Escribe hoy José Woldenberg en el Reforma:
"Se trata de un fraude -perdón por la obviedad- porque nadie conoce
el futuro y porque es imposible dictarle a la gente lo que debe hacer sin
siquiera conocer la situación de quien demanda consejo. Se trata de un
fraude porque se abusa de la desinformación y de las necesidades de
muchos. Se trata de un fraude porque se explota la credulidad y a
cambio se entrega algo menos que humo. Se trata de un fraude
porque se utiliza una concesión televisiva que debía ser de servicio
público para inducir a los incautos a pagar por una cháchara. Se
trata de un fraude porque las compañías telefónicas contribuyen
a esquilmar a las personas."
"Habrá quien diga que los oferentes ejercen su libertad de emprender
y que nadie obliga a quien marca el teléfono a hacerlo; que al ejercicio
de la libertad no se le pueden poner taxativas. No obstante, sabemos,
o deberíamos saber, que las instituciones estatales tienen la obligación
de tutelar que en el mercado no se venda gato por liebre, que no se engañe,
porque ello es considerado fraudulento. Que nadie puede timar a un
comprador porque eventualmente será sancionado, es parte del abc de
la vida social. Es decir, que incluso en términos del libre mercado, la
libertad no es absoluta, y que el Estado tiene una importante función
que cumplir: la de vigilar que no se abuse del débil y la de sancionar
al sablista."
"La convivencia social no puede reducirse a un mercado donde el único
criterio válido sea la rentabilidad, no puede concebirse como una selva
donde el más fuerte o el más veloz abuse de los más lentos o débiles, y
quiero suponer que eso lo sabemos y compartimos. Desde el siglo XVIII
por muy diversas vías se ha intentado combatir las supercherías de todo
tipo y sobre todo lograr que a través de ellas unos pocos no se aprovechen
de los más. Porque dado que el conocimiento también se encuentra muy
mal distribuido y en capas enormes de la población subsisten toda clase
de ficciones enajenantes, debe intentarse que unos no se aprovechen de
los otros".
Y si usted amable lector se fue con la finta y cree que Woldenberg
se refiere al fraude electoral cometido por fecal y cía., se equivoca.
!oh decepción! se refiere a otro tema, de total,absoluta y fútil tras-
cendencia, -le incluyo la nota completa mas abajo-. No se si a don
José se le están secando las meninges,o su vida está llena de abu-
rrimiento, pero en mi opinión el que use la página editorial del -
Reforma para tratar este tipo de asuntos tan baladíes, me hace -
suponer que la situación del país no le ofrece temas mas atractivos
o a lo mejor con este asunto le está diciendo a fecal:¡hey chaparrín!
aquí estoy dame chamba en la profeco, o algo así.
Yo hubiera agradecido a Woldenberg que haciendo uso de su co-
nocimiento de los intríguilis del IFE, hubiera hecho este tipo de
defensa al pueblo de México por el fraude electoral cometido por
la Institución qu él alguna vez representó, y que él bien sabe que
esta aseveración está cabalmente demostrada por expertos.
En fin, triste destino editorialista de quien alguna vez muchas
gentes consideraron brillante.
