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domingo, diciembre 24, 2006

MAS DE PROCESO.





Derrota de la cultura
Judith Amador Tello

La noche del viernes 22, la propuesta de la Comi-sión de Cultura de la Cámara de Diputados para aumentar jugosamente el presupuesto para 2007 se vino abajo: el incremento no rebasó el presupuesto de 2006 (173 millones de pesos menos). Miembros de la comunidad cultural, entre ellos el escenógrafo Gabriel Pascal, denunciaron como culpables de este atentado a las cúpulas de los partidos políticos (salvo la del PRD). El presidente de la Comisión de Cultura, Emilio Ulloa, dijo a este semanario que su partido, el PRD, votaría en contra, ya que el sector “era el más golpeado en todo el presupuesto”. En la nota que se ofrece a continuación, redactada la noche del jueves 21, ya se avizoraba un panorama similar, pero no tan negro.

En el estira y afloja por el presupuesto de egresos de la federación, la cultura sufrió la incomprensión y el pragmatismo de los políticos que, con el argumento de que “los libros no dan de comer”, le negaron el sustancial incremento que propuso al inicio de esta semana la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Dicha comisión quería aumentar más de 4 mil millones de pesos a los 5 mil 600 millones determinados por el Ejecutivo, cifra esta última que reducía los dineros para cultura en relación con 2006 y que provocó el malestar generalizado en el medio.

En forma casi festiva, el diario La Jornada informó el martes 19 de diciembre que “de forma inédita” dicha comisión había aprobado “la asignación más cuantiosa para la cultura en el país”: llegaría a 10 mil 936 millones de pesos. Y añadió: “Si se logra el aval del pleno de la cámara, sería algo inusitado en México”.

Lo nada insólito es que en la discusión en el pleno el tema cultural volviera a perder frente a áreas como el campo, el sector energético y la seguridad; no obstante, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, al responder si los gobernantes y diputados son indiferentes a los problemas del recorte presupuestal a la cultura, había advertido:

“Son indiferentes a las repercusiones que puede tener un país sin cultura, con problemas económicos, con 10 millones de analfabetos, con la mitad del país desempleada. Es muy grave que la parte espiritual, la educativa y la de salud se recorten para incrementar las armas... Hay otras formas de mejorar el presupuesto para la seguridad nacional, no necesariamente a costa de la cultura. Una mala educación provoca la criminalidad, si le quitamos presupuestos a la educación y a la cultura tendremos más criminales. ¿Por qué castigar los efectos y no prevenir las causas?”

El mismo martes en que se daba a conocer la posición de la Comisión de Cultura, se realizó una marcha de diferentes grupos culturales, alumnos y trabajadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH), Bellas Artes (INBA) y de escuelas de arte de la UNAM que partió del Ángel de la Independencia al Palacio Legislativo.

Convocada por el poeta Eduardo Hur-tado (ver recuadro) y varias organizaciones, fue encabezada por Rascón Banda, las coreógrafas Rossana Filomarino y Magnolia Flores, los escenógrafos Félida Medina y Gabriel Pascal, la actriz Julieta Egurrola y el historiador y coreógrafo Alberto Cabañas, quienes conformaron una comisión para dialogar con los diputados.

Marchando también, en calidad de “ciudadano”, el exdiputado y ahora asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado Inti Muñoz hizo poner los pies en la tierra a quienes ya daban por hecho el incremento, al aclarar que era sólo una propuesta de la Comisión de Cultura y faltaba su aprobación en el pleno.

Advirtió que aun ya votado por éste, el Ejecutivo podría vetarlo, como sucedió hace un par de años, cuando los diputados destinaron mayores recursos a la cultura y Vicente Fox vetó la ley de presupuesto, yendo a parar la controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



¿Sin vela en el entierro?



La marcha llegó a San Lázaro por una ruta improvisada, resultado de la falta de acuerdo entre los manifestantes: el escritor Paco Ignacio Taibo II pedía pasar a saludar el plantón de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), instalado hace meses en la plaza Tolsá a las afueras del Senado, y otros, como la actriz Luisa Huertas, se opusieron al argumentar que no eran “elitistas”, pues estaban con el pueblo, pero la marcha de ese día era por la cultura.

No mezclar, pues. Quizá por ello a varios de los artistas e intelectuales marchistas no se les vio en las manifestaciones convocadas hace unos meses por el excandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. No asistieron esta vez Elena Poniatowska, Eugenia León o Jesusa Rodrí-guez, quienes apoyaron al tabasqueño.

Los desacuerdos en el frente de la marcha, que finalmente hizo una escala de un par de minutos entre Bolívar y Tacuba, donde Taibo II se desgañitó pidiendo la salida del gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca, prácticamente pasaron inadvertidos por los estudiantes que entre bailes, performances, ejecuciones musicales y batucadas vivieron la parte festiva.

“Si Frida viviera, qué chinga que les pusiera”, “Arte sí, armas no”, “Calderón entiende, la cultura no se vende”, “Haz el arte, no la guerra” y “Ni un peso menos”, fueron algunas de las consignas gritadas por los jóvenes, quienes como parte de su ingenio llevaban caricaturas de Agustín Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, con leyendas como “La cultura desnutrida”. Una gran manta recordaba: “1920 José Vasconcelos apoya la cultura y la educación; 2006 No al recorte a la cultura”.

Alberto Cabañas explicó que iban a la cámara no a discutir la reducción presupuestal, pues la rechazaban de entrada, sino el incremento. El coreógrafo e historiador reclamó la presencia de Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), pues debió encabezar la marcha y exigir el incremento presupuestal.

–Pero él ha dicho que jurídicamente está impedido de pelear por el presupuesto.

–Lo que está haciendo es manejarlo institucionalmente, nada más. Recibe un cargo sin apoyo y aún así lo asume incondicionalmente. Él debería estar al frente de la marcha por ser el presidente del Conaculta, también María Teresa Franco, directora del INBA. Ellos no pueden estar con las manos cruzadas.

El escritor Eduardo Mosches, director de la revista Blanco Móvil, coincidió y calificó de “timorata” la actitud de Vela al escudarse en las incapacidades jurídicas del Conaculta:

“Si él retomara seriamente el papel de presidente del Conaculta, tendría una actitud más beligerante, una posición de luchar por mayores presupuestos y una política que este gobierno no puede expresar y que con el tiempo quizás él tampoco pueda expresarla.”

Y Rascón Banda no se quedó atrás. Consideró un contrasentido que fueran los creadores y estudiantes de arte quienes salieran a dar la batalla y los funcionarios estuvieran “tranquilos en sus oficinas”. El dramaturgo, presidente de la Sociedad General de Escritores de México, pidió que el incremento no se destine a gastos y sueldos de funcionarios ni gastos administrativos, sino a la producción, el fomento de las artes y la educación.

El estudiante del Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Iván Arizmendi, junto con sus compañeros, vestía de basura (recortes de revistas y periódicos) para simbolizar que la falta de presupuestos los obliga a utilizar estos materiales en sus obras de teatro. Él no lanzó las campanas al vuelo por el posible incremento. Por ser de la UNAM esperaría hasta conocer el presupuesto aprobado al sector educativo:

“Estamos dependiendo totalmente de lo que se le otorga a la UNAM y de ahí tiene que pasar por varios filtros hasta llegar a la Facultad y luego al Colegio, son demasiados pasos, y si de por sí no nos llega, si nos recortan, menos va a llegar.”



Más que en 2006



Los marchistas entregaron a los diputados una carta dirigida al legislador Emilio Ulloa, presidente de la Comisión de Cultura, y a Felipe Calderón, en la cual recuerdan los compromisos hechos durante su campaña en un folleto poco difundido, “Cultura para que vivamos mejor”, con la exigencia de que “cumpla su palabra escrita”.

En esa campaña ofreció, entre otros puntos: perfeccionar los mecanismos legales que tienden a la protección y al aprovechamiento racional del patrimonio cultural; consolidar una política cultural en el largo plazo que garantice el apoyo público a la cultura, a fin de facilitar el acceso de todos los mexicanos; mayores estímulos a la creación; una política fiscal que favorezca el mecenazgo, y duplicar el presupuesto destinado al desarrollo cultural (Proceso 1571).

Se entregó también otra carta a los mismos destinatarios, en la cual miembros de la comunidad cultural advierten que en “tiempos de inconformidad ante las grandes desigualdades socioeconómicas del país, reducir las posibilidades de la educación, la ciencia y la cultura es apostarle a un deterioro cada vez mayor del tejido social”, y subrayan que la inversión en estos rubros es una obligación, “no una dádiva”.

Firman, entre muchos otros, el pintor Alberto Castro Leñero, el escritor Alberto Chimal, el actor Alberto Estrella, el cine-

fotógrafo Alejando Lubezki, la escritora Cristina Pacheco, el académico Daniel Cazés, el actor Daniel Giménez Cacho, la editora Débora Holtz, el músico Eduardo Piastro, el director de teatro Jaime Chabaud y el escritor José Emilio Pacheco.

Al cierre de esta edición, el jueves 21, en la Cámara de Diputados se planeaba la discusión del presupuesto de egresos para el viernes 22 e incluso se preveía alargar la discusión hasta la madrugada del sábado 23.

El diputado José Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Cultura, informó que el incremento “histórico” (como lo calificó el diario La Jornada) aprobado por esta comisión no se autorizaría en el pleno, pues los diputados de Acción Nacional antepusieron en la discusión el criterio de austeridad marcado por el gobierno federal. La posición del diputado perredista es que la cultura no se “regatea”, pues basta con ver cómo están los teatros del INBA o los museos para entender que falta “muchísimo” presupuesto:

“Estamos echando por la borda ese patrimonio que al momento de pedir préstamos al Banco Mundial sí cuenta, porque no prestan sólo por el petróleo, las minas o las carreteras, sino por el patrimonio cultural, pues es generador de divisas, de movimientos turísticos que garantizan el ingreso de moneda extranjera y de trabajo, eso no lo toman en cuenta, parecen olvidarlo.”

El presupuesto de casi 11 mil millones de pesos no se lograría, pero garantizó un incremento para que fuera mayor al ejercido durante 2006, cuando alcanzó los 7 mil 482 millones de pesos: Podría llegar a 8 mil millones o 9 mil millones de pesos. Y estaría destinado, aclaró, a programas específicos y al fortalecimiento de las instituciones del subsector cultura (mantenimiento de zonas arqueológicas, restauraciones, investigación, educación artística, promoción cultural), se defenderán derechos laborales de los trabajadores, pero de ninguna manera será para crear nuevos puestos en mandos altos y medios. En cambio, se regularizarán las plazas laborales del personal de la biblioteca Vasconcelos.

Esto último no lo ve como una contradicción con el hecho de que en la pasada legislatura el grupo parlamentario del PRD hubiera impugnado el proyecto de construcción de la llamada megabiblioteca:

“Comparto esa postura, pero también veo una realidad: a pesar de los señalamientos que de manera reiterada se acreditaron de manera fehaciente, la construcción está. Respeto el derecho de los usuarios a tener la atención básica por parte del Estado, para ello se requiere de esa plantilla laboral, que irresponsablemente la administración de Vicente Fox y de Sari Bermúdez no plantearon en el proyecto de presupuesto que presenta la SHCP. Estoy pensando antes que nada en los usuarios.”

El diputado dijo también que pelearán por un incremento al Archivo General de la Nación, y defenderán que éste se mantenga como custodio del legado histórico de la República, y sus acervos no sean trasladados a la megabiblioteca, como se ha planteado.



Y SE NOS OLVIDABA EL CORRUPTO CREEL QUE QUISO COMPRAR EL FAVOR DE LAS TELEVISORAS CON LOS DESPLUMADEROS:


Los ganadores: Televisa, Hank, Ocesa…
Jenaro Villamil y Juan Pablo Proal

Pese a las irregularidades cometidas con los permisos y la reglamentación, las casas de apuestas autorizadas por Santiago Creel y toleradas por Carlos Abascal se han empezado a instalar cuando aún está pendiente la controversia constitucional que los diputados interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que se calcula que los grupos favorecidos, sobre todo Televisa, multiplicarán por 10 sus inversiones en ocho años.

Bienvenidos a la Generación Win”, dice un anuncio en la entrada del Play City del centro comercial Armand, en la avenida Insurgentes Sur de la Ciudad de México. Estos ganadores, al menos un domingo a las 14 horas, son, en su mayoría, mujeres solas, mayores de 50 años, que participan en la fiebre del juego en alguna de las 200 máquinas electrónicas que se instalaron en una de las cinco primeras casas de apuestas que Televisa ha abierto este año en la Ciudad de México, en Chalco, en Coacalco y en Puebla.
La iluminación neón, intensa en sus tonos azul y rojo, no permite que se cuele la luz exterior. Los jugadores pueden pasar hasta cinco horas consecutivas, hasta las cuatro de la madrugada, apostando en el Neptuno Kings, el Fruit Cocktail, el exótico Oriental Express o cualesquiera de las más de 30 variedades de apuestas en estas máquinas.

Si uno no quiere apostar, puede sentarse en el bar, tomar whiskys a bajo costo y observar en alguna de las más de 20 pantallas de televisión la transmisión de los partidos de futbol americano de la NFL o de la Liga de Campeones de la UEFA 2006/2007.

Sin embargo, “la sensación” es apostar a las carreras de caballos y de galgos, o en los partidos de jockey, de futbol soccer, de futbol americano o de basquetbol, ya sea en la sala de números o en otro salón exclusivo, conocido como High Limit, donde se reúnen los “grandes apostadores”.

El toque Televisa, inconfundible en los Play City, se observa en otro sitio ubicado en la exclusiva plaza comercial Antara, en la avenida Ejército Nacional, Delegación Miguel Hidalgo. Allí el número de máquinas asciende a 380 en un espacio de más de 300 metros cuadrados, decorado con estrellas y múltiples referencias al principal emporio televisivo del país.

En los pasillos, una modelo le habla a una cámara de televisión promoviendo la afiliación al Play City Presea. Es el club de tarjetahabientes, al cual se accede mediante un contrato para formar parte de la Generación Win o para intercambiar los puntos acumulados en las apuestas por una suscripción a Sky, alguna de las revistas de Editorial Televisa o un viaje a Guadalajara o Tijuana por la línea aérea Volaris, otra nueva empresa del consorcio televisivo. Negocio en circuito cerrado y perfecto.

Sin necesidad de comprobantes, los jugadores van a una de las seis cajas del sitio a depositar efectivo para llenar las “tarjetas inteligentes” que permiten a uno jugar en las máquinas tragamonedas que, en estricto sentido, funcionan como un cajero automático. La tecnología fue aportada por la empresa estadunidense Scientific Games.

Un joven robusto, de apenas 25 años, depositó 2 mil pesos a su tarjeta Play City. En menos de dos horas agotó su crédito. Eso sí, se sintió “un ganador”. Otros apostadores, ejecutivos de corbata o parejas jóvenes, entran a la sala de números con la esperanza de ganar los 360 mil pesos acumulados o la Jeep Liberty 2006 que se promueve a la entrada para enganchar a los ludópatas.

Quieren ser como José Luis Pérez, quien ganó 70 mil pesos en el Play City Puebla, el primer establecimiento de Televisa, inaugurado el 24 de abril con 69 terminales electrónicas. Su testimonio se difunde, junto al de otros “ganadores”, en el sitio en internet www.playcity.com.mx.



“Concepto familiar”



Los planes más ambiciosos para la Generación de Ganadores, según Diana Muñiz Barbosa, directora del Departamento de Relaciones Públicas de Play City Puebla, es contar con guarderías y salas de videojuegos adyacentes. “Es un concepto muy familiar”, se ufanó en entrevista con Proceso.

Quien decida formar parte del Play City Presea, el club de miembros exclusivos, firma un contrato para jugar y consumir en la sala de play electrónico, en la sala de números, en los espectáculos deportivos, e inclusive para obtener entradas gratuitas al Cinemex o descuentos en el Spa Hawai del hotel W de Polanco, siempre y cuando acumule los puntos suficientes.

De acuerdo con el contrato, Apuestas Internacionales, S.A. (AISA), filial de Televisa, “se reserva el derecho de cancelar cualquier afiliación”, así como de “bloquear el uso de los puntos acreditados en la cuenta en el evento de cualquier mal uso de las terminales del play electrónico”.

La mecánica de la acumulación de puntos es la siguiente: Por el uso del play electrónico, la sala de números o el consumo en el restaurante-bar, cada jugador adquiere un punto por cada 10 pesos gastados, y se van sumando “siempre y cuando se presente la tarjeta en el momento de la obtención de fondos, para poder relacionar el número de la tarjeta al número de comprobantes que se adquiere”.

Para mantener activa la tarjeta, debe utilizarse “al menos una vez cada seis meses”. Entre los catálogos de beneficios se encuentran plumas Mont Blanc, intercambiables por 115 mil puntos acumulados, o teléfonos Palm, Ipod, maletas, cámaras fotográficas, billeteras, laptops (se requieren 500 mil puntos para una de éstas) y hasta por un viaje a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, siempre y cuando el que lo pretenda tenga ya 2 millones 800 mil win. Multiplicados por 10, equivalen a más de 28 millones de pesos invertidos en los juegos.



Negocio multimillonario



Apuestas Internacionales, S.A. obtuvo el 18 de mayo de 2005, en forma exprés, 130 permisos por 25 años para instalar 65 casas de juego en 25 entidades, por parte del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, a unos cuantos días de que dejara el cargo para postularse como precandidato presidencial del PAN.

En menos de dos semanas, Creel otorgó a Televisa y a otros empresarios vinculados con medios electrónicos, con el sector de espectáculos o con políticos, un número histórico de permisos para operar centros de apuestas y salas de sorteos de números: un total de 198.

Es decir, en dos semanas, Creel entregó una cantidad mayor de permisos con 25 años de vigencia que todos los concedidos de 1971 a 2000, conforme a una investigación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados.

El mismo órgano legislativo calculó que se invertirán 20 mil millones de pesos para abrir centros de este tipo, donde se esperan ganancias 10 veces más grandes que la inversión inicial.

Los otros 68 permisos, además de los de Televisa, fueron para las empresas Mio Games, de Jorge Alberto Fernández; Eventos Festivos de México, con inversión de Olegario Vázquez Raña, que administra los establecimientos Win Go; Promociones e Inversiones de Guerrero, de Carlos y Joaquín Riva Palacio; Promojuegos de México, de Raúl Quintana Fernández, y Pablo Cortina de la Fuente, que opera BWIN y realiza apuestas por internet; y Juega y Juega, de Juan Eduardo Mounetou Pérez y Carlos Enrique Abraham Mafud, amigos y posibles prestanombres de Manuel Bribiesca Sahagún, según denunció el entonces diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza (ver Proceso 1511).

