EL IMSS EN CAMINO DE LA PRIVATIZACIÓN.

Sentenciar al IMSS, para privatizarlo

martes, 06 de marzo de 2007

Por Edmundo Contreras Casos y Cosas El tema del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que ahora, de unos seis años y meses a la fecha que el PAN arribó al Gobierno Federal, atraviesa por la peor crisis de su historia, cimbró a fondo a la sociedad yucateca en su conjunto, dada la inhumanidad que proyectan las nuevas medidas administrativas dispuestas por la jefatura central de la institución. Los jerarcas nacionales del IMSS, evidentemente emanados o vinculados con el PAN o con el espurio Felipe Calderón Hinojosa, que en vez de fajarse los pantalones y asumir su deber constitucional de garantizar la atención a la salud de los mexicanos, como su derecho inalienable, siguen necios en buscar los mecanismos para lesionarlos más y, en consecuencia, acrecentar el descrédito del Instituto en aras de su privatización. Ya que como es del conocimiento de la sociedad mexicana en su conjunto, el deleznable fin de este debilitamiento oficial del IMSS busca vender la idea de la inoperancia institucional, de las limitantes económicas que imposibilitan al Estado sostener debidamente a esta institución que es producto de los logros más significativos que se alcanzaron con el movimiento revolucionario del año de 1910 que le dio forma a la nación que hoy somos y tenemos. La cuajada gracias a la Revolución Social Mexicana, a los afanes de generaciones de mexicanos visionarios y comprometidos con su Patria y con su gente, quienes no obstante son los responsables de la institucionalización que distingue a la República, hoy día han sido relegados a un gris papel de oposición política que le permite a los gobernantes panistas, como sucede actualmente, darle curso a estos embates facciosos en perjuicio de México y de su gente. Lo cual se evidencia cabal y justamente en este deleznable asunto del IMSS, de lo mal que se desempeña en su deber constitucional de privilegiar la atención a sus derechohabientes en materia de salud, debido a esa traidora determinación presidencial panista de deteriorarlo al máximo posible, a fin de poder presentarla como una dependencia desahuciada, insostenible para el Estado. Y, de esta manera, fortalecer y consolidar la traidora intención oficial de hacer creer al país que lo más conveniente es privatizarlo, deslindarlo de la responsabilidad constitucional del Estado para entregarlo a la iniciativa privada, o sea, para convertirlo en un negocio en el que los que requiramos de sus servicios de atención médica u hospitalaria, habremos de pagar por ellos. En pocas palabras, que esto debemos verlo como el andamiaje construido dolosamente por el gobierno panista para sentenciar al IMSS, para privatizarlo. Sí, sentenciar al IMSS, para privatizarlo, ese es el fin y así lo acusaron los mismos trabajadores de la delegación estatal al ser informados por el jefe de Prestaciones Médicas, Dr. José Guevara Arenas, de esas nuevas medidas administrativas que dispusieron las autoridades centrales del Instituto para, en la praxis, “limitar a los derechohabientes de medicamentos y servicios que por Ley les corresponden”, como acusó la diputada Lucelly Alpizar Carrillo, en entrevista sobre el caso. Limitación de medicamentos, incapacidades médicas, análisis clínicos y demás servicios y atenciones propias de la medicina, de la constitucional atención a los ciudadanos que es deber del Estado a través de sus instituciones para el efecto, como lo es el IMSS, al igual que también lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que da cobertura a otros segmentos de la población trabajadora de la Entidad y del país, que sin duda es prueba contundente de la aberrante intención oficial contra el derecho a la salud de los mexicanos. Pues como advierte la diputada local del PRI, Lucelly Alpizar Carrillo, sobre esta situación que se ha extremado en el IMSS con las inhumanas medidas oficiales dispuestas por sus directivos nacionales: “estas disposiciones son inauditas y anticonstitucionales, pues no sólo pueden ocasionar la alteración de la terapia adecuada en el paciente, sino que pueden llegar a afectar seriamente la salud”, en lo que pareciera ser el mejor de los casos. Pues no debemos olvidar que el asunto es amplio y se extiende a la reducción de incapacidades médicas, esto es, que se pretende forzar a trabajar a quien esté enfermo al no otorgarle esa indispensable constancia del IMSS, del mismo modo que los pacientes en especialidades, que requieren de tratamientos y medicamentos específicos, caros, no los recibirán por estas nuevas disposiciones. Así como tampoco podrán contar, quienes así lo requieran por el padecimiento que acrediten, con los fundamentales análisis clínicos que son básicos en todo diagnóstico y tratamiento, pues también han sido objeto de estas medidas restrictivas dispuestas por la cúpula del Instituto Mexicano del Seguro Social, una gama de acciones que atentan claramente contra la salud y la medicina en sí, al grado de que por eso apenas ayer apuntamos que si Hipócrates viviera y conociera el IMSS, se muere de nueva cuenta, por la indignación de la ofensa. Es la verdad de las cosas, por eso es que la legisladora priísta, Lucelly Alpizar Carrillo, no tiene empacho en denunciarlas como una “muy grave irresponsabilidad y un atentado contra la vida”, al tiempo que demandó la intervención de las autoridades de Salud para garantizar que los pacientes sean atendidos en forma responsable y adecuada, “y no se ponga en riesgo su salud y sus vidas”. Que es precisamente lo que se hace hoy en dicha institución, con estas criminales políticas del panismo que buscan SENTENCIAR AL IMSS, PARA PRIVATIZARLO.