Un chingo de información que vale la pena en La Jornada de hoy empezando con el titular de hoy:
El conflicto sigue abierto, advierte la CCIODH; pide representación de la ONU y de Europa
En SG, pruebas contundentes de los abusos cometidos en Oaxaca
Las transgresiones a los derechos humanos podrían ser motivo para que la UE cancele el tratado comercial con México, señala
Se compromete el gobierno a investigar y castigar a los culpables
Agente de la PFP lanza gas lacrimógeno a integrantes de la APPO durante el enfrentamiento del pasado 20 de noviembre en Oaxaca Foto: Francisco OlveraLa Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó ayer por la tarde a la Secretaría de Gobernación (SG) el informe que realizó sobre las "violaciones a las garantías fundamentales" en Oaxaca, ante lo que las autoridades federales se comprometieron a analizar el documento e investigar a quienes estén involucrados en esos actos.
Luego de siete horas de espera, pues los integrantes del organismo internacional habían sido citados a las 10 de la mañana, pero la reunión fue pospuesta para las 5 de la tarde, el subsecretario de Gobierno de la SG, Abraham González Uyeda, recibió a una delegación de la CCIODH, con la que dialogó alrededor de dos horas en la sede de la dependencia, en Bucareli.
Testimonios de todos los actores
La CCIODH, conformada en su mayoría por activistas europeos, entregó al funcionario el informe final sobre las pesquisas que realizó en aquella entidad durante diciembre y enero pasados, el cual consta de testimonios de todos los actores que participaron en el conflicto: integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), autoridades estatales, detenidos y defensores de derechos humanos, así como de organismos y personas que no están en favor de la APPO.
Para "resarcir" las violaciones a las garantías fundamentales de los oaxaqueños, el organismo internacional recomienda al gobierno mexicano que las investigaciones se agilicen y se sancione a los responsables.
Además de videos con los testimonios, la CCIODH hace un recuento puntual de cuáles son las violaciones en que incurrieron los funcionarios estatales y federales, y cómo perjudicaron social y sicológicamente a la población.
A decir de Ignacio García, integrante del órgano defensor de derechos humanos, González Uyeda se comprometió a atender las denuncias y testimonios incluidos en el informe, además de investigar los delitos en que estén involucrados funcionarios y actuar en consecuencia. "Evidentemente, las diferencias están en el tema de las denuncias, pero admitió que existen y que hay investigaciones abiertas", dijo el activista.
Destacó que durante el encuentro, advirtieron al funcionario gubernamental que la actuación de la justicia en Oaxaca "ha sido lenta" y, en muchos casos, "insuficiente".
Por la mañana, los representantes de la ONG internacional ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que aunque deseaban que su primer acto en México fuese la reunión con la autoridad federal, ésta no se realizó debido a que se modificó la hora del encuentro "por razones de agenda" del subsecretario.
Asimismo, solicitaron la presencia en Oaxaca de una representación de la Unión Europea y de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, debido a que el conflicto "sigue abierto".
Durante la rueda de prensa, en la que presentaron a la opinión pública el informe final del caso Oaxaca, García subrayó que ante la "inminente" reactivación de la violencia en la entidad, es urgente que los gobiernos federal y estatal atiendan las demandas sociales que dieron origen a la movilización.
Advirtió que hay actores políticos que "están empeñados" en reactivar el conflicto de manera violenta, lo que "ya se está presentando" con los enfrentamientos entre las secciones magisteriales 22 y 59.
Grave, que no haya consignados
Asimismo, advirtió que es "grave" que aún no haya ningún consignado por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños en que han incurrido las autoridades estatales y federales, además de que todavía hay medio centenar de presos de manera injustificada.
"Que no haya una sola detención en Oaxaca ante tanta muerte y represión lleva a la sospecha (...) Si las autoridades no actúan habrá desconfianza; un estado de derecho se basa en la aplicación justa de la ley, en que no haya discriminación ni exclusión", por lo que el gobierno está obligado a atender las demandas y proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, señaló Ignacio García.
Para el activista, las indagaciones para sancionar a quienes vulneraron los derechos de los oaxaqueños y para resarcir los daños a las víctimas de la violencia "son débiles y van lentas".
Debido a la cercanía en la ocurrencia de casos como Atenco, Pasta de Conchos, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, la CCIODH solicitó la presencia de una comisión de la Unión Europea que analice las violaciones a las garantías fundamentales, con base en la cláusula democrática del acuerdo de libre comercio con México, disposición que establece que si un Estado no garantiza los derechos humanos, la contraparte podría romper el tratado comercial. Asimismo, aseveró que debido a que el conflicto "sigue abierto", es urgente la presencia en la entidad de una representación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En entrevista, el activista internacional afirmó que casos como los mencionados han dejado consecuencias "muy graves" para el país, y pueden marcar una tendencia de cómo atenderían las autoridades federales y estatales la movilización civil, a la que "habría que ponerle correctivos, pues el conflicto social no se resuelve por la vía de la fuerza".
Aseguró que el caso de Oaxaca podría marcar la forma en que se resolverán las violaciones a los derechos humanos.
