagan a Bernardo Gómez me lo hacen a mí”.

Vicepresidente ejecutivo de la empresa, amigo de la infancia de Azcárraga Jean e identificado como el principal operador político de Televisa, Bernardo Gómez adquirió un poder e influencia incuestionables durante el foxismo.

Gómez fue el artífice del decretazo del 12 de octubre de 2002 que eliminó el 12.5% de los tiempos fiscales, es amigo del empresario Carlos Ahumada, que detonó los famosos videoescándalos de marzo de 2004 contra López Obrador, negoció con el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel el apoyo de Televisa a sus aspiraciones presidenciales a cambio de obtener 130 permisos para operar centros de apuestas, cabildeó y presionó al PAN, el PRI y el PRD para que se aprobara la Ley Televisa y fue el anfitrión, en su casa particular en Valle de Bravo, de la pasarela de candidatos presidenciales.

Cuando Azcárraga Jean quiso imponer como directivo de Univisión a Bernardo Gómez, sus diferencias con Joe Perencchio, el socio estadunidense, provocaron que este año fracasara el intento de Televisa por adquirir en su totalidad la cadena televisiva de habla hispana más importante de aquel país.

Dentro de Televisa, el polémico protagonismo y las bruscas maneras del vicepresidente comenzaron a ser conocidos como “el riesgo Bernardo Gómez”. Su estilo provocó la animadversión de otros poderosos accionistas y socios de la empresa, como Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala, el magnate venezolano Gustavo Cisneros y José Luis Cebrián, cabeza del Grupo Prisa.

En el referido brindis del 11 de diciembre, la estrella de Bernardo Gómez se vio opacada. A diferencia de otros años, el ejecutivo sólo tomó el micrófono para referirse al premio Ondas que recibió Televisa en Barcelona por la “excelente cobertura” informativa de las elecciones presidenciales mexicanas.

El exilio forzado de Bernardo Gómez a San Diego, California, es el primer cambio importante que se perfila dentro de Televisa en el calderonismo. Así se lo confirmó Gómez al periodista Federico Arreola. El 7 de diciembre, relata éste en La Jornada, Gómez le informó que dejará de ser el responsable de “las relaciones políticas” de Televisa. “Esto ahora lo ve Emilio Azcárraga… Estaré tres semanas en Estados Unidos y una en México”.

Otras versiones señalan que la petición de trato directo con Emilio Azcárraga fue realizada por el propio Felipe Calderón en dos encuentros con el presidente de Televisa, antes y después de la toma de posesión.

“No volverán a abrir Los Pinos a patadas”, suelen presumir los asesores cercanos a Calderón, en referencia a la forma en que Bernardo Gómez mantuvo su relación con la pareja presidencial durante el foxismo.

En una extensa entrevista publicada en El País el 28 de noviembre, Gómez confirmó que trabajará en la conquista de Univisión, ya que en el control de la cadena todavía “no se ha dicho la última palabra”.

En relación con las críticas de parcialidad que se le han hecho a Televisa por su cobertura informativa, Gómez pontificó en esa misma entrevista: “No es la intención de Televisa hacer política ni poner o quitar candidatos presidenciales, pero sí de ellos el influir en Televisa para que les apoye más, siendo un medio tan poderoso y el principal del mercado de América Latina”.

Y sobre el papel de la televisión en la transición del país, Gómez subrayó que Televisa ha tenido un rol “fundamental”. “En México, desgraciadamente, la gente lee muy poco y se informa mucho a través de la televisión. En este camino hemos jugado un papel muy importante”.



“Rating” en picada



Dos días después del brindis del lunes 11, los cambios en la programación de ambas televisoras comenzaron a filtrarse y a confirmarse en la pantalla. En los noticieros, Adela Micha se va de Canal 4, la señal metropolitana de Televisa, y comenzará a transmitir en el Canal 9. En lugar de Las noticias por Adela se transmitirá una revista femenina producida por Luis de Llano.

La emisión Tercer Grado, que se ha transmitido los miércoles en Canal 2, finaliza para dar lugar a un segmento denominado “barra inteligente”. Los principales conductores de segmentos informativos de Televisa –Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Joaquín López Dóriga y posiblemente Ciro Gómez y Carlos Marín– dirigirán un espacio de análisis. Desaparece Zona Abierta, conducido por Héctor Aguilar Camín, y se prevé que José Woldenberg tenga su propio programa de análisis.

Según informes originados en la empresa, se acaba también La Parodia. Durante un encuentro con Azcárraga Jean, Calderón pidió que se suspendieran las imitaciones y chistes sobre “la institución” presidencial.

Pero más allá de las presiones y de los ajustes de mandos internos, los cambios de programación también responden a un fuerte descenso en los niveles de audiencia, sobre todo de los noticieros, tanto en TV Azteca como en Televisa. El reporte comparativo mensual de IBOPE revela, entre otros, los siguientes datos:

–Los dos noticiarios estelares de Canal 2 y Canal 13, El Noticiero con Joaquín López Dóriga y Hechos de la Noche, conducido por Javier Alatorre, registraron en octubre un descenso importante. El primero tuvo 15.2 puntos en promedio, menor a los 19.5 puntos de mayo y a los 17.7 puntos de agosto. A su vez, el noticiario de Alatorre registró 11.8 puntos en octubre, menor a los 16.6 puntos de mayo y a los 14.5 de agosto.

–Los programas de debate y análisis político también han disminuido en rating. El caso más dramático es Entre Tres, de Canal 13, que sólo tuvo 1.9 puntos en promedio en octubre. Tercer Grado, en Canal 2, pasó de 7.8 puntos en agosto a 6.4 puntos en octubre. Zona Abierta pasó de 4.8 puntos en mayo a sólo 3 puntos en octubre.

–El programa semanal de Brozo, transmitido cada viernes, registró sólo 7.8 puntos de rating en Canal 2, un nivel muy bajo para el horario, la señal y el día. Las caricaturas de El Chavo tuvieron más audiencia que Brozo: 13.8 puntos en promedio.

–Salvo las telenovelas (La fea más bella encabeza el rating con 39.8 y Mundo de fieras con 23.5), las emisiones cómicas de Canal 2 también han disminuido en audiencia: La hora pico bajó de 18.2 en agosto a 14.5 puntos en octubre. Sólo La parodia subió ligeramente, de 11 a 11.4 puntos en el mismo período.

–Las telenovelas de TV Azteca, que antes compitieron con Televisa, están en sus niveles más bajos de audiencia: Montecristo registró 14.2 puntos, Campeones 9.7 y La vida es una canción 9 puntos en octubre. En agosto, la telenovela estelar de Canal 13, Amor en custodia, llegó a 23 puntos.

HAY QUE ESTAR ATENTOS A ESTA NOTA SIGUIENTE:

Colección de denuncias contra López Obrador
Daniel Lizárraga

El gobierno de Felipe Calderón tiene en sus manos lo que podría considerarse un arma de doble filo: 34 averiguaciones previas “vivas” contra su principal enemigo político, Andrés Manuel López Obrador. La detonación de esa arma dependerá de un factor crucial: que el nuevo gobierno decida seguir adelante con la consigna de destruir políticamente al excandidato de la coalición Por el Bien de Todos, proclamado por sus seguidores como “presidente legítimo” de México.

Dos semanas después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, tuvo conocimiento de que hay 34 averiguaciones previas contra Andrés Manuel López Obrador –acérrimo opositor del panista– archivadas en la Procuraduría General de la República (PGR) y que pueden convertirse en órdenes de aprehensión.

Esos archivos, que podrían ser abiertos en cualquier momento por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, abarcan el período comprendido entre 2004 y 2006, tiempo durante el cual el tabasqueño fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, luego candidato a la Presidencia y finalmente nombrado “presidente legítimo” por sus seguidores el pasado 20 de noviembre.

De acuerdo con estadísticas oficiales enviadas por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el 43% de las averiguaciones previas contra López Obrador se iniciaron entre 2005 y 2006, mientras el político perredista recorría el país primero como precandidato y luego como aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, que conformaron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

Se desconoce si las averiguaciones se iniciaron a petición de ciudadanos sin filiación partidista o si se trata de querellas interpuestas por organismos empresariales, organizaciones vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN) o por el gobierno foxista. Esta información está protegida por la Ley de Datos Personales.

El pasado jueves 7, un día después de que el IFAI revelara, en sesión pública ordinaria, la información relacionada con las averiguaciones previas en poder de la PGR, López Obrador montó en cólera. Primero arremetió contra el periódico Reforma, al que tildó de “fascista” y “rastrero del PAN” por haber informado del asunto en primera plana el mismo jueves 7, y siguió contra Medina Mora, a quien, durante un recorrido por Durango, llamó “delincuente, integrante de la pandilla del hampa y de la mafia que domina el país. Ese señor sí es un verdadero delincuente, no los líderes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca)”.

El presidente del IFAI, Alonso Lujambio, quien se encontraba ese mismo día en aquella entidad, aclaró que los datos oficiales sobre las denuncias contra el exjefe de Gobierno capitalino son resultado de una solicitud de información sobre López Obrador realizada por el ciudadano Blas Alejo Buendía, según consta en el expediente 1825/06.

No obstante, en las 42 páginas de la resolución del IFAI –aprobada por unanimidad en sesión plenaria de miércoles 6– se observa que el Instituto puso en estrados una notificación respecto de su informe, ya que el correo electrónico que proporcionó Blas Alejo no existe.



Las clasificaciones



Las averiguaciones previas sin punto final se dividen en cuatro categorías: en trámite, en consulta de reserva, en reserva y en consulta de no ejercicio de la acción penal.

Para los comisionados del IFAI, encabezados en este caso por Alonso Gómez Robledo, el período para mantener estas denuncias bajo resguardo no puede exceder de un año –a partir del miércoles 6 de diciembre. La PGR pretendió imponerles un candado de 12 años pero no tuvo éxito.

En su análisis, los comisionados precisaron que los siguientes 12 meses son suficientes para que las nuevas autoridades decidan qué hacer con las denuncias contra López Obrador. Y adujeron que esas 34 averiguaciones previas pueden tomar un rumbo diferente si se encuentran pruebas que robustezcan las demandas contra el excandidato presidencial, o si las autoridades determinan que existen elementos suficientes y las someten al veredicto de los jueces federales.

A estas denuncias “vivas”, con posibilidades de transformarse en órdenes de aprehensión, podrían sumarse otras colocadas bajo las categorías de “acumuladas” e “incompletas”.

El IFAI ordenó a la PGR analizar los tres expedientes catalogados como “incompetencias”. En caso de que el Ministerio Público establezca que no hay sustento para llevar los casos ante un juez, entonces deberá ponerlos en manos del ciudadano que los solicitó.

Si los expedientes están “bajo reserva”, entonces podrán abrirse hasta dentro de un año.

Ese mismo criterio operará para las 24 averiguaciones previas colocadas en el rubro “acumuladas”. Según el IFAI, técnicamente podría tratarse de los mismos hechos o del mismo delito. Por ello, el Instituto pidió al Ministerio Público analizar si las averiguaciones continuarán bajo reserva por un año, con la posibilidad de incorporar más pruebas, o si por el contrario ya concluyó el no ejercicio de la acción penal.

Según el expediente, esas 24 averiguaciones previas contra López Obrador se iniciaron entre junio y septiembre de 2006, período durante el cual el tabasqueño dirigió los campamentos apostados en el Zócalo de la Ciudad de México y a lo largo del Paseo de la Reforma.



Viejas demandas



Los consejeros del IFAI determinaron en su sesión del miércoles 6 que la PGR deberá entregar sin demora –a partir del momento en que se le notifique oficialmente la resolución del Instituto– las copias de 19 averiguaciones previas que carecen de elementos para fincar responsabilidades penales contra el excandidato de la coalición Por el Bien de Todos.

Así mismo, la procuraduría deberá entregar a Blas Alejo los expedientes ya enviados a los juzgados federales, tanto en la Ciudad de México como en Villahermosa, Tabasco.

En ese conjunto de documentos se incluyen demandas interpuestas en 1976 contra López Obrador cuando lideró los bloqueos a instalaciones y pozos petroleros en protesta por la decisión del gobierno federal de autorizar la participación de la iniciativa privada en la industria petroquímica, así como para exigir indemnizaciones para más de 50 mil campesinos y pescadores afectados por la contaminación de Pemex.

Además de Blas Alejo Buendía, el presidente Vicente Fox ordenó en abril de 2004 hacer una revisión pormenorizada de estos expedientes, justo en el momento en que las autoridades pretendían retirar el fuero al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del predio El Encino.

Un agente del Ministerio Público de la PGR en Tabasco, Gonzalo Sánchez Betanzos, fue cesado por revelar esta maniobra del gobierno federal contra López Obrador.

Incluso varios diarios de la Ciudad de México reprodujeron el contenido del oficio 780, fechado el 22 de abril del 2004:

“En atención a sus instrucciones emitidas de manera verbal, por vía telefónica, me permito informarle que después de haber realizado una minuciosa revisión a los libros de averiguaciones previas y actas circunstanciadas correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se encontraron registradas las averiguaciones previas 31-96 y 28-96, AP 28-96 en las que fue solicitada la orden de aprehensión en contra del lic. Andrés Manuel López Obrador, como probable responsable en el delito de oposición a que se ejecute una obra de trabajo público en perjuicio de Pemex Exploración y Producción”.

Antes de la intervención del IFAI se conocían las dos averiguaciones previas radicadas en Tabasco, pero ahora se sabe que el gobierno de esa entidad consignó ante los juzgados 13 expedientes.

Aunque los presuntos delitos prescribieron desde 1999, los pormenores de las querellas se conocieron hasta ahora.

Por lo que concierne a las demandas presentadas contra López Obrador en la Ciudad de México, sólo una era pública: la orden de aprehensión contra el exjefe de Gobierno capitalino por el caso El Encino. No obstante, suman 65 las averiguaciones previas contra López Obrador, de las cuales 33 aún no concluyen, así como una radicada en Guadalajara, Jalisco.

La PGR admitió que en sus archivos tiene registradas 79 denuncias contra el excandidato presidencial desde 1996 hasta el 2006. De ellas, 34 no tienen punto final, según se desprende de la resolución del IFAI.


PARA DESPRESUPUESTAR NUESTRO OPTIMISMO

1

HISTORIA DE UNA ENTREVISTA QUE NAUFRAGÓ COMO EL TITANIC VUELTO CHINAMPA

Declarante: “–Qué bueno que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le redujeron los ingresos para 2007 en el proyecto económico de Felipe Calderón Hinojosa. Creo que no podemos seguir inyectando dinero a la educación si no tenemos resultados académicos de los estudiantes que sean loables; debemos tener una evaluación... – decía el panista cuando un reportero lo interrumpió para comentarle:

–La UNAM está en el ranking de las 100 mejores del mundo y la mejor de América Latina, y de todos modos le recortaron el gasto.

–Oiga, ¡y qué bueno! ¿Y sabe usted que, por ejemplo, la norma mínima de calificación aprobatoria es de cinco, y si usted saca cero la mínima es de cinco? Claro, ¡oiga!, es muy grave, y eso es lo que tengo enterado (Tengo enterado, dice el Sic antes de extraer el Cero que se dice “y eso es de lo que estoy enterado”. Afirmado lo anterior, el Sic le otorga la respiración artificial al 6).

–El cinco es cinco y es reprobatorio –le aclaró una reportera.

LO QUE VIENE ES BRILLANTE COMO LA VIDA

–Por eso, nada más que, espéreme, si usted saca cero le ponen cinco, y el promedio mejora muchísimo con ese tema (Lo que no mejora, porque ya falleció, es la lógica del declarante. La R.). Repito, la educación es un tema muy valioso, muy importante (se ríe), de veras, chéquelo.

–Entonces, ¿que desaparezcan las universidades públicas?

–-No, ¡oiga!, no se trata de radicalismo.

–-¡No!, yo le estoy preguntando –-respondió otra reportera.

–O sea, es día o es noche, ¿no puede haber mediodías? (Sí pueden darse pero con usted tendrían que oscurecer. La R., ya francamente divertida.)

–-Entonces, ¿nada más los del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México, -privado) tienen capacidad?

-–No, repito, el ITAM no es una universidad que reciba subsidio público (Le preguntaron otra cosa, mi estimado. La R.).

-–¿Qué van a hacer con las universidades públicas que no tienen calidad? ¿Desaparecerlas, impulsarlas, en qué se piensa?

