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LOS PRODUCTOS DEL BOICOT ¡NO LOS CONSUMAS!: Bimbo , Sabritas , Jumex , Pepsi, Gamesa , Televisa (televisión y revistas), TV Azteca , Milenio (Diario y Semanal), Banamex , Maseca , COPARMEX , Coca-Cola , Wal-Mart , Bachoco , Megacable , Farmacias Similares , M&M's , Kimberly Klark , Burger King , grupo ALSEA , Autobuses Estrella Blanca . Más en este link.

domingo, enero 21, 2007

DE LOS COMPAÑEROS




SE NOS ENVÍA LA SIGUIENTE INVITACIÓN:


Hola amigos:

Se les pide de favor nos ayuden a difundir la sig. convocatoria en sus respectivos blogs. Gracias de antemano.


URGENTE!!!

ACTO DE RESISTENCIA CIVIL PACÍFICA

OBJETIVO: NO PERMITIR QUE EL ESPURIO USURPADOR INGRESE A PALACIO NACIONAL

LUNES 22 DE ENERO 9:00 a.m. EN EL ASTA BANDERA DEL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en caso de que estén cerrados los accesos la cita será frente a Palacio de Bellas Artes.

CONVOCA: Resistencia Creativa

ENVIAN DENUNCIA:



México, D.F., a 19 de enero del 2007

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, hace de su conocimiento la siguiente:

ACCIÓN URGENTE

SE TEME POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SICÓLOGICA DE LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS ELENA LÓPEZ HERNÁNDEZ


HECHOS
Elena LÓPEZ HERNÁNDEZ defensora de derechos humanos e integrante de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, recibió el viernes 12 de enero alrededor de las 11:10 pm. del presente unas llamadas telefónicas en la que le dijeron "escucha perra lo que les pasa a los que defienden guerrilleros"" al termino de este mensaje le produjeron dos sonidos de cohetes, aproximadamente a los 20 minutos, es decir 11:30 volvieron a marcarle dejándole el mismo mensaje.

ANTECEDENTES
La defensora de derechos humanos Elena LÓPEZ HERNÁNDEZ, viene participando en la defensa de los derechos humanos de los indígenas Gerardo y Jorge Marcial TZOMPANTLE TECPILE y Gustavo ROBLES LÓPEZ detenidos el 12 de enero del 2006 y acusados de "Asociación Delictuosa en la modalidad de Terrorismo"

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad Solicita:

1.-Que el Gobierno Mexicano garantice la integridad física y sicológica de la defensora de derechos humanos Elena LÓPEZ HERNÁNDEZ

2.-Que se le otorguen las medidas cautelares para garantizar su vida.
"
3.- Que el Gobierno mexicano Cumpla Irrestrictamente con la "Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos", que en su Artículo 1 dice: "Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional"."
Y que en su Artículo 12:
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
Adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998

4.-Cumplimiento total a la Resolución OEA/Ser.P, AG/RES. 1671(XXIX-O/99), 7 de junio de 1999 sobre ""Defensores de Derechos Humanos en las Américas" Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las américas. Que dice en los artículos: 1.- Reconocer y respaldar la tarea que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos y su valiosa contribución para la promoción, el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales en las Américas y 3. Deplorar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los Defensores de los Derechos Humanos, en el plano nacional y/o regional, y exhortar a los Estados Miembros que continúen adoptando las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad e integridad de los mismos

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD



Responsables:
Ma. Magdalena López Paulino
Ericka Zamora Pardo
comitemg@hotmail.com
044 55 12 61 44 40
www.geocities.com/decadacontralaimpunidad

ENVÍAR SUS ACCIONES URGENTES A:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la Republica
Felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tel. (55) 278 911 00
Fax (55) 527 723 76

Francisco Ramírez Acuña
Secretario de Gobernación
ghuerta@segob.gob.mx

Lic. Eduardo Medina Mora Icaza
Procurador General de la República
servs@pgr.gob.mx

Lic. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública
buzon@ssp.gob.mx

José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH
correo@cndh.org.mx

UNA CARICATURA SIN MONITOS, MAS:

Descrédito..


Cártel del Golfo, en manos de Los Zetas
Documento del FBI señala que el grupo se encuentra con libertad de operación
Por: Andrés Becerril
Excelsior
21/01/2007
La extradición de varios capos del narcotráfico mexicano a Estados Unidos anuncia un reacomodo natural en la estructura de los cárteles del Golfo, Sinaloa y Tijuana, pero el más importante estará en el del Golfo, encabezado por Osiel Cárdenas, que el viernes fue llevado a Texas y ahora deja sueltos a cientos de sicarios conocidos como Los Zetas.
Un documento de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), titulado Los Zetas, amenaza emergente para Estados Unidos, señala que desde mayo de 2003, este grupo intentó apoderarse del control de las operaciones del cártel del Golfo.
"De acuerdo con el área de inteligencia del FBI, poco después de la captura de Cárdenas Guillén en 2003, los líderes de Los Zetas discutieron el asesinato de los lugartenientes clave para asumir el control de las operaciones de la organización.
"Ellos —continúa el reporte del FBI—, fracasaron ante esta opción debido a razones desconocidas y todavía reciben órdenes del cártel. No obstante esto, sugiere una sensación de independencia de Los Zetas y puede ayudar a explicar algunas de las acciones atrevidas del grupo en los últimos años".

Caricatura sin Monitos


Aquí, se ha publicado en más de una ocasión, nuestra inconformidad con la medida de utilizar al ejercito mexicano para labores que le corresponden a los civiles. Sobre todo, que se expone a los grados superiores a un peligro latente: las cámaras y micrófonos de la televisoras.
Hace aproximadamente un mes, el general y mando único de la Operación Conjunta Michoacán, Manuel García Ruiz, declaró, que los integrantes del grupo paramilitar "Los Zetas" estaban acabados. A los dos días, en el centro de la capital del aguacate, Uruapan, Michoacán, mataban a un policía de 120 tiros. Al estilo de los Zetas.
En la Caricatura sin Monitos del día 22 de diciembre del año pasado, titulada, La respuesta, le dije entre otras cosas lo siguiente:
{Hoy, con la firma de la casa, le responden al militar: aun, no. Pero lo grave aquí, es la magnitud de la respuesta, que a todas luces es una afrenta y una provocación a una institución que había venido trabajando arduamente en una labor efectiva pero fuera de los reflectores. Lo de hoy, debería de ser una llamada de atención a los jerarcas de la milicia y desvincular al bando castrense del show televisivo. Recuerden que todo lo que toca la televisión, termina prostituido. No se nos olvide el ridículo que hicieron pasar a los integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el año pasado cuando les ordenaron repetir la escena de una aprehensión de unos secuestradores. Por cierto, el director de la Agencia era Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.}
En la nota del día de hoy, vemos otro ángulo de la misma circunstancia, pero esta vez, si es de analizarse más detenidamente.
El documento que origina el artículo de Andrés Becerril en Excelsior, deja al descubierto el grado de intromisión por parte del gobierno americano en nuestro territorio, que ya de por si es malo; pero, en donde pasan a raspar a una institución que no tendría que andar metida en estos menesteres, nuestro ejercito mexicano. Porque, la documentación a que se refiere la nota, desmiente por completo la palabra de un general en activo, con lo que se trasluce, la carencia existente en información de primera mano por parte de las fuerzas castrenses.
Es extremadamente grave, que mejor un organismo de otro país pueda tener más actualizada la información que el mismísimo ejercito de nuestra nación. Si no hubiese existido la tentación de las cámaras televisivas, no estaríamos cotejando declaraciones en estos momentos. Un ridículo innecesario que llega en mala hora.
Esta lección debe ser memorizada por los elementos superiores de la institución para no volver a caer en la tentación de convertirse en reporteros.
Con esta revelación, queda manifestado que, el muro ignominioso, no es por los trabajadores que cruzan la frontera sin papeles, sino más bien, es extrema precaución por parte de los vecinos del norte. Que dicho sea de paso, hacen como que se preocupan por el problema del narcotráfico, pero mientras no asuman su responsabilidad por ser los mayores consumidores e inicien desde dentro una solución, seguirán haciéndose como el Tío Lolo.



Y DE LEÓN GUANAJUATO, NOS ENVÍAN UN REPORTE Y UNA DIRECCIÓN A NUEVO BLOG:


Sin Maíz No Hay País RELOADED (Recargado)
León Guanajuato. Segunda parte.

¿Qué nunca segundas partes fueron buenas?
Quién sabe donde chingados dice esto por que esta segunda parte leonesa de la trilogía (por que viene la tercera y la llamaremos REVOLUTIONS) SIN MAIZ NO HAY PAIS ha resultado ser todo un éxito.

El 20 de enero es el día de la fundación de León Gto. Este día se acostumbra festejarlo con una mega fiesta que dura desde la segunda semana de enero hasta la primera de febrero, el evento es enmarcado con las festividades de LA FERIA DE LEON, la feria de León es oficial el 20 de enero, (perdón que reitere tanto pero es importante que nos lo quedemos bien grabado el resto de los lectores asiduos del sendero del peje y de un blog local con buenos inicios llamado redes ciudadanas León (http://redesciudadanasleon.blogspot.com/), como decía, las fiestas de León comenzaron de manera oficial el 20 de enero; desde el 16 de este mes las compañeras y compañeros, que estamos consientes que no hay nada mas dignificante que estar del lado de la lucha sin tratar de protagonizar ninguna acción y que nos sabemos bien contentotes de ser parte la bola resistente que cuentan afanosos los satélites, nos hicimos el firme compromiso de juntarnos este día para resistir de manera mas contundente ante los embates dirigidos a nuestras raíz razón de vida: EL MAIZ, comandados por nuestro querido presidente legitimo en la convicción de la lucha, armados nuestras conciencias y nos reunimos en la casa de un compañero que vive justamente a una calle de la construcción municipal llamada LA FERIA DE LEON que es parte de un complejo arquitectónico llamado POLIFORUM, centro de exposiciones que sólo usan los mas poderosos como: el evento de SAPyCA y el gobierno estatal y municipal, decidimos llegar a la entrada principal de la feria de León para comenzar a resistir con la revolución de las conciencias este día Insito, el 20 de enero, así pues llegada la fecha todo el municipio de León se congrega en este lugar, la gente es mas leonesa que nunca y acude feliz a gastar el dinero y a hacer ricos a los consorcio multimillonetas que alquilan al PATRONATO DE LA FERIA un espacio a modo de “tianguis” pa vender sus espuriedades, este patronato esta compuesto por puro puto panista en activo de funciones político/empresariales, y por amigos que hasta del extranjero vienen a quitarle el dinero al pueblo que le vale madres entregárselo, en fin. Salimos del centro de operaciones vestidos como siempre, con nuestras ropas de ciudadanos normales y con un bonche de volantes chonco cada uno de nosotros, la verdad nos sentíamos un poco tristes pues solo llegamos a juntarnos 21 personas de las cuales sólo le entramos contundente 15, el bonchesote de volantes en nuestras manos un las pancartas que habíamos hecho para el primer plantón del 17 de enero, de camino a patín a la entrada de la feria de León íbamos sin ningún problemas, repartíamos a siniestra y a diestra, los volantes y así, repartiendo el volante llegamos a la entrada principal y aquí comienza lo cabronamente chingón del desmadre. Lastima a todos los que no fueron la verdad no sólo se lo perdieron sino que además como que se están quedando atrás y la verdad compañeros el gobierno de nuestro presidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador es de todos, si no lo saben defender es triste. Después del reproche continuo. Nos situamos alrededor de la muchedumbre, la masa que acude a su fiesta feria del día de esta ciudad, la gente compraba sus boletos de entrada de a 10 pesos y los niños a la mitad, daban las vueltas necesarias para entrar o para esperar a sus amigos y familiares, entraban y salían, eran muchos y todos estaban muy contentos, en esa ambiente de fiesta llegamos a dar, primero, nuestros volantes, la gente los tomaba y los leía, los mas se quedaban reflexionando y decían “¡si es verdad yo los apoyo!” la raza se estaba comportando a la altura de su historia al leer nuestro volantito de humildes características fotocopiles, en menos de 5 minutos de nuestro arribo a la pinche puertota, (aquí les anticipo que el encabronamiento amerita y justifica cada una de las groserías que leerán), al compañero con chamarra azul y rojo, fue envestido por un pendejo escuincle de menos de 25 años con cara de pendejo y a su vez de prepotente, respaldado por el gafete espurio que decía “vigilancia: Patronato de la feria” y su uniforme de empleado de seguridad pseudofresita, y se abalanzó como un animal de cuatro patas y no precisamente un perro sino una especie nueva de tintes CALDERONILES, y trato de arrebatarle los volantes, el compañero de chamarra azul y rojo éste no soltó los volantes y le pedía constante un explicación ante sus acciones represoras de poco nivel, el compañero argumentaba que no le iba a dar ni un volante y que estaba violando su derecho a expresarse, el espurio animal acalderonado no soltaba los volantes y los jaloneaba constante, el compañero estaba seguro que el imbécil le iba a soltar un golpe y que este desataría en una madriza por que el compañero bajo ninguna circunstancia se iba a dejar pisotear y menos por un pinche escuincle animal acalderonado.

Mientras tanto, a menos de 1 metro de distancia, la compañera con blusa artesanal, de esas que usan nuestras mujeres mexicanas, estaba dándole nuestras direcciones a una familia que querían sumarse a nuestra lucha dignificante, la compañera y la familia, en específico la mamá, se aproximaron al auxilio del compañero de chamarra azul y rojo, el animalito faldero, llamado nueva especie calderonil de cuatro patas y puertas traseras, jaloneaba con mas fuerza los volantes del compañero, sólo que ahora, el compañero tenia tres manos en apoyo, la de la compañera de la blusa mexicana y la de la señora que se sumaria a esta lucha:
Lo que se oía entre el compañero y el animal era más o menos así:
…-¡ENTREGUEME ESO!
-¡no te voy a dar nada entiéndelo!
-¡aquí no se puede andar repartiendo publicidad!
-¡no es publicidad!
-¡ENTREGUEMELOS!
-¡NO TE VOY A DAR NADA ESTAS VIOLANDO MIS DERECHOS!
-¡ENTREGUEMELOS!
-QUE NO; DIME POR QUE; A VER PIDESELOS A OTROS; ADEMAS ME COSTARON DINERO PAGAMELOS SON 5 PESOS!
-¡ENTREGUEMELOS!
¡QUE NO TE VOY A DAR NADA; VE A QUITARSELOS A OTRO A VER QUE TE DICE!
-¡ENTREGUEMELOS!...