Por la noche, los integrantes de la CCIODH se reunieron con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Javier Moctezuma Barragán, quien dijo que ese órgano revisaría el informe final y que les entregará una copia del balance que emita en breve; además, ofreció que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, recibirá a los activistas internacionales a mediados de este mes.
Por separado, Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación y actual diputado del PAN, quien también acudió ayer a la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña, sostuvo en entrevista que el conflicto en Oaxaca no está resuelto, ya que aún falta atacar a fondo asuntos relacionados con problemas añejos.
A su juicio, sólo se arregló una parte del conflicto, pero los temas de violación de las garantías individuales, de homicidios no aclarados, de abusos de poder y de la radicalización violenta de muchos grupos aún están pendientes.
Que no digan ahora en el gobierno ESPURIO que no sabían y que desconocían los hechos. Las evidencias ahí están, incluyendo 23 homicidios documentados por observadores internacionales como parte del conflicto Oaxaqueño:
Debe indagarse a autoridades estatales y federales involucradas en violaciones a derechos
Impunes, 23 homicidios en el conflicto de Oaxaca, documenta ONG internacional
Recomienda la CCIODH atender pobreza, caciquismo y desigualdad, raíces del problema, dice
Enfrentamiento entre miembros de la APPO y la PFP, en noviembre pasado Foto: Francisco OlveraDurante el conflicto social en Oaxaca se vulneraron los derechos a la vida, a la libertad e integridad personal, a la libertad sexual, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, de informar y ser informado, además de que hubo torturas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y secuestros, revela el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), presentado ayer.
La ONG internacional -que investigó las transgresiones a las garantías individuales en que incurrió el Estado mexicano durante el movimiento social- señala que logró documentar 23 casos de muertes en el conflicto, "cifra significativa del nivel de violencia y de la magnitud de la represión ejercida por el gobierno a manos de sus servidores públicos, de forma cubierta o encubierta".
Conformado en su mayoría por activistas europeos, el organismo subraya que pese a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, se constató la violación del derecho a la vida mediante el homicidio de numerosas personas, mismo que no ha sido sancionado.
"La falta de investigación de actos de vulneración a garantías fundamentales representa una violación del deber de proteger a sus ciudadanos mediante los tratados internacionales y, por tanto, fomenta y fortalece la impunidad, impropia de un estado democrático de derecho", refiere en informe. La garantía a la libertad personal se vio vulnerada, pues muchas personas fueron detenidas "de manera indiscriminada y arbitraria", denuncia el organismo.
Agrega que "algunos de los encarcelados no tuvieron conocimiento del motivo de su detención y no les fue concedida comunicación alguna con un abogado ni con algún familiar. Muchos fueron trasladados directamente al penal sin haber sido puestos a disposición de la procuraduría".
Asimismo, el informe destaca que se pudo constatar que "agentes de Estado vestidos de civil" efectuaron secuestros, amén de que "existen indicios fundados" para afirmar que hubo "muertes no reportadas y cuerpos desaparecidos".
Las autoridades estatales y federales también incurrieron en torturas físicas y sicológicas, además de otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en contra de los detenidos; tanto hombres como mujeres sufrieron abusos y agresiones sexuales de los policías durante los traslados a los penales.
Ante las violaciones a las garantías fundamentales del pueblo oaxaqueño, la CCIODH advierte en su informe final que es necesario investigar la actuación de las secretarías de Seguridad Pública estatal y federal, de las procuradurías General de la República y de la local, de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y de la Policía Federal Preventiva.
También recomienda "atender las causas originales del conflicto, cuyas raíces se hallan en la pobreza, el caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educación y la salud"; diseñar y aplicar una reforma "profunda" del Estado; restablecer el estado de derecho, garantizando sin dilación la investigación de los delitos cometidos por el gobierno -en especial por las muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales-; que las autoridades reconozcan públicamente las vulneraciones que han cometido; que se depuren las responsabilidades y "de hoy en adelante se cumplan estrictamente los convenios internacionales; restablecer el orden mediante el diálogo, y reparar el daño económico, moral y social a la población.
Seguimos con una nota sobre las declaraciones de ayer del peje respecto a la reprivatización de las carreteras:
Solicitará a legisladores del Frente Amplio impedir ese "nuevo acto de corrupción"
"Atraco", regresar a empresarios las carreteras rescatadas: López Obrador
"La entrada de maíz y frijol libre de impuestos implicaría la ruina para más de 3 millones de familias", expresó el político tabasqueño Foto: Carlos Ramos MamahuaNoria de Angeles, Zac., 2 de marzo. Andrés Manuel López Obrador calificó de "atraco" la decisión del presidente Felipe Calderón de otorgar a particulares el manejo de carreteras federales, y anunció que solicitará a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (integrado por PRD, PT y Convergencia) impedir ese "nuevo acto de corrupción".
En un mitin realizado en el municipio de Noria de Angeles, el ex candidato presidencial consideró que con esa determinación el mandatario panista seguramente está pagando favores a quienes le ayudaron a cometer el "fraude" en la elección de julio pasado.
"Creo que es un nuevo atraco, un nuevo acto de corrupción, y hay que evitar que se consume. No es posible que se hayan invertido 160 mil millones de pesos en el rescate de las autopistas y ahora se vuelvan a entregar a los integrantes de la mafia de cuello blanco", aseveró.