-–Tenemos que buscar algún mecanismo para evaluar la calidad de los estudiantes al salir (Esto se ve difícil, porque el sector federal es el de la educación privada. La R.). Ustedes lo saben muy bien, hay jóvenes que pasan la primaria, la secundaria, y su educación no es lo más adecuado posible, no es de acuerdo con el promedio que quisiéramos tener dentro de México, ésa es la verdad (La verdad es que el declarante tiene el promedio que exige a la clase gobernante. La R.).

POR UNA VEZ, POR FAVOR, RESPONDA A LO QUE SE LE PREGUNTA

-–Entonces, ¿se propone que sólo habrá dinero para alumnos de excelencia?

-–Creo que la educación es un tema que debemos cuidar, pero no es el único que hay en la palestra para analizar.

-COMO EL DECLARANTE NO QUIERE RESPONDER SINO LEVITAR, CONSIGAN UN ABOGADO PARA QUE DECLARE EN TRIBUNALES

–¿Y en el tema de los banqueros, diputado?

-–En el tema de los banqueros, ¿en qué? –-reviró.

–-Se trata de 27 mil millones los que se consideran para el rescate bancario -–se le insistió.

–-Bueno, pues eso, otra vez, tendremos que evaluar cómo está presentado dentro de todas las fracciones, y vamos a ver qué vamos a hacer de modificación (Sic que se ahoga).

-–Y ahí sí no hay peros, ¿verdad?

-–No es que no haya peros, es que todo tenemos que evaluarlo. Este es un proyecto que está presentando el Ejecutivo, donde el cuerpo legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tiene que estar analizando.

- FINAL APASIONADO EN DO DE PECHO

–Yo soy egresado del Tec de Monterrey.

–-¿Y sus hijos, estudian en escuelas públicas?

-–Estudian en escuelas privadas, y me encantaría que todos estudiaran en escuelas que tuvieran mejor capacidad.”

Raúl Alejandro Padilla Orozco, diputado panista y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nota de Roberto Garduño, La Jornada, 9 de diciembre de 2006.

SECCIÓN (CON MÚSICA DE “LA CUCARACHA”): LA MANO DURA, LA MANO DURA, YA NOS QUIERE GOBERNAR...

2

¿Y QUÉ ES “LA PAZ SOCIAL”?/ ¿Y TÚ ME LO PREGUNTAS, SUBVERSIVO?

“–Una de las prioridades del área a mi cargo es que el país tenga el menor volumen o número de movimientos que alteren la paz social.

–¿Qué postura asumirán cuando se reúnan con la comisión de la APPO, la cual pide la liberación de presos y la cancelación de órdenes de aprehensión?

–La ley no se negocia (Tampoco se improvisa o se usa como cuadrilátero de box. La R.). Si en algunas cuestiones tienen razón, se les dará. No nos cuidaremos políticamente, venimos a despeinarnos para hacer cumplir la ley (¿Cómo que no se van a cuidar políticamente? ¿Se van a descuidar intencionalmente? ¿No valdría la pena un poco de gel? La R. que prosigue por su cuenta la metáfora). Ese calificativo de mano dura no debería confundirse con el cumplimiento del estado de derecho a toda costa (Sic que le da la vuelta a la manzana para saber qué es “a toda costa”), porque hoy los mexicanos demandan que la ley sea algo donde te puedas recargar, puedas descansar tranquilo” (La ley es una pared mañosa y muy cerca de la esquina).

Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Abraham González. Nota de Fabiola Martínez La Jornada, 8 de diciembre de 2006.

3

POR ESTADO DE DERECHO ENTIÉNDASE LO QUE AL IDEARIO TESTICULARIO SE LE HINCHE

“Respaldamos la mano dura con que el nuevo gobierno panista ha actuado en Oaxaca, ya hacía falta restituir el estado de derecho en la entidad. No tienen importancia (las denuncias que organismos civiles nacionales e internacionales, así como representantes de la Iglesia católica y de la comunidad cultural del país han hecho sobre la violación de los derechos humanos de los detenidos, muchos de los cuales, se asegura, no pertenecen a la APPO). Hay que dejar que la justicia tome su curso, se hagan las investigaciones pertinentes y si, efectivamente, se arrestó a gente que no tenía ninguna culpabilidad, se castigue a los funcionarios que lo hayan hecho (Y el tiempo en la cárcel y las consecuencias de todo tipo a los injustamente detenidos, que se los restituya Darth Vader. La R.). Esas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a veces defienden en forma muy enfática a los criminales (¿Podría citar un solo ejemplo, mi buen? La R.), y en Oaxaca vimos actos criminales y faltas a la ley: ahí están las imágenes de propiedad privada, comercios y bancos quemados, y el abuso de la APPO que convirtió en un estado de sitio la ciudad de Oaxaca (¿Está usted seguro, pruebas en la mano, de que los detenidos son los responsables? ¿Exculpa usted, como lo hace enfáticamente, a Ulises Ruiz, su policía y sus paramilitares? ¿Podría decirnos qué día va a presentar sus pruebas? La R.). Realmente hay que actuar con mano dura cuando la situación llega al grado que llegó, y bendito sea que ya se dio”.

Lorenzo Ysasi, presidente de la Concanaco Servytur en la Ciudad de México. Nota de Miriam Posada, Susana González y Eduardo Martínez, La Jornada, 8 de diciembre de 2006.

4

NO VENGO A PEDIR ERRORES, YA NO ACEPTO

MIS DISCULPAS

“–¿Usted ofreció disculpas?

–Vine a dialogar respetuosamente con ellos, no tengo pleito con ellos, he reconocido la institucionalidad con la que ha actuado el grupo parlamentario del PRI.

–¿Ratifica las declaraciones de Emilio Gamboa, en el sentido de que ellos (los priistas) salvaron la patria al permitir que el señor Calderón... –interrumpe la pregunta Jorge Zermeño.

–No haré más comentarios. Yo reconocí que el día primero de diciembre la actitud responsable de los legisladores del PRI fue lo adecuado; por supuesto que contribuía (esa bancada) a dar el quórum que hacía falta, fue una actitud de respeto a la Constitución y una actitud constitucional.

–Señor, ¿reconoció usted errores?, ¿usted le pidió perdón a los priistas?

–No vine a pedir perdón a nadie, vine a dialogar con respeto para todos.

Jorge Zermeño Infante, presidente de la Cámara de Diputados, luego de dialogar con respeto con los priistas. Nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 8 de diciembre de 2006. (La vocera del PRI Beatriz Pagés dio otra versión: “Estuvo bien, vino el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, a presentar una disculpa muy sentida al grupo parlamentario del PRI... Debemos reconocer, vino con una actitud muy sencilla, humilde, cooperativa, para pedir sentidas disculpas.”)

5

TIENE RAZÓN. LAS PREOCUPACIONES ÚNICAMENTE

SE DEMUESTRAN DEJANDO HABLAR AL CORAZÓN

(A VER QUIÉN LO TRADUCE)

“Una de las preocupaciones del presidente Felipe Calderón es la educación, pero esto no necesariamente tiene que verse reflejado en el presupuesto”.

Diputada local del PAN Celina Saavedra. Nota de Gabriela Romero Sánchez, La Jornada, 9 de diciembre de 2006.

6

EN LO OSCURITO EL MEZCLARSE ES MÁS BONITO

(AUNQUE TAL VEZ MENOS CRISTERO)

Carlos Loret de Mola (CLM): “¿Cómo le va? Buenas tardes. Ahora sí que el “Caballo Negro” se va al campo.

Declarante (D): Una aclaración ahí, nunca decliné, como buen cristero en la raya morimos, pero no decliné en la contienda interna, hasta el final la topamos. A tus órdenes.

CLM: ¿Cómo ha estado últimamente, qué ha hecho?

D: En el Senado, los últimos tres meses estuve ahí aplicándome en todos los trabajos muy contento. Tengo todavía la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que sirvió para empezarle a agarrarle mucha información.

NO SE DEFIENDA, COMPADRE

CLM: ¿Ya sabía que por ahí podía venir el golpe, o por qué escogió esta comisión?

D: No, simplemente porque en el PAN definimos que nos teníamos que meter más a áreas en donde pocas veces nos habíamos metido, en este caso concreto a la educación, con los maestros, a los sindicatos, a los campos; son asuntos que el PAN históricamente no ha tocado a fondo y quiso entrarle a ese asunto para trabajar más directamente.

CLM: En el gabinete económico panistas, ninguno.

D: Yo creo que hemos superado eso ya, no sé cómo lo percibas pero ya no es tan recalcitrante esta situación de que eres puro y casto y que no se pueden tomar de la manita... en fin.

CLM: Todo se resuelve en el cine cuando apagan la luz.

D: Más o menos.”

Alberto Cárdenas Jiménez, nuevo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Grupo Radiópolis, 9 de diciembre de 2006.

7

ESA PALABRA ES SUFICIENTE. ES UN COCTEL DE ESPERANZAS, UN INHIBIDOR DE ANGUSTIAS, UN ANTIRRETROMORAL

“En términos de etiquetados no hay una línea directa que diga ‘compra de antirretrovirales’, sino que éstos ya pasan a ser parte de lo que se cubre con el fideicomiso de gastos catastróficos que tiene el Seguro Popular (Y si la argumentación resulta catastrófica, no tiene mayor importancia. La R. de la transcriptasa reversa). Ahorita, lo único que se tiene es la palabra del secretario de Salud, José Ángel Córdoba, de que no va a haber desabasto y que están destinados los fondos”. (¡Por éstas!)

Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Salud, al justificar la inexistencia de un rubro presupuestal para la compra de medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH-sida. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 12 de diciembre de 2006.

Autonombramiento: CM. Selección de textos: JV.

DE PROCESO:

Al amparo castrense
Jorge Carrasco Araizaga

Ante su cuestionada legitimidad, los primeros actos y discursos de Felipe Calderón al asumir la Presidencia de la República se concentraron en las Fuerzas Armadas, a las que, en contra de su política de “austeridad”, les anunció considerables aumentos de sueldo y mejorías en prestaciones. Se rodeó, además, de jefes castrenses que, entrenados en la Escuela de las Américas y en la lucha contra el narcotráfico, respalden sus acciones de fuerza a pesar del “costo de vidas humanas”. E inclusive su secretario de Marina dio claras muestras de haber recibido el mensaje: “Estamos convencidos –dijo al presidente constitucional– de que el ejercicio de la autoridad obtenida debe imponerse”.

Débil en su legitimidad, el presidente Felipe Calderón se abraza a las Fuerzas Armadas. Con su decisión de aumentar los ingresos del Ejército y la Marina, hizo más que responder a una vieja demanda desoída: empezó a construir una base real de apoyo entre los militares ante las acciones de fuerza de su gobierno.

Pero a cambio de aumento en su presupuesto, los involucrará cada vez más en labores de seguridad pública, reforzando la tendencia de los últimos dos sexenios de transferir soldados y marinos a ese tipo de labores.

Al igual que sus antecesores Ernesto Zedillo y Vicente Fox, Calderón recurrió al Ejército y la Marina para incrementar la fuerza de la Policía Federal Preventiva. Y el pasado 13 de diciembre anunció la transferencia a la PFP de 10 mil soldados y marinos –7 mil 500 miembros de la Policía Militar y 2 mil 500 de la Marina–. Un paso más a la militarización de la seguridad y aun de la procuración de justicia lo dio la noche del viernes 15, cuando la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública anunciaron en forma conjunta la unificación del mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la PFP.

El nuevo responsable será Ardelio Vargas Fosado, hasta entonces jefe del Estado Mayor de la PFP en donde coincidió con Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública y director de la AFI en el pasado gobierno. Vargas Fosado, que tiene escasa experiencia de mando policial, también formó parte en el Cisen del grupo de su entonces director Eduardo Medina Mora, quien después fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública hasta que Calderón lo designó titular de la PGR.

La unificación de mando significa que una sola persona será la responsable de las acciones de seguridad pública a cargo de los militares de la Federal Preventiva y de la investigación ministerial y ejecución de órdenes de aprehensión a cargo de civiles.

A menos de dos semanas de haber iniciado su sexenio, dejó en claro que no fue gratuito que dedicara su primer acto de gobierno a las Fuerzas Armadas.

Y es que, al retomar una vieja costumbre del México posrevolucionario en la que los presidentes dedicaban un discurso a los militares, les anunció un aumento de sueldo en medio de los recortes a la administración pública, desayunó con ellos y les prometió ayuda en vivienda y reconstrucción de sus colonias en el país.

Pero al mismo tiempo se rodeó de jefes castrenses dispuestos a “imponer el ejercicio de la autoridad”, entre ellos generales formados en la Escuela de las Américas que el Ejército de Estados Unidos tenía en Panamá y que los instruyó en conflictos de baja intensidad y guerra irregular.

Además, junto con el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, integró el mando operativo del Ejército con militares que en su hoja de servicios cuentan con una amplia experiencia en actividades contra el narcotráfico, como jefes uniformados y en la Procuraduría General de la República (PGR).

A cambio de la mejoría en sus haberes, Calderón pidió a los militares involucrarse de lleno en tareas de seguridad pública, más allá de sus labores en seguridad nacional, y les advirtió que hará uso de la fuerza “a pesar del costo de vidas humanas”. Su propósito fue presentarse desde el principio como un gobernante fuerte.

“Lo primero que hizo fue dejar en claro que está decidido a ser un presidente activo en su relación con las Fuerzas Armadas, y que si es necesario activar la fuerza durante su gobierno, lo hará. Pero en su afán de mostrarse como un presidente fuerte, corre el riesgo de convertirse en un gobernante autoritario”, advierte Guillermo Garduño Valero, académico del Ejército y la Marina mexicanos.

Desde los primeros minutos del 1 de diciembre, en la ceremonia realizada en Los Pinos para que su antecesor, Vicente Fox, se despojara de la banda presidencial, Calderón mandó su primer mensaje sobre el uso de la fuerza al tomar protesta a su gabinete de seguridad.

Con excepción de Eduardo Medina Mora –quien no sería ratificado por el Senado como titular de la PGR sino hasta el pasado jueves 7–, Calderón tomó juramento constitucional a sus secretarios de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; de la Defensa, general Guillermo Galván Galván; de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Horas más tarde, en su primer discurso a la nación después de su caótica toma de posesión en el Congreso, habló de “un programa de seguridad” que deberán poner en marcha esos secretarios, y de la pérdida de vidas cuando se ejecute.

“Con esos actos, Calderón quiere demostrar que está dispuesto a usar la fuerza. Y si es necesario activarla, lo va a hacer”, considera Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor en el Colegio de Defensa de la Sedena y en el Centro de Estudios Navales de la Marina.

El inusitado lenguaje de Calderón en materia de seguridad confirma que está desplegando una estrategia para convertirse en un líder fuerte. Y por eso Garduño, historiador de las Fuerzas Armadas mexicanas, subraya que, al dedicar sus primeros actos de gobierno a los militares, más allá de las ceremonias de cambio de gobierno, Calderón se visualiza ya como un dirigente que “debe ser activo”. Así actuó para ganar la candidatura del PAN y luego la elección presidencial. Ahora reafirma esa conducta con el propósito de afianzar su respaldo. Y para ello –asegura– cuenta con la fuerza.

Pero Garduño previene que en su ánimo de anticipar situaciones, ampliar su legitimidad y superar a la izquierda, Calderón puede acabar en el autoritarismo: “Hay muchas experiencias en América Latina de hombres que llegaron muy débiles a la presidencia y después fueron gobernantes tremendamente fuertes, pero profundamente autoritarios. Es el caso del general Juan Domingo Perón en Argentina y más recientemente el de Alberto Fujimori en Perú”.

El Ejército y la Marina, añade, serán dos de sus principales soportes. Por eso su acercamiento desde el primer momento en que asumió la Presidencia. “No hay que olvidar que el Ejército tuvo la custodia de la banda presidencial desde los primeros minutos del 1 de diciembre”, anota.

Horas después, en el Campo Marte, Calderón retomó una tradición de los presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas –todos ellos generales– al arengar a la tropa el día de su toma de posesión. Garduño explica que luego del general Cárdenas, el discurso fue sustituido por la parada militar que se realizaba en el Zócalo de la Ciudad de México. Así se hizo hasta el último presidente del PRI, Ernesto Zedillo.

Fox cambió esa tradición y sólo hizo revisión de tropas en el Campo Marte, pero sin ofrecer un discurso. Calderón, en cambio, aprovechó para anunciar el aumento de sueldo a los soldados y marinos y mejorar sus condiciones de vida:

“Sé que cumplen con el deber de servir a la patria a pesar de las difíciles condiciones que tienen para sacar adelante a su familia. Sé bien que con el ingreso que tienen es difícil proporcionarle a los suyos una vida digna.

