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lunes, enero 08, 2007

Y DE OFICIO DE PAPEL:CESAR NAVA AL DESCUBIERTO,OTRO CRIMINAL CON FECAL

Lunes 8 de enero 2006

* Expediente de Función Pública involucra a César Nava
* Secretario particular de Calderón es acusado de fraude
* Daño patrimonial en contra de Pemex por 200 millones



Eran los primeros meses de 2005 y nadie imaginaba entonces que el panista Felipe Calderón Hinojosa tendría oportunidad de llegar a la Presidencia de la República y mucho menos que la secretaría particular la ocuparía José César Nava Vázquez, abogado de profesión, ex diputado federal por el PAN y ex abogado general de Pemex. En ese año un expediente “confidencial” era atendido con diligencia por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien encontró sólidas evidencias de irregularidades en contratos petroleros pero, a pesar de ello, ordenó “archivar” el expediente que acusaba a César Nava y a otros servidores públicos y políticos panistas de diversos delitos como violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por más de 200 millones de pesos.

Para encubrir a los panistas involucrados e impedir que la población y la prensa tuviera acceso a dicho expediente, el documento fue clasificado como “confidencial” por el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica y reservado sin fecha de apertura, en donde se explica la maquinación de un cuantioso fraude cometido en esa paraestatal por quien fuera abogado general de Pemex, el panista César Nava, en colusión con el ex alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, legislador panista en el Congreso local.

El abogado Nava Vázquez había salido de Pemex después de ser el artífice de la elaboración del escandaloso convenio laboral que firmó el ex director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, con el sindicato petrolero, y en donde se había autorizado la entrega de cuantiosos recursos al líder Carlos Romero Deschamps para su manejo y uso discrecional.
Según documentos oficiales del Órgano Interno de Control, este fraude se fraguó en contra del erario público por funcionarios petroleros encabezados por el abogado Nava Vázquez, aprovechando el fracaso privatizador de plantas petroquímicas de Pemex.
Sin embargo, el actual secretario particular del presidente de la República sostuvo en aquel momento que él si atendió el caso y se deslinda de todas responsabilidades, además de sostener que fue una operación transparente y limpia, en donde nadie cometió fraude.

La historia del fraude
Una exhaustiva investigación de Ana Lilia Pérez y publicada en la revista Contralínea da cuenta del expediente elaborado por el área de Auditoría Interna de la Secretaría de la Función Pública en Pemex Petroquímica, cuyo documento oficial en la parte superior derecha tiene remarcada la palabra “Confidencial”, y como fecha de clasificación el 2 de octubre de 2003, con un tiempo de reserva indefinido, circunstancia que de por sí es violatoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues ésta establece como plazo máximo para desclasificar documentos 12 años y no tiempo indefinido.

El caso, según se explica en el documento oficial, es un fraude en contra Pemex Petroquímica orquestado por abogados de la paraestatal en complicidad con el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel. Este supuesto fraude y prevaricato se dio en medio del fracasado intento de desincorporación y venta de Pemex Petroquímica (dirigida por Rafael Beverido) y cada una de sus filiales.

En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedades anónimas de capital variable (SA de CV).

El informe concluyó que aún como Sociedad Anónima, dichas filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la Federación, por el hecho de que Pemex corporativo era el principal accionista, con el 95 por ciento de las acciones totales; es decir, únicamente el 5 por ciento era de las filiales.

Por tanto, la administración en Veracruz que en ese entonces gobernaba Patricio Chirinos determinó que ninguna filial de Petroquímica era sujeto de impuesto alguno por traslado de dominio, ya que al momento de constituirse como S.A., lo hacían con el capital del gobierno federal, seguían siendo patrimonio de la nación y por tanto estaban exentas de todo gravamen.

Dicha notificación fue hecha por Miguel Álvarez de Asco, en su carácter de director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, a través del oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97, fechado el 14 de agosto de 1997.

El documento detalla que de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la desincorporación de bienes de dominio público y su posterior aportación inmobiliaria a las sociedades mercantiles de naturaleza paraestatal, constitucionalmente no pierden su naturaleza de patrimonio nacional.

Por ello se determinó: “Que no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex-Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.

Así quedaron, legalmente constituidas las empresas de la petroquímica mexicana como sociedades anónimas de capital variable, aunque posteriormente el gobierno federal nunca pudo colocar las acciones, como se tenía planeado, pero en abril de 2002 el diputado estatal Marcelo Montiel Montiel, entonces alcalde de Coatzacoalcos, hizo pública en reunión de cabildo que demandaría a Pemex los impuestos acumulados desde 1997, por el traslado de dominio que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos. Aunque la idea no había sido del alcalde, sino que respondía a un plan orquestado por los mismos abogados de Pemex.

Luego, sin licitación pública de por medio, y aunque el Ayuntamiento cuenta con su propia área legal y un grupo de abogados a sueldo del erario, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete jurídico privado Asociados y Abogados Internacionales, S.C., cuyo representante legal es Jesús Antonio Macías Yazegey, quien se desempeñaría como tesorero de la campaña del actual gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Asociados y Abogados Internacionales, S.C. tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México, en la calle Carlos Pereyra N.82, colonia Viaducto Piedad, y un despacho ubicado en la avenida Mariano Abasolo N.1107, colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos, Veracruz. El bufete jurídico, de acuerdo con registros notariales, había sido constituido apenas un par de meses antes de que el alcalde lo contratara para llevar la demanda contra Pemex. Montiel pagó al despacho honorarios por 44 millones 268 mil 958 pesos por una demanda que finalmente consistió en dos notificaciones, un embargo y un posterior cobro.

En el bufete jurídico del caso se encargó Rogelio Martínez Hernández, un abogado que se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque y representante legal de dicha filial, y luego como coordinador del Área contenciosa de la Unidad Jurídica en Pemex Petroquímica.

Para entonces el área jurídica de Pemex designó al abogado Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al momento de la denuncia era apoderado legal de la filial y despachaba, de manera “independiente”, en el bufete privado Orbes, Servicios Legales Internacionales.

Sin embargo, Ordaz Moreno, el abogado que representaba a Petroquímica, en realidad despachaba en la misma dirección que su parte demandante; es decir, en el despacho de Asociados y Abogados Internacionales. Incluso la documentación oficial utilizada por ambos bufetes lo comprueba.

Las gestiones que hizo Ordaz Moreno para “defender” a la paraestatal se basaron en un recurso de revocación que presentó sin firma, por lo que le fue rechazado, y el segundo, ya con firma, fuera de tiempo, que invalidó también el recurso.

Para el 20 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos embargaba las instalaciones y cuentas de Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos. La primera por 570 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias, y la segunda por 72 millones de pesos.

Así quedó paralizada Petroquímica Morelos, la planta más rentable de la petroquímica mexicana, mediante un juicio ilegal de origen, respaldado por el Juez Noveno del Estado de Veracruz, Vicente Mariche Garza, que luego los auditores de la SFP descubrirían que tenía una relación cercana e intereses con el abogado Rogelio Martínez Hernández.

Montiel anunció que iría por más demandas sobre Pemex y que embargaría el resto de la Petroquímica.

Hasta octubre de 2003, los auditores de la SFP no tenían una cifra exacta de a cuanto ascendieron las pérdidas económicas y daños materiales de las semanas en que Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos permanecieron embargadas, pero en las notas de observación enviadas a Romero Ramos recalcan que la paralización de las plantas contribuyó a la quiebra técnica que hoy presenta la petroquímica nacional. Los deudores de Pemex congelaron sus pagos y la paraestatal congeló sus procesos de producción, ni pudo vender ni cobrar adeudos pendientes. Luego seguiría la erogación millonaria para saldar una cuenta fantasma.

La respuesta de Nava Vázquez

Este es el documento enviado a esta columna por José César Nava Vázquez antes de que fuera nombrado secretario particular del presidente de la República, para explicar cómo se armó la privatización de la petroquímica de Pemex:
“La formación de las empresas filiales de Pemex Petroquímica y el pago del impuesto traslativo de dominio:


1. En 1977, el gobierno federal instrumentó la estrategia para constituir las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica, como sociedades mercantiles, bajo la modalidad de sociedades anónimas de capital variable.

2. Para ello, fue necesario acometer al Congreso de la Unión diversas reformas a ordenamientos en la materia, dentro de los que destacaron las recaídas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo petrolero, que en su artículo 3º ya reformado define los productos que conforman la petroquímica básica y por exclusión los que componen la petroquímica no básica. Estos últimos son susceptibles de ser producidos y comercializados por la iniciativa privada, toda vez que no forman parte de la industria petrolera estatal.

3. A mediados de 1997, se constituyeron las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica: Morelos, Pajaritos, Cangrejera, Cosoleacaque, Camargo, Tula y Escolín, las tres primeras domiciliadas en el municipio de Coatzacoalcos y la cuarta en Cosoleacaque.

4. En ese año, Pemex Petroquímica omitió el pago del impuesto traslativo de dominio.

5. En marzo de 2002, los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, requirieron mediante procedimiento administrativo de ejecución, el pago del impuesto traslativo de dominio generado al momento de aportar los bienes de Pemex Petroquímica al capital social de las empresas filiales constituidas en 1997, trabando embargo sobre la negociación, predio, edificaciones y cuentas bancarias de las cuatro empresas filiales domiciliadas en dichos municipios.

6. Las cantidades reclamadas por los municipios, incluyendo el monto principal y los recargos, multas y actualizaciones fueron los siguientes en números redondos para las empresas filiales: Morelos, 570 millones; Pajaritos, 242 millones; Cangrejera, 72 millones, y Cosoleacaque, 72 millones, que da un total del reclamo de 956 millones.

7. De manera inmediata se hicieron sentir los efectos negativos de los embargos trabados contra las cuatro empresas filiales. Las actividades comerciales fueron virtualmente paralizadas, incluyendo el cobro a clientes y el pago a proveedores, de tal manera que, en caso de prolongarse un par de meses, el embargo podría haber ocasionado pérdidas por varios miles de millones de pesos y, en consecuencia, el cierre de las cuatro empresas filiales.

8. después de un riguroso análisis y ante la negativa de los tribunales administrativos de Veracruz de conceder la suspensión de los actos de los ayuntamientos, se arribó a la conclusión de que en términos de los artículos 115 constitucional, y 52 y 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Veracruz, el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles debía ser pagado por las filiales de Pemex Petroquímica.

9. Sin embargo, Pemex consideraba que el monto reclamado era excesivo por lo que, en todo caso, estaría dispuesto únicamente a pagar las cantidades principales, sin pagar multas, recargos ni actualizaciones, postura que fue rechazada por los municipios acreedores.

10. Ante la cerrazón de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, el gobierno del estado intervino para acercar a las partes, de tal manera que los ayuntamientos finalmente aceptaron la posición de Pemex.

11. de este modo, los consejos de administración de las cuatro empresas filiales autorizaron el pago principal por una cantidad total de 220 millones de pesos a favor de Coatzacoalcos y 18 millones a favor de Cosoleacaque.

12. La autorización de los pagos mencionados significó un “beneficio” de más de 700 millones de pesos para Pemex Petroquímica.

13. Los acuerdos de autorización fueron debidamente fundamentados en los artículos 10 de la Ley Orgánica de Pemex y 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, los que determinan que la petroquímica no básica no forma parte de la industria petrolera estatal y en consecuencia sus bienes son propios de las empresas constituidas, sin formar parte del dominio público de la federación en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.

14. Una vez autorizado el pago, fueron entregados los cheques correspondientes directamente a los dos ayuntamientos y a su nombre, quienes expidieron los recibos correspondientes. En consecuencia, fueron levantados los embargos y las empresas filiales pudieron regresar a sus actividades con normalidad.

Sin embargo, aunque Nava Vázquez sostiene que no hay corrupción en la operación que le costó a Pemex daños por más de 200 millones de pesos, documentos oficiales del Órgano Interno de Control en Pemex sostienen lo contrario que aseguran que en esta historia hay graves conflictos de interés y delitos de fraude y prevaricado (abogados que sirven a las dos partes en conflicto) por parte de abogados de Pemex coludidos con funcionarios corruptos de Veracruz, así como abuso de poder, negligencia y omisión de la Secretaría de la Función Pública.



oficiodepapel@contralinea.com.mx
oficiodepapel@yahoo.com.mx


NOTA:Romero Ramos, el dipsómano borrachín que sacaban a rastras de los bares en Juárez Chihuahua y que quedo a cargo de la oficina de "legalización de latrocinios de la presidencia y compañía" o de la Función Publica debe una mas al país, protegiendo a Cesar Nava, otro criminal que no es mas que un pájaro de cuentas. Romero Ramos ya se siente libre pero tarde que temprano deberá estar en la mira de la justicia, cuando esta camine realmente junto a los demas coyotes.

INDICE POLITICO

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

POR AHORA SÓLO SE ACEPTAN ELOGIOS DESMEDIDOS

LEO EN UN diario regiomontano que se publica en la capital nacional: "Calderón cuenta con 700 mil horas para difusión". Entiendo que son mezcla de los tiempos oficiales y los que el Ejecutivo Federal pagará a estaciones de televisión y radio para autopromoverse.

Tal cantidad, al menos para mí, es inconmensurable. Con calculadora en mano, la entiendo como tener que soportar propaganda gubernamental desde la madrugada hasta la medianoche. Lo mismo con el cereal mañanero, que con el bocadillo nocturno sacado a hurtadillas del refrigerador.

Ah, ¡si el nuestro fuera un país más o menos democrático!… ¡si los mexicanos tuviésemos la suerte de contar con gobernantes más o menos congruentes y decentes!… ¡si dejásemos de ser un tanto cuanto pusilánimes, medrosos y conformistas, entonces la publicidad institucional, esa con la que cotidianamente nos bombardean desde las páginas de los diarios y revistas, desde las pantallas de televisión, por las bocinas de los radios y ahora hasta en las pantallas cinematográficas, sólo tendría algún sentido si fuera simple y llana información!

Pero no. El nuestro es un país que no atina a salir del atraso político que linda con el autoritarismo, roza con el mesianismo y raspa con la monarquía sexenal, de tal suerte que hasta hoy todos los gobiernos, sin importar el partido del que provengan, han utilizado a la publicidad institucional cual propaganda por la vía del autoelogio.

Vicente Fox, en su momento Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores casi sin excepción, diputados, senadores y presidentes municipales gastan --¿dilapidan, tiran, malgastan?-- dinero público para explicar al ciudadano que han hecho lo que tenían obligación de hacer: cumplir algún aspecto de su programa.

Lo peor es que, en muchos casos lo que se publicita es una verdad a medias o una mentira completa.

Durante semanas, hasta que casi los memoricemos, veremos y escucharemos spots alabando al señor Calderón y lo que haga o deje de hacer.

Porque, con la complicidad de los señores legisladores de todos los partidos políticos, al aprobar el presupuesto de egresos para este que se antoja fatídico 2007, incrementaron los recursos públicos destinados al autoelogio del ocupante –porque así lo falló un tribunal— de Los Pinos.

Y es que, sigo leyendo aquél diario, Vicente Fox contó en 2006 con 660 mil horas de autoelogio. El señor Calderón tendrá poco más de 40 mil más.

Pura propaganda política. Fascistoide. Goebbeliana. Porque la propaganda política es negativa cuando lo que presume es falso.

La publicidad institucional es necesaria para dar informaciones de utilidad práctica para el ciudadano.

La propaganda sufragada por fondos públicos, en cambio, constituye un fraude que la ley debe combatir.

Hay que exigir que se legisle para regular la catarata de anuncios propagandísticos que terminan por convertirnos en refractarios a los mensajes gubernamentales.

Por ahora, mientras tanto, sólo se aceptan elogios desmedidos al señor Calderón.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

MAS DE PROCESO

Los "charros" del cambio
Rosalía Vergara


La Asociación Sindical Mexicana busca desplazar a la CTM y al Congreso del Trabajo, organismos cupulares ya no son funcionales para un sistema que impulsa el neoliberalismo a ultranza. En el nuevo régimen, las agrupaciones sindicales deberán ser dóciles ante los patrones para garantizar que el país marche sin sobresaltos ni conflictos entre el capital y el trabajo, señalan especialistas de la UNAM, y advierten que debido a ello crecerán el desempleo y la pobreza, y aumentará el éxodo de mexicanos a Estados Unidos.