Por ello anunció que pedirá a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista (FAP) "que actúen en las cámaras para evitar un nuevo atraco, que es lo que significa volver a entregar las autopistas a particulares".
Además convocó a los mexicanos a evitar, por los conductos legales, que se consume la entrega de las vías de comunicación a unos cuantos.
Por otra parte, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo estar de acuerdo con la iniciativa que se discute en el Senado para suspender los salarios vitalicios a los ex mandatarios federales.
"No deben entregarse pensiones millonarias a los ex presidentes. Esa iniciativa se debe aprobar, no es posible que se le esté dando trato privilegiado a (Carlos) Salinas, a (Vicente) Fox y a otros, cuando la mayoría de los mexicanos no tiene para lo indispensable", expresó.
Hizo un llamado a todos sus simpatizantes a cambiar la actual política económica, "antipopular y entreguista, que colocó a la nación como la primera del mundo en exportación de mano de obra al extranjero, en particular hacia Estados Unidos".
También les pidió "evitar la entrada libre de impuestos de maíz y frijol procedente de Estados Unidos, a partir de 2008, porque implicaría la ruina para más de 3 millones de familias y el último golpe para el campo".
Más tarde, en el municipio de Villa González Ortega el político tabasqueño fue abordado por estudiantes de la Escuela Normal Matías Ramos, de la demarcación vecina de Loreto, quienes denunciaron que el gobierno estatal pretende cerrar su centro de estudios.
Los alumnos acusaron a la gobernadora Amalia García de querer reprimirlos. "Para ella el diálogo es mandarnos (grupos) antimotines para detenernos al entrar a la capital. En estos momentos, en la comunidad Las Arcinas, nos están esperando entre 600 y 800 policías. Para ella eso es el diálogo", resaltaron.
López Obrador se comprometió ante los estudiantes normalistas a intervenir por conducto de la secretaria de educación de su "gobierno legítimo", Raquel Sosa.
"No estoy de acuerdo con que se cierre la escuela, no se pueden cerrar las normales", manifestó.
También en el congreso hubo todo tipo de críticas contra este PAGO DE FACTURAS del PELELE. Aquí la nota:
Anuncian comparecencia del titular de SCT, lo cual es rechazado por Acción Nacional
Arremeten diputados opositores contra la reprivatización de las autopistas
La reprivatización de las carreteras rescatadas por el gobierno federal y la entrega de nuevas concesiones a la iniciativa privada para construir esas vías propició en la Cámara de Diputados un duro intercambio entre los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).
En mancuerna, priístas y perredistas anunciaron una próxima comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Luis Téllez Kuenzler, con objeto de que explique el fondo de la determinación anunciada el jueves pasado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos señaló que el proyecto gubernamental no solucionará el problema en la red carretera porque la iniciativa privada sólo busca la rentabilidad; es decir, no es prioridad de los particulares ofrecer a la sociedad un servicio de calidad.
Lo anterior quedó de manifiesto en 1997, "cuando, en mala hora", se arrebató la operación del área a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), agregó el gremio.
Ese proceso costó al país 57 mil 316 millones de pesos y actualmente, afirma el sindicato, "sigue costando al pueblo cerca de 170 mil millones de pesos".
En opinión del sindicato, encabezado por Martín Curiel, las carreteras de cuota que se encuentran en "criminal estado físico son las que fueron inconstitucionalmente arrebatadas" al organismo paraestatal para entregarlas "en dudosas concesiones al organismo fantasma, creado al vapor, denominado Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas".
La organización afirmó que el mal estado de las carreteras se relaciona directamente con la falta de presupuesto que asigna la Secretaría de Hacienda a Capufe, lo que impide a los trabajadores contar con herramientas suficientes para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades.
A su vez, Saúl Escobar, integrante de la dirigencia nacional del PRD, advirtió que con el plan del gobierno federal se corre el riesgo de cometer el mismo error de los años noventa de privatizar ganancias y socializar pérdidas.
Mientras, en la Cámara de Diputados, Horacio Duarte Jaques, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aseveró que la reprivatización y las nuevas concesiones no tienen por qué entregarse a los inversionistas privados, porque hasta ahora el esquema de operación vigente ha dado resultados, y sería mejor "que Capufe continúe administrando nuestras carreteras".
Otra burla al pueblo
En tanto, el diputado perredista Emilio Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Cultura, señaló que la decisión gubernamental "es una burla más al pueblo de México; esas carreteras se han construido con recursos del erario, provenientes del pueblo, y ahora por decreto, una vez que se ha saneado su operación, Calderón se las regresará a los voraces empresarios que lo apoyaron en su campaña y ahora le reclaman el pago de la factura por ese respaldo".
Rechazó la entrega de concesiones y la reprivatización porque "es una vergüenza que ahora que Capufe opera con cierto grado de transparencia, se vaya a ver afectada al retirársele el manejo y la administración de las vías carreteras. Con esto se redita, una vez más, el engaño al pueblo que ha sido recurrente durante el régimen del PRI y ahora en el del PAN".
Correspondió al panista Manuel Minjares rechazar la posibilidad de que el secretario de Comunicaciones y Transportes acuda a San Lázaro, porque su presencia, expresó, obedecería más a un linchamiento político que a una comparecencia para explicar el fondo del tema carretero.