“Por eso les digo que seré un presidente que se ocupe de sus soldados y sus marinos, que trabajaré junto con el Congreso para atender sus condiciones de vida, porque sé muy bien que es la hora de velar por la tropa.”

Un adelanto del anuncio lo había hecho poco antes en el Auditorio Nacional, en su discurso de toma de posesión: “Ordeno a los secretarios de Marina y Defensa… velar para que se mejoren cuanto antes, y en la medida en que el Congreso lo disponga, la condición humana y familiar de los soldados y marinos de México”.

En un hecho inédito al arranque de las administraciones recientes, Calderón acudió el sábado 2 de diciembre al Colegio Militar a un desayuno con la alta oficialidad del Ejército y la Marina. Allí anunció que, a partir del próximo año, sus elementos tendrán un incremento salarial y mejores prestaciones para la adquisición de viviendas.

Y, en forma contraria a la austeridad que anunció para la mayor parte de las dependencias de la administración pública federal, dijo que ese aumento forma parte del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que entregó a la Cámara de Diputados. “Así mismo, tomaremos decisiones para mejorar las condiciones de las colonias y unidades habitacionales militares”.

En su propuesta de presupuesto, Calderón prevé un incremento de 16.1% a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de 13.9% a la Secretaría de Marina. En caso de que la Cámara de Diputados lo apruebe, la Sedena pasará de 26 mil millones a 32 mil millones de pesos, mientras que la Marina irá de casi 10 mil millones a poco más de 11 mil millones de pesos.

“Firmeza” en la “transición”



“El presidente Calderón pudo haber hecho los aumentos sin anunciarlo, pero el propósito era enviarle un mensaje a la tropa, que ya está harta porque gana menos que la policía judicial o la de seguridad pública, pero también porque muchos militares de las más bajas graduaciones votaron por el otro”, dice a Proceso un coronel en activo en alusión a López Obrador.

Garduño pondera el peso del voto militar porque no todos los 200 mil miembros de las Fuerzas Armadas acuden a las urnas, además de que se trata de un sufragio fragmentado; aunque reconoce que en 1988 sí hubo una marcada preferencia electoral hacia Cuauhtémoc Cárdenas. La principal molestia entre la tropa, dice, tiene más que ver con sus bajos ingresos, porque es demasiado el riesgo que corren para tan poca paga. El resultado es un ejército de desertores: más de 90 mil en los últimos años, según Garduño.

Hasta el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, el incremento salarial de los militares se anunciaba cada 1 de septiembre, en el informe presidencial. Y prácticamente durante todo el cuarto de siglo pasado, asegura el investigador, los aumentos no se anunciaron.

Pero ahora, a cambio de los incrementos –que no abarcan a los altos mandos–, Calderón pidió a los militares respaldo para las eventuales acciones de fuerza que decida emprender: “Ante la compleja transición por la que atraviesa el país”, les dijo, es necesario actuar con “firmeza y determinación”.

En su intensa labor de acercamiento con los militares, el martes 5 Calderón pidió a los presidentes de las comisiones de Defensa y Marina de la Cámara de Diputados reunirse con él en Los Pinos.

En el encuentro estuvo el diputado por Veracruz José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina y militante de Convergencia por la Democracia, uno de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista que desconoce a Calderón como jefe de Estado.

Como presidente de la Comisión de Defensa participó el diputado del PAN por Campeche, el general retirado Jorge Justiniano González Betancourt. También estuvieron el general Galván Galván y el almirante Saynez Mendoza, lo mismo que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero.

En la reunión, Calderón les informó que, en promedio, el aumento para la tropa del Ejército significará que, de poco más de dos salarios mínimos que recibe, pase a tener casi 3.5 salarios mínimos. La propuesta es que la percepción se eleve de 3 mil 865 a 4 mil 600 pesos. Y en el caso de los marineros, la intención es que su sueldo –que hoy es de 3 mil 897 pesos– crezca en una proporción similar, dijeron los diputados a este semanario.

Según Del Río Virgen, Calderón se propone que en los próximos tres años sean homologados los salarios, nombramientos, categorías y mandos de la Sedena y la Marina.

De ser aprobada la propuesta presupuestaria de defensa, Calderón se ganará el apoyo de soldados y marineros, pero al mismo tiempo facilitará la adhesión al PAN de militares retirados. De acuerdo con González Betancourt, un grupo de ellos pretende crear una organización adherente a ese partido, como lo hizo el PRI con la asociación Leandro Valle.

La mejoría de los ingresos de las Fuerzas Armadas servirá también a Calderón para granjearse otros apoyos políticos, pues a su opositor de Convergencia le prometió recursos para el gobierno de su estado. Le ofreció devolver al gobierno de Veracruz –en poder del PRI– los 160 millones de pesos que gastó para la construcción de la base de mantenimiento de helicópteros de la Marina.

Pero, sobre todo, Calderón ampliará su margen de acción frente a las Fuerzas Armadas, caracterizadas por su institucionalidad. El 30 de noviembre, cuando aún como presidente electo dio a conocer sus nombramientos, los nuevos comandantes de la Marina y el Ejército no sólo expresaron la tradicional lealtad militar al poder civil, sino en particular su respaldo a las decisiones de fuerza que adopte.

El general Gaytán refrendó la “absoluta lealtad” del Ejército y la Fuerza Aérea al presidente; anunció que, además del combate al narcotráfico y a otras manifestaciones de la delincuencia organizada, la Sedena se dedicará en esta administración al “acotamiento de los grupos armados”. Y, de salida, le dijo que esa fuerza ejecutará las acciones en materia militar “que usted determine”.

El almirante Saynez Mendoza, en su expresión de lealtad por parte de la Armada, aseguró que “está en juego la seguridad nacional”. Y mostró lo que desde la Marina será el sello de este gobierno: “Estamos convencidos de que el ejercicio de la autoridad obtenida debe imponerse”.

Encabezados por el general Galván, los hombres fuertes en el Ejército para “contener a la guerrilla” y enfrentar al narcotráfico serán el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), y el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, subjefe operativo del EMDN.

Gaytán, quien fue uno de los cuatro generales ascendidos a divisionarios el pasado 20 de noviembre por el saliente Vicente Fox, es ahora el segundo hombre más importante en la Sedena. Una de sus tareas será la contención de la guerrilla en el país, para lo cual fue instruido en Panamá, en la ya desaparecida Escuela de las Américas, donde el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos lo capacitó en conflictos de baja intensidad.

En 1994 fue comandante en Monte Líbano del agrupamiento “Gaytán”, uno de los 12 grupos creados especialmente por el Ejército para enfrentar el conflicto armado en Chiapas y que se congregaron en lo que se llamó la Fuerza de Tarea Arcoiris.

Otra de sus labores relevantes será el combate al narcotráfico. Desde la década pasada ha sido uno de los principales encargados de esa tarea, tanto en el Ejército como en la PGR. En la PGR fue el encargado de las operaciones de intercepción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) cuando el procurador era Jorge Madrazo. La FEADS desapareció en el sexenio pasado, infiltrada por el narcotráfico.

Su brazo derecho en esta área será el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, quien a lo largo de más de una década ha estado involucrado en acciones contra el narcotráfico. Trabajó al lado de Herrán Salvati en el Instituto de Combate a las Drogas, desparecido también por infiltración del narcotráfico.

Hasta su nombramiento como subjefe operativo del EMDN, era el comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, adonde había llegado apenas en octubre en sustitución del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien tuvo que salir de la zona al ser amenazado de muerte por narcotraficantes.



Operativo teatral
Ricardo Ravelo

Tan espectacular como probablemente ineficaz, la Operación Conjunta Michoacán, ordenada por Felipe Calderón para contener la ola de violencia en su estado natal y desarticular las bandas de narcotraficantes que operan ahí, constituye también una medida propagandística. Según expertos consultados por Proceso, el macro operativo antinarco busca conferirle “legitimidad” al nuevo presidente de la República ante una sociedad que todavía ve con incredulidad su desempeño.

La Operación Conjunta Michoa-cán –anunciada el lunes 11 para exterminar a los cárteles de la droga afincados en esa entidad y detener la ola de violencia asociada a esas organizaciones delictivas– no busca en los hechos acabar con el narcotráfico, ni mucho menos frenar el suministro de droga que entra al país por el Océano Pacífico, en particular por las costas michoacanas; “es una medida mediática y bastante espectacular” con la que Felipe Calderón sólo persigue un objetivo: legitimarse como presidente de la República, afirman José Luis Piñeyro y Luis Astorga, especialistas en temas de seguridad nacional y narcotráfico, respectivamente.

Sin precedente como acción inicial de un sexenio, el despliegue policíaco y militar en Michoacán –que movilizó a 6 mil 954 elementos, entre policías, marinos y militares– es también una medida política que, según los expertos consultados por Proceso, contiene varios mensajes dirigidos al narcotráfico y a los adversarios de Calderón: que este gobierno sí instrumentará una política antidrogas y que habrá coordinación entre las distintas fuerzas responsables de combatir el narcotráfico, lo que no logró Fox durante su gobierno. De paso, Calderón persigue “alcanzar legitimidad” ante una sociedad que aún lo ve con incredulidad al menos en el terreno del combate frontal al tráfico de drogas, pues durante su campaña el tema no fue una prioridad.

Durante el gobierno foxista, los miembros del cártel de Sinaloa, quizá los más viejos en el negocio, reforzaron sus posiciones en casi toda la República, lo mismo que el cártel de Juárez, cuyos miembros son exsocios y viejos conocidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en el capo más buscado durante el llamado gobierno del cambio. Ante el fracaso gubernamental para capturarlo, brotaron signos de que las fallas del gobierno en realidad se traducían en una bien organizada protección, por lo que Guzmán Loera fue llamado El Capo del Sexenio.

Vicente Fox arrancó su gobierno, en diciembre de 2000, con las redes del cártel de Juárez infiltradas en la PGR y en el Ejército, pues habían penetrado sus estructuras a partir del sexenio de Ernesto Zedillo (Proceso 1564) cuando desde la Secretaría de la Defensa Nacional se pretendió negociar con ese cártel para que el capo Amado Carrillo pudiera operar con libertad el negocio de las drogas.

A diferencia de los gobiernos de Zedillo y de Vicente Fox –que recibieron un país con el narco más o menos controlado–, Calderón inició su gestión como presidente cargando a cuestas una herencia sangrienta: existen unas 3 mil ejecuciones sin investigar –más de 500 de esas muertes se registraron tan sólo en Michoacán– y frecuentes choques entre sicarios, signo de la abierta disputa por los territorios.

Un ejemplo: Hace poco menos de un mes, en esa entidad –tierra natal del presidente Felipe Calderón –hizo su aparición, mediante la publicación de sendos desplegados en los diarios La Voz de Michoacán y El Sol de Morelia, una organización autodenominada La Familia, identificada por la Procuraduría General de la República (PGR) como una extensión de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.

Afincados en Michoacán desde tiempo atrás, tanto el cártel de Sinaloa como el del Golfo se empezaron a disputar el control del estado. Ambos grupos criminales tendieron sus redes en los 113 municipios de la entidad. Los enfrentamientos fueron mayores en Lázaro Cárdenas. La razón: el control de esa terminal portuaria –puerta de entrada hacia el Pacífico– por donde arriba la mayor parte de la droga proveniente de Venezuela y Colombia.

Un dato: tres días antes del despliegue militar en Michoacán –que en realidad inició el viernes 8– en esa terminal portuaria se descubrió un cuantioso cargamento de pseudoefedrina: 19.7 toneladas procedentes de China, lo cual aceleró la puesta en marcha de la operación, dijo el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

Michoacán, Guerrero y Jalisco conforman un triángulo en permanente disputa por parte de los cárteles de Juárez, Sinaloa, Milenio y del Golfo, los cuales han tendido amplias redes con el apoyo de un buen número de policías, tanto federales como locales, que les sirven de escudo no sólo para sus grandes operaciones de trasiego, sino para vigilar sus centros de venta de droga al menudeo.

De acuerdo con un informe del grupo GIZ (Grupo de Inteligencia de Zona), al que este semanario tuvo acceso, esos cárteles son responsables de la guerra en Michoacán, la cual ha cobrado visos de espectacularidad y horror por la degollación de varios rivales de La Familia y de Los Zetas. La lucha entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo, por ejemplo, arreció en la recta final del gobierno de Fox –según el GIZ– presuntamente para “forzar una negociación” con el nuevo presidente de la República, Felipe Calderón, quien es oriundo de ese estado (Proceso 1569).

La respuesta gubernamental fue casi inmediata: once días después de haber tomado posesión como presidente de México, Felipe Calderón instrumentó la Operación Conjunta Michoacán para frenar la violencia, desarticular a los cárteles de la droga y ejercitar unas 300 órdenes de aprehensión contra igual número de presuntos narcos; entre otros, los hermanos Valencia, cabezas del llamado cártel del Milenio; Joaquín El Chapo Guzmán –socio de Los Valencia– Los Zetas, y varios miembros de La Familia, enclave del cártel del Golfo.

Desde el lunes 11 llegaron a Michoacán cerca de 7 mil efectivos, entre policías, marinos y agentes federales; desde ese día, en el estado sobrevuelan 19 aviones, 38 helicópteros y tres patrullas de intercepción aérea; al mismo tiempo, cerca de 200 kilómetros de costas son vigiladas por una patrulla océanica apoyada por un helicóptero; las carreteras del estado son vigiladas con 246 vehículos; se colocaron 27 puntos de revisión carreteros y se pusieron en operación tres detectores de rayos gamma. Un total de 131 bases de operaciones militares fueron desplegadas para erradicar plantíos de droga, el segundo problema más grave del estado después de la violencia.

Al justificar el operativo, el general Alonso Garrido, comandante de la 43 Zona Militar, dijo que a esta región le corresponden 16 municipios, y en todos –reconoció –hay enervantes. Se trata de las demarcaciones más socorridas por los narcotraficantes para el cultivo de mariguana y amapola; entre ellas Apatzingán, Aguililla, Lázaro Cárdenas, Aquila, Tubiscatío, Coalcomán y Arteaga.

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, conoce bien la radiografía del narco en la entidad, pues fue jefe de la Zona Militar estatal durante el gobierno de José Tinoco Rubí.

Aunque la PGR supuestamente mantuvo en forma permanente la erradicación de cultivos ilícitos en el país –sobre todo en Michoacán –durante el operativo elementos del Ejército descubrieron mil 100 hectáreas sembradas de mariguana, las cuales eran protegidas por un grupo de gente armada.

–Si se descubrió este sembradío de mariguana tan extenso, ¿cómo se explica su existencia? ¿Por qué no se destruyó antes si la PGR mantenía una campaña permanente de erradicación? –se le pregunta al investigador Luis Astorga, quien responde:

–Creo que la administración de Fox le dio prioridad a la captura de las cabezas importantes de las organizaciones. A la captura de Osiel Cárdenas, de Benjamín Arellano…Cumplió con una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos. La apuesta fue detener a esos cabecillas con la esperanza infundada de que así se iban a desarticular las bandas que dirigían.

“En el resto de la tarea contra el narcotráfico, en la administración de Fox hubo falta de voluntad para atacar el problema y fue evidente la desarticulación en el gabinete, lo cual fue tan grave que daba la apariencia de que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Creo que este operativo en Michoacán en parte busca marcar las diferencias con el anterior gobierno”.

Además del rastreo de droga y el sellamiento de las costas michoacanas, otro objetivo anunciado por el gabinete de seguridad es ejecutar unas 300 órdenes de aprehensión contra grupos de narcotraficantes, entre ellos los hermanos Valencia Cornelio, cabezas del cártel del Milenio.

Según datos confirmados en la PGR, desde abril de 1999, la Sedena cuenta con informes sobre las operaciones del cártel del Milenio en Michoacán. En 1999, agentes federales detuvieron a Gilberto Garza García, El Güero Gil, pieza clave del cártel de Juárez en el sureste del país.

Este personaje, según los informes de la PGR, fue el primero que aportó información sobre el cártel del Milenio y de los hermanos Valencia cuando en los expedientes criminales tanto de la PGR como de la Sedena no tenían registros de su existencia. Garza García declaró cómo operaban los Valencia estando internado en el Hospital Militar.

En ese tiempo, los Valencia ya eran importantes en el tráfico de drogas: introducían 150 toneladas de cocaína mensuales en barcos atuneros. Después, el colombiano Gino Brunetti confirmaría lo dicho por Garza García ante la PGR. Pero hasta ahora sólo Armando Valencia, El Maradona, está preso en La Palma.