A casi un año de su establecimiento, la Asociación Sindical Mexicana (ASM), que vistió de azul al corporativismo sindical, ya tiene presencia en 14 estados de la República, ya que en tan sólo ocho meses extendió sus redes desde Tamaulipas hasta Quintana Roo.

La ASM comenzó a operar luego de que el gobierno de Vicente Fox Quesada se enfrentó con el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS) y con la fracción del sindicato minero que sostiene a Napoleón Gómez Urrutia, porque se negaron a apoyar sus políticas laborales, en particular la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Creada el 26 de abril de 2006, la asociación se caracterizó por su apoyo a Felipe Calderón, después de las elecciones presidenciales del 2 de julio. Incluso logró que el 18 de julio sus dirigentes, el presidente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores, y el impugnado líder del sindicato minero, Elías Morales, se reunieran con el presidente electo, a la vieja usanza del corporativismo priista.

Integrada por disidentes del Congreso del Trabajo (CT), de la Confederación Re-volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabaja-

dores de México (CTM), la ASM vino a ocupar el lugar histórico que desde los años treinta mantuvieron estas tres organizaciones.

El poder que la CTM tuvo desde que fue creado en 1936 se está desvaneciendo. Lo mismo ocurre con la fuerza del Congreso del Trabajo, ya sin el mando de Víctor Flores Morales, quien el 30 de noviembre pasado entregó la presidencia de este organismo a Enrique Aguilar Borrego, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FNSB).

En sus inicios, la CTM se constituyó como un gran frente nacional en el que participaban diversas corrientes: lombardista, comunista y fidelista. Con el paso del tiempo perdió representatividad y legitimidad entre la clase trabajadora.

“Su papel de liderazgo social y político prácticamente no existe. Es una agrupación en constante deterioro sociopolítico (…) los trabajadores mexicanos ya no le tienen confianza para resolver los problemas laborales ni para enfrentar los problemas políticos del país”, señala en entrevista con Proceso el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Aguilar García.

Y agrega que durante los cuatro últimos gobiernos priistas esta central fue una aliada del sistema. Sus líderes ayudaron a los gobernantes a contener protestas e inconformidades de los trabajadores. Hoy en día, dice, la historia es distinta; no hay líderes confiables.

Comenta que el Congreso del Trabajo, que en 2006 cumplió 40 años, se encuentra en una situación similar a la de la CTM. Aunque el CT aglutina a la mayor parte de las organizaciones sindicales tanto del sector público como del privado, actualmente enfrenta un proceso de deterioro que se inició en 1983 cuando apoyó el establecimiento de las políticas neoliberales adoptadas por el Estado.

“El Congreso del Trabajo y la CTM –dice Aguilar García– se han convertido en un aparato o mecanismo que se encuentra al servicio, no de los trabajadores, sino más bien del gobierno y de la clase patronal. Por estas mismas razones se puede afirmar que no son representantes legítimos de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno de Fox hizo lo posible para que siguieran presentes en los actos protocolarios a fin de reformar la legislación laboral.”

Y es que este proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo fue uno de los estandartes del gobierno foxista, junto con la continuidad en las políticas económicas, sociales y laborales de las administraciones priistas. El “gobierno del cambio” privilegió las políticas neoliberales que en materia laboral provocaron estragos como el crecimiento desmesurado del desempleo, el trabajo informal y el aumento de la población migrante, asegura el investigador.



El imperativo neoliberal

De acuerdo con los programas y lineamientos establecidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), el gobierno foxista se dedicó a debilitar al sindicalismo en todos los niveles y circunstancias.

Además –plantea Aguilar García–, estos organismos internacionales recomendaron al gobierno de Fox, entre otras cuestiones, reformar la legislación laboral, para flexibilizar la Ley Federal del Trabajo. A partir de julio de 2001, las autoridades gubernamentales iniciaron el cabildeo con este propósito y durante los años siguientes presentaron proyectos que finalmente no fructificaron.

“Hacia septiembre de 2006 todavía está a nivel de proyecto la reforma a la legislación laboral. Durante el gobierno de Felipe Calderón seguramente los empresarios harán nuevos intentos para realizar una reforma, que ha sido planteada desde la instancia del Banco Mundial. No hay ninguna duda del peso que tienen las instancias internacionales sobre el poder soberano de México”, subraya el investigador del IIS.

La creación de la ASM se realizó con el propósito de establecer una nueva relación laboral entre trabajadores, sindicatos y grupos empresariales. Algunos gremios agrupados en esta asociación forman parte del sindicalismo “blanco” cobijado por el sector empresarial.

La idea de crear este organismo fue de Carlos Abascal Carranza, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien buscaba contar con una central obrera afín al Partido Acción Nacional (PAN). Su objetivo era lograr que se defendieran los intereses empresariales por medio de sindicatos registrados en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y que, incluso, realizaran elecciones. (Proceso 1551).

El investigador y coordinador del Insti-tuto de Estudios del Trabajo (IET), Enrique de la Garza, considera que la ASM agrupa a sindicatos de poca importancia. Un sector tipo El Yunque es el más interesado en impulsar a esa asociación, para fortalecerla como una alternativa ante otros sindicatos”. En su opinión, es una novedad que divide al sindicalismo corporativo.

En su libro El Estado y la recomposición sindical 2000-2006, el investigador del IIS Javier Aguilar García señala que en menos de un año la ASM se ha posicionado en varios estados de la República: Chiapas, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Tlax-cala, Estado de México, Quintana Roo, Ja-lisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Distrito Federal y Veracruz.

Destaca que esta agrupación se formó con sindicatos que se desprendieron de varias confederaciones oficiales y de la Federación de Sindicatos de Nuevo León (FSNL), la cual se distingue por ser representante del “sindicalismo blanco”.

Con esta “representatividad”, en abril pasado, la ASM logró su registro oficial y de inmediato creó vínculos con la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP), disidencia de la Fede-ración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), vinculada a Elba Esther Gordillo. La asociación brindó su apoyo a Felipe Calderón Hinojosa, a quien reconoció aun antes de que fuera declarado presidente electo por el Tribunal Electoral. Por ello, señala Aguilar García la ASM ha sido señalada como “el charrismo del cambio” o “corporativismo del cambio”.



Futuro gris



En su investigación, Aguilar García establece que la ASM “se formó prácticamente a lo largo del sexenio 2000-2006; su asamblea constitutiva tuvo lugar en marzo de 2006. (…) El 26 de abril de ese año, el presidente Fox le tomó protesta a la dirigencia de la ASM, y el 30 de abril de 2006 la STPS a través de su Registro de Asociaciones le otorgó el reconocimiento legal. Esta rapidez resultó novedosa, pues otras agrupaciones se han tardado años en obtener su registro”.

Sostiene que será en el futuro próximo cuando se observen con más claridad las posiciones políticas, sindicales y laborales de la ASM. También se aclarará el perfil de la central y el papel que desempeñará en el régimen político durante los siguientes años.

En el libro La CTM en el periodo de la globalización escrito por Aguilar García, en colaboración con la investigadora Reyna Vargas Guzmán, los autores dicen que “lo más probable es que en los próximos años permanezca la misma política económica y laboral”.

Consideran que continuarán los pactos entre las centrales obreras y el gobierno federal, habrá mayor desempleo formal, bajos salarios, limitaciones de las prestaciones sociales, trabajo más precario, resquebrajamiento de la seguridad social, crecimiento del empleo informal, menoscabo de los derechos laborales y crecimiento de la exportación de la mano de obra barata hacia Estados Unidos y Canadá.

También advierten que si la CTM y el CT no encuentran salidas reales a estos problemas serán desplazados por los trabajadores sindicalizados, e incluso por el conjunto de los asalariados. “El corporativismo tradicional se verá más debilitado, por lo que la CTM y la FSTSE, sobre todo sus líderes, perderán el monopolio de la representación que disfrutan”, indican.

Así mismo, plantean que el gobierno, los patrones y los partidos seguirán insistiendo en que se realice la reforma a la legislación laboral. Primero buscarán que se modifique la LFT y luego que se lleven a cabo cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Y puntualizan: “El sindicalismo ya no puede ni debe estar subordinado a intereses externos a los trabajadores. Es necesario un sindicalismo propositivo y realmente moderno, en todos los niveles, profundamente democrático y que no sea complaciente con los patrones y gobiernos”.


Nada que festejar...
Regina Martínez


Inmersos en litigios, los trabajadores de la industria textil de Veracruz apenas luchan por sobrevivir y denuncian que desde el sexenio de Carlos Salinas se incrementaron los despidos y las quiebras de las empresas. El dirigente Jorge Bautista es categórico: “La lucha revolucionaria obrera iniciada en Río Blanco el 7 de enero de 1907 sólo es un recuerdo.

Al igual que las fábricas, el sindicalismo está muerto”.

RÍO BLANCO, VER.- A un siglo de la gesta revolucionaria que se inició con las huelgas de Cananea y de Río Blanco, las condiciones de los trabajadores de esta región, cuna de los mártires que ofrecieron su vida para liberar a la clase obrera de la esclavitud del dictador Porfirio Díaz, no han cambiado.

El 7 de enero de 1907, los trabajadores textileros de Río Blanco protestaron contra la explotación que ejercían sobre ellos las compañías británicas que se asentaron en esta zona; hoy, los obreros luchan más bien por sobrevivir y buscan financiamiento para mantener las fábricas donde laboran, algunas de las cuales han pasado a ser de su propiedad.

Los sindicatos que continúan en pie de lucha consideran que “ya no hay nada que festejar”; muchos de ellos se encuentran inmersos en litigios y laudos en espera de su liquidación.

En contraste, empresarios como Kamel Nacif –conocido como el Rey de la mezclilla y quien se ha visto envuelto en escándalos de pederastia– han aprovechado la situación por la que atraviesan los trabajadores y, con la anuencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán, han adquirido algunas fábricas.

Uno de los casos que ilustran esta situación es el de la fábrica San Lorenzo, ubicada en Nogales, adquirida por los 451 trabajadores durante la década pasada, luego de que los antiguos propietarios José Ajá y Juan Mata no pudieron liquidarles el adeudo por salarios caídos y prestaciones, según consta en el expediente de remate 118/18/93.

El apoderado legal de los trabajadores de las plantas generadoras de energía eléctrica de San Lorenzo, Jorge Díaz Muñoz, asegura que el 5 de diciembre de 2005 Nacif adquirió instalaciones de la factoría. El monto de la transacción fue de 48 millones de pesos, con lo que Kamel Nacif se convirtió en nuevo propietario de las plantas hidroeléctricas de Boquerón y Rincón Grande. El objetivo del empresario era producir energía eléctrica para venderla a los ayuntamientos veracruzanos.

Sin embargo, el proyecto se frustró a raíz del escándalo que enfrentó a Kamel Nacif con la periodista quintanarroense Lydia Cacho por presuntos vínculos con una red de pederastas. El pleito tuvo repercusiones en el ámbito nacional.

El empresario recurrió a su empresa Procedimientos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V. (Proenermex) y propuso a los ayuntamientos un descuento de 10% si contrataban sus servicios, pero éstos declinaron la oferta.

Antes de que Kamel Nacif comprara las plantas de Boquerón y Rincón Viejo, el Sindicato de Trabajadores Textileros Rafael Moreno de San Lorenzo intentó vender como chatarra la maquinaria de la factoría para sobrevivir. “Aunque había voluntad de echarla a andar no teníamos recursos y los trabajadores no nos poníamos de acuerdo”, dice Díaz Muñoz.

Y recuerda que en 1995 los trabajadores adquirieron la fábrica en una subasta por 29 millones 782 mil pesos. Ahora, dice, las instalaciones tienen un valor estimado de 144 millones de pesos.

El representante sindical reconoce que las divisiones internas han obligado a sus agremiados a vender sus bienes, entre ellos varios terrenos y edificios, así como un cine y las instalaciones de la fábrica. “No importa quién sea el comprador, siempre y cuando todos salgamos beneficiados”, explica.



Kamel Nacif

Los dirigentes sindicales de las fábricas de Río Blanco, San Lorenzo, Santa Rosa y Santa Gertrudis aseguran que la crisis en la zona se inició en el sexenio de Carlos Sali-nas de Gortari con la apertura comercial.

Jorge Bautista Paz, dirigente sindicalde Río Blanco, dice que la política económica salinista agudizó la pobreza, el desempleo y forzó a muchos trabajadores a la migración. “La mayoría de los jóvenes se han ido a otros lugares, aquí no hay futuro”, dice. Y es que durante las dos últimas décadas se acentuó el desempleo en Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza y Orizaba.

Después de un siglo de haber contribuido al desarrollo económico de la región la planta de Río Blanco está cerrada desde agosto de 1993. Los trabajadores han venido peleando en los tribunales el pago total de sus liquidaciones puntualiza Bautista Paz.

Aquel año, el propietario de la Com-pañía Industrial de Orizaba (Cidosa), José Ajá del Valle, se declaró en quiebra y pagó sólo 72% de liquidación a los 7 mil 854 obreros, incluso prometió que los iba a recontratar, recuerda el dirigente sindical.

La empresa adeudaba a los trabajadores más de 8 millones de pesos, pero cuando Juan Mata González, exsocio de Carlos Salinas de Gortari, la compró, dice, “no sólo se negó a recontratarnos sino también a pagarnos el resto de nuestras liquidaciones… por eso seguimos en lucha desde la década pasada. Sabemos que el gobierno protege a los industriales y sus inversiones, mientras que a los trabajadores nos deja bien fritos”.

La fábrica de Río Blanco, la más grande de la región, fue la última que cerró por supuesta quiebra financiera, dice Bautista Paz, y asegura que Kamel Nacif tiene interés por comprarla, “ojalá lo hiciera, así daría trabajo a quienes están desempleados”.

Mucha gente se ha ido a trabajar a las empresas de Kamel Nacif en Puebla y Tlaxcala, dice, donde han demostrado al empresario textilero que pueden trabajar sin que se les dé adiestramiento.

El dirigente sindical de Río Blanco sostiene que a sus compañeros no les importa el desprestigio de Kamel Nacif por su presunto vínculo con pederastas. Ese escándalo no les interesa a los obreros, enfatiza, “pues ahorita no es el momento de exigir, sino de trabajar”.

Jerónimo Aguilar, quien trabajó 36 años en Río Blanco dice con tristeza que la fábrica pudo haber resurgido, pero ni el gobierno federal ni el estatal apoyaron a los trabajadores, quienes desde hace más de una década han recurrido a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir a los dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el pago de la mutualidad, el cual es un complemento salarial que se le entrega al trabajador cuando es liquidado o jubilado.

Bajita la mano, dice Aguilar, “nos tocaba a cada trabajador entre 50 mil y 60 mil pesos” de mutualidad, que controlan Luis Aguilar Perón, de la CROC, y Angelina Hernández Ríos, de la CTM.



Violaciones contractuales



Jorge Torres Serrano, presidente de la comisión especial del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. de C.V. (CIVSA), comenta que hace un año la fábrica de Santa Rosa, ubicada en Ciudad Mendoza, estalló en huelga por violaciones al contrato colectivo.

El dueño, Manuel del Valle Ruiz, se negó a atender las demandas laborales, por lo que a mediados de 2006 los trabajadores metieron un juicio y ganaron la adjudicación de la factoría. Sin embargo, durante la huelga un juez del Distrito Federal declaró a la fábrica en quiebra, con lo que el expatrón intentó deslindarse del adeudo a los trabajadores.

Torres Serrano asegura que el sindicato de la CIVSA no se quedará con los brazos cruzados, por lo que ya interpuso una queja ante el Instituto Federal de Síndicos Espe-cialistas en Quiebra (IFSEQ), que designó a Pablo Octavio Mendoza para solucionar el conflicto que, dice, “es muy complicado.