El legislador panista insistió en que "se debe dar el beneficio de la duda" al gobierno de Felipe Calderón, porque éste implementará mecanismos de transparencia que garanticen el buen manejo de los recursos que se obtengan por la reprivatización de autopistas y carreteras de cuota.
La noticia provocó enojo en el diputado petista Silvano Garay Ulloa, quien arremetió contra el "doble discurso" de Felipe Calderón, porque en su campaña se erigió como "prócer" de la seguridad y el empleo para los mexicanos.
"¿De quién se quiere burlar Felipe Calderón? Una vez más los lacayos de los poderosos, ubicados en el gobierno, abusan de su posición y ponen de rodillas a las finanzas públicas, que serán resarcidas golpeando los bolsillos semivacíos de los millones de ciudadanos que aportan con sus impuestos al presupuesto del gobierno federal. Calderón Hinojosa sigue los pasos fielmente a Carlos Salinas, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo".
Seguimos con esta nota en la que se denuncia una marranada contra los indígenas de Chiapas, PERO antes de postearla es importante señalar que tanto la dirigencia del EZLN como HERMANN BELLINGHAUSEN están llorando ahora como mujeres lo que no supieron defender como HOMBRES y que viene a darle peso a la queja de que un triunfo del PAN le convenía al EZLN para poder tener pretexto para seguir existiendo. ESPERAMOS que los que todavía le dan el avión a la otra campaña entiendan de una buena vez por todas que si Marcos no hubiera cometido la PENDEJADA de tirarle mierda al peje durante las campañas electorales, hoy tendría la autoridad moral para quejarse. No la tiene. Ni Hermann Bellinghausen, quien no ha hecho otra cosa más que ser el correveydile de Marcos SIN CUESTIONARLO JAMÁS por las pendejadas que ha hecho. Bueno. Allá ellos. Muy curioso, eso sí, que ni Marcos ni Bellingahusen han dicho hasta hoy ni media palabra sobre la presencia y actividades de los Cuerpos de Paz (financiados por el gobierno americano) en Chiapas. Conste; que luego no nos digan que los están atacando si ahora no lo divulgan. Va la nota de La Jornada:
Unas 296 familias indígenas se han visto afectadas: Centro de Análisis Políticos
Documentan ilícitos de las autoridades agrarias para quitar predios a zapatistas
San Cristobal de las Casas, Chis. 2 de marzo. Tras reiterados señalamientos de la junta de buen gobierno Corazón del arcoiris de la esperanza, el concejo autónomo del municipio rebelde Olga Isabel, la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y varias organizaciones no gubernamentales de Chiapas, en el sentido de que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) es paramilitar y cuenta con el respaldo del Ejército y las autoridades agrícolas, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reivindicó como legal su gestión en favor de la mencionada agrupación en el ejido Muk'ulum Bachajón.
Al margen del componente político en los conflictos auspiciados por la Opddic contra las bases de apoyo del EZLN en dicho lugar, que la SRA omite en recientes boletines de prensa, el aspecto meramente agrícola es cuestionado a fondo por uno de los críticos más conspicuos de las autoridades agrarias a escala local: el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE).
"El robo y el descaro arrojan que no sólo despojaron de manera ilegal, ilegítima y arbitraria a 211 campesinos al crear Muk'ulum Bachajón, sino además la lista incluye 69 nombres que nunca existieron en el primer paquete; no conformes, 16 campesinos agregaron su nombre, haciéndose pasar como 'propietarios' de otros terrenos, además del que originalmente les pertenece, incrementando el despojo a 296 familias indígenas afectadas", señala.
En resumen, de acuerdo con lo que el CAPISE dice a la SRA, la Procuraduría Agraria (PA) realizó un nuevo censo "rasurando a 296 familias que, curiosamente, todas son bases zapatistas y miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios. Toda persona o familia que no acepte entrar a la Opddic pasa a ser 'invasora'. La falsedad y la parcialidad con que la PA y el actuario del tribunal unitario agrario del distrito tres son evidentes. Ustedes dicen que entre el 12 y el 16 de febrero se desahogaron las audiencias de ley, sin la presencia de los demandados (bases zapatistas), no obstante haber sido 'oportunamente avisados'".
En realidad los citatorios nunca se entregaron. El actuario asignado al caso los tiró a la orilla de la carretera, frente a la cabecera del municipio autónomo Olga Isabel. "Invitamos a la PA y al tribunal agrario tres a que presenten las firmas o huellas digitales de quienes supuestamente recibieron los citatorios", apunta el CAPISE, que el 23 de febrero sostuvo una entrevista con el actuario en Tuxtla Gutiérrez. Cuando se preguntó al actuario responsable de entregar los citatorios por qué no los proporcionó, "en un principio dijo que los había dado a las esposas de los demandados, pero posteriormente mencionó que 'debíamos entender que su trabajo no era fácil porque tenía que lidiar con zapatistas, quienes son personas peligrosas y le daba miedo". Los paramilitares, en cambio, no le parecen riesgosos, sino ciudadanos asistidos por las instituciones.