Sin modificaciones mayores en su estructura, el cártel del Milenio sobrevivió a las acometidas de otros cárteles: estuvo relacionado, tiempo atrás, con el cártel de Tijuana, pues sus cargamentos cruzaban por Baja California Sur; luego se ligaron al cártel de Sinaloa, grupo que les permitió sobrevivir, mas no extender sus dominios a otros estados.



Preocupaciones



A pesar de que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que la lucha contra el narco será larga, operativos como el actual sólo tienen efectos disuasivos: no van al fondo del combate al narcotráfico; en cambio, buscan el impacto político y marcar las diferencias con el gobierno de Fox, caracterizado por su falta de voluntad para combatir al crimen organizado, sostiene el investigador Luis Astorga.

Según el autor del libro El siglo de las drogas, con el macro operativo, el presidente Calderón pretende demostrar a los grupos dedicados al narcotráfico que sí hay un árbitro, y que es el Estado el que tiene el poder para imponer las reglas del juego, puesto que parecía que eran los narcos los que estaban retando al Estado.

Otro mensaje que Astorga observa es que, a diferencia del desastre de la política criminal del régimen anterior, esta vez Calderón manda la señal de que en su gobierno sí habrá coordinación en la política antidrogas y que la Secretaría de Gobernación será la que marque las pautas, tal como ocurrió con el anuncio de la Operación Conjunta Michoacán.

Pero lo que más preocupa al investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es que, sin el soporte de un marco legal regulatorio, Calderón echa mano del Ejército y de su extensión, la Policía Federal Preventiva, sin aclarar por cuánto tiempo estarán los militares fuera de sus cuarteles. El gobierno de Calderón, sostiene, comete el error de entregarle la coordinación de la política criminal a Gobernación y la parte operativa al Ejército, a pesar de que la ley establece que es la Procuraduría General de la República (PGR) la única institución responsable para perseguir los delitos y que, en el engranaje de la Operación Michoacán, se le observa como mera formalizadora de las acciones, no como la cabeza de todo el proyecto.

Experto en el tema de las fuerzas armadas y la seguridad nacional en América Latina y profesor de la UAM Azcapotzalco, José Luis Piñeyro observa otras necesidades del presidente con la Operación Conjunta Michoacán:

“Calderón trata de hacer efectiva una promesa de campaña: garantizar la seguridad pública”, pero en opinión del analista “tal medida tiene una alta dosis mediática y de espectacularidad” que indica que el presidente sólo busca la legitimidad que sabe que no logró en las elecciones del 2 de julio y que se refuerza, dice, con la campaña de spots publicitarios (inusual en el arranque de un sexenio) en el que se anuncia una obviedad: que hay un nuevo gobierno “y que yo –Felipe Calderón– soy el presidente”.

Según Piñeyro, si el objetivo presidencial es la búsqueda de la legitimidad ante la gente que no votó por él, entonces la Operación Conjunta Michoacán se convierte en una medida necesaria, pero insuficiente: “Necesaria porque de los 2021 asesinatos ocurridos durante el sexenio anterior, en Michoacán se cometieron 524. Así se justifica una acción de esta naturaleza, aunque no arroje los resultados esperados”.

–¿Usted considera que con este despliegue militar y policiaco se puede combatir el narcotráfico?

–... El presidente Felipe Calderón dijo que el combate al narco será una guerra larga en el tiempo, pero no ha expuesto cuál será el espectro de las acciones para detener el problema.

Anunciado el lunes 11 –hecho que se considera una falla grave en virtud de que alerta a los delincuentes perseguidos– el Operativo Conjunto Michoacán, según los expertos, es un remedo de las medidas emergentes Cruzada Nacional contra la Delincuencia y el Crimen y México Seguro, puestas en marcha al final de los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y que, en su momento, fueron vistas como “acciones desesperadas” contra el narcotráfico.

Para Luis Astorga, este operativo es comparable a la Operación Cóndor –puesta en marcha al final del sexenio de Luis Echeverría y en los primeros tres años del gobierno de José López Portillo–; y es que la operación actual, sostiene, carece de trabajo de inteligencia, lo que caracterizó a la otra.

Señala que las acciones desarrolladas en aquel tiempo, ejecutadas sólo por la PGR y la Sedena, provocaron brotes de violencia: los capos de Sinaloa partieron a Jalisco y, en su opinión, ese efecto puede manifestarse con la aplicación del operativo en Michoacán.

Dice: “El balance de la Operación Cóndor, en términos sociales, fue negativa. Hubo muchos casos de violaciones a los derechos humanos: gente detenida sin orden de aprehensión. Por las persecuciones, pueblos enteros de Durango, Sinaloa y Chihuahua se quedaron sin pobladores”.

–¿Usted confía en que la Operación Conjunta Milenio es la mejor forma de abatir el narcotráfico?

–No. Es un mensaje político fuerte y creo que va más en ese sentido que en la destrucción inmediata o desarticulación definitiva de las organizaciones. Es un primer paso en este esquema que, como las propias autoridades han dicho, hay que estarlo evaluando.

Tanto Astorga como José Luis Piñeyro coinciden en que el operativo en Michoacán traerá consecuencias difíciles para otros estados, por el llamado “efecto cucaracha”, pues muchos narcos y sus gatilleros tendrán que recalar en otras entidades para refugiarse y seguir ajustando allá sus cuentas.

Piñeyro concluye: “El operativo sólo cumple con dos objetivos: cerco y contención. Los narcos tienen tres opciones: la retirada táctica, bajar la guardia y esperar a que la operación termine o bien enfrentar a las Fuerzas Armadas. La tercera es la menos probable. El operativo no terminará con el narco: falta una campaña sistemática contra el consumo de drogas y el gobierno carece de mecanismos de apoyo social”.



Premios sin mérito
Ricardo Ravelo

Sin trayectoria como abogado postulante, como lo establecen los requisitos para ingresar a la PGR, Eduardo Medina Mora se convirtió en procurador general de la República, y lo logró a pesar de sus múltiples desatinos como secretario de Seguridad Pública, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, pues los cárteles de la droga terminaron desatando una oleada de violencia en todo el país que no pudo ser contenida por el régimen foxista.

A menudo señalado como “un abogado corporativo”, Medina Mora llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) arrastrando una cauda de yerros por el fracaso del programa México Seguro, adoptado por el presidente Fox para frenar la violencia del narcotráfico. A pesar de la movilización de agentes federales y militares en varias regiones del país, el número de ejecuciones aumentó, sobre todo en los estados más disputados por las redes del narcotráfico: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Guerrero.

Con más dotes de “espía político” que de investigador, Medina Mora abandonó sus sombrías oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en septiembre de 2005. Saltó a la palestra en un momento crucial: cuando el secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta y ocho personas más murieron en un extraño accidente a bordo de un helicóptero. La información sobre el caso fue cerrada por un período de 10 años, a pesar de que circularon versiones en el sentido de que ese hecho fue obra del narcotráfico.

Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel –exjefe de Medina Mora–, quien lo acogió y lo nombró director del Cisen pese a su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues buena parte de su carrera la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1472).

Considerado también como un empleado gubernamental de poca experiencia –siempre se ha movido con bajo perfil en el ámbito político–, Eduardo Medina Mora se hizo rodear de personajes más avezados en las tareas de espionaje. Dos de sus más cercanos colaboradores fueron Gerardo Ríos García y Ardelio Vargas Fosado. El primero tiene una trayectoria de poco más de 25 años en el área de inteligencia y llegó a ser director de análisis del Cisen, cargo en el que se desempeñó poco antes de ser designado subsecretario de Política Criminal de la SSP por Martín Huerta. Por su parte, Vargas fue, hasta septiembre de 2005, director de investigación del Cisen, y luego fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP).

Ambos funcionarios están estrechamente relacionados, según sus antecedentes, con Emilio Chuayffet Chemor –excoordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados– y con Jorge Tello Peón, protagonista del escándalo desatado, a principios del sexenio foxista, por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Fue precisamente Tello Peón, quien también llegó a dirigir el Cisen, el que ordenó que Guzmán Loera, El Güero Palma y El Texas fueran cambiados de celda el día en que Guzmán Loera se fugó: 19 de enero de 2001.

Junto con Fox, fracasos



Como funcionario, Medina Mora no pudo darle cuerpo a la política criminal del sexenio foxista, a menudo cuestionada por su parcialidad en el combate al narcotráfico. En realidad, Fox declaró la guerra al cártel de Tijuana –acérrimo enemigo del cártel de Juárez, considerada la organización más protegida del régimen, como ahora lo es el cártel de Sinaloa, escisión del juarense– y también persiguió a la organización del Golfo, encabezada por Osiel Cárdenas, actualmente preso en La Palma.

Aunque puso en marcha el programa México Seguro, el gobierno de Vicente Fox falló en su política criminal.

Como secretario de Seguridad Pública, Medina Mora visitó varias entidades azotadas por el narcotráfico, como Tamaulipas, Baja California y Nuevo León. En cada una de sus intervenciones públicas se comprometió a frenar la violencia, pero fracasó en sus intentos debido a obstáculos como falta de entendimiento, choques en el interior del gabinete de seguridad y desacuerdos sobre política criminal, entre otros.

Los bonos de Medina Mora subieron en el gabinete foxista luego de la puesta en operación de acciones contra el terrorismo, que entre otros objetivos buscaban preservar la seguridad fronteriza, una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos. Tras su salida del Cisen, Medina Mora arrastró serios cuestionamientos por el despilfarro de dinero en esa dependencia: se le atribuye un gasto de más de 17 millones de pesos en la compra de boletos de avión que fueron utilizados por sus colaboradores, sin que se conozcan los detalles de las actividades oficiales que realizaron (Proceso 1509).

Medina Mora participó en varios acuerdos de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Fue así como se convirtió en el responsable del Secretariado Técnico de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos y de los Grupos de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala y México-Belice.

Nacido en el Distrito Federal en enero de 1957, Medina Mora llega a la PGR en uno de los períodos más críticos de esa dependencia, pues no sólo continúa infiltrada por el narcotráfico, sino que los dos últimos procuradores –Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca, quien buscó ser ratificado en la PGR– no pudieron erradicar uno de los vicios más añejos: la fuga de información.

También encontrará una PGR prácticamente militarizada, pues el exprocurador Macedo de la Concha llevó a la institución por lo menos a una veintena de militares, quienes actualmente ocupan cargos estratégicos.

La ficha de Medina Mora señala que es licenciado en derecho, egresado de la UNAM, y que fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Pesca; jefe del Departamento de Promoción y Mercadotecnia de Conasupo; asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio; asesor jurídico del Consejo Nacional Agropecuario y consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial.

Medina Mora tiene participación en varios negocios: es accionista del Grupo Crea TV –compañía “pantalla” de Televisa– dedicado a la producción y desarrollo de espectáculos y eventos artísticos de toda índole. Proceso 1525 informó que Medina Mora aparece en un acta del 14 de enero de 2004 como vocal del Consejo de Administración de esa empresa, constituida el 18 de marzo de 1999. En el acta correspondiente del registro público (folio 249801), figura como apoderado junto con otros socios, entre ellos el escritor Héctor Aguilar Camín y Carlos Ignacio Martín del Campo.

Como procurador general de la República, Medina Mora hará mancuerna, en la lucha antidrogas, con Genaro García Luna, quien fungió como director de la AFI y desde el 1 de diciembre se desempeña como secretario de Seguridad Pública, dependencia de la que salió, al inicio del sexenio de Vicente Fox, por una investigación de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública que lo implicaba en dispendio de recursos públicos por la compra, aparentemente sin justificación, de 11 aeronaves para la PFP.

García Luna, señalado como un “espía” que maneja muy bien el arte de las escuchas telefónicas, rompió su discreción como funcionario público precisamente con el respaldo de Televisa, la televisora a la que el propio funcionario solía “filtrarle” algunos cortometrajes de sus travesías como director de la AFI: persecuciones de delincuentes, secuestros –como el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano– y otras acciones policiacas que García Luna utilizó para autopromoverse.



Quería salir de este infierno”
Anne Marie Mergier

Una joven francesa conoció la dura realidad mexicana en apenas unos días: fue detenida en Oaxaca por la policía estatal, que le fincó un proceso con testimonios y cargos inventados, y después la entregó a la autoridad migratoria para que la deportara. En entrevista, Sarah relata la tortura psicológica a la que fue sometida por la policía y denuncia la falta de interés que mostró por su caso el consulado de su país en el Distrito Federal.

PARÍS.- El pasado 27 de noviembre a las 4 de la tarde, la vida de Sarah Ilitch Weldon se convirtió en una pesadilla.

Junto con dos mexicanos se dirigía a la colonia Rosario, en la ciudad de Oaxaca, para después regresar al Distrito Federal. “De repente vimos varios vehículos de la Policía Preventiva Estatal –cuenta–; recuerdo a una pick up y una cuatro por cuatro. Los policías se nos quedaron mirando y el convoy se paró.

“Había gente en la calle. Las tiendas estaban abiertas. No hacíamos nada sino caminar. En pocos segundos unos 15 policías nos rodearon. Un hombre vestido de civil surgió de no sé dónde y me señaló con el dedo: ‘A ella la reconozco, la vi en una barricada’, gritó. Repliqué: ‘Soy francesa, pero no tengo el pasaporte conmigo’. Los policías examinaron las credenciales de mis cuates y nos subieron a los tres a la pick up.”

Según su relato, a partir de ese instante y hasta el día de su expulsión de México, el 1 de diciembre, Sarah Ilitch Weldon fue llevada de un lugar de detención a otro, primero en Oaxaca y luego en el Distrito Federal. No fue maltratada físicamente, pero sufrió fuerte presión psicológica. No se le permitió llamar por teléfono a la embajada de Francia ni a su familia. Tampoco tuvo contacto con un abogado. A lo largo de tres días no supo nunca cuál iba a ser su destino.

Esa joven de 22 años, oriunda de Niza, sur de Francia, llevaba un poco más de dos meses en México. Explica que estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Valencia, España, en el marco del programa Erasmus de la Unión Europea. A mediados de año decidió dar otro rumbo a su vida y cumplir un sueño: conocer América Latina. Trabajó como mesera en una taberna de Barcelona, ahorró dinero y salió para México junto con una amiga.

Más de dos semanas después de los hechos, su voz sigue siendo febril cuando cuenta lo que vivió. En el prolongado relato de su experiencia, casi hora por hora, destacan denuncias graves:

“Primero nos llevaron al centro de la Policía Preventiva en las afueras de Oaxaca. Nos quitaron todos nuestros efectos personales y nos encerraron en una celda. Un policía no dejaba de preguntarnos: ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto les pagaron?

“Nos separaron. Metieron a mis dos compañeros en una celda y me dejaron sola en otra. Pasé una visita médica superficial. Luego me encerraron de nuevo. De vez en cuando llegaban policías que me decían: ‘Tus amigos confesaron que tiraste cocteles molotov contra varios coches’, o ‘ahora dicen que también incendiaste una casa’”.

Sarah Ilitch se preocupó más y más.

“Ya bien entrada la noche, los policías sacaron a mis compañeros para interrogarlos –subraya–. Oí cómo los golpeaban. A través de las rejas los entreví. Después me vinieron a buscar. No me golpearon, me metieron en una sala oscura. Me empujaron contra una pared; cinco policías encapuchados me rodeaban.

“Uno me cegó con una luz muy fuerte al tiempo que me grababa con una cámara de video. Una mujer me interrogaba, era la más dura. Otro policía la agarraba como para evitar que se me echara encima. Un cuarto tenía una grabadora en la mano y el quinto no hacía nada. En todas sus preguntas la mujer buscaba inducir mis respuestas. Quería que confesara que había estado en las barricadas y participado en los enfrentamientos. También me preguntaba sobre mis compañeros. Yo estaba aterrada, pero logré no dejarme intimidar.”

Según Sarah, un poco más tarde, en la madrugada del día 28, los policías llevaron a los tres jóvenes a una oficina y les pidieron firmar hojas en blanco. “Del otro lado de la hoja se veían cosas escritas a máquina, pero no tuvimos derecho a leer nada. Pregunté qué iba a firmar. ‘Tu orden de salida’, me contestaron, sin permitirme dar vuelta a la hoja. Los tres firmamos”, narra.

La joven francesa cuenta cómo fue trasladada en pick up junto con sus dos compañeros, primero a una pequeña instalación en el centro de Oaxaca y luego a otra de la policía ministerial, donde llegaron a las 6 de la mañana.