Todo estaba a nivel bajo, enfrente de la puerta de entrada al recinto festivo y 15 compañeros entregando nuestros volantes, en eso, uno de nuestros mas respetados compañeros, ex regidor del PRD acá en León y destacado no sólo por su buena actuación sino por ser un notario reconocido en la entidad, se aproximó. El compañero a quien todos acá respetamos es el Lic. José Trueva Dávalos, a quien de cariño llamamos Pepe Trueva. Vio con sorpresa al imbécil espurito de menos de 25 y le pregunto:
¿¡¡¡Por qué le quiere quitar sus volantes al compañero!!!?
Obviamente el pendejete de quinta ignoraba quien fuera Pepe Trueva y les exigió:
¡¡¡¡ENTREGUENMELOS!!!!
En eso nuestro compañero con todo el coraje que se necesita, de su pecho salio un alta vos y:
¡¡¡¡ESTE SEÑOR ESTA VIOLANDO MIS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y ESTA COARTANDO TODO PASO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, ESTE SEÑOR ESTA PISOTEANDO NUSTROS DERECHOS Y ABUSANDO DE SU AUTORIDAD QUERIENDO IMPEDIR QUE ME EXPRESE DE MANERA LIBRE Y PACIFICA EN LA VIA PUBLICA!!!!!
AL TIEMPO LE ARREBATO CON ENERGIA los volantes y valiéndonos madres, seguimos repartiendo, el escuincle de pañales espurios se retiró encabronadisimo para llegar en menos de dos segundos con tres policías, entre ellos una mujer con las ideas muy mal acomodadas. El compañero de la chamarra y nuestro ex regidor dialogando con los azules les hicieron ver que el pendejete estaba violando la constitución, la gente pasaba y observaba, no había compromiso, sentían mas bien pena, en eso, llego un oficial de mayor rango.
¿Qué pasa? Dijo el oficial, Estos señores, contesto el pendejete, están repartiendo publicidad y no esta permitido.
Policía: -¿Quién dice que no se puede?
El animal: -Están en la inmediaciones de la feria y no se puede.
Policía: - NO, NO, la feria es allá aquí es la vía publica, y por ser la vía publica es asunto mió, estos señores están ejerciendo su derecho de libre expresión y lo están realizando de manera pacifica el que esta cometiendo ilícitos es usted.
Una vez mas, la policía se comporto como la gente, como verdaderos mexicanos, el oficial puso en paz al chamaquito y continuamos nuestra tarea, le dimos la gracias al poli pero 5 minutos después llego de nuevo un pendejo, se dirigió a Pepe Trueva.
-Señor Trueva Dávalos le suplico que no repartan eso aquí
-De ninguna manera me suplique nada, de aquí no me voy a ir y ninguno de mis compañeros lo hará, esta es la vía pública.
-señor Trueva Dávalos sea razonable
-sea razonable usted y acate la constitución. Insisto, no nos vamos a ir.
Llegaron de nuevo comitivas policíacas al asunto, esta ocasión llego un oficial que dijo ser el sargento, o sea, el jefe de los anteriores.
Sargento: -¿Qué pasa?
Pepe: - este señor insiste en violar mis derechos constitucionales
El Jefe del animal (que en lo sucesivo llamaremos animal mayor):- ¡no puede repartir eso aquí, es propiedad privada.
Sargento:- aquí es la calle señor.
En eso llego un pinche baboso, no se le puede llamar de otra forma, que es trabajador de limpieza municipal y le dijo al poli.
El ruco tonto: - estos señores están tirando basura.
Sargento:- mire, si yo veo que están tirando basura si puedo aplicar el reglamento en la fracción 38 que es por estar causando daños a la vía pública, por eso si lo puedo arrestar, pero sólo si yo lo veo, y usted es trabajador del sistema de limpia y trabaja como yo para el municipio y es su responsabilidad, pero ¿sabe que?...
En eso se dirigió al jefe del animal: … estas personas estar ejerciendo su derecho a expresarse libre y pacíficamente y yo no he visto que tiren una sola basura…
En eso un compañero muy querido pero medio despistado arremetió.
Compañero:- ¡¡¡los señores nos quieren violar nuestros derechos!!!…
Sargento:- señor, permítame aquí estoy yo para defenderlos.
La raza, entre compañeros y visitantes a la feria sentimos el respaldo y al apoyo de la policía, del sargento que, aunque no pimienta si alivianado y compa respetuoso de su trabajo, ecuánime e imparcial. No cave duda, la tropa voto por nuestro presidente.
Los bajos y serviles defensores del negocio de los ricos se retiraron y no regresaron jamás.
Se nos terminaron los volantes, la gente nos pedía informes, nosotros iniciamos la segunda parte de la resistencia “SIN MAIZ NOS HAY PAIS” durante la hora siguiente nos colocamos las pancartas y colocados en puntos estratégicos anunciábamos nuestra indignación, “sin maíz no hay país” “salarios de simulación” todo sube menos nuestros sueldo” “calderon estas en todas nuestras mentadas” “mamá, papá, infórmense el maíz transgénico nos esta matando” “etc.” Una chamacota de la mano de su peor es nada al pasar por nuestras presencias grito: ¡a huevo sin maíz no hay país, a huevo sin maíz no hay país!!

Dieron las 8 de la noche y nos enfilamos pacíficamente y marchamos entre la multitud, era hora de nuestra retirada, la gente no dejo de leer y de expresar algún pensamiento positivo. No cabe duda, mas que una mentada de madre, ofende que se metan con nuestra semilla orgullo de nuestra existencia e identidad, la materia prima con la que nos construyeron según la letra del Popol Vuh: “ Los Dioses primero crearon la Tierra, después los animales y, finalmente, los hombres. Éstos fueron inicialmente hechos de barro, pero como el intento fracasó, el Gran Padre decidió extraerlos de la madera. No obstante, los nuevos hombres eran altivos, vanidosos y frívolos, por lo que el Gran Padre los aniquiló por medio de un diluvio. Pese a este suceso, los dioses no desistieron y, en una última tentativa, crearon a los hombres a partir de GRANOS DE MAÍZ MOLIDOS Y, DE LOS CUERPOS DE AQUÉLLOS, A CUATRO MUJERES.

Notas al calce:
Durante la trifulca entre los defiende espurio, los respetables polis y nosotros, salio un baboso gritándonos que lo que estábamos entregando era publicidad subversiva, seguramente quería ver si apoyando a los animales acalderonados lo dejarían entrar gratis a la feria, si le hacia falta una invitación.
Como siempre, el inocuo pero perverso apocado y tibio presidente del partido municipal, acudió puntual a la cita con el 20 de enero, en cuanto nos vio prefirió buscar la puerta de atrás, como lo leen, Enrique Alba, el presidente del PRD municipal se Hizo nuevamente pendejo, esta vez no lo pelamos.
La compañera Tere tuvo la buena idea de sacar recortes y revistas proceso y exponerlas como puesto ambulante, sin ninguna intención de venta que quede claro, tomo su pancarta y a su pequeña hija le colgó otra que decía: “MAMÁ, PAPÁ, INFORMENSE EL MAÍZ TRANSGENICO ME ESTA MATANDO” además la chula chamaquita se coloco una mascara, una calavera, que impactaba a los transeúntes festivos y se acercaban a preguntar, Tere se dio a la tarea de informar, no solo sobre el maíz, sino en si de todo el movimiento.
El protagonismo insulta, simular liderazgo es simular la lucha, esta lucha no es de unos cuantos y no es de simulación esta lucha es de todos y es real, luchando como lo hacemos es sentirnos junto a nuestro presidente, junto a México, a nuestro amado México.
Martin Luther King dijo: “el hombre que no ha encontrado una razón para morir, no es digno de vivir” nosotros, la bola que lucha y participa, ya sabemos por que morir, mi vida me la dio México.
ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR.

Anexos:
Invitamos a todos los que quieran y puedan al PERFORMANS PLANTON “SIN MAIZ NO HAY PAIS” este domingo 28 de enero enfrente del PALACIO MUNICIPAL DE LEÓN a las 5:30 de la tarde… ¡ay nanita a ver como nos va!!!!
Los compas organizados en redes ciudadanas y espontáneos orgullosos extendemos la invitación a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a Jesusa Rodríguez de la resistencia creativa y a Víctor Hernández del sendero del peje pa que vengan a dar fe de la legitimidad de nuestro acto, la neta, ojala puedan venir, y a todos aquellos que quieran enterarse de que nuestra gastronomía es nuestra historia nuestra vida, nuestra tierra: México.
ES UN HONOR ESTAR CON ABRADOR
León Guanajuato México

NOTA:Así señores, de a poquito se hace un movimiento fuerte, envíen toda información de acciones de difusión y resistencia, que el país este enterado, no porque una acción de protesta pacifica sea pequeña se merece el silencio.

MAS DEL PROCESO

SE ANALIZA LA ESPECULACIÓN SOLAPADA DEL MAÍZ:




Vía libre a especuladores
Jesusa Cervantes


El incremento en el precio de la tortilla no se debió, como sostiene el gobierno, a que haya aumentado el precio del grano en el mercado internacional. El alza, sostienen legisladores, líderes campesinos y especialistas en la materia, se originó por la especulación que realizan empresas trasnacionales que operan en México, con la complacencia del gobierno que pretende imponer las reglas del libre mercado, incluso en los productos básicos.

Amenos de dos meses de haber iniciado su gobierno, Felipe Calderón comienza el pago de las primeras facturas mediante la aplicación de una política económica que beneficia a los grandes grupos empresariales de México y afecta a las mayorías.

La firma del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla y frenar la escalada de precios de otros productos sólo oficializó el aumento de 6 a 8 pesos el kilo de tortilla. De esta manera, Calderón puso en marcha nuevos mecanismos para la comercialización de los productos básicos.

El plan del presidente para detener la carrera alcista permitirá a los dueños de Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill obtener jugosas ganancias, señala Enrique Pérez, presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa. Los propietarios de estas empresas, dice, colocarán en el mercado las toneladas de maíz blanco que tienen en su poder y venderán el maíz amarillo para consumo humano. También se les permitirá incrementar sus importaciones del grano, y serán ellos quienes lo vendan a la población.

El gobierno aseguró que el alza a la tortilla se debe al incremento en los precios internacionales del maíz, aunque Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, lo desmintió al afirmar que el aumento se debe a las “acciones de los especuladores y acaparadores”.

El miércoles 17, los senadores del PRI y del PRD, Carlos Lozano y Ricardo Monreal, respectivamente, revelaron que Maseca, Minsa y Cargill acapararon toneladas de maíz, lo cual encareció el precio del grano y ocasionó el aumento en el precio del kilo de tortilla.

Pero no sólo eso, estas mismas empresas exportaron maíz blanco valiéndose de subsidios que el propio gobierno les dio.

Carlos Rojas, diputado federal priista, exsecretario de Desarrollo Social y especialista en el tema, dice que “un gobierno responsable tiene que mantener ciertos márgenes de seguridad alimentaria. Pero seguramente han de haber disminuido las reservas estratégicas del maíz y hoy están en manos privadas. Eso el gobierno lo toleró, pero con un pecado adicional, permitió a estos grandes grupos empresariales la exportación de maíz blanco”.

A su vez, Carlos Lozano revela que con el apoyo del gobierno mexicano la empresa trasnacional Cargill, con sede en México, recibió grandes subsidios para que exportara maíz blanco mexicano a Sudáfrica. Y agrega: “Los permisos autorizados hablan de un monto mayor de 250 mil toneladas con un subsidio de cerca de 50 millones de pesos”.

El programa del gobierno, anunciado la mañana del jueves 18, contempla que los agentes comerciales como Maseca, Minsa y Cargill vendan la tonelada de maíz blanco a 3 mil 500 pesos y que Bimbo coloque su tortilla Milpa Real a 8.50 pesos, mientras que a Diconsa la obligará a vender su kilo de maíz blanco a 3.50 pesos, sin ganancia alguna para esta empresa.

Samuel Aguilar, diputado priista, dice que establecer un pacto con los comercializadores de maíz sólo muestra “que el gobierno federal cedió a las presiones de los especuladores y acaparadores” y lo resume así: “signar un convenio con los dueños de Minsa y Maseca es dejar la Iglesia en manos de Lutero”.



El pacto



El acuerdo de Felipe Calderón tiene dos ejes centrales: que el precio del kilo de tortilla no rebase los 8.50 pesos, y que los encargados de abastecerla sean, de parte del gobierno, Diconsa, y del libre mercado, los comercializadores Bimbo, Maseca, Minsa y Cargill.

Pero el problema, explica Enrique Pérez, es que Diconsa representa a las comunidades más pobres del país, “no sabemos hasta dónde los van a subsidiar a ellos. Es claro que les van a dar un subsidio por eso se dice que quienes van a ganar con este acuerdo son los especuladores, los mismos que almacenaron el maíz”.

Y detalla: “Minsa, Maseca, Bimbo, Cargill, ya tienen el producto y sólo lo van a vender; es decir, se les va a asegurar su venta. Así, no sabemos si a ellos les cuesta 10 pesos producir un kilo de tortilla, pero como lo venderán a 8, pues desconocemos si el gobierno les va a restituir los 2 pesos. Nosotros estamos seguros que sí se los van a dar”.

En cambio, explica, Diconsa, que cuenta con más de 22 mil tiendas distribuidas en las zonas rurales, no tiene el maíz. “Luego del acuerdo, el director de Diconsa nos dijo que Hacienda nos va a prestar 630 millones de pesos para comprar maíz y que éste lo vamos a vender a 3.50 pesos por kilo, pero sólo fue de palabra, porque no nos enseñó ningún documento que nos asegure que así se hará y además les tenemos que regresar el préstamo”.

Dice que si las tiendas Diconsa no llegan a tener el maíz a tiempo, la gente aunque está acostumbrada a comprar su producto, si no lo encuentra acudirá al tendajón de la comunidad a comprar a 8 pesos el kilo de tortilla que Bimbo ya se comprometió a colocar entre sus 300 mil puntos de distribución.

Aunque de esta manera el abasto de maíz queda garantizado existe otro problema en las comunidades y es que, según explicación de Enrique Pérez, de lo que vende Diconsa 5% se queda para trabajos de la comunidad. “Y es claro que Bimbo no nos dejará un 5% de sus ventas; ahí sólo ellos ganan”, dice.

Desde agosto de 2006 Bimbo dejó de vender tortillas Milpa Real producidas con maíz blanco; ahora las elabora con maíz amarillo, insumo de menor calidad y que tradicionalmente ha sido destinado para el consumo animal.

Explica Enrique Pérez –quien acompañado por los representantes de Durango, Tlaxcala, Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz que se manifestó contra la intervención de Bimbo para el abasto de emergencia–, que Liconsa cuenta con 3 mil puntos de venta en la zona urbana y que si el gobierno realmente quisiera ayudar a la población podría modificar, de manera excepcional, las reglas de operación y permitir un convenio entre Diconsa y Liconsa para que esta última distribuya el kilo de maíz en las ciudades, sobre todo en las zonas de extrema pobreza.

Esta gente, dice, hará un esfuerzo adicional para adquirir el kilo de tortilla de Bimbo a 8 pesos o el de algunas de las tortillerías que firmaron el acuerdo. Sólo como dato, hay que recordar que únicamente 5 mil establecimientos signaron el acuerdo, de las más de 65 mil tortillerías que existen en el país.

A las ganancias seguras que tendrá Bimbo en detrimento de la población se suma otro problema: la calidad del producto.

De acuerdo con el último estudio que realizaron el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Salud Pública, a la tortilla que hasta 2001 el gobierno subsidió y a la que elaboran las tortillerías, su nivel nutricional es muy elevado.

El documento llamado El subsidio a la tortilla en México: ¿un programa nutricional o económico?, establece que “aproximadamente el 45% de la población de los estratos bajos obtienen su aporte energético a través de la tortilla, siendo ésta fuente principal de energía, calcio y fibra.

“En resumen, la tortilla continúa siendo un producto base de los habitantes de las zonas urbanas más pobres del país, que sin duda apoya de manera importante la nutrición y alimentación de los mexicanos.

“Este estudio muestra que el programa de subsidio a la tortilla (Fidelist) contribuye de manera importante en la economía de la población de escasos recursos y se asocia con mejores condiciones de nutrición de los niños. Confirma que desde el punto de vista nutricional y económico, la tortilla es uno de los mejores alimentos”. Conviene recordar que impulsado por el PAN el gobierno eliminó el subsidio a la tortilla en 1998.

En contraparte, la tortilla que Bimbo elabora, en el caso de la de maíz blanco, está preparada con “harina nixtamalizada”, que no es otro proceso que el remojo del maíz hasta que se aceda, luego se tritura y se le echa cal. No se tiene la certeza de si el olote también se muele incluyéndolo en la masa para lograr mayor volumen.

En un recorrido por varias tiendas de la zona urbana se constató que desde agosto del año pasado Bimbo ya no entrega tortilla de maíz blanco sino amarillo, el cual es de menor calidad, máxime si se compara con el maíz blanco que se utiliza en las tortillerías o el que abastece Diconsa.



Una política de destrucción

Para el exsecretario de Sedesol, Carlos Rojas, el gobierno de Calderón “no reaccionó con eficacia ante el alza de la tortilla”. Asegura que “el Estado tiene los instrumentos necesarios para meter orden, sobre todo a Maseca y Minsa.

“Calderón cayó en omisión y en una grave irresponsabilidad al no actuar ante un problema que era evidente, aun cuando tenía información, pues Eduardo Sojo, su secretario de Economía, formó parte del gabinete económico del sexenio anterior y del equipo de transición. No pueden decir que desconocían la situación del mercado.”

Indignado, comenta: “ahora resulta que estos que acapararon el maíz van a importar más y luego lo van a vender a la población”. Explica que estas acciones del gobierno de Calderón son parte de la tendencia que desde hace 10 años inició el gobierno en turno: que el subsidio se entregue de manera focalizada, de manera individual, evitando el apoyo a la comunidad en general.

Lo que hace Calderón, dice, no es otra cosa que matar a Liconsa (encargada de distribuir leche subsidiada a la gente de extrema pobreza) y estrangular a Diconsa. Y abunda: su política social y de precios es “que la gente se las arregle como pueda ante las reglas del libre mercado”.

Una muestra de la falta de apoyo a la política social la ofrecen los representantes de Diconsa en comunidades de siete estados, quienes comentan que aun antes de que se presentara el problema de la tortilla ellos manifestaron su preocupación por el abasto del maíz en las tiendas Diconsa (tiendas del gobierno que abastecen los productos de la canasta básica en la zona rural, entre éstos el maíz).

Explican que Calderón envió un presupuesto menor para Diconsa. En 2006 este organismo recibió mil 250 millones de pesos; la propuesta de Calderón para 2007 fue menor en 50%: 600 millones de pesos.

El presidente nacional de los consejos comunitarios de Diconsa, señala: “A nosotros nos interesaba que se etiquetara todo por la bronca del maíz que ya tenemos encima. Pedimos que se hiciera un padrón de beneficiados, porque ahora que nos dicen que vamos a venderlo a 3.50 pesos el kilo, si no hay un control puede haber desvíos o incluso se puede acaparar y luego esta misma gente venderlo más caro a la propia comunidad”.