Y es que Del Valle Ruiz tiene una deuda de mil 600 millones de pesos con los acreedores y de otros 120 millones con los 357 trabajadores, que incluye la liquidación así como el pago de ahorro, tiempos extras y vacaciones.

A diferencia de San Lorenzo, donde

los trabajadores vendieron ya parte de las instalaciones, Torres Serrano asegura que los sindicalistas de Santa Rosa “queremos formar una cooperativa para trabajar, a pesar de que las instalaciones son muy viejas –pues tienen 109 años de antigüedad–, pretendemos mantener nuestra fuente laboral. En Santa Rosa, no queremos que estos 109 años de historia queden tirados, podemos rescatarla para que siga produciendo telas para clientes de prestigio y exportación”, a pesar de que las fábricas de Cerritos, Cocolapan, Río Blanco, Nogales y Mira Fuentes ya hayan cerrado.

–¿Kamel Nacif ha intentado comprarla? –se le pregunta.

–Para nada. No tenemos el gusto de conocer al señor, pero al final de cuentas, si viene gente que quiera invertir, estamos abiertos, siempre y cuando se conserve la fuente de trabajo.

Torres Serrano dice que se requieren de 20 millones de pesos para reactivar la fábrica, por lo que su intención es vender el terreno en el que está asentada, una vez que termine el litigio. Según las estimaciones de los sindicalistas, el predio tiene un valor de 50 millones de pesos, suficientes para echarla a andar de nuevo y conservar las fuentes de empleo de los 357 trabajadores.

A mediados de febrero de 2006, semanas después de que CIVSA se declarara en huelga, el alcalde de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortés, denunció que personajes como Manuel del Valle Ruiz, propietario de la empresa, así como los empresarios Juan Mata y Kamel Nacif estaban detrás del desmantelamiento del corredor textilero y del despido masivo de trabajadores.

En conferencia de prensa, el edil dijo que esos empresarios invirtieron en las fábricas de CIVSA y Cidosa para después llevarlas a la quiebra y dejar en la calle a 7 mil trabajadores de esas empresas en los últimos años.

Jorge Bautista Paz, dirigente sindical de la fábrica de Río Blanco, declara que para estos obreros de la industria textil, quienes dieron lo mejor de sus vidas en esas fábricas, al igual que sus padres, abuelos y bisabuelos, este 7 de enero no hay nada que festejar.

Y remata: “La lucha revolucionaria obrera iniciada en Río Blanco el 7 de enero de 1907 sólo es un recuerdo. Al igual que las fábricas, el sindicalismo está muerto, ya no existe, a pesar del esfuerzo que hicieron aquellos hombres que buscaron la justicia laboral”.


Pederasta a juicio... canónico
Rodrigo Vera


Para controlar los daños causados por el escándalo del cura pederasta Nicolás Aguilar, tres jerarcas católicos –el cardenal Norberto Rivera, el arzobispo poblano Rosendo Huesca Pacheco y el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar– iniciaron un proceso contra el sacerdote en el Vaticano. “Hay demasiadas pruebas” –dice el asesor de los prelados–, por lo que probablemente se le castigue con el retiro del estado clerical.

PUEBLA, PUE.- En un hecho sin precedentes, la Iglesia católica mexicana acaba de demandar canónicamente, ante los tribunales del Vaticano, a su sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, el pederasta poblano acusado de abusar sexualmente de casi un centenar de menores de edad.

La acusación –llamada “aviso” o “notificación”– está contenida en un documento confidencial elaborado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Rosendo Huesca Pacheco, arzobispo de Puebla; y por Rodrigo Aguilar, obispo de Tehuacán, el cual ya fue enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma.

El principal asesor canónico que tienen los tres jerarcas para este caso, el sacerdote Mario Alvarado, comenta a Proceso que, hasta donde él sabe, esta es la primera vez que la jerarquía mexicana acusa ante el Vaticano a uno de sus sacerdotes pederastas.

“En realidad, yo no conozco ningún antecedente. Nunca he sabido de un caso parecido que haya sido denunciado en el Vaticano”, dice, encogiéndose de hombros. Y señala que el documento, enviado a Roma de manera confidencial y cuya redacción contó con su asesoría, “es propiamente un aviso, o una notificación, que tiene apenas tres páginas”.

–¿Sería el equivalente a una denuncia de hechos en la legislación civil?

–Sí, exactamente, pues ahí lo que se hace es sólo notificar sobre la supuesta conducta delictuosa del padre Nicolás.

Menciona que este es el primer paso para abrir un proceso canónico contra el sacerdote pederasta. “La expulsión del estado clerical es la más fuerte de todas las penas que aplica el Vaticano. Y juzgando fríamente el historial del sacerdote, lo más probable es que se le aplique esa pena. Es mi opinión personal. Falta primero que el proceso se lleve a cabo y luego que la Congregación para la Doctrina de la Fe emita su fallo”.

El experto canonista habla en sus oficinas del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Puebla, un añejo palacio ubicado en el centro histórico de la capital del estado.

–¿Por qué el proceso se abrirá en esa Congregación y no en algún tribunal eclesiástico de México? –se le pregunta.

–Esto se debe a que, desde mayo de 2001, al tribunal de la Congregación Para la Doctrina de la Fe se le dieron facultades para llevar los procesos que tienen que ver con los delitos graves en materia sexual. Estos delitos están ahora reservados a su tribunal, por lo que todos los demás tribunales eclesiásticos de cualquier diócesis del mundo son incompetentes para tratar este tipo de casos.

“Eso sí, para que la Congregación abra cualquier proceso, antes que nada debe darse la llamada ‘notificación’ por parte del obispo diocesano donde se cometieron los delitos, que fue precisamente lo que ya hicieron nuestros señores arzobispos”.

“Demasiadas pruebas”



Al canonista Alvarado lo acompaña el padre Eugenio Lira, vocero de la arquidiócesis de Puebla, quien da más detalles sobre la notificación de los prelados contra el padre Nicolás:

“El pasado mes de noviembre, durante la pasada asamblea plenaria del episcopado, los monseñores Rivera Carrera, Huesca Pacheco y Rodrigo Aguilar sostuvieron una reunión en la que acordaron enviar el caso a la Santa Sede. De esa reunión, en la que también estuvo el exobispo de Tehuacán, Mario Espinosa Contreras, surgió la idea de elaborar el documento con la notificación, en la que se pondrían los principales elementos sobre el caso. Todos participaron en su redacción, de la que hubo cuatro borradores previos”.

–¿Qué los empujó a tomar tal iniciativa?

–Todo el escándalo que provocó en los medios de comunicación el caso del padre Nicolás. Es una situación muy penosa y dolorosa que nos hace sufrir a todos. Los obispos consideraron que ya había demasiadas pruebas en su contra, tanto aquí como en Estados Unidos, para presumir que tuvo una conducta ilícita. No les parece idóneo que siga siendo sacerdote. Por eso acuden a la Santa Sede.

Lira señala que a estos obispos les correspondió poner la queja en Roma porque el padre Nicolás “está incardinado” a la diócesis de Tehuacán desde que ésta era presidida por Rivera Carrera. Además, la diócesis pertenece a la “provincia eclesiástica” que es encabezada por la arquidiócesis de Puebla, “aunque, para este caso, la relación más directa con Roma le corresponde llevarla a don Rodrigo Aguilar, por ser el obispo de Tehuacán, la diócesis a la que sigue perteneciendo el acusado”.

Larga es ya la trayectoria delictiva del padre Nicolás Aguilar. En México se le han documentado aproximadamente 60 casos de abuso sexual contra menores de edad, mientras que en Estados Unidos –donde estuvo en los años ochenta– se le documentaron 26, por lo que tuvo que huir de la justicia de ese país (Proceso 1513).

En 1998, al retornar a Tehuacán, las autoridades civiles poblanas lo sentenciaron a un año de prisión por los mismos delitos, pero el padre Nicolás nunca pisó la cárcel porque desapareció de la zona antes de que se ejecutara la orden de aprehensión (Proceso 1560).

A las autoridades eclesiásticas siempre se les acusó de encubrir al pederasta, al grado de que el año pasado el cardenal Rivera Carrera fue demandado ante una corte de Los Ángeles, California, precisamente por encubrimiento.

Ahora es justamente el cardenal Rivera quien, sorpresivamente, acusa a su supuesto protegido. Son las propias autoridades eclesiásticas quienes abrirán un proceso canónico, interno, a un prófugo de la justicia civil. Los tribunales de la Iglesia perseguirán, por fin, a quien ya fue declarado culpable por los tribunales del Estado.

“Esto no significa que la Iglesia intente sustraer al padre Nicolás de las leyes civiles. No, de ninguna manera. Este proceso eclesiástico es independiente de cualquier proceso civil que pueda haber contra él”, aclara Eugenio Lira.



Largo camino a Roma



A su vez, el canonista Mario Alvarado aporta otros detalles sobre el proceso que se le abrirá en el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que anteriormente era el Santo Oficio: “La Congregación decidirá cómo será el proceso contencioso canónico contra el sacerdote. Puede ser que quiera realizarlo totalmente en Roma. O puede ser que instruya para que se realice en los tribunales eclesiásticos de Tehuacán o de Puebla y el fallo se dé en Roma. Todavía no sabemos cuál de los dos caminos escoja”.

–¿Y no existe la posibilidad de que le de carpetazo al asunto?

–No, no. Eso jamás ocurrirá. Téngalo por seguro. Los tribunales vaticanos no se manejan así.

Y enumera las “cuatro fases” de un proceso canónico como el que se le seguirá al cura pederasta: la “introductoria”, que empieza con la llamada notificación; la “probatoria”, donde se presentarán todo tipo de pruebas; la “discusoria”, en la que al inculpado se le da oportunidad de defenderse; y finalmente está la “fase decisoria”, en la cual dictará sentencia el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

–¿Qué tipo de pruebas se aceptarán en el proceso?

–En primer lugar, el derecho canónico sólo acepta documentos auténticos, ya sea civiles o eclesiásticos. En todo caso, puede aceptar documentos que estén avalados por un notario. También se aceptarán testigos y peritos de cualquier orden: psicólogos, grafólogos, etcétera.

“Puede ser, también, que se necesite viajar a los lugares donde ocurrieron ciertos hechos o donde se encuentren algunos testigos o documentos. Se tendrá que ir allá. En fin, será una investigación a fondo en la que también tienen cabida las presunciones”.

Y recalca que, en la fase discusoria, el padre Nicolás “tendrá derecho a defenderse como cualquier persona a quien se le acusa de algún delito”. Puede hacerlo mediante un abogado que le designe la Iglesia: “La defensa es muy importante en los juicios canónicos, porque si a alguien se le niega la oportunidad de defenderse, todo el proceso puede declararse inválido”.

–Para la Iglesia, ¿cuál es finalmente el delito del padre Nicolás? ¿Y dónde está estipulado?

–Es el delito de un clérigo contra el sexto mandamiento (“no cometerás adulterio”), delito que está contemplado en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico. Ahí claramente se señala que este delito lo cometen los clérigos que han tenido ese tipo de relaciones con menores de edad, y se indica que pueden ser castigados hasta con la expulsión del estado clerical.

En términos prácticos, agrega, esta expulsión significa que ya no podrá oficiar ceremonias religiosas, estar adscrito a una parroquia ni dar los sacramentos. “Ya no podrá realizar todas las funciones propias de un clérigo”, resume.

–¿Estas expulsiones son definitivas?

–¡Sí, señor! ¡Definitivas! Al menos yo no he sabido de algún sacerdote expulsado al que luego se le vuelva a dar su estado clerical. Y en el caso del padre Nicolás, según mi opinión, es muy probable que lo expulsen.

–Pero él, de hecho, vive escondido y sin desempeñar esas funciones sacerdotales. ¿Para qué aplicarle un castigo que ya está viviendo?

–La diferencia es que con la pena que se le aplique ya quedará, ahora sí, formalmente fuera de estas funciones. Es una cuestión de legalidad, de legitimidad. Ya ningún obispo podrá recibirlo en su diócesis.

Actualmente es un misterio el paradero del padre Nicolás Aguilar. Se dice que en los años recientes ha recorrido poblados del Estado de México, Puebla y Morelos para vender discos compactos de música religiosa. Algunos de sus conocidos y amigos sacerdotes aseguran haberlo visto fugazmente, pero no se le ha podido ubicar en un lugar preciso (Proceso 1560).

“No sabemos dónde está. Si viviera en una parroquia o en casa de un sacerdote quizá ya lo hubiéramos detectado. Y pese a que su fotografía se ha difundido ampliamente por los medios de comunicación, nadie nos ha dicho: ‘A este sacerdote yo lo he visto en tal parte’. No, nada sabemos de él. Vive escondido en algún lugar. Esto se lo tendremos que reportar a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, dice Eugenio Lira.

–Las autoridades civiles cuentan con la policía para localizar a los delincuentes. ¿Con qué recursos cuenta la Iglesia para localizar al padre Nicolás? –se le pregunta.

–En ese aspecto, con ninguno. La Iglesia no tiene una policía judicial para poder localizarlo, tampoco cuenta con cárceles ni carceleros. Aquí, la arquidiócesis de Puebla está recurriendo a los medios para poder localizarlo y para que se denuncien sus delitos.


Garantía de impunidad
Arturo Rodríguez García


Ante las recientes acusaciones contra sacerdotes que abusaron sexualmente de menores en la región de la Laguna, algunos jerarcas católicos han intercedido por sus subordinados para acallar los escándalos. Lo más grave es que autoridades judiciales se han prestado a ello y que incluso se ha acusado a los familiares de las víctimas de perseguir una ganancia económica con sus denuncias.

TORREÓN, COAH.- Dos sacerdotes que abusaron sexualmente de menores en la región de la Laguna seguirán libres pese a las pruebas que existen en su contra, en virtud de que aprovecharon resquicios legales y gozan de la protección de los órganos de procuración e impartición de justicia.

Y es que autoridades judiciales del fuero común dejaron sin efecto o de plano reclasificaron las imputaciones contra Carlos Franco Hernández, párroco del ejido Congregación Hidalgo, de Matamoros, Coahuila, así como al sacerdote Enrique Vargas Duarte, de la iglesia de San Antonio de Padua, en Cuencamé, Durango.

Además de esa presunta protección, sacerdotes y obispos han ejercido su influencia en las autoridades civiles para evitar que se les apliquen a los clérigos las sanciones que impone el código penal de esos estados.

Según el reporte PFP-135/2006, agentes de la unidad 7748 de la Policía Federal Preventiva asignados al destacamento V-17 encontraron en el tramo carretero Yerbaniz-Chocolate (Durango) una camioneta negra, estacionada a la orilla. Al inspeccionarla, los agentes encontraron dentro al cura Enrique Vargas Duarte y junto a él un adolescente de 12 años de edad, con “los pantalones a media pierna”. Lo encontraron en flagrancia, pero el clérigo negó haber violado al menor. Sin embargo, reconoció que le estaba haciendo tocamientos.

Según dicho informe, que los policías ratificaron en sus declaraciones posteriores, el cura le dijo al niño: “Tú no digas nada, esto lo vamos a arreglar aquí. Ayúdame, hijo, para que no me lleven, reza para que no me lleven”. El adolescente se alteró cuando los federales se negaron a llegar a un arreglo con el sacerdote ahí mismo.

El menor ratificó de su puño y letra que sí hubo relaciones sexuales con Vargas Duarte, pero al enterarse de que éste continuaba detenido, se desdijo y aseguró que había consentido en que el sacerdote le practicara sexo oral.

El artículo 394 del código penal de Durango establece que “si la persona ofendida fuera menor de 14 años, aun cuando aparezca que prestó su voluntad para la cópula se considerará que hubo violación y la pena será de 10 a 15 años de prisión”.