En su réplica, el centro independiente destaca que la Opddic tomó el control de Muk'ulum Bachajón en agosto de 2005 y, como dice el comunicado de la SRA, las tierras fueron "debidamente regularizadas y certificadas" en diciembre por el Procede. "La parcialidad y la articulación de las instituciones federales agrarias y la Opddic presentan una claro proceso de despojo de tierras en detrimento de las bases de apoyo zapatistas", determina el CAPISE.
A principios de febrero, el Comité Clandestino Revolucionario del EZLN había manifestado: "Los gobiernos federal, estatal y municipales están preparando nuevos grupos de paramilitares, bajo el disfraz de 'organizaciones indígenas'. Tal es el caso de la llamada Opddic, dirigida por el señor Pedro Chulín, priísta y conocido promotor de grupos paramilitares, financiados por las autoridades y entrenados y abastecidos por el Ejército".
El EZLN afirmó que Chulín "y miembros de su banda" (a la que llama "organización criminal") han declarado poseer las armas y la autorización del gobierno para provocar enfrentamientos con bases de apoyo zapatistas, con el fin de presentar la imagen de choques entre indígenas y "justificar una intervención masiva de las fuerzas federales".
El proclamado apego a la legalidad de la SRA y la PA ignora que en fechas recientes la dirección de la Opddic ha enviado correspondencia, firmada por sus dirigentes, amenazando a familias enteras con ser desalojadas o atacadas, según denunció la comandancia zapatista.
Seguimos con una columna de opinión de Carlos Imaz y Claudia Sheinbaum sobre las mentiras de Carlos Tello Díaz y las verdaderas EVIDENCIAS del fraude electoral de 2006:
Chismes, rumores y algunas verdades del 2 de julio
Sí, me dice, dicen que dijo que a él le dijeron. No, le digo, así se hacen los chismes. Lo que Carlos Tello Díaz dice que le dijeron que dijo trivializa a tal punto lo ocurrido previa y posteriormente al 2 de julio de 2006, que resulta insultante. Pero hablando del 2 de julio, nos parece conveniente recordar algunas ilegalidades cometidas y el fraude que en sí mismo representa el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La coalición Por el Bien de Todos presentó pruebas de que en más de 72 mil actas de escrutinio y cómputo de la elección para presidente se encontraron errores aritméticos evidentes, los cuales implicaban que 898 mil 862 votos falsos fueran sumados y 722 mil 326 fueran eliminados de manera ilegal del cómputo final (la diferencia oficial era de menos de 244 mil). Ante dicha denuncia y las inéditas movilizaciones posteriores al 2 de julio, en las que se solicitaba un recuento total de las casillas, el TEPJF ordenó un limitado recuento de 9 por ciento de éstas.
Sustentaron esa diligencia judicial reconociendo que el Instituto Federal Electoral (IFE) había violado la ley al no haber realizado durante el cómputo distrital el recuento de las casillas que presentaban errores aritméticos evidentes. Además, éste determinó que "salvo prueba en contrario (...) se extrajeron indebidamente o se introdujeron de manera espuria" votos en las urnas.
El recuento comprobó que existía fraude en 72 por ciento de casillas revisadas. Sin embargo, de manera inexplicable, en vez de anular la votación en éstas, sólo lo hizo en las que los sufragios espurios cambiaban el resultado entre el primer y el segundo lugar de la casilla; es decir, a los magistrados no les importó que hubiera sufragios extraídos indebidamente de las urnas ni que la suma de los votos espurios en el total de las casillas adulteradas superara la diferencia oficial entre el candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador. De esa forma convirtió en "legales" ambos ilícitos, pues sin prueba en contrario aceptó como válidos cientos de miles de votos robados e ilegales. De haber actuado con apego a la ley y a la lógica, el tribunal debió haber anulado, al menos, la votación de las casillas que en su recuento se probó que tenían sufragios espurios y extraídos indebidamente. Si hubiese sido así, Andrés Manuel López Obrador habría ganado con más de 500 mil votos.
Por si fuera poco, en el "Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo", el TEPJF nos informa que el jefe del Ejecutivo violó la Constitución y la ley electoral, e incluso que sus intervenciones en el proceso electoral "se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican", y que el Consejo Coordinador Empresarial "...durante el desarrollo del proceso electoral... intervino ilegalmente en favor del candidato del PAN". Además, que "dicha violación a lo dispuesto en el código electoral federal constituye una irregularidad que viola los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, fracciones dos y tres, de la Constitución federal". Sin embargo, en las mismas páginas, cínicamente, nos informan que están imposibilitados para medir el impacto de dichas ilegalidades, ya que esa autoridad "no encuentra elementos que pongan en evidencia los efectos producidos"; es decir, afirman que se violaron los principios constituciones y la ley electoral para favorecer al ganador, pero que el triunfo de éste es "legal", pues se les perdió (no lo encuentran) el medidor del principio constitucional de legalidad. Esa es su "inapelable verdad legal".
Esos son hechos verificables. Como dice el poeta León Gieco: "todo está guardado en la memoria, alma de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir". Empero, la mayoría de los mexicanos sabemos que hubo fraude, por lo que pretender legitimar la usurpación con más mentiras sólo ahonda el agravio, aunque sin duda (y eso hay que agradecerlo) también fortalece nuestra memoria. Está por demás decir que los hechos que sucintamente presentamos fueron ignorados por Tello Díaz; no obstante, nos queda una duda: ¿hará Tello una fe de erratas después de la declaración de Fox? Sí, en esa que dijo: "el 2 de julio me desquité".
