LA SEDESOL Y EL FRAUDE.

Este artículo lo publica hoy Reforma y es de Sergio Aguayo Quezada:


Sergio Aguayo Quezada.

Fraudes y floreros.

Cuando parecía que el fraude electoral seguiría acumulando polvo en el museo de las aberraciones democráticas, se insinúa, una vez más, en algunas acciones y omisiones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de un gobierno panista.

Fue uno de los flagelos del siglo XX y todas las elecciones competidas quedaron manchadas; de los partidos fue Acción Nacional el que lo sufrió durante más tiempo y con mayor estoicismo.

Cuando la izquierda incorporó el voto como instrumento de lucha, se dio una coincidencia natural con la derecha para exigir elecciones limpias y confiables.

Aquella época dejó como lección la integralidad del fraude: tan importante era el promotor compra-votos como el patán roba-urnas, el jurista que legalizaba el atraco o las instituciones que se hacían las desentendidas y se convertían en bonitos e inútiles floreros.

La etapa parecía superada en las elecciones federales.El fraude sobrevivió agazapado en comicios estatales, en la renovación de algunas dirigencias sindicales, en la forma como algunos partidos seleccionan a sus candidatos...

En el 2006, y cuando se tiñe de ferocidad la disputa por la Presidencia, renace el espectro del fraude electoral que puede manchar los comicios y alterar a una sociedad ya irritada; la democracia sólo funciona cuando el perdedor acepta su derrota.

En el 2004 me invitaron a formar parte del Consejo Consultivo de la Sedesol. Acepté para impulsar con otros colegas un estudio que respondiera dos preguntas relevantes: ¿se utiliza el gasto social para influir en los resultados de las elecciones? En caso afirmativo, ¿qué tan extendidas son esas prácticas y cómo pueden evitarse?

Formo parte del Comité de Transparencia de dicho Consejo que propuso una investigación compleja e inédita para saber lo que pasa con los programas sociales durante los procesos electorales; el Consejo la aceptó, y la Sedesol de Josefina Vázquez Mota la financió aceptando la libertad académica.

Con ese principio, un equipo interdisciplinario -ver Miscelánea- revisó varios programas sociales antes y durante las elecciones para gobernador en el estado de México, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz (2004 y 2005).

Se revisaron Oportunidades; Abasto Social de Leche de Liconsa; Apoyo Alimentario de Diconsa; Adultos Mayores, y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM), del Ramo 33.

El domingo pasado, Reforma publicó algunos resultados de esa investigación todavía inédita.

Del material periodístico retomo y contextualizo los hallazgos más importantes.

Primero las cifras. En el proceso electoral de 2006 la población que recibirá ofertas de compra de voto oscila entre un mínimo de 2 millones y un máximo de 4 millones 300 mil votantes pobres. La cifra puede crecer porque el cálculo fue conservador.

El número es grande porque, pese a los controles, los programas tienen fallas estructurales; los candados de Sedesol se debilitan en sus niveles más bajos, en el punto de contacto con los beneficiarios.

Hay enlaces, promotores o líderes que se aprovechan de su cargo para ejercer presiones que incluyen la promesa de inscripción a los programas sociales, o la amenaza de ser borrados.

La intimidación funciona porque la pobreza se transmite a la cultura democrática; pese a los avances, buena parte de los desposeídos tienen poca conciencia de sus derechos y de cómo defenderlos.

Pese a sus bondades, los programas sociales federales han prestado poca atención a la construcción de ciudadanía y un porcentaje alto de beneficiarios considera su voto como poco importante, a las elecciones como un gasto excesivo e inútil, a los partidos y gobernantes como entes poco confiables.

Lógicamente, su voto se convierte en una mercancía que se trueca por algo tan valioso como la esperanza de ser inscritos -o de permanecer- en el preciado programa social.

La investigación también identificó las fortalezas o debilidades de los diferentes programas federales estudiados.

Mientras que Oportunidades está bastante bien sellado, Liconsa, Adultos Mayores y el Fondo que financia Infraestructura Municipal (FISM) tienen debilidades de diverso tipo.

Es prudente recordar que estas conclusiones coinciden, en líneas generales, con lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación y el programa por la Transparencia de los Programas Sociales Federales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La investigación aplicada identifica problemas y propone soluciones.

El estudio bosquejado lo hace porque el objetivo siempre fue reducir el espacio a quienes quieran lucrar con la pobreza comprando votos en la elección presidencial del 2006; ése era el punto de entendimiento central entre la Sedesol, el Consejo Consultivo, las instituciones y los investigadores.

El conocimiento ya se generó; faltan acciones concretas y focalizadas en espacios sociales e institucionales claramente identificados.

Por razones que desconozco, la Sedesol de Ana Teresa Aranda se apoltronó en el estudio y fue posponiendo la reunión del Consejo Consultivo en que se aprobaría -en su estado actual o corregido- el estudio para, con esa base, proceder a difundirlo en su totalidad.

Será hasta el próximo lunes 24 de abril -casi dos meses después de que se entregara la investigación- cuando probablemente se apruebe.

El retraso es serio porque faltarán 69 días para las elecciones y porque hay otras dependencias involucradas.

Seguimos siendo un país de pobres, un alto porcentaje de los cuales tal vez venda su voto el 2 de julio lo que, bajo ciertas condiciones, podría definir la elección.

Ante esta situación, desconcierta que haya instituciones -el plural es deliberado y lo ampliaré en otras colaboraciones- que por acción u omisión están facilitando la compra y coacción del sufragio.

Sigue vivo el México de los fraudes, y de los floreros.

La Miscelánea .
En el Comité de Transparencia del Consejo Consultivo participan Silvia Alonso, de Alianza Cívica; Jacqueline Peschard, ex consejera del IFE, y quien firma esta columna. En los equipos participaron investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Berumen y Asociados, el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Probabilística. CIESAS fue la institución responsable ante Sedesol, y Fundar se encargó de la coordinación académica.

La denuncia allí está, ¿hay autoridades capaces de frenar este ilícito?.
Nosotros por nuestra parte lo que podemos hacer es tratar de abrirle los ojos a la gente. El tiempo lo tenemos encima. Yo por eso en mis cálculos le pongo 4 millones de votos de Sedesol a Fecal. Ojalá y estuviera equivocado. Si alguien tiene soluciones para este agravio, !Bienvenidas!.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.