A pesar de ello, el gobierno de Calderón no etiquetó los recursos; de los 750 millones de pesos que son para abasto sólo etiquetó 50 millones y nada es para la compra de maíz, únicamente se destinarán recursos para el mantenimiento de la flota vehicular.

Lo que más preocupa a los consejeros comunitarios de Diconsa es el posible acaparamiento del maíz. Esta misma situación alerta al diputado Carlos Rojas, por la forma en que han actuado los principales beneficiarios por el acuerdo de Calderón.

Según el convenio, el gobierno va a autorizar una importación de 750 toneladas de maíz blanco y 2 millones 850 mil toneladas de maíz amarillo para el ganado. El acuerdo establece que la importación provenga de Estados Unidos, “así como de cualquier otra parte del mundo”.

Según información de la Secretaría de Economía, los grandes importadores de maíz blanco y amarillo han sido Maseca, Minsa y Cargill. Por ejemplo, en 2001 Maseca importó 464 mil 387 toneladas y Minsa 124 mil 706 toneladas para elaborar harina. Para la masa y tortilla Cargill importó 16 mil 408 toneladas, Maseca 10 mil 422 y Portimex, otra de las empresas que firmó el acuerdo con Calderón, 5 mil 313 toneladas. Los mismos datos muestran que de 2002 a la fecha la importación ha disminuido.

Carlos Salazar, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, explica que abrir la importación no soluciona el problema del aumento en la tortilla. Incluso considera que se trata de un “anuncio mediático”.

Indica que en octubre de 2006 el gobierno autorizó a Maseca y Minsa la importación de 50 mil toneladas de maíz blanco de Estados Unidos, “pero apenas pudieron traerse 35 mil toneladas, porque no hay grano en ese país. Entonces qué van a importar; ¿maíz amarillo para el consumo humano? En Estados Unidos 70% de este maíz es transgénico y no está permitido en México para consumo humano. Además, viene con muy mala calidad. Van a provocar un problema de salud”.

Agrega que cuando los productores mexicanos terminaron de cosechar “nos compran los harineros y los nixtamaleros, pero un gran volumen lo compran los intermediarios, los comercializadores como Cargill y otras grandes almacenadoras que compran y se esperan a que empiece a escasear el maíz que nosotros les vendemos directamente, y es cuando empiezan a sacar la tonelada a mayor precio”.

Héctor Padilla, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, asegura que lo que hoy está ocurriendo no es más que “un fenómeno de especulación abierta, grotesca, porque no hay escasez de maíz. Tenemos una cosecha abundante de maíz blanco. Los productores estuvieron vendiendo a mil 800 pesos la tonelada, por eso no se justifica el aumento desmesurado en el kilo de tortilla”.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez, sostiene que el gobierno ha apoyado a grupos como Maseca, Minsa o Cargill.

Y da ejemplos: “Teniendo excedentes en Sinaloa para consumo humano se provoca una escasez artificial para el mercado nacional porque Aserca (apoyos y servicios a la comercialización, que depende de Sagarpa), subsidió el año pasado importaciones de maíz blanco para abastecer a plantas de Maseca y Minsa. También subsidió al sector pecuario para quitar 700 mil toneladas para consumo humano, con el cuento de que hay excedentes de maíz blanco”. Y añade: “Lo que estas grandes comercializadoras adquirieron a mil 600 pesos por tonelada de maíz, hoy lo están vendiendo a 3 mil 400 pesos y más”.

Estos mismos son los que volverán a importar y quienes a su vez venderán a precio caro gracias al acuerdo firmado con Felipe Calderón Hinojosa.

Pero si el problema lo enfrenta un producto básico como la tortilla, existen otros que no se quedan atrás y se ven afectados por la política social instrumentada por Calderón. Es el caso de la leche Liconsa destinada a gente de escasos recursos.

El gobierno federal incrementó de 3.50 a 4.50 pesos el litro de leche. La Cámara de Diputados aprobó un subsidio de 500 millones para Liconsa –Felipe Calderón envió su presupuesto en ceros–, para que se absorbieran 50 centavos del incremento y dejar el litro en 4 pesos.

Sin embargo, el gobierno calderonista rechazó aplicar dichos recursos para el subsidio. Después de varios días de negociación los diputados lograron que se aceptara pero, a cambio, Calderón impuso un aumento anual en el litro de leche equivalente a la inflación.

Su argumento fue que la empresa podría llegar a números rojos si no se adoptaba esta medida. Sin embargo, en octubre pasado el director de Liconsa presumió ante los diputados federales las excelentes condiciones financieras de esta empresa e incluso habló de mejorar la tecnología para elaborar un producto de mejor calidad.

Al igual que en el caso de la tortilla, los diputados no pudieron hacer nada y se impuso la política social del actual gobierno


BOURS UN REPRESOR CONTRA LA PRENSA????:


Desaparición por órdenes del poder
Alejandro Gutiérrez

Poco a poco se va disipando el misterio de la desaparición del joven reportero de El Imparcial de Hermosillo Alfredo Jiménez Mota: un grupo de funcionarios municipales y estatales de Sonora se coludieron con el capo Raúl Enríquez Parra y le encargaron al sicario Félix Moroyoqui que lo matara. El testigo que le reveló estos hechos a la PGR ya pidió ayuda a diversos organismos defensores de derechos humanos porque se siente desprotegido. Y no es para menos: descubrió que el jefe del mencionado grupo de funcionarios ligados al narco es hermano del gobernador de Sonora.

Desde un escondite, el policía municipal de Navojoa teniente Jesús Francisco Ayala Valenzuela denunció al grupo político que encabeza Ricardo Robinson Bours Castelo, hermano del gobernador de Sonora, como el responsable de la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo.

Ellos, agrega, pusieron al periodista en las manos del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, jefe de la banda de Los Números o Los Güeros.

“La verdadera razón por la que desaparecieron a Jiménez Mota es que estaba trabajando un reportaje donde iba a desnudar a este grupo político, que da protección a los narcotraficantes más fuertes de Sonora. De alguna manera el grupo político se enteró de eso, y se dio la orden de su desaparición poco antes de que Alfredo recibiera unas grabaciones con las que sustentaría su trabajo”, dice el policía, quien fue testigo de primera mano de los encuentros en los que el referido “grupo político” ordenaba la ejecución o desaparición de personas que le estorbaban o bien obstaculizaban a la organización de Enríquez Parra.

“Esas grabaciones de intervenciones telefónicas, que estaba por recibir Jiménez Mota, no se sabía quién las entregaría, pero se sabía que en ellas aparecían conversaciones entre un miembro del grupo político, Ricardo Tapia Chan, entonces jefe de la Policía Judicial de Sonora, con el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, donde salía a relucir el nombre de Ricardo Bours”, dice en entrevista. Respalda su aseveración con una declaración presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado miércoles 17.

“El hermano del gobernador Bours no aparece abiertamente, pero es quien protege a este grupo que tiene la hegemonía en la procuraduría y en las principales policías locales de Sonora, para brindar la protección a las mafias que operan en el estado”, dice Ayala Valenzuela.

–Aparte de Ricardo Bours, ¿quién integra el grupo?

–Ellos operan bajo el cobijo del gobernador Bours, y son el procurador de Justicia, Abel Murrieta; el exjefe de la Judicial, Ricardo Tapia Chan; el director de la Policía Municipal de Navojoa, Luis Octavio Gastélum Villegas, y un jefe de la Judicial, Pedro Córdova Herrera, que era compadre de El 9 (la clave de Raúl Enríquez Parra). Todos ellos ven a Ricardo Bours como su jefe.

“Desde el 2003 yo trabajé como chofer de Gastélum Villegas, por eso me enteré de infinidad de cosas sobre los acuerdos que tenía este grupo. Y era bien sabido que el protector era el hermano del gobernador”, cuenta el teniente, quien ya dio su testimonio a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la CNDH, además de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros.

–¿A quién le encargaron la desaparición de Alfredo Jiménez Mota? –pregunta el reportero.

–A un policía que fue compañero mío en Navojoa, Juan Ausencio Félix Moroyoqui, amigo íntimo de Gastélum Villegas. Como le tenían que encargar el trabajo a alguien de mucha confianza, porque el favor iba a ser para Tapia Chan, entonces le pidieron a Juan Ausencio el trabajo. Él era sicario de la organización de Los Números, y el trabajo lo hizo con un grupo de ocho sicarios y policías de su grupo.

“Al reportero no lo mató (Joaquín) El Chapo Guzmán ni los Beltrán, eso es pura mentira. Fue este grupo quien se lo entregó a Los Números; es esa mafia de cuello blanco que opera en Sonora”, dice convencido.

“El problema es que empezaron las protestas de la familia de Jiménez Mota y de los reporteros de los distintos medios, algo que no habían contemplado. El tema alcanzó una gran relevancia, por eso tuvieron que ir eliminando a los testigos”, sostiene.



Reporteros tras la pista



Alfredo Jiménez Mota, el reportero de 26 años del periódico El Imparcial de Hermosillo, desapareció el 2 de abril de 2005, luego de confirmarle a una amiga que antes de verla iría a reunirse con una de sus fuentes, a la cual notaba muy nerviosa.

El periodista originario de Empalme, Sinaloa, se distinguió por escribir temas sobre seguridad y narcotráfico, los cuales fueron reveladores tanto por el material que difundía como por el rigor de sus investigaciones.

En enero de 2004, en el periódico El Debate de Culiacán, Jiménez Mota publicó su investigación sobre la presencia del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera en un accidente donde murió Alejandro Niebla, el hijo de un empresario sinaloense. Por este motivo fue objeto de amenazas de Reynaldo Zamora, entonces jefe de Detenciones en Flagrancia de la Policía Ministerial de Sinaloa.

Durante su desempeño en El Imparcial de Hermosillo, Jiménez Mota hizo públicos documentos con información sensible sobre la organización de los hermanos Beltrán Leyva, conocidos como Los Tres Caballeros, y su alianza con los Enríquez Parra, un grupo de traficantes que tenía como sede el municipio de Álamos.

Con otros reporteros del periódico sonorense, Jiménez publicó y dio seguimiento al caso conocido como “el cuarto pasajero”, con el que descubrieron que autoridades de Sonora detuvieron el 11 de septiembre de 2004 al narcotraficante Daniel Irene Enríquez Parra, después de haber participado en una “narcofiesta” en Tobadito.

Sin embargo, la policía sólo detuvo a sus tres acompañantes y a Enríquez Parra lo liberaron, pese a que lo detuvieron en un vehículo donde transportaban un arsenal. La investigación de los reporteros de El Imparcial fue merecedora del Premio Nacional de Periodismo 2004.

“Como a los 30 días que desaparecieron al reportero –dice Ayala Valenzuela–, el 9 o 10 de mayo, Juan Ausencio Félix Moroyoqui le organizó una fiesta a su madre, y cuando estaba ahí recibió una llamada en la que le decían que se preparara, que saliera de Ciudad Obregón, porque iba a hacer un vuelo para realizar un trabajito, pero no hubo tal, lo sacaron para asesinarlo.”

“El 14 de mayo encontraron los cadáveres de Félix Moroyoqui y de su grupo, los tiraron en la zona del dren en Ciudad Obregón y en el llamado Canal Alto. Era un grupo muy peligroso, eran como cinco o seis personas, pero todos utilizaban lanzagranadas, cuernos de chivo, eran muy sanguinarios... pero los tenían que silenciar”, dice Ayala.

El teniente de la policía de Navojoa relata que, después de la ejecución de Félix Moroyoqui, “el grupo de Tapia Chan y su jefe Gastélum Villegas ordenaron ir en mi contra, porque yo había sido testigo de muchos de esos encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente”.

–¿El gobernador de Sonora conoce esto o es ajeno a ello?

–Absolutamente no es ajeno. Cansado de que el grupo quisiera eliminarme, porque varias veces mandaron sicarios a buscarme, el 16 de junio de 2006 le envié un correo electrónico al gobernador, en el cual le pido que intervenga, que me ayude y detenga la intención del grupo, pero recibí como respuesta un correo electrónico, al día siguiente, en el que sólo me dicen que mi denuncia fue recibida exitosamente y le asignaron el número 4062. Fue una verdadera burla.

Adicionalmente, el 27 de octubre de 2006 el papá del testigo y su esposa se entrevistaron con Daniel Ibarra Guerra, subsecretario de Atención Gubernamental del gobierno de Bours y exalcalde de Huatabampo (2000-2003), “quien aceptó que todo era cierto, pero iba a ver cómo me ayudaba. Pidió una semana, dio largas porque iba a venir al Distrito Federal, pero a los tres días llegó otro grupo armado a buscarme a mí casa”, agrega el entrevistado.

Ayala Valenzuela entregó a este semanario la copia del texto que envió al gobernador Eduardo Bours a través de un correo del gobierno del estado. Ahí dice: “Le quiero evitar el escándalo, tengo tiempo acosado y hostigado por sus autoridades, en especial por los más afectados en toda mi información que fui testigo”. Entre éstos menciona al procurador Abel Murrieta, al exjefe de la policía Ricardo Tapia Chan, así como a Luis Octavio Gastélum Villegas y Orlando Valderráin.

Otro legajo de copias de correos electrónicos fue enviado a Lourdes Larrieta, del programa de agravio a periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 20 de junio de 2006; a la organización Aministía Internacional; al periodista Jesús Blancornelas, el recién fallecido director del semanario Zeta de Tijuana. A Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ayala le hizo llegar su caso el 19 de septiembre de 2006.



Protección ineficaz

Jesús Francisco Ayala Valenzuela aceptó la entrevista con Proceso la noche del miércoles 17 de enero, en su refugio. El lunes 15 y el martes 16, también por las noches, fue objeto del hostigamiento de un grupo de hombres que llegó hasta donde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) supuestamente lo mantenía oculto.

“Yo sentí que mi seguridad estaba demasiado relajada, pero confié en que estaba protegido en el hotel (de la Ciudad de México) donde me instaló la SIEDO. A las 4 de la mañana del lunes llegó un grupo al hotel, a revisar cuarto por cuarto donde me encontraba. Di aviso a la policía y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y entonces se fueron. Pero el martes, en la madrugada, volvieron a regresar y yo estaba en otra habitación, desde la cual observé que incluso estaban descendiendo a rapel por algunos accesos al hotel. Creo que estaba en contubernio la gente del hotel, entonces mi familia se puso muy mal, es demasiado trauma para mis hijos y mi esposa”, relata.

Nervioso, constantemente observa los movimientos cercanos al escondite. “Perdón, es que tengo un año y medio viviendo un verdadero calvario. Pero esto se puso peor desde que denuncié que en el complot está metido el hermano del gobernador de Sonora”, dice.

El testigo se siente desprotegido por la PGR, luego de que declaró durante un mes todo lo que sabía del mencionado grupo político. Su testimonio quedó registrado en un expediente de 60 fojas, 15 de las cuales tienen que ver con el caso del reportero Jiménez Mota.

“Yo no le he escrito al presidente Felipe Calderón, pero tengo un mal presentimiento, porque en Sonora es bien conocido que en la elección del 2 de julio pasado Bours ayudó al señor Calderón. A pesar de ser priista, el gobernador mandó a la chingada a Madrazo y no quiso nada con El Peje, entonces me estoy temiendo que en la SIEDO no quieran hacer nada por no tener problemas con el gobernador Bours. Yo no quiero nada más que la protección, porque temo por la seguridad de mi familia y particularmente de mis hijos”.



Atrapado en la red

Jesús Francisco Ayala ingresó a la policía municipal de Navojoa el 7 de enero de 1992. Tres años después, Roberto Tapia Chan asumió el mando de la corporación.

Cuando Ricardo Bours ganó la elección para la presidencia municipal de Cajeme en el trienio 2000-2003, Tapia Chan fue designado director de Seguridad Pública municipal. En la elección de 2003, Gustavo Mendívil Amparán –actual diputado federal por el séptimo distrito de Sonora– obtuvo la presidencia municipal de Navojoa y nombró como su jefe de policía a su amigo y compadre Luis Octavio Gastélum Villegas, ligado a Tapia Chan.

De acuerdo con los documentos que Ayala entregó a la CNDH y en la entrevista con este semanario, él estaba asignado en Pueblo Mayo, pero el 19 de septiembre de 2003 acudió a saludar a Gastélum Villegas, ya que los dos son originarios de Huatabampo, Sonora.

“Ahí me dijo, ante otros agentes, que yo iba a ser su secretario particular y su chofer, el hombre de toda su confianza. Luego empezamos a viajar mucho a Hermosillo, para que se reuniera con sus padrinos políticos, uno de ellos el director de la Judicial, Tapia Chan.

