DE LOS MEDIOS.....POR LA TARDE

Felipe: el arranque
Manuel Camacho Solís
8 de enero de 2007

A juzgar por las acciones de las primeras semanas de Felipe Calderón, no se pueden sacar conclusiones definitivas sobre su capacidad para enfrentar el reto principal de su administración: la gobernabilidad. Calderón empieza a ejercer el mando, pero aún no ha dado pasos serios para reconstruir la autoridad moral del gobierno.

El Presidente ordenó intervenciones espectaculares de la fuerza pública y dio un paso positivo en cuanto a su coordinación, pero el problema no se resolverá sólo así. El gobierno logró la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto, pero no cambios a favor del crecimiento, la competitividad o la mayor igualdad. Pero, sobre todo en su relación con la crítica y la inconformidad política y social, no hay muestras definitivas a favor de la reconstrucción de la credibilidad pública y la legitimación del régimen.

No se puede descartar la utilidad de los operativos en Michoacán y Tijuana. Más allá de sus efectos propagandísticos, lo primero que se necesita para enfrentar a la delincuencia es coordinación interna. Poner en movimiento a las fuerzas en función de objetivos inmediatos es una forma de hacerlo. Crear los niveles de cooperación y confianza interna es indispensable. Pero por las experiencias previas y lo ocurrido en otros países que han tenido mayor éxito (incluido Colombia), se sabe que no es con el Ejército en las calles como se gana esa batalla. Se avanza cuando se logra integrar equipos confiables de inteligencia, coordinación de toda la cadena de seguridad y justicia, seguimiento del dinero para detectar los apoyos y las redes de control y blindaje (político, institucional y mediático) de la política. La contención es arriba, más que abajo, pues como dicen quienes tienen experiencia en la materia: el pez se empieza a pudrir por la cabeza y no por la cola.

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Va GDF por dinero de delincuentes

nota original:

Autoridades capitalinas pedirán a la Secretaría de Hacienda información fiscal de los secuestradores que están en prisión

Ariadna Bermeo

Ciudad de México (8 enero 2007).- Con la participación de la secretarías de Gobierno, Finanzas, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, el Gobierno local instalará el próximo jueves la Unidad de Estrategia de Combate Financiero a la Delincuencia Organizada, informó este lunes el Jefe del Ejecutivo local, Marcelo Ebrard.

En conferencia de prensa, Ebrard precisó que se pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información fiscal de los secuestradores que están en prisión, cuyo cálculo es de mil 800 personas, todo como parte del seguimiento del dinero obtenido por ilícitos.

La solicitud también incluirá a personas morales y a quienes han participado en delitos violentos en la Ciudad, así como a empresas o instituciones, en las que los delincuentes tengan operaciones o presencia.

Para conocer los bienes de los delincuentes, se indicó, también participará el Registro Público de la Propiedad.

Ante la pregunta de si será posible obtener la información de manera pública, Ebrard dijo que todo tiene que ver con individuos ya procesados y sentenciados, por lo que sería muy difícil aducir al secreto bancario para dar una negativa.

"Estos individuos de delincuencia organizada están manejando recursos, y tenemos que dificultar eso, y si no lo hacemos, nunca vamos a poder resarcir en ningún sentido a las víctimas de los delitos de estos individuos", comentó el Mandatario local.

NOTA:¿Tendrá Hacienda los pantalones para realmente ir contra los malandros? O como siempre, ¿quedara en evidencia el mitote?


Miguel Ángel Granados Chapa
Ortiz Mayagoitia

nota original:

El cuarto presidente de la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciada en 1995, fue elegido en contienda abierta, por mayoría de 7 de 11 votos, presumiblemente tras la evaluación de varias propuestas de trabajo
El 19 de septiembre pasado siete ministros desecharon la ponencia de su compañero Guillermo (Iberio) Ortiz Mayagoitia, que resolvía dar por concluida la investigación sobre violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho sin reconocer la participación del gobernador de Puebla, Mario Marín. El proyecto daba por buena la indagación realizada por dos magistrados -Óscar Vázquez Marín uno de ellos- que ni siquiera consideraron el papel del Ejecutivo poblano en aquellos acontecimientos. Aquel revés del pleno al trabajo de esos dos miembros del Poder Judicial federal resulta a la postre insignificante frente otras decisiones de los ministros, que el 27 de noviembre hicieron miembro del Consejo de la Judicatura a Vázquez Marín y el martes pasado eligieron presidente del tribunal constitucional (y de ese mismo Consejo) a Ortiz Mayagoitia.

