LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD.

Diario Reforma.
Sergio Aguayo Quezada.

La herida...
...es profunda, y los riesgos graves, porque la confrontación, además de ideológica, parte de interpretaciones radicalmente opuestas de legalidad y legitimidad. Entenderlo y asumirlo es un paso indispensable para explorar formas de entendimiento.Los pronunciamientos sobre las elecciones se salpican de invocaciones a la legalidad y a la legitimidad. La armonía creativa que debiera existir entre ambos conceptos está dislocada, y las partes sólo atienden lo que entienden y/o cuadra con su visión del mundo; es como una competencia entre clones de Procusto, aquel gigante que, de acuerdo con la leyenda, cercenaba o descoyuntaba las extremidades para lograr que los cuerpos de los desgraciados se adaptaran a las medidas de su lecho.

La legalidad es un valor supremo, pero no absoluto; es relativo y dinámico y va adaptándose a los cambios de la realidad y en ocasiones sirve de palanca jurídica para modificar la historia. Su utilización es dúctil porque depende de la posición que se ocupa en el cuerpo social. Los gobernantes la usan para justificar sus acciones, por más injustas y cuestionables que sean; los gobernantes, o cuando menos algunos de ellos, la cuestionan apropiándose de lo justo, un valor estrechamente asociado a lo legítimo.

Tomo un caso extremo para ilustrar la relatividad de los conceptos. Es frecuente escuchar que las atrocidades cometidas por el régimen nazi contra los judíos tuvieron un sustento jurídico. Pocas veces se habla de una paradójica secuela reportada por Hannah Arendt en su famosísimo ensayo sobre el juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann (Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil); desde una perspectiva jurídica Arendt concluyó, con base en la evidencia disponible, que el Estado de Israel había dado a Eichmann un "juicio... inequitativo" y que el "fallo [había sido] injusto". Eichmann murió proclamando su inocencia porque insistió en que se apegó a la legalidad imperante en la Alemania de su época.

La legitimidad de un gobierno depende del consenso de los gobernados que van evaluando, desde la pluralidad, si tal o cual concepto se apega a los criterios prevalecientes sobre lo justo, sobre lo legítimo. Es una tensión permanente que provoca ajustes periódicos.

En Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles de los negros combatió la discriminación con movilizaciones callejeras y con una demanda legal que desembocó en el famosísimo fallo "Brown Vs. Board of Education" (1954) en el cual la Suprema Corte derogó la doctrina jurídica "separados pero iguales" porque era ilegítimo separar a las razas justificándose en que cada una de estás tenía sus escuelas, baños públicos o secciones en los autobuses.

México también ha experimentado los ires y venires de esa utilización desigual, contradictoria o armónica, de la legalidad y la legitimidad. Javier Treviño documentó en Foro Internacional ("Los hijos del cielo en el infierno", julio-septiembre del 2005) la olvidada historia de los chinos discriminados en México durante las primeras décadas del siglo XX; con leyes culturalmente legitimadas se les prohibía tener propiedades, casarse con nativas y algunas expulsiones hechas al amparo del Artículo 33 también incluyeron a la esposa mexicana, como para lanzar un mensaje de lo riesgoso de unir la vida a una raza considerada inferior.

Es igualmente conocida la aberrante utilización que algunos gobiernos priistas hicieron del absurdo delito de "disolución social" para encarcelar opositores. Detengo esta letanía de iniquidades porque todavía ahora vivimos una cotidianidad marcada por la brecha entre lo legal y lo real.

Vistas así las cosas, la legalidad es una aspiración y un objetivo loable, siempre y cuando reconozca la vapuleada situación de nuestro Estado de derecho. En el alud de opiniones sobre qué hacer con las elecciones hay un sector, bastante amplio por cierto, que invoca la legalidad para rechazar el recuento voto por voto. La mayoría de quienes piensan de esta manera están convencidos de la urgencia de la legalidad. Otros más se refugian en las leyes cuando su verdadero deseo es colocar a Felipe Calderón en Los Pinos. Este último grupo lo encabeza el actual presidente de la República que se ha distinguido por el manejo políticamente convenenciero de las leyes.

Esto último, debe reconocerse, es bastante común entre quienes gobiernan; cuando López Obrador fue jefe del Gobierno del Distrito Federal interpretó a su conveniencia la legalidad para frenar la transparencia y evitar que pudiéramos evaluar de mejor manera su gestión gubernamental.

La posición contraria también se apoya en una lectura de las leyes para impulsar el recuento aunque el peso de su argumento recae en la cuestionable legitimidad de la elección. Para este sector, los que se protegen tras la legalidad encubren la sed de poder, aunque buena parte de quienes tienen esta posición buscan revertir los resultados provisionales para que López Obrador sea Presidente.

En el momento actual las posiciones son irreconciliables y sus integrantes son incapaces de escucharse entre sí. Existe el riesgo del conflicto y la violencia sociales y sería irresponsable minimizar los síntomas de la descomposición. Es normal que así sea porque está en juego el poder, el choque de ideologías encontradas y las visiones contrastantes de lo justo y lo legal. Es en cierto sentido un anticipo del nuevo México, en el cual la confrontación entre los opuestos tendrá que incorporarse a la vida diaria; así sucede en un buen número de democracias.La polarización encubre otras posiciones.

Estoy entre los que favorecen el recuento independientemente de quien termine siendo elegido. Parto de dudas razonables y legítimas sobre la calidad del proceso electoral, de que el conteo de votos es una forma de superar el encono y ponerle contenciones al enfrentamiento y de que, siendo realistas, el día de hoy es la vía más razonable para conciliar lo legal con lo legítimo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) tiene una tarea gigantesca porque calificará la elección del presente escoltada por una legión de espectros del pasado. Sin embargo, el Trife podría producir un fallo histórico si logra conciliar la razón y el sentido común con la ley y la justicia. Hay que respaldar a este tribunal aunque reservándose el derecho a opinar sobre los fallos que emita. Los cheques en blanco son propios de regímenes poco democráticos.