COMENTO:
Luego de que Ana Cristina Covarrubias expusiera las FALSEDADES de Carlos Tello, Covarrubias recibió un e-mail de Carlos Tello en donde dijo que haría una versión "corregida" en base a las quejas de Covarrubias. Esto se dió a conocer con lujo de detalle en el programa de radio de Carmen Aristegui el jueves pasado. La editorial que publica el libro de Carlos Tello, por cierto, pidió derecho a réplica para Tello, pero Tello, no pudiendo decir nada a su favor, declinó el derecho a réplica. Si quieren escuchar el audio sobre este asunto, lo pueden bajar de este link:
http://s6.quicksharing.com/v/5133962/covarrubias_desmiente_a_tello_030107.mp3.html
Tello, además, cuando Covarrubias le reclamó por sus falsedades, salió con que nadamás era una "hipótesis" cuando en el libro lo publica como hecho contundente.
Así que si quieren MÁS evidencias de que Tello MIENTE para ir a distribuirlas en la presentación de su libro el 6 de Marzo a las 7 de la tarde en la Casa Lamm, ahí tienen el audio del programa de Carmen Aristegui y la columna que publican hoy Carlos Imaz y Claudia Sheinbaum.
Seguimos con otra columna editorial. Esta del maestro Bernardo Bátiz, quien se opuso, junto con el peje, a la idea de las expropiaciones a Tepito en 2003 (la idea la propuso el PAN) y que ahora hablar sobre el regreso del uso de la fuerza:
Se reaviva el empleo... de la fuerza
Los gobiernos autoritarios requieren de golpes de fuerza y de mucha propaganda para tener sometidos a los pueblos a los que debieran servir; tienen la imperiosa necesidad de contar con un enemigo al frente, para poder justificar sus excesos en aparatos de guerra y para que les sea posible conseguir seguidores.
El miedo, Maquiavelo ya lo decía desde el Renacimiento, es un ingrediente necesario para que los tiranos alcancen el poder y se mantengan en él. Esta receta se encuentra asimismo en El Príncipe; el engaño, la mentira, las verdades a medias bien dosificadas, son recursos e instrumentos de sometimiento de la gente y reclutamiento de apoyos activos y pasivos.
En nuestros días (y quizás siempre) una combinación apropiada de engaño y de fuerza sirve para gobernar a quienes de propia voluntad no aceptarían someterse u obedecer a quien carece de legitimidad para ejercer el mando, esto es, que tiene el poder pero no tiene verdadera autoridad.
El ejemplo más evidente de nuestro tiempo lo encontramos en el modo de gobernar del presidente George Bush, modo que si bien él no inventó, ha sabido explotar hasta extremos no creíbles. Arrastra a su pueblo, por la manipulación del miedo, a guerras extranjeras, a violaciones de derechos humanos de propios y extraños, y al atropello de la dignidad de todos, a partir del temor fundado o no del terrorismo y el narcotráfico.
La receta, a la mano por la información globalizada, se copia rápidamente en otros países. En México, después del reconocimiento de un triunfo electoral ciertamente no obtenido en forma legítima, sino a través de recursos inmorales y fraudes de todo tipo, el presidente en ejercicio requiere de obediencia y de razones para evitar las protestas en su contra y recurre a la vieja táctica maquiavélica: engañar y simultáneamente atemorizar.
Para obtener esta apropiada combinación de engaño y temor cuenta con la televisión, para continuar el costoso bombardeo de mensajes machacones, que aturden e hipnotizan a muchos. Para los demás, los que no se dejan embaucar y reclaman, están las fuerzas armadas cuya intervención justifican las exageradamente publicitadas amenazas a la seguridad nacional. El petate del muerto, decían los viejos.
Un ejemplo risible, aun cuando en otro tema, del uso de la publicidad extrema para convencer a un público acrítico, fue esa campaña, que en semanas anteriores, cuando calaba el frío en todo el país, trataba de convencernos de la bondad de nuestros gobernantes, preocupados por los pobres friolentos a quienes regalaban cobijas frente a las cámaras de televisión. Pocos pensaron que un espot en radio exaltando el programa encobijador valía más que las cobijas que se repartían y que un minuto en televisión, en que varios pobres agradecían humildemente los sarapes que se les regalaban, costaba más que todos los que dicen que repartían.
Pero, como cada vez hay más personas que superan el aturdimiento que produce la mercadotecnia, es necesario contar con el otro instrumento de control, el uso de la fuerza bruta. Para ello, todas las policías, incluidos los militares habilitados de guardianes del orden, los espías oficiales, semioficiales o francamente clandestinos, serán puestos bajo un mismo mando, un zar (hasta el nombre es ofensivo) con todo el poder encabezará la lucha contra la delincuencia organizada, pero si es necesario también contra la resistencia a la opresión.