Por la tarde del 28 de noviembre Sarah Ilitch entendió que su situación iba empeorando:

“Me llevaron a una oficina que llamaban mesa cuatro, en la que alguien estaba fotografiando mis objetos personales dispuestos en una silla. De repente vi que habían colocado una resortera y dos bolsas de canicas al lado de mis pulseras y mis medicinas. Me espanté. A las 6 de la tarde me llevaron de nuevo a la mesa cuatro. Un oficial me leyó la declaración de cuatro policías que supuestamente me habían detenido a las 8 de la noche del 27 de noviembre. Lo único exacto era el nombre de la calle.”

Los testimonios de los policías la dejaron helada:

“Afirmaban que nos habían sorprendido a mis amigos y a mí quemando una motocicleta robada a un policía, que gritábamos consignas hostiles al gobernador y que incitábamos a la gente a rebelarse. Aseguraban que mis compañeros les habían tirado canicas y yo piedras, que habían logrado sujetarnos y que encontraron en mi bolsa cinco cocteles molotov, tres pasamontañas negros y tres gafetes de la APPO con nuestros nombres.

“El oficial me dijo que se me acusaba de sedición, rebelión, conspiración, daños por incendio, robo, obstrucción al orden público y agresión contra representantes del orden público.

“Protesté. Me defendí. En vano. Rehusé hacer una declaración escrita. En el formulario administrativo que me presentó el oficial me percaté de que se mencionaba la presencia de un abogado, que nunca vi.”



El laberinto migratorio



A las 9:30 de la noche hubo un nuevo traslado. Los llevaron a un centro de detención penal. “Estábamos totalmente desesperados. Sabíamos que pasaban cosas horribles en la cárcel. Se llevaron a mis compañeros. A las 11 de la noche, los policías me entregaron a agentes de migración. Éstos me condujeron primero a su oficina en Oaxaca, luego me subieron a una camioneta oficial y me llevaron al Distrito Federal, adonde llegamos a las 5 de la mañana del día 29. Acabé en el centro de detención migratoria de Iztapalapa”, relata.

En el curso de la mañana dos agentes de migración acompañaron a la joven a la Embajada de Francia.

“En el viaje que hice por Guerrero, antes de llegar a Oaxaca, me habían robado todas mis pertenencias, incluyendo mi pasaporte. A mediados de noviembre la embajada me entregó un nuevo pasaporte, que escondí en casa de una amiga en Oaxaca. Viendo los cargos que habían inventado contra mí, no quise mencionar el nombre de mi amiga para no causarle problemas. Fue por esa razón que los agentes de migración tuvieron que llevarme a la embajada. Necesitaban identificarme y pedir un salvoconducto para poder deportarme”.

Lo que narra Sarah Ilitch de su entrevista con la vicecónsul de Francia en México no es muy halagador para la diplomacia francesa:

“Los dos agentes de migración que me custodiaban se metieron en la oficina misma del consulado, donde un funcionario sacó un salvoconducto a mi nombre. No me soltaban. La vicecónsul exigió hablar a solas conmigo. Me regañó porque no me había fijado que la embajada aconsejaba a los franceses no viajar a Oaxaca. Me dijo que desde hacía tres días sabía de mi desaparición, pero que nunca había sido contactada por las autoridades mexicanas. Me pidió un relato oral y escrito de mi detención. No propuso ayudarme; por el contrario, dijo que no podía hacer nada. Y no le pedí auxilio tampoco, porque sólo a mi regreso a Francia me enteré de que la embajada tenia ciertas obligaciones.”

La vicecónsul le permitió hablar por teléfono a su madre en Niza y a unos amigos que vivían cerca de la sede diplomática. Fueron las primeras llamadas que Sarah pudo hacer a lo largo de su detención.

Sarah Ilitch siguió encerrada en el centro de detención migratoria de Iztapalapa, sin acceso al teléfono y sin que nadie le dijera qué iba a pasar con ella.

“No era difícil suponer que me iban a deportar, pero no se me informaba. Yo recordaba los cargos muy pesados que habían inventado en mi contra, pero nadie los volvía a mencionar. En una oportunidad se aludió al artículo 33, que no conocía. Entendí que era algo que tenía que ver con mi estatuto migratorio.”

Una luz de esperanza apareció en su horizonte el 30 de noviembre:

“Me llevaron a la Oficina de los Dere-chos Humanos del centro de detención. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me pidió que le contara lo que me había pasado y me propuso poner una queja ante ese organismo por la violación de mis derechos en los distintos lugares donde se me había detenido. Lo hice. Pero estaba tan perturbada por todo lo que me había pasado, que no denuncié las condiciones mismas de mi detención, que fue totalmente arbitraria”.

En esa misma oficina, Sarah Ilitch conoció a un representante de la organización no gubernamental Sin Fronteras, que se presentó como su abogado. Había sido comisionado por amigos de la joven.

“Me dijo que yo podía recurrir a un amparo para bloquear mi expulsión mientras se investigaba mi caso. Rechacé de inmediato esa posibilidad. Quería salir de ese infierno cuanto antes y regresar a mi tierra. Después de esa entrevista me permitieron llamar por teléfono…”.

A la mañana siguiente, la joven fue llevada a otra oficina, donde le tocó firmar muchos papeles administrativos que no tuvo tiempo de leer con calma. Volvió a ver algo relacionado con el artículo 33.

“No vi documento alguno que hiciera referencia a mis días de detención. Pregunté cuáles eran los cargos en mi contra, cuándo me iban a deportar, si se me iban a prohibir regresar a México definitivamente o sólo por un tiempo. Nadie me contestaba. Finalmente un agente de migración me dijo que una vez en Francia tendría que contactar al consulado mexicano en París para conocer mi situación jurídica.

“Justo cuando estaba acabando todos estos trámites, llegaron dos funcionarias de migración. Me anunciaron que me iban a custodiar hasta París. Tenían mi expediente. Nos fuimos al aeropuerto y tomamos el vuelo de Aeroméxico a las 3:30 de la tarde. En el viaje platicamos. No eran malas personas pero, la verdad, teníamos puntos de vista bastante divergentes sobre muchas cosas. Lo que más me sorprendió es que me pidieran ser su guía de turistas en París, donde les tocaba pasar 24 horas antes de regresar a México. Me negué rotundamente.”

El 2 de diciembre Sarah Ilitch Weldon llegó al aeropuerto de Roissy con la ropa que llevaba puesta desde el 27 de noviembre, cuando la detuvieron en Oaxaca. Sus zapatos seguían sin cordones, no tenía un centavo. Las funcionarias mexicanas de migración le pagaron su boleto de tren hasta París. Se separaron en la estación del metro más cercana a la catedral de Notre Dame.

El único documento que conserva de esos sucesos es su salvoconducto




Pasos en falso
Carlos Acosta Córdova

Con un discurso que no acaba de afinar y un programa económico que no responde a lo prometido en campaña, Felipe Calderón da sus primeros pasos en la materia. Su proyecto de presupuesto ha generado la oposición de partidos, sectores vinculados con la cultura y la educación, e incluso grupos industriales que se sienten lastimados por las variaciones fiscales.

Felipe Calderón inició su gestión al frente de la Presidencia de la República con el fuerte rechazo de una buena parte del sector empresarial y con la protesta generalizada de la sociedad, sobre todo de los sectores vinculados a la educación y la cultura.

El paquete económico para el próximo año, que presentó el 5 de diciembre y se discute en comisiones en la Cámara de Diputados, contiene, por el lado de los ingresos, tibias modificaciones tributarias que, si bien darán un aporte magro al erario –7 mil 600 millones de pesos, poco menos de 0.8% del total de ingresos tributarios no petroleros estimados para 2007– ocasionó una enfurecida reacción de empresarios refresqueros, restauranteros, agropecuarios y automotrices que, dicen, saldrán lastimados por los cambios fiscales propuestos.

Y por el lado de los egresos, una selectiva pero afilada tijera contra instituciones y programas educativos y culturales que, si bien tampoco disminuye gran cosa el siempre abultado gasto corriente, generó una enérgica protesta social, que ya hizo recular al presidente. “Revisaremos el gasto en educación”, prometió.

Pero aun antes de que se iniciaran las reacciones contra su primer programa económico, Felipe Calderón ya mostraba poca claridad y definición en sus comienzos como presidente de la República.

Urgido de legitimidad y lejos de sacudirse el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, Calderón camina a la sombra de aquél: orienta su discurso en favor de los más pobres, le arrebata banderas, le copia propuestas, hace suyo el ideario juarista que siempre ignoró y… a punto estuvo de realizar su primera gira de trabajo en Metlatónoc, el municipio más pobre del país, justo donde el excandidato perredista inició su campaña electoral.

La presentación del Decreto de Auste-

ridad y Disciplina del Gasto de la Adminis-tración Pública Federal, el domingo 3, así como del programa económico para 2007, el martes 5, fueron el marco no sólo para conocer el “nuevo” discurso del presidente, sino para dejar en claro que llega en extremo acotado, sin margen para hacer cambios trascendentes en la economía que sustenten su pretensión de convertirse en “el presidente del empleo”. Además, en su propuesta de gasto incurre en tempraneros tintes electoreros, con ánimo de congraciarse con quienes no sufragaron por él. En materia de ingresos, deja intocados no sólo la extremada dependencia del petróleo sino también a los grandes grupos económicos y los principales evasores del fisco.

Para justificar el decreto de austeridad, mediante el cual se reduce en 10% el salario del propio presidente y el de los siguientes cuatro niveles de mando –secretario de Estado, subsecretario, oficial mayor y jefe de Unidad, o equivalentes–, Calderón empleó con abundancia las ideas de Juárez y Morelos; del primero, que los servidores públicos deben vivir “en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”. Del segundo, que la ley debe moderar la opulencia y la indigencia, “y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

Y bajo esas consideraciones, reconoció que “durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón y la ciudadanía lo ha hecho. Hoy, el gobierno tendrá que ser el primero en aportar este esfuerzo”.

El mismo tono de discurso empleó al presentar el programa económico del próximo año. El gasto público, dijo, se concentrará en atender tres prioridades: seguridad pública, combate a la pobreza, generación de empleos. Y anunció grandes incrementos presupuestales en programas de salud, becas, servicios públicos en zonas marginadas, vivienda para pobres, luz y gas baratos para familias de pocos recursos, entre otros.

Con ello, dijo, se cubrirá “la enorme deuda social con quienes menos tienen y de promover la generación de oportunidades de empleo para todos los mexicanos.



Impacto mediático



El decreto de austeridad –mediante el cual además de bajar 10% el salario de los cinco niveles más altos de la administración pública, se reducirán los gastos de servicios personales, gastos de representación y comisiones– atiende no sólo un reclamo permanente de López Obrador en la contienda electoral, sino una vieja demanda de legisladores del PRD, que desde 1998 sacaron a la luz los escandalosos sueldos de los mandos superiores del gobierno, las grotescas prebendas de los altos funcionarios y todos los generosos recursos de que disponen, los gastos superfluos, el derroche que se les permite.

Sin embargo, así como fue anunciado con bombo y platillo, pronto se descubrió que –si bien es loable cualquier disminución en los beneficios indebidos de los altos funcionarios– el decreto tiene un impacto más mediático que real en términos del gasto público total. Se espera que con todas las medidas que incluye, el decreto genere un ahorro global de 25 mil 500 millones de pesos. Pero de esa cantidad, apenas 105 millones de pesos –el 0.4%– serán generados por la reducción salarial, pues sólo son cinco niveles de mando los que sufrirán la merma que, para efectos prácticos, le hace poco al bolsillo de los altos funcionarios.

El caso del presidente puede servir de ejemplo. El salario bruto presidencial es de 232 mil 431.20 pesos; pero con las deducciones de ley, la percepción neta del presidente es de 167 mil 255.90 pesos. Con la aplicación de 10% menos del decreto, será de 152 mil 467.20 pesos. Con deducciones y baja de 10%, los salarios de los siguientes cuatro niveles serán así: secretario de Estado, 150 mil 18.40 pesos; subsecretario, 149 mil 771.60; oficial mayor, 146 mil 91.80 pesos, y jefe de Unidad, 145 mil 704.10 pesos.

Como el decreto no toca los siguientes tres niveles de mandos altos (director general, director general adjunto, director de área) se cae en el absurdo de que un director general, en la categoría más alta, tendrá una percepción neta de 160 mil 819.70 pesos. Mayor que la del presidente de la República, pues.

Pero en el discurso de Felipe Calderón, la reducción de su sueldo y el de los cuatro mandos altos que le siguen quedó como su primera gran hazaña. Y para que se vea que cunde el ejemplo, ya varios gobernadores, de distintos partidos, anunciaron también reducciones en su sueldo.



El paquete económico



El martes 5, Calderón presentó las líneas generales de su estrategia económica para el año próximo, y ese mismo día envió al Congreso los documentos respectivos. El jueves 7, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, compareció en comisiones de la Cámara de Diputados para defender el programa económico. Con todo y que analistas, asesores y legisladores no tuvieron mucho tiempo para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta del Ejecutivo, coincidieron en que Calderón apostó por una estrategia inercial, sin cambios importantes en materia de gasto e ingreso, ni medidas relevantes que supongan un cambio en la conducción económica.

Lo que sí encontraron fueron contradicciones, inconsistencias, ocultamiento de información, datos sospechosos… y un muy anticipado ánimo electorero, con ganas de congraciarse con quienes en las urnas favorecieron a López Obrador: caso concreto, incrementos presupuestales importantes a programas como el del Seguro Popular (56.4%) y algunos subprogramas de Oportunidades, como el de ayuda monetaria (200 pesos) a adultos mayores de zonas rurales.

“Calderón está retomando descafeinadamente y en chiquito las propuestas de López Obrador –dice Mario di Costanzo, exasesor parlamentario y hoy secretario de la Hacienda Pública en el ‘gobierno legítimo’ de AMLO–, pero no atiende, como en el caso de salud y el Seguro Popular, factores de importancia, como el gasto en infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos.”

Una primera contradicción con el discurso de presentación del programa económico, según el cual el gasto público tendría una clara orientación al combate a la pobreza, son las reducciones a rubros sensibles del gasto social. De hecho todo el gasto programable para Desarrollo Social del próximo año será menor en cerca de 19 mil millones de pesos –casi 2% real– al presupuesto ejercido este año. En términos cuantitativos, el gasto más castigado en este ámbito es el destinado a obras de agua potable y alcantarillado, que se reduce en 42.3%; los proyectos y obras de urbanización, vivienda y desarrollo regional tendrán un presupuesto 10.5% menor, y los programas de asistencia social tendrán una disminución promedio de 7.7%. Inclusive el programa Oportunidades tendrá un presupuesto menor en 1% real.

Vaya, el sector agropecuario, que se supone prioritario y estratégico, y que requiere de una fuerte inversión, sobre todo con miras a la apertura de granos básicos comprometida en el TLC para 2008, tendrá un presupuesto menor no sólo al de 2006, sino al de 2005. La propia Secretaría de Agricultura verá mermado su presupuesto en 9% real. Y programas sociales específicos también sufren recortes importantes: Alianza Para el Campo, 59%; Procampo, 30%; el Sistema Financiero Rural, 48%, y el Programa de Apoyos Directos a la Comercialización por Cosechas Exceden-tarias, 19%. Todas esas reducciones son en términos reales. De hecho, el gasto global para todas las funciones de Desarrollo Económico sufre una reducción de 11.6% real.

Sin embargo, cualitativamente el gasto más afectado será el destinado a educación, cuyo presupuesto será inferior en 1.2%. Contra todas las propuestas y promesas de campaña en materia de educación, el equipo económico de Calderón se dio gusto con las tijeras. Asesores parlamentarios del PRD que revisaron el apartado de gasto educativo dan cuenta “del desprecio del presidente por la educación y la cultura”.

Más allá de cifras y porcentajes, los datos concretos revelan el “interés” gubernamental por estos temas. La educación básica rural sufrirá una merma de 44 millones; el programa de construcción de escuelas prácticamente desaparece: se le reducen al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) 680 millones. Como nunca, la educación superior es lastimada: a la UNAM, que ocupa el lugar 74 entre las mejores del mundo, se le recortan 123.6 millones de pesos; al IPN le quitan 178.9 millones; a la UAM, 23 millones; al INAH, 154.4; a El Colegio de México, 29.6; al Cinvestav del Politécnico, 88.9, y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 68.3 millones de pesos.

La lista es larga e incluye otros niveles educativos: al Conalep le quitan 108.2 millones; al Colegio de Bachilleres, 2.3; al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 131.1; al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi 2 millones. El Consejo Nacional de Fomento Educativo tendrá un recorte de casi 23 millones.