“Una de estas reuniones se celebró en los condominios Oasis, en la colonia Pitic de Hermosillo, donde vivía Tapia Chan. Ahí estaban el procurador Abel Murrieta; el subsecretario A de Gobierno, Guillermo Silva Montoya, y elementos de su seguridad y del gobernador Eduardo Bours. En esa reunión se trataron asuntos para favorecer al grupo delictivo de Los Güeros o Los Números”, dice.

“Incluso me tocó ser testigo de la presentación que se hizo de Raúl Enríquez Parra, El 9. Ese día salimos de Navojoa Luis Octavio Gastélum; Pedro Córdova Herrera, jefe de la Judicial en Hillo, y yo. Nos fuimos en la camioneta Trail Blazer café asignada al presidente municipal, Gustavo Mendívil Amparán, quien previamente había sido enterado y estuvo de acuerdo. Nos encontramos con El 9 en una agencia de automóviles y Córdova Herrera se subió en la camioneta Mercedes Benz del narcotraficante. Nosotros lo seguimos hacia la carretera de San Pedro El Saucito.

“Ahí –prosigue– estaban Tapia Chan y Manolo Barrios, el subdirector de la Procuraduría de Justicia del Estado, a bordo de una Suburban azul, propiedad del gobierno del estado. Ahí se saludaron y abrazaron, y El 9 y Luis Octavio Gastélum se subieron en el asiento trasero de la Suburban y continuaron el camino hacia San Pedro El Saucito. Pedro Córdova y yo nos quedamos en las camionetas y vimos que el narcotraficante tenía teléfonos encriptados y satelitales, y medio millón metido en un cartón. En la Suburban se habían ido manejando hasta Cumpas. Ya que regresaron, el medio millón de dólares pasó a la Suburban.

“También fui testigo de la presentación con el narcotraficante Daniel Cuadras, de Agua Prieta, Sonora, quien fue asesinado después porque Tapia Chan no le cumplió. Quien lo ejecutó fue un comando de sicarios enviados por El 9”.

El testigo recuerda que el grupo político presentó a Juan Ausencio Félix Moroyoqui con Enríquez Parra para que lo ocupara como sicario, y fue con quien se planearon una serie de asesinatos en Navojoa y Ciudad Obregón, “ya que en todos ellos estaban metidos grupos de políticos, policías y narco”.

De todo esto tuvo “pleno conocimiento el presidente municipal Gustavo Mendívil Amparán y los operadores de Gastélum Villegas, que eran Orlando Valderráin y Fernando I. Apodaca Lauterio”, apunta.

El teniente Ayala asegura que, aparte de varios atentados, ha sido objeto de hostigamiento. Incluso se le pretendía vincular con el robo de un vehículo que le dio Gastélum Villegas, practicarle exámenes antidoping amañados, “cargarme de droga”, y la petición de Tapia Chan de que se desistiera de sus demandas ante la CNDH.

Dice que el 30 de octubre de 2006 tuvo una comunicación con Sagrario Jiménez, tía de Alfredo Jiménez Mota, y que a las 2 de la mañana del día 31 acudió un avión de la SIEDO para trasladarlo de Navojoa a la Ciudad de México, donde aportó toda la información de la que dispone.

Y concluye: “Me entrevisté con Jorge Rosas, director de la Unidad Antisecuestros de la SIEDO, quien me prometió incluirme en el programa de protección a testigos, pero después de que aporté nombres, fechas y lugares, ahora me han dado largas. Eso me hace pensar mal… Si quieren que me canse y desista, es un hecho que me van a matar”


Y EL SUPER-MACHO DE LOS PINOS, LA REALIDAD DE LA EXTADICIÓN:

Otra concesión
J. Jesús Esquivel


WASHINGTON.- El gobierno de Felipe Calderón cedió a una de las principales exigencias de Washington en materia de lucha contra el narcotráfico: la extradición de jefes y principales operadores de los cárteles de la droga.

El viernes 19, el gobierno mexicano “entregó en extradición” a Estados Unidos a 11 capos del narcotráfico y a otros cuatro delincuentes, según informó en un boletín la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre ellos destacan Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel de Golfo; Héctor El Güero Palma Salazar, del cártel del Chapo Guzmán; y Gilberto Salinas, El Güero Gil, e Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, ambos del cártel de los hermanos Arellano Félix.

Desde el inicio del sexenio de Vicente Fox, Washington había pedido la extradición de éstos y otros capos, según declaró a Proceso en febrero de 2006 Anthony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA. Ahora, Calderón cumple con ese requerimiento.

Y es que, según la DEA, la justicia mexicana enfrenta problemas para evitar que los líderes del narcotráfico que se encuentran detenidos escapen u operen desde la cárcel. “Tenemos que decir las cosas tal y como son: en México tienen algunos problemas en el sistema judicial, en el penal, y es por eso que escapan algunos de los criminales más peligrosos. Lamentablemente, esto ocurre después de todos los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para presentar y sustentar el caso, y con ello lograr un exitoso enjuiciamiento de criminales. Tal situación no se produce aquí (en Estados Unidos) y eso es lo que verdaderamente atemoriza a los narcotraficantes, pues saben que si son atrapados irán a la cárcel y permanecerán ahí hasta que mueran”, dijo Placido en aquella ocasión.

Enfatizó: “Dios sabe que nosotros también tenemos nuestros problemas, pero la violencia, intimidación y corrupción no funcionan aquí. Los narcotraficantes que enjuiciamos aquí se van a la cárcel para siempre o por mucho, mucho tiempo, y eso es algo a lo que todos le tienen miedo”.

La extradición de los 11 narcotraficantes mexicanos –que fueron enviados a territorio estadunidense el viernes 19– ocurrió en el contexto de la molestia de Washington por las declaraciones que Calderón hizo al diario británico Financial Times –publicadas ese mismo día– en las que se quejó de la falta de interés de Washington para combatir el narcotráfico que afecta a los dos países.

“Estados Unidos es conjuntamente responsable por lo que nos está pasando (…) En esa responsabilidad conjunta, el gobierno estadunidense tiene mucho trabajo pendiente. Solos no podemos confrontar este problema”, dijo el presidente de México.

En Washington, un funcionario del Departamento de Justicia ilustró la molestia del gobierno de George W Bush: “Si el presidente Calderón Hinojosa quiere más cooperación de Estados Unidos para combatir al narcotráfico, su gobierno debe también hacer algunas concesiones”, dijo el funcionario a Proceso.

Y entre dichas concesiones Washington esperaba la extradición de los capos de la droga que se encontraban detenidos, así como permitir que la DEA aumente el número de agentes que operan en México.

De acuerdo con el boletín de la PGR, los narcos extraditados “agotaron el juicio de amparo al que tienen derecho y, en todos los casos, les fue negada en sentencia definitiva la protección de la justicia federal”. En tal virtud, afirmó, “la extradición concedida se encuentra estrictamente apegada a derecho”.



En bandeja de plata



Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, es uno de los principales introductores de cocaína a Estados Unidos y, pese a estar encarcelado, siguió operando y estableciendo alianzas con otros grupos, como el cártel de Tijuana. Apoyado desde 2003 en su grupo armado Los Zetas, Cárdenas enfrentó a sus competidores, eliminó a sus enemigos y amplió sus zonas de control. Era requerido por el juez magistrado de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas por delitos contra la salud y amenazas a personal federal para la procuración de justicia.

Gilberto Salinas Doria, alias El Güero Gil o Gilberto Garza García, del cártel de Juárez, cuenta con órdenes de aprehensión en los estados de Texas y Georgia por seis delitos graves, entre otros lavado de dinero, distribución de sustancias controladas y enervantes. Empresario de Cancún, acusado de encabezar las operaciones de traslado de cocaína a Estados Unidos, es el único sentenciado del famoso maxiproceso o Caso Cancún, con una pena de 27 años.

Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, lugarteniente de los hermanos Arellano Félix, del cártel de Tijuana, tiene una orden de aprehensión librada por la Corte de Distrito del Sur de California por narcotráfico y lavado de dinero.

Héctor Palma Salazar, El Güero Palma, fue líder del cártel de Sinaloa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo. Palma ya había logrado quedar absuelto de todos los cargos que la justicia mexicana le había imputado. Cuando estaba a punto de recobrar su libertad, en 2004, Estados Unidos solicitó su aprehensión con fines de extradición, por lo que el capo no pudo abandonar el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

Sin embargo, entre los extraditados del viernes 19 no se encuentra el narcotraficante que más requiere la DEA: Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, quien está acusado de traficar 200 toneladas de cocaína a la región que abarca los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Massachussets y Pensilvania, según lo estableció el 3 de enero de 2002 la Corte Federal de Distrito de Nueva York. Unos días después, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Según Placido, Villanueva conoce en detalle la manera de operar de organizaciones criminales tan importantes como la de los Carrillo Fuentes. Es “una mina de oro” que no ha sido explotada en México y que no podrá serlo, sencillamente por la capacidad de influencia y el poder de intimidación que ejercen sobre la justicia mexicana Vicente Carrillo Fuentes y El Chapo Guzmán, quienes, de acuerdo con la DEA, serían los más afectados con la extradición de Villanueva.

–¿Cuánto puede saber Villanueva Madrid de El Chapo? –preguntó el reportero a Placido en la citada entrevista (Proceso 1534).

–Posiblemente no mucho, pero lo que sabe de la manera de operar del narcotráfico en México podría incluso ayudar a la captura de El Chapo. Obviamente, a la prensa no le voy a dar detalles de toda la información que, pensamos, posee el exgobernador...


DE TELEVISA TRAIGO UNA PARTE DE UN ARTICULO DE PROCESO DE ESTA SEMANA:

La intermediaria



Este cuarteto de jóvenes ejecutivos que ascendieron con Azcárraga Jean fueron definidos por las revistas Líderes mexicanos y Expansión como los “cuatro fantásticos”. El propio José Bastón se refiere a Gómez como “la mano dura” de este grupo compacto.

Sin embargo, las diferencias entre los amigos han trascendido los muros de Televisa. Una semana antes de la entrevista del 15 de enero con López Dóriga, se filtró a distintos columnistas de negocios que Bernardo Gómez perdía el control de dos empresas filiales de Televisa: TV Promo y Crea TV, que pasaron a formar parte de la responsabilidad de Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Finanzas.

En un principio, Televisa negó que TV Promo, creada por Alejandro Quintero y auspiciada por Bernardo Gómez, fuera una de sus subsidiarias.

A raíz del escándalo que destapó Proceso sobre el multimillonario contrato de 70 millones de dólares anuales entre Televisa y el gobierno del Estado de México, a través de TV Promo, para impulsar la imagen y la carrera política de Enrique Peña Nieto (Proceso 1512 y 1576), el consorcio tuvo que informar a sus accionistas sobre la naturaleza de esta “compañía pantalla” que facturaba a su nombre para encubrir los ingresos vía publicidad.

Finalmente, en su informe presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), de Estados Unidos, Televisa identificó a TV Promo como una compañía que ofrece “servicios de publicidad”. El 31 de diciembre de 2005 Televisa dio a los accionistas bursátiles de Estados Unidos una amplia explicación acerca del papel de TV Promo como su broker o intermediaria. Esta información que no se había incluido anteriormente en otros informes a la SEC, tuvo como objetivo aclarar cualquier posible fraude a accionistas minoritarios.

El futuro de esta compañía que actúa como broker o intermediaria de Televisa aún no está claro en la “nueva Televisa” de Azcárraga Jean. Menos el de otras firmas donde son accionistas Bernardo Gómez o Alejandro Quintero, como Grupo Crea TV y la inmobiliaria Grupo Piljo. En esta última, propietaria de los terrenos de Valle de Bravo que adquirieron Azcárraga Jean y Gómez, participa el apoderado legal de Televisa, Joaquín Balcárcel, tal como consta en documentos del Registro Público de la Propiedad en poder de Proceso.
NOTA:Así es como vemos que TV PROMO es la empresa FANTASMA que se encarga de recaudar los dineros de políticos interesados en ser lanzados por la empresa, por cierto ¿Medina Mora seguiría siendo parte de esta empresa, mientras se la rifa en la PGR???? Y si sera cierto que el viudo de ORO Peña Nieto, ¿seguirá con su promoción especial para luchar por su carrera política? ¿Que mas se le puede prometer a una empresa que mantiene el poder monopólico de la información en el país?


"Fuera Fox, fuera Marta, fuera Cosme..."
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera


Ejidatarios que mediante “abusos, falsificaciones y amenazas” fueron despojados de la bahía de El Tamarindillo por Cosme Mares, el presunto prestanombres de la llamada “pareja presidencial”, piden ahora al presidente Calderón que “investigue a fondo” el caso y le ofrecen “todas las pruebas necesarias del abuso de Vicente Fox y su mujer Marta Sahagún”. Hay otros casos en los que empiezan a brotar los excesos del exmandatario y de su familia política. Por el momento, la pregunta es si el sucesor de Fox, Felipe Calderón, está dispuesto a hacer justicia…

COAHUAYANA, MICH.- Ya sin el cobijo de la Presidencia de la República, el empresario guanajuatense Cosme Mares Hernández, supuesto prestanombres del expresidente Vicente Fox, empieza a ser investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que se apoderó ilegalmente de la bahía michoacana de El Tamarindillo y, por otro lado, a causa de la manera fraudulenta en que el gobierno foxista le entregó infinidad de contratos para construir y remozar carreteras en todo el país, negocio que al parecer compartía con los hijos de Marta Sahagún.

Inclusive, los ejidatarios de esta zona que fueron despojados de la bahía están realizando manifestaciones de protesta contra el empresario, quien es amigo cercano de Fox desde antes de que éste fuera gobernador de Guanajuato. Y, además, le enviaron una carta al presidente Felipe Calderón, donde le piden su intervención, asegurándole que tienen “todas las pruebas” sobre el “abuso de Vicente Fox y su mujer, Marta Sahagún Jiménez”.

Con estos actos, los lugareños están pidiendo que Cosme Mares les devuelva la bahía El Tamarindillo, la paradisiaca zona ejidal de 265 hectáreas que el empresario les compró, mediante amenazas, en 25 millones de pesos y cuyos verdaderos compradores son, al parecer, Vicente Fox y su familia, quienes planean construir ahí un moderno desarrollo turístico.

El pasado 30 de noviembre, justo un día antes de que Fox dejara la Presidencia, los ejidatarios de El Ticuiz, en donde se encuentra la bahía, tomaron El Tamarindillo para exigirle al hoy expresidente que sacara las manos de sus terrenos.

Acompañados de sus familias y con pancartas en mano, los ejidatarios le impidieron a Cosme Mares entrar a la bahía, la cual tuvieron tomada durante todo diciembre.

“¡Fuera Vicente y Marta de El Tamarindillo!”; “¡Fuera Cosme Mares!”; “La bahía es de los ejidatarios”; “Presidente Calderón, como michoacano, apoya nuestra lucha”, decían las pancartas.

Uno de estos ejidatarios, Avelino Cepeda, comenta: “No queremos que Cosme Mares ni Fox ni Marta Sahagún entren a nuestra bahía, pues no son ejidatarios, ni siquiera avecindados”.

Apunta que ahora tienen la ventaja de que ya no está en la Presidencia Vicente Fox, quien hizo que las autoridades agrarias federales legalizaran la compra fraudulenta de Cosme Mares. Y agrega que el nuevo presidente del comisariado ejidal, Elías Campuzano, está de acuerdo en recuperar El Tamarindillo.

En cambio, el anterior presidente del comisariado, Agapito Cárdenas, fue clave para que Cosme Mares se convirtiera en ejidatario y luego, mediante amenazas de muerte y maniobras fraudulentas, se apoderara de la bahía, cuya compraventa fue dada a conocer a la opinión pública por este semanario en enero de 2005 (Proceso 1470).



Carta a Calderón



Los ejidatarios pusieron al tanto de todos estos antecedentes a Felipe Calderón, por medio de una carta en la que le piden intervenir para recuperar la bahía y que “se investigue” a Fox. En la misiva, fechada el 29 de noviembre, los quejosos exponen sus razones para tomar la bahía:

“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”

Sin tapujos, los ejidatarios denuncian que la “familia presidencial” cooptó a las anteriores autoridades agrarias para apoderarse de la bahía:

“La familia presidencial, con amenazas de muerte a través de gente de Cosme Mares, como lo son los extitulares del comisariado ejidal de El Ticuiz, Agapito Cárdenas Guerrero, presidente; José Guadalupe de la Cruz Madrigal, secretario; e Israel Arias Aguilar, tesorero; así como del representante de la Procuraduría Agraria en esta zona, licenciado David Neri Moreno, usando el poder presidencial, compraron las 265 hectáreas que abarcan toda la bahía, por 25 millones de pesos.”