Y sale la nota, para satisfacer nuestra curiosidad:
José Woldenberg Primero el fraude, luego la burla | |
Ante los ojos de todos y a ciencia y paciencia de las autoridades, durante largos meses hemos sido testigos de un fraude espectacular. En los principales canales de televisión, diversos psíquicos, videntes, lectores del futuro, astrólogos, prometen decir la suerte, orientar, aconsejar a quienes hacen una llamada telefónica. Frente a una bola de cristal, en medio de signos del zodiaco, envueltos en vestuarios amplios, coloridos y luminosos, los engañabobos prometen realizar todo tipo de operaciones ligadas al supuesto conocimiento del porvenir. De manera burda, pero al parecer efectiva, personajes lamentables como Walter Mercado, Madame Sassú, Amira, se dirigen al auditorio prometiéndole resolver sus problemas con sólo marcar diferentes números telefónicos. Las llamadas, por supuesto, tienen un costo. Se trata de un fraude -perdón por la obviedad- porque nadie conoce el futuro y porque es imposible dictarle a la gente lo que debe hacer sin siquiera conocer la situación de quien demanda consejo. Se trata de un fraude porque se abusa de la desinformación y de las necesidades de muchos. Se trata de un fraude porque se explota la credulidad y a cambio se entrega algo menos que humo. Se trata de un fraude porque se utiliza una concesión televisiva que debía ser de servicio público para inducir a los incautos a pagar por una cháchara. Se trata de un fraude porque las compañías telefónicas contribuyen a esquilmar a las personas. Habrá quien diga que los oferentes ejercen su libertad de emprender y que nadie obliga a quien marca el teléfono a hacerlo; que al ejercicio de la libertad no se le pueden poner taxativas. No obstante, sabemos, o deberíamos saber, que las instituciones estatales tienen la obligación de tutelar que en el mercado no se venda gato por liebre, que no se engañe, porque ello es considerado fraudulento. Que nadie puede timar a un comprador porque eventualmente será sancionado, es parte del abc de la vida social. Es decir, que incluso en términos del libre mercado, la libertad no es absoluta, y que el Estado tiene una importante función que cumplir: la de vigilar que no se abuse del débil y la de sancionar al sablista. Además, es necesario insistir en que todas esas supercherías erosionan la labor de la escuela en donde se trata de educar bajo los principios de la ciencia. En contraste, toda esa batería de anuncios lo único que hacen es alimentar las nociones más delirantes y las creencias más disparatadas. Todo aquello que según la Constitución debe ser combatido, "la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios", es alimentado por esas operaciones embaucadoras. Pues bien, la Procuraduría Federal del Consumidor, finalmente tomó cartas en el asunto, y estableció que a partir de este año (2007) todos esos merolicos debían ofrecer "información veraz y comprobable" de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de lo contrario serían sancionados. Recordemos que el mencionado artículo establece con claridad que "la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas y abusivas". Y no hay duda alguna de que esas campañas son precisamente "engañosas y abusivas". Esos anuncios -según la Profeco- debían aclarar que se trata de un servicio de "entretenimiento y no un medio veraz para tomar decisiones en la vida" (Reforma, 10 de enero 2007, p. 1). Pero ahora, después del fraude la burla. Porque los anuncios siguen vivitos y coleando y cualquiera los puede ver a todas horas en la televisión. Lo único que han hecho es colocar en una pequeñísima tira negra, alguna leyenda, más que difícil de leer por la velocidad a la que pasa, donde se dice entre otra información que se trata de un servicio de entretenimiento. Es decir, a pesar de la resolución de la autoridad, se construyó una artimaña que permite a los estafadores seguir estafando. Los anuncios se transmiten como en el pasado inmediato, pero ahora con una leyenda que nadie puede leer. La convivencia social no puede reducirse a un mercado donde el único criterio válido sea la rentabilidad, no puede concebirse como una selva donde el más fuerte o el más veloz abuse de los más lentos o débiles, y quiero suponer que eso lo sabemos y compartimos. Desde el siglo XVIII por muy diversas vías se ha intentado combatir las supercherías de todo tipo y sobre todo lograr que a través de ellas unos pocos no se aprovechen de los más. Porque dado que el conocimiento también se encuentra muy mal distribuido y en capas enormes de la población subsisten toda clase de ficciones enajenantes, debe intentarse que unos no se aprovechen de los otros. Porque las nociones que difunden videntes, psíquicos, similares y conexos, carentes de toda base de comprobación, sirven para seguir alimentando tonterías de todo tipo y para engañar a no pocos. Es por eso que la Profeco debe ahora aplicar el artículo 35 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice: "Sin prejuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá: I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;... y III. Imponer las sanciones que correspondan...". |
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