Nada de prevención, nada de búsqueda y erradicación de las causas de la delincuencia; el único remedio en que se piensa es el empleo de la fuerza, el poder de la amenaza, poder que hemos visto en acción cuando miembros del Estado Mayor Presidencial golpean rudamente a quien osó enfrentarlos, u oponiendo verdaderas murallas portátiles alrededor de la Cámara de Diputados o bien disuadiendo con carros antimotines. Para otros menesteres, están el espionaje, la sospecha, la vigilancia de todos los movimientos de quienes opinan distinto a los gobernantes y en último extremo las fuerzas de choque de los gobiernos estatales prestos a ablandar, a apresar y convencer a quien se requiera.
Lo más preocupante para quienes aspiramos a la libertad y a la democracia es que aun gobiernos bien legitimados por el voto popular pudieran dejarse arrastrar por la moda de la fuerza, por la feria de los garrotazos, empujones y detenciones arbitrarias. Ojalá y no sea esto así, pero debemos estar prevenidos y atentos para que no se caiga en esa tentación.
Ciertamente, delincuencia organizada, vendedores de droga, contrabandistas, secuestradores, violadores, homicidas deben ser castigados y la seguridad debe prevalecer en nuestras calles y plazas, pero sin que paguen justos por pecadores y sin que se sacrifique la libertad a la seguridad; apostar todo a la fuerza, a las penas altas y a la violencia del Estado nos pone en el riesgo de que acabemos sin libertades y también sin seguridad.
(Con un saludo y felicitaciones a doña Rosario Ibarra)
Y cerramos con el Desfiladero de Jaime Avilés:
Desfiladero
Una lámpara encendida en pleno día
Más testimonios sobre el dolor de Oaxaca
Contra Bimbo, un pan de caja alternativo
Lectores: Calderón debe aceptar el plebiscito
Hoy al mediodía se presenta un libro de la CCIODH sobre la represión en Oaxaca. En imagen de archivo, niños afuera de su escuela, en octubre pasado Foto: Francisco OlveraHace pocos días pasó por aquí Ramón Cote Baraibar, uno de los nuevos poetas mayores de Colombia. Primero estuvo en Tabasco, platicando con los fantasmas de Carlos Pellicer, Celestino Gorostiza y José Carlos Becerra; luego vino a leer sus versos al Distrito Federal. Nunca había pisado la tierra donde echaron raíces para siempre tres de los más grandes creadores de su país: Gabriel García Márquez, Alvaro Mutis y Fernando Vallejo. Con apenas 42 años de edad, Ramón tiene ya en su haber cinco libros publicados, el más reciente de los cuales, Colección privada (Visor, 2003), recibió el premio Casa de América de Poesía. De ese volumen es esta joya, titulada Ginevra Benci:
Hay algo superior/ al amor/ y es el olvido/ porque silenciosamente/ va limando/ puliendo/ despojando/ todo lo que por pasión/ o soledad/ consideramos alguna vez eterno.
Un día cualquiera lo advertimos/ cuando al querer recordar la cara/ de una mujer mil veces besada/ en lugar de repasar sus párpados/ extraviarnos en la profundidad de su boca/ recuperar el doble salto de corza de sus cejas/ para nuestro desconcierto encontramos/ solamente/ un óvalo/ balanceándose en el aire del pasado/ como una fruta solitaria.
Entonces la memoria/ en una desesperada maniobra de rescate/ emplea palabras verdes/ como enebro/ enredadera/ boscaje/ y se vale de una mandolina/ como música de fondo/ para lograr su restitución.
Pero el veredicto del tiempo es inapelable. Y traicionero el trabajo del olvido.
Ahora te comprendo/ dolorida Ginevra Benci/ cuando en la oscura sala de un museo/ norteamericano miras hacia nadie/ sin esperanza, como una lámpara encendida/ en pleno día/ soportando impasible/ las parejas que pasan de largo sin detenerse a mirarte/ los cumplidos que hacen de otras madonnas.
De nada te ha valido tener la cara más perfecta/ la más delicada salida de manos de Leonardo/ porque cargas como una maldición/ la marca indeleble/ del olvido.
Oaxaca, la resistencia sigue
Hoy a las 12 del día, en el Club de Periodistas (Filomeno Mata 8, Centro), la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) presentará, y entregará gratuitamente a quien lo solicite, un libro todavía oloroso a tinta fresca llamado Informe sobre los hechos de Oaxaca, una estrujante profusión de testimonios sobre la represión callejera, las torturas las amenazas, las matanzas y las desapariciones perpetradas por el gobierno del asesino serial Ulises Ruiz Ortiz y los soldados de la Policía Federal Preventiva a las órdenes primero de Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón contra la Asamblea Popular de aquella entidad.
Los testimonios fueron recogidos y videograbados por la CCIODH en los meses finales de 2006, cuando la persecución indiscriminada contra los ciudadanos de Oaxaca estaba al rojo blanco. Algunos de esos videos fueron transmitidos la noche del pasado lunes (que ya era la una de la mañana del martes) por el programa La verdad sea dicha, de Andrés Manuel López Obrador, en Tv Azteca, donde se exhibió asimismo un reportaje sobre los presos políticos de Atenco, recluidos desde mayo en cárceles del estado de México. Si ustedes quieren ver ese material entren en la página www.laverdadseadicha.org.