La misiva, de seis páginas, continúa: “La supuesta propiedad de Fox llamó la atención en el ámbito nacional. Algunos tienen la esperanza de que ahí se construya un complejo turístico que aporte empleos a la zona, una de las más marginadas del estado. En cambio, otros repudian la venta porque El Tamarindillo –perteneciente al ejido El Ticuiz– es un terreno de uso común que por ley no puede venderse.”

Esta ilegalidad, agregan, fue avalada incluso por el anterior secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y por el procurador Agrario, Isaías Rivera Calderón, quienes encuentran “cabalmente legalizado” todo el proceso de compraventa.

Pero los ejidatarios dan cuenta, en su carta, de actas de asamblea alteradas y otras “irregularidades” mediante las que Cosme Mares se apoderó de la bahía. También mencionan la investigación que la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados realizó en 2005 sobre el caso y que estuvo a cargo de la entonces legisladora Ana Lilia Guillén, del PRD.

Dicen: “La diputada, durante ocho meses, recabó información de diversas instancias y se comprobó que la compraventa se llevó a cabo mediante presiones y actos fraudulentos hacia ejidatarios para convencerlos de que vendieran.

“Los datos obtenidos por la legisladora del PRD demuestran que los eventos se encuentran inmersos en inconsistencias legales, jurídicas e institucionales.”

Aparte de El Tamarindillo, los ejidatarios aseguran que Cosme Mares “se apoderó de otras más de 200 hectáreas de franja costera michoacana, en las que planea levantar un gran emporio agrícola-ganadero que contrastará con la miseria de esta zona, considerada la más pobre del estado de Michoacán”.

Ante todo esto, los ejidatarios le piden abiertamente a Calderón que, como presidente y michoacano, tome en sus manos la situación:

Le solicitan que “usted, como presidente de la República, originario de estas tierras, intervenga a nuestro favor y no se cometa un abuso en la compraventa de la bahía de El Tamarindillo… Acudimos a usted, de manera desesperada, para que atienda nuestro caso y se investigue a fondo”.

Y concluyen: “Contamos con todas las pruebas necesarias del abuso de Vicente Fox y su mujer, Marta Sahagún Jiménez”.

La misiva tiene las firmas y las huellas digitales de 30 ejidatarios.



Denuncia formal



Por su parte, la exdiputada Ana Lilia Guillén presentó una denuncia de hechos contra Cosme Mares por asociación delictuosa, falsificación de documentos oficiales y otros delitos que resulten.

Interpuesta ante la delegación en Michoacán de la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 31 de agosto, la denuncia acusa a Cosme Mares y a su socio y cuñado Rubén Hernández Hass de mantener una asociación delictuosa con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Tribunal Agrario, con el fin de apropiarse de la bahía mediante “turbias” maniobras.

Guillén indica que recabó estos elementos durante el tiempo en que coordinó la subcomisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso de El Tamarindillo:

De “ocho meses de investigación en la zona, realizada por la suscrita –dice–, se desprende la existencia de diversas irregularidades en el procedimiento que se dio para que Cosme Mares y Rubén Hernández adquirieran el supuesto reconocimiento como ejidatarios de ese ejido; lo anterior se sustenta con el hecho de que existe documentación que así lo acredita y que se presentará en el momento oportuno”.

Manifiesta, así mismo, que fue en este semanario donde se dio a conocer por primera vez el caso. “La revista Proceso, en sus números 1470 y 1471, de 2 y 9 de enero de 2005, publicó los artículos denominados La bahía de los Fox y El balneario presidencial, a salvo, en los cuales se establece la presunta responsabilidad de que los compradores de El Tamarindillo son el presidente de la República y su esposa, a través del prestanombres, el empresario guanajuatense Cosme Mares, y su cuñado Rubén Hernández Haas, señalando que la operación se llevó a cabo mediante presiones y actos fraudulentos hacia los ejidatarios para convencerlos de que vendieran.

“El secretario de la Reforma Agraria, el procurador agrario y el director del Registro Agrario Nacional han argumentado de manera reiterada que lo sucedido en esta zona de Michoacán se encuentra cabalmente legalizado y bajo la legitimidad de los procesos propios de la legislación agraria, ya que las tierras ejidales de la bahía son consideradas parceladas y podían ser vendidas sin ningún problema a Cosme Mares, quien fue convertido en ejidatario mediante una asamblea legalmente constituida.”

Sin embargo, Guillén menciona en su demanda algunas irregularidades que se dieron en la compra de la bahía, como actas de asamblea falsificadas y firmas de ejidatarios que ya habían fallecido.

Y agrega que su denuncia va también contra los funcionarios municipales, estatales y federales que se prestaron a estas maniobras fraudulentas. De ahí que pueda existir el delito de asociación delictuosa.

La demanda de la exlegisladora ya hizo que la PGR, por medio de su Ministerio Público Federal en Lázaro Cárdenas, abriera la averiguación previa número 299/2006 en contra de Cosme Mares y quienes resulten responsables.

En declaraciones a Proceso, Ana Lilia Guillén afirma que “las autoridades tendrán que llamar a declarar no sólo a Cosme Mares, sino también a Fox, a Marta Sahagún y a los funcionarios que estuvieron involucrados en estos ilícitos”.

Además, la PGR inició otra investigación contra Fabricación y Colocación de Pavimento (Facopsa), la empresa constructora de Cosme Mares mediante la que obtuvo, de manera irregular, varios contratos carreteros por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En un reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre las auditorías practicadas a Facopsa, se precisa que Cosme fue denunciado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, por lo que la PGR abrió una investigación el pasado 1 de septiembre.

Por lo pronto –según dio a conocer el diario Reforma, en su edición del viernes 19–, el Órgano Interno de Control de la SCT y la Unidad de Auditoría Gubernamental detectaron deficiencias en convenios de reprogramación y reducción de montos, así como de obra pagada en exceso o, incluso, pagada sin realizarse. También se hallaron anticipos no amortizados en cinco contratos y resoluciones injustificadas para no rescindir tres contratos más. Por estas irregularidades, la SFP recomendó aplicar sanciones.

Además, Facopsa tiene que devolver 258 millones 400 mil pesos a la Tesorería de la Federación, por anticipos no amortizados, pagos en exceso e intereses derivados de la rescisión de siete contratos en los que hubo incumplimientos y anomalías.

En las indagatorias contra Cosme Mares se llegó a la conclusión de que por lo menos 10 funcionarios de la SCT lo favorecieron indebidamente en la obtención de contratos carreteros en los estados de Quintana Roo, Campeche y Baja California.

Jesús González Schmall, quien fue diputado en la pasada legislatura e investigó los negocios fraudulentos de los hijos de Marta Sahagún, nunca tuvo dudas en que los hermanos Bribiesca estaban coludidos con el empresario carretero:

“Éste era el prestanombres, y yo creo que no sólo el prestanombres, diría el instrumento por el cual ellos (los hermanos Bribiesca) recibían dinero.”

Previendo este tipo de acciones judiciales en su contra, Cosme Mares se adelantó y, desde el 29 de mayo del año pasado, ante un juez federal de la Ciudad de México, sacó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiera existir en su contra.

En su demanda de garantías, Mares expuso que “se presentaron en mi domicilio varias personas que se ostentaban, sin acreditarlo, como agentes de la Policía Judicial”.

Añadió que los supuestos agentes “mencionaron que tenían una orden de aprehensión en mi contra por la comisión de un delito del que era responsable, sin especificar de qué se me acusaba, y que, por tanto, los tenía que acompañar”.

Mares asegura que en ningún momento estos supuestos agentes le presentaron “alguna orden escrita que ordenara mi presentación o detención”, por lo cual “me negué a acompañarlos”.

Sin embargo, según el empresario, los desconocidos lo amenazaron con que “volverían y me llevarían por la fuerza dondequiera que me encontraran, a lo cual les indiqué que no tenía nada que temer, porque no he realizado o cometido acto ilícito alguno”.

Por ello, dice Cosme Mares, “estoy pidiendo amparo y protección de la justicia”. Su demanda fue admitida por el juez Jacinto Figueroa Salmorán, del Juzgado Quinto de Distrito, con el número de expediente 556/2006-VI. El juez concedió una suspensión provisional a Mares para que no lo detengan, siempre y cuando no sea por un delito grave. Este amparo fue dado a conocer por el diario La Jornada el pasado 1 de junio.

Así, el amigo de Fox al parecer está cayendo en desgracia. Ambos se conocieron en 1995, durante una reunión con empresarios de Irapuato, cuando Fox buscaba la gubernatura de Guanajuato. Cosme apoyó la campaña con dinero y recursos en especie. Ya en el gobierno del estado, Fox recompensó a su amigo con contratos para hacer obra pública –como el contrato, por más de 100 millones de pesos, para construir el Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de León–, y lo recibía en su despacho con toda familiaridad (Proceso 1501).

Tan cercana es su relación que cuando Fox era presidente de la República, le encargó a Cosme la remodelación de su rancho San Cristóbal, con motivo de la visita que ahí hizo el presidente de Estados Unidos, George Bush, en febrero de 2001. Cosme también participó en la construcción del otro rancho de Fox, La Estancia, aledaño al anterior.

Y ante los constantes señalamientos en la prensa de que Cosme era el prestanombres de Fox y su familia, la Presidencia de la República siempre lo negó:

“Estas críticas sólo buscan sembrar dudas acerca de la honradez inquebrantable del presidente, carecen de la más elemental ética profesional que obliga a todo comunicador”, reiteraba el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar.

¿Se castigará por fin a Cosme Mares? ¿Estará dispuesto el actual gobierno panista a investigar también a Fox? ¿O son una simulación las actuales pesquisas judiciales?

Para Ana Lilia Guillén, aún está por verse si Felipe Calderón tiene la voluntad política de investigar a su antecesor en el cargo. Comenta escéptica:

“Habrá que esperar, pues tal vez Calderón hizo pactos con Fox para que no se investigaran el caso de El Tamarindillo, los ilícitos carreteros de Cosme Mares ni tampoco las corruptelas de los hijos y familiares de Marta Sahagún.”

Por lo pronto, el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, viene anunciando su intención de impulsar a Fox como nuevo dirigente de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), organización compuesta por partidos y organizaciones políticas conservadoras de diversos países. Con esto, el expresidente volvería a tener peso político


FECAL Y EL CONDON:

Viraje oficial sobre el condón
Ignacio Solares


El gobierno de Calderón empieza a mostrar los dientes: disfrazarse de militar y echar marcha atrás en la campaña de los anticonceptivos. El capitalismo salvaje –ese Tarzán de las espesuras bancarias– no puede encontrar socios más propicios y adecuados a su ideología que el Ejército y la Iglesia católica. Garrote y hostias (que curiosamente son sinónimos en el habla popular de los españoles). Cada vez parece más evidente que el asentamiento hegemónico de la derecha –impulsado por su descarada protección al capital y su desdén hacia lo “otro”, lo “extraño”, lo “diferente”– está por fin consolidando su vieja ambición de recluir al país en un marco de miedo y represión. Si te portas mal, te pego. Si usas un condón, te condenas.

El secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos –en una nota del pasado jueves 11 en Excélsior–, criticó las campañas de promoción del condón que se difundieron durante el gobierno foxista, “al considerar que, más que prevenir, promovían prácticas de mayor riesgo”. Como si el mayor riesgo no fuera, precisamente, no usar el condón.

También dijo que era en los padres en quienes debería recaer la responsabilidad sobre la educación sexual de los hijos. Como si una educación sexual responsable no implicara necesariamente el uso del condón en relaciones de riesgo. ¡Santo Dios, en plenos tiempos del sida!

Pero, en relación al tema, los informes de la propia Secretaría de Salud en años pasados fueron reveladores. Sitios en el sur de nuestro país con un crecimiento demográfico de 7% anual en donde las campañas de planificación familiar son demolidas por la influencia y la actitud implacable de algún sacerdote local contra los anticonceptivos. Sermones dominicales en que se recrean con lujo de detalle las altas lenguas de fuego y el chirriar de dientes del infierno de los cogelones que usan anticonceptivos. Mujeres con nueve hijos, muy enfermas, obligadas a tener el décimo, aunque les cueste la vida (a ellas y tal vez a su hijo), porque su esposo tenía determinantemente prohibido por el curita del lugar usar un condón.

Suponemos que, ahora, a esa campaña de la Iglesia se sumará la del propio Córdova Villalobos, en su papel de “cardenal alterno” (Monsiváis dixit), haciendo responsables a los padres de lo que pueda suceder en la familia por las prácticas sexuales sin algún tipo de protección. Así, podría decir Córdova Villalobos a alguno de sus fieles:

–Aunque llegue borracho por las noches al cuartucho insalubre en que vive usted con su familia, sea responsable, hombre, no se coja a su mujer porque lo oyen sus hijos. Pero si no se aguanta y lo hace, por favor no use condón porque es pecado. Incluso si va con una prostituta, sea responsable, más vale que le peguen el sida pero que salve su alma.

En su declaración, Córdova Villalobos va aún más lejos, y “en especial criticó aquellas campañas que pretendían eliminar la homofobia”.

En un rapto de inspiración, agregó el secretario de Salud:

“Dentro de las campañas de no discriminación, había algunas que parecían más promover el homosexualismo que evitar la discriminación a los homosexuales, y dices, bueno, ¿quién hizo estos spots? ¿Se trata de no discriminar o se trata de promover algo?”

Dios los hace y ellos coinciden en sus declaraciones.

“Un documento de 12 páginas redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobado por Juan Pablo II pide utilizar todos los medios posibles para evitar la aprobación de leyes que reconozcan las uniones entre personas del mismo sexo”. (Proceso1397.) El objetivo del texto era “iluminar (sic) a los políticos católicos y darles líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana”.

Muy coherentes. Por eso George W. Bush no podía quedarse atrás y en agosto del 2004 declaró: “El matrimonio es una institución sagrada entre un hombre y una mujer, y no transigiré en la cuestión del matrimonio entre homosexuales”.

Las piezas se juntan para formar un bonito rompecabezas. Homofobia, apoyo incondicional al Ejército y a su símbolo protector, y una afanada defensa de la vida aún no nacida, más que la protección de la vida ya existente.

¿Adónde se quiere llegar?

Tal vez tenga razón Mario Benedetti cuando señala, en medio de su fundado escepticismo, que la única posibilidad de cambio verdadero en nuestras sociedades está hoy en los jóvenes. Serán ellos los primeros en indignarse y reírse de los Córdova Villalobos y tomarán sus propias decisiones responsables. Pero no será una empresa sencilla. Les estamos asesinando el futuro, preparándoles un mundo inhóspito y minado, marcado por un egoísmo desatado y suicida. “Los jóvenes son conscientes sin remedio de la inmoralidad y la hipocresía que los rodea, y por ello se vuelven un peligro latente para algunos de nuestros gobiernos”, agrega Benedetti. De ahí, suponemos, que se construya alrededor de ellos un muro de ruido, de violencia, de alucinaciones, de pobre imaginería. De ahí que se haga lo posible y lo imposible por acallarlos, por enclaustrarlos en el vacío. De ahí que no se encuentren en este mundo como en su hogar, sino como en casa ajena.

Ojalá que, pese a todo y a todos, nuestros jóvenes sepan rescatar su fresca identidad, y que aun en medio de tanto fogonazo y tanto estruendo, sepan escuchar los latidos de su propio corazón. Y, claro, también los del corazón del prójimo. ?

LOS PRIMEROS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LEGÍTIMO EN LA CAPITAL DEL PAÍS

De la Lámpara de Diógenes:

Este sábado la cita fue en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Desde temprano se abrieron los módulos de registro y mucha gente acudió. La espera bajo el sol sobre la plancha de la plaza, frente a la catedral, no desanimaba a nadie. Danzantes aztecas, vendedores y paseantes se mezclaban entre los humos del copal y el ruido de los automóviles con el ansia de un agua fresca o un raspado de limón que no tardaba en aparecer. Las pláticas parecían amenas y la gente se aceraba a preguntar, los de la fila explicaban a los curiosos que llegaban y sorprendidos asentaban al mismo tiempo que decían "¿qué hay que traer?".




Muchos iban solos, otros más en compañía de amigos o familia pero todos salían mirando su nuevo documento, uno legítimo que los hacía representantes del nuevo gobierno, también legítimo.

Un saludo,
Aquiles Voy

En cinco delegaciones de la ciudad se abrieron 20 módulos de registro.
De martes a domingo de 09:00 a 17:00 hrs.
Presentar identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial IFE).

Azcapotzalco

  • Jardín Hidalgo, Av. Azcapotzalco esquina Av. Hidalgo. Colonia Centro de Azcapotzalco.
  • Unidad Habitacional El Rosario, Av. de las Culturas y Río Blanco.

Coyoacán

  • Plaza Hidalgo, Centro Coyoacán. Colonia del Carmen
  • Alameda del Sur, entre Rancho Vista Hermosa y Calzada de Las Bombas. Colonia Los Girasoles.
  • Anacahuite esquina Escuinapa, Santo Domingo.