Además, la legislación de ese estado considera la penetración oral como violación y la incomprensión de los hechos por parte de la víctima es elemento del tipo penal, según se desprende del artículo 396, que considera las mismas penas para quien “introduzca por la vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinta del pene, así como la introducción de éste por la vía oral en una persona menor de 12 años de edad o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pudiera resistirlo”.

Paradójicamente, el subprocurador de Justicia para la Laguna de Durango, Hugo Armando Reséndiz Martínez, se basa en ese código para explicar por qué no se abrió una averiguación previa: para ello debe interponerse una denuncia de la víctima, y el menor se desdijo y negó haber sido violado cuando fue puesto a disposición del Ministerio Público. Su madre habló con él y después de eso –según Reséndiz– el afectado no quiso interponer la denuncia, por lo que Enrique Vargas Duarte quedó en libertad.

El subprocurador sostiene que, ya detenido el sacerdote, se le ofreció a su víctima apoyo psicológico porque mostraba síntomas de desequilibrio emocional, pero la madre rechazó la ayuda, por lo que el fiscal no siguió investigando los hechos.

La única alternativa era hacer válida la tutela del Estado e iniciar el procedimiento, pero habría sido necesario que la madre presentara un notorio desequilibrio mental u otro mal que la incapacitara jurídicamente. Al no ser así, el asunto se mantendrá cerrado, a reserva de que luego se pueda interponer la querella, pues el delito prescribe en tres años, dice Reséndiz.

En las propias oficinas del subprocurador, dos de sus colaboradores que pidieron no revelar sus nombres califican de incomprensible la actitud de la familia del menor, y revelaron que monseñor Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, intercedió por el cura ante Reséndiz.

Desde esa arquidiócesis se inició un juicio canónico contra el sacerdote Enrique Vargas Duarte, con lo que se le suspendieron sus derechos clericales y fue retirado de la parroquia de Cuencamé.

Nada se sabe del cura desde entonces, pero la Coordinación Jurídica del municipio de Lerdo, Durango, y la Procuraduría de la Mujer, el Menor y la Familia solicitaron la documentación del caso para exigir que se proceda conforme a la ley.



Indulgencia judicial



Días después de ese escándalo, se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un sacerdote, esta vez en Torreón, Coahuila.

A finales de agosto, Carlos Franco Hernández, párroco de una iglesia en el ejido Congregación Hidalgo, del municipio de Matamoros, visitó a una conocida en Torreón. A esa mujer le habían encargado que cuidara a un niño de ocho años mientras su madre trabajaba.

Según la denuncia interpuesta por la madre, los primeros días de octubre, mientras el niño jugaba, dejó ver varios moretones y mordidas en la espalda. Al preguntarle qué le había pasado, el niño primero se negó a responder, pero terminó narrando el abuso del que fue objeto:

En algún momento, la mujer que lo cuidaba lo dejó solo con el cura, viendo la televisión. Cuando el menor se encontraba boca abajo y con las manos en la barbilla, sintió que algo se le subió en la espalda; era el cura, que de inmediato lo inmovilizó con las rodillas, le hizo caricias obscenas y lo mordió, dejándole marcados los hombros y la espalda.

El examen del médico legista fue determinante para que el fiscal Fernando Maximiliano Vega Tafoya calificara el delito como un atentado al pudor impropio. De acuerdo al artículo 398 del código penal de Coahuila, amerita de uno a cinco años de prisión y una multa “quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de 12 años de edad, ejecute en ella un acto erótico”.

El mismo ordenamiento plantea una agravante: “Si se emplea violencia física o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, se aplicarán de dos a seis años de prisión y multa”.

El fiscal Vega Tafoya consideró que los hechos tal como fueron descritos, las lesiones calificadas por el perito y la condición moral del sacerdote configuraron la circunstancia agravante, pero el juez primero del ramo penal, Octaviano Sánchez Sánchez, reclasificó el delito, según consta en el expediente TSJEC-343/2006. Para el juzgador, las lesiones forman parte del delito de “atentados al pudor”, con lo cual excluyó la violencia e hizo posible que el cura Carlos Franco siga en libertad y, aun si resultara responsable al finalizar su proceso, saldrá libre bajo fianza.

La parcialidad del juez Octaviano Sánchez a favor del sacerdote no sólo se manifestó con la reclasificación del delito. En un acto inusual en los procesos judiciales, antes de girar la orden de aprehensión y hacerla del conocimiento de la fiscalía, se notificó de forma extraoficial al acusado, por lo que éste se presentó voluntariamente para negar las imputaciones; declaró que el niño estaba muy inquieto y no lo dejaba ver televisión, por lo que lo tomó de los hombros y le provocó las lesiones accidentalmente.

Finalmente, con la reclasificación, el juzgador giró un auto de sujeción a proceso, en el que notificó a Franco del delito por el que se le acusa.

El 13 de diciembre pasado el obispo de Torreón, José Guadalupe Galván Barragán, defendió al sacerdote Carlos Franco, pues a su juicio no abusó sexualmente del niño: “cometió la imprudencia de jugar con él, pero no se trata de un caso de pederastia”. Luego aceptó que “la madre estaba en su derecho de imaginarse cosas peores”.

Aún más: Miguel Ángel Cervantes, párroco de Nuestra Señora del Refugio, en Matamoros, declaró al periódico El Siglo de Torreón que cuando se usa a un niño y se le instruye para que haga acusaciones “y que además lo sostenga, es fácil sacar dinero”.

El martes 20 de diciembre, el obispo Galván Barragán acudió a la parroquia de San Isidro, ejido Congregación Hidalgo, donde apoyó a Carlos Franco ante sus feligreses.

Al día siguiente, este corresponsal acudió a la comunidad con la intención de entrevistar al cura. Un grupo de jóvenes de la Ciudad de México había preparado una pastorela con niños del lugar y esperaban la llegada de Carlos Franco para iniciar la representación, pero el sacerdote no se presentó. Un hombre robusto le dijo al corresponsal: “El padre no vendrá hoy. Es muy difícil que venga porque se fue a recorrer comunidades”.



La red



No son novedosos los escándalos sexuales de sacerdotes que gozan de protección judicial. A casi siete años del homicidio del sacerdote José Ignacio Flores Gaytán, continúan los señalamientos de que el entonces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes, así como el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, encubrieron el supuesto móvil pasional del crimen.

El 15 de enero de 2000, José Ignacio Flores Gaytán, párroco de la capellanía de la Medalla Milagrosa, en Torreón, Coahuila, y cercano al entonces obispo Luis Morales Reyes, fue encontrado muerto en su domicilio. Tenía heridas de cuchillo y picahielo. Después, el 18 de febrero, la policía ministerial del estado detuvo a María Rebeca Isabel Galindo Bautista como presunta responsable del asesinato.

El caso se complicó el 6 de julio de 2000, cuando se ejercitó acción penal contra Benjamín Limones Morales por su probable responsabilidad en el mismo caso. En el proceso penal 92/2000 que se inició en el Juzgado Cuarto Penal, Limones confesó que a principio de noviembre de 1999, Flores Gaytán lo abordó en la calle, lo invitó a subir a su automóvil y le propuso sostener una relación sexual, por la cual acordaron un pago de 200 pesos.

Según su declaración, sostuvo encuentros homosexuales con el sacerdote en cinco ocasiones y cobró en todas ellas, pero en la última cita Flores Gaytán intentó obligarlo a invertir los papeles habituales y por eso Limones lo mató. El asesino desconocía el estatus religioso de su víctima y su descripción coincidió con la escena del crimen.

Por su parte, y luego de cuatro años de haber sido absuelta, María Rebeca Galindo insiste en que los jerarcas católicos y las autoridades civiles que la mantuvieron recluida durante 22 meses por un delito que no cometió, pretendían encubrir la agitada vida sexual del sacerdote asesinado.

Con base en el proceso que se le siguió (PGJE-40/2000, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal), Rebeca Galindo Bautista afirma que “a la Iglesia no le convenía que se dieran cuenta de que lo habían matado por un crimen pasional. Era importante para ellos poner un chivo expiatorio que no tuviera nada que ver con la realidad”.

Considera que necesariamente tuvo que existir un acuerdo entre el gobernador Enrique Martínez y el obispo Morales Reyes, porque aun después de que el Juzgado Primero Penal la absolviera, la procuraduría del estado apeló. Posteriormente la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó “la no responsabilidad” de Galindo, pero los funcionarios de la procuraduría continuaron señalándola como responsable del delito y el 2 de noviembre de 2005 el entonces delegado de la institución en la Laguna, Gerardo Torres Carrillo, la señaló como la responsable.

Ahora, Galindo retoma denuncias anteriores sobre la existencia en la Laguna de una red de 13 sacerdotes pederastas, quienes disfrutan de impunidad por sus vínculos con políticos y empresarios. Y recuerda que fue Ignacio Mendoza Wong, entonces vocero de la diócesis de Torreón, quien “estuvo coludido siempre, promovió la cremación del cuerpo de Flores Gaytán –para entorpecer las diligencias– y maquilló todo en los medios”.

Mendoza Wong, señalado por Rebeca Galindo como miembro de esa red, es el actual vocero de la arquidiócesis de Durango, cuyo titular, Héctor González Martínez, habría intervenido para evitar el escándalo de Cuencamé.


La sujeción
Miguel Ángel Granados Chapa


Los azares de la transmisión informática impidieron que los siete párrafos que siguen, que integraban el Interés Público que debió aparecer el 17 de diciembre, llegaran a su destino, la Redacción de Proceso. He creído necesario recuperarlos porque fueron escritos antes de que, al comenzar el año, el presidente de la República diera nueva muestra de su propia sujeción a las Fuerzas Armadas, a las que rindió tributo. Vestido con uniforme de faena, el comandante supremo de esas fuerzas, en algunas tomas fotográficas, parecía ordenanza del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, ataviado con uniforme de calle, ornado por gafetes que dan cuenta de su trayectoria. El contraste invitaba a preguntar quién manda a quién. Conservo, pues, el texto previo a esa reunión en Apatzingán y concluiré con reflexiones sobre el significado de las palabras y los hechos presidenciales en este rubro.

Felipe Calderón dependerá del Ejército para ejercer el cargo. Lo ha adulado desde el momento de su asunción fuera de la ley, en Los Pinos, horas antes de que rindiera protesta, requisito constitucional (artículo 128); lo exceptuó de la austeridad burocrática (y, al contrario, anunció aumentos en sus haberes e inversiones), y de dos maneras le confió la función policiaca: poniéndolo a la cabeza de la Operación Conjunta Michoacán, y transfiriendo miles de agentes de la Policía Militar a la Federal Preventiva, que reafirma así su condición de cuerpo castrense disfrazado pero identificable: Aunque los militares se vistan de gris, militares se quedan.

Salvo los integrantes de los gabinetes entrante y saliente, el público asistente a la inédita ceremonia nocturna del 30 de noviembre, al mismo tiempo furtiva y preparada para ser difundida a través de los medios, en que se transmitió el mando, estaba constituido por militares, incluida una banda de música. Contra la ley, Fox se despojó de la banda presidencial y la confió a un cadete del Colegio Militar. La prenda quedó bajo custodia del Ejército durante las horas siguientes. Y fueron cadetes los que recibieron de Fox y entregaron a Calderón sendas banderas, como si las Fuerzas Armadas legitimaran la posesión de ese símbolo.

A la mañana siguiente, la protesta presidencial fue sólo posible por el enorme despliegue de miembros del Estado Mayor Presidencial, uniformados o vestidos de civil, que dentro del Palacio Legislativo y en su entorno y rutas de acceso aseguraron el traslado, ingreso, ceremonia, salida y regreso de Calderón a Los Pinos. En las horas siguientes, en el Campo Marte quedó formalmente investido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ante la plana mayor del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Allí anunció el incremento en la paga de los militares. Al día siguiente se reunió de nuevo con las tropas, en un desayuno en el H. Colegio Militar en que reiteró sus dichos de la víspera, como para asegurarse de ser entendido.

El 11 de diciembre, el secretario de Gobernación dio cuenta de la militarización de Michoacán. Si bien nadie niega la necesidad de combatir el crimen organizado en esa entidad, donde han sido asesinadas más de 500 personas en este año (algunas de ellas decapitadas), y donde la organización que a sí misma se llama La Familia se permite el lujo de convocar a la tranquilidad ciudadana impuesta por la fuerza de esa agrupación delictuosa, son también claros los riesgos de toda suerte que derivan del predominio castrense. En la Operación Conjunta Michoacán participan 4 mil 260 militares, 19 perros, 246 vehículos y 46 aeronaves. El resto de las fuerzas convocadas, incluidas las policías estatales, aportan sólo unos cientos de elementos más.

En la iniciativa semejante previa, la Operación México Seguro, participaba también el Ejército, pero su grado de intervención era mucho menor. Ahora se trata de una batida militar, con base en las reglas castrenses, impuestas a pesar de que el artículo 129 constitucional sigue diciendo que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, principio de civilidad que ha sido adulterado con interpretaciones destinadas a bendecir la conversión de los militares en policías.

Esa conversión se hizo más explícita el 13 de diciembre, cuando Calderón, reunido por tercera vez con los uniformados, esta vez en la sede de la Tercera Brigada de la Policía Militar, en el campo 37-C, situado en San Miguel de los Jagüeyes, municipio mexiquense de Huehuetoca, anunció el ingreso de 10 mil soldados y marinos más a la Policía Federal Preventiva. La mecánica de esa incorporación consiste en la firma de convenios entre las secretarías de la Defensa y de Marina, por un lado, y la de Seguridad Pública (antes Gobernación). Es el modo con que se busca disfrazar la violación a la ley en que se incurre con esos traslados masivos, calcados del inicial, ocurrido en julio de 1999, cuando se crearon las Fuerzas Federales de Apoyo, sector castrense de la Policía Federal Preventiva. La pretensión de que ésta fuera una corporación especialmente volcada a la prevención del delito, con efectivos preparados a partir de su grado de bachiller y reclutados mediante concurso de ingreso individual, se frustró desde el principio por la entrada masiva de militares y marinos, respecto de los cuales ni siquiera se consultaban los registros de antecedentes previstos para regular la incorporación de solicitantes individuales. La condición híbrida de la fuerza resultante genera o puede generar problemas de mando y de integración. Mientras que la ley dice que los miembros de la PFP rigen su relación laboral con su empleador como si fueran burócratas (es decir, conforme al apartado B del artículo 123 constitucional), los militares uniformados de policía se rigen por las ordenanzas militares y obedecen a los oficiales, jefes y generales del arma a que pertenezcan.

El Ejército Mexicano, a diferencia de sus semejantes en algunos países de Centro y Sudamérica, no es una corporación cuyos mandos, y menos sus soldados, pertenezcan a una casta, ni siquiera a una élite. Aunque lo decía con una pizca de retórica, asistió la razón a Jesús Reyes Heroles, líder del PRI, cuando dijo que las tropas son “pueblo con uniforme”. Suprimido el servicio militar obligatorio, el reclutamiento militar es voluntario, pagado, con lo que las Fuerzas Armadas son, a los ojos de muchos, sólo una fuente de empleo, y no la más apetecible, por más que cursar estudios en las escuelas militares, amén de su oferta de casa, vestido y sustento durante la carrera, significa asegurar títulos profesionales que pueden ser rentables. No hay, entonces, el riesgo estructural de que los militares, creyentes de su propia superioridad sobre los civiles, quieran mandarse solos, sobreponerse al orden institucional para arreglar insuficiencias y desórdenes. Algunos círculos civiles, sin embargo, pueden estar tentados a creer que lo son, por su austeridad y disciplina, olvidando que en materia de probidad no habría motivos que los hicieran diversos que el mexicano promedio, como lo muestra la frecuencia con que miembros de las Fuerzas Armadas, de todo nivel, aparecen inmiscuidos con la delincuencia organizada.