Antes de dichos permisos, el negocio de los centros de apuestas en México estuvo dominado por Administradora Mexicana de Hipódromos, S.A., empresa que opera los 33 Sports Books y las 27 salas de sorteos de números o Yaks. Tiene un total de 91 establecimientos en todo el país.

Esta compañía pertenece a la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), de Alejandro Soberón Kuri, exsocio de Televisa que, entre otros grandes negocios, tiene la empresa de espectáculos OCESA, el Hipódromo de las Américas y el Foro Sol en México.

En 1973 la Secretaría de Gobernación dio permisos a la Operadora de Apuestas Caliente, que controla los cuatro locales y books del mismo nombre. Después se extendieron a Hipódromo Agua Caliente, con 21 centros de apuestas en operación. Ambas son propiedad de Jorge Hank Rohn, el actual alcalde priista de Tijuana, quien en 1991 llegó a tener 77 establecimientos en 19 estados.

Hank Rohn incursionó en las apuestas de carreras de galgos, y en 1998 abrió en la plaza Mundo E de Satélite, Estado de México, la primera sala de juegos Caliente.

Otras firmas de esta clase son Operadora Cantabria, con 21 establecimientos; Libros Foráneos, con 10; Divertimex, con siete; Atracciones y Emociones Vallarta, con cinco; Grupo Océano Haman, con seis; Espectáculos Latinoamericanos Deportivos, con cuatro; Operadora de Espectáculos Deportivos, con tres; Cesta-Punta Deportes, con tres; Comercial de Juegos de la Frontera, con dos, y Promociones e Inversiones de Guerrero, con uno.

Apuestas Internacionales, administradora de Play City, puede desplazar a cualesquiera de estos grupos si en menos de ocho años abre los 65 locales para operar sus 130 permisos, tal como lo proyectó un informe de Televisa ante la Securities Exchange Comision (SEC) de Estados Unidos.

Este informe, enviado por Televisa a finales del 2005, no aclara que existe desde octubre de 2004 una controversia en la Suprema Corte de Justicia por la anticonstitucionalidad del reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que puede echar abajo las autorizaciones extendidas por Santiago Creel. La ministra ponente es Olga Sánchez Cordero.

Por otro lado, sí informa que la inversión inicial para crear Apuestas Internacionales fue de 1 millón de dólares de capital inicial. Los socios son Emilio Azcárraga Jean, Alfonso de Angoitia, Bernardo Gómez, José Antonio Bastón Patiño, Julio Barba Hurtado, Juan Sebastián Mijares Ortega, Jorge Agustín Lutteroch Echegoyen, Salvi Folch Viadero y Rafael Carabias Príncipe. El gerente general es Joaquín Balcárcel Santa Cruz, apoderado también de Televisa.

Televisa firmó un contrato con la empresa estadunidense Scientific Games, que le proporcionó el soporte técnico, el hardware y la asesoría para poner en operación las máquinas de Play City. Scientific Games se promueve como “líder” en “instalación de tickets instantáneos, sistemas y servicios de lotería”, así como en tarjetas de prepago telefónico.

Televisa estima que la inversión inicial total, incluyendo la compra a Scientific Games, dará una ganancia 10 veces mayor en un plazo de ocho años.

La organización Di No a los Casinos, dirigida por Daniel Olivares Villagómez, señala que en un centro de apuestas entran en promedio mil jugadores por día. Y Olivares Villagómez afirma que Televisa es la única compañía mediática en el mundo que se ha iniciado en este tipo de negocios, e incita “en forma perversa a la gente a que practique la ludopatía”, con lo que se convertirá en una “fábrica de adictos”.



La ludopatía



La Organización Mundial de la Salud considera la ludopatía o las apuestas compulsivas como “un trastorno mental de los impulsos”. Un jugador compulsivo puede apostar en carreras de perros, loterías, bingos, máquinas tragamonedas, dados, cartas, etcétera.

“El juego compulsivo es una enfermedad progresiva que puede dañar la situación económica, la carrera, las relaciones y la vida misma de la persona. También puede afectar a los seres queridos del jugador”, señala el Florida Council on Compulsive Gambling, una de las organizaciones civiles más fuertes creadas en Estados Unidos para tratar esta enfermedad psicosocial.

De acuerdo con Rafael Tejeda de Luna, autor de otro estudio sobre la ludopatía, “un jugador patológico puede estar de 24 a 48 horas jugando ininterrumpidamente, sin moverse de su sitio, sin comer, sólo bebiendo”.

Por esta razón, en la mayoría de los bingos, yaks, books y ahora en el Play City, una de las zonas más concurridas es el servicio de bar, donde las bebidas cuestan menos que en otras partes.

En México no existe un estudio confiable que aborde el problema de la ludopatía y de los riesgos que conlleva la proliferación del juego intensivo. En su período como secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza se comprometió a encargar una investigación sobre las consecuencias sociales y psicológicas de los 198 permisos que entregó su antecesor Santiago Creel. Según el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, hasta agosto de 2006 el estudio en cuestión aún se encontraba “en su etapa de elaboración”.

Los datos disponibles indican que, en Estados Unidos, entre 7 y 10% de los asistentes a las salas de juego y casinos tienen problemas de ludopatía. En estados como Nevada, asiento de Las Vegas, se ha confirmado que 20% de los individuos que juegan patológicamente han intentado suicidarse.

El estudio de Tejeda de Luna cita el caso de Alemania, en donde hace dos años se estimó el costo social de la ludopatía en más de mil millones de euros. En España, a raíz de la legalización del juego en 1977 y hasta 1998, se registraron 50 mil jugadores patológicos adultos.

Daniel Olivares advirtió que Televisa tiene una “estrategia monstruosa” para transformar sus centros de apuestas en sitios de reunión familiar, pues “pretende utilizar todo su potencial para hacer que la gente caiga en el vicio del juego”.

A su vez, el diputado federal panista de Puebla Ángel Alonso Díaz Canejo, quien también es miembro de la Comisión de Turismo, puntualizó que las casas de apuestas no sólo afectan la salud de las personas, sino también promueven la drogadicción, la delincuencia y el lavado de dinero.

Pese a todo, en la Ciudad de México los dos primeros centros de apuestas de Televisa obtuvieron el permiso de las delegaciones Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ambas gobernadas por miembros del Partido Acción Nacional.



Las irregularidades



El gobierno de Vicente Fox decretó el 17 de septiembre de 2004 un reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que modificó el que estuvo vigente desde el 31 de diciembre de 1947.

El reglamento fue impugnado por el pleno de la Cámara de Diputados, que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 3 de noviembre de 2004, la controversia constitucional con el número de expediente 97/2004. A más de dos años de haberse interpuesto ese recurso, el máximo tribunal no ha emitido fallo alguno.

Ernesto Alarcón Trujillo, diputado y presidente de la Comisión Especial Encargada de Verificar el Cumplimiento de la Normatividad de los Permisos Otorgados por la Secretaría de Gobernación, formada en la Legislatura pasada, indicó en sus conclusiones que el reglamento del foxismo transgrede el artículo 73 fracción X de la Constitución, al tiempo que amplió el concepto de sorteos, “estableciendo modalidades que no tienen relación con el azar; sus definiciones son oscuras, sujetas a la discrecionalidad interpretativa de la Secretaría de Gobernación”.

También denunció que ese reglamento “deja de lado” el hecho de que “el espíritu de la ley” correspondiente “es el destino de estas actividades a la asistencia pública”. En suma, subraya, “es omiso en la determinación de las ganancias para la previsión social y la asistencia pública”.

La Secretaría de Gobernación también hizo caso omiso a la solicitud presentada el 23 de abril de 2004 por un grupo de mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para incluir un representante de los gobiernos de las entidades en el Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos que, por ley, debe fungir como órgano de consulta al otorgar los permisos.

El mismo informe señala varias irregularidades en el paquete de los 198 permisos otorgados por Santiago Creel. Entre ellas se encuentran las siguientes:

–En forma sorpresiva, el 29 de abril de 2005, durante la última sesión del Consejo Consultivo, se aprobaron cinco permisionarios más y se modificó el permiso extendido a Eventos Festivos de México, de Olegario Vázquez Raña, que pasó de tres a 20 centros de apuestas en un solo acto.

–Las identidades de los beneficiarios de los permisos “no son del todo transparentes”, ya que el reglamento establece la necesidad de investigar a fondo quiénes son los permisionarios, con excepción de la sociedad Apuestas Internacionales, de Televisa, que cotiza en la bolsa. Esta investigación no se realizó en el caso de Promociones e Inversiones de Guerrero, que tiene como accionista mayoritario un fondo económico extranjero, denominado Gem Global Yield Fund y United Tote. A este grupo se le autorizó establecer 11 de sus 53 centros de apuestas en cualquier estado de la República, “sin especificar claramente el domicilio exacto”.

–La comisión legislativa determinó que los permisos proporcionados por Creel tanto a Televisa como a los otros grupos (Mio Games, Eventos Festivos, Promojuegos, Juega y Juega y Promociones e Inversiones de Guerrero) “no están ajustados a derecho” por “diversas omisiones y violaciones a la Ley de Juegos y Sorteos y a su respectivo reglamento”.

–La comisión le reprochó al equipo de Carlos Abascal, en especial al subsecretario de Gobernación Arturo Chávez Chávez(FAMOSO POR OAXACA), que a pesar del compromiso de no emitir nuevos permisos en tanto no se resolviera la controversia constitucional, “la Secretaría de Gobernación ha dado continuidad al otorgamiento de autorizaciones para el inicio de operaciones de 198 nuevos centros de apuestas autorizados, violando con ello el compromiso marcado con el número 4, que a la letra dice: ‘La Secretaría de Gobernación no permitirá la instalación de algún establecimiento que no cuente con la autorización de los estados, municipios o delegaciones correspondientes’”.

Así mismo, exhortó a la Secretaría de Gobernación a “no permitir la apertura de nuevos establecimientos” de Play City, Uno, Big Bola, Win Go, La Cima y Río Diversión, “en tanto no se emita el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y no se conozca el estudio encargado a la UNAM.

A pesar de esto, Televisa y los otros grupos permisionarios empezaron a abrir sus centros de apuestas, sin que hasta ahora ninguna autoridad se haya interpuesto, sin que la Secretaría de Gobernación informe al respecto y sin que la Suprema Corte determine si violan o no la Constitución. (Proceso 1559) ?


Pretendientes de una tercera cadena televisiva
Florence Toussaint

Dos hechos contradictorios se han presentado en los últimos días de este año en materia de medios. Por un lado, los grandes manipuladores, Televisa y Azteca, han unido sus fuerzas contra la posibilidad de que exista una tercera cadena privada que compita con ellos. Los empresarios muestran su incongruencia: los bienes de la nación, en este caso el espectro radioeléctrico y satelital tiene que ser usufructuado por el gran capital, señalan. El mercado debe regir en la convergencia digital. Presionan, cabildean, difaman y amenazan con tal de salirse con la suya. Así consiguieron la llamada Ley Televisa. Sin embargo, hoy que han obtenido la facilidad de usar el “triple play” sin licitar ni pagar nada al Estado, no quieren que ningún otro jugador entre a la palestra.

Aquí no se trata de abogar porque esto suceda, ya que lo menos conveniente para el país es el surgimiento de una cadena privada más que lucre con la cultura, la información y el entretenimiento. Sí de señalar cómo, a través de una campaña mentirosa de alcance nacional, Televisa y Azteca se han encargado de atajar a sus previsibles competidores.

La protección que siempre le ha dado el Estado mexicano a los consorcios mediáticos ha posibilitado su crecimiento. Aunque su productividad ha bajado en los últimos 20 años, siguen vivos gracias al apoyo gubernamental. En este año, obtuvieron 70% de los gastos en publicidad política de los partidos, más la inversión de, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial. Además de la erogación del expresidente para mantener su imagen. Sería muy difícil que, sin el respaldo gubernamental y con un mercado abierto a consorcios extranjeros, la televisión mexicana subsistiera.

Los hoy enemigos de Televisa y Azteca fueron en otro tiempo sus socios y colaboradores. Moisés Saba, del grupo con el mismo nombre, formó parte de Tv Azteca y tuvo intereses en la empresa. Grupo Casa Saba S.A. de C.V., es una compañía que cotiza en las bolsas de valores de México y de Nueva York y cuyo reporte anual de 2004 señala que las ventas netas de ese período fueron de mil 833 millones de dólares. La utilidad bruta de 188 millones de dólares y la neta de 57 millones de dólares. Su actividad principal es la distribución de medicamentos en la República, tanto a farmacias privadas como públicas. Agrega a ello una división distribuidora de libros y revistas cuya razón social es Citem. Su historia es una de cambios y fusiones. Como antecedente remoto se menciona a una farmacia que operaba en 1892. La gran empresa actual nace en l982 como Inmobiliaria Auho, en 2000 adquiere 85% de las acciones de la sociedad XTRA Inmuebles; al asumir éste la totalidad de las acciones, pasa de Grupo Casa Autrey a Grupo Casa Saba. Y así funciona desde esa fecha.

Su segunda división está relacionada con la cultura al distribuir en México, Estados Unidos (62%), América Central (13%), Sudamérica (22%) y el Caribe (3%), un total de 5 mil 900 títulos adquiridos a 290 editores. La subsidiaria Citem es la principal competidora de Intermex, compañía propiedad de Televisa que opera el mismo ramo. El producto más importante son los libros, aunque también hace circular semanarios y revistas. Lo hace en 740 librerías, 200 estands de noticias y 170 agentes nacionales. Entre los puntos de venta se cuentan aeropuertos, restaurantes Vips, El Portón y hoteles.

El otro consorcio interesado en adquirir una concesión televisiva en México es General Electric, que tiene entre sus compras recientes a la cadena estadunidense de televisión abierta NBC y a su vez a la de habla hispana Telemundo. Ésta ya había mostrado interés en el espectro mexicano cuando ofreció pagar sueldos caídos a los trabajadores de Canal 40 para ponerlo al aire de nueva cuenta. También, en aquella ocasión, Televisa y Tv Azteca armaron un escándalo mediático para detener la operación.

Telemundo alcanza 142 mercados a través de 16 estaciones propias, 36 afiliadas y 684 sistemas de cable. Conductores, productores y periodistas provienen en su gran mayoría de Miami, ciudad que alberga a los emigrados cubanos. También ha llevado a cabo convenios con Argos, la productora mexicana de telenovelas y programas especiales.

General Electric es un consorcio que produce desde focos hasta reactores nucleares y cuyo comportamiento ha sido denunciado en repetidas ocasiones por fraudulento y carente de ética. Algo común entre las grandes corporaciones del mundo, a las cuales solamente importan las ganancias.

Independientemente de quiénes pretendan obtener la tercera cadena privada, el Estado no puede otorgarla sin ampliar, de manera equivalente, las opciones de unos medios públicos de calidad, diversificados en su programación, y que atiendan las necesidades informativas y de cultura del público antes que el negocio. Con dos cadenas que compiten a la baja en las propuestas, es suficiente. No se puede seguir regalando el espectro a la iniciativa privada para que manipule, intervenga en las elecciones y ofrezca chatarra a los sufridos televidentes. ?


LOS ABUSOS EN OAXACA, MAS TESTIMONIOS:

Testimonios de pesadilla
Pedro Matías

Poco a poco se va conociendo la dimensión de los abusos policiacos cometidos el 25 de noviembre en contra de simpatizantes de la APPO, así como de muchas personas que nada tenían que ver con ese movimiento social y que sufrieron encarcelamiento. En tanto, el jueves 21 llegaron a la capital oaxaqueña los delegados de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, presididos por Iñaki García, para conocer las versiones de las víctimas y hacer una recomendación al gobierno

federal.

OAXACA, OAX.- El arquitecto Por-

firio Domínguez Muñozcano estuvo a punto de morir ese sábado cuando caminaba por el centro de esta ciudad con su portaplanos a la espalda. Elementos de la PFP lo detuvieron y comenzaron a golpearlo con sus toletes porque pensaron que transportaba una bazuka casera.

También lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Le fracturaron el piso orbitario izquierdo, lo cual propició que el ojo se saliera de su órbita. No fue operado sino hasta el lunes siguiente por la mañana, y aún no sabe si los daños que sufrió son irreparables.

Los primeros días estaba irreconocible, con su rostro deformado por la inflamación. Tenía derrame en ambos ojos, una abertura en la cabeza y moretones en todo el cuerpo.

“Fueron 21 días de terror”, dice en entrevista este arquitecto de 42 años, oriundo de Santo Domingo Xagacia (Sierra de Juárez) y habitante de la ciudad de Oaxaca, mientras muestra sus cicatrices y procede a narrar:

“Ese sábado, a las cinco de la tarde, fui al centro a imprimir los planos de una casa-habitación. Estacioné mi automóvil en Reforma, entre Constitución y Berriozabal. Observé que sobre la calle de Alcalá la PFP se enfrentaba a los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pude ver el humo del gas lacrimógeno, las tanquetas que arrojaban agua a presión, así como armas de fuego en el bando de la policía; los del otro grupo portaban piedras, bazukas y bombas molotov.”

Él siguió su camino hasta llegar al local de Grafhi Cad, en Reforma, a la altura de Independencia-Morelos, donde ordenó copia de los planos. Una hora después, cuando se dirigía a su auto, en la esquina de Reforma y Constitución se topó con la policía federal.

“Mi única reacción –relata– fue replegarme hacia el muro de la hemeroteca, del lado de Santo Domingo, en donde comencé a ser agredido por elementos de la PFP. Un toletazo en la cabeza me dejó inconsciente durante dos horas. Cuando recobré el conocimiento me encontraba en el Zócalo. Ahí comprobé, al tocarme la cara, la cabeza y el cuerpo, que había recibido una tremenda golpiza.”

Durante la agresión, Porfirio perdió su celular, así como los documentos personales que portaba: credenciales, licencia de manejo, tarjeta de circulación, tarjetas bancarias y su cámara fotográfica.

“Luego –dice– comenzó la zozobra. Los policías iniciaron el traslado de los detenidos, que duró varias horas. Los custodios amenazaban con matarnos. No dejaron de encañonarnos con armas de alto poder durante todo el trayecto.

“Nos internaron en el reclusorio femenil de Tlacolula. Eran las tres o cuatro de la mañana (del 26 de noviembre). Permanecí todo el domingo sin recibir atención médica, sin alimentos e incomunicado. Por la noche tomaron nuestra primera declaración. El lunes 27 de noviembre se iniciaron los traslados al penal de Tepic, Nayarit.”

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue enviado al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, donde fue operado de su ojo. Su familia tuvo que pagar 7 mil pesos.