Cuauhtémoc

  • Plaza de la Constitución, colonia Centro.

Iztacalco

  • Campamento 2 de Octubre, calle Miguel García García y Juan Álvarez.
  • Calle Sur 16 y Av. Rojo Gómez, colonia Agrícola Oriental. (kiosco)

Xochimilco

  • Jardín Juárez (antes jardín del arte) calle Guadalupe I. Ramírez, entre 16 de Septiembre y Pedro Ramírez del Castillo. Centro de Xochimilco.
  • Coordinación Territorial de Tulyehualco, Pino Suárez s/n. Centro de Santiago Tulyehualco.

DEL PROCESO SEMANAL

Mouriño "aplasta y aniquila"
Álvaro Delgado y Rosa Santana


CAMPECHE, CAMP.- “¡Es el aplastamiento, el exterminio, la aniquilación!”, truena Jorge Nordhausen González sobre su deposición como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en esta entidad y su reemplazo por Nelly Márquez Zapata, incondicional de Juan Camilo Mouriño Terrazo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien aquí consolida su feudo político y económico.

El hombre más poderoso después del presidente Calderón tiene a su cargo el control del gabinete: a través de él se impidio que la negociación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados se saliera de control. Frenó cualquier intento de los secretarios de Estado de emitir opiniones personales. Es, también, a través de él cualquier tramite de los integrantes del gabinete con la Presidencia. Por si faltara algo, controla y supervisa la información que llega y sale de la Presidencia.

“¡Se trata de aplastar, de aniquilar, de exterminar!”, insiste Nordhausen, quien se asume como el presidente real del PAN y tilda de “usurpadora” a Márquez Zapata, coordinadora de la campaña de Felipe Calderón en Campeche e impuesta por Mouriño, quien ya sumó a sus boyantes negocios el control de ese partido, que aquí padece –como en otros estados del país– una férrea disputa intestina.

“Todavía no toman el poder y ya quieren ejercerlo. Ustedes quieren convertir al PAN en un partido de Estado”, le dijo Nordhausen a Carlos Mouriño, el hermano mayor de Juan Camilo y emisario de éste para exigirle la renuncia, en agosto del año pasado, cuando comenzó a hacer sentir su fuerza, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni siquiera había emitido su fallo sobre la elección presidencial.

“Ahora sí que está tan jodida la cosa, que un cabrón que ni siquiera es miembro activo viene a pedirme a mí, al presidente del partido, que renuncie. Pues no”, le respondió Nordhausen en esa ocasión a Carlos Mouriño, y después se lo dijo directamente a Juan Camilo, episodios sobre los que narra a Proceso abundantes detalles y que evidencia la riña por el gobierno estatal.

Sin embargo, mediante diversas maniobras, intrigas y aun ofrecimiento de cargos en las delegaciones del gobierno federal a los consejeros, Mouriño logró destituir a Nordhausen tres días después de entrevistarse con él, el 3 de septiembre, y nombrar a Márquez como presidenta interina el domingo 7 de enero, en un pleito trasladado al TEPJF y ante el que la dirigencia nacional, que encabeza Manuel Espino, se mantiene cautelosa.

Nordhausen promovió un recurso ante el TEPJF para impugnar su destitución del 3 de septiembre y la instancia le dio la razón, pero Mouriño –a quien con sorna llama “vicepresidente”– maniobró desde la Presidencia de la República para imponer a Márquez Zapata, lo que implica un desacato al mandato judicial, que está siendo combatido en ese órgano jurisdiccional.

“La vida es muy rara. Los que hicieron presidente a Jorge Nordhausen me hicieron presidenta a mí. ¡Tan sencillo como eso!”, responde Márquez, empresaria pesquera y con apenas cuatro años de militancia en el PAN, quien no escatima elogios a Mouriño –“hombre brillante”, con un “trabajo extraordinario” y un “reconocimiento enorme en Campeche” –, a quien deslinda de la maniobra.

“A Jorge no lo mueve de su posición Juan Camilo, lo mueve el estatuto. Los consejeros lo único que hicieron fue cumplir el estatuto”, insiste Márquez, afiliada al PAN desde agosto del 2004 y cuya familia estuvo vinculada al priismo estatal, como buena parte de la élite que ocupa prominentes posiciones en el PAN.

En términos legales, el problema es la interpretación del artículo 89 de los estatutos del PAN, que prohíbe al presidente estatal del partido ejercer simultáneamente un cargo de representación popular que implique viajar fuera del territorio campechano, lo que Nordhausen hizo sin problemas durante casi dos años mientras fue senador.

Sin embargo, la reyerta es política entre los dos bloques hegemónicos que ambicionan controlar al PAN en Campeche para definir al candidato a la gubernatura, que se disputará en dos años y que dan por hecho, ganarán. Esto es lo que ha dado lugar al absurdo de que haya dos presidentes.

“En ninguna parte de los estatutos y reglamentos del partido se menciona que puede haber dos presidentes: uno en funciones, que soy yo, y otro interino, que es ella”, afirma Nordhausen, quien ganó ante el TEPJF el juicio para concluir el período por el que fue electo y que concluye en julio.

Y después de que Márquez asumió el cargo, en el que pretende reelegirse, Nordhausen promovió ante el TEPJF dos recursos: uno, para ser ratificado como presidente en funciones con el fin de concluir su período, y el otro, para anular la elección de la presidencia interina, porque –insiste– “en ninguna parte de los estatutos se habla de que puede haber dos presidentes”.

–¿Ella está usurpando el cargo?

–¡Así es! Nelly Márquez es presidenta legítima, así como Andrés Manuel López Obrador –dice burlón–. Sólo López Obrador y Nelly se ostentan como presidentes legítimos, desafiando a la autoridad judicial.



Negociación frustrada



La pugna intestina en el PAN campechano, de por sí habitual entre los grupos de Ciudad del Carmen y la capital, se recrudeció después de las elecciones federales del 2 de julio y ante la elección de gobernador, 11 alcaldes y el Congreso, que se llevará a cabo dentro de dos años y medio.

A finales del año, en la cumbre de su poder como jefe de la Oficina de la Presidencia, Mouriño vino a pasar las fiestas de fin de año a Campeche –que incluyó incursiones en la discoteca de moda– y anticipó la conquista del gobierno estatal: “Vamos por todo en el 2009”, afirmó.

El PAN, sin embargo, padeció un retroceso en las elecciones del 2 de julio al perder cinco de los seis municipios que gobernaba –sólo retuvo Ciudad del Carmen y ganó Candelaria–, mientras que López Obrador se impuso en la elección presidencial, lo que aceleró la batida del grupo de Mouriño contra Nordhausen.

El 29 de agosto, Juan Camilo Mouriño envió como emisario a su hermano mayor, Carlos, para solicitarle a Nordhausen –tamaulipeco avecindado en Campeche– la renuncia a la presidencia del PAN, en una reunión que se efectuó en la isla de Carmen y en la cual estuvo presente Juan Carlos del Río González, excandidato la gubernatura y candidato perdedor a diputado.

La reunión se celebró en la residencia de Del Río, en un exclusivo fraccionamiento de la isla, y ahí Carlos Mouriño –encargado de los negocios de la familia– le habló a Nordhausen de la “necesidad” y la “conveniencia” de que se separara “ya” del cargo.

–Mi período termina el próximo año –respondió Nordhausen.

–Pero queremos que ya te vayas –atajó, imperativo, el español.

–Déjame terminar el año y en enero me voy –intentó negociar Nordhausen.

–No, no, no. Ya tienes que irte –insistía Mouriño.

–Bueno, entonces, ¿qué te parece si me voy en diciembre? –ofreció el tamaulipeco.

–No, no, no

–En noviembre…

–No, no, no.

–En octubre…

–No, no, no.

–Bueno, ¿qué se traen entre manos? ¿Por qué quieren que me vaya del partido así como así?

Y en un súbito cambio de táctica, el hermano del nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia –quien en 1997 no vaciló en alterar su documentación migratoria para poder irrumpir en la política mexicana (Proceso 1546)– pretendió negociar un reparto de posiciones políticas al interior del PAN entre el grupo de los Mouriño y el de Nordhausen.

La oferta era respaldar el nombramiento del diputado Mario Enrique Pacheco como coordinador de la bancada panista en el Congreso local, a cambio de que el grupo Carmen aceptara la designación de la diputada local y empresaria pesquera Nelly Márquez como presidenta del PAN. La otra opción era a la inversa.

“¡Primero muerto que aceptar que esa traidora sea coordinadora de los diputados! Si por mí fuera, ella ni siquiera hubiera sido diputada. Todo el mundo sabe que aquí, en Carmen, trabajó a favor de la coalición”, reviró Nordhausen, y, señalando a Del Río, sostuvo que, “este señor tiene que agradecerle el haber perdido el distrito”.

Un día antes del encuentro con Carlos Mouriño, Nordhausen había estado en el Distrito Federal para entrevistarse con José Espina, secretario general del PAN, y Héctor Larios, coordinador de los diputados federales, quien lo había designado secretario de la Mesa Directiva, cargo que no aceptó para no separarse como presidente de ese partido en Campeche por la interpretación del artículo 89 del estatuto.

“A partir del primer minuto del 1 de septiembre, me quedo con un solo cargo para que no haya ninguna duda”, les dijo Nordhausen a Espina y a Larios.

–Oye, Jorge, pero si a ti te va a tocar recibirle el informe al presidente Vicente Fox en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, porque no va a poder entrar.

–Vas a tener que poner a otro, porque yo ahorita me voy a Campeche y me quedo como presidente del partido.

Del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Nordhausen se trasladó a la Casa de Transición de Felipe Calderón, en donde despachaba Mouriño, quien lo recibió después de tres cancelaciones y a quien le comunicó que no asumiría la diputación para seguir en la presidencia del PAN.

–¡Pero si vas como secretario de la Mesa Directiva! –lo cortejó Mouriño.

–¡Cámbiame la zanahoria, porque ésta no tiene ni color ni sabor! –le respondió Nordhausen, quien describe a Mouriño, en ese momento, recargado en su asiento y con los pies en el escritorio.

“Yo quiero ir a la Cámara de Diputados para estar como tú, despatarrado, moviendo la patita, hablando por celular, o lo que sea, y tú me estás mandando como secretario a la Mesa Directiva, donde tengo que estar rígido todo el tiempo, sin poder bostezar ni hablar por teléfono ni nada, y cuando esté leyendo un documento en tribuna, nadie me va a hacer caso. Entonces no, cámbiame la zanahoria.”



Ya nos matamos



En esa charla, ambos hablaron de la candidatura para gobernador, que ambos ambicionan, aunque Mouriño se descartó para la de 2009. “Él mismo me lo dijo, y es natural: si en la posición donde está le va muy bien, como yo espero, no le conviene venir de gobernador. Campeche es el 0.75% del país y él trae las riendas del país entero, es casi presidente. Y si le va muy mal, ya ni siquiera viene”.

Sin embargo, afirma, Mouriño busca imponer al candidato panista a gobernador: “Él está proyectando, no sé si de veras o como bluff, a tres: el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Ávila Lizárraga; Nelly Márquez, quien se autonombra ‘la buena’ de Mouriño, y el tercero es su cuñado Gabriel Escalante”.

–¿Les ve usted tamaños?

–Para la interna, me gustaría cualquiera de los tres, aunque sería mejor Juan Camilo, para ganarle de una vez.

Mouriño evadió ese reto, cuando se le presentó en la disputa por la presidencia del PAN: “Le dije: ‘Oye, Juan Camilo, ¿por qué no le entras tú, de una vez para que se vaya viendo de qué color pinta el camaleón? Yo quiero contigo, no me mandes sparrings’”.

Nordhausen está consciente de que él podría, eventualmente, no ser el candidato, pero también perfila a quienes son de su grupo. Uno es Sebastián Calderón, exalcalde de Ciudad del Carmen, exdiputado federal y senador, presidente de la Comisión de Marina en ambas cámaras del Congreso, y el otro es su sucesor en la alcaldía, Ignacio Seara.

Márquez Zapata, sin embargo, minimiza el conflicto y asegura que Nordhausen “está inquieto” por no haber respetado los estatutos del PAN, y deslinda a Mouriño, de quien se dice amiga, aunque aclara: “¡No soy incondicional! Me he caracterizado por luchar en lo que creo y no soy ciega a nadie”.

Como su sucesora, quien es propietaria de barcos camaroneros, Nordhausen es también empresario y señalado como traficante de influencias –desde su posición como presidente de la Comisión de Energía del Senado– para obtener contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus empresas, fundadas en la década de los ochenta, una sospecha que gravita en este conflicto interno.

Por ejemplo, según información oficial, la empresa Suministros Industriales Carrizales, S.A. de C.V., obtuvo 37 contratos de Pemex entre 1987 y 1999, pero a partir de 2000, ya con Nordhausen como senador, el crecimiento de la compañía fue de más de 1000% anual: en cuatro años obtuvo 162 contratos de la paraestatal.

“Dicen que trafico influencias como senador y como diputado federal, pero desde 1999 yo ya estaba retirado de la actividad empresarial, cuando ocupé esos cargos. ¿Cómo puedo traficar influencias? Yo obtenía los contratos de Pemex de la misma manera que ahora los obtienen mis hijos: concursando, licitando. Igualito.”

Para Nordhausen, es hondo el conflicto en el PAN, no sólo en Campeche, y alude al caso de su tocayo Jorge Bajos Valverde, diputado panista de Guerrero, presuntamente ejecutado por sus correligionarios: “Yo decía que en el PAN podemos discutir con pasión e intensidad, pero no nos matamos como en el PRI. Ya no puedo decir eso. Me da pena, la verdad. No me queda otra, como panista, que ofrecer una disculpa a la sociedad mexicana. No tengo cara”.

En el caso de Campeche, dice, es falso que haya violado los estatutos, lo que motivó su destitución del cargo, en septiembre, y luego la imposición de Márquez Zapata por parte de Mouriño, es un episodio que tiene que ver con el establecimiento de los “límites de la jurisdicción de lo que es Presidencia y lo que es el partido”.

–Entonces, ¿por qué el empecinamiento de Mouriño?

–¡Porque es el aplastamiento, el exterminio, la aniquilación! ¡Se trata de aplastar, de aniquilar, de exterminar!

–¿Pasa eso en un partido que se dice democrático?

–Lo que pasa es que no son las instituciones las que están mal, son las personas. Dicho más coloquialmente, más a la campechana, el PAN es la mejor institución política, pero adentro tiene a uno que otro hijo de puta. No son palabras mías, son del jefe nacional, de Manuel Espino.


Los vecinos ricos
Álvaro Delgado y Rosa Santana


CAMPECHE, CAMP.- Localizada al oriente de esta capital, en la salida a Mérida, Yucatán, Imi es una diminuta comunidad rural de medio millar de habitantes y desprovista de servicios básicos, con sólo una avenida pavimentada y que se abastece de agua potable de un pozo.

Pero Imi acoge también la opulencia de las familias adineradas del estado, que aquí han edificado, en el presente lustro, sus residencias y villas de descanso.

Aquí tiene su casita el clan Mouriño, que encabeza el patriarca Manuel Carlos Mouriño Atanes, el repentino magnate español que se convirtió en promotor de Vicente Fox en 2000 y a quien le sigue sonriendo la suerte: el Grupo Energético del Sureste (GES), que maneja su hijo mayor y homónimo, sigue siendo próspero y en España, donde ya reside, adquirió –entre sus múltiples negocios– el equipo Celta de Vigo de futbol.

Pero su fortuna también es política: su hijo menor, Juan Camilo Mouriño Terrazo, también nacido en España, es el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

La prosperidad de la familia se refleja en la finca que aquí adquirió en 2003, aunque en el Registro Público de la Propiedad de la capital no está a nombre de los Mouriño. En su larga fachada hay dos accesos y en cada uno está inscrita, en letras de hierro, el nombre de la propiedad: Villa Gely, en honor de María de los Ángeles Terrazo, la esposa de Mouriño Atanes.

La mujer de Juan Camilo también se llama así, lo mismo que la hija de ambos, de siete años de edad, quien la noche del viernes 19, en Villa Gely, fue coronada como Nuestra Belleza Infantil, ni más ni menos que por Lupita Jones, la única Miss Universo que ha tenido México y coordinadora nacional del concurso Nuestra Belleza.

La coronación de la nieta de Mouriño Atanes –quien junto con su esposa vino desde España– y del prominente constructor Gabriel Escalante fue todo un acontecimiento en la sociedad campechana: se giraron 600 invitaciones a la fiesta amenizada por el grupo juvenil Jeans, que animó también actos en la campaña de Calderón.