El próximo 10 de febrero el cuarto presidente de la Corte en su novena época (iniciada en 1995) cumplirá 66 años de edad. Nacido en Misantla, estudió derecho en la Universidad Veracruzana e inició su carrera judicial en Poza Rica, dentro de la Judicatura del fuero común, como secretario de Acuerdos. El 1o. de junio de 1965 pasó a la federal, como actuario y secretario en el juzgado de distrito de Tuxpan y pronto se estableció en la Ciudad de México, como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Ésa era una posición que en el antiguo régimen judicial era adecuada para hacer carrera, pues las designaciones dependían directamente del favor de los ministros. Fue así como Ortiz Mayagoitia fue nombrado juez de distrito, cargo que desempeñó en Oaxaca y en el Distrito Federal. El 9 de marzo de 1981 fue ascendido a magistrado, miembro de tribunales de circuito en Villahermosa y el Distrito Federal.

En 1993 fue parte de una breve experiencia, la primera que hizo a miembros de la judicatura federal conocer asuntos electorales. En aquel año fue reformada la estructura del Tribunal Federal Electoral y se creó una sala de segunda instancia, para actuar sólo durante el proceso electoral de 1994, formada por magistrados de circuito, propuestos por la Suprema Corte a la Cámara de Diputados, que el 27 de octubre nombró a Ortiz Mayagoitia, Juan (Nepomuceno) Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Guillermo Velasco Félix para esa pasajera función, concluida la cual volvieron a sus tribunales. En 1995 Ortiz Mayagoitia y Silva Meza fueron propuestos por el presidente Zedillo al Senado para integrar (con nueve ministros más) el nuevo pleno de la Corte reformada. Y como el año pasado el presidente Fox hizo lo propio con la magistrada Luna Ramos y con Fernando Franco (que presidía aquel tribunal electoral) ahora los cuatro forman parte del tribunal constitucional.

Como lo hicieron cinco ministros más, en diciembre pasado Ortiz Mayagoitia presentó su candidatura a la presidencia de la Corte. Sustentó su aspiración en dos documentos, uno que contenía los lineamientos generales a que se atendría en caso de ser elegido, y una carta que en cierto modo sintetizaba las líneas anteriores. En esta explicó: "Me siento con vocación para desempeñar ese elevado cargo... fundamentalmente por sentido de responsabilidad. He escuchado opiniones en el sentido de que debo asumir este compromiso. He escuchado a mi propia conciencia y aquí estoy, lleno de ideas, cargado de buenas intenciones, con humildad, tratando de conseguir su aceptación".

Lo consiguió rápidamente. El 2 de enero, en la primera sesión después del receso invernal, un sola ronda bastó para que siete ministros, los necesarios, le dieran su voto. Por Silva Meza se inclinaron tres más. Y el ministro Sergio Valls se quedó con uno, el suyo propio. Aunque en su discurso de agradecimiento el nuevo presidente dio por sentado que la lectura de sus lineamientos fue base de su elección, por las dudas reprodujo la distinción que había planteado entre las funciones jurisdiccionales, las de representación y las administrativas.

Por su temperamento, su formación jurídica y su relación con el presidente al que reemplaza, Mariano Azuela Güitrón, el desempeño de Ortiz Mayagoitia tenderá a la continuidad, será conservador, aunque también sensible a los reclamos del tiempo y de la sociedad. Por ejemplo, hace algunos años no le pareció relevante, ni impugnable, que su hija Guadalupe Margarita Ortiz Blanco fuera secretaria en la Suprema Corte, de donde resultó que numerosas sentencias en que el padre fue ponente aparecieran suscritas también por la hija. En cambio, apenas fue elegido presidente favoreció que ella y su hijo Guillermo renunciaran a sus puestos en el Consejo de la Judicatura. Ella había pasado de la Corte a ese órgano judicial cuando Azuela fue elegido presidente de ambos cuerpos, y como secretaria ejecutiva de carrera judicial, adscripción y creación de nuevos órganos era mano derecha de Azuela.