Hasta aquí lo que debió aparecer hace tres domingos. El 3 de enero, Calderón prolongó y ahondó su puesta en manos de los militares. No obstante que la víspera había emitido un saludo de Año Nuevo general, a todos los mexicanos, se sintió compelido a dirigir uno más en particular a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trasladó al efecto al cuartel principal de la 43ª Zona Militar, en Apatzingán, para “tributar” a los militares (en la persona de unos 250 efectivos reunidos ex profeso), “en nombre de los mexicanos, un reconocimiento por la labor que vienen desempeñando en el frente de la seguridad interior”.

Insistió en el homenaje, que tendría sentido si hasta ese momento el Ejército y la Marina hubieran estado enteramente al margen del combate a la inseguridad y no contaran, por lo tanto, en las áreas cuya ineficacia ha propiciado que crezca desafiante la delincuencia organizada:

“Gracias a mujeres y hombres como ustedes, día a día, cumplimos con la muy alta responsabilidad de proteger (a) la Patria y dar seguridad a las familias mexicanas. Por ello, todos los mexicanos reconocemos la valiosa labor de los miembros de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigaciones, con dedicación, con entrega en la lucha a la delincuencia. Y especial reconocimiento, desde luego, hacemos al Ejército, a la Armada, la Fuerza Aérea de México, por su decidida colaboración en esta batalla frontal contra el crimen. En esencia han iniciado ustedes este gobierno y este mismo año cumpliendo firmemente con el deber de salvaguardar la seguridad interior del país.”

Como si en el pasado, el remoto o el inmediato no ocurriera así, Calderón aseguró que “hoy los mexicanos estamos orgullosos de la labor de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías. Por eso vengo hoy, como Comandante Supremo, a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.

Habló una vez más del incremento a los haberes militares. Tras recordar que propuso un aumento de 24% del gasto destinado a seguridad pública, aprobado por los diputados, precisó que “con ese incremento podremos cumplir con un compromiso que asumí desde el primer día de mi gobierno, el otorgar un incremento salarial sustancial para los miembros de tropa y marinería de menor nivel de ingreso en las Fuerzas Armadas. Con ese incremento mi gobierno tiene por objetivo recompensar justamente el sacrificio y la labor insustituible de miles de hombres y mujeres como ustedes, que libran batallas comprometidas por la seguridad de las familias mexicanas”.

En ese tono laudatorio insistió en valorar el papel de la institución castrense: “Ustedes velan para que las familias mexicanas puedan dormir con tranquilidad; arriesgan su vida para que nadie, precisamente, tema por su vida y la de sus hijos. Por cada delincuente que capturan, por cada sembradío que erradican, por cada red de narcomenudeo que desintegran, hoy hay más jóvenes que tienen oportunidad de salir adelante en nuestro México”.

Los hechos contradicen esa alabanza. Y ese pertinaz elogio puede generar un efecto contrario a la civilidad institucional, el hacer creer a las Fuerzas Armadas que son ellas el aval, el garante de la convivencia, y que de una manera u otra pretendan cobrar por ello, no sólo mediante el incremento salarial que en cualquier monto será exiguo porque parte de ingresos magros, sino acotando al poder civil en vez de que ocurra lo contrario.


Para documentar nuestro hedonismo
Sección “De la intolerancia como tercera infancia”

1PARA QUE SEAMOS LA VERGÜENZA DEL MUNDO ENTERO Y ENTONCES LA ONU, POR JUSTICIERA, NOS DECLARE “TIERRA DE PERDICIÓN” Y VENGA AHORA SÍ EL TURISMO

“¿Para qué darles dinero a esos jotos?”

Marco Antonio Bernal, diputado priista por Tamaulipas, durante una reunión en la Comisión de Cultura, donde defendió así el recorte presupuestal en este sector. Nota de Ángel Vargas y Fernando Camacho, La Jornada, 24 de diciembre de 2006.

2

”NO COMMENT” (PARA QUE NO SE ENTERE EL TORO)

“Aunque ustedes (los periodistas) quieran que me cuerne el toro, sigo vivo… Que yo sepa, no hay ninguna nueva denuncia. Nadie me ha informado. Me informaron a través de la prensa mexicana que unas personas tenían intención, que estaban evaluando ese proyecto.”

Cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, al comentar las nuevas denuncias en su contra por encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederasta. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 2 de enero de 2007.

3

LOS MEDIOS/ CALLADOS/ SERÁN SIEMPRE ALABADOS

“El crimen organizado es un tema que ya conocemos todos. (Unos de oídas, otros de refilón, otros de obituario en su desdoro. La R.) No le sigamos dando sobre lo mismo. Tenemos problemas de narcotráfico y tenemos que resolverlo todos. Si nos seguimos regocijando todos en este tipo de cosas (¡Ajúa!, la R. al tanto de que los decapitados en Michoacán se murieron antes de risa), pues lo único que le hacemos es el caldo gordo a los delincuentes y a la delincuencia organizada. (Luego entonces, informar sobre el narcotráfico es equivalente a publirreportajes o a spots a cuenta del lavado de dinero, la R. en pos de la lógica.) Ya lo sabemos, entonces es un tema que no tenemos por qué profundizar, más cuando ya sabemos que es un problema serio al que tenemos que atacar. (Pero si ya lo sabemos, ¿por qué nos lo repite? ¿Nos considera tan desinformados? ¿Por qué se regocija con nuestra ignorancia? La R.)

–¿No hay riesgo de que el combate al narcotráfico desate una lucha interna entre los diferentes cárteles? –se le preguntó.

–Déjenlo (el comentario o la interpretación) a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. (Si esto es así, México será una país de mudos, a menos que a los narcos les dé por la logorrea. La R.) Ustedes saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir”. (Y a partir de ahora, las preguntas sobre el narco sólo serán legítimas si las emiten los propios narcos, que sí saben de estrategias policiacas, el polvo es el mensaje.)

Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, al inaugurar una nueva teoría de comunicación frente a la lucha contra el narcotráfico. Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 2 de enero de 2007.

4

AL CÉSAR LO QUE ES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y A DIOS TODO LO DEMÁS, INCLUIDA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

“Bueno, los tres candidatos se autodefinieron como católicos. Pero la diferencia es que Felipe proviene de una familia con una formación religiosa mucho mayor. Además, por su formación filosófica, que es también propia de su partido político, tiene una postura muy cercana a la doctrina social de la Iglesia. En ese terreno, sus convicciones y valores son muy claros (incluso, se dedica a satanizar a los ‘peligros’ para México y para la filosofía de la doctrina social cristiana, la R. teológica)... Durante su encuentro con la jerarquía, Felipe Calderón expresó claramente su convicción de que la vida hay que defenderla a toda costa. Mostró una posición afín al episcopado. “Mire, nosotros estamos a favor de la democracia, la entendemos como un mayor consenso entre los sectores sociales. Pero hay puntos en los cuales no podemos transigir. Por ejemplo, no podemos estar en contra de la vida ni de los derechos humanos, pues son piezas fundamentales para la buena organización social de cualquier país”.

–¿Ahora piensa usted influir en el Congreso?

–Así es. (Sic que espera la llegada de los confesionarios en San Lázaro.) Espero que durante este período en el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena... (Y que encabezará el partido moderno y tolerante de que nos hablan los intelectuales demonizadores de la izquierda. La R.)

“…La Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica. No. Que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias. (Oiga, estimado, ¿cuándo ha sido en los últimos 66 años “contrarreligioso” el laicismo? ¿Por qué no habla claro y se deja de falsas astucias? La R. pedagógica.) Donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. Eso es lo que todavía no está garantizado…”. (Gracias por hacerle caso a la R. Ilustrísimo, Usted astutamente entiende por “laicismo” la educación católica en las escuelas primarias.)

“… Además, quienes emitieron su voto fueron casi 60% de los ciudadanos empadronados. La población católica está muy por encima de esa cifra. Y la Iglesia, después de la familia, sigue siendo la institución más confiable en este país (pues excomulguen a la familia, por diversa, a ver quién vuelve a confiar en ella. La R.), de manera que el episcopado se manejó siempre con imparcialidad, no había por qué inclinar la balanza hacia un lado u otro. (No dijeron eso en las parroquias antes del 2 de julio, pero el peligro para México es laico. La R.) Finalmente, los tres candidatos presidenciales nos mostraron su respeto hacia la institución eclesiástica. Con cualquiera de ellos en la Presidencia hubiéramos llevado buena relación.”

Carlos Aguiar Retes, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, al hablar de sus contactos con los tres candidatos presidenciales. Entrevista con Rodrigo Vera, Proceso 1574, 31 de diciembre de 2006.

5

TARDÍAMENTE, PERO CON VALOR Y ENERGÍA, ACCIÓN NACIONAL CONDENA LA CAMPAÑA DE AZNAR A FAVOR DE CALDERÓN. ¿O NO ES ESE EL TEMA?

“Los mexicanos estamos abiertos a que organizaciones serias e independientes puedan desarrollar labores de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas, pero no consentimos, por ningún motivo, que un grupo portador de un ideologismo extremo se introduzca al país con fines de desestabilización. (¿Hablan acaso del expresidente español José María Aznar que apoyó a su candidato presidencial? ¿No hay ideologismo extremo en los consultores extranjeros contratados por el PAN?, la R.) Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. (Duro contra el Partido Popular. ¡Duro! La R.) Rechazamos enérgicamente la intromisión de militantes de IU en asuntos que sólo competen a los mexicanos”. (La Liga de Sepulcros Blanqueados le invita a su fiesta de graduación.)

Comunicado de legisladores del PAN condenando la visita de una delegación del Partido Izquierda Unida en Oaxaca. Nota de Juan Balboa, La Jornada, 30 de diciembre de 2006.

6

¿Y QUÉ ES LA IZQUIERDA? ¿LA EXPROPIACIÓN DE LAS CAUSAS A CARGO DE LAS TRIBUS O LA DISPUTA POR LA RACIÓN?

“–¿Hay una confrontación de Nueva Izquierda con Ebrard?

–La diferencia es que nosotros sí somos de izquierda.”

René Arce, senador perredista por el Distrito Federal y dirigente de la corriente Nueva Izquierda, al justificar los bloqueos al proyecto presupuestal del DF. Nota de Andrea Becerril y Gabriela Romero, La Jornada, 30 de diciembre de 2006.

7

LA DIVISIÓN DE PODERES: TODO PARA MÍ, ALGO PARA TUS DESCENDIENTES

“Somos aliados del gobierno, pero no empleados… Aunque nos acusen de ser perredistas azules, nosotros creemos en la división de poderes (y en el cobro de facturas, la R. teórica) y le apostamos a que la población tenga una mejor ciudad. Que nadie se asuste porque muchas veces vamos a apoyar a otros partidos en sus propuestas”. (¿A quién asusta que la cabra tire al monte?)

René Arce, al defender la alianza de los diputados de su corriente con el PAN. Nota de Alberto Cuenca y Elia Grajeda, El Universal, 30 diciembre de 2006.

8

RECUPERACIÓN LENTA, PERO SEGURA. VOLVEREMOS A LOS PINOS EN DICIEMBRE DE 2110, PARA EL TRICENTENARIO

“Somos una organización política con capacidad de recuperación.”

Mariano Palacios Alcocer, dirigente nacional del PRI, al promover con optimismo la selección interna de su sucesor. Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 3 de enero de 2007.

9

¿LES GUSTÓ MI EXPLICACIÓN? ¿NO? ¿O A POCO NO? ¿NO? ENTONCES YO DE “GOBER”, ¿NO? ¿O NO? ¡CUAS, CUAS! ¿NO? ¿O NO?

“Fue un año muy sangriento debido a la captura de uno de los capos, y esto trae consigo los ajusticiamientos entre ellos mismos, ¿no?”

Jorge Hank Rhon, alcalde priista de Tijuana, al anunciar que pedirá licencia (¡Uf! de alivio) para ser candidato a gobernador de Baja California (¡Agh! de congoja), justificando así la violencia en su ciudad a su honesto cargo. Nota de Aline Corpus, Reforma, 3 de enero de 2007.

10

LA ALEGORÍA DEL TERREMOTO ES TAN NOTABLE QUE LOGRÓ QUE NO NOS FIJARAMOS EN LOS TRUCOS Y MAÑAS DEL SEÑOR UGALDE

“Nos llamó la atención lo que ocurría afuera. Pensemos en el terremoto del 85, en alguien que por alguna razón no se dio cuenta del sismo, y de repente sale y ve los edificios caídos y todo en ruinas (¿se refiere al edificio del IFE?, la R. científica); nosotros vimos una tremenda crispación. Entre nosotros también había tensión. Es una cuestión muy humana, cada uno de nosotros votamos por un candidato, y al interior del grupo estaba ocurriendo igual; unos de un lado y otros de otro, pero todos hacíamos la chamba que nos correspondía, y nadie protestó así de ‘oye, vamos a quitarle o a ponerle’. (Si hablando así se entendieron, son telépatas. El Sic con turbante.) Sentí cómo una decisión estrictamente técnica (Sic que se irá en nave con cruz de olvido) puede tener repercusiones, aun cuando no estás defendiendo ninguna bandera política –aunque eso no quiere decir que yo no tuviera mi candidato–, pero sale uno raspado”. (Nomás raspado.)

Rubén Hernández Cid, investigador del ITAM, integrante del equipazo de cinco científicos contratados por el IFE para el conteo rápido, al defender la tesis del empate entre Calderón y López Obrador. Entrevista con Miguel Zacarías, Reforma, 31 diciembre de 2006.

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DE LA ÉPOCA DE ORO (DE UNA DE ÉLLAS) (2002)

a) La blasfemia es una campaña de anónimos

“No le conviene a nadie pegarle a Fox... Es como si tú eres cristiano y yo insulto a Dios.”

Publicista de la Presidencia Francisco Ortiz, 12 de junio de 2002.

b) Es que la verdad siempre ha sido eso

“Si los partidos dijeran la verdad, serían puras mamadas.”

Mercadólogo Carlos Alazraki, 5 de junio de 2002.

Blanqueo de sepulcros a domicilio: CM. Selección de textos: JV. La R: la Redacción.

DEL PROCESO SEMANAL

El presidente militarizado
Daniel Lizárraga y Francisco Castellanos

Felipe Calderón pudo conocer los protocolos militares a los 43 años, a partir de que ganó las elecciones internas de su partido y se convirtió en aspirante a la Presidencia de la República y le asignaron al teniente coronel Mario Castro como su jefe de escoltas.

Por eso causó sorpresa a los reporteros que Calderón apareciera públicamente vistiendo un uniforme de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas –en el campo militar de Apatzingán, Michoacán– y que hablara como si fuera militar.

“Ustedes trabajan sin descanso para que todos los mexicanos puedan, precisamente, tener oportunidades de trabajo y sacar adelante su familia –le dijo a la tropa el miércoles 3–. Por eso he querido comenzar con las actividades de este 2007 con ustedes, compartiendo el pan y la sal, compartiendo el rancho, como se dice en la jerga militar, expresándoles en nombre de todos los hombres y mujeres de México un merecido reconocimiento a su labor.”

Ese día, los organizadores colocaron en la mesa de honor al general de arma blindada, Audomaro Martínez Zapata, quien durante 2006 pidió licencia para encargarse de la seguridad del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Y aunque el presidente Calderón no mencionó al general cuando agradeció los resultados en su lucha contra el narcotráfico, el nombre y el rostro de Audomaro Martínez aparecieron en las páginas de los diarios de circulación nacional.

A este militar de alto rango no se le veía desde el pasado 5 de agosto, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Calderón en las urnas. A partir de esa fecha, el Ejército envió a Martínez Zapata a un cuartel de Oaxaca.

El jueves 4 –un día después del saludo militar en Apatzingán–, la Presidencia de la República escaneó en su página de internet la constancia de mayoría a favor de Felipe Calderón otorgada por el TEPJF, en otro hecho insólito. Se trata de tres imágenes, en una de las cuales se distingue el nombre del excandidato panista, acompañado de la frase: “Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos”.

Desde que asumió el poder, el pasado 1 de diciembre, Felipe Calderón se ha refugiado en la logística del Estado Mayor Presidencial (EMP). Gracias a un exitoso operativo del Estado Mayor Presidencial, el panista pudo rendir protesta en la Cámara de Diputados. Además, los anuncios oficiales sobre los operativos contra la delincuencia en Michoacán y Tijuana, así como los informes de los despliegues militares se realizan en el salón Adolfo López Mateos, de Los Pinos.