Aunque era una fiesta infantil, la celebración congregó a la clase política campechana, empezando por el gobernador, Jorge Carlos Hurtado, miembros de su gabinete y delegados federales que fueron resguardados por decenas de guardias de seguridad privada a las órdenes del Estado Mayor Presidencial (EMP). Hasta los despachadores de las gasolinerías de los Mouriño fueron habilitados como guaruras.

El espacio para acoger a tantos invitados para el festejo de María de los Ángeles Mouriño Escalante no fue problema: la propiedad es extensa y desde hace cuatro meses, justo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el triunfo de Calderón, las obras se han acelerado.

El terreno tiene casi 200 metros de frente y otros tanto de profundidad, en torno de la cual cuadrillas de trabajadores tendieron alambrado de púas de mayor altura que los muros de roca. Trepándose a los árboles es posible apreciar algunos detalles.

Al fondo, la casa de descanso hay huertos y amplios jardines con pasto impecablemente podado, donde se instalaron juegos infantiles, entre ellos puentes colgantes y hasta una pista de go-carts.

Más al fondo se levanta un cortijo con motivos españoles y también caballerizas para las cuadras de animales finos (por lo menos 20). Ha crecido la caballada y los alarifes construyen, en el rincón de la propiedad, casi para llegar a la carretera federal, instalaciones nuevas, de mayor amplitud y altura.

Las obras de ampliación requieren de maquinaria pesada para remover las grandes rocas que estorban la apertura, ya en funcionamiento provisional, de un nuevo acceso a la residencia de los Mouriño. La entrada será por detrás de la propiedad, por la carretera federal a Mérida, para evitar la estrecha calle de acceso a la comunidad de Imi, en la que además proliferan los topes.

El nuevo acceso, sin embargo, se ubica a unos 200 metros del basurero municipal, que en verano despide olores putrefactos y cuya clausura, según el cuerpo edilicio, está en marcha.



El “PRIAN” campechano



Inscrita en la Reserva de la Biosfera de Los Petenes, Imi es una comunidad de contrastes. Junto a la ostentación de familias como los Mouriño, habita medio millar de personas que carecen de servicios básicos, como agua entubada y pavimentación.

“A sabiendas de que tienen bastante dinero, y ahora tienen una elevada posición política, en alguna ocasión intentamos contactar al dueño de la Villa Gely para ver si de alguna manera nos podía apoyar para hacer mejoras a la comunidad, pero no hubo respuesta. No se nos atendió”, lamenta el agente municipal de Imi, Gabriel Martín Mendoza, quien asumió el cargo hace apenas unas semanas.

La pequeña localidad, fraccionada en tres porciones (Imi I, Imi II e Imi III, en referencia a sus tres entradas), carece de agua potable: “Aquí nos abastecemos con agua de pozo”, dice Mendoza. El alumbrado público y pavimentación son escasos.

Pero al menos hubo una buena noticia: después de años de gestiones, se instaló el tendido telefónico. “La llegada a la zona de personas influyentes ayudó”, reconoce el agente municipal, quien expone que otro aspecto positivo es que, con el arribo de la gente adinerada, los predios han elevado su valor y “por eso mucha gente ha vendido”.

Y sí. A unos 100 metros de la finca de los Mouriño está la Casa Sol, propiedad de Jorge Baqueiro Cáceres, directivo de organismos patronales que súbitamente ingresó al PAN, junto con muchos expriistas que, al mismo tiempo, eran empresarios venidos a menos.

“En 1997, llega un grupo de ilustres empresarios en bancarrota y se adueñan del partido. Este es el inicio de las pugnas que ahora estamos viendo. El PAN se está vendiendo al mejor postor. Llegan, entre otros, Jorge Baqueiro, Rodolfo Ceballos Esponda y los Mouriño”, recuerda al respecto Samuel Dzib Cambrani.

Baqueiro tuvo tan buena suerte que, en 1997, fue designado presidente de su nuevo partido con la anuencia de Calderón, que lo dirigía a nivel nacional, pese a que no cumplía los requisitos de militancia que exigen los estatutos del PAN, lo que provocó un conflicto interno en lo que era, entonces, delegación estatal del PAN, cuyo secretario general y presidente en funciones saliente era Dzib Cambrani.

En desacuerdo por la imposición de Baqueiro, Dzib renunció al PAN junto con el también diputado Víctor Castro, que junto con Mouriño integraban la bancada en el Congreso local.

–El presidente nacional era Calderón.

–Sí. Es el período donde se empiezan a dar los primeros pasos para que gente con capital empiece a llegar al partido, y que ha generado una serie de confrontaciones. Salvo algunas personalidades, que sin ser empresarios han logrado algunos cargos de elección popular, la mayoría son de la élite empresarial.

Exdirigente de la Coparmex, Baqueiro Cáceres fue, en el gobierno de Vicente Fox y ahora con Calderón, delegado de la Secretaría del Trabajo, mientras que Ceballos Esponda –constructor consentido de los gobiernos priistas– lo es de la Secretaría de Economía, quien sustituyó a José Lavalle Pinzón, hermano de Juan Carlos, exdelegado de Banobras, suplente de Mouriño como diputado federal y perdedor en las elecciones para alcalde.

Aunque José es priista, los dos hermanos son allegados a Mouriño y son hijos del prominente priista Jorge Luis Lavalle Azar, coordinador de asesores del gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, quien fue contador de Mouriño Atanes, según información de políticos campechanos.



Mouriño despide a Calderón



La conversión de priistas al PAN es amplia. Benjamín Azar García, hermano del exgobernador Jorge Salomón, es un militante distinguido y propietario de la empresa de seguridad que contrató de inmediato Nelly Márquez al asumir la presidencia estatal panista.

Incluso, Cindy Sarabia López, quien integró la delegación estatal del PAN en Campeche cuando el delegado era el tabasqueño Gerardo Priego Tapia, en 2003, es consejera electoral estatal.

“Considero que no habrá ni 10% de gente que haya estado militando en el PRI y que ahora esté militando en Acción Nacional”, considera, sin embargo, la presidenta del PAN en el estado, Nelly Márquez. Pero ella misma es una de las nuevas panistas: expresidenta de la Cámara de la Industria Pesquera, cuyo padre estuvo vinculado a los gobiernos priistas, minimiza su pasado y su reciente incorporación al PAN, al que se afilió en agosto de 2002. Dice que por trabajar con los gobiernos priistas se creía que pertenecía al tricolor, pero que no fue así.

Márquez, quien fue invitada a la fiesta de la hija de Juan Camilo Mouriño en la Villa Gely, no cabe en elogios: “Ojalá vinieran más Mouriños a invertir, a profesionalizar empresas, a darle oportunidad a los profesionistas. En esa empresa, a todos los empleados los están preparando constantemente. En Campeche, empresas como esa, no hay”.

Pero, el viernes 19, se hizo público el caso de un trabajador que trabajó 10 años en el GES de los Mouriño, en jornadas laborales de 11 horas y sin descanso. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje le dio la razón para que sea liquidado con 131 mil pesos. El ganador del litigio se llama… Felipe Calderón. Sí, así se llama.


..Y mientras tanto, en el rancho...
Verónica Espinosa

SAN CRISTÓBAL, GTO.- En sentido opuesto a la frenética actividad, la infinidad de discursos, el millonario gasto publicitario, las innumerables giras y viajes que particularmente en la última etapa de su sexenio derrocharon Vicente Fox y su esposa, la pareja expresidencial guarda ahora el mayor hermetismo: nada declara a los medios de comunicación los domingos al salir de la misa matinal, y menos aún cuando se le pregunta sobre el megaproyecto que ya se anuncia como “Centro Operativo San Cristóbal”.

Foxilandia, como ya se le conoce en Guanajuato.

Desde ahí, Vicente Fox reparte su agenda entre las conferencias que literalmente se ponen en oferta en otros países –como lo reportó el corresponsal de Proceso Jesús Esquivel desde Washington–, la supervisión de las obras y la redacción de un libro. En esto último avanza con el apoyo de un asesor estadunidense que está en el rancho.

Algunos servicios del centro –según diversas fuentes que no son los Fox-Sahagún– serán una biblioteca digitalizada y con tecnología de punta para ser consultada en línea; un museo en el que se expondrá la colección de objetos y regalos recibidos por el expresidente –algunos de los cuales tendría que haber devuelto en virtud de que rebasaron el tope máximo permitido para el Ejecutivo–, aulas para el centro de estudios sobre la democracia, estacionamiento, sanitarios, cafetería... Se habla incluso de la posibilidad de construir un hotel.

En los primeros días de diciembre, Proceso informó que Vicente Fox contaba ya con el apoyo y la aprobación de sus hermanos para darle ese destino a una extensa área (que, ahora se sabe, abarca casi 6 mil metros cuadrados) de los antiguos establos y caballerizas de la hacienda de San Cristóbal, el casco que conservó su padre José Luis Fox Pont y que habitó hasta su muerte, a mediados del año pasado, la señora Mercedes Quesada viuda de Fox.

El proyecto es auspiciado en su totalidad con recursos privados, cuyo monto se desconoce, y corre a cargo de un patronato en el que sólo se sabe que participan algunos de los más prominentes empresarios de México. En las columnas de algunos medios locales se han mencionado como mecenas a personas favorecidas por el matrimonio Fox Sahagún desde la Presidencia, como Roberto Hernández y Olegario Vázquez Raña.

Mientras tanto, no termina la transformación que la comunidad de San Cristóbal ha vivido desde que Vicente Fox se convirtió en gobernador de Guanajuato. Al parecer, es la imagen que el expresidente mostrará a quienes visiten o utilicen los servicios del centro de estudios, como hizo Carlos Salinas de Gortari con Agualeguas.

Por ejemplo, la carretera León-Cuerámaro acaba de ser ampliada a cuatro carriles en un primer tramo, casi hasta llegar a San Cristóbal, con un camellón central al que una cuadrilla de trabajadores todavía le está colocando pasto y árboles, mientras termina de pintar las líneas de los acotamientos.

Estas obras fueron licitadas en los últimos días de la administración del exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, y en su ejecución y supervisión participan los municipios de León y San Francisco del Rincón, informó la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

El acceso principal de la comunidad ya suma cinco topes desde la entrada hasta las puertas de la hacienda de San Cristóbal, frente a la cual está el módulo construido por la Comisión Estatal del Deporte, una obra programada también por Romero Hicks y que tan sólo en su primera etapa requirió una inversión de más de 3 millones de pesos.

Por cierto, este módulo –que cuenta con campo de beisbol, futbol, pista de atletismo, área de juegos infantiles y cancha de volibol en arena– fue inaugurado por el propio Fox a comienzos del año pasado. Pero actualmente está cerrado, pues se están construyendo las instalaciones correspondientes a la siguiente etapa, entre ellas un auditorio que queda exactamente frente al acceso a Foxilandia.

El diario local A.M. informó que, de acuerdo con el permiso de construcción al que dio acceso la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de San Francisco del Rincón, la construcción del centro de estudios está a cargo del arquitecto Eduardo Magallanes Martínez. Según los cálculos de esa dependencia, Foxilandia podría quedar terminada en un año.



La fundación virtual



Por su parte, desde mediados de diciembre Marta Sahagún trasladó al casco de San Cristóbal las oficinas de Vamos México, que inicialmente se iban a inaugurar en la torre Nissan de León. Sahagún ya estaba promoviendo la ceremonia, pero intempestivamente empacó de nuevo el mobiliario y la papelería para llevarlos a San Cristóbal.

La página de internet de la fundación informa que sus actividades no han cesado; mantiene el mismo directorio (aunque no incluye al director operativo, Alfredo García Padilla Fernández) y da como nuevo domicilio la carretera León-Cuerámaro, kilómetro 13, Comunidad de San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, además de proporcionar un número telefónico para solicitar los servicios.

En las primeras líneas, la página muestra un mensaje que aclara: “No estamos llevando a cabo ningún tipo de sorteo telefónico”, y proporciona algunos números en los que se pueden hacer denuncias al respecto.

El número al que remite la página corresponde al “Centro operativo del rancho San Cristóbal”, que a su vez ofrece las siguientes extensiones: gerencia operativa, administración, donativos, comunicación y academia, asesorías y sistemas.

Fue en la extensión de “asesores” en la que se informó que la fundación actualmente sólo maneja los programas de donación de bicicletas (“Ayúdame a llegar”) y equipamiento de aulas con computadoras, para lo cual se siguen recibiendo donativos que después se canalizan “a las organizaciones sociales que los requieren”.

En el mismo tenor, un comunicado de prensa en la página de internet, fechado el 17 de enero, informa:

“Fundación Vamos México, A.C. reafirma su compromiso de seguir trabajando a favor de los grupos vulnerables en los temas de salud, educación y de apoyo a la mujer… Ha seguido trabajando sin interrupción alguna, dándole continuidad a sus programas y con la condición de transparencia y rendición de cuentas… Labora de manera independiente de cualquier otra fundación u organización alguna. Trabajando con total independencia administrativa y financiera (sic)… No fondea ni fondeará nunca ningún programa o centro alguno más allá de lo que tiene como mandato de la asamblea de sociedades claramente plasmado en su asamblea constitutiva”.

No obstante, la última información sobre donativos que proporciona la página es el informe financiero 2001-2004. Otra página (www.vicentefox.org.mx) se limita a anunciar, sin detalles:

“Próximamente Centro de estudios, biblioteca y museo Vicente Fox Quesada”. La imagen de fondo muestra a un Fox muy concentrado, pluma en mano, haciendo anotaciones sobre un escritorio. Abajo se incluyen algunas fotografías de actividades y giras durante su sexenio, y se sugiere visitar también la página de la Presidencia de la República.

El secretismo



Varios empresarios guanajuatenses fueron invitados a participar en el patronato del centro, pero se negaron.

Y a pesar de la bienvenida que a fines de diciembre, con una comida de carnitas y chicharrón, le brindaron a Fox y a su mujer tanto la dirigencia panista en el estado como el gobernador Juan Manuel Oliva, el acercamiento de éste ha sido mesurado. Tanto, que no tiene intención de destinar recursos del erario para Foxilandia.

Así quedó de manifiesto en la reunión que hace dos semanas sostuvieron los Fox con Oliva Ramírez, a la que acudieron también el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Salvador García, el director del Instituto de Planeación del estado, Luis Quirós Echegaray, y el director del Instituto de Cultura, Juan Alcocer Flores.

Proceso pudo conocer, por uno de los asistentes, que el encuentro se efectuó en el comedor de la casa de los Fox en el rancho La Estancia, alrededor de una mesa de madera con figuras de caballos en relieve. Mientras Vicente y Marta hablaban, ella colocaba sobre la mesa varias láminas con algunos aspectos del proyecto, pero algunos de los presentes ni siquiera alcanzaron a verlas.

La pareja habló sobre la administración de recursos a cargo de un patronato, pero no mencionó el nombre de ninguno de sus integrantes. Al final, nadie quiso hacer preguntas.

Posteriormente fueron llevados al casco de San Cristóbal para recorrer la obra, que aún están en la etapa de limpieza del terreno y extracción de enormes volúmenes de tierra donde se ubicará la biblioteca o el museo subterráneo.

En el ínterin, los presentes vieron pasar a un hombre, al que Vicente Fox –sin presentarlo– señaló como el asesor estadunidense “que me está ayudando a escribir mi libro”.

En opinión del director del Instituto de Cultura, Juan Alcocer –entrevistado por Proceso– dicho encuentro fue “una mera cortesía” del expresidente y su mujer para las autoridades locales, ya que se había divulgado su intención de erigir un centro de estudios o una universidad, pero no se conocían con certeza los planes de los Fox.

“Nos corrió la atención, como autoridades estatal y municipal, de presentarnos el proyecto de lo que va a ser el desarrollo cultural. Cuentan con su propio presupuesto, es una iniciativa particular; son recursos privados en un cien por ciento”.

–¿Los Fox solicitaron recursos públicos o apoyo para el proyecto?

–No, y tampoco se les ofreció. Hubiera sido muy difícil, porque nuestra institución no tiene un presupuesto como para apoyar semejantes proyectos.

–¿Usted asegura que no hay dinero del presupuesto estatal destinado este año a Foxilandia?

–Por lo menos del Instituto de Cultura no. Y que yo sepa, de ninguna otra dependencia. No nos damos abasto con las necesidades que tenemos… además, se trata de un terreno y de un proyecto privado.

Otra fuente del gobierno, que solicitó mantenerse en el anonimato, comentó que en la reunión el gobernador Juan Manuel Oliva nunca demostró intenciones de ofrecer ayuda a los Fox, aunque “se temía que nos fueran a salir con que se trataba de una donación al gobierno del estado, para comprometernos a su mantenimiento. Todos íbamos con la mano agarrada al bolsillo, por eso nadie quiso hacer una sola pregunta”.