También se mostró perceptivo de urgencias sociales al enlistar seis asuntos que la Corte debe resolver pronto: la definición de la jerarquía normativa de los tratados internacionales; la posible discriminación del Ejército a quienes padecen cáncer o sida; las acciones de inconstitucionalidad relativas a la llamada Ley Televisa (él, por supuesto, no la mencionó de esa guisa); la controversia relacionada con juegos y sorteos, controversias promovidas por los tribunales de Jalisco y Tlaxcala y un caso "de interés político y social", la "investigación relacionada con el gobernador del estado de Puebla".



Cajón de Sastre


Ayer, 7 de enero, se cumplió un siglo de la represión militar a los huelguistas de la fábrica textil de Río Blanco, fundada apenas en 1892 y adquirida por la Compañía Industrial de Orizaba. Esa región veracruzana había prosperado mediante la sustitución de la mano de obra artesanal por la producción industrial, que generó un sindicalismo influido por corrientes radicales que supusieron lícito evitar que los empresarios trasladaran a los asalariados sus dificultades de mercado y en cambio no estuvieran dispuestos a distribuir los beneficios de sus épocas de bonanza. Los obreros de los establecimientos de Santa Rosa, Nogales y Río Blanco paralizaron sus labores en busca de mejores condiciones de trabajo y, como había ocurrido seis meses antes en el norte, en la zona minera de Cananea, el Ejército federal intervino violentamente para forzar la vuelta al trabajo. Durante mucho tiempo, los sindicatos textiles afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) tuvieron el 7 de enero como un hito histórico que se festejaba rumbosamente. Hoy no hay fiesta porque no hay industria ni sindicatos.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

FECAL SE ATREVERA A IR CONTRA PEÑA NIETO, GATO DE LOS HANK EN EDOMEX???



Roberto Zamarripa Tijuana: la conexión Toluca

nota original:

El megaoperativo militar en Tijuana focalizó sus baterías en desactivar a la policía municipal de esa ciudad fronteriza dadas las distintas evidencias de su participación como aparato al servicio del crimen organizado.

La pregunta es si se trata de una operación que irá a fondo para maniatar malos policías y procesar a sus jefes o sólo pretende ser una acción de coyuntura.

Vicente Fox también empezó en enero del 2000 declarando la "madre de todas las batallas" al narcotráfico. Lo hizo en Tijuana con Alejandro Gertz a su lado y con la orden de poblar de agentes de la PFP todas las colonias de la ciudad fronteriza. Todo duró unos meses y la crisis de inseguridad se agravó.

Si ahora el asunto es a fondo y no cosmético puede resultar salpicado el mismísimo gobernador del estado de México, Enrique Peña, que si bien no tiene frontera geográfica con Baja California, sigue dibujando sus vértices políticos con el hankismo.

Cuando Jorge Hank llegó a la alcaldía de Tijuana en diciembre del 2004, nombró a Ernesto Santillana como secretario de Seguridad Pública municipal, con la promesa de que con él habría mano dura.

Santillana -un personaje vinculado al denominado Grupo Atlacomulco y cuya carrera siempre ha ido de la mano de Humberto Benítez Treviño, hoy secretario de Gobierno mexiquense y hombre de confianza de Peña Nieto- tuvo una gestión polémica, con grandes cuestionamientos sobre abusos a la vez de solapamiento de delincuentes.