En el ámbito de la cultura, igual. El Conaculta sufre una merma de 673.4 millones; el Instituto Nacional de Cinema-tografía, 43.3; Canal Once, 1 millón; el Centro de Capacitación Cinematográfica, 8.6; Canal 22, 12.9 millones, y los Estudios Churubusco Azteca, 4.4 millones.

Es decir, contra el discurso de Calderón, el presupuesto no privilegia el gasto social ni el productivo.

Pero así como hay reducciones arbitrarias en rubros sociales muy sensibles, el gobierno se inventa partidas de gasto para crearse bolsas de recursos que podrá usar discrecionalmente. El coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRD, Juan Moreno Pérez –doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especialista en programación financiera–, detectó en los anexos de información analítica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 que Hacienda no incluyó en el paquete entregado a la Cámara una “bolsa” de casi 32 mil millones de pesos, que no se justifican y que están asignados a un rubro incluido por primera vez en un presupuesto, denominado “Recursos Asociados a Ingresos Petroleros”.

De una exhaustiva revisión de esos anexos analíticos y de las leyes que rigen el paquete económico en lo relacionado con ingreso y gasto en materia petrolera –Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Derechos, más el nuevo régimen fiscal de Pemex– Moreno llegó a la conclusión de que la Secretaría de Hacienda infló los recursos que deben destinarse al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP). En síntesis: de acuerdo con la ley –que establece fórmulas precisas para calcular el monto que debe destinarse–, lo máximo que puede asignarse como reserva para dicho fondo son 51 mil 355 millones de pesos. Pero como 28 mil 400 millones, excedentes de 2006, ya están en la reserva del FEIP, según los Criterios Generales de Política Económica para 2007 entregados al Congreso, sólo haría falta asignar un gasto de 22 mil 955 millones. Sin embargo, en la documentación del paquete económico para 2007 la provisión para ese fondo viene de 54 mil 932 millones de pesos.

Es decir, dice Juan Moreno, hay una bolsa “escondida” –con la documentación entregada a la Cámara no se identifica– de casi 32 mil millones de pesos a los que, según la ley, sólo los legisladores –y no Hacienda– están facultados para darle destino. Con esos recursos, afirma, bien podrían compensarse o evitarse los recortes en educación, cultura y programas sociales.

Los especialistas tampoco se explican por qué el paquete económico espera en 2007 ingresos tributarios superiores en más de 100 mil millones de pesos a los que había calculado Hacienda hace meses, siendo que entonces y ahora presentan el mismo escenario de 3.6% de crecimiento del PIB, caída en producción y precios petroleros, además de desaceleración económica en Estados Unidos.

La pregunta es cómo van a recaudar más, si el crecimiento económico será menor al de este año –de 4.7%–, además de que las modificaciones fiscales presentadas –magros cambios para fiscalizar más y reducir deducibilidad– no tendrán mayor impacto recaudatorio. Pero sobre todo porque, con la reducción de un punto porcentual a la tasa del Impuesto Sobre la Renta –que pasa de 29% a 28%, y no por decisión de Felipe Calderón, que la vendió como suya, pese a que fue dispuesto en ley desde diciembre de 2003–, el fisco dejará de percibir 12 mil 700 millones de pesos, según dijo en conferencia de prensa el propio Agustín Carstens.

También deberán explicar las autoridades el destino de los recursos obtenidos por los Pidiregas, es decir los programas de inversión con impacto diferido en el gasto, que se utilizan para financiar con recursos privados obras para Pemex y CFE. Dice Mario di Costanzo: en el artículo 4 de la Ley de Ingresos se señala que se van a obtener ingresos por 902 mil millones de pesos por ese concepto, pero no están ingresados, reflejados, en la propia ley como parte del conjunto de ingresos globales. En la Ley de Ingresos de 2006 sí se reflejaban esos recursos, aunque con una restricción: sólo podrían usarse para cubrir las obligaciones generadas por los propios Pidiregas y los gastos de operación correspondientes. Y es razonable: lo que ingresó se usa para pagar lo que eso cuesta, para hacerlo autofinanciable. Pero en la ley de 2007 no viene ese condicionamiento. Es decir que pueden usar esos recursos para lo que sea; podrán manejar discrecionalmente ese dinero.

También en materia de ingresos, sobre todo los tributarios, el presidente dejó para otra ocasión los cambios de fondo. Ni la reducción en los montos deducibles en gastos en restaurantes y en la compra de automóviles ni la reducción en la tasa del Impuesto al Activo –de 1.8% a 1.5%– ni la presunta mayor fiscalización darán ingresos considerables al fisco federal, coinciden especialistas consultados. Información de la propia Secretaría de Hacienda señala que por mantener regímenes especiales de tributación, que privilegian sobre todo a las grandes empresas –como el de consolidación fiscal y las facilidades a los autotransportistas–, el fisco dejará de percibir más de 180 mil millones de pesos


A la maestra, lo que quiera
Jesusa Cervantes

Aunque Elba Esther Gordillo sólo consiguió colocar a cuatro de sus colaboradores en mandos medios del gobierno de Felipe Calderón, son justamente los que necesita para tapar los fraudes cometidos en Vima, para fortalecerse en el SNTE y para lograr posiciones políticas en las elecciones que se realizarán de aquí al 2009.



Las posiciones que Elba Esther Gordillo Morales alcanzó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no fueron menos de las que ella buscó. Aunque se trata de direcciones de nivel medio, las cuatro que obtuvo son claves para avanzar hacia sus próximos objetivos: las elecciones que habrá de aquí al 2009, y su fortalecimiento en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Todos los puestos conseguidos le sirven “política y económicamente” para lograr sus propósitos, afirma Noé Rivera, uno de sus exoperadores electorales más cercanos en el SNTE que ahora, en entrevista con Proceso, describe las debilidades de La Maestra en el sindicato y lo que llama “el talón de Aquiles de Elba Esther Gordillo”: las finanzas del Fideicomiso de Vivienda para el Magisterio (Vima).

En las últimas semanas, subraya Rivera, el gobierno de Felipe Calderón entregó a La Maestra cuatro puestos fundamentales:

–A Miguel Ángel Yunes le dio la dirección del ISSSTE, necesaria para que Gordillo “mantenga en la oscuridad el boquete financiero que tiene Vima” y para que siga disfrutando de “los beneficios que representan las 5 mil casas que anualmente se entregan al sindicato”.

–Roberto Campa Cifrián fue propuesto como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de modo que si es ratificado por los gobernadores, será quien les abrirá “la llave para la entrega de recursos en su lucha contra el narcotráfico”.

–Francisco Javier Yáñez Herrera –uno de los hombres que ha cuidado las finanzas de La Maestra– consiguió la multimillonaria dirección de la Lotería Nacional.

–Y para rematar, el yerno de Elba Esther, Fernando González, fue nombrado subsecretario de Educación Básica de la SEP, cargo estratégico para que Gordillo pueda operar el escalafón de los maestros y de ahí “mantener a raya” a todo aquel que no simpatice con su proyecto, además de que así podrá manejar “los cambios de adscripción y plazas”.

En suma, nada más por lo que se refiere al aspecto económico, y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para 2007 que envió el presidente Calderón a la Cámara de Diputados, en esas cuatro posiciones de Gor-

dillo se manejarán recursos del erario federal por más de 105 mil millones de pesos.



El caso Vima



Desde que la maestra llegó a la dirigencia del SNTE, en 1989, concentró su poder económico y las cuotas del sindicato en Vima, un organismo creado formalmente el 27 de marzo de 1990 pero que se instauró desde 1981 para promover la vivienda de los trabajadores de la educación junto con organismos del Estado. Esta institución se encargó de comprar terrenos y construir casas para proporcionarlos a los agremiados.

En 1990, puso como director de Vima a Benjamín González Roaro, quien duró en el cargo hasta 1994. En el 2000 fue nombrado por Vicente Fox director del ISSSTE, y actualmente es diputado federal por el PAN.

De 1995 a 1998 encabezaron el fideicomiso dos personas más, y a partir de 1998 se mantiene al frente del mismo Francisco Yáñez Herrera, uno de los hombres más cercanos a Gordillo.

Un año después, en 1999, los 55 secretarios generales del SNTE empezaron a recibir quejas sobre la construcción de las casas que se les habían entregado, recuerda Noé Rivera, quien en ese tiempo ya formaba parte del equipo de confianza de Gordillo.

Por eso en aquel año Elba Esther, quien ostentaba la cartera de Acción Política del SNTE, ordenó al entonces secretario general, Tomás Vázquez Vigil, realizar una auditoría a Vima, en la cual participaron el propio Noé Rivera, Tomás Vázquez y Francisco Yáñez.

La auditoría “duró dos meses, y lo que encontramos fue un boquete financiero y un desfalco en Vima por más de 650 millones de pesos. Era dinero que no tenía un soporte documental; no había facturas que lo sustentaran. La respuesta de la gente de Vima fue que eran movimientos de cheques que estaban haciendo constantemente –por ejemplo, la compra de terrenos– y que al final se iba a comprobar todo”, recuerda.

Aclara que sólo alcanzaron a revisar los egresos de Vima, pues al enterarse Gordillo de “aquella gravísima situación” decidió cerrar el fideicomiso, es decir, dejó de operar como facilitador de viviendas.

Según sus informes, los cuales Rivera conservó tras distanciarse de la lideresa magisterial, se compraron poco más de mil hectáreas para desarrollos habitacionales, pero sin avalúos en algunos casos y sin la documentación legal referente a la propiedad de quien vendió; tampoco aparecían los permisos para el uso de suelo y mucho menos los documentos para la dotación de servicios públicos. Peor aún, había muchos casos con sobreprecios de 40 a 50%.

Otro hallazgo consistió en que fueron construidas 65 mil viviendas, en 10 estados del país, por medio de tres constructoras, pero sólo el 6% de las mismas se encontraban en condiciones habitables, pues el resto eran desarrollos sin terminar, en pésimas condiciones o sin posibilidad de servicios públicos, además de problemas legales porque fueron apareciendo otros dueños de los inmuebles y algunos carecían de permisos de uso de suelo.

La auditoría interna puso también al descubierto un pago de 270 millones de pesos a diversas constructoras que se encargaron de nivelar parte de los terrenos adquiridos, y “todo eso acabó en un problema para 20 mil familias”.

Proceso tiene además un “informe de las gestiones realizadas en el período de enero de 1990 a junio de 1992, a cargo de Benjamín González Roaro”, elaborado por el mismo Fideicomiso Vima, que da cuenta de 83 casos donde los créditos que se extendieron para la construcción se perdieron; las empresas que supuestamente construyeron no aparecieron, y fue imposible recuperar el dinero que Vima les entregó para la edificación; en otros casos no se encontró a los maestros que supuestamente habían obtenido el crédito y, en consecuencia, no se les pudo cobrar.

Para 2003, el boquete financiero de Vima –siempre según Noé Rivera– fue superior a los 2 mil 200 millones de pesos, pero la certificación de esa cifra únicamente la puede dar Banobras, el fiduciario del fideicomiso.

Proceso obtuvo el único análisis que la Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y enlace institucional del ISSSTE realizó a las viviendas construidas por Vima en participación con el Fovissste, en junio de 2003.

Allí se vio que, de las 9 mil 20 viviendas construidas, 7 mil 886, distribuidas en toda la república, tienen diversos tipos de “problemas”.

El documento denominado Proble-mática de la vivienda al mes de mayo, elaborado en junio de 2003, da cuenta de la ubicación de las casas y el nombre del conjunto habitacional.

En Aguascalientes, por ejemplo, se construyó el conjunto habitacional Cerrito de la Cruz, y sus 448 viviendas tienen deficiencias, al igual que las 318 casas del conjunto José Vasconcelos de Chihuahua y 978 del conjunto Estadio II de Jalisco. También existen 534 inmuebles del conjunto Pedregal de San Juan de Nayarit calificados “con problemas”.

Hasta 2003, las firmas registradas ante Banobras para hacer uso del dinero de Vima eran la del director del fideicomiso y la del secretario general del SNTE. En ese mismo año, explica Noé Rivera, Elba Esther Gordillo logró la aprobación de una reforma en Banobras para que el único que pudiera hacer uso del dinero fuera Francisco Yáñez.

Y sólo como un dato adicional: De 2000 a febrero de 2003 estuvo al frente de Banobras otro de los hombres de confianza de Gordillo, Tomás Ruiz, quien fue sustituido, de febrero a septiembre de 2003, por Felipe Calderón Hinojosa.

Noé Rivera demanda una auditoría a Vima por parte del gobierno federal para que salga a relucir el fraude en el que están envueltos, dice, Roaro, Yáñez y Gordillo. Y esto es posible hacerlo, continúa, porque recientemente el gobierno federal entregó a Vima 100 millones de pesos como parte del pliego petitorio de las demandas del magisterio de 2005.

De hecho, los dos fideicomisos a los cuales Gordillo tiene pleno acceso son Vima, con un fondo de 384 millones 250 mil 830.93 pesos –cifra muy lejana “al boquete financiero” de 2 mil 200 millones mencionado por Rivera–, y el Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (Forte), que depende de la SEP y cuenta con 9 mil 691 millones 295 mil 570.68 millones de pesos. Pero según excolaboradores de Gordillo, el “boquete a cubrir es de 30 mil millones de pesos”.

Noé Rivera está convencido de que, debido a la grave situación de Vima y Forte, Elba Esther Gordillo demandó las posiciones mencionadas en el ISSSTE y en la SEP.



Debilitada en el SNTE



Mientras Gordillo logra el ISSSTE para que

Miguel Ángel Yunes maniobre con el fin de subsanar los faltantes de Vima, estima Noé Rivera, envía a su yerno Fernández a operar en la SEP.

“Y esto del yerno lo hace no sólo por los beneficios que obtendría con las permutas de las plazas, sino también para mantenerlo ocupado, pues se le viene encima la renovación del SNTE y ahí enfrenta otros problemas.”

Explica que La Maestra se encuentra debilitada en el SNTE y debe renovar su dirigencia entre febrero y marzo de 2007, según lo anunció durante el consejo celebrado en 2004, fecha en que se nombró presidenta del sindicato nacional.

En un análisis sobre la situación del SNTE que realiza Noé Rivera, detalla el peso político que tiene cada una de las 55 secciones del sindicato y a quién obedece cada una.

Registra allí que Gordillo ya no tiene el control total del sindicato, pues sólo controla 18: de la 38 a la 55, que tienen una fuerte influencia de los gobernadores mientras que sus dirigentes no controlan a la base.

Por ejemplo, en las secciones 53 y 58 el

poder de los gobernadores es mayor que el

de Gordillo; mientras que las secciones disi-

dentes son la 22 de Oaxaca, la 7 de Chiapas y la 18 de Michoacán; en otras tres –la 20 de Nayarit, la 32 de Veracruz y la 52 de San Luis Potosí, se obedece “a los caciques locales, que gozan del respaldo de la mayoría de la base sindical”; el gobierno federal tiene influencia en las secciones 36 y en la 1; mientras que en las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, “sus dirigentes son allegados a Gordillo, pero sin respaldo de la base magisterial”, y la sección 37 de Baja California está en total conflicto con Elba Esther.



Dirigencia en disputa



En medio de este panorama, advierte Noé Rivera, La Maestra enfrentará la renovación de la dirigencia nacional. “Existen tres grupos que se disputan el poder, y no todos obedecen ciegamente a Elba Esther, aunque todos son cercanos a ella”.

En el primer grupo, detalla, están su hija Maricruz Montelongo y el esposo de ésta, Fernando González, quienes impulsan a San Juana Cerda Franco. La ventaja de este equipo no sólo estriba en la cercanía de Maricruz con su madre Elba Esther, sino que además Fernando González ha tenido desde el año 2000 toda la operación electoral.

“Pero no sólo eso: San Juana Cerda es integrante del colegiado de Finanzas del SNTE. Ella está a cargo del pago de la operación de todas las secciones del sindicato; tiene la fuerza y el contacto directo con los secretarios”, dice Noé.

Otra de las virtudes de este grupo, plantea el entrevistado, es que el yerno le puso en orden todas las propiedades a Gordillo, “y las metió en un fideicomiso donde el 80% de ellas están a nombre de un hijo de Maricruz Montelongo. Las propiedades suman más de 60 en libros, y logró avalúos a la baja que sólo registran 290 millones de pesos”.

Otro grupo que aspira a la dirigencia está conformado por otra hija de Gordillo, la actual diputada federal Mónica Arreola, a quien se unió Francisco Yáñez –hoy enemigo de Fernando González–, y están impulsando a Juan Díaz de la Torre, quien también forma parte del colegiado de Finanzas, pero sin la fuerza de San Juana Cerda.