En su oficina del Instituto de Cultura, Juan Alcocer refirió que durante la presentación se habló de edificar una sala de exposiciones, una biblioteca como aquellas de Estados Unidos en que se pueden consultar documentos oficiales de los períodos de varios expresidentes, y áreas para impartir cursos, seminarios o conferencias sobre política, democracia y administración pública.

–¿Qué tipo de exposiciones?

–No abundaron en ello. Sé que Fox tiene una colección importante de los obsequios que se le hicieron durante su gestión como presidente, y que cuenta con asesoría de expertos en museografía, seguridad y mantenimiento, lo cual es sin duda lo más costoso de este tipo de proyectos.

–¿Al gobernador no le hicieron alguna petición?

–No sé si le pidieron algún recurso. Presupuesto no nos pidieron a los demás, pero en lo que respecta al Instituto de Cultura, pues aunque lo hubieran hecho, de dónde…

Aunque Alcocer cree que los Fox “no necesitan dinero; nos hablaron de un patronato bastante fuerte, que decide cómo, cuándo, cuánto y a qué horas”.

–¿Sabe usted que el presidente tenía que devolver varios de los objetos que le regalaron, y que ahora podrían aparecer en el museo?

–No. No conozco la normatividad en lo que respecta a los regalos que reciben los presidentes, y como no tengo planes de ser presidente... A mí me parece un deseo altruista de compartir con la población lo que se le ha obsequiado.

–¿Les mostró los regalos?

–-Nada, nada, nada.

–¿Cuándo inician actividades?

–No dijeron. Yo lo veo apenas en el inicio de las obras. Me imagino que van a dar una conferencia de prensa, una presentación…

–No quieren informar nada a los medios.


Acepta el TEPJF el recurso de Proceso
Daniel Lizárraga


Después de que la solicitud para tener acceso a las boletas electorales fuera denegada por el Instituto Federal Electoral con argumentos alarmantes, Proceso recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que proteja el derecho a la información pública, así como los derechos electorales del solicitante. El tribunal aceptó analizar el caso, y tendrá que confirmar o rectificar el criterio de que el acceso a papeles públicos relativos a un procedimiento ya concluido constituye un riesgo para “las funciones primordiales del Estado mexicano”.

El viernes 19 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó analizar el recurso mediante el cual Proceso pretende tener acceso a las boletas utilizadas en la elección presidencial del pasado 2 de julio, a fin de realizar una investigación de corte académico y periodístico que incluye un recuento de los votos.

Este juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) fue turnado con el número de expediente SUP-JDC-19 al magistrado presidente del tribunal, Flavio Galván Rivera, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo a la consideración de sus seis compañeros en una sesión pública.

Independientemente del recuento de los votos, este semanario decidió acudir hasta la última instancia posible en México, toda vez que está de por medio el derecho de los medios de comunicación y de los reporteros de acceder a la información en poder del Estado. En este caso, se trata del contenido de las boletas electorales, aún bajo la custodia del Instituto Federal Electoral (IFE).

En un hecho inédito desde su fundación en octubre de 1996, el TEPJF analizará un caso en el que está involucrado el derecho de acceso a la información pública, plasmado en la Constitución con la Ley Federal de Transparencia.

En diciembre pasado, a nombre de este reportero, se presentó un escrito ante la Secretaría Ejecutiva del IFE para exigir la apertura de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la cerrazón de sus órganos internos para permitir al acceso a las boletas.

En el recurso se argumentó lo siguiente:

El pasado lunes 18 de diciembre a las 13:00 horas, fui notificado oficialmente de la resolución de la Comisión de Transparencia del Instituto Federal Electoral (la cual anexo el documento original) marcada con el número de expediente CCTA-REV-14/06.

En ella, la citada Comisión de Transparencia del IFE me informó que se declaró infundado, por mayoría de votos, el recurso de revisión en contra de la resolución del Comité de Información con fecha 5 de septiembre del 2006, identificada con el número CI83/06.

El pasado 8 de agosto del 2006 solicité al IFE acceso a los sobres con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos de todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio del 2006, en todo el país, para la elección de presidente de la República.

Por definición –de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia– toda información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, es pública, salvo las excepciones que contiene la propia norma. En este sentido, hago las siguientes precisiones:

–El IFE estaba obligado a acatar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con base en su propio reglamento.

–No se estaban solicitando datos personales de los electores, como podrían ser los contenidos en la lista nominal.

–La elección para presidente de la República estaba impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por ello solicité acceso a las boletas electorales inmediatamente después de que el TEPJF concluyera el dictamen, así como la declaración de validez o no de los comicios para presidente de la República.

En este sentido, pedí acceso a las bodegas o las instalaciones de los 300 distritos electorales en todo el país para contabilizar de nuevo las boletas sólo respecto a la votación para presidente de la República.

Aunado a lo anterior, solicité que esta documentación se pusiera a mi disposición en forma ordenada por sección y casillas en cada distrito.

Sin embargo, el rechazo a esta solicitud de información afectó mis derechos políticos. El resultado de la elección presidencial del pasado 2 de julio me generó dudas sobre la forma en que el Instituto Federal Electoral manejó mi voto.

En este sentido, al no permitirme el acceso a las boletas se afectaron mis derechos políticos. Soy un ciudadano que pago impuestos y requiero que las autoridades, en este caso del IFE, rindan cuentas sobre su actuación.

Por otro lado, en el desempeño de mi profesión como reportero, en la revista Proceso, se intentó desarrollar una investigación periodística sobre la elección presidencial del pasado 2 de julio y, en esta lógica, resultó indispensable para ese fin acceder a las boletas utilizadas durante esa jornada.

El rotundo rechazo del IFE a mi solicitud de acceso a la información violó mi derecho, primero como ciudadano, y luego como periodista, a la información bajo su resguardo, en este caso, a las boletas utilizadas para la elección de presidente de la República.

Ante la imposibilidad de acudir a otra instancia judicial sobre la materia y, sobre todo, tratándose de información de corte electoral, acudo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar intervenga en el asunto por medio del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.

Como reportero no existe más instancia a la cual recurrir a fin de que se garantice mi legítimo derecho de acceder a información electoral bajo la custodia del IFE. Cuando los ciudadanos y los periodistas en general no tienen acceso a información, archivos, documentos y elementos para evaluar el desempeño de sus representantes, la democracia no puede funcionar adecuadamente.

En este sentido, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Para que la prensa cumpla con su función social es necesario que se pueda obtener información, en este caso, electoral. Los medios de comunicación son los más importantes divulgadores de la información en manos del gobierno.

Aunado a lo anterior, solicito ante esta autoridad analizar los argumentos esgrimidos por la Comisión de Transparencia al rechazar la solicitud de información. Entre ellos, subrayo los referentes a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

Según la Comisión de Transparencia, si se facilitaba el acceso a las boletas electorales se pondría en riesgo la gobernabilidad, la legitimidad en las elecciones y la certeza en los resultados.

Desde la perspectiva periodística esto no es posible. Es imposible que un medio de comunicación revierta el resultado de los comicios del pasado 2 de julio. Felipe Calderón Hinojosa ya rindió protesta como jefe del Ejecutivo Federal.

Uno de los principios fundamentales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública consiste en permitir el acceso a expedientes una vez que han concluido los procedimientos, situación que opera en este caso.

El proceso electoral ya concluyó y, en este sentido, la información electoral debe ser pública. En este caso, las boletas utilizadas en las urnas para presidente de la República.



La información corroe al Estado...



El TEPJF aceptó estos argumentos, abrió el juicio solicitado y turnó el expediente al magistrado Flavio Galván Rivera.

Y es que la negativa rotunda del IFE para que este semanario tenga acceso a las boletas electorales se resume así: existen de por medio razones de Estado.

En el texto de 93 páginas mediante el cual el instituto rechazó el acceso a los votos, la Comisión de Transparencia del IFE advirtió que facilitar la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, vulnerar el orden constitucional y poner en riesgo la integración del gobierno.

Y en la última parte de su resolución –tomada por mayoría de votos en la Comisión de Transparencia– el IFE destacó que aceptar la solicitud de acceso a la información afectaría gravemente las funciones del Estado.

Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del Gobierno Federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento del daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.

La Comisión de Transparencia también arguyó que si se permite el acceso a la documentación electoral se podrían vulnerar “los principios rectores de la función electoral”.

La petición original se tramitó desde el pasado 8 de agosto. Casi un mes después, el 5 de septiembre siguiente, el Comité de Información del propio IFE –área encargada de solucionar las solicitudes en primera instancia– argumentó que las boletas no son documentos públicos.

Entonces este semanario apeló el resolutivo; sin embargo, la Comisión de Transparencia –segunda instancia en atender las solicitudes– confirmó que las boletas no son documentos públicos y, además, agregó que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político.

“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral –respondió la comisión–, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la Unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado”.

A la petición que Proceso formuló junto con un grupo de académicos e investigadores se sumaron varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores del semanario.

Pero los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE consideraron que el derecho de acceso a la información tiene límites, y que uno de ellos consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.

Y explicaron que sí hay posibilidades de restringir la libertad de expresión o de información, cuando el ejercicio de este derecho atente contra determinados valores públicos de importancia para la colectividad, entre los que incluyeron todos los proyectos para la integración del gobierno.

Y sentenciaron:

“Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también a la sociedad mexicana y al orden constitucional”.


El IFE: obsesión nazi
John M. Ackerman



Es gracioso imaginar a Don Quijote de la Mancha luchando contra los molinos de viento que confundía con gigantes; sin embargo, es profundamente estremecedor atestiguar la absurda pelea del Instituto Federal Electoral (IFE) contra el nazismo que, de acuerdo a las alucinaciones de nuestros funcionarios electorales, se encuentra escondido en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si los argumentos de la primera respuesta que el IFE ofreciera a la revista Proceso respecto a su solicitud de acceso a las boletas electorales eran risibles y jurídicamente débiles (véase, Irma Eréndira Sandoval, Involución democrática, Proceso número 1558, p.18), los razonamientos ofrecidos el pasado 14 de diciembre son francamente insultantes, peligrosos y constituyen a todas luces un retroceso de más de una década en el desarrollo de la transparencia en México. En esta segunda resolución, los consejeros del IFE citan normas alemanas que estuvieron diseñadas ex profeso para combatir el resurgimiento del nazismo en ese país. En Alemania la ley permite al Estado suspender derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, reunión y libre asociación para aquellos ciudadanos que tengan la intención de “combatir el régimen fundamental de libertad y democracia”. Cobijándose de forma absurda en este ejemplo, los consejeros quisieran que en México se suspenda el derecho constitucional a la información para aquellos ciudadanos y periodistas “nazis” que busquen investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.

El mensaje es claro: el periodismo de investigación es peligroso para el régimen. En aras de mantener la estabilidad política y la integridad del Estado, habría que poner límites a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Ese es precisamente el sentido de lo afirmado por la consejera Lourdes López en la sesión del Consejo General del 15 de diciembre, cuando lamentó: “se quiere hacer de la transparencia un mecanismo de persecución”. Bajo esta lógica, hay que defender al tradicionalmente débil y vulnerable Estado mexicano, que con la petición de Proceso y otros medios queda desamparado ante la persecución de periodistas independientes y poderosos, que buscan perturbar el “orden público” y afectar “los intereses legítimos del Estado”. Nos encontramos, sin duda, en un mundo al revés.

En su resolución, el IFE pide que la ciudadanía no se preocupe, ya que los “paquetes [electorales] no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (p.55). Ojalá que ello sea cierto y que el presidente constitucional actual haya también sido el ganador de las elecciones del 2 de julio. Pero el problema de fondo es que existe una duda fundada y legítima en más de la tercera parte de la población acerca de que Felipe Calderón hubiera resultado el candidato más votado el día de la elección. Cada día que el IFE se niega a abrir sus bodegas al escrutinio público, esta sospecha se multiplica y se propaga. Esto es lo que en realidad pone en riesgo la estabilidad del régimen que los consejeros se encuentran empeñados en defender a toda costa.

Una lectura cuidadosa de la resolución revela que los mismos consejeros del IFE dudan que se hayan contado bien los votos el día de la elección. Ellos afirman que el acceso a las boletas electorales podría afectar la legitimidad de la elección presidencial y del mismo IFE. Al permitir la consulta “no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma…” (p. 55).

Tales afirmaciones constituyen una confesión implícita de que sí hubo irregularidades graves en el conteo de los votos. Solamente en caso de que hubiera problemas fundamentales con el conteo avalado por el IFE, el acceso a las boletas electorales podría generar la inestabilidad y el desorden públicos que tanto temen los funcionarios electorales.

Todo demócrata sabe que la transparencia es la fuerza legitimadora por excelencia. Si las cosas están bien hechas, la mejor forma de demostrarlo es por medio de la apertura. La lógica del autoritarismo es la que típicamente exige una confianza ciega en las autoridades y esconde la mano después de tirar la piedra. Qué pena que nuestra institución democrática por excelencia, esa que tanto habíamos presumido internacionalmente, haya caído en el pozo más negro de la gestión autoritaria del poder.

El que nada debe, nada teme. El pasado 11 de diciembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aceptó la solicitud de acceso a las boletas electorales utilizadas el pasado 2 de julio para la elección de jefe de Gobierno (oficio DEOYGE/1501/06). La respuesta fue directa y sencilla. En un claro ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, el instituto local no encontró ninguna razón legal para negar el acceso a estos documentos públicos.

El pasado 15 de enero, durante la presentación de la nueva colección de cuadernos del IFE, Elecciones Federales 2006, Luis Carlos Ugalde afirmó que ya “es hora de mirar hacia el futuro”. Según el consejero presidente, las elecciones del año pasado son ya un expediente cerrado y ahora nos toca “aprovechar la experiencia y la controversia del 2006 para …preservar lo que sí funciona, modificar lo obsoleto y construir en aspectos en los que nuestra ley requiere subsanar omisiones”. Tal afirmación se parece a la del policía que, al encontrar al niño ahogado en una tina, únicamente responde con la propuesta de remodelar el baño para prevenir más problemas en lo futuro.

No habría que perder de vista que lo que nos falló en primer lugar en las pasadas elecciones presidenciales no fue la ley, sino las instituciones encargadas de hacerla valer. Sin duda hace falta reformar y remodelar la ley electoral. El diseño institucional siempre puede mejorarse. Pero la sociedad civil también tiene el derecho a saber y a investigar de manera independiente los hechos ocurridos el 2 de julio. Unos nuevos y bonitos “cuadernos”, que por cierto se cuidan de no mencionar en ninguna parte la histórica solicitud de acceso a las boletas electorales interpuesta por la revista Proceso, no podrán acallar el clamor ciudadano que le exige transparencia y cuentas claras al IFE.

Valdría la pena recordarles a los señores del IFE que no se puede negar el acceso con base en el uso que se daría a la información. La Ley de Transparencia regula un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. La provisión de información no es un favor que el gobierno le concede graciosamente a los ciudadanos siempre y cuando éstos prometan portarse bien, sino una obligación constitucional del Estado. Sin embargo, como ya hemos visto, el contenido de la resolución de los consejeros del IFE sustenta la negativa al acceso en función de los objetivos desestabilizadores y los despropósitos de perturbar “los intereses legítimos del Estado” de los periodistas-nazis.

Aun aceptando, sin conceder, tan cuestionables argumentos, habría que señalar que “afectar gravemente una de las funciones del Estado” no es una de las reservas incluidas en nuestra Ley de Transparencia. Los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) señalan una serie de razones para reservar o declarar confidencial algún documento, incluyendo si contiene datos personales o si la información puede “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, o bien “poner en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de cualquier persona”. Solamente se puede reservar información cuya divulgación está explícitamente prohibida por la ley. Todo lo demás es público y las boletas electorales constituyen información pública.

Sin embargo, según los consejeros de la Comisión de Transparencia, el IFE tiene manga ancha en la interpretación de la LFTAIPG. No hace falta que sigan la letra de la ley, ni siquiera que cumplan con su espíritu o con sus principios básicos, como el de “máxima publicidad”. De un plumazo, los consejeros buscan darle la vuelta a este principio tan esencial que da vida a nuestra joven ley de transparencia, al argumentar que “no hay necesidad de frases sacramentales o disposiciones absolutas y omniarbarcantes, que literalmente establezcan todas y cada una de las condiciones de ejercicio de una facultad subjetiva pública” (p.47).

Por ello, la decisión del IFE de negar el acceso a las boletas electorales no es un ejemplo de “letrismo” o de una interpretación “estrecha” de ley, como han afirmado algunos consejeros y analistas. Todo el contrario, su actitud es un ejemplo de un franco manoseo de la Ley Federal de Transparencia y una flagrante violación del Estado de Derecho.

Afortunadamente, no es el IFE, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tendrá la última palabra. Esperamos que los nuevos magistrados estén a la altura del momento histórico y no titubeen en su compromiso con la transparencia y la democracia. ?



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