Vocación tardía



Desde que los civiles tomaron el poder, Felipe Calderón es el primer jefe del Ejecutivo en usar el uniforme militar y, sobre todo las cinco estrellas, a pesar de que apenas lleva un mes en Los Pinos.

El expresidente José López Portillo, quien era muy dado a utilizar las insignias militares y a pasearse por los campos de entrenamiento saludando a lo soldados, lo hacía siempre en fechas históricas o durante las prácticas.

El último militar de carrera que gobernó México fue el general Lázaro Cárdenas. A diferencia de éste, Calderón estudió derecho en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo una maestría en Economía en el Instituto Autónomo de México (ITAM), así como otro título en Administración Pública en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Nunca tuvo una relación con el Ejército o la Marina en su carrera política.

Antes de que el Partido Acción Nacional (PAN) lo lanzara como candidato a la Presidencia de la República, fue presidente nacional de su partido, representante ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal en dos ocasiones, así como secretario de Economía, entre otros cargos.

Durante la campaña electoral aparecieron dos perfiles del entonces candidato panista, primero el de Salvador Camarena, en el libro Los suspirantes, y luego el de Rodrigo Vera, en la edición especial de Proceso número 19 titulada Historias sin retoque, en las que se mencionaba que el único contacto que Calderón tuvo con la milicia fue cuando hizo el servicio militar en su tierra, Michoacán, mientras cursaba la preparatoria en el Instituto Valladolid. Nada más.

Esta escuela, de acuerdo con las mismas fuentes, está dirigida por la orden religiosa de los maristas, no por militares. Su padre, Felipe Luis Calderón Vega, fue un civil, fundador del PAN. En su familia no hay un sólo militar de carrera, ni siquiera un amigo cercano dentro del Ejército que le hubiera podido inspirar una vocación por las armas.

A partir de que rindió protesta ante la Cámara de Diputados, la agenda presidencial la han ocupado centralmente las Fuerzas Armadas. Entre el 1 de diciembre pasado y el 4 de enero, Calderón ha presidido 18 encuentros o eventos relacionados con el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, en su promocional televisivo más difundido aparece Calderón enviando un mensaje a las Fuerzas Armadas. En 28 segundos, una solemne voz en off comenta: “En México prevalecerán el orden, la legalidad y las instituciones. Es nuestro compromiso. Para que vivamos mejor el gobierno actúa. Presidencia de la República”.

Estas palabras van acompañadas con imágenes de militares tocando tambores, del nuevo mandatario caminando a paso marcial y, finalmente, rindiendo protesta ante la Cámara de Diputados, arropado por los aplausos de eufóricos diputados panistas.

El miércoles 3 de enero, apenas dos horas después de haberse colocado la casaca verde olivo y el quepí con las cinco estrellas, el presidente Calderón se puso la playera de las Chivas del Guadalajara, el campeón del futbol mexicano. Aunque el mandatario es seguidor de otro equipo –el Morelia–, se arropó con la prenda de uno de los dos equipos más populares de México. Al otro día, las fotografías de Calderón como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y la que mostraba al presidente con la camiseta Chiva aparecieron juntas en la prensa.

La indumentaria militar de Calderón fue criticada por analistas y expertos en temas castrenses. En sus colaboraciones para Reforma, el viernes 5, Rafael Segovia y Carmen Aristegui abordaron el asunto.

Segovia tituló su artículo Se pide silencio y escribió: “El Presidente no necesita tales disfraces, antes bien dañaría su imagen pues tras un largo periodo de generales presidentes, uno de los principios del sistema político mexicano es el dominio del poder civil. La inmensa popularidad de Miguel Alemán cuando asumió la Presidencia radicó en ser precisamente un civil. Quienes se opusieron posteriormente a los presidentes civiles fueron en algunos casos los militares, lo que fue un elemento en su contra”.

Y Aristegui, en Comandante supremo, mencionó que “el debilitamiento de las fuerzas políticas mexicanas a raíz de una disputa desordenada, intervenida y violentada por la Presidencia de México, no sólo ha dejado al país dividido, sino que ha hecho irrumpir a la estructura militar como la única garante visible de la estabilidad nacional”.

El investigador Javier Oliva, experto en temas castrenses que busca la dirección nacional del Partido Revolucionario Institucional, considera que el mandatario “abusó del protocolo castrense” en aras de proyectar una imagen de autoridad y legitimidad.

Dice que se sorprendió al ver a un presidente de la República vestido de militar, ya que el uso del uniforme y las insignias militares es característico de naciones como Venezuela y Cuba.

Señala además que los presidentes nunca usan las cinco estrellas para visitar a la tropa, mucho menos lo hacen rodeados por decenas de reporteros y fotógrafos; sólo se usan en las prácticas de gran envergadura.



El descaro

Carlos Acosta Córdova y Jesusa Cervantes

Francisco Gil Díaz consiguió chamba de lujo tan pronto dejó su puesto como secretario de Hacienda. No tendrá que hacer un gran esfuerzo para adaptarse al ambiente del banco HSBC, pues precisamente se dedicó a servir a los banqueros desde sus diversos cargos gubernamentales.

Primero lo hizo con Roberto Hernández, cuando éste era el principal accionista del Grupo Financiero Banamex, de quien se hizo empleado apenas dejó su trabajo como subgobernador en el Banco de México, al que había llegado luego de ser subsecretario de Ingresos en Hacienda. Ahora, Francisco Gil Díaz, sin el menor rastro de pudor y apenas a 33 días de haber dejado el cargo de secretario de Hacienda, se incorpora al Consejo de Administración del Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), el gigante financiero con sede en Londres.

En el primer caso, llegó a dirigir Avan-tel, la empresa telefónica del polémico banquero –amigo, desde la juventud, de Vicente Fox, a quien apoyó financieramente en su campaña por la Presidencia–, aunque en realidad Gil fungió como asesor económico, financiero y fiscal del empresario, a quien le organizó, ya siendo secretario de Hacienda de Fox, la venta de Banamex a Citigroup, mediante un cruce de acciones en la bolsa para evitar el pago de impuestos.

En el segundo caso, Gil Díaz no tiene empacho en ponerse al servicio de una entidad financiera trasnacional, a cuya subsidiaria en México –HSBC México, el cuarto grupo financiero más importante del país, después de Citigroup-Banamex, BBVA-Bancomer y Santander-Serfin– le tocó supervisar en su condición de titular de Hacienda y responsable, por tanto, del sistema financiero nacional.

Así, tan sólo a un mes de dejar el cargo –hecho que la ley le prohíbe–, como “consejero independiente” del HSBC Holdings pondrá el caudal de conocimientos y de información de primera mano que le ha dejado su carrera en el sector público, en manos del sector privado.

El hecho ha causado tal malestar social que ya hubo, la semana pasada, un acuerdo entre legisladores de todos los partidos, incluido el PAN, para llevar al pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo a fin de investigar el caso, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que debe transcurrir cuando menos un año para que un exfuncionario pueda emplearse en actividades privadas relacionadas con su cargo público.

Además, argumentaron, bastante caro cuesta a los contribuyentes mantener a funcionarios de alto rango, como para que se vayan a servir a quienes, por definición, sólo velan por sus intereses particulares.

Sin embargo, la nueva chamba de Gil Díaz no le generó mayor inquietud a la Secretaría de la Función Pública. Su titular, Germán Martínez Cázares, no dio la cara ante las múltiples solicitudes de la prensa. Apenas en un escueto comunicado, emitido tres días después de conocerse la incorporación de Gil al HSBC, “descubrió” que la dependencia “tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o exservidores cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses”.

Sin mencionar en sus cinco breves párrafos a Francisco Gil Díaz, el comunicado de Martínez Cázares dice que la SFP ejercerá sus atribuciones en el momento que cuente con elementos probatorios suficientes. Pero igual deja entrever que sólo lo hará en cuanto algún ciudadano presente la denuncia o queja correspondiente. Es decir, que por sí misma –de oficio, pues– no hará nada contra el exfuncionario, a quien, en suma, deja a salvo.



Paladín de banqueros



La llegada de Gil Díaz al HSBC Holdings, el segundo grupo financiero del mundo, como se publicita, no es gratuita. Es la culminación de todo un proceso de años: El exfuncionario participó decididamente para que aquel grupo, a finales de 2002, se hiciera finalmente de 99.76% de lo que antes fue el grupo financiero Bital, hoy HSBC.

Parte de las “conductas concretas” que busca la Secretaría de la Función Pública para determinar los “elementos probatorios” que pudieran indiciar a Gil Díaz, se remontan a 1997. En octubre de ese año –encendida la discusión pública por el rescate bancario y al descubierto las tropelías de casi todos los bancos, que le endilgaron al gobierno cuanto crédito chatarra pudieron–, Gil Díaz autorizó, como integrante del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en su calidad de representante del Banco de México, la venta de 19.9% de las acciones del banco Serfin al HSBC.

Desde 1996, quebrado el sistema bancario por efecto de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo encontró como fórmula para recapitalizar a los bancos la entrada de capital extranjero, pero Gil Díaz la exacerbó al grado de que ahora son bancos extranjeros los que dominan el sistema bancario nacional.

Y desde siempre mostró favoritismo para con el conglomerado financiero con sede en Londres, aun en perjuicio de los accionistas mexicanos. Se vio claro con el caso de Serfin. Con el propósito de salvar a este banco, aceptó que HSBC comprara casi 20% de sus acciones a un precio de mil 370 millones de pesos, pero les firmó una claúsula de “protecciones dilutorias”, mediante la cual se le regresaría a los ingleses esa cantidad en caso de que Serfin quebrara. (Por supuesto, los accionistas mexicanos que le inyectaron capital a Serfin no tuvieron ese beneficio.)

Y así sucedió. Para 1999 –cuando Gil ya no estaba en el gobierno ni en el Banco de México, pues era empleado de Roberto Hernández–, Serfin no se pudo levantar por más dinero que le inyectaron. El gobierno, que lo había rescatado vía el Fobaproa, lo intervino al 100% a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero los inversionistas mexicanos perdieron sus capitales, mientras que HSBC, en virtud de aquella cláusula, recuperó sus mil 370 millones de pesos, así haya tenido que esperar un año.

En efecto, el 23 de mayo de 2000 el español Santander adquirió el total de las acciones de Serfin. Un día antes a los ingleses se les regresó el dinero que habían invertido, pero no se fueron del país, pues el negocio de la compra de bancos saneados por el gobierno era jugoso. Compraron 20% de Bital, también rescatado por el gobierno federal y con la participación de Gil Díaz cuando trabajaba en el Banco de México.

En octubre de 2002, Bital adquirió Banco del Atlántico, que había sido previamente saneado por el IPAB, también con Gil Díaz a la cabeza. Al absorberlo, el valor de sus “pagarés fobaproa” o “notas IPAB” se había incrementado notablemente. Pero aun así, Bital no lograba salvarse de la quiebra, al grado de que sus principales accionistas –las familias Del Valle, Berrondo y Estévez– fueron presionados por Gil Díaz para venderle a HSBC casi la totalidad de sus acciones, hecho que se concretó al mes siguiente.

No fue fácil esa decisión para los ingleses, pues después de los procesos de rescate y saneamiento, los bancos mexicanos valían más por los pagarés que el gobierno debía liquidarles a partir de septiembre de 2005 que por sus propios activos. Cuando se vendió definitivamente el grupo financiero Bital, los pagarés que tenía en su poder valían 63 mil 200 millones de pesos, que generaban intereses anuales por 4 mil 940 millones de pesos, según datos del propio IPAB.

HSBC pagó por la totalidad de las acciones mil 140 millones de dólares, pero a cambio recibiría del gobierno federal la liquidación de los “pagarés Fobaproa”, cuyo valor alcanzó tan sólo en 2003 los 68 mil 646 millones de pesos. Es decir, seis veces más de lo que HSBC pagó.

Pero la liquidación de los pagarés era aún incierta, pues la Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones de las cuentas públicas 2000, 2001 y 2002, consideró que el Fobaproa había adquirido ilegalmente créditos de los bancos, por lo que demandó al gobierno federal descontar de los “pagarés Fobaproa” ciertas cantidades y éstos empezaban a vencer a partir de septiembre de 2005.

Pero no sólo eso. El auditor canadiense Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados para revisar las operaciones del Fobaproa, consideró en 1999 que se habían absorbido por lo menos 72 mil millones de pesos de manera irregular por parte del gobierno. Luego la ley del IPAB, en vigor desde 1999, ordenaba nuevas auditorías a los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, y determinar así la legalidad o ilegalidad de dichos créditos. Todo esto ponía en duda la total liquidación de los “pagarés Fobaproa”.

En 2003, Gil Díaz y su entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens –hoy titular de la dependencia–, intentaron sorprender a la Cámara de Diputados para que autorizara nuevos criterios (distintos a los ya establecidos en el IPAB cuando aún había vocales independientes del gobierno) de la auditoría para favorecer a los bancos, pero Adalberto Palma, vocal independiente, logró frenar la maniobra (Proceso 1383).

Tuvo que pasar un año, ya sin Palma en el IPAB, para que Gil Díaz lograra un convenio con los bancos, con los nuevos criterios, gracias a los cuales éstos no salieron perdiendo, pero sí el gobierno federal. Estas auditorías eran necesarias para que el gobierno pagara estos millonarios documentos a las instituciones de crédito, entre ellas a HSBC.

Quebranto gigantesco



La Secretaría de la Función Pública también tendría elementos para actuar contra Gil Díaz por haber incumplido la Ley del IPAB y ocasionarle un quebranto a la nación por, cuando menos, 72 mil 700 millones de pesos, según consta en la denuncia que ante esa secretaría interpuso el 7 de junio de 2006 un grupo de senadores: los panistas Luis Alberto Rico Samaniego y Javier Corral, los perredistas Miguel Ángel Navarro Quintero y Serafín Ríos Álvarez, y el priista Jorge Abel López Sánchez.

La denuncia es contra todos los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, que encabezaban Gil Díaz y el secretario ejecutivo del instituto, Mario Bouregard. Los cargos que se les imputan son: violar el artículo 5 transitorio del IPAB, que establecía la realización de una auditoría; haber cambiado los términos de referencia con beneficio para los dueños de los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital o HSBC, y haberle generado a la nación un quebranto de 72 mil 700 millones de pesos a valor histórico de 1999.

Los entonces senadores consideraron que Gil y la gente del IPAB actuaron “en franca oposición a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia que rigen en el servicio público... al haber convertido en deuda pública, en contravención de la ley, la cantidad de $72’700,000,000.00... generando un quebranto ilícito y sin justificación al erario público, en beneficio de terceros”.

Concluye la demanda contra Gil Díaz: el funcionario “se aventuró a ordenar otro tipo de revisión, con la intención y mala fe, de salvar a los terceros de asumir la responsabilidad económica de esa cantidad”.

Antes de realizarse las auditorías cuestionadas por los senadores, Gil Díaz frenó la exigencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que a los bancos se les descontara, de la liquidación de sus “pagarés Fobaproa”, cantidades millonarias que no debieron de haberse incluido en el rescate bancario. Y lo hizo a través de la controversia constitucional que interpuso el 25 de mayo de 2004 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde cuestionó las facultades de la ASF, recurso que ganó con beneficio para los bancos.

Proceso intentó entrevistar al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, para hablar sobre el caso Gil Díaz, pero se negó.



Que me prueben algo...
Ricardo Ravelo

TIJUANA, B.C.- Dueño de una fortuna estimada en más de 3 mil 500 millones de dólares, una red de casas de apuestas que opera en 22 estados de la República y que extendió sus dominios a 12 países, a Jorge Hank Rhon, alcalde de Tijuana, parece no incomodarle que lo relacionen con crímenes, excesos y hasta con el tráfico de drogas o de animales exóticos en peligro de extinción y lavado de dinero.