El jueves 30 de noviembre, personal del Juzgado 4º de lo Penal le tomó otra declaración, y por la noche se le notificó el auto de formal prisión. Según el expediente 152/2006, fue acusado de los delitos de incendio, robos diversos y otros que pudieran configurársele.

La mañana del viernes 15 de diciembre, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlacolula notificó a Porfirio Domínguez su liberación, y poco después prácticamente fue arrojado del reclusorio. El arquitecto pidió aventones hasta que llegó a la capital del estado, desde donde llamó por teléfono a su familia.

Los abogados Pedro e Isabel Sosa Gutié-rrez consideran que a la mayoría de los detenidos se les violaron sus garantías individuales, pues fueron privados de su libertad de manera ilegal y no les respetaron sus derechos de audiencia y de defensa, consagrados en el artículo 20 constitucional.



Observadores en el estado



A casi un mes de la agresión policiaca a los dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, asegura que de los 291 detenidos durante esa jornada 95% sólo ejercía su derecho constitucional a la manifestación. Y aclara que por lo menos 50 de los llamados “reos de alta peligrosidad” no tienen ninguna vinculación con el movimiento popular.

El jueves 21 de diciembre, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), durante la instalación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Dere-chos Humanos, en la que participan representantes de 30 países, Mayrén Peláez dijo que gente ajena al movimiento social –porros y vándalos– llegó el 25 de noviembre al Zócalo para cometer desmanes y justificar la represión de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de las corporaciones policiacas estatales.

Encabezados por Iñaki García, los delegados internaciones se encuentran en Oaxaca para recopilar los testimonios de los integrantes de la APPO y de ciudadanos que han sido víctimas de la represión del gobierno de Ulises Ruiz y de los cuerpos policiacos.

Los casos de la bibliotecaria Socorro Antonia Soriano San Juan y su hermana Romualda Lourdes –ésta es archivista en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO)– ilustran igualmente los excesos de la policía federal.

Socorro, de 43 años, y Romualda Lourdes, de 50, padecen hipertensión arterial y necesitan consumir medicamentos periódicamente para controlar su mal. Ambas fueron detenidas cuando regresaban de su consulta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como puede constatarse en la bitácora de su expediente.

Romualda Lourdes relata que, después de la consulta, ella y su hermana regresaron caminando a su domicilio, en la Segunda Privada de Crespo 107 Bis, pero fueron detenidas a la altura del negocio Zetuna.

“Eran alrededor de las nueve de la noche –dice–. La gente corría por la calzada Niños Héroes cuando, de repente, los policías irrumpieron y comenzaron a golpear a hombres, mujeres y ancianos. A nosotras nos subieron a un vehículo que nos trasladó a la cárcel de Miahuatlán y, horas después, al penal federal de Tepic, Nayarit.”

El albañil Juan Martínez, de 34 años, originario de San Francisco Coatlán, distrito de Miahuatlán, y padre de tres menores, tuvo una experiencia similar al salir de trabajar en una obra en la colonia América Sur. Tras la jornada, el arquitecto Rosario Ramón Cruz le pagó los 2 mil 650 pesos correspondientes a su semana de trabajo, y Juan se enfiló hacia la Central de Abastos para abordar algún vehículo que lo transportara a su domicilio en Pueblo Nuevo.

Al no encontrar ningún transporte público, decidió hacer el recorrido a pie. En el centro de la capital, vio que mucha gente estaba corriendo, mientras los policías lanzaban gases. De inmediato, la PFP comenzó a detener a todas las personas a su alcance, por parejo.

“Al momento de agarrarme –cuenta–, los policías de la Federal Preventiva me robaron mi dinero, el teléfono celular, mis identificaciones, un radio portátil y una chamarra azul.”

Después lo subieron a un vehículo y acabó también en el penal de Miahuatlán, de donde lo sacaron sólo para llevárselo a Tepic.



Detenciones hechas por civiles



Otra víctima de la violencia policiaca fue Gabriel Luis Barrera, de 22 años, quien salió de su natal Salina Cruz en busca de trabajo. Llegó a la capital el martes 21 de noviembre y de inmediato comenzó a pedir empleo.

El 25 de noviembre, a las 19:30 horas, Gabriel caminaba con su amigo Diego Armando Gómez por la calle de Libres –situada a unas 10 cuadras de la refriega–. Cuando vieron a la gente huir del gas lacrimógeno, Gabriel corrió hacia El Llano, donde fue detenido por personas vestidas de civil que se desplazaban en una Nissan blanca de doble cabina. Además de ser brutalmente golpeado, fue recluido unas horas en Tlacolula y luego trasladado al penal de Tepic.

El joyero José Luis Ramírez Morales, de 17 años, tuvo una suerte similar. Salió del taller donde trabaja, en la calle de Allende, hacia su casa, en Ponciano Arriaga 111. Metros adelante fue detenido por los elementos de la PFP.

Lo mismo que Guidir Cervantes Ven-tura, padre de cuatro menores y sostén de su familia, a quien los policías agarraron cuando una motocicleta que estaba reparando no arrancó.

Adrián, Daniel y Alejandro Sánchez López, así como Cristian Guzmán Pacheco y Ricardo Méndez López, recluidos en la penitenciaría del estado acusados de portación de arma de fuego y agresiones, fueron otras víctimas.

Sus familiares aseguran que el 25 de noviembre, a las 11 de la noche, los jóvenes salieron a comprar refrescos para celebrar el triunfo de su equipo de futbol. Cerca de la Facultad de Medicina fueron interceptados por una camioneta blanca, de la cual descendieron varios civiles armados y empezaron a golpearlos. Después los subieron a la camioneta y fueron llevados a San Felipe del Agua.

María Ruth Cabrera Vásquez, Ofelia Esperanza Robles Cruz, María Socorro Cruz Alarcón, Jovita Sánchez Cruz, Car-

men Sánchez Cruz, Paulina Josefa Ramí-rez, Esmeralda Velasco Morales, Roberto Morales y Jorge Sánchez García, sin tener nada que ver con la APPO, también fueron llevados al penal de Tepic, acusados de daños por incendio y robos diversos. Algunos de ellos forman parte de las parroquias de Perpetua y Felícitas, así como de la parroquia Xoxocotlán.

En breve entrevista, el pintor Fran-cisco Toledo dice que la situación por la que atraviesa Oaxaca “nos hace vivir en un estado policiaco”, y además “surrealista”: el gobernador Ulises Ruiz comenzó a liberar a los presos políticos –hasta el viernes 22 habían recuperado su libertad 60–, y además está pagando las fianzas de los detenidos, que van de los 5 mil hasta los 250 mil pesos. ?


Condena en Europa
Marco Appel

El “caso Oaxaca” llegó al Parlamento Europeo. Diversos grupos de eurodiputados –los Verdes, Izquierda Unitaria, Liberales– manifiestan su preocupación por las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por policías federales y locales en ese estado. Por ello solicitaron a la Comisión Europea analizar un paquete de medidas contra el gobierno de México, entre ellas exigir “la creación de una comisión de investigación que aclare los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias, y que enjuicie a los culpables”.

BRUSELAS.- A raíz de las “graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por las autoridades mexicanas durante el conflicto en Oaxaca, el Parlamento Europeo analiza solicitar sanciones contra el gobierno de México.

El pasado 21 de noviembre, el Grupo de los Verdes propuso la aplicación de un paquete de medidas concretas contra México, cuya viabilidad evalúa en este momento la Comisión Europea, la responsable de las relaciones con el país.

Las medidas propuestas, que fueron enviadas por escrito a dicha comisión, consisten en “reclamar de forma oficial al gobierno mexicano una solución pacífica al conflicto (de Oaxaca)”, “invocar la cláusula democrática del acuerdo de asociación”, “demandar (a las autoridades mexicanas) la creación de una comisión de investigación que aclare los arrestos arbitrarios y las ejecuciones sumarias, y que enjuicie a los culpables”, así como “prohibir toda exportación de armas europeas a México, ya que pueden ser utilizadas contra la población civil”.

En esa misma ocasión, el Grupo de los Verdes expuso en una carta los motivos de su demanda: “Desde mayo de 2006 –señala el documento en poder de Proceso–, el estado de Oaxaca atraviesa una situación de violencia extrema que ha producido arrestos arbitrarios, así como ejecuciones extrajudiciales”.

Y explica: “Al movimiento de huelga del magisterio estatal siguió una amplia movilización social. Esta protesta pacífica fue violentamente reprimida (…) por órdenes del gobernador de Oaxaca (Ulises Ruiz Ortiz), cuando las fuerzas del orden intentaron recuperar el control del centro de la ciudad capital del estado. Unos 3 mil 500 policías desplazados por el gobierno mexicano (el 29 de octubre), reforzados por paramilitares, también han atacado y asesinado a más de 10 manifestantes desde el comienzo de estas operaciones represivas”.

El pasado 1 de diciembre, el Grupo de la Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo envió una misiva al presidente Felipe Calderón y al gobernador Ulises Ruiz. En tono duro, esta fuerza política expresó su más “enérgica protesta contra la violencia por parte del gobierno mexicano y oaxaqueño”, durante la “carga” policiaca del 25 de noviembre en Oaxaca, en la que varias personas perdieron la vida.

El texto da por hecho la existencia de “personas detenidas y privadas arbitrariamente de su libertad” y la actuación de “fuerzas paramilitares para reprimir a los movimientos sociales”; por tanto, el Grupo de Izquierda Unitaria demanda a Calderón el cumplimiento de obligaciones básicas en un estado de derecho, como “garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos” y “permitirles ponerse en contacto con sus familiares”.

Desde 2001, eurodiputados de los grupos Verde, Socialista, Popular e Izquierda Unitaria han transmitido a la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, no menos de 10 comunicaciones por escrito sobre diversos casos de vejaciones a los derechos humanos en México.



Propuesta de sanciones



El caso de Oaxaca expuso en Europa la ineficiencia de las autoridades mexicanas para resolver ese conflicto por la vía del diálogo. Semanas antes del operativo policiaco de finales de octubre, organizaciones internacionales y europarlamentarios habían manifestado su oposición a una solución de fuerza en Oaxaca: advertían de un altísimo riesgo de propiciar graves faltas a los derechos humanos.

El pasado 6 de octubre –dos días después de que la UE reconociera, por primera vez en su informe anual, que México debía “afrontar todavía importantes retos” en materia de derechos humanos–, una carta electrónica de la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México fue enviada al entonces presidente Fox, a los diputados alemanes, y al embajador alemán en México, Roland Michael Wegener, cuyo país ostentará la presidencia de la UE durante el primer semestre de 2007.

En la mencionada carta, esa influyente red de 12 organizaciones no gubernamentales, entre éstas la sección alemana de Amnistía Internacional, recordó a Fox que la solución del conflicto “no se logrará con el uso excesivo de la fuerza, reprimiendo, persiguiendo o intimidando…”.

La Policía Federal Preventiva entró a Oaxaca el 29 de octubre, cinco días después de que la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede

en París, presentó un informe del caso ante

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Al día siguiente del operativo, la Inicia-tiva de Copenhague para América Central y México, una ONG de cabildeo con sede en la capital belga, condenó “la utilización de la violencia” por parte del gobierno mexicano y, a través de un documento enviado por internet, invitó “a las autoridades europeas a protestar por este uso indebido de la fuerza”.

El pasado 8 de noviembre, la violencia en Oaxaca fue objeto de análisis en el Parlamento Europeo. Ese día, durante una reunión de “coordinadores”, el Grupo de los Verdes y la Izquierda Unitaria, con el apoyo del Grupo Liberal, consideraron necesario incluir el “expediente Oaxaca”, por su gravedad, en la agenda de “asuntos urgentes” que debían debatir en la sesión plenaria los 732 miembros del Parlamento Europeo. Pero no fue posible: el Grupo Socialista y el Popular se opusieron, por lo que no se alcanzó el consenso necesario para abordar el tema en esa ocasión.

Un día después, en el marco de la Asam-blea Eurolatinoamericana, la eurodiputada austriaca Eva Lichtenberger acordó con la diputada perredista Silvia Oliva promover la idea de bloquear el comercio de armas europeas a México. Como era de esperarse, el panista Gerardo Buganza ni siquiera quiso hablar del tema cuando se lo planteó Lichtenberger, según comentó ella misma.

El pasado 21 de noviembre, el conflicto de Oaxaca escaló en importancia al convertirse en uno de los puntos de debate en la prestigiosa Subcomisión de Derechos Humanos. Su presidenta, la francesa Hélène Flautre, manifestó a Proceso su apoyo a las sanciones contra el gobierno de México. El hecho es inédito: nunca antes un presidente de la subcomisión había cuestionado a este país.



Incumplimiento



El pasado 18 de diciembre, el presidente del flamante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mexicano Luis Alfonso de Alba, fue el “invitado especial” en la reunión mensual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Ahí, en la sala casi llena –había un centenar de personas, entre legisladores, asesores, periodistas y activistas de ONG—, el eurodiputado español Raúl Romeva encaró a De Alba. Le dijo: “El problema de fondo al que nos enfrentamos, en todo el mundo, es la falta de credibilidad y de autoridad moral que nos impide hacer el trabajo que deberíamos hacer (…) Cuando uno quiere dar lecciones de derechos humanos es más fácil hacerlo cuando no se le puede a uno criticar o se le critica poco”.

Y continuó: “Quisiera hacerle una pregunta que puede resultarle incómoda: México es un país que en este momento tiene sobre la mesa muchos temas abiertos sobre derechos humanos: el caso de Atenco, la situación preocupante de Oaxaca, el caso no resuelto de los feminicidios, los hechos de Guadalajara (…) ¿Cómo, desde la dificultad de ser mexicano, aspira a afrontar estas cuestiones?”.

De Alba respondió: “Con una política exterior activa no estamos buscando esconder las realidades. No hay ningún país que haya recibido el mismo número de visitas que México en seis años: 14 o 15 relatores especiales, todos los mecanismos habidos y por haber de Naciones Unidas, del sistema interamericano, bilaterales (…) Donde está el problema es en el seguimiento de las recomendaciones, tenemos más de 400 a las que hay que darle seguimiento (…), algunas urgentes de implementar”.

Los cuestionamientos de los parlamentarios europeos también se han enfocado en la designación del exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, como secretario de Gobernación. Le achacan responsabilidad en la detención y presunta tortura de decenas de manifestantes durante la cumbre UE-América Latina, celebrada el 28 de mayo de 2004.

–El nombramiento de Ramírez Acuña mandó un mensaje negativo a Europa –comentó este corresponsal a De Alba en una breve entrevista, realizada el pasado 18 de diciembre en Bruselas.

–Al haber sido designado secretario de Gobernación por el presidente Calderón, (Ramírez Acuña) se ha comprometido de una manera muy clara con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.

–Por coherencia, ¿Ramírez Acuña debe reconocer que hubo abusos en los hechos de Guadalajara?

–Lo que hay que hacer es transparentar la información sobre las acusaciones, sobre las investigaciones que se hayan realizado y sobre la identificación de responsables, en el caso de que haya habido.

–En cierto sentido, ¿la relación con Europa se ha dañado por el deterioro de los derechos humanos en México?

–En Europa hay dos corrientes de opinión: una que, con justo derecho, señala las deficiencias; y otra que reconoce la apertura de un régimen democrático, que reconoce que no se ha hecho uso de la fuerza de manera generalizada y mucho menos con ánimo de violentar los derechos humanos, que ha habido moderación (…) La petición de Europa, y de los mexicanos, es que cuando el uso de la policía sea necesario, se haga con absoluto respeto a los derechos humanos.

–¿Y está convencido de que así se ha hecho?

–Se ha hecho un gran esfuerzo por hacerlo. Si hay excepciones, también hay voluntad de castigarlas, y en esa medida me siento muy tranquilo.


PARA APARENTAR EMPARENTAR NUESTRO NEPOTISMO

1

HASTA LOS DIOSES LES ENTREGAN A SUS HIJOS

LOS MEJORES EMPLEOS

“Vaya usted a cualquier dependencia del Gobierno del Distrito Federal o de la Federación y los encontrará (los parentescos)… (Vaya también, dice la R., al árbol genealógico de la Creación y verá que Adán y Eva se conocieron en una fiesta familiar sin propósitos de lucro)... Las críticas son una artimaña de gentes (sic) que quieren amarrar navajas (¡sock!) y pegarle a la organización sindical (en donde todos son parientes entre sí, la R. notarial y patrimonial). Yo lo veo como un nombramiento para cualquier funcionario, que está dado en función del perfil de la persona y no del parentesco”. (Un pariente, de acuerdo a esta lógica, es aquel que carece de perfil.)

Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del SNTE, al defender el nombramiento de Fernando González Sánchez como subsecretario de Educación Básica de la SEP. El profesor González Sánchez es yerno de la profesora Elba Esther Gordillo. Nota de Daniela Rea, Reforma, 15 de diciembre de 2006.

2

PERO SI EL NOMBRAMIENTO ES LA MÁS FERVIENTE

DE LAS EVALUACIONES. ¿O SE NOMBRA PRIMERO

Y SE CERCIORAN DESPUÉS?

“Las instrucciones del señor presidente Felipe Calderón Hinojosa no dejan lugar a duda, sin excepción para todos los funcionarios que trabajamos en la administración pública, nuestra evaluación y permanencia en los cargos depende y dependerá permanentemente de la rendición de cuentas y de nuestros resultados”. (Se les designa por las influencias y se les ratifica para no hacer quedar mal a las designaciones.)

Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, al justificar la designación de González Sánchez. Nota de Sonia del Valle, Reforma, 15 de diciembre de 2006.

3

NADIE NACE EN UNA BUENA FAMILIA SI LO PUEDE EVITAR

“No se puede ser parte del sindicato y, al mismo tiempo, ser funcionario público. No se puede ser borracho y cantinero a la vez. No se puede estar en un lugar y en otro… Nadie debe ser juzgado por sus lazos consanguíneos. Pero lo que sí se cuestiona es que hay un conflicto de interés al ser representante del SNTE y al mismo tiempo patrón” (porque corren el riesgo de convertir las aulas en bares para el metafórico declarante).

Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD, al cuestionar el conflicto de intereses por la designación del “yerno incómodo”. Nota de Georgina Saldierna, La Jornada, 15 de diciembre de 2006.