“La ventaja de este grupo es Yáñez, quien le contesta el teléfono a Elba Esther. Yáñez dice quién habla y quién no con La Maestra; él tiene la llave, pero también los recursos de Vima, y como delegado del Fovissste él decide a quién le entrega año con año 5 mil casas que el instituto otorga al SNTE. Ahora tiene además la chequera de la Lotería Nacional”, comenta.

El tercer grupo lo encabeza el mismo Rafael Ochoa Guzmán, actual secretario general del SNTE y senador de la República.

“La ventaja de Ochoa es que lleva cinco años manejando toda la estructura del SNTE. Él tiene mucha fuerza con la estructura, que está conformada por los integrantes del comité nacional: 55 representantes del CEN del SNTE en cada comité ejecutivo seccional, 55 secretarios seccionales, 32 integrantes de la Federación Democrática del Sindicato de Servidores Públicos, 40 integrantes del Partido Nueva Alianza”.

Todos ellos se disputan la dirigencia del SNTE, y Gordillo está debilitada. Por eso el nombramiento de su yerno es una buena señal que ella está mandando a todo el sindicato, diciendo: ‘Tengo el poder de influencia en el gobierno’, con lo que intenta mantener cohesionado al sindicato a su favor y recuperar espacios.

Por eso, asevera Noé Rivera, luego de que es depuesta de la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, se refugia en el SNTE y lo reordena por consejo de Tomás Ruiz y Miguel Ángel Yunes. Éste último le recomienda que haga secretarías colegiadas, y para evitar la fuga de dinero ubica en la Secretaría de Finanzas a San Juana Cerda, Juan Díaz de la Torre, Francisco Arreola y Juan Manuel Armendáriz Rangel. Cualquier cheque requiere de la firma de todos ellos. Ella misma ya no aparece como firmante, y así tiene un mayor control del dinero”.

De este modo, mientras Gordillo logra fortalecerse en el SNTE, mantiene ocupados a quienes se disputan el poder y tiene a su yerno en la SEP con beneficios para el sindicato, además de que impulsa a Roberto Campa Cifrián en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que condicione los apoyos económicos contra el narcotráfico a los gobernadores con el fin de tenerlos de su lado.

El objetivo de todos estos movimientos tiene un fin, dice Rivera: las elecciones de 2009, con un partido que puede ofrecer candidatos a diversas gubernaturas en alianza con cualquier otro partido político.

“Su relación con el presidente de la República y su facilidad para conseguir puestos en el gobierno no es el proyecto político de Elba Esther. De aquí al 2009 hay 14 elecciones locales y de gobernador donde puede ofrecer a su partido para colocar a varios maestros como diputados, ya sea con el membrete de su partido o en alianza con otros. Esa es la clave de todos estos movimientos y posiciones que logró.




Los engaños de Calderón
Rodrigo Vera

Rectores de universidades públicas agrupados en la ANUIES no se lo esperaban. Se dicen sorprendidos y hasta insinúan que Felipe Calderón los engañó. Y es que en diversas reuniones que tuvieron con el panista cuando era candidato, aseguran, él les prometió “todo su apoyo” para impulsar la educación pública superior. Pero ahora, ya como presidente, les asestó un golpe demoledor... Por eso están decepcionados, por eso están indignados...

“¡Hay inconformidad! Muchísima inconformidad por parte de los rectores de las universidades públicas. Entre ellos el acuerdo es decir: ‘¡Ya basta de promesas!’”, exclama Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacio-nal de Universidades e Instituciones de Edu-

cación Superior (ANUIES).

Así, López Castañares hace suyo el rechazo de los rectores al recorte presupuestal que el presidente Felipe Calderón le acaba de asestar a la educación superior, pese a que, desde que era candidato presidencial, les había reiterado todo su apoyo.

“Ya basta de que nada más en el discurso se nos diga que sí. No sigue siendo congruente el discurso con los hechos. A la educación superior, que es un motor de desarrollo para el país, no se le está dando la importancia que merece”, agrega el líder de la ANUIES.

Entrevistados por Proceso, los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chapingo, la de Zacatecas, la de Guadalajara, la de Hidalgo, la Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) consideran que, de aplicarse este recorte presupuestal, el golpe será “terrible” para las ya de por sí empobrecidas universidades públicas, algunas de las cuales quedarán sumidas en el “letargo” financiero o tendrán que cerrar.

El golpe les llegó en el proyecto de presupuesto de egresos para 2007, en el cual se asignan a la educación superior 49 mil 826 millones de pesos, cifra que representa el 0.52% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representa un recorte de .05% del PIB con respecto de 2006, año en el que se le destinó al ramo 0.57% del PIB.

Los rectores no se lo esperaban. Y menos de Felipe Calderón, quien reiteradamente prometió a la ANUIES que, con él en la Presidencia, la educación superior dejaría su atraso y tendría una época de despegue.



Promesas falsas



Entrevistado en sus oficinas de la ANUIES, López Castañares cuenta sobre los encuentros que los rectores tenían con Calderón:

“El primer encuentro que tuvimos fue el pasado 2 de junio, durante una asamblea que la ANUIES realizó en Veracruz, cuando Felipe Calderón todavía era candidato. Él ahí nos ofreció aumentar la calidad, la cobertura y la equidad en la educación.

“De entrada, nos prometió que, de llegar a la Presidencia, con él la cobertura educativa llegaría a 35%; esto es, de cada 100 aspirantes, 35 podrían tener acceso a la educación superior. Nos pareció una cifra muy alta, por lo que le dijimos: ‘Licenciado, actualmente tenemos una cobertura de aproximada de 23%. Y para ir avanzando se necesita dinero, capacitación, aulas, equipamiento, por lo que la propuesta de la ANUIES es que en el próximo gobierno se llegue a una cobertura de 30%’.

“Y Calderón, amablemente, nos dijo: ‘Bueno, si la ANUIES ya tiene ese estudio, pues entonces lleguemos a 30% de la cobertura al final del sexenio, y si logramos alcanzar un poco más, pues lo hacemos’. También nos prometió que, con él, el presupuesto a la educación superior alcanzaría 1.5% del PIB, que es lo que marca la ley”.

–¿Les hizo otras promesas?

–Sí, se comprometió a buscar más becas para el servicio social, a conseguir mejores apoyos extraordinarios y a una mayor vinculación de la universidad con la empresa, para que a las universidades ya no se les considere como fábricas de desempleados. Consideró que las instituciones educativas son generadoras de la materia prima más importante para el desarrollo de un país.

“Calderón llegó bien preparado para ese encuentro, al que asistimos 144 rectores y directores de instituciones educativas. Ahí le planteamos nuestro proyecto para la educación superior, plasmado en un documento. Nos dijo que, de ganar las elecciones, inmediatamente nos invitaría a reunirnos nuevamente con él”.

–¿Y así fue?

–Sí, sí. Ya como presidente electo nos invitó a su casa de campaña. Y ahí no solamente nos reiteró su promesa, sino que nos dijo: ‘Le pido a la ANUIES que me ayude. El proyecto consensuado de ustedes será la guía para instrumentar las políticas educativas del país, ayúdenme a echarlo a andar, ¡vamos por el 30% de la cobertura!’. Y nosotros le contestamos que con mucho gusto lo apoyaríamos”.

–¿Volvieron a reunirse luego de su toma de posesión?

–Sí, nos invitó a Los Pinos. Asistimos los miembros del consejo nacional de la ANUIES, la mañana del jueves 7. Ahí nos dijo que la prioridad de su gobierno sería la educación, la seguridad y la salud. Y entonces nos entregó su proyecto de presupuesto. Le dijimos que lo íbamos a analizar.

Después de aquel encuentro del jueves 7 en Los Pinos los rectores comenzaron a manifestar su inconformidad. Juan Ramón de la Fuente, de la UNAM, cuyo presupuesto sufrirá un recorte de 4.1%, al pasar de 17 mil 428 millones a 16 mil 715 millones de pesos, protestó: “Es preocupante que el discurso se desdibuje frente a la realidad tan rápidamente. El rezago es ya de por sí importante y no podemos ir para atrás, porque las consecuencias serán graves para el país.”

El rector de la máxima casa de estudios ve con preocupación las repercusiones que tendrá el recorte entre los 285 mil alumnos de su universidad, quienes cursan 76 carreras acreditadas y 48 programas de posgrado.



Agobio financiero



José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, dice desconsolado:

“A mi universidad, ese recorte la sumirá todavía más en el largo letargo institucional que padece desde hace años. Nos dejará sin ninguna esperanza de poder avanzar. Ese será su terrible impacto”.

Y expone sus críticas: “El recorte responde a una política muy clara. Esa gente del gobierno no tiene ni la más mínima intención de apoyar a la educación pública, ni a la ciencia ni al desarrollo tecnológico. De pronto nos sugiere que debemos copiar el modelo de la educación privada, que cada muchacho pague por obtener una formación profesional. Se insiste en que la educación privada es la mejor.

“Calderón nos prometió que alcanzaría una cobertura de 30%, y varios le creyeron. Ahora resulta que no, que nos viene con la bandera contraria. Esto demuestra que todos –así tengamos primaria o doctorado– somos presa fácil del engaño. Siempre se ha usado la mentira como método político”.

Barrales indica que, incluso, 17% de los estudiantes de Chapingo son indígenas que se reconocen como tales y que provienen de 33 etnias.

–¿A qué se debe esta discriminación hacia Chapingo? –se le pregunta.

–A que, para muchos políticos, nuestro modelo educativo ya resulta anacrónico. No conciben que todavía tengamos un internado en el que a los jóvenes se les da de comer tres veces al día y reciben una educación gratuita. Exclaman: “¡Cómo! Si la educación debe ser una mercancía por la que debe pagarse”.

Peor será todavía el impacto para la Universidad Autónoma de Zacatecas –desde hace tiempo agobiada por una angustiante crisis financiera–, asegura su rector, Alfredo Femat Bañuelos: “Este recorte nos condenará a cerrar la universidad, y quienes principalmente pagarán el costo serán los estudiantes que se quedarán en la calle y se verán obligados a emigrar a Estados Unidos. Por lo menos, deberíamos darles un curso intensivo de garrocha para que puedan saltar el muro fronterizo”.

Agrega:

“El presupuesto que nos están dando desde hace años sólo nos permite cubrir el 70% de nuestras obligaciones. Ahora, con este recorte la cosa se pondrá terrible”

–¿En cuánto se redujo el presupuesto para la Universidad de Zacatecas?

–Este 2006 nos dieron 701 millones de pesos. Y ahora en el nuevo presupuesto nos bajaron a 665 millones. Estamos ahorcadísimos. ¿Sabe cuánto gano yo como rector? 30 mil pesos mensuales. En cambio, aquí el salario de un diputado local es de 136 mil pesos.

José Trinidad Padilla, rector de la Uni-versidad de Guadalajara, señala que en la asignación del presupuesto se conoce la “voluntad política” de los gobiernos:

“El país, obviamente, no tiene recursos para satisfacer todas sus necesidades. Pero aun así, el presupuesto es un instrumento para priorizar las áreas que se quieren impulsar. Es, pues, un asunto de voluntad política”.

–¿No hay entonces voluntad política para apoyar a la educación superior?

–En el presupuesto no se nota mucho. Y de aprobarse, a todas las universidades públicas les afectaría en sus matrículas, plantillas, infraestructura y otros aspectos. Creo que se están priorizando otras cosas.

Mientras que Luis Gil Borja, rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, alude así a las promesas incumplidas de Calderón:

“Discurso sin recurso es pura demagogia. Los recursos deben aplicarse de manera real y efectiva. Las universidades hemos apostado por la calidad. Y esa apuesta tiene que recibir una recompensa, en el buen sentido de la palabra.”

–¿De qué manera afectará el recorte a su universidad?

–Mire, después de la de Oaxaca y Gue-rrero, la de Hidalgo es la universidad que menos recursos recibe; 18 mil 500 pesos anuales por estudiante. Y ahora con este recorte, pues no podremos consolidar nuestros proyectos de investigación, ni tampoco la ampliación y el mejoramiento de nuestra planta académica. Hay un descontento generalizado de todos los rectores.

El rector de la Universidad Veracru-zana, Raúl Arias, señala:

“Si a la educación se le pone como prioridad, indudablemente que el dinero tiene que salir de algún lado. Este presupuesto afectará a la Veracruzana en todo lo que tiene que ver la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

“Aquí partimos de la idea de la distribución social del conocimiento, que es la moneda de nuestro tiempo. A través de él, se pueden cambiar las condiciones de vida de los mexicanos. Hay que apostarle a la educación pública. ¡No hay otro camino!”

Al Instituto Politécnico Nacional (IPN) también lo afectará el recorte. Este 2006 recibió 6 mil 835 millones de pesos. Hoy quedó en 6 mil 656 millones.

Enrique Villa Rivera, director del IPN, comenta todavía esperanzado: “Confío en que encontraremos los espacios de negociación para que se incremente el presupuesto a la educación superior. Debe haber algún mecanismo. Estamos negociando”.



Negociación



Actualmente, la ANUIES –que aglutina a 80% de la matricula en educación superior– está pidiendo que se le incrementen 15 mil 888 millones de pesos al presupuesto enviado.

“Con este incremento, la educación superior alcanzaría .67% del PIB para 2007, por lo que estaríamos siguiendo la ruta a la que se comprometió el presidente Calderón”, comenta López Castañares.

Más allá de las promesas de campaña, ¿cuál es la postura personal de Felipe Calderón ante la educación superior que imparte el Estado?

Según trascendió de un encuentro que Juan Ramón de la Fuente sostuvo con Calderón, siendo éste coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados, a finales de 2000, el hoy presidente se declaró a favor de que el Estado otorgue becas a quienes deseen estudiar en universidades privadas, señalando que “la universidad privada también es pública, porque da un servicio público”.

En ese encuentro, Calderón –quien se formó en escuelas privadas– señaló que “la UNAM fue una buena universidad en el pasado, pero actualmente es una institución de mala calidad” que se ha convertido en un reducto de “grillos” (Proceso 1260).

Consultado al respecto, el entonces diputado negó haber hecho estas declaraciones.

Y en agosto pasado, un grupo de personas que se decían asesores de Calderón en materia educativa, e integrantes de la llamada Comisión del Cambio, hicieron circular un correo electrónico en el que señalaban que “un impedimento para el despegue de nuestra propuesta educativa es la existencia de una universidad pública que genera un gran gasto y pocos resultados”.

Esos integrantes de la Comisión del Cambio –Alfredo Lugo Palacios, Marisela Vázquez Schon, Carolina Verduzco Maya, Mario Pérez Sánchez, Gloria Esteban Mediola y Rivelino Ortiz Mendiola– decían de la gente de la UNAM:

“Existe gente valiosa en la UNAM que encontrará acomodo en el nuevo esquema educativo, pero es bien sabido que la gran mayoría es una burocracia que le hace mucho daño a nuestro querido México, además de que la UNAM se ha convertido en un nido de delincuencia, drogadicción y valores negativos”.


“Universidades” de membrete
Vicente Alfonso

La insuficiencia de recursos destinados por el Estado a la educación superior, que se traduce en una enorme cantidad de rechazados en las universidades públicas, no sólo está ocasionando un grave deterioro educativo, sino también un boom de los planteles privados que, en lugar de concebirse como centros formativos, se promueven como empresas y negocios.

Tal es el caso de los cientos de Institu-ciones de Educación Superior (IES) privadas que, para atraer a los rechazados y engrosar su matrícula, lanzan en internet o en anuncios impresos, señuelos como los de “estudia una licenciatura sin asistir a clases”, o “titúlate automáticamente al concluir los cursos”.

Muchos de aquellos que no hallaron lugar en las instituciones públicas de educación superior –uno de cada tres aspirantes son rechazados– se ven entonces obligados a pagar diversas cantidades de dinero para recibir, en instalaciones deficientes, con maestros mal preparados y planes de estudio obsoletos, una instrucción que suele ser fraudulenta en las universidades, tecnológicos, escuelas normales y centros de investigación y de formación especializada que constituyen las IES privadas, que en la última década han tenido un crecimiento 3.5 veces superior al de las universidades públicas.

Hasta el año pasado, las IES ascendieron en México a mil 774, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa a 144 universidades públicas y particulares y que, si bien reconoce algunos avances en el ramo, también subraya la necesidad de establecer en el sector “mecanismos rigurosos de supervisión, control y transparencia de parte de las autoridades educativas”.