Duró en el cargo poco más de un año y bajo su mando se instauraron operativos con efectivos encapuchados, vestidos de negro que -según las notas periodísticas locales- mataban presuntos delincuentes "en caliente". Uno de los principales comandantes de esas operaciones de "terror" era Genaro Carrillo Elvira, un ex agente del Ministerio Público, que en Chihuahua llegó a ser un cliente de las recomendaciones de la CNDH en la época de Jorge Carpizo (1991-1992), por actos ilícitos, y ya en Tijuana (2005-2006) generó una mala fama por sus dudosos procederes.

Los hombres de negro que surgieron en la era Santillana-Carrillo después se convirtieron en sospechosos de secuestros y extorsiones. El hecho es que Tijuana antes que convertirse en una ciudad segura como lo prometió Hank, pasó a ser el municipio más peligroso del país.

Todo empezó con Santillana. Los secuestros y levantones se convirtieron en pan de cada día en Baja California y principalmente en Tijuana. El problema se agudizó cuando se concatenaron varios plagios donde los familiares de las víctimas pagaban los rescates, pero los plagiados aparecían muertos.

Las distintas denuncias contra los procederes del equipo policiaco de Ernesto Santillana, tanto por su ineficiencia como de las sospechas por sus presuntas acciones delictivas, crearon un ambiente hostil y obligaron a Hank a retirarlo del cargo. Pero no fue para abrirle una investigación sino para que el gobernador Enrique Peña lo rescatara nombrándolo subprocurador en el estado de México.

Cuando Santillana ya daba sus primeros "golpes" en Neza, a mediados del 2006, la PGR detenía a los ex jefes policiacos Mónica Guadalupe Ramírez Radilla y Julio César Abasolo Pierce, quienes fueron subordinados tanto del actual funcionario mexiquense como de su lugarteniente Carrillo. A los dos detenidos, la autoridad federal los vinculó con el cártel de los hermanos Arellano Félix. Ramírez Radilla era una agente de confianza del entonces titular de Seguridad Pública en Tijuana quien incluso en mayo del 2005 le otorgó la Medalla al Mérito por su "positivo desempeño".

Julio César Abasolo Pierce era el jefe policiaco en la Mesa de Otay, también bajo las órdenes de Santillana. Cuando su ex jefe ya se había ido a Toluca, él intentaba pasar por Chula Vista 1 millón de dólares de presunta procedencia ilícita. Ahí lo detuvieron las autoridades norteamericanas.

Otro agente policiaco vinculado con Santillana y Carrillo era José Aurelio Urbina, quien fue acusado y detenido en agosto pasado por la PGR por presuntos vínculos con el narco.

A la vez, Genaro Carrillo tiene abierta una averiguación por ilícitos cometidos durante una detención.

En marzo del 2006 se fue Santillana y no bajaron los secuestros. La policía municipal no varió su conducta. La PGR ha reunido suficientes evidencias de cómo desde las frecuencias radiales por las que se comunicaba la policía municipal se ordenaban operativos de cobertura a presuntos narcotraficantes para "levantones" o plagios.

Si lo que se busca con el megaoperativo militar es sentar la tranquilidad pública y evitar la impunidad, bien podrían estar revisando los expedientes que llevan a Toluca. Si sólo se quiere tirar una candidatura sin hacer la mínima justicia a las víctimas de secuestros e ilícitos, son demasiados soldados para un propósito electoral.


Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx

Y EL DEFORMA SE DA UN TIRO AL PIE, y acepta que los gringos manejan los asuntos fiscales de México, ante el plan de Marcelo para ir contra la malandrada.Y para salirse por la tangente los del Deforma en su actitud rastrera rememoran el caso del expediente de Gustavo Ponce, que fue manejado por Fox como golpeteo mediático contra AMLO. Quedan así en evidencia los arreglos que permiten a los narcos andar como pedro por su casa en las fronteras de los dos países, todos en Juárez saben que los narcos viven de lo mas quitados de la pena en el Paso Texas, pasando a diario si alguna hamburguesa se les antoja.

nota original:

EL ESPERADÍSIMO plan antinarco de Marcelo Ebrard resultó ser... una carta a los Reyes Magos.

O TAL VEZ ni siquiera eso, pues en lugar de proponer acciones específicas, se limita a solicitarle a la Secretaría de Hacienda que se sienten a ver si algún día, tal vez no muy lejano, pudieran platicar para establecer un convenio que, quizá, podría permitir en algún momento que compartan información.