4

PARA EL DECLARANTE, LA SEÑORA GORDILLO ES:

A) MIGUEL DE CERVANTES ( ); B) GOETHE ( ); C) ALFONSO REYES ( ); D) HUGO SÁNCHEZ ( ). MARQUE CON UNA

ESPANTOSA EQUIS LA IDEA CLÁSICA DE LOS PRIISTAS

“Invoca usted a una de mis clásicas: la señora Gordillo. Yo le podría decir, con todo respeto, que es penoso para un país que se supone que ha venido dando avances en el sistema democrático, el que la señora se suponga actora en espacios que no le corresponden… (La Autoridad Moral es el espacio del PRI. La R.)... El Presidente del Empleo empezó por garantizar el trabajo al yerno de la señora Gordillo haciéndolo subsecretario, pues quizá sea parte del discurso que algunos suponíamos que primero era el empleo a los desempleados (¿Menciona usted, acaso, a muchos de los militantes de su partido, otrora en el poder del empleo?, la R. suspicaz que revisa El Aviso Oportuno para ver si hay una inserción de Roberto Madrazo), y no promoción al neonepotismo (el anterior era el practicado por el PRI, la R. emparentada con sus recuerdos, todos somos sobrinos de la memoria) en que se ven involucradas estas gentes”.

Mariano Palacios Alcocer, dirigente nacional del PRI, al responder a los cuestionamientos sobre la misma designación. Nota de Juan Balboa, La Jornada, 15 de diciembre de 2006.

5

QUE NO LE DIGAN, QUE NO LE CUENTEN...

“Rechazo cualquier afirmación simplista aunque se quiera, este (sic), aunque se quiera, ¿cómo se dice? (¡diccionario al responsable de la educación básica!, la R. de las muletillas), eslabonar con afirmaciones teóricas y de modelo teórico (¡doble sic! Eslabonado para que no se pierda en el camino); rechazo cualquier afirmación que quiera reducir, simplificar de manera tan exagerada y tan absurda la posición de un funcionario público que quiere cumplir con su tarea…. (al explicar sus metas en educación básica, prosiguió) se construirá un sistema de educación básica a la altura de los que se han construido en muchos países del mundo (¿habrá países en otras galaxias?, la R. sideral) y, sobre todo, a la altura de los 30 países con los que generalmente nos están comparando; y no es que no estemos a la altura, es que faltan, ¿cómo explicarse esto?, pequeñas detonaciones en el sector que a la luz de las políticas públicas y a la luz de la operación de los estados se deben convertir en grandes, ¿eh? (¡Bienvenido el Big Bang del analfabetismo en la SEP!, la R.)… En grandes ocasiones que les permitan operativizar (sic triple) de mejor manera el sistema básico de educación”.

Fernando González Sánchez, en su discurso de toma de protesta como subsecretario de la SEP. Nota de Karina Avilés, La Jornada, 19 de diciembre de 2006.

SECCIÓN “APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA DESEARLE

LO MEJOR EN ESTA PRÓXIMA CADENA PERPETUA QUE LE

VAMOS A CONCEDER”

6

A LA OBRA DE ESTE PALADÍN DE LA JUDICATURA, HAY QUE CONSAGRARLE LA VIDA ENTERA CON UN SOLO REQUISITO: BECA CON SUELDO DE MAGISTRADO, Y AUN ASÍ NO LE VA A ALCANZAR

“Me atrevo a manifestar que pienso que al proceder (los críticos) sus conclusiones de una lectura dinámica, previsiblemente no profundizaron ni mucho menos estuvieron en aptitud de hacer un estudio analítico y relacionado con todo su contenido. Tomar ejemplos aislados de algunas de sus páginas (de su libro), para mí lo demuestra claramente.”

Mariano Azuela, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, al defenderse de las críticas de otros ministros a su Código de Ética. Nota de Jesús Aranda, La Jornada, 18 de diciembre de 2006.

7

MIRE USTED, SEÑOR, NO EXAGERO, PERO SÓLO UN MAGISTRADO PUEDE TENER UNA VIDA DE ESFUERZO, TRABAJO Y HONESTIDAD. LOS DEMÁS NO MERECEN PENSIÓN SINO APREHENSIÓN

–“Esta compensación es justa después de toda una vida de esfuerzo, trabajo y honestidad.

–¿No debió repercutir esa retención de impuestos en los trabajadores?

–No se le olvide que los magistrados son trabajadores también” (¡claro, aunque sus pensiones se deriven de los salarios de otros!, la R. esforzada, trabajadora y honesta).

Magistrado Jesús Araiza Velásquez, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, al justificar la creación de un fondo de pensiones para los magistrados, con los impuestos de los propios trabajadores del tribunal. Nota de Raúl Llanos y Gabriela Romero, La Jornada, 7 de diciembre de 2006.

8

¡¡EL CONSEJERO/ UNIDO/ JAMÁS SERÁ EXPLOTADO!!

(NO RIMA, PERO SÍ COBRA)

“He dicho que en enero anunciaremos medidas de racionalidad (¡un nuevo PREP salarial!, la R. que no olvida), que incluirán el tema de sueldos, viáticos y otras acciones que sin ser tan visibles a veces son más significativas por su impacto. En lo personal, evidentemente, estoy dispuesto a revisar el asunto del salario, porque me parece que sin ser significativo en el impacto global, simbólicamente da una señal clara y contundente de la voluntad individual de contribuir en (la solución) de ese problema”. (Señor, su actuación en el IFE merece que lo asciendan de lo simbólico a lo felizmente incompetente, por lo menos.)

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE y un baluarte de la democracia del año 2320, al defenderse de las acusaciones por el incremento del salario. Nota de Alonso Urrutia, La Jornada, 16 de diciembre de 2006.

9

ESTA ARGUMENTACIÓN ES TAN LEGITIMADORA COMO LA TRADICIÓN DEL PRI

“Dada la naturaleza del contenido de los paquetes electorales y su naturaleza, una vez concluido el proceso electoral, dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (La información del IFE y del Trife se autovalidó, y luego se ocultó voto por voto, paquete por paquete. La R.) Existen valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituyen como una limitación legítima al derecho a la información.” (¿Sugieren acaso que hay razones de Estado para no dar acceso a la información de las boletas? ¿O sólo se organiza una fiscalía especial para delitos del 2 de julio? ¿O a palo dado no se le ve el reproche? ¿O el cinismo no siempre se expresa con ganas de que no se le entienda?)

Argumentación de los consejeros del IFE para negar el acceso a las boletas electorales, solicitado por Proceso y decenas de organizaciones ciudadanas. Reportaje de Daniel Lizárraga, Proceso, No. 1572.

SECCIÓN “USTED QUE ME AUMENTA UN PESO Y YO

QUE ME ARRODILLO”

10

POR ESO SE AUMENTÓ EN 10 MIL POR CIENTO EL SALARIO BÁSICO

“Tengo la preocupación por el precio de los refrescos, que si bien no es un artículo de primera necesidad, sí es un artículo de primer consumo (¡Todos los niños al despertar toman la chispa de la vida!, la R. que se olvidó del incremento a la leche Liconsa); la gente más pobre consume refrescos, mucha gente incluso lo hace parte de su dieta básica”.

Manuel Espino, dirigente moral y burocrático del PAN, al rechazar el incremento del impuesto a los refrescos embotellados. Nota de El Universal, 18 de diciembre de 2006.

Salario mínimo a don Mariano Azuela: CM. Selección de textos: JV.

LLEGA PROCESO, CARGADITO DE INFORMACION.

Un arranque turbio
Álvaro Delgado

Durante su campaña se jactó de tener las “manos limpias”, pero una vez instalado en Los Pinos Felipe Calderón se niega a proporcionar información fidedigna sobre el monto de su patrimonio y el de su familia. Cuando Proceso solicitó, el pasado lunes 4, una copia de la declaración patrimonial del mandatario, la Presidencia de la República se hizo a un lado: respondió que proporcionarla le corresponde

a la Secretaría de la Función Pública...

La transparencia no es el fuerte de Felipe Calderón: No sólo oculta el uso de 150 millones de pesos para los gastos de transición, que por mandato de ley y del Instituto Federal de Acceso a la Informa-ción (IFAI) debe informar a detalle, sino su propio patrimonio.

Sobre sus bienes y los de su familia, específicamente, Calderón actúa de manera ambivalente: Como candidato hizo pública su declaración patrimonial, pero como titular del Poder Ejecutivo la mantiene oculta.

La Presidencia de la República negó a Proceso una solicitud para tener acceso a la declaración patrimonial de Calderón, con el argumento de que brindarla no es de su competencia, sino de la Secretaría de la Función Pública, lo que contraviene el compromiso de transparencia que asumió Calderón cuando era candidato, así como las disposiciones del Partido Acción Nacional (PAN).

Esta conducta de ocultamiento de Cal-derón no es nueva. Jamás honró su palabra de informar sobre los gastos de su campaña, el costo de la renta de tres inmuebles usados por su equipo ni sobre el de su casa de transición –propiedad de los hermanos Limón Mestre–, y tampoco sobre sus medios de sustento durante dos años y medio de desempleo, desde que renunció a la Secretaría de Energía.

“Me mantiene mi esposa”, decía durante la campaña presidencial, aludiendo a Margarita Zavala Gómez del Campo, quien en marzo solicitó licencia como diputada federal, lo que cortó los suministros económicos a la familia, cuyo patrimonio monetario era, hasta el 19 de enero de 2006, de poco más de 1 millón 200 mil pesos.

Pero inclusive este monto riñe con el que declaró Calderón cuando era secretario de Energía, sobre todo por el crédito que contrató con el banco IXE, dirigido por Javier Molinar Horcasitas –hermano de Juan, director general del IMSS–, para adquirir su actual vivienda, después de que estalló el escándalo por el autopréstamo, de 4 millones de pesos, que se hizo como director general del Banco Nacional de Obras (Banobras).

En noviembre de 2005, Calderón autorizó a la Secretaría de la Función Pública entregar al diario Noroeste de Culiacán, Sinaloa, su declaración patrimonial, que para entonces registraba tres cuentas: Una por 21 mil 616 pesos, otra por 10 mil 410 y la tercera, en bancos estadunidenses, por 16 mil 365 dólares, así como dos casas: La de 4 millones de pesos y otra de 340 mil pesos. En ese documento se registra también un adeudo de 2 millones 363 de pesos.

Tres meses después, el 19 de enero de 2006, en la declaración patrimonial de Calderón se esfumó la deuda de 2 millones 363 mil pesos, y sus cuentas, que ahora eran cinco, también observaron un crecimiento: La primera por 63 mil 147 pesos, la segunda por 58 mil 431, la tercera 50 mil 934, la cuarta 95 mil 983. Sólo la cuenta en el extranjero, mancomunada con su esposa, tuvo un ligero descenso: Acumuló 14 mil 988 dólares estadunidenses.

Las cuatro cuentas de la cónyuge de Cal-

derón registraban, en enero de este año, un total de 885 mil pesos que, sumados a los aproximadamente 300 mil pesos que cobró antes de solicitar licencia como diputada federal panista, darían un total aproximado de 1 millón 185 mil pesos.

Sobre los bienes inmuebles, cotejando la declaración patrimonial que le fue entregada a Noroeste, cuyo director es Manuel Clouthier hijo, y que Calderón hizo pública en enero, también hay cambios: la casa de 340 mil pesos desapareció y sólo anotó la de 4 millones de pesos, pero se sumaron dos bienes propiedad de Margarita Zavala: El predio rústico en Ayapango, Estado de México, valuado en 60 mil pesos y adquirido en 1997, y 33% de un terreno en el Distrito Federal valuado en 2 millones y medio de pesos.

En ambas declaraciones, Calderón asegura ser propietario de dos automóviles: Un Volkswagen Golf, modelo 1993, valuado en 55 mil pesos, y una camioneta Ford Windstar modelo 2000, cuyo costo estimó en 240 mil pesos.



Prestidigitaciones



Desempleado desde junio de 2004, cuando renunció a su trayectoria de 17 meses en la administración pública –ocho como director general de Banobras y nueve como secretario de Energía–, Calderón no tuvo otro ingreso a las cuentas descritas, y cuando se le reconoció como ganador presidencial renunció a recibir un sueldo del presupuesto de transición, que ascendió a 150 millones de pesos.

Con el propósito de conocer el patrimonio con el que cuenta Calderón al iniciar su gestión al frente del Poder Ejecutivo, como lo dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Proceso solicitó a la Presidencia, el 4 de diciembre, copia de la declaración del mandatario.

Con base en la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el reportero solicitó la “relación de bienes del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de su esposa Margarita Zavala, que incluya propiedades muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias y adeudos, que por ley debe rendir en su declaración patrimonial”.

Sin embargo, el 15 de diciembre, la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República notificó al solicitante la negativa de información con el argumento de que proporcionarla no es

de su competencia, sino de la Secre-taría de la Función Pública, según el artículo 37 fracción XV, que establece que a esa institución corresponde “recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores públicos de la administración pública federal y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables”.

Sin embargo, al margen de la disposición legal, el Código de Ética del PAN dispone, en el apartado “Información, comunicación y transparencia”, la obligación de los servidores públicos de ese origen partidista a abrirse al escrutinio público: en el punto 23, establece: “Me aseguraré que la información que llegue a la sociedad sea veraz, oportuna, adecuada, transparente y suficiente para cumplir con la exigencia del derecho a la información”.

En el punto 24, añade: “Facilitaré a los medios de comunicación el cumplimiento de su misión de informar. Me abstendré de ofrecer u otorgar favores o dádivas con cualquier propósito que busque cambiar el sentido de tal información”. Y en el 27, anota: “Ejerceré la autoridad con responsabilidad y aplicaré en ello todo mi tiempo y esfuerzo, resguardando la dignidad, la honra y el nombre del servidor público y del partido (Acción Nacional). Estaré dispuesto al escrutinio de la gestión pública. Haré transparente y limpio el ámbito público”.

Sin embargo, como candidato y aun antes de retomar su paso por el servicio público, el panista Calderón tuvo poco aprecio por proporcionar información, como los ingresos y egresos de su campaña, solicitados recurrentemente por el reportero, así como los sueldos de su equipo de campaña y luego de transición.

Los gastos de renta –o la gratuidad– de las tres oficinas que ocupó durante la campaña, tampoco fueron dados a conocer ni los correspondientes a la casa de transición ubicada en la calle de San Francisco 1005 de la colonia Insurgentes San Borja, que habitó desde el 8 de agosto, aun antes de ser legalizado ganador de las elecciones, el 5 de septiembre.

Ahora que están desocupadas, las oficinas que albergaron la casa de transición durante casi cuatro meses están en renta: Se trata de mil 200 metros de terreno, con capacidad para estacionar 24 automóviles, y 900 metros de construcción en dos niveles.

Los propietarios, los hermanos Juan, Pablo y Alberto Limón Mestre –dedicados en su despacho de contadores a dar apoyo contable, fiscal, financiero y administrativo, y que antes tuvieron ahí sus oficinas–, han fijado el costo del arriendo: 25 mil dólares mensuales, equivalentes a 270 mil pesos.



La ley y la ética



Tras la negativa de la Presidencia, Proceso solicitó el jueves 20 una copia de la declaración patrimonial de Calderón a la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Germán Martínez Cázares, uno de los más estrechos colaboradores del titular del Poder Ejecutivo, quien se ufana de ser escrupuloso en la aplicación de la ley y de anteponerla a los mandatos del Código de Ética del PAN. La dependencia tiene 20 días hábiles para responder.

Entrevistado por el reportero el pasado 19 de septiembre, semanas antes de que fuera nombrado titular de la Función Pública, Martínez Cázares manifestó su desacuerdo con el Código de Ética, que establece que para ese partido y sus militantes en el ejercicio del servicio público “la política es éticamente política”.

Y disertó al respecto: “Pero es una ética sometida al sufragio y a la voluntad de los ciudadanos. Es una moral votada en las urnas, es una moral aceptada por la mayoría de los ciudadanos. En eso los panistas no haríamos mal en releer a Emmanuel Kant y distinguir entre el valor personal –que no puede imponerse al semejante– y la ley, que es un valor para todos y debe imponerse a todos”.

–Los dirigentes y militantes no pueden cometer acciones que rompan con esta ética porque ningún fin es justificable por medios antiéticos –se le cuestionó.

–Yo no alegaría a la ética para decir eso. Mis valores son personales y con ellos guío mi conducta personal. No. Yo para que un funcionario público no se meta a la campaña de un candidato no invoco la moral, sino la ley. La ley es la moral votada y aceptada por todos y debe ser impuesta a todos. Yo no argumentaría la ética. Insisto: debemos separar la moral del derecho. Es reprobable no porque lo dice mi valor personal, mi moral individual. Es reprobable porque lo dice la ley o porque lo prohíbe una norma de observancia general y obligatoria, y no una norma personal y de observancia individual.

“Yo prefiero una ley en donde no está a discusión si se obedece o no. Debe obedecerse. La política está hecha de verdades probables, no está hecha de verdades absolutas. En las verdades absolutas anidan las intolerancias y los radicalismos. Sólo en las verdades probables fructifica el pluralismo, la política, el acuerdo y el reconocimiento a que hoy el opositor, el adversario, también tiene una parte de la verdad. Por eso a mí no me gustan los conceptos absolutos en política. Y es un concepto absoluto la ética y la moral. Eso debe regir a cada quien. La ley no.”

–Sólo que los militantes del PAN están obligados a comportarse de acuerdo a los documentos básicos de un partido.

–Pero el Código de Ética es para todos los funcionarios y los principios de doctrina para todos los militantes, tengan o no poder. Yo creo en las verdades probables de la política y no de los códigos absolutos. En todo caso, creo que debe discutirse, debe rediscutirse ese tema.


De la dictadura perfecta a la caricatura perfecta
Juan Villoro

Compuesto por alrededor de 350 caricaturas alusivas al inefable sexenio del presidente Vicente Fox, el libro Me van a extrañar, de Rogelio Naranjo, fue puesto este mes en circula-ción por Ediciones Proceso. Con su arte sin retoques, implacable con los poderosos, Naranjo capta en este compendio la naturaleza de un régimen y de un mandatario que, de no ser por la agudeza privilegiada del caricaturista –quien es colaborador de Proceso desde la fundación del semanario–, serían tan inasibles como la sentencia foxista que da título a la obra: “Me van a extrañar...” A continuación, junto con una muestra de los cartones incluidos en el libro, presentamos fragmentos

del prólogo, escrito por Juan Villoro.

Un retratista en palacio



Nadie ha captado a los inquilinos de la Presidencia con la indeleble pericia de Rogelio Naranjo. En un país donde los poderosos rara vez rinden cuentas, sus dibujos atrapan a las más elevadas potestades y las someten a la imborrable condena de ser vistas de ese modo.