Por su parte, el estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, auspiciado por el Centro de Estudios sobre la Universidad, de la UNAM, señala que sólo 10% de las IES privadas cuenta con certificación de calidad, y de plano advierte que un alto porcentaje de la matrícula de licenciatura “sería objeto de un fraude educativo”.

El estudio, coordinado por Axel Didriksson Takayanagui, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, expone que uno de cada tres alumnos de nivel licenciatura en México está inscrito en una IES privada, y calcula que, si en 2005 éstas representaron 33% de la matrícula universitaria, en 2010 podrían cubrir hasta 40%.

Así mismo, considera el aumento de este tipo de instituciones como “una respuesta caótica a la demanda orientada por el mercado de trabajo, y también un reflejo de la incapacidad de los últimos y del reciente gobierno (el de Vicente Fox) para dar una salida adecuada a esta demanda”.



La tutela empresarial



El estudio coordinado por Didriksson plantea que, de 1994 a 2005, mientras las instituciones públicas de educación se duplicaron, las privadas se multiplicaron por seis debido a que “la educación superior privada se ha convertido en un negocio de particulares que opera estrictamente bajo las reglas del mercado”.

Y aunque esta situación es inclusive reprobada por la UNESCO, es vista con normalidad por centros como la Universidad CNCI, que en su página electrónica se autodefine como “una empresa dedicada a la educación”; que dedica apartados a los rubros de “franquicias”, “relación con inversionistas” y “franquiciatarios”, y llega a asentar: “La empresa ha alcanzado niveles óptimos de eficiencia operativa y experiencia en el negocio, por la cual queremos hacer partícipes de nuestro éxito a nuevos socios comerciales”.

Aún más, CNCI se ufana de ser poseedora de Todito Card, una compañía que presta servicios de acceso a internet y larga distancia en esquemas prepagados al mercado mexicano.

“El ascenso de un pensamiento económico que coloca la libertad de movimiento del capital por encima de los intereses de las sociedades ha generado tensiones profundas, agudizando la pobreza, la desigualdad y la violencia”, advierte la ANUIES en el documento Consolidación y avance de la educación superior en México: temas cruciales de la agenda.

Dicho análisis contiene una visión de la educación superior en México hacia 2020 y lamenta que “la búsqueda de la equidad y la integración social y cívica de la nación son objetivos que, si bien figuran en los documentos oficiales, han tenido un menor peso en el esquema de prioridades”.

Además expone que “una sociedad desintegrada, una economía segmentada y un mercado laboral precario no representan solamente riesgos para la justicia social y la estabilidad nacional, sino que profundizan las ineficiencias económicas y lastran la competitividad misma”.

Ya la propia UNESCO había señalado que “si en el pasado parecía imposible (para las universidades) liberarse de la tutela religiosa y estatal, hoy parece imposible liberarse de la tutela empresarial y financiera, una vez que el saber se transformó en fuerza productiva y es inseparable del movimiento mundial del capital”.

De acuerdo con el organismo internacional, en la universidad contemporánea la docencia es entendida como “transmisión rápida de conocimientos, consignados en manuales de fácil lectura para los estudiantes, preferentemente ricos en ilustraciones”.

Peor aun, “el reclutamiento de profesores se realiza sin tener en cuenta si dominan o no el campo de conocimientos de su disciplina y las relaciones entre ella y otras afines; el profesor es contratado, o bien por ser un investigador promisorio que se dedica a algo muy especializado, o bien porque, no teniendo vocación para la investigación, acepta ser avasallado y arrollado por contratos de trabajo temporarios y precarios, o mejor dicho, ‘flexibles’”. (Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. UNESCO, París, diciembre de 2003.)

Para que los planes y programas de una institución particular de educación superior cuenten con el respaldo oficial, es necesario recibir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es extendido por la SEP o las autoridades del estado correspondiente.

La Ley General de Educación indica que el particular que pretenda obtener dicho documento debe cumplir con tres condiciones: que el personal académico cubra los requisitos establecidos por la autoridad educativa; que se impartan planes y programas de estudio que la autoridad considere procedentes, y que las instalaciones satisfagan condiciones de higiene, de seguridad y pedagógicas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, “en tanto el particular no cuente con el reconocimiento correspondiente, deberá asentar, en toda la documentación y publicidad que emita, la leyenda: ‘Estudios sin reconocimiento de validez oficial’”.

Sin embargo, tan sólo en internet existen decenas de páginas de universidades que violan esta disposición.



Igualación de oportunidades



México no cuenta con un sistema nacional de información que permita conocer de forma válida, confiable y oportuna la situación que guarda este nivel educativo, y que apoye la toma de decisiones y la resolución de problemas, plantea la ANUIES.

Destaca la urgencia de crear “un sistema de información estadística único sobre la educación superior, de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional, que provea herramientas y procedimientos adecuados para recopilar, sistematizar y analizar la información”.

Para el conjunto de IES privadas que han cumplido con los procesos de evaluación y acreditación, la ANUIES señala que “se requieren formas de regulación favorables a su desarrollo académico y al desempeño de sus funciones”, pero si no han demostrado tales estándares, deben ser sometidas a “mecanismos rigurosos de supervisión” y “control”.

En general, puntualiza, es preciso “relanzar el crecimiento de la educación superior, con un fuerte énfasis en la igualación de oportunidades educativas”, pues para el 2012 la cobertura nacional en educación superior debe ser por lo menos del 30% del grupo de edad correspondiente, sin que ningún estado cubra menos del 20% (hoy la cobertura a nivel nacional se aproxima al 22%, y la cifra correspondiente a las entidades federativas alcanza un mínimo de 11%).




El plan “Oaxaca”
José Gil Olmos y Pedro Matías

La mayoría de los oaxaqueños considera que el principal causante del conflicto en su entidad es Ulises Ruiz. Por ello, el gobernador encargó un plan político y de comunicación titulado Oaxaca, a fin de transformar diametralmente su imagen de “cacique” por la de un gobernante “conciliador”.

OAXACA, OAX.- En las últimas semanas Ulises Ruiz Ortiz ha contratado a expertos en imagen y en estrategia política con la idea de desarrollar una campaña y cambiar su figura de “cacique” por la de un “gobernador legítimo”, a fin de convocar dentro de tres años a un plebiscito sobre su permanencia en el año que faltaría para cumplir su sexenio.

Según un documento en poder de Proceso, el gobernador de Oaxaca sigue lineamientos bien establecidos para eliminar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), crear otra agrupación ciudadana que lo ayude a legitimarse y quitarle la “tentación” al gobierno de Felipe Calderón de resolver el conflicto “presionando” para que renuncie.

Para aniquilar al movimiento de la APPO, Ulises Ruiz ha seguido una estrategia que le elaboraron expertos: quitarle la “bandera legítima de los pobres” y hacer ver a los integrantes de su dirección como “líderes corruptos muy violentos”.

A pesar de que ha ido arrinconando a la APPO y que da la apariencia de un político “conciliador” que ha ido ganando terreno en el conflicto, el priista no las tiene todas consigo. Recientemente 9 mil de las 14 mil asambleas comunitarias del estado tomaron la decisión de desconocerlo como gobernador y en la entidad se han levantado encuestas independientes, según las cuales más de la mitad de la población urbana está de acuerdo en que renuncie.



A contracorriente



Hasta el momento a Ulises Ruiz lo apuntalan en el poder factores como la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el zócalo de la capital del estado; la ola de represión a maestros, colonos y simpatizantes del movimiento; la detención de más de 200 personas –entre ellas dirigentes de la APPO– acusadas de quemar edificios públicos y comerciales el 25 de noviembre, así como el apoyo de la dirigencia nacional del PRI.

No obstante, el gobernador tiene en contra a un sector importante del PAN que pide su cabeza, en el que se incluye el coordinador de los senadores, Santiago Creel. Así mismo, la mayoría de la población urbana y rural del estado exige su renuncia inmediata porque lo consideran el principal causante del conflicto.

En una encuesta telefónica realizada el 11 y 12 de diciembre en zonas urbanas por el Gabinete de Comunicación Estratégica, a cargo de Federico Berrueto, la mayoría de los consultados (37.8%) opina que el “principal responsable de la crisis en Oaxaca” es el gobernador y sólo el 14% señala que es la APPO.

El mismo estudio precisa que 53.8% de las personas interrogadas están de acuerdo en que Ruiz debe renunciar antes que pedir licencia o mantenerse en el cargo, una opinión que ya se había expuesto en otra encuesta realizada el 7 de noviembre por la misma empresa, en la que más de la mitad de los oaxaqueños opinaron que el gobernador debía dejar su encargo para que se resolviera el conflicto.

Si en las zonas urbanas del estado Ruiz tiene una opinión mayoritaria en contra, en las zonas rurales de Oaxaca el rechazo es casi absoluto. Según fuentes del propio gobierno estatal, 80% de las comunidades indígenas tomaron en asambleas el acuerdo de exigir la renuncia de Ulises Ruiz. Esta información, que el gobernador tenía desde hace tres semanas, fue confirmada por Florentino López Martínez, de la comisión de prensa y propaganda de la APPO. En entrevista con Proceso, explica:

“En estas últimas semanas, como parte del proceso de reorganización de la APPO se han estado desarrollando asambleas en prácticamente todas las comunidades del estado para ratificar la decisión del pueblo de Oaxaca en relación con la salida de Ulises Ruiz Ortiz. Ha sido exitosa, hay una mayoría de las asambleas comunitarias de todos los pueblos indígenas de Oaxaca, son casi 9 mil de las 14 mil comunidades que existen en Oaxaca, las que han ratificado la salida de Ulises Ruiz”.

Esto desmiente las declaraciones del gobernador en el sentido de que el conflicto se concentra en unas calles de la capital del estado, precisa López, uno de los seis miembros de la comisión de prensa de la APPO, dos de los cuales están detenidos.

Agrega que el rechazo a Ulises Ruiz por parte de las asambleas comunitarias será llevado a la Secretaría de Gobernación para que sea tomado en cuenta en la mesa de dialogo que reiniciaron con el gobierno de Felipe Calderón. “Se va analizar cómo presentarlo formalmente; es parte de nuestros argumentos para sostener nuestra necesidad de la salida de Ulises Ruiz”.

–Pero el gobernador, apoyado por el gobierno federal, está minimizando al movimiento y al conflicto.

–Es una estrategia contrainsurgente, como la hemos llamado desde un inicio. El hecho de tender una cortina de humo en todos los medios de comunicación y decir que el problema de Oaxaca está resuelto, es parte de esa estrategia. El problema no está resuelto; por el contrario, se sigue profundizando y la paz no va a volver a Oaxaca mientras permanezcan Ulises Ruiz Ortiz y la PFP, y no salgan los compañeros que están presos.



Un plan estratégico



A raíz del operativo contra el narcotráfico en Michoacán, el número de elementos de la PFP que estaban concentrados en Oaxaca disminuyó considerablemente.

El jefe del Estado Mayor de esta corporación, Ardelio Vargas, quien se ha hecho cargo de todas las policías en la entidad desde el 26 de noviembre (y quien el viernes 15 fue designado por Felipe Calderón como titular de la Agencia Federal de Investigación al mismo tiempo que comisionado de la PFP), anunció desde el domingo 10 que pronto dejarán las plazas a las autoridades del gobierno estatal, porque la PFP ya se había convertido en un “obstáculo” para la población.

Casi al mismo tiempo, con la idea de permanecer como gobernador, Ulises Ruiz anunció cambios en su gabinete, principalmente la salida del secretario de gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega, quien es señalado por la APPO como el principal responsable de organizar los “escuadrones de la muerte” que han asesinado a 20 simpatizantes de su movimiento.

El lunes 11 Ulises Ruiz anunció la segunda tanda de cambios de su gabinete en lo que va del conflicto, en un intento de dar respuesta a las demandas que la APPO y el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal, le exigieron en una de las mesas de negociación.

Los dirigentes de la APPO tomaron estas medidas como parte de una campaña de medios para aparentar cambios efectivos cuando su verdadera intención es quedarse más tiempo en el gobierno. Florentino López dice que algunos asesores, “sobre todo de medios de comunicación de América Latina, fueron contratados por el gobernador para realizar esa estrategia” de cambio de imagen.

Proceso tuvo acceso a un documento que se titula Oaxaca y cuyo objetivo central es desarrollar una estrategia para “mantener y fortalecer la posición de URO”, es decir, de Ulises Ruiz Ortiz.

El texto, que circula en el equipo de gobierno de Oaxaca, es todo un plan con “un final feliz”: fortalecer la permanencia del gobernador mediante la idea de que su salida “crea conflicto, no lo soluciona”, y eliminar a la APPO mediante la represión a sus simpatizantes y con una campaña de medios para hacerla aparecer como “violenta”. Se trata de “desacreditar a la APPO como agrupación, ya que esos líderes son ‘sustituibles’ por ellos mismos”.

La estrategia política y de medios presenta como una “solución” el surgimiento de un “actor” o agrupación que sustituya a la APPO, que se llamaría “Sí Oaxaca”. Dicha organización tendría que integrarse de manera “plural”, lo que significa que incluiría a “personas ajenas al conflicto, con ideologías distintas, pero todas condenando la situación en Oaxaca”.

Sería necesario apoyar con recursos a esta agrupación, que tendría “voceros capacitados”, “figuras relevantes” y una difusión mediante “spots”.

La meta central de esta estrategia para “mantener y fortalecer la posición de URO” es que “el problema en Oaxaca NO es coyuntural; NO se resuelve saliendo URO; se resuelve con plan a mediano plazo”. Y como la salida de Ulises Ruiz creará más conflictos, “la federación DEBE apoyar Oaxaca prioritariamente”.

De acuerdo con el plan, se tiene que fortalecer al gobernador cambiando su figura de “político a la antigua; cacique de Oaxaca; (que) no quiere irse por ambición; (y que) él es el problema”, por la de “gobernador legítimo; muy preocupado por la situación histórica de Oaxaca; (que) no quiere irse porque sabe lo importante de su trabajo y de las instituciones, y es parte esencial de la solución”.

Todo ello debe descartar la pretensión de que la renuncia de Ulises Ruiz resuelve el conflicto “porque no puede go-

bernar”, y sustentar la idea de que debe permanecer al menos tres años para, entonces, realizar un plebiscito “con el Instituto Electoral Estatal ciudadanizado y con recursos para organismos que hagan campaña por el “sí” y por el “no”, pero con la intención de concluir su mandato en el 2010”.

Uno de los puntos esenciales de este plan es arrebatarle a la APPO la bandera de que “representa a los pueblos”, y exponerla como un grupo que “representa a líderes corruptos”, quienes “han perjudicado a los pueblos” y no representan a la mayoría, además de que “no se puede confiar en ellos”.

Mensaje que coincide con el que se difundió en muchos medios, sobre todo en la televisión, cuando se detuvo a Flavio Sosa y otros miembros de la APPO la noche del martes 5. La idea final del documento mencionado es que debe hacerse “impopular y poco rentable” apoyar a la APPO, “aislarla” en los medios y quitar al gobierno de Felipe Calderón la tentación de presionar para conducir una solución que implique la renuncia de Ulises Ruiz.

Entre los “aliados” que se considera listos para apoyar estos procedimientos estarían los gobernadores en “condiciones similares” a las de Ruiz, así como el PRI y empresarios de Oaxaca. Y también como aliados, pero potenciales, estarían el gobierno de Felipe Calderón, los medios de comunicación, organismos internacionales, la Iglesia y el PAN.

En el plan se recomienda que Ulises Ruiz evite ser relacionado con los conflictos derivados de “muertes, detenidos, escuadrones (de la muerte), terrorismo, sindicatos y turismo”. Al mismo tiempo, el gobierno estatal tendría que estar atento a lo que sucede en la ciudad de Oaxaca, el estado, otras entidades similares y la situación nacional, en especial los movimientos de la clase política, los medios y a los empresarios.

Para realizar esta estrategia se propone la integración de un peace room o “cuarto de paz” –en referencia a los usuales war room, en los cuales se determinan medidas para crisis políticas–, que apoyaría al gobernador y realizaría análisis, emitiría mensajes diariamente, efectuaría investigaciones e incluso ejecutaría acciones de “inteligencia” y “seguimiento de situaciones individuales”.

Los requerimientos de esta operación incluyen, además, la integración de grupos de “estrategia”, de “investigación”, publicistas y “un grupo de cabildeo o relaciones públicas”.

La conclusión del documento es elocuente: “Final Feliz: La APPO queda como figura secundaria y URO en el gobierno; (la) federación destina recursos para la reconstrucción histórica de la región”.

Así, los muertos, torturados, presos y perseguidos del movimiento popular desaparecerían de esta historia oaxaqueña que ya lleva casi siete meses.