PERO va a estar difícil que alguien en Hacienda quiera abrirle a Marcelo las bases de datos financieras, pues ya han tenido muy malas experiencias en ese sentido.

COSA DE RECORDAR que cuando le estalló el videoescándalo de Gustavo Ponce apostando en Las Vegas, Andrés Manuel López Obrador utilizó indebidamente información confidencial, lo que provocó un conflicto fuerte con Estados Unidos.

EN AQUELLA OCASIÓN, Washington castigó a México al suspender los convenios de intercambio de información financiera, porque López Obrador divulgó el expediente que elaboraron autoridades de aquel país sobre su ex secretario de Finanzas.

ASÍ QUE con esos antecedentes, no se ve fácil que alguien en Hacienda quiera contarle un secretito a Marcelo Ebrard... a menos que el perredista quiera ir a Washington a convencerlos de que él es distinto.

NOTA:Lo dicho ¿quieren o no quieren acabar con la malandrada? Y hasta hoy los mexicanos creímos que los asuntos financieros los resolvía la TONINA CARSTENS, pero que bueno que nos avisan para quien trabaja. Ya los mismos gringos comentaron hoy que de nada sirve la faramalla cuando no se usan las herramientas económicas contra los narcos y demás compinches. Lo que trae asoleados a los del Deforma es que Marcelo haya dicho el método que en todo mundo usan cuando realmente quiere ir contra los pesados. Y usan el asunto del DF como punta de ariete para NEGARSE a colaborar con un plan que realmente funcionaria. No cabe duda AMLO seguirá siendo la nota del día y por todos los días en este pasquín derechozo.


Y EN JALISCO UN DESASTRE EN LOS MUNICIPIOS, ¿RAMIREZ ALLÍ TE HABLAN SOCIO?:


Hallan ediles megadeuda en Jalisco

Nota original:

De los 498 millones de deuda reportada, 54 por ciento corresponde al endeudamiento que dejó Tonalá, con 228 millones

Grupo Reforma

Guadalajara, México (8 enero 2007).- A una semana de asumir el poder, varios Alcaldes se encontraron con ayuntamientos sin patrimonio, bienes deteriorados y deudas que ascienden por lo menos a 498 millones 100 mil pesos.

En un sondeo realizado por REFORMA a 54 de los 125 municipios, se pudo constatar que entre los principales problemas están el deterioro del parque vehicular, venta de bienes, desaparición de documentos, derroche de recursos y principalmente deudas.

De los 498 millones de deuda reportada, 54 por ciento corresponde al endeudamiento que dejó Tonalá, con 228 millones, y El Salto con 40 millones de pesos.

Precisamente esos dos municipios fueron de los que más señalamientos tuvieron de abusos y corrupción, cuando estuvieron encabezados por Palemón García Real y Bertha Alicia Moreno, respectivamente.

En La Barca hay una deuda por casi 50 millones de pesos, de los cuales 40 millones se deben a Banobras.

Las nuevas autoridades de Cocula detectaron personas que cobraron durante los tres años de Gobierno, pero dichos "trabajadores" no existían.

Y en Zapotitlán de Badillo encontraron que durante diciembre se pagaron horas extra a funcionarios hasta por 10 mil pesos.

En Zacoalco de Torres desaparecieron archivos de cómputo igual que en Zapotlán el Grande donde se reporta que en el DIF borraron toda la información de computadoras y en la Oficialía Mayor y Obras Públicas dejaron pocos datos para arrancar la administración.

En Totatiche los funcionarios salientes tiraron a la basura el archivo histórico del municipio, del cual ya se recuperó una parte.

En casos como Tonaya y Mazamitla se vendieron vehículos para pagar deudas.

Pese a que se trató de localizar a los alcaldes entrantes de la mayoría de los municipios, algunos no pudieron ser localizados y otros se negaron a conceder entrevistas.

Con información de Christian Ortiz, Fernanda Carapia y Laura Rodríguez