Naranjo se ocupa de los rostros con lealtad artística (no se convierten en caricaturas por sus gestos, sino por las circunstancias en que actúan). A diferencia de la mayoría de los dibujantes satíricos, no distorsiona los rasgos físicos en función del humor. Los hombres públicos comparecen en sus cartones con insólito realismo: cada arruga, cada minucia, cada tic es captado sin pedirle mayor auxilio a la burla o la ironía. Devoto de la figura humana, Naranjo detecta expresiones elocuentes: la mirada esquiva, la ojera sombría, el diente delator. El virtuosismo de su trazo dota de tal veracidad a sus retratos que en comparación con ellos los modelos que los inspiraron parecen copias desleídas. Ningún presidente ha lucido en televisión tan auténtico como en un dibujo de Naranjo.

Una vez al día, el caricaturista se ocupa de sus sujetos de elección. Bajo su pluma, los mandatarios aparecen de cuerpo presente, con el gesto definitivo de quien asiste a su propio funeral. Cada uno de estos prodigiosos cartones diarios es iniciado por un anatomista y concluido por un embalsamador, operación que eterniza los semblantes públicos.

Hay una clara postura ética en esta forma de trabajar facciones. Los políticos aparecen como lo que son, sin verse aumentados o disminuidos por el filo del caricaturista. “No hay que juzgar a los hombres por sus opiniones, sino por aquello en lo que sus opiniones los convierten”, escribió Lichtenberg. Naranjo comparte esta ilustrada opinión. Las caras que traza no son risibles en sí mismas (otras personas podrían servirse de ellas para llevar destinos provechosos). Los personajes no se comprometen por sus gestos sino por sus hechos.

Con goloso afán de realidad, el retratista lleva a sus criaturas al sitio donde han provocado su desorden, el embarcadero donde zarpó su peculiar Titanic. Sin falsearlos en lo más mínimo, los confronta con la evidencia. El rostro es genuino. También lo es su fechoría.

En 1998 Proceso editó Los presidentes en su tinta, selección de los retratos que Naranjo hizo del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz al de Ernesto Zedillo. Después de casi cuatro décadas de registrar las manías y los abusos de los mandatarios del PRI, el caricaturista podía darse por satisfecho. Había cumplido con creces su labor de testigo nunca invitado a Los Pinos y empezaba a pagar la atención prestada al cuerpo ajeno con el desgaste del suyo propio. En el prólogo de aquel libro, le dijo a Elena Poniatowska: “Vivo en estado de constante preocupación. Después de veinte, veinticinco, treinta años, ya casi no veo, cada vez es mayor la graduación de mis anteojos. Ahora sí me duele todo y necesito levantarme y caminar para combatir la artritis. Si no lo hago quedo doblado en dos: me duele todo el cuerpo. He hecho más de quince mil caricaturas”. Como tantos maestros del humor, Naranjo se toma las cosas muy en serio. Hay diversas maneras de confesar el cansancio: el masoquista lo hace para quejarse de los males que todavía no tiene; el derrotado para renunciar a toda lucha; el realista para calcular lo que aún puede hacer con sensatez. Rogelio Naranjo pertenece a esta tercera categoría. Habla de sus molestias con la precisión con que dibuja el ceño fruncido de sus personajes. Más que quejarse, diagnostica. En 1998 pidió que no esperáramos mucho de él. Su ameritado corazón ya había sufrido dos infartos. Quince mil caricaturas habían alterado el pulso de su sangre. Luego, con la sencilla entereza que lo determina, concluyó otro dibujo, poniendo en práctica el aforismo de Gilberto Owen: “El corazón. Yo lo usaba con los ojos”.

Estatua ecuestre de un ranchero que perdió el caballo



En el año 2000 el PRI perdió la presidencia y un huésped con botas se mudó a Los Pinos. El mayor retratista de palacio ya había consumado su tarea. Un nuevo aire parecía recorrer el país que Mario Vargas Llosa describió como la “dictadura perfecta”. La encargada de prensa del nuevo dignatario, Marta Sahagún, pedía a los medios que inauguraran su optimismo: la transición a la democracia había comenzado. Después de festejar con champaña y estrenar escapularios, un grupo inédito se hizo cargo de las oficinas. Algo había cambiado: un ex gerente de la Coca-Cola ocupaba la silla presidencial y despedía sus actos diciendo “que Dios los bendiga”. Nuevos talismanes de poder acompañaban al hombre con botas.

El folclórico estilo de gobernar de Vicente Fox hizo que pasáramos de la dictadura perfecta a la caricatura perfecta. En seis años se las arregló para decir que las mujeres eran “lavadoras con patas”, ofendió a los negros y a los chinos, se olvidó de capturar las tepocatas, las víboras prietas y otras alimañas a las que mucho previno cuando era candidato, no resolvió el conflicto de Chiapas en sus anunciados 15 minutos, inventó al escritor José Luis Borgues, se entregó a Estados Unidos y se peleó con Estados Unidos, le dijo a Fidel Castro: “comes y te vas”, apoyó un absurdo proceso de desafuero contra el candidato de la izquierda, fue incapaz de convencer al Congreso de sus iniciativas, intervino con descaro en favor de su partido, falló un penalti en un reclusorio juvenil y perdonó al niño que le puso “cuernos” en la foto de grupo, proclamó su grandeza sin el menor recato en mensajes televisivos, descartó la ingobernabilidad de Oaxaca como un conflicto regional y la desigualdad económica como una mala lectura de las estadísticas, proclamó al conservador Aznar presidente de la “república” española, felicitó a la selección mexicana por su derrota ante Argentina y le pidió que siguiera por el mismo rumbo, vetó la ley del libro aprobada por unanimidad en el Senado, se fue de vacaciones cada vez que pudo a su rancho de San Cristóbal y se mostró feliz de haberse conocido a sí mismo. Refractario al examen de conciencia, se retorció el bigote para decir: “Me van a extrañar”.




Y QUE HAY DEL DINERO, ¿PRIMER LATROCINIO DE FECAL Y COMPAÑIA?


La onerosa "austeridad"
Daniel Lizárraga

El incipiente gobierno de Felipe Calderón pretende mostrarse austero, pero oculta datos sobre el exorbitante gasto ejercido por el equipo de transición: 150 millones de pesos para tres meses de funciones. Estos recursos del erario puestos a disposición de Calderón cuando era presidente electo equivalen al costo del programa de Retención y Repatriación de los Investigadores Mexicanos, que aplicó el Conacyt, y similares a la suma que invirtió el gobierno federal en la reconstrucción de Cancún tras el paso del huracán Wilma el año pasado.

Como presidente electo, Felipe Calderón permitió sin reparos que el Estado Mayor Presidencial (EMP), puesto a su servicio desde entonces por Vicente Fox, derrochara 218 mil pesos diarios para garantizar su seguridad.

En un país como México, donde el salario mínimo llegó apenas a los 50 pesos, el ahora mandatario no objetó la compra de dos vehículos militares por 3 millones 428 mil 254 pesos con 36 centavos, según datos oficiales entregados a Proceso por el EMP mediante la Ley Federal de Transparencia. Los aparatos se utilizaron en los operativos efectuados entre el 5 de septiembre y el 1 de diciembre en el entorno del presidente y su familia.

Los recursos públicos a disposición del EMP –20 millones de pesos en total– fueron empleados, al cien por ciento, únicamente en la movilización y manutención de tropas para cuidar a quien había sido declarado candidato triunfador en las elecciones del pasado 2 de julio, en cada uno de los lugares que se presentara, dentro o fuera del país.

Según el desglose de los gastos, mantener a salvo a Felipe Calderón de las airadas protestas de la resistencia civil encabezada por su acérrimo opositor, Andrés Manuel López Obrador, no implicó aumento de sueldos, bonos o estímulos económicos para cada uno de los mil 896 miembros del EMP. Los desembolsos más significativos se aplicaron en alquiler de inmuebles, equipo, alimentación, hospedaje, boletos de avión, transportación en general y combustibles.

En tanto que esta relación parcial de gastos aún no se difunde públicamente, la Presidencia de la República desplegó una intensa campaña mediática para apuntalar al nuevo mandatario como ejemplo de austeridad. Una de sus primeras medidas, se explica en uno de los spots de radio y televisión, consistió en reducir su salario y el de su gabinete en 10%, lo que representará un ahorro anual de 25 mil 500 millones de pesos.

Como jefe del Ejecutivo, Calderón ganará alrededor de 150 mil 530 pesos, es decir, 16 mil 725 pesos menos que su antecesor, Vicente Fox, según los cálculos oficiales. Lo que aún no se ha dicho es que ese mismo salario, ya reducido por el llamado Decreto de Austeridad del Gobierno Federal, representará menos de los 218 mil pesos diarios que dilapidó el EMP para velar por su seguridad en tan sólo tres meses.

En lo que toca a los recursos públicos a disposición del EMP, no hay manera de saber más. Al menos por el momento, el propio cuerpo de élite se negó rotundamente a entregar a este semanario copias fotostáticas de las facturas y comprobantes de cada uno de los gastos, lo que representa una violación a la Ley Federal de Transparencia y a los lineamientos para la rendición de cuentas en el período de transición establecidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Al responder a la solicitud de acceso a estos archivos, el EMP pretendió que el reportero acudiera personalmente a sus instalaciones para solamente revisar la documentación. Sin embargo, en la petición se especificó que se requerían copias simples en disco compacto: un mecanismo de rendición de cuentas avalado por el IFAI y de uso común en el gobierno desde hace tres años.

Algo similar sucedió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que en su respuesta solicitó una ampliación del plazo –de 20 días hábiles más– para entregar los archivos en su poder, lo que representa una segunda violación a los lineamientos para la operación del fideicomiso creado para los trabajos del equipo de transición.

Según los ordenamientos del IFAI, que entraron en vigor desde antes de que se supiera el nombre del ganador en las elecciones, las dependencias involucradas en la vigilancia del uso de 150 millones de pesos por parte del equipo de transición –de los cuales 20 millones corresponden al Estado Mayor y 130 millones al presidente electo– debieron entregar los justificantes de gastos, que pueden ser requeridos por cualquier ciudadano, a la brevedad posible y en un plazo no mayor de 10 días.

Para ello, Hacienda y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tenían la obligación de firmar una “cláusula de máxima publicidad” sobre el uso del dinero público, amén de llevar un puntual registro de esos archivos, además de organizarlos y conservarlos. En la petición formulada a la SHCP se demandó, entre otros aspectos, conocer el sueldo del presidente electo y el de su amplio grupo de colaboradores.



Transporte, por las nubes



El pasado 10 de noviembre se tramitó por internet una solicitud de información en la que se pidieron detalles sobre la forma en que el EMP gastó los 20 millones de pesos transferidos a sus cuentas bancarias durante el período de transición gubernamental.

En el requerimiento se especificó que la información tenía que incluir copias de contratos, facturas, justificantes y cualquier otro documento que ampare el uso de esos recursos públicos.

Además, se solicitaron estados de cuenta, nombres y número de personal asignado, así como copias de boletos de avión, recibos de casetas, facturas de hoteles, alquiler de salones y restaurantes, renta de auditorios y pagos de publicidad a medios de comunicación. En una nota, se aclaró:

“Esta solicitud pretende abarcar desde el momento en que se entregó el dinero hasta el 1 de diciembre de 2006. Se tramita antes de que concluya el período de transición, a fin de que el Estado Mayor Presidencial se sirva tomar las previsiones necesarias desde antes y, en la medida de sus posibilidades, puedan entregar la información lo antes posible.

“Los datos y documentación, como ustedes comprenderán, resultan de sumo interés público; por eso se plantea en los términos descritos. De cualquier forma el plazo para responder concluye el 12 de diciembre”.

En su respuesta, el EMP entregó un cuadro sinóptico que tituló: “Gastos por Rubro Realizados por el Estado Mayor Presidencial para la Transición Gubernamental al 1 de diciembre del 2006”.

En este documento admite que sólo quedan en su cuenta de Banjército 1 millón 605 mil 630 pesos con 98 centavos. El resto del dinero ya se utilizó.

De la cifra proporcionada por el EMP se desprende que el costo de la seguridad brindada a Calderón como presidente electo ascendió a 6 millones 131 mil 854 pesos por mes, es decir, aproximadamente 1 millón 532 mil pesos semanales.

Desde hace años el EMP dispone de ocho aviones y siete helicópteros, que se utilizan para atender las necesidades del presidente de la República y su familia. El mayor de esos aviones, clasificado con la clave TP-03, tiene capacidad para 116 pasajeros; el TP-02 cuenta con 64 asientos y el TP-01 con 66. En cuanto a los helicópteros, el Puma SA300 (TPH-09) puede movilizar a 14 elementos del Estado Mayor Presidencial. De similares características, el Superpuma TPH-06 tiene 12 asientos. No obstante, y de acuerdo con su relación de gastos, el EMP erogó 1 millón 353 mil 782 pesos con 83 centavos en boletos de avión, para vuelos nacionales y al extranjero.

Pero además, se registra el desembolso de 3 millones 718 mil 612 pesos con 19 centavos bajo el rubro de “transporte”, del cual no se ofrecieron detalles.



Partida extra



En la solicitud de información se requirió, así mismo, el número y los nombres de los elementos asignados a la protección del presidente electo. El EMP respondió que esos datos están reservados por cuestiones de seguridad nacional, pero en cambio pudo saberse que tan sólo en la alimentación y el hospedaje de la tropa, así como de sus altos mandos, se gastaron 4 millones 512 mil 581 pesos en el período señalado.

En su reporte de gastos, el EMP registró el arrendamiento de inmuebles por 50 mil pesos, alquiler de maquinaria y equipo por 50 mil pesos, abastecimiento de combustibles por 3 millones 647 mil 724 pesos y comisariatos por 1 millón 85 mil pesos.

El artículo 4 del Reglamento del Estado Mayor Presidencial precisa que, con los recursos públicos que cada año le asigna la Cámara de Diputados, debe “garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la República Mexicana y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo Federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores”.

No se especifica nada sobre partidas adicionales durante el período de transición gubernamental ni existen referencias al procedimiento para comprar equipo, como sería el caso de los dos vehículos militares incluidos en el reporte de gastos.

La Sección Séptima del EMP tiene entre sus obligaciones la de controlar los servicios de seguridad para las personas que ordene el titular del Poder Ejecutivo, según su reglamento interno. Pero aun cuando estas tareas ya están plenamente definidas, y sobre todo presupuestadas, el gobierno de Vicente Fox –con el beneplácito de los diputados de todos los partidos– le entregó a Calderón 20 millones de pesos extra.

De esa manera, los recursos del erario que se pusieron a disposición del presidente electo para operar la recepción del gobierno federal sumaron 80 millones 736 mil pesos más que lo recibido por el equipo de Vicente Fox hace seis años.

Esa cantidad equivale, por ejemplo, a lo que costó echar a andar el programa de Retención y Repatriación de los Investigadores Mexicanos, que aplicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); o bien, es similar a la suma que invirtió el gobierno federal en la reconstrucción de Cancún tras el paso del huracán Wilma el año pasado.

Felipe Calderón dispuso directamente de 130 millones de pesos, una cifra equivalente al costo del hospital Materno-Infantil en Reynosa, Tamaulipas. Fue el propio Vicente Fox quien, el año pasado, envió a la Cámara de Diputados la propuesta para asignar esa bolsa, más los 20 millones correspondientes al EMP, dentro del presupuesto 2006.

El dinero fue tomado del Ramo General 23 de Provisiones Salariales y Económicas, específicamente en el anexo 8. Todas las fuerzas políticas, incluido el PRD, aprobaron la iniciativa sin mayor objeción.

Gracias a eso, los colaboradores de Felipe Calderón ganaron hasta 97 mil pesos mensuales durante la transición, todos bajo el régimen de honorarios, conforme los lineamientos del fideicomiso trazados por la Secretaría de la Función Pública. Sueldos equiparables al de algunos directores generales adjuntos del gobierno federal.



Ley pisoteada



A fin de obtener información acerca de cómo y en qué utilizó el dinero público el equipo de Felipe Calderón, simultáneamente a la solicitud de acceso a la información presentada ante el EMP, este semanario tramitó otra, en los mismos términos, ante la Secretaría de Hacienda, dependencia que debió llevar puntualmente el registro de los gastos. En este segundo requerimiento de archivos oficiales, Proceso requirió una lista completa del equipo de transición, que incluyera salarios, puesto y funciones.

En especial, se pidió información sobre el sueldo de Felipe Calderón y una relación detallada de sus gastos personales. Además, se demandaron copias de los estados de cuenta del fideicomiso público abierto en Banjército.

En el trámite, vía internet, se colocó la misma nota que en el recurso ante el EMP, en el sentido de que se solicitaba desde antes de concluir el período de transición a fin de que los archivos estuvieran disponibles apenas rindiera protesta como presidente constitucional ante el Congreso.

No obstante, la SHCP esperó hasta el último día, el 12 de diciembre, para solicitar una ampliación del plazo de 20 días hábiles más. “La Unidad que atiende la solicitud continúa con el análisis y evaluación de los datos contenidos en sus archivos”, argumentó.

Desde el 5 de octubre de 2005, el IFAI dio a conocer un documento titulado: Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualquier esquema al presidente electo y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre del 2006.

“Por primera vez en la historia de México será obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal informar a la ciudadanía sobre el otorgamiento de apoyos y transferencias para el presidente electo y su equipo de transición”, presumió el IFAI. Pero hasta el momento eso no se ha sucedido. Hacienda, encabezada por Agustín Carstens, y el EMP, dirigido por el general Jesús Castillo, han pasado por encima de esas normas.

“Las dependencias y entidades atenderán las solicitudes de acceso, en la medida de lo posible, en un plazo no mayor de 10 días hábiles”, precisó el IFAI en su artículo quinto.

Aunado a ello, los comisionados del IFAI –entonces encabezados por María Marván– estipularon que debieron suscribirse declaraciones unilaterales de integridad y transparencia por parte del presidente electo y sus colaboradores, además de la ya mencionada cláusula de publicidad total.

“Las Unidades de enlace y los Órganos de Control Interno deberán llevar un registro documentado de los apoyos a la transición gubernamental para la organización y conservación de los archivos”, especificó el IFAI.

Las violaciones a esos lineamientos no sólo ocurrieron al final del período de transición, cuando la SHCP respondió que aún no tenía listos sus archivos: el gobierno de Vicente Fox no actualizó la información cada 30 días en la página de internet de Hacienda, como debió hacerlo, y el presidente electo, Felipe Calderón, lo consintió.

El secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez, dijo en rueda de prensa que el informe de los gastos del equipo de transición será difundido en cuanto concluya una auditoría iniciada por sus propios integrantes, ahora en posiciones de gobierno, lo que nuevamente viola los lineamientos del IFAI, ya que los archivos debieron estar listos, ordenados y disponibles para el momento en que los solicitara cualquier ciudadano.

Sobre este punto, el IFAI no ha dado explicaciones. El presidente del organismo, Alonso Lujambio, ha dicho sin tapujos que es amigo de Felipe Calderón. Y ahora también llegó otro de sus amigos al primer círculo del poder: el secretario Germán Martínez, con quien Lujambio recientemente elaboró el libro El porvenir posible, compilación de textos de Carlos Castillo Peraza, icono del panismo y de quien el nuevo inquilino de Los Pinos se dice discípulo.



SERIE DE REPORTAJES SOBRE LOS "JEFES" QE FECAL1 TEME:


Reynosa: "Narcogolpe de Estado"
Ricardo Ravelo

Las amenazas del cártel del Golfo impidieron que autoridades y medios de comunicación de Tamaulipas informaran hace unas semanas de un cambio de mandos del narcotráfico en Reynosa, el cual costó aproximadamente 20 vidas y se equiparó a un “golpe de Estado”. Ante el silencio oficial, circuló la versión de que el jefe de la plaza, El Goyo, fue “derrocado” cuando se metió “con gente que no debía”: en un operativo para clausurar un casino, sus sicarios cerraron cinco, uno de ellos propiedad de Jorge Hank Rohn y otro que se atribuye a Manuel Bribiesca Sahagún…

Amado Carrillo Fuentes llegó a ser el poderoso amo del cártel de Juárez en 1993, tras la muerte de su jefe, Rafael Aguilar Guajardo, quien fue acribillado en Cancún, Quintana Roo, cuando se disponía a subir a un yate que lo llevaría a la isla de Cozumel. Desde entonces y hasta su muerte, El Señor de los Cielos cargó con la sospecha de haber traicionado a su amigo.

Es el mismo caso de Osiel Cárdenas Guillén, cabeza de la nueva generación del cártel del Golfo y quien alcanzó el liderazgo luego de la caída de Juan García Ábrego, La Muñeca, capo de capos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Para arribar a la cumbre de esa organización criminal, Cárdenas asesinó a Salvador Gómez Herrera, El Chava, “porque le hacía sombra”, y se ganó el sobrenombre de El mata amigos, según se registra en la investigación del caso.

Sin embargo, otras reglas parecen marcar hoy el código de los capos: en un hecho inusual, Gregorio Sauceda, El Goyo, operador del cártel del Golfo en las plazas de Reynosa y Matamoros, fue relevado “con bombo y platillos” por órdenes de su jefe, Osiel Cárdenas. Agradecido por su lealtad y sus servicios, desde el penal de La Palma –donde opera, se asegura, su empresa criminal– decidió remplazarlo como directivo del cártel, según se asienta en un informe de la agencia estadunidense antidrogas, la DEA, que en octubre pasado fue entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y al que este semanario tuvo acceso.

Enfermo de cáncer y con una progresiva adicción a la cocaína, el también llamado Caramuela dejó de ser útil para el corporativo criminal y fue despedido con una fiesta organizada por su grupo más cercano, a la que asistieron policías, exagentes federales y viejos conocidos del narcotraficante, de acuerdo con versiones confirmadas en la Procuraduría General de la República (PGR).

Hubo de todo: alcohol, cocaína, comida en abundancia y mujeres. Entre choques de copas y risas femeninas, El Caramuela fue despedido después de permanecer más de una década al frente de las plazas mencionadas, período durante el cual, según la PGR, ordenó asesinar a decenas de miembros de su propia organización y del cártel de Sinaloa, el grupo rival.

Los antecedentes registrados en la SIEDO indican que El Goyo Sauceda fue un “engrane” importante para el cártel del Golfo cuando la segunda generación del grupo, dirigida por Osiel Cárdenas, asumió el control, a mediados de los años noventa, cuando el priista Tomás Yarrington llegaba a la gubernatura de Tamaulipas, como se ha documentado públicamente.

Al mismo tiempo que Yarrington tomaba el control político del estado, Osiel Cárdenas se daba a la tarea de colocar las principales piezas de la nueva organización en cada uno de los municipios de la entidad, sobre todo los que forman parte de la zona conocida como La Frontera Chica.

Fue en esa etapa de confrontación cuando surgió el nombre de Gregorio Sauceda Gamboa, quien llegó a tiempo al reparto del territorio: Osiel Cárdenas, el jefe del cártel, le entregó la operación en Reynosa y Matamoros, dos de las plazas más boyantes del cártel del Golfo y quizás el territorio más codiciado por otros grupos, como el cártel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín El Chapo Guzmán, desató duras acometidas para apoderarse de esa zona.

De 1996 a 2004, El Goyo Sauceda se apuntaló en esos enclaves. Y no sólo frenó los embates del Chapo y sus gatilleros, sino que convirtió a Reynosa y Matamoros en los verdaderos motores del cártel: según la PGR, por esos tramos fronterizos los del Golfo pasan unas 30 toneladas de droga por mes a Estados Unidos.

Proveniente de la DEA, el informe analizado por la SIEDO detalla los pormenores del relevo de Sauceda Gamboa. En su primer párrafo, dice: “Según fuentes estadunidenses, existe una disputa interna dentro del cártel del Golfo. La desavenencia estriba (en) el deseo de Osiel Cárdenas en remover a uno de sus allegados” más importantes.

Sobre la vida de Sauceda se conocía poco. El informe de la DEA expone una parte de su mundo sórdido y algunos detalles de la soledad que lo oprime, quizá por los estragos de la cocaína.

Dice: “Sauceda (a) El Goyo se encarga de las operaciones del cártel en Rey-nosa y Matamoros… Es un conocido alcohólico y drogadicto que puede estar muriendo de cáncer”. La DEA observa que sus días en el cártel del Golfo están contados: “Sauceda está perdiendo el control del negocio”.

La agencia estadunidense, que mantiene informada a la SIEDO, ya visualiza quién podría ser el relevo: “El elegido para suplir a Sauceda es un hombre conocido como El Hummer y cuyo nombre es Jaime González Durán”.

Y sobre el perfil psicológico de González, indica el informe: “Su reputación no lo hace partidario de quien quiere la paz”. Pero también se anota el rasgo de su personalidad que influyó para ganarse el puesto: “Es un leal seguidor de Osiel Cárdenas”.

En otro apartado, la DEA le informa a la SIEDO sobre la misión más importante de González Durán en Reynosa y Matamoros: “Se enfocará en hacer dinero en vez de contar cuerpos para su jefe”. Y añade que González Durán “es conocido por ser el segundo de a bordo de Los Zetas”.



La reestructuración



En un operativo simultáneo, la noche del 16 de octubre de 2006, un comando de sicarios al servicio de Gregorio Sauceda “clausuró” cinco casinos de apuestas y juegos que operaban en Reynosa, Tamaulipas.

Algunos días después, por supuestas órdenes de Osiel Cárdenas y de Heriberto Lazcano, El Lazca, 450 hombres del mismo cártel, provistos de armas de alto poder, arribaron a esa ciudad fronteriza para tumbar a El Goyo del mando de la plaza.

De acuerdo con información obtenida desde la Ciudad de México, Sauceda se metió “con gente que no debía”. Incluso se asegura que uno de esos casinos pertenecía a Manuel Bribiesca Sahagún, lo cual se consideró como “la gota que derramó el vaso”.

Sin que ninguna autoridad interviniera y sin que ningún periódico tamaulipeco publicara ni una línea al respecto, el cártel del Golfo reestructuró a fuego y sangre sus mandos en esa frontera. Fue el fin de la era de El Goyo, quien desde mediados de los años noventa había ejercido un control férreo en la zona.

Por intervención de su hermano Adán Sauceda Gamboa, El Karis, quien tiene el mando del cártel en los municipios de Miguel Alemán y Camargo, El Goyo fue perdonado y enviado a Matamoros para rehabilitarse de su adicción a las drogas.

No corrieron la misma suerte alrededor de 20 jefes intermedios de su estructura, quienes fueron ultimados en esos enfrentamientos, aunque dichas muertes no quedaron registradas oficialmente y sólo los enviados de Osiel Cárdenas saben con exactitud las bajas que ocasionó ese “reacomodo”.

Según los datos recopilados desde el Distrito Federal, uno de los ajusticiados fue Carlos Landín Martínez, un exagente ministerial del estado a quien supuestamente decapitaron al ser ubicado como uno de los hombres que más se enriquecieron en la estructura de Gregorio Sauceda y que incluso amenazaba ya con rebasarlo en el poder.

Las versiones sobre este sangriento cambio de mandos en la plaza han corrido de boca en boca en Reynosa y llegaron hasta la capital de la República. Sin embargo, ninguna corporación emitió el reporte ni pareció enterarse de lo que ocurría.

Después de dos semanas de las “clausuras”, a partir del 1 de noviembre, fueron vistas caravanas de lujosas camionetas que se desplazaban aparatosamente por la ciudad. Se habló de torturados, de enfrentamientos, de secuestros, pero el silencio de las autoridades y de la prensa local prevaleció.

Pese a que Reynosa es sede de la delegación estatal de la PGR y de la Octava Zona Militar, los sicarios del cártel del Golfo pusieron la casa en orden sin que los molestara ninguna autoridad federal, estatal o municipal.



Juegos de poder



Como a las 11 de la noche del 16 de octubre, los cuerpos policiacos de Reynosa recibieron el reporte de que un carro Mercedes Benz estaba abandonado, con las puertas abiertas, en la colonia Longoria, y de que en el interior se encontraba un niño de unos ocho años de edad.

Más tarde, se halló brutalmente golpeado al padre del pequeño y propietario del auto, a quien se identificó como Humberto Vázquez Montes, administrador del centro de juegos y apuestas Sportbook.

Frente a decenas de testigos, hombres armados y vestidos de negro que parecían policías golpearon y arrastraron a Vázquez Montes por los pasillos del centro comercial Soriana Periferia de la ciudad, a un costado del Sportbook. Esa misma noche, otros comandos similares recorrieron los cinco centros de juegos y apuestas que operaban en la ciudad para cerrarlos.

Además del Sportbook, fueron “clausurados” el Mega Jackpots, ubicado en el centro comercial Soriana Morelos; el Río Station, del bulevar Morelos; así como el Golden Palace y el Río Entertainment, localizados en la calle Virreyes, a sólo una cuadra del Puente Internacional.

Todos contaban con permisos de la Secretaría de Gobernación para operar, aunque había quejas de que causaban problemas de circulante en la ciudad porque muchos habitantes de esa frontera estaban atrapados en el vicio del juego.

Según la versión que corre en Reynosa, la gente de Gregorio Sauceda Gamboa tenía instrucciones de cerrar sólo el Río Station, pero en el momento del “operativo” se fueron contra todos, supuestamente porque los sicarios no sólo querían cobrarles cuota, sino que pretendían tomar el control de los casinos.

Días después, en Reynosa se afirmó que el Sportbook era propiedad de Manuel Bribiesca, mientras que el Mega Jackpots pertenecía a Jorge Hank Rohn, quienes se habrían quejado en la Secretaría de Gobernación por el cierre de sus negocios. Fue entonces cuando circuló la especie de que se realizaría un megaoperativo militar de un momento a otro para reabrir los casinos y detener a quienes los cerraron.

En fuentes de la Ciudad de México se averiguó que, en lugar de los militares, llegaron los sicarios. Desde Matamoros se dio la orden de que El Goyo dejara el mando de la plaza, pero éste se negó y fue respaldado por su gente. Un comando de exterminio, dirigido por Flavio Méndez Santiago, El Amarillo, y por Mario Ramírez, El Pelón, “levantó” a Gregorio Sauceda Gamboa y a sus lugartenientes, en una especie de “golpe de Estado”.

Según la información que se filtró en círculos policiacos de la capital de la República, las razones para tumbar a El Goyo fueron la existencia de un trato para evitar la incursión del Ejército e impedir la desestabilización de la plaza, luego de que el capo se metió “con quien no debía”, y que debido a su adicción a las drogas y a sus parrandas, otros mandos, como Carlos Landín, se estaban enriqueciendo sin reportar ganancias al cártel.

En el mismo sentido, se afirmaba que Sauceda Gamboa estaba actuando por su cuenta y ya no atendía los llamados que se le hacían para apoyar con gente y dinero las operaciones del cártel del Golfo en otras regiones. Se hablaba ya del “cártel de El Goyo”.

Únicamente Los Zetas saben cuántos muertos hubo. En Reynosa relatan que algunas personas fueron decapitadas o torturadas hasta morir y que sus cuerpos fueron incinerados, pero se dice también que muchos lograron evitar que los atraparan. Otros operadores de los “negocios” de la mafia en esa ciudad habrían sido secuestrados, colgados y “tableados” hasta que sus familiares pagaron sumas millonarias y en dólares.

Gracias a que su hermano El Karis fue nombrado jefe interino y encargado de la reestructuración de los mandos, El Goyo fue enviado a Matamoros para someterse a un proceso de rehabilitación.

El cambio de mandos del cártel también tuvo efectos en el gobierno municipal, encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Meses atrás, había tratado de destituir a su director de Tránsito, Sergio Amaury Flores Pérez, debido a algunos desencuentros que habían tenido. Pero El Goyo impidió la destitución del funcionario, quien supuestamente estaba en esa posición como una cuota de poder de Manuel Bribiesca Sahagún.

La estrecha relación de amistad entre el hijo de Marta Sahagún y el director de Tránsito quedó a la vista el pasado 16 de septiembre, cuando en el salón del Club Campestre Cimarrón, de McAllen, Texas, Manuel Bribiesca Sahagún fue padrino de bautizo de una hija de Sergio Amaury.

Pero tras la remoción de El Goyo, el alcalde García Cabeza de Vaca sólo esperó la fecha exacta en que los Bribiesca Sahagún dejaran de ser “los hijos de la primera dama” y destituyó a Sergio Amaury el día que Vicente Fox dejó la Presidencia de la República. ?



Las verdaderas víctimas del Operativo Michoacán
Francisco Castellanos J.

En una de las poblaciones michoacanas donde se aplica el “megaoperativo” contra el narcotráfico, Aguililla, los narcotraficantes recorren las calles con ca-mionetas de sonido –poniendo narcocorridos a todo volumen– cuando militares

y policías salen a la sierra. Mientras tanto, los pobladores, que requieren empleos y mercados para sus productos, se encuentran en medio del fuego cruzado

de fuerzas de seguridad y narcotraficantes. Temerosos ahora de narcovenganzas cuando los federales se vayan, muchos lugareños se están sumando a un éxodo que ha dejado ya cientos de casas y ranchos abandonados...

AGUILILLA, MICH.- Los pobladores de este municipio, azotado primero por el narcotráfico y ahora también por el “megaoperativo” de fuerzas federales, se quejan:

“Estamos prisioneros, atrapados y sin salida de este pueblo. Por un lado, el acoso de las diversas células del narcotráfico que operan en la región, y por otro, el de la autoridad federal. Hubo días en que estuvimos en estado de sitio: sin víveres, sin gasolina, sin dinero.”

Por eso mucha gente que se resistía a emprender el éxodo –a veces a Estados Unidos– se está yendo también, al punto de que los habitantes de esta cabecera municipal ya no llegan ni a 7 mil, de los alrededor de 10 mil que había hace unos cuatro años. Existen ya más de 300 casas sin ocupantes y decenas de ranchos abandonados y en ruinas…

Y están aumentando porque, mientras el cielo es atravesado por helicópteros, y camiones de la PFP y del Ejército Mexi-cano patrullan Aguililla, sus pobladores, con una fuerte carencia de empleos, temen la venganza de los narcotraficantes cuando las fuerzas de seguridad se vayan.

Un comerciante, al que le aterran tanto las fuerzas federales como las células del narco que secuestran, roban y ejecutan, cuenta que en los momentos en que los soldados y helicópteros salen a la sierra “se descuelgan al pueblo dos que tres narcotraficantes con sus trocas y música de narcocorridos. En cuanto a mis ventas, se han desplomado hasta en 90%, y a veces no vendo ni 30 pesos diarios”.

Por su parte, el propio alcalde Miguel Ávila Sánchez manifiesta: “Para mí, el megaoperativo no es más que una pomadita para la herida. Se necesita continuar buscando la medicina para el mal, y es un mal más severo que el cáncer o el sida, pues se trata del narcotráfico y la delincuencia organizada. Pero el gobierno sabe bien que ha provocado todo; que lo que nos falta son fuentes de empleo, porque si tenemos a nuestra gente ocupada con trabajo, no tiene que andar buscando por otro lado…”.

De extracción perredista, el presidente municipal acepta que durante su campaña él ofreció fuentes de empleo, “y estoy tratando de trabajar de acuerdo a las necesidades del municipio”. Pero, apunta, el gobierno federal no hace llegar suficientes recursos al estado, y éste, a su vez, derrama poco a los municipios.

“Por eso me quejo. Por eso le pido al gobierno federal que salde el compromiso que tiene. Felipe Calderón debe cumplir con los compromisos que estableció, pues fue él quien aseguró: ‘Soy el presidente del empleo’. Vamos a ver si es cierto. Es poco tiempo para criticarlo; pero hay que ver si es cierto.”

Mientras tanto, el edil es contundente: “Este pueblo parece un cementerio. Usted ya lo vio: está solo. Ya se fueron muchos, otros se murieron, otros andan prófugos, cuando en otras épocas en estos días todo era alegría, un gentío que no cabía en las calles y la plaza”.

Además, refiere, “a Televisa le dije esto mismo que le digo a usted, porque es necesario que se sepa, pero no lo difundieron. Me entrevistaron para el programa Atando Cabos de Denise Maerker, y sólo pasaron dos pedacitos, lo que le convenía a la empresa. Si lo que digo perjudica al presidente de la República, entonces ¿para qué me piden mi opinión? Y aclaro que yo no trato de perjudicar a nadie, sino cumplir lo mejor posible mi función”.

Por lo pronto, en Aguililla, “la fiesta del 12 de diciembre, la principal, se acabó. Ya no vienen braceros este mes a visitar a sus familias. Las calles están solas, igual que los comercios. Digo lo que miro y lo que siento, lo que estamos viviendo, y si eso molesta al gobierno federal, no es mi culpa”.

Consideró que el operativo debió ser un proyecto bien estudiado, pues el gobierno federal tiene suficiente personal y el mejor equipo logístico. “Qué se ganan con que anden todo el día los helicópteros de aquí para allá, con que haya puestos de revisión, si lo que más falta son empleos y mercados para los productos”.

Por ejemplo, precisa, “aquí se siembran de 700 a 800 hectáreas de hortalizas, principalmente jitomate, pero la cosecha se echó a perder por falta de mercado. No hubo a quien vendérselo y la gente ya no quiere sembrar”.

Más aún, “durante dos temporadas estuvimos insistiendo en que se nos apoyara con el mercado. Nadie nos hizo caso, y la gente perdió. Ya no quiso invertir, y es obvio que busca ‘otras salidas’”.

–¿No sabe de gente que se haya ido del pueblo después del megaoperativo?

–Sí, claro que sí. Dicen que Dos Aguas está casi solo. Ya casi nadie vive ahí. Fue donde mataron a los seis elementos de la procuraduría. También fueron los medios a ese pueblo; pero sólo dijeron lo que les conviene. Hablo de Televisa.



Prisión sin rejas



De manos arrugadas, callosas, sentada en el pórtico de una antigua casona de adobe en la calle principal, mientras teje una carpeta en punto de cruz, una comerciante de frutas lamenta:

“Ay, señor, viera qué feo está aquí por eso de los narcos… Hacen lo que quieren”, señala mientras se persigna.

–¿Y la gente del norte?

–Ya no vienen. Han matado a mucha gente. Ha muerto mucha, mucha gente, y luego a los padres de los que se mueren les dicen que se vayan. Si sigue así, nos vamos a quedar solos de al tiro. Hay puro nuevo, nuevo…

“Por ejemplo, mataban a un hijo y a los padres los obligaban a que se fueran. Se ha puesto muy feo, señor. No de ahorita, ya tiene tiempo. A una señora dueña del mejor hotel del pueblo la secuestraron, le quitaron un rancho y su hotel. Se tuvo que ir del pueblo. Se llama Lolita. Así de feas están las cosas, señor.”

Por su parte, el comerciante mencionado antes, quien fue funcionario del gobierno de Aguililla y pidió reservar su nombre, no difiere de la vendedora de frutas.

–¡Pásele, pásele, porque afuera está cabrón! Si lo ven que no es de aquí, ¡cuidado! –advierte al reportero.

La pesadilla, dice, empezó hace como un año, con los secuestros y asesinatos, y aunque está de acuerdo en que debe haber empleos, primero debe procurarse la seguridad.

“Para qué queremos empleos en Aguililla cuando hay una bola de malandrines que matan, secuestran y asesinan a su antojo. Hay que poner las cosas en su lugar. Primero una cosa y después la otra.”

De otro modo, “¿quién va querer venir a trabajar? Si hasta los que nos surten de mercancías ya no quieren entrar a este pueblo. Hay proveedores que no quieren venir, porque los agarran, los investigan, los roban y hasta los matan”.

–¿Qué opina la ciudadanía de Aguililla del operativo?

–Que está bien. Quienes hacían tropelías en grande ya se salieron de aquí. Estoy consciente de que es cuestión de largo tiempo. De que ellos vean quiénes son las cabezas, ¡y sobre ellas! Es muy fácil. No es difícil, pues tienen toda la información.

“Más ahorita, cuando hay tan poquita gente. Hace dos semanas no podíamos salir a la calle. No teníamos gasolina porque no dejaban entrar a la pipa; no teníamos gerente de banco porque lo amenazaron. Tenemos unas 300 casas solas porque se fueron las familias. Hay decenas de ranchos abandonados.

“Pero en lo personal felicito a Felipe Calderón por lo que está haciendo, pues hace un mes no podía salir a la calle. A las seis de la tarde había que encerrarse y no asomarse a ver qué pasaba.”

Sin embargo, “creo que la Federación no tiene un plan completo. No saben a lo que venían. Que hablen con los Ministerios Públicos Federales de Uruapan, Apatzingán y Morelia… Más tarda en llegar la noticia de que agarraron a alguien, cuando ya está libre”.

El comerciante reniega: “Mire, el Ejército los agarra. De aquí se los llevan a Apatzingán o a Uruapan. En esas ciudades, el Ministerio Público los deja libres. Son muy corruptos, y de ahí no pasan. Así que el gobierno de Felipe Calderón debe empezar a platicar con los MPF, pues guardan los expedientes de quienes se dedican al narco. Así se puede tener la información completa. Sería entonces preciso recabar esa información, venir con órdenes de aprehensión y reaprehender a los narcotraficantes”.

Coincide en que las amenazas, crímenes, robos y secuestros son de hace tiempo, no de ahora, por lo que miles de habitantes de Aguililla han emigrado.

“Sólo quedamos cuando mucho 7 mil”, comenta en el mismo momento en que pasa una camioneta con un equipo de sonido a todo volumen. Se trata de una canción: “Aguililla, Michoacán, otra vez triste te miran. Ha muerto Félix Cornejo. Muy triste fue su partida. También Amado Patiño. Los dos perdieron la vida…”.

El comerciante interrumpe su relato para explicar:

–¡Óigalos, ahí van!

Para agregar en medio de una risa de nerviosismo:

“Hablando de ellos… y no los hallan… Y ahorita son poquitos. No más se va el gobierno a los ranchos, y empiezan a salir las camionetas. Oiga, si somos tan poquitos… ¿Usted cree que no es fácil detectarlos?

“Mire, usted ahorita anda muy a gusto con su camarita, porque están escondidos. Si no estuviera el Ejército, ya lo habrían levantado. Caso concreto: Hace 24 días vinieron dos periodistas de una agencia informativa de Morelia, y los levantaron los narcos. Así de sencillo. Si no hubiera presencia policiaca, usted ya no estaría aquí, oiga.”

–¿Aún así viven a gusto aquí?

–Mire, ¿adónde vamos? La situación está cabrona. Aquí se ve más porque el pueblo es pequeño. ¿Adónde vamos? ¿Adónde correría usted? Aquí están nuestras raíces, nuestros hijos. Somos prisioneros sin rejas. Estamos atrapados en Aguililla…

Los abusos



Explican las autoridades y pobladores que hace como 18 años se dio un fenómeno de dolarización en Aguililla. Ello trajo consigo una serie de abusos de la entonces Policía Judicial Federal (PJF) y del Ejército. Se desataban enfrentamientos entre gente del pueblo y la PGR, e inclusive fue detenido el alcalde Salomón Mendoza Barajas. Había bajas de un lado y del otro. Toda una guerra sin cuartel.

Los elementos de la PJF fueron acusados de destruir diversos cultivos de granos básicos y hortalizas, ya que “los confundieron” con plantaciones de mariguana, denunció en ese entonces el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguililla, Arturo Contreras Godínez. Hoy ya ni ese organismo existe en el pueblo. Nadie quiere el cargo.

Contreras Godínez había denunciado igualmente que los pobladores de esa región eran víctimas de la prepotencia, la extorsión y la violación de derechos individuales por parte de los agentes judiciales federales y el personal del Ejército, que cada 15 días instalaban retenes en la zona.

Los habitantes de Aguililla recuerdan que sobre la carretera que conduce a Apat-zingán –en la desviación a Dos Aguas (La Paz)–, a 15 kilómetros de la cabecera municipal, se instalaba un retén permanente del Ejército Mexicano. Los militares, dicen, eran majaderos con la gente, e inclusive golpeaban con una tabla a quienes llevaban aliento alcohólico. Y cada 15 días, por las noches, algunos judiciales y militares instalaban otros puntos de revisión para extorsionar a los que cruzaban.

En cuanto a la destrucción de cultivos, se denunció que, por ejemplo, el 12 de noviembre de 2002, dos helicópteros de la Procuraduría General de la República destruyeron con sustancias químicas una tomatera de aproximadamente una hectárea al “confundirla” con un cultivo de mariguana.

De acuerdo con la queja presentada en la Comisión Estatal de los Derechos Huma-nos (CEDH) por el propietario del cultivo, Guillermo Alejandrez Rivera, estaba en su rancho La Gloria cuando escuchó el ruido de dos helicópteros. Al salir, vio que sobrevolaban su plantío y le rociaban sustancias químicas. Acudió a la CEDH para pedir ayuda a fin de que le pagaran lo que había gastado en la tomatera (15 mil pesos). Nunca recibió ninguna indemnización..

Para llegar al rancho La Gloria, en medio de lo abrupto de la sierra, existen cerros repletos de plantíos de mariguana, pero nunca han sido tocados por los agentes antinarcóticos, que, afirman los pobladores de la región, justifican su labor destruyendo plantíos de jitomate, frijol y maíz.

Por ejemplo, el jefe policiaco de Toto-tlán, Lauro Fuentes Comijo, dio en aquellas fechas fe de estos acontecimientos, y el acta respectiva fue firmada por dos testigos, Wulfrano Alejandrez Gil y Francisco Villalobos Cruz. En total fueron 25 las que-

jas de ese tipo enviadas a la Comisión Na-cional de los Derechos Humanos (CNDH). Y nunca se tradujeron en una recomendación.

En El Limón, otro jefe policiaco declaró que han tenido muchos problemas con el Ministerio Público del fuero común, que se negaba a recibirles a delincuentes detenidos aunque, en uno de esos casos, las acusaciones provenían de un grupo de 50 personas. “Siempre ponen pretextos o ‘se arreglan’ con los inculpados y al rato están libres”.

Un campesino de la zona confirma: “Es-te hecho no es aislado; es común que se dé con los agentes del Ministerio Público en Aguililla. Vienen los licenciados como servidores públicos en un plan de joder”.

Y “como en esta región existe mucho narcotráfico, piensan que en Aguililla hay dólares a morir, y vienen a barrerlos. Lo cierto es que el municipio no está produciendo dólares como para venir a barrerlos con recogedor. Piensan que hay mucho dinero, joyas, armas y dólares. De manera que, para que los agentes del Ministerio Público reciban una demanda, lo primero que hay que hacer es darles dinero, por lo menos 500 pesos. Si no, no atienden a nadie”. ?


Reedición del fracaso
Ricardo Ravelo

Eduardo Medina Mora recibe de su antecesor una PGR infiltrada por los narcos y plagada de altos mandos militares corruptos que se incorporaron

a esa dependencia durante la gestión de Daniel

Cabeza de Vaca. Y aunque insiste en que aplicará una estrategia “dirigida tanto a la desarticulación de las cadenas delictivas como al desmantelamiento

de los nodos de creación de valor y de los reductos de impunidad”, su esquema se asemeja al fracasado programa México Seguro.

Eduardo Medina Mora, cuya trayectoria profesional ha estado vinculada tanto al sector público como a la iniciativa privada, asumió la titularidad de la Procuraduría Ge-neral de la República (PGR) en uno de los momentos más críticos de esta dependencia en los últimos 25 años: los altos mandos militares contratados para “sanearla” no lograron su cometido.

A pesar de los esfuerzos de sus antecesores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca por terminar con la corrupción y las fallas que imperan en la PGR, ambos exfuncionarios fueron exhibidos por sus yerros. A Macedo de la Concha, por ejemplo, se le atribuyeron supuestos tratos con Los Zetas. En la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACAAMA/413/2005 se recogen las declaraciones de los cuatro integrantes de ese grupo paramilitar al servicio del cártel del Golfo que fueron ejecutados en Acapulco, Guerrero, en mayo de 2005, por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. Uno de los zetas ejecutados, Miguel Vizca-rra Cruz, declaró que Macedo de la Concha les brindaba protección.

Cabeza de Vaca, quien estuvo al frente de la PGR durante los últimos 20 meses de la administración foxista, tuvo el desatino de declarar en una entrevista con Excélsior, publicada el 21 de noviembre pasado, que un grupo de agentes estuvo a punto de aprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Pero el entonces procurador no pudo explicar por qué el llamado “capo del sexenio” foxista logró huir. Sólo dijo: “Tan cerca estuvimos de él, que en el lugar donde se encontraba encontramos una taza de café todavía caliente”.

Medina Mora hereda una institución afectada por una extensa red de corrupción compuesta por altos mandos militares designados por Cabeza de Vaca, y tendrá que enfrentarse a los embates cada vez más violentos de las seis organizaciones que se disputan las rutas de trasiego y el control del mercado de drogas en el territorio nacional.

Al final del sexenio foxista, algunos de los militares que Cabeza de Vaca incorporó a la PGR para “sanear” a la institución terminaron implicados en malos manejos y con denuncias por sus excesos en el ejercicio de sus funciones. A varios de ellos se les acusa de tener nexos con el cártel de Juárez, una de las organizaciones que más se benefició durante el llamado “gobierno del cambio” (Proceso 1563).

Uno de estos militares es el coronel Ismael González Vera, visitador general de la PGR, según revela una carta que empleados de la PGR enviaron al presidente Vicente Fox el 6 de agosto pasado, en la que le pidieron que se investigara a los funcionarios corruptos.

En dicha carta se incluye información sobre los malos manejos que se le atribuyen al visitador. Se afirma, por ejemplo, que mantiene comisionados a 15 elementos de la Policía Judicial Militar y a otras 50 personas, entre las que se encuentran “amigos o hijos de amigos” de González Vera, quienes “lo único que han hecho es cobrar su doble sueldo”.

Y como ejemplo se destaca que el propio visitador percibe 150 mil pesos mensuales, así como bonos de riesgo por su desempeño como funcionario de la PGR; además, se informa que el coronel González Vera recibe del Ejército 75 mil pesos mensuales, “pasando por alto la incompatibilidad de cargos o puestos a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

La carta ilustra el derroche de recursos en la PGR: desde la llegada de González Vera a la Visitaduría General empezó a escasear el equipo utilizado para los servicios de vehículos, así como el material administrativo y de fotocopiado.

“La explicación que dio el señor Gon-zález Vera es que no había presupuesto en vista de que les habían pedido recursos para apoyar la campaña de (Felipe) Calderón Hinojosa, lo cual no es justificable por las funciones que tienen la Visitaduría General y la Procuraduría General de la República, lo cual solicitamos sea investigado”, se lee en el documento entregado en Los Pinos.

Sobre la protección que González Vera brinda a sus subordinados que incurren en excesos, los denunciantes citan el caso del teniente coronel Antonio Rodríguez Luna, director general de Inspección Interna de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quien visitó la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Tijuana, Baja California, el pasado 13 de junio. Iba “en completo estado de ebriedad y protagonizó un acto bochornoso”.

Tres días después, los diarios La Voz y El Sol de Tijuana informaron que el militar profirió amenazas contra el personal de dicha unidad, jactándose de su cargo y de la protección “de arriba” de la cual goza. Aunque el episodio fue conocido por González Vera y por el entonces secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, evitaron que trascendiera.



Vicios y acoso



La misiva, cuya copia tiene Proceso, retrata la descomposición interna en la PGR. En ella se afirma que González Vera –quien es cabeza del grupo de generales, coroneles y tenientes con cargos tanto en la PGR como en la AFI– tiene antecedentes de corrupción desde que fue delegado de la PGR en Chihuahua y Baja California Sur. Cuando estaba en esos cargos –según la carta enviada a Fox– “recibió ‘algunos regalitos’ del cártel de Juárez, entre los que se cuentan vehículos de lujo y dólares; sí, muchos dólares, y, entre otras cosas, se le atribuye (a González Vera) la pérdida de varios kilos de cocaína…”.

Los firmantes de la carta, quienes solicitaron al reportero omitir sus nombres por temor a represalias, insisten en que han padecido todo tipo de malos tratos, amenazas de despido y hasta “acoso sexual” por parte de los militares bajo el mando de González Vera.

Asientan que, con el argumento de que iba a limpiar la imagen de la Visitaduría General, González Vera creó espacios en la oficina central de la PGR y en la AFI para incorporar a un grupo de amigos, todos ellos militares, quienes a pesar de sus limitaciones profesionales y los excesos cometidos en el desempeño de sus funciones, siempre han sido protegidos por su jefe.

Y mencionan otros ejemplos: el del teniente coronel Aníbal Trujillo Sánchez, actual director general de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, quien, dicen los empleados inconformes, “ni siquiera sabe dar inicio a una averiguación previa”.

Otro protegido del visitador general, dicen en su carta, es el teniente coronel Antonio Ramírez Luna, director general de Supervisión e Inspección Interna para la AFI: también padece limitaciones profesionales, es prepotente y “suele llegar en estado de ebriedad a laborar”.

El teniente Juan Arroyo Martínez, afirman los autores de la carta, al igual que Ramírez Luna, “tampoco conoce el trámite de la averiguación previa”. Pese a ello, ocupa el cargo de fiscal para el combate a la corrupción dentro de la institución.

Otro caso es el del teniente coronel José Porfirio Ramírez Cortés, director de Control y Evaluación de Delegaciones de la Dirección General de Visitaduría de la PGR, quien presuntamente tiene antecedentes de haber cometido actos ilícitos.

Los denunciantes agregan en su carta que Ramírez Cortés viaja periódicamente a las delegaciones de la PGR con el pretexto de “supervisar” el trabajo de los visitadores, pero en realidad se dedica a recoger las aportaciones económicas –“la polla”– que entrega a su jefe. Y se le acusa también de hostigar al personal femenino de las delegaciones.

Similar es el caso del mayor José Froylán Ramírez Castillo, director de supervisión de la Dirección General de Inspección Interna. Según la carta de denuncia, “se dedica a cortejar y acosar sexualmente al personal femenino adscrito a las delegaciones estatales” de la PGR.

También se incluye en la lista al mayor Juan Franco Rebolledo Galeana, excoordinador administrativo que fue removido de su cargo “por ineficiente”, pero posteriormente se incorporó como director de área en la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna en la AFI, cuyo titular era Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal.

El visitador general de la PGR, se asienta en el documento, también brinda protección a mujeres provenientes del Ejército, entre ellas Sandra Patricia Ruiz Márquez y Ana María Mosqueda Mosqueda. La primera tiene grado de mayor del Ejército, y en la PGR se desempeña como directora de Control de Gestión de la oficina del visitador, mientras que la segunda funge como secretaria del coronel González Vera.

Los empleados se quejan de malos tratos de Mosqueda y afirman que, “como elemento del Ejército”, deja mucho que desear a causa de sus limitaciones profesionales.



Nueva estrategia: fracaso reciente



El miércoles 5, cuando fue ratificado por el Senado como procurador general de la República, Eduardo Medina Mora dijo que el narcotráfico opera a semejanza de los grupos italianos conocidos como la Cosa nostra.

Como secretario de Seguridad Pública federal –cargo al que llegó después de abandonar la dirección del Centro de Inves-tigación y Seguridad Nacional (Cisen)–, Medina Mora fue duramente cuestionado por el fracaso del programa México Seguro, una medida de emergencia con la que el régimen foxista intentó frenar el narcotráfico y la violencia. Medina Mora ahora reconoce –y así lo dijo ante los senadores– que las Fuerzas Federales de Apoyo eran insuficientes para lograr tan ambicioso objetivo.

Y a pesar de ese sonado fracaso, Medi-na Mora les dijo a los legisladores en esta ocasión que es necesario aplicar “una nueva estrategia en el combate al crimen organizado”.

Adelantó un requerimiento de dicha estrategia: “Que ésta no se dirija sólo o primordialmente a la captura de los líderes de las organizaciones y al combate de sus estructuras de comando y control, sino que parte de una visión integral que vaya dirigida también a la desarticulación de las cadenas delictivas mediante el desmantelamiento de los nodos de creación de valor y de los reductos de impunidad”.

Expuso que una de sus tareas fundamentales será el combate al narcomenudeo, y agregó que para ello requerirá el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, a los cuales les ofreció una mayor colaboración.

Actualmente en el país existen seis cárteles del narcotráfico en abierta disputa: Tijuana, Sinaloa, Milenio, Golfo, los hermanos Amezcua y Pedro Díaz Parada (extensión del cártel de Tijuana que controla el tráfico de mariguana en Oaxaca y Veracruz).

Medina Mora coordinará sus labores antinarcóticos con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien al igual que aquél tiene estrechos nexos con Televisa, empresa que le sirvió para promover su imagen como policía eficaz.

García Luna enfrentó serios cuestionamientos a principios de año, cuando una docena de agentes de la AFI (corporación que él dirigía) resultaron implicados en el secuestro de cuatro miembros de Los Zetas en Acapulco, Guerrero. Al parecer los agentes estaban ligados al cártel de Sinaloa y actuaban bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva y de su jefe de gatilleros, Édgar Valdez Villarreal, La Barbie (Proceso 1519).

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/013/2003 se asienta que algunos colaboradores de García Luna resultaron implicados con el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y se menciona a Domingo González Díaz, director del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la AFI, quien recibía dinero del cártel de Sinaloa para proteger las operaciones de los hermanos Beltrán Leyva.

En dicha indagatoria, el testigo protegido José Rodríguez declaró: “Que Édgar Valdez Villarreal, quien radica en Nuevo Laredo, se encarga de comprar droga y distribuirla en Estados Unidos. Que en los meses de septiembre y octubre de 2004, la PGR reveló que un grupo de sicarios se había asentado en el estado de Tamaulipas, los cuales están encabezados por el estadunidense Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, contratado por el cártel de Juárez para enfrentar al cártel de Sinaloa. Así mismo, es señalado como el personaje encargado de ‘comprar’ tanto a autoridades federales como estatales y municipales, como en el caso de Domingo González Díaz, un funcionario de la Agencia Federal de Investigación a quien supuestamente pagó 1 millón y medio de dólares con tal de proteger a (Marcos Arturo) Beltrán Leyva y al mismo Édgar Valdez Villarreal, La Barbie”.


Rebanadas de precariedad
Carlos Acosta y Jesusa Cervantes

El gobierno federal y los partidos políticos se dijeron satisfechos tras la aprobación de la Ley de Ingresos y luego del acuerdo inicial para sacar el Presupuesto de Egresos con modificaciones que no alteran sustancialmente la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, en esta “feliz” distribución de las grandes carencias presupuestarias del país, los costos políticos están a la vista: el PRI dio bandazos entre las alianzas con el PAN y con el PRD, los diputados de este partido se confrontaron con su dirigencia nacional y los blanquiazules evidenciaron que fue en el gobierno federal –en este caso la Secretaría de Hacienda– donde se definieron sus posturas de negociación.

La negociación del primer paquete económico de Felipe Calderón, que no contiene cambios que favorezcan el crecimiento del país y la generación de empleos –sus principales promesas de campaña–, evidenció en el ámbito legislativo un PAN sin liderazgo, que dejó en manos de la Secretaría de Hacienda hasta la confección de las reglas de discusión; un PRD que lideró en la operación legislativa pero que quedó confrontado con su dirigencia, y un PRI dividido que, a conveniencia, se sumaba lo mismo al PRD que al gobierno. A ese saldo se suma el fortalecimiento de una parte del sector empresarial, refresqueros y tabacaleros principalmente.

De hecho, el programa económico fue un primer escarceo del gobierno de Felipe Calderón con el Poder Legislativo, en el que aquél obtuvo un triunfo relativo: tras la cuestionada elección del 2 de julio, el conflicto poselectoral y su accidentada toma de posesión, logró que fuera aprobada por unanimidad la Ley de Ingresos, aunque retocada: sin el impuesto general de 5% a los refrescos, y con recursos extras de fondos que Hacienda quería ocultar y de cifras subestimadas en recaudación.

Al cierre de esta edición, la medianoche del viernes, todo apuntaba a que con el Presupuesto de Egresos sucedería lo mismo, luego de una intensa y a veces ríspida negociación de más de 12 horas entre los coordinadores parlamentarios y el equipo negociador de la Secretaría de Hacienda, encabezado por su titular, Agustín Carstens.

De una encerrona en la Torre Azul del PAN, que inició a las ocho de la mañana y concluyó cerca de las ocho de la noche, salió un acuerdo para reasignar cerca de 70 mil millones de pesos en el que si bien ni los partidos ni el gobierno consiguieron la totalidad de sus pretensiones, al final todos se dijeron satisfechos: el PRD consiguió recursos para apoyar a los adultos mayores del campo, las universidades, la cultura y los pueblos indígenas; el PRI, más dinero para el campo y la infraestructura carretera; y el gobierno, recursos para demandas que introdujo de última hora, como extras para educación básica y apoyar al magisterio, compromisos pactados desde la campaña entre Calderón y Elba Esther Gordillo.

Pero el camino no estuvo exento de sobresaltos: cada partido tuvo sus pérdidas, lo mismo que el gobierno. Por ejemplo, el PAN mostró incapacidad para negociar y su lugar fue ocupado por la Secretaría de Hacienda, que cabildeó durante dos semanas el paquete económico, primero aceptando “el guardadito” y luego las demandas de la oposición.

División perredista



El primer acuerdo de los diputados del PRD con el PRI fue avalar la Ley de Ingresos a cambio de que respaldara un fondo de pensiones para adultos mayores y que se sumara al acuerdo de todos los partidos políticos a fin de iniciar la discusión de una reforma hacendaria para el próximo año.

Ese primer acuerdo cimbró a la dirigencia nacional del PRD, que hubo de enfrentarse con sus diputados e incluso llegó al reclamo, explica José Antonio Magallanes, integrante del Comité Ejecutivo Nacional.

El lunes 18, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos, lo cual no fue sino la aceptación del PRD de un impuesto de 5% a los refrescos. Pero no sólo eso: este partido hizo a un lado sus demandas tradicionales, como buscar la reducción del pago de la deuda generada por el Fobaproa y darle todo al Seguro Popular, sin pensar en la creación de un fondo para abasto de medicinas e infraestructura hospitalaria.

“Para nosotros, en el CEN se trataba de una ley enana, con falta de creatividad por parte del Ejecutivo y que no sirve para generar empleos, es, en suma, un retroceso esa ley”, explica Magallanes.

El malestar motivó que un día después de la aprobación, el martes 19, el comité nacional perredista llamara a cuentas al coordinador de los diputados, Javier González Garza. También asistió el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete.

“Ahí, todos exigimos una explicación a González Garza, pues la Ley de Ingresos pasó por mero trámite. Y en la dirigencia no podemos avalar una aprobación cosmética por parte de nuestros diputados. Dijimos que no era congruente con lo que nuestro candidato ofreció en campaña, que era no avalar ningún impuesto que afectara a las mayorías, como lo es el aumento a los refrescos”, dice Magallanes.

La justificación de González Garza fue que era parte de una estrategia: los diputados perredistas apoyaban el impuesto al refresco a cambio de que PAN y PRI respaldaran la creación de un fondo a pensiones para adultos mayores. “Le externamos que sonaba bien como negociación, pero que resultaba complicado aprobar un asunto sin que se aprobara a la vez lo otro”, continúa el integrante del CEN perredista.

Nuestro temor, apunta, es que en política la percepción es lo que cuenta y ante la opinión pública parecía que estábamos negociando una ley. Y “a cambio de qué”, se pregunta. El reclamo concluyó con que los senadores darían marcha atrás en el impuesto al refresco.

En entrevista, los diputados de esa fracción se justificaron. De entrada, Juan N. Guerra, integrante del grupo que negoció con Hacienda y el PRI, aclaró que no hubo compra de conciencias, sino una estrategia para lograr un nuevo presupuesto, donde se daría prioridad a las demandas del PRD, como finalmente ocurrió.

“Logramos sólo algunos pequeños cambios en la Ley de Ingresos; por la premura del tiempo y porque el PRI no estaba en condiciones de apoyarnos, pues no podíamos hacer más. Pero lo que a nosotros nos interesaba más era sacar un compromiso con todos los partidos para iniciar una reforma hacendaria que eleve la tributación”, detalla Juan N. Guerra.

El diputado perredista asegura que eso “fue lo correcto”: “Yo no creo en victorias totales, eso es una quimera, y lo que nosotros queremos a través de victorias parciales, es establecer un nuevo régimen fiscal y que tengamos suficientes recursos para no vivir del petróleo”.

Acepta que el PRD tenía la posibilidad de actuar como mucha gente esperaba de su partido, “asumir un papel de opositores, y que nos puede quedar bien, pero con eso no nos permite ayudar”. Y advierte que si alguien piensa que el PRD se vendió, lo que se debe pensar es que “cedimos a cambio de salvar la educación, cultura, Liconsa, Diconsa y el programa de adultos mayores”.

Antonio Soto, otro integrante del grupo de negociadores del PRD, detalla por qué se aceptó la Ley de Ingresos. Recuerda que al inicio de las negociaciones sólo participaban el PRI y el PAN. Incluso recuerda haber visto, antes de que se avalara la Ley de Ingresos, que el PRI discutía con el PAN una distribución de cuando menos 15 mil millones de pesos para carreteras, a cambio de su voto a favor de la ley.

Pero el sábado 17, cuando Antonio Soto entró a la negociación, en el PRD se detectó que el gobierno había subestimado ingresos de más de 30 mil millones de pesos por recaudación y desincorporaciones. “Le informé a González Garza que había un subestimado por ese monto. El PRI estaba cuando se detectó esa bolsa y dijo que era dinero adicional que no teníamos previsto ninguno de los dos partidos. Eso nos ayudó a que hiciéramos mancuerna. Así, el PRI pasó de su negociación con el PAN a respaldarnos, pues había una posibilidad de lograr mayores recursos a los 15 mil millones iniciales que ellos discutían”, dice.

Otro punto que les permitió negociar al PRI y al PRD, recuerda Soto, ocurrió después de avalada la Ley de Ingresos, y el Senado lo echó para atrás con el impuesto al refresco: habían impulsado la utilización, por única vez, de una parte del fondo petrolero.

Revela que en las negociaciones con Hacienda, Agustín Carstens aceptó que se estaban presupuestando para dicho fondo recursos que rebasaban la reserva máxima permitida. A decir de Soto, “el uso que el gobierno ha dado a ese fondo no es transparente, así es que demandamos, y el PRI nos apoyó, usar por única vez 20 mil millones de pesos”.

Los panistas rechazaron la propuesta, prosigue Soto, “pero ellos hacen finalmente lo que les diga Hacienda; Carstens aceptó por las presiones de la oposición y ellos, como están urgidos de legitimidad, aceptaron porque les conviene sacar un acuerdo con nosotros”.

Todos estos movimientos de los legisladores perredistas generaron malestar en el CEN de su partido. Por eso, dice Magallanes, “los diputados tendrán que explicar lo que hicieron, porque contradice el espíritu de la lucha democrática que hace el PRD, y tenemos que ser coherentes con lo que planteó Andrés Manuel López Obrador. Tendrán que dar una explicación, primero en sus distritos, luego en el consejo del partido y a partir de ahí se evaluará la actuación de los coordinadores parlamentarios”.

Todo esto puso en evidencia la gran contradicción de los diputados federales perredistas con el CEN de su partido y el gobierno legítimo.

Por otra parte, el PRI evidenció una división, primero en la negociación inicial que hizo Jorge Estefan Chidiac con el PAN y luego cuando Carlos Rojas estableció acuerdos con el PRD para aprobar finalmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.



Tanteo al sector empresarial



El paquete económico también le sirvió a Felipe Calderón para medir la reacción de una parte del sector empresarial, con miras a la próxima negociación de una reforma fiscal integral. De manera coloquial, diputados que habían aprobado el nuevo impuesto a los refrescos expresaron: “Si ahora que los tocan con el pétalo de una rosa reaccionaron de manera descomunal, qué puede esperarse cuando de veras salgan afectados con una reforma fiscal de fondo”.

En efecto, con el impuesto de 5% general a los refrescos, esa industria no iba a perder gran cosa: las bebidas gaseosas están tan enquistadas en el consumo popular que la variación en su precio no alteraría la demanda; ni se frena su producción ni se pierden empleos. El que saldría perdiendo es el consumidor, a quien finalmente se trasladaría el impacto del nuevo impuesto.

Pero al gobierno, en el fondo, tampoco le preocupó gran cosa el fracaso. Esperaba recaudar poco más de 3 mil millones de pesos por ese impuesto, cualquier cosa respecto del billón de pesos por ingresos tributarios previsto en el esquema original.

En suma, el impuesto propuesto era más bien para “tantear” el nivel de reacción de una parte del empresariado, en este caso la poderosa industria refresquera, en la que ejerce un poder dominante el consorcio Femsa, que produce la Coca Cola en México y que la semana pasada compró la empresa Jugos del Valle por 470 millones de dólares.

Las demás medidas fiscales propuestas por el nuevo gobierno salieron apenas rasguñadas: se proponía que el Impuesto al Activo –que es de control, para que paguen algo aquellas empresas que año con año reportan pérdidas y no pagan impuestos– bajara su tasa de 1.8% a 1.5%; quedó en 1.25%. En el caso del límite de deducción de automóviles nuevos, se proponía que pasara de 300 mil pesos a 150 mil, y quedó en 175 mil.

Así mismo, para la tasa de Impuesto Sobre la Renta en el sector agropecuario, se proponía que pasara de 16% actual a 22%, y será de 19%. A cambio de una “aportación” adicional de 15 centavos por cigarrillo, que incrementaba en cerca de nueve pesos el precio de una cajetilla, se estableció un impuesto progresivo (IEPS) a los cigarros: 140% para 2007; 150% en 2008 y 160% en 2009, para que el incremento que se esperaba de un solo golpe se diluya en el tiempo. La base de deducción por consumo en restaurantes pasará de 25% a 12.5%.

O sea, los retoques fueron mínimos y no alteraron la propuesta original. Por eso la Secretaría de Hacienda no tuvo empacho en aceptar los cambios hechos por los legisladores.

Pero de igual forma tuvo que evitar oponerse cuando los diputados descubrieron que estaba subestimando ingresos por recaudación y que ocultaba una bolsa extra destinada al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. El dictamen de Ley de Ingresos aprobado por la cámara contenía 30 mil millones de pesos más que lo previsto por el gobierno y, según los diputados, era uno de los “guardaditos” que acostumbra Hacienda cada vez que presenta un paquete económico.

En esta ocasión, los recursos adicionales salieron de varias fuentes: se ajustó al alza el ingreso que se obtendría por la recaudación de ISR e IVA; la aportación para enfermedades producto del tabaquismo fue sustituida por un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (la primera no era participable y el impuesto sí); el precio del crudo de referencia, que Hacienda estimaba en 42.5 dólares, los diputados lo subieron a 42.8; también se ajustó al alza lo que el gobierno piensa obtener por desincorporaciones y otros ingresos no recurrentes, y el pago del gasto diferido para 2008 también fue incrementado.

De igual modo, Hacienda tuvo que doblarse ante el descubrimiento que hizo el PRD –y que el PRI confirmó y avaló– de una bolsa de casi 32 mil millones de pesos que no se justificaban pero estaban asignados a un rubro incluido por primera vez en un presupuesto denominado “Recursos Asociados a Ingresos Petroleros”.

Como Proceso informó la semana pasada, la Secretaría de Hacienda infló en esos 32 mil millones de pesos los recursos que deben destinarse al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP).

El gobierno tuvo que aceptar la existencia de esos recursos adicionales, y en la negociación con diputados y senadores, éstos lograron sacarle 20 mil millones de pesos, que quedaron incorporados en la Ley de Ingresos aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Por supuesto que el gobierno, en particular la Presidencia de la República, “vende” públicamente éstos cambios como obra de Felipe Calderón, producto de su “flexibilidad” y “disposición a los acuerdos”: la “capacidad negociadora del presidente Calderón”, dicen los recientes spots televisivos.

Con los recursos extras del fondo petrolero, los ingresos adicionales en la Ley de Ingresos (que se redujeron a 20 mil por el rechazo al impuesto a los refrescos y los ajustes en disposiciones fiscales, entre otros), más otra cantidad producto de recortes y reasignaciones en partidas presupuestales, los diputados conformaron una bolsa adicional de casi 70 mil millones de pesos, cuya distribución fue motivo de la intensa y ríspida negociación entre las fracciones parlamentarias y la Secretaría de Hacienda. Hasta el cierre de esta edición, estaban pendientes la elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación y su discusión y aprobación en el pleno.

Pero el acuerdo previo logrado en la Torre Azul daba cuenta de las siguientes asignaciones adicionales:

Al sector educativo, 15 mil millones de pesos más, de los cuales 8 mil serían para las universidades públicas, con lo que se revierte la polémica disminución propuesta originalmente. A la UNAM, por ejemplo, que le querían reducir el presupuesto en 123 millones, salió con casi 560 millones más respecto del presupuesto aprobado para 2006.

Para los apoyos a adultos mayores del campo, de mil 600 millones de pesos que proponía el gobierno, se destinarán 6 mil 250 millones; para los pueblos indígenas, 2 mil millones de pesos; Sedesol, 250 millones; cultura, mil 800 millones; infraestructura hidráulica, 5 mil millones; fondos regionales, 2 mil millones; carreteras, 11 mil 850 millones; campo, 15 mil 500 millones; apoyo a municipios, 500 millones; Fondo Metropolitano (obras en el Distrito Federal y municipios conurbados del Estado de México), 2 mil millones; hospitales, 3 mil millones; tribunales agrarios, 150 millones; equidad de género, 250 millones; Fondo de Seguridad Pública Municipal, se reponen los 250 millones que le había quitado; medio ambiente, 500 millones; y deporte, 250 millones de pesos. Estas reasignaciones suman 69 mil 800 millones de pesos. Y si bien no se cumplieron al 100% las demandas de todas las partes, partidos y gobiernos se mostraron satisfechos.

Ese fue el acuerdo de principio, con el cual elaborarían el dictamen respectivo y que a la medianoche del viernes aún estaban trabajando, con la intención de llevarlo al pleno en la madrugada del sábado.