Y hablando de Tv Azteca, dos poderosos magnates de ultraderecha, los hermanos Roberto y Lorenzo Servitje -dueños del monopolio Bimbo que acapara 99.9 por ciento del mercado nacional y ha destruido la industria panadera artesanal en no pocos países de Sudamérica- harán un boicot en contra de la telemisora del Ajusco si ésta no saca del aire el programa de López Obrador. Hace 10 años exactamente, esos dos señores retiraron toda la publicidad que tenían contratada con Canal 40, en protesta por el reportaje que esa estación difundió sobre los abusos sexuales del padre Marcial Maciel en contra de incontables niños.
Pero si éstos ahora pretenden repetir la dosis, abriendo un boquete en los ingresos de Tv Azteca, militantes del movimiento de López Obrador están a punto de lanzar una receta para que la gente hornee su propio pan de caja y deje de comprar Bimbo. El cálculo es que si al final de este año uno de cada cuatro hogares mexicanos adquiere ese hábito, las empresas de los Servitje cerrarían el ejercicio fiscal con una disminución de 25 por ciento en sus utilidades.
Plebiscito revocatorio
Muchas cartas han llegado al buzón de esta página apoyando la iniciativa de imponer la figura constitucional del plebiscito revocatorio de mandato para que Felipe Calderón pregunte al pueblo si debe permanecer al frente de la Presidencia de la República que no ganó el 2 de julio. Entre los comentarios a la propuesta -lanzada originalmente por Gilberto López y Rivas-, algunos lectores recuerdan que después de 17 años de dictadura, Augusto Pinochet se sometió a un plebiscito revocatorio, lo perdió y se fue del poder. Otros mencionan la decisión de Hugo Chávez quien, aunque arrasó limpiamente con el voto popular en diversos comicios, también aceptó un plebiscito revocatorio para refrendar su autoridad.
Alguien más exhumó de por ahí el siguiente cable de Notimex: "París, Francia. Las dos cámaras del parlamento francés aprobaron una reforma constitucional que instaura un procedimiento de destitución presidencial. Los diputados y los senadores adoptaron la propuesta, hecha por el propio presidente Jacques Chirac, para destituir al jefe del Estado en caso de una falta grave e incompatible con el ejercicio de su cargo. Antes, el presidente francés sólo podía ser destituido por traición a la patria. Pero la reforma, promovida por Chirac desde 2002, luego de que lo acusaran ante la justicia gala por varios casos de corrupción, fue aprobada por 449 votos a favor, 203 en contra y 217 abstenciones".
¿Alguien creería a Calderón capaz de un acto semejante? La respuesta es obvia, pero debe insistirse en que invitar al "presidente" espurio a poner su cabeza a merced de un plebiscito revocatorio de mandato en el fondo reditaría la demanda de voto por voto y casilla por casilla, que las fuerzas involucradas en el golpe de Estado contra López Obrador rechazaron sin justificación alguna.
Un artista dinamitero
Vecinos de la calle de Sullivan están furiosos porque tres domingos atrás, a las ocho de la mañana, alguien detonó un cartucho de dinamita dentro del Museo del Eco, que pertenece a la UNAM. Asustados por el estruendo, salieron de sus casas en paños menores pero el autor del happening los videograbó para "documentar sus reacciones" como si fueran ratas de laboratorio. Ahora los afectados piden la cabeza del director del museo, Roberto Santamarina, y del director de Difusión Cultural de la UNAM, Gerardo Estrada, por haber autorizado el experimento.
Aquí yo estoy 100% de acuerdo con Jaime. El ESPURIO no va a aceptar el referendo revocatorio. Y de hecho algunos lectores del Sendero me han planteado la misma idea. Mi punto de vista es que para que la revocación del mandato pueda llevarse a cabo se tiene que hacer figura legal por medio de su aprobación como ley en el congreso. O en otras palabras, tendrían que aprobar los diputados y senadores una ley que establezca el referendo revocatorio. Cosa que no va a pasar por que si bien el FAP lo aprobaría, no lo aprobarían ni el PRI ni el PAN. Y aunque lo aprobaran, fecal lo vetaría.
Tal y como yo la veo, la única alternativa VIABLE--y la lo he dicho MUCHAS veces--es que APRENDAMOS y nos COMPROMETAMOS a vigilar el voto en TODAS las elecciones de ahora en adelante. Por que si estos HIJOS DE LA CHINGADA del PAN hicieron fraude fue por que primero nos vendieron la idea de que las elecciones serían limpias, y una vez que nos descuidamos, hicieron el fraude. Ahora tenemos que ser nosotros quienes vigilemos los votos; nos plantemos en las casillas todo el día para vigilar que NADIE haga chingaderas; observemos el conteo de votos; hagamos las cuentas con los números de las actas; tomemos fotos de las sábanas y grabemos los conteos; y RECLAMEMOS INMEDIATEMENTE si los números no cuadran. PUNTO.
Y claro; INFORMAR a la gente para que NUNCA MÁS vuelvan a ser engañados por la guerra sucia.
Acuérdense: no le podemos confiar a los partidos políticos nuestra democracia. Los que damos los votos somos NOSOTROS y somos NOSOTROS quienes tenemos la OBLIGACIÓN de vigilarlos para que no sean MANIPULADOS y ALTERADOS por el PRIAN.
Una razón más para apoyar al peje en el 2007.
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