“No me han probado nada. Nada más falta que me investiguen el tipo de sangre”, suelta con tono seco.

Vestido con pantalón negro, camisa blanca, su habitual chaleco de piel rojo y un reloj Piaget en la mano derecha (todos los días usa uno diferente), Hank Rhon reconoce que esas acusaciones son producto de su “forma de ser” y de su gusto por los animales.

A punto de cumplir 22 años de radicar en Tijuana, Hank Rhon dice que sigue un consejo de su padre, el profesor Carlos Hank González: “Todo lo que esté a tu alcance hacer, hazlo”.

Así, Jorge Hank presume, con voz engolada, que tiene 300 pares de botas y procura mandarse a hacer un par cada mes; que tiene el sistema de apuestas “más sofisticado del mundo”, que sus negocios –principalmente el de las casas de apuestas– se han multiplicado en 12 países, que tiene 22 hijos y que piensa tener más.

Ya se prepara para contender como candidato del PRI a la gubernatura del estado, carrera en la que, dice, no tiene obstáculos: “Yo siempre he dicho que el día que me comprueben algo, yo estoy a sus órdenes, pero no se vale hablar sin bases”, comenta mientras conduce una camioneta rumbo a dos actos en sendas colonias populares.

Por eso el jueves 4 fue determinante para sus aspiraciones. Ese día, los militares que encabezan el operativo contra el narco en la ciudad decidieron concentrar, desarmar e investigar a todos los policías municipales por sus presuntos vínculos con el cártel de Tijuana y con los asesinatos de jefes en 2006.

Pero el mismo día, y después de un largo litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le allanó el camino a Hank Rhon hacia la gubernatura de Baja California, al anular la reforma electoral local promovida por el PAN, que impedía a los servidores públicos en funciones abandonar su cargo para contender por otro. Con la determinación de la corte, Hank sorteó ese obstáculo.

De inmediato, el alcalde de Tijuana retomó sus giras semanales por las colonias populares, en abierta campaña política: inauguró obras y prometió más beneficios para las clases necesitadas. En Divina Providencia –una demarcación paupérrima– comió birria con frijoles, se tomó dos tequilas y se fumó dos cigarrillos. Y entre besos y abrazos se despidió de niños, mujeres y ancianos.

Las envidias



Hank refiere que varias de sus casas de apuestas en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, han sufrido ataques. Un comando armado amagó a los empleados y cerró los negocios. “Me ofrecieron apoyo, pero siguen cerrados”.

–¿Quién fue?

–El narco.

–¿No le pesa cargar con tantos señalamientos? –se le pregunta mientras maneja.

–No comprueban nada. Dicen que mandé a matar al Gato Félix, a Luis Donaldo Colosio, a (José Francisco) Ruiz Massieu, al cardenal Posadas… En algún momento dijeron que lavaba yo dinero y que traficaba. Ninguna acusación tiene bases ni fundamento. Cuando tengan bases, pues yo estoy a sus órdenes. Pero como ves, yo circulo, y circulo por toda la ciudad y por todas partes porque tengo la conciencia totalmente tranquila.

–¿A qué atribuye que usted atraiga tanto los reflectores?

–Obviamente a mi manera de ser…

Y se define: “Soy como me ves, trato de no lastimar a la gente y sí ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Me gustan los animales, tengo un zoológico privado totalmente legalizado, que es el Parque Zoológico Internacional de Tijuana. Me gustan las botas y tengo más de 300 porque me hago una al mes desde hace muchos años. Me gustan los niños; Dios me ha hecho el favor de favorecerme y espero que me dé más. Lo que me gusta, me gusta mucho... A diferencia de muchos otros, yo no trato de esconder lo que tengo. Lo que me produce lo gasto, y lo hago con muchísimo gusto, y por consiguiente eso crea suspicacias y envidias entre la gente.

–¿Así ejerce usted su libertad?

–Es una forma de vida, nunca lo he visto como ejercer o no ejercer. Tengo un librito que me enseñaron mis padres, el cual establece que lo que se puede hacer lo hago, y lo que no se puede hacer trato de evitarlo al máximo. Y lo que me gusta lo gozo verdaderamente… Disfruto la compañía, estoy con quien me gusta estar. Y si no me gusta estar, pues no me voy a meter a ese lugar. A lo mejor esa falta del estereotipo del mexicano les molesta a los demás…

–¿Esa es su forma de vivir intensamente?

–Siempre he dicho que lo que puedes hacer para repartir es tener. Entonces reparto lo que me sobra dentro de la fundación Cuauhtémoc Hank y reparto la felicidad, porque soy feliz y vivo intensamente, gozo intensamente a mi familia, a mis hijos y a mis animales.



El cártel



A menudo se le han señalado ligas con el cártel de Tijuana, pero cuando se le pregunta a Hank Rohn si ha convivido con ellos, responde:

–Con ninguno, que yo sepa. En algún momento dijeron que alguien tenía una fotografía mía con alguno de los Arellano, y les dije que, indiscutiblemente si hay una fiesta de mil personas, a lo mejor ahí me los encontré y a la mejor hasta me sacaron fotos sin yo conocerlo.

–¿Conoce a algún miembro de esa familia?

–A ninguno.

Informes del Centro Binacional de Derechos Humanos establecen que existe una complicidad de dos décadas entre la policía local y el cártel de Tijuana.

–¿Es real ese vínculo? –se le pregunta.

–No te puedo decir si lo tenían o no. Yo no estaba en ese entonces. Lo que sí te puedo decir es que aquí se solapó durante muchísimos años a estas personas y eso hizo que se metieran en la sociedad impresionantemente. Es una generación completa de todos aquellos jóvenes que ahorita son testigos protegidos o están detenidos o en la cárcel. Una gran mayoría de ellos eran jóvenes de la sociedad que los involucraron, que los metieron, que los marearon con el hecho del dinero fácil.

–Con los golpes asestados al cártel de Tijuana, ¿usted opina que ese grupo criminal está exterminado?

–No, para nada. Se llevaban a las cabezas, pero no a todos los demás. A cualquiera de los capos los protegen 10, 20 o 30 gentes y 100 gentes. Y a sus lugartenientes, la misma cantidad. Ésos siguen aquí. A El Tigrillo se lo llevaron porque andaba fuera, pero si hubiera estado aquí (no lo detienen) porque ellos siempre andan rodeados de mucha gente.

Hank explica que en algún momento mucha gente contratada por el cártel de Tijuana tuvo que buscar otro negocio y se dedicaron al secuestro. Y sobre el boom del narcotráfico, lo explica con una frase del expresidente Díaz Ordaz –“que descanse en paz”–: mientras haya alberca habrá trampolín. Se refería a los consumidores de droga de Estados Unidos.

También explica a su modo la violencia contra la Policía Municipal tijuanense: “Hemos pisado muchos callos, son represalias en contra de la gente que hace su trabajo, aunque la SIEDO tiene otra postura y, con base en sus investigaciones, sostiene que la policía local está infiltrada por el narco”.

–En un informe de la PGR se afirma que una parte de la iniciativa privada de Tijuana está relacionada con el lavado de dinero.

–Indiscutiblemente debe de haber alguien que les limpie el dinero, sí, pero que sea tijuanense o que se haga aquí, no tengo ningún conocimiento. Se me hace una afirmación muy a la ligera el hecho de catalogar así a los empresarios. Eso incluye a todos y eso se me hace una falta de respeto. Estoy convencido de que si hay algunos, es un porcentaje muy menor”.

En Tijuana, Jorge Hank sigue siendo noticia por sus prolongadas ausencias de la alcaldía, aparentemente injustificadas, por los excesos de su vocabulario y hasta por darse el lujo de contratar a Luis Miguel para que cantara en la boda de su hija, hace un mes. “Así me gusta vivir”, comenta en el estacionamiento del Palacio Municipal y se enfila hacia el elevador. ?


Washington aplaude, pero...
J. Jesús Esquivel

Agentes de la DEA aseguran que el gobierno de Felipe Calderón tiene una carta fuerte para combatir con eficacia al narcotráfico: los militares, quienes están táctica y logísticamente mejor capacitados que las corporaciones de justicia civiles. Sin embargo, reconocen que los recientes operativos, aunque necesarios, tienen sus peligros porque, dicen, los militares son vulnerables a la corrupción de los cárteles.



WASHINGTON.- La participación del Ejército mexi-cano en el combate al narcotráfico es “necesaria pero demasiado riesgosa”, asegura el especialista de la agencia antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) Larry Leon.

Y explica que, a pesar de que el gobierno de Felipe Calderón considera a los militares como su carta más fuerte para combatir a los cárteles, podría haber más muertes, dada la peligrosidad de los sicarios de los grupos que controlan varias localidades en el estado de Michoacán y en Tijuana.

Leon, quien trabaja como agente de la DEA en la supervisión del problema del narcotráfico en México y Centroamérica, explica también que los militares no están exentos de la corrupción de los cárteles, que en los últimos años han infiltrado a los cuerpos policiacos del país.

Steven M. Robertson, compañero de Leon en la DEA, dice a Proceso: “Hemos escuchado que algunos agentes de la policía y altos mandos de las Fuerzas Armadas de México trabajan para el narcotráfico”.

Y hace una comparación. “En Estados Unidos –dice– hay corrupción dentro de la agencia aduanal y en la misma DEA; algo similar sucede en México con las Fuerzas Armadas, que son como cualquier otra entidad gubernamental y corren el riesgo de caer en la corrupción. La gran diferencia es que cuando ésta se descubre, las autoridades actúan de inmediato”.

“Eso le da confianza (a la DEA) para ampliar incluso su nivel de cooperación. Trabajamos de manera muy cercana con el Ejército mexicano e intercambiamos información de inteligencia con ellos”, destaca Robertson.

Al igual que Leon, Robertson rechaza que el aumento de la violencia en México se deba a que los cárteles se hayan vuelto más poderosos, pero considera que los operativos militares en Michoacán y Tijuana sí son necesarios.

Ambos agentes lamentan que, por cuestiones constitucionales, en Estados Unidos sea más complicado utilizar al Pentágono para contener al narcotráfico. “Nosotros no podemos hacer una cosa similar porque nos lo impide el sistema legal, pero en México sí se hace y creemos que este tipo de operaciones tienen un gran impacto en la lucha contra el narcotráfico”, subraya Robertson.

Y es que en la DEA se recuerda uno de los casos más sonados de corrupción de militares, como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, arrestado en 1996, quien colaboraba con el entonces jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

El agente estadunidense asegura que la DEA se alarmó cuando, al llegar a Los Pinos, Vicente Fox nombró como procurador General de la República (PGR) a un militar: el general Rafael Macedo de la Concha, pero ahora aplaude la intervención de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico.

Dice que la agencia estadunidense considera que el Ejército Mexicano está “táctica y logísticamente” mejor capacitado que las corporaciones de justicia civiles para contrarrestar los problemas de violencia por narco en Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y otros estados del país.



Contradicciones



Steven M. Robertson asegura que las grotescas ejecuciones y decapitaciones de personas en Michoacán, Guerrero y otras entidades del país a manos de sicarios del narcotráfico que se disputan el control de las rutas de tráfico y producción de enervantes, no le sorprenden a la DEA. Desde los ochenta, dice, “hemos visto crímenes de ese tipo tanto en México como en Estados Unidos.

Quizá lo novedoso sea que en México “la prensa tiene más libertad y está haciendo un recuento más preciso de las actividades y los crímenes violentos de los capos de la droga”, apunta.

Respecto del operativo militar que se está realizando en Tijuana, la DEA destaca que es un “paso positivo” que el Ejército haya instalado retenes para confiscar armamento y controlar el crimen organizado en esa ciudad. El contrabando de armas, que en su mayoría proceden de Estados Unidos, es una de las principales causas de la violencia en esa región.

La DEA señala que la organización de los hermanos Arellano Félix es la principal responsable de la violencia en Tijuana, pese a que este argumento se contrapone al que dicha agencia estadunidense difundió el 14 de agosto del año pasado, cuando la Guardia Costera arrestó a Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, supuestamente en aguas internacionales frente a las costas de Baja California.

Karen P. Tandy, administradora de la DEA, declaró en esa ocasión que con la detención de El Tigrillo “se derrocaba a una dinastía construida con base en la violencia y al tráfico de drogas que favorece la destrucción de esta brutal organización que tanto daño ha causado a México y Estados Unidos”.

Sin embargo, el agente Larry Leon no ve ninguna contradicción y aclara que tras el arresto de El Tigrillo, “Enedina Arellano Félix se hizo cargo de esta organización. El asesinato de su hermano Ramón (febrero de 2002), así como los arrestos de sus otros hermanos: Francisco Rafael (1993), Benjamín (marzo de 2002) y Francisco Javier (agosto de 2006) fueron un golpe duro para la organización, pero los reemplazaron rápidamente. Esa organización no ha sido desmantelada. ¿Qué tan poderosa es actualmente? No lo sabemos todavía”, anota.

Y Robertson lo secunda: “Tal vez los arrestos de algunos de los integrantes de esa organización hayan afectado su eficiencia, pero como ésta sigue ganando dinero quizá ya se haya recuperado”.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de la PGR de México consideran que Enedina Arellano Félix, así como sus hermanas Isabel y Alicia María y sus hermanos Javier y Carlos, heredaron un imperio de poder dentro del crimen organizado que los obliga a seguir operando al más alto nivel de violencia. Además, por sobrevivencia, se han visto obligados a aliarse con otros cárteles de México y de Sudamérica.

Robertson es tajante porque, dice, “ante organizaciones criminales tan poderosas, creemos que una fuerza efectiva para contrarrestarlas es la del Ejército mexicano”.

Un funcionario del gobierno de México, quien pidió omitir su nombre, asegura a Proceso que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, “ya solicitó oficialmente que se extienda a su estado la operación militar contra el narcotráfico”, después de que concluya en Tijuana y en el estado de Sinaloa.

El funcionario adelantó incluso que en las próximas semanas el presidente Felipe Calderón realizará una gira por Chihuahua, entidad donde tiene su sede el cártel de Juárez. “Es importante este hecho porque extrañamente durante el sexenio del presidente Fox y en la gubernatura de Patricio Martínez, el estado de Chihuahua y en especial Ciudad Juárez, no fueron tocados por el Ejército Mexicano.


Amigos, enemigos
Antonio Jáquez

Jorge Castañeda, quien enfrenta una demanda de Televisa en un juzgado civil a causa de una pauta publicitaria no pagada, dice que ese litigio parece motivado por el encono que le tiene Bernardo Gómez Martínez, ejecutivo de esa empresa y brazo derecho de su accionista principal, Emilio Azcárraga Jean.

Gómez le atribuye a Castañeda la divulgación de sus vínculos con el gobierno de Fidel Castro y su parentesco con el exguerrillero Jorge Martínez Rosillo, agente de Cuba en México y a quien incluso se liga con el levantamiento zapatista en Chiapas, historia revelada por Proceso (número 1490, de mayo de 2005).

Entrevistado el sábado 30 de diciembre en su departamento de Polanco, Castañeda cuenta que sus desencuentros con Televisa no son nuevos: “en realidad hemos tenido una relación de altas y bajas”. En 1993, por ejemplo, la televisora cortó abruptamente la transmisión de una audiencia ante el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, en la que participaba Castañeda junto con los otros mexicanos invitados, Amalia García y Miguel Basáñez. Denunció el hecho, y, en respuesta, el conductor Jacobo Zabludovsky despotricó contra Castañeda por 15 minutos.

Otra discrepancia ocurrió en la campaña de 1999, cuando denunció que Televisa podría dar un albazo electoral con base en encuestas de salida no autorizadas. Después hubo un período en el que las cosas funcionaron fluidamente. “Incluso, el primer año después de mi salida del gobierno, debo reconocer que los directivos de Televisa, Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Leopoldo Gómez, se portaron bien y su empresa me trató muy bien. Todo el 2003 no hubo problema”.

La pauta fatal

A principios de 2004, Jorge Castañeda lanzó su “candidatura ciudadana” y compró tiempo en Televisa, en TV Azteca y en otros medios. “Televisa me dio buenos precios, fue una compra de 10 millones y pico de pesos, que fui pagando puntualmente. A partir de julio-agosto de 2004, cuando estaba en el punto más alto al que llegué en las encuestas, aproximadamente del 7%, desaparezco del aire sin explicación alguna. La explicación tácita que daban es: sólo pasan los asuntos que son noticia. No eres noticia, no pasas”.

Contrató otra pauta a principios de 2005, “en busca de más fondos para intentar subir en las encuestas. Pero no se pudo. Esta pauta es la que es objeto del litigio actual. Hasta finales de 2005 pagué lo que pude, pero de cualquier manera seguí sin aparecer en pantalla, e incluso los comentaristas de Televisa que colaboran en otros medios empezaron a pegarme por cualquier cosa”.

Y de repente, en marzo de 2006, Castañeda fue notificado de que Televisa interpuso una demanda en su contra en un juzgado civil de la Ciudad de México por 5 millones de pesos. Pero en su versión, “en realidad les debía 3 millones, tal y como lo reconocieron después. Si yo fuera el único deudor moroso de Televisa, entendería que me demandaran, pero Proceso y otros medios se han ocupado de la enorme deuda del PRD con Televisa por la campaña del 2000, por un monto de unos 15 millones de dólares, y no recuerdo que Televisa haya demandado al PRD. Vino pagando, pero pagó tres años después y no sabemos si pagó todo”.

–¿Entonces cree que la demanda no fue por motivos económicos, sino por la molestia de Gómez con usted?

–Es una de las explicaciones. Una demanda así se decide arriba y no tengo ninguna razón para suponer que se hizo por órdenes de Emilio Azcárraga Jean (tengo una muy buena relación personal con él), ni tampoco funa decisión de Alfonso de Angoitia, que maneja todos los aspectos jurídicos. Entonces yo supongo que, si se decidió arriba, el único que pudo hacerlo es Gómez. Pero no me consta.

Los “poderes exóticos”



A fin de llegar a un acuerdo, se reunió con Azcárraga Jean en Nueva York mediante gestiones de un amigo común . “Lo cuento ahora porque ya lo divulgó Joaquín López Dóriga, atribuyéndoselo a Emilio Azcárraga, lo cual no me consta, pero sí me consta que López Dóriga lo divulgó en su programa de radio hace dos semanas. Dijo que yo me había reunido con Emilio Azcárraga y que lo había amenazado y chantajeado. Puras mentiras”.

Las cosas, asegura, fueron más sencillas: “Me reuní con Emilio y nuestro amigo común en las oficinas de los abogados de Televisa en Nueva York. Se da este primer encuentro, tenso, pero que termina bien, en donde le planteo que se resuelva lo de la demanda y lo de ciertos vetos que pueden existir contra mí. Esto fue a finales de mayo, estaban en plenas negociaciones para la compra de Univisión. No es imposible que ese haya sido el motivo por el cual haya habido disposición a platicar, dado que se me atribuyen todo tipo de poderes exóticos en Estados Unidos”.

Unas semanas después se volvió a reunir con Azcárraga en Miami; ese “fue un encuentro mucho más cordial. Antes de la final del mundial de futbol nos vamos a un brunch al Ritz Carlton de Coconut Grove… Platicamos muy a gusto de futbol, de la televisión, de Calderón. Me dijo que no iba a ser fácil el regreso a la pantalla en el corto plazo, pero que los otros temas se podrían resolver y que la demanda se podría arreglar con la propuesta que hizo nuestro amigo, de que yo le pagara la deuda a Televisa en especie. Esa instrucción bajó hasta los abogados de Televisa y, en septiembre, se presentó un documento en el juzgado por el que se suspende el proceso mientras las partes llegan a un acuerdo”.

Televisa aceptó en principio la propuesta de pago en especie, “porque problablemente creyeron que yo tendría un puesto en el equipo de Calderón, y les expusimos en un escrito que podría pagarles con conferencias, artículos, comentarios radiofónicos ¿A qué tasa? Pues a la del mercado. Pero desde entonces, no hemos tenido respuesta. Nada”.

–¿Gómez estuvo de acuerdo con su propuesta de pago en especie?

–Tengo entendido, por amigos de Estados Unidos, que Bernardo se molestó mucho por mis encuentros con Emilio y por el acuerdo al que llegamos.

Todo esto, señala, “se da en el contexto, y esto es lo más importante, del ambiente antimonopólico que hay en México, que va contra algunas empresas públicas y privadas, sindicatos, intelectuales. La comentocracia, los abajofirmantes como se les llamaba antes, también es un monopolio: son los mismos en cada medio o somos los mismos, para que no digan que me excluyo”.

Otro elemento importante “es el intento fallido de Televisa por comprar Univisión, cuando se puso a la venta en mayo del año pasado. La compró Haim Saban, un amigo muy cercano de los Clinton y del Partido Demócrata, con quien estuve el año pasado en su casa de Acapulco”.

Una tercera razón, dice Castañeda, es que “en el cambio de sexenio se empieza a dar toda una discusión, en Televisa y en círculos cercanos a Calderón, según me cuentan, sobre cómo va a hacer la relación del nuevo gobierno con esta empresa. En este contexto, surgen las dudas sobre si se va Gómez o no se va, si lo sacan a otro país o lo dejan. Tengo mis dudas: creo que en el fondo Bernardo está fintando y va a ejercer el mismo mando que ha ejercido hasta ahora y que, hay que reconocerlo, le ha rendido buenas cuentas a Televisa, que es la que finalmente le paga”.

–Su posición antimonopolios, sobre todo contra Televisa, parece un asunto personal, originado en su molestia porque lo sacaron del aire –se le plantea.

–Tan no es un asunto personal, que he insistido en la necesidad de regular los monopolios sindicales, y en particular el del SNTE, manteniendo una muy buena relación personal con mi vecina y casera, Elba Esther Gordillo. Y tengo una buena relación personal con otros líderes, con empresarios e incluso con otros ejecutivos de Televisa, incluido Azcárraga Jean. En mi caso no es nada personal, no sé si en el de Bernardo; habrá que preguntarle a él.


Autocracia Televisiva
Jenaro Villamil


No hay límites para la ambición de Televisa. No conformes con avasallar al Congreso, usar a la Presidencia y tomar por asalto los órganos de regulación de la industria, los dueños de la pantalla castigan y eliminan a quienes se atreven a desafiar sus prácticas monopólicas. Tal es el caso, por ejemplo, del Grupo Saba...

En el marco de los reacomodos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los operadores de Bernardo Gómez se preparan para desatar la vendetta contra excomisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que argumentaron ante los ministros la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa.

Los primeros ajustes de cuentas corren a cargo del director jurídico del consorcio y brazo operativo de Bernardo Gómez, Javier Tejado Dondé. Este directivo de la televisora aseguró que los exintegrantes de la Cofetel fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en lo que habría constituido “la primera sanción seria” del gobierno de Felipe Calderón contra la administración foxista.

Durante su participación como “especialista en telecomunicaciones” en el programa radiofónico Fórmula Financiera, el pasado 21 de diciembre, a las 21:30 horas, Tejado detalló durante 11 minutos –y sin que los conductores Maricarmen Cortés y David Páramo le solicitaran pruebas de sus afirmaciones– que el órgano de control interno de la Cofetel inhabilitó por un año al expresidente Jorge Arredondo y a los excomisionados Clara Luz Álvarez y Abel Mauro Hibert, a raíz de que concesionarios de radio y televisión de la frontera norte los acusaron de adoptar criterios lesivos para sus intereses.

Protagonista de un escándalo que se detonó el 1 de marzo de 2006, cuando el diario El Universal reveló una serie de presiones para que organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldaran la Ley Televisa, Tejado Dondé acusó también a los excomisionados, en particular a Jorge Arredondo, de haber sido ineficaces y de participar en presuntos casos de corrupción, como la compra de vehículos y la operación de “un programa muy costoso de archivo electrónico telefónico” en el que se gastaron 60 millones de pesos.

En tono festivo, los conductores del programa calificaron esta “primicia” como el primer “quinazo” del gobierno de Felipe Calderón o el primer germanazo, en referencia a Germán Martínez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lo que Tejado Dondé omitió decir es que su encono contra Jorge Arredondo, Abel Mauro Hibert Sánchez, Clara Luz Álvarez González del Castillo y Salma Leticia Jalife Villalón, se debe en buen medida a que los cuatro renunciaron a sus cargos de la Cofetel el 11 de abril de 2006, en protesta por la promulgación de la Ley Televisa.

El 17 de marzo, todavía en sus puestos, los comisionados enviaron a la Cámara de Senadores, y el 5 de abril a la Presidencia de la República, al secretario de Gobernación (Carlos Abascal), al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola) y a los titulares de Innovación Gubernamental (Ramón Muñoz), de Políticas Públicas (Eduardo Sojo) y al consejero jurídico de Fox (Juan de Dios Castro), unos documentos en los que advertían que las reformas propuestas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones despojarían al Estado de su rectoría sobre los bienes de la nación; también se demostró la dominancia de los concesionarios de televisión, en especial de Televisa y TV Azteca.

Después de su renuncia, Clara Luz Álvarez y Salma Leticia Jalife presentaron el 22 de agosto un extenso estudio de 63 cuartillas ante la SCJN, en su calidad de amicus curie (amigas de la corte), en el cual critican los efectos de la Ley Televisa y señalan claramente que sus artículos 16 y 28 contravienen la Constitución.

Las excomisionadas sostuvieron dos reuniones con los ministros Salvador Aguirre Anguiano (responsable de definir si esa ley es anticonstitucional), así como con Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel. La primera reunión se realizó a mediados de julio, y al mes siguiente presentaron el mencionado estudio, del cual Proceso tiene copia.

El análisis contiene críticas a la Ley Televisa porque otorga ventajas competitivas a Televisa y TV Azteca, establece un refrendo automático a sus concesiones, crea barreras de entrada para nuevos competidores y, por si fuera poco, genera una especie de “derechos reales” sobre el uso del espectro.

Fuentes de la SCJN señalan que los ministros pueden resolver en las próximas semanas que algunos artículos de la Ley Televisa son “parcialmente” anticonstitucionales.



Intimidación



Consultada sobre la supuesta inhabilitación, la excomisionada Clara Luz Álvarez afirma que hasta el momento no se le ha notificado de una medida semejante y que la Secretaría de la Función Pública no la ha citado.

En cuanto a la denuncia de los concesionarios de la frontera, señala que “lo importante es que Tejado Dondé revela información que es reservada porque todavía está en curso un procedimiento de investigación. Me parece más bien un ajuste de cuentas o un intento de desvirtuar la carrera de quienes estuvimos en Cofetel y no apoyamos los intereses de Televisa”.

Álvarez fue la responsable del área jurídica en Cofetel, y aclara que durante su labor en ese organismo era común que las grandes empresas de telecomunicaciones “utilizaran el instrumento de la queja para amedrentar a los funcionarios”. Incluso, recuerda que en 2005 la empresa telefónica Nortel presentó una denuncia contra el pleno de la Cofetel por supuesto daño patrimonial. “Se invirtieron 700 horas a nivel de cada comisionado para defendernos. Finalmente, la empresa se desistió y congeló la demanda”, puntualiza.

En ese entonces, uno de los asesores jurídicos de la demanda de Nortel contra la Cofetel fue Eduardo Ruiz Vega, actual comisionado del organismo y quien fue mencionado como parte de la red de “asesores independientes” presentados por Javier Tejado Dondé para apoyar la Ley Televisa.

El expediente de inhabilitación que mencionó Tejado en el programa de Radio Fórmula es, al parecer, el RE-03/ 2005; se trata de una demanda de las empresas G Tel Comunicaciones y B Tel en contra de los excomisionados de Cofetel, en virtud de que éstos las afectaron al aprobar un procedimiento interno para promover “mayor competencia en la frontera de México para la instalación de enlaces privados trasfronterizos, utilizados especialmente por empresas mexicanas exportadoras y maquiladoras”.

Las empresas acusan a los excomisionados de omisión, al no llevar a cabo el procedimiento de mejora regulatoria conforme al artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y piden como sanción que se les inhabilite por un año para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Operaciones políticas



El exsenador panista Javier Corral identificó a Javier Tejado Dondé como el autor intelectual de las reformas que se aprobaron el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados y que posteriormente se conocieron como Ley Televisa.

El dictamen, que se aprobó sin discusión alguna “tiene la huella digital de Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, y de Javier Orozco Gómez, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados y antiguo asesor del propio Tejado Dondé. La iniciativa del diputado Miguel Lucero Palma reproduce íntegramente textos de la autoría de Tejado Dondé y de Orozco Gómez”, declaró Corral en aquella ocasión.

Por su parte, la entonces diputada federal del PRD Dolores Gutiérrez, quien apoyó sin cuestionamiento alguno la Ley Televisa en su calidad de secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, declaró que antes de que la reforma se aprobara por unanimidad el 1 de diciembre de 2005, en menos de siete minutos, Tejado les ofreció a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales espacios gratuitos en radio y televisión para que difundieran sus propuestas electorales.

Además de director jurídico de Televisa, Tejado Dondé es identificado como uno de los brazos operativos del vicepresidente del consorcio, Bernardo Gómez. Incluso, cuando éste presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) entre 2000 y 2002, Tejado fungió como presidente de facto, debido a las múltiples ocupaciones de su jefe.

El 1 de marzo de 2006 el periódico El Universal reveló una serie de grabaciones telefónicas que se conocieron como la operación Torniquete porque en ellas Javier Tejado Dondé le sugiere a Rafael Aranda, de la telefónica Alestra, que presione a la presidenta de la Canieti, María Teresa Carrillo, para que ceda en su oposición y apoye públicamente la Ley Televisa.

En otra de las conversaciones grabadas, Javier Tejado le ordena a Claudia Romano, funcionaria de Televisa, que le remita a Eduardo Ruiz Vega el documento que elaboró el investigador Ernesto Piedras para conseguir el aval de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El organismo acabó apoyando las reformas en un desplegado que se publicó en varios periódicos nacionales.

Durante las consultas realizadas por los ministros de la SCJN para escuchar a las distintas partes sobre la Ley Televisa, Tejado ha defendido la constitucionalidad de las reformas. Argumenta que tanto Televisa como TV Azteca tienen “derechos adquiridos” sobre el espectro radioeléctrico concesionado y que, por lo tanto, pueden quedarse con el espectro sobrante de las frecuencias analógicas que les entregó el Estado.

Recientemente, Tejado Dondé ha señalado en sus colaboraciones para la radio y la prensa que la conformación de una tercera cadena televisiva es un despropósito. Al respecto, Proceso tuvo acceso a información en el sentido de que Televisa neutralizó ya la pretensión de Isaac Saba y de sus socios en Estados Unidos de obtener concesiones para una tercera cadena de televisión abierta en México.

Del Villar, junto con el especialista Jorge Martínez Pous y el director de Canal Once, Julio di Bella, formó parte de la primera terna de integrantes de la Cofetel que no fueron del gusto de Televisa ni de TV Azteca.

En este contexto, la gente de Bernardo Gómez busca nuevas posiciones en la administración federal, después de que Arely Gómez González fuera designada como titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Secretaria general de Mariano Azuela cuando éste presidió la SCJN, Gómez González es hermana de Bernardo y del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez.

La nueva funcionaria de la Procuraduría General de la República no tiene experiencia en materia electoral, pero eso no fue obstáculo para que el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora (amigo y socio de Bernardo Gómez en la empresa CreaTV) le diera esa responsabilidad.

Arely Gómez ha sido también oficial mayor de la SCJN y secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala del Tribunal Fiscal, y se inscribió en la lista de candidatos a ocupar una de las vacantes en el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas el 5 de enero, en desplegados publicados en periódicos de circulación nacional, el Senado de la República incluyó a Gómez González en la lista de 29 aspirantes.