TARDE TARDE PERO SIN SUEÑO COMPAÑEROS:
Los golpeadores de Calderón
Daniel Lizárraga
Refugiado en el manto protector de las Fuerzas Armadas, inequívoca ya su proclividad a las demostraciones de poder y fuerza, el presidente Felipe Calderón no podría contar con un Estado Mayor Presidencial disociado de esta lógica. Y ello por lo visto no les disgusta a los integrantes de este cuerpo militar de “élite”. Muy al contrario de los principios que recita su retórica castrense, que habla de “discreción” y “sensatez”, los guardias de Calderón han encontrado en lo ostentoso una razón de ser, y en la brutalidad un pasatiempo...
Si algo ha cambiado en los primeros 100 días del gobierno de Felipe Calderón es el Estado Mayor Presidencial (EMP), que luego de respetar durante varios sexenios los principios de legalidad, sensatez y discreción en sus operativos de seguridad, procede ahora cada vez con más ostentación, violencia y otros excesos que afectan derechos de las personas. Bajo el mando del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Jesús Castillo –a quien sus subordinados suelen referirse como “JC”–, en los actos de Felipe Calderón en zonas urbanas el EMP despliega cientos de elementos hasta en dos kilómetros a la redonda y coloca decenas de vallas metálicas, mientras las azoteas se usan para apostar equipos de francotiradores. A diferencia de su comportamiento habitual de las últimas dos décadas, muchos elementos del EMP, hiperreactivos, responden a golpes a la menor provocación no sólo contra manifestantes pacíficos o seguidores de Andrés Manuel López Obrador, sino también contra reporteros y fotógrafos, además de maltratar a comerciantes e impedir el trabajo de servidores públicos. Presionados por mantener a salvo y alejado de cuestionamientos directos a Felipe Calderón, los altos mandos del EMP han tomado medidas como la del pasado 21 de febrero en Sinaloa, cuando colocaron a cientos de policías locales y elementos de Guardias Presidenciales para hacer una valla de 25 kilómetros de largo, lo que mide el tramo carretero que va del Aeropuerto Internacional de Mazatlán al muelle del Parque Bonfil, donde Calderón presentó su política pesquera. En ese recorrido –que demoró unos 30 minutos–, cada 100 o 150 metros se veía una pareja de vigilantes vestidos de civil atentos a cualquier movimiento extraño en los caseríos hasta que, ya en Mazatlán, la caravana presidencial fue desviada con el fin de que Calderón no se topara con una manifestación que impugnaba el pasado proceso electoral. En actos oficiales, dentro o fuera de la Ciudad de México, los elementos del EMP impiden a los comunicadores pasar con revistas y periódicos, con el argumento de que allí podrían esconder armas o cartulinas con leyendas contra el presidente. El 8 de enero en Yautepec, Morelos, por ejemplo, obligaron a la reportera de El Financiero Angelle Hernández a dejar en la entrada del acto un ejemplar de Proceso, y unos días después, en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, exigieron a un reportero de El Universal sacar de su maletín los diarios que llevaba. Para este año 2007, el primero de Felipe Calderón en el poder, el Congreso de la Unión autorizó al Estado Mayor Presidencial un presupuesto de 781 millones 876 mil 297 pesos –unos 28 millones más respecto del último año del gobierno foxista– y la compra de dos helicópteros. Las tanquetas La tarde del lunes 26 de febrero, en uno de los cuarteles del EMP instalado dentro de la residencia oficial de Los Pinos, identificado oficialmente como “Batallón de Tropas de Asalto”, se alistaron dos tanquetas antimotines que desde afuera, a través del enrejado principal, podían distinguirse fácilmente. Dos miembros del EMP se movían a su alrededor mientras uno de sus superiores los observaba. A menos de un kilómetro de ahí, sobre la calle de Chivatito, aproximadamente 5 mil personas, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Civil Los de Abajo, realizaban un plantón luego de haber marchado por la avenida Reforma. A través de megáfonos planteaban demandas relacionadas con el salario, la soberanía alimentaria y la economía popular, además de lanzar consignas contra el neoliberalismo y anunciar que el próximo 20 de marzo organizarán una manifestación contra la política económica del presidente Calderón. Nada más. Nunca tocaron, y ni siquiera se acercaron, a las vallas de tres metros de altura que les puso el EMP, como las utilizadas en los alrededores de la Cámara de Diputados el pasado 1 de diciembre, cuando el nuevo mandatario rindió la protesta de ley. Las agrupaciones civiles provenientes de Tabasco, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas y Guerrero nunca supieron que detrás de esas enormes vallas había por lo menos unos 300 integrantes del EMP, colocados estratégicamente en hileras de resistencia y con su uniforme de seguridad: overol y gorra negros. Se trataba de un movimiento inusual para el tamaño de la manifestación. En grupos de 12, 16 y 18, los militares trotaban hacia las dos entradas principales de la residencia oficial. No importaba que los manifestantes estuvieran sólo sobre la calle de Chivatito; ellos reforzaron todas sus posiciones, e inclusive integrantes de Guardias Presidenciales formaron un cordón frente al Museo del Estado Mayor. Los altos mandos, algunos vestidos también de overol negro, no dejaban de lanzar órdenes y de recibir partes oficiales por medio de los “chícharos”, en tanto que, al otro lado de la residencia oficial, grupos de la Policía Militar redoblaron la vigilancia en la puerta número uno. Otros trotaban, en filas de dos en fondo, hacia las rejas que dan al Periférico. Antes de que arribaran los manifestantes a la calle de Chivatito, seis o siete militares cruzaron armados por uno de los puentes peatonales. Cuando este reportero y Ernesto Núñez, del periódico Reforma, intentaron atestiguar de cerca la intensa movilización de tropas, fueron videograbados por elementos del EMP y luego sacados de ahí con el argumento de que se estaba invadiendo la zona de seguridad. La estación del Metro Constituyentes fue cerrada. En las avenidas Constituyentes y Parque Lira también colocaron vallas de tres metros de alto. No había forma de cruzar los puentes y pululaban los militares ataviados con overol y gorra negros. Este cordón de seguridad sólo se retiró cuando se fueron los manifestantes. Las tanquetas, listas para ser usadas, permanecieron a la entrada del cuartel. Esa vez las cosas no pasaron de allí, pero la tensión, el nerviosismo y la ira de algunos elementos del EMP fueron patentes, por lo menos desde el 15 de diciembre de 2006, durante el último informe de labores del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, a cuya ceremonia, como cada año, acudió el jefe del Ejecutivo como invitado de honor. De acuerdo con las crónicas publicadas al día siguiente, alrededor de las 15:45 horas, cuando decenas de personas aguardaban detrás de las vallas para ver al nuevo mandatario, una de ellas alzó una pancarta y otras gritaron consignas contra él. Tres elementos del Estado Mayor Presidencial se colocaron rápidamente frente a los manifestantes, que continuaron gritando: “¡Espurio!”, “¡No pasará!”. Entonces uno de los guardias les arrebató una pancarta. La gente reclamó a gritos a los miembros del EMP y alguien más sacó una cartulina que mantenía oculta entre sus ropas. Otro militar se la quitó y, frente a ellos, la rompió. En respuesta, uno de los manifestantes le dio un golpe en la cara con una delgada vara. El militar, enfurecido, le lanzó un puñetazo. Otros 10 de sus compañeros se abalanzaron contra los manifestantes. Los golpearon y, aun cuando uno de ellos ya estaba en el piso, inmovilizado, lo siguieron pateando. Después de que Calderón salió de la Suprema Corte, uno de los manifestantes, con la nariz rota y sangrante –dijo llamarse Juan José Castillo– señaló que era integrante de la Asamblea de Barrios... Contra la prensa El 16 de febrero de 2007, durante la 31 reunión ordinaria de la Conferencia Na-cional de Gobernadores (Conago), celebrada en Tlaxcala, se impidió el acceso a manifestantes al sitio del encuentro y no dejaron pasar a los empleados de tiendas y comercios. No obstante, el caso que más llamó la atención fue el del fotógrafo del diario Reforma Luis Castillo, quien fue brutalmente golpeado por el EMP y tuvo que ser trasladado a un hospital de Puebla. Esta es la crónica, publicada en ese mismo diario: Elementos del Estado Mayor Presidencial sometieron y golpearon al reportero gráfico de Grupo Reforma Luis Castillo, provocándole lesiones en el rostro, cuello, hombro y brazo izquierdos. El incidente se produjo previo al desayuno que sostienen mandatarios estatales que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el presidente de la República, Felipe Calderón. Cuando un grupo de fotógrafos intentó aproximarse hacia el Palacio de Gobierno de Tlaxcala (sede del desayuno), en el momento que arribaba el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, elementos del Estado Mayor arremetieron a empellones contra ellos. El fotógrafo Luis Castillo fue sometido por la espalda y derribado por un efectivo del Estado Mayor Presidencial y luego otro efectivo lo golpeó y pateó en el piso, conforme al testimonio de Castillo. Un elemento alto, de tez blanca, de pantalón oscuro y camisa clara, pisó la cara del fotógrafo luego de gritarle: “¡te estoy diciendo que te vayas!”. Después fue levantado del cinturón y aventado hacia la zona donde están los portales. “¿No que no te ibas?”, le dijo el mismo elemento del EMP. El fotógrafo fue despojado de su cámara y de la tarjeta digital. Minutos después, ya que había sido desalojado de la sede de la reunión, un elemento del EMP que declinó identificarse le regresó la cámara fotográfica averiada. Luis Castillo permanece en un hospital privado, donde es atendido de sus lesiones y se encuentra bajo observación. Pero ese mismo día el cerco militar también había impedido que se acercaran al hotel Misión –sede de la reunión de gobernadores– integrantes de la Alianza Binacional Braceroproa, quienes sólo pretendían entregar al presidente Calderón una carta donde le exponían su situación. Al día siguiente, personas que se identificaron como miembros del EMP acudieron al hospital privado en el que Castillo fue atendido para realizar –eso dijeron a los empleados administrativos– una investigación. Quisieron ver el expediente médico, el tipo de lesiones y hablar con los doctores que lo trataron. Y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, envió una carta a Reforma en la que lamentó lo sucedido con su reportero gráfico. No obstante, apenas unos días después, el viernes 23 de febrero, el propio Max Cortázar sufrió en carne propia los excesos de los militares. Cuando acompañaba al presidente Calderón en una gira de trabajo por Jalpa, Zacatecas, un elemento del EMP le impidió el paso al Salón de Usos Múltiples del municipio, donde se dio a conocer el programa oficial Remesas y Acceso a Servicios Financieros. El militar sólo permitió ingresar a las personas que caminaban muy cerca del mandatario, como la gobernadora Amalia García. Los demás ya no pudieron pasar. Molesto, Cortázar intentó meterse al sitio destinado a los invitados, pero el EMP se lo impidió. Hubo jaloneos y gritos hasta que apareció el teniente coronel de artillería Diplomado de Estado Mayor Mario Castro Méndez, quien reprendió severamente a su elemento. Más tarde, antes de que concluyera la gira, el jefe del Estado Mayor, Jesús Castillo, llevó al guardia ante Cortázar para que personalmente le pidiera disculpas. De acuerdo con versiones de quienes asistieron ese día a la gira, este militar reprendido argumentó que sólo había cumplido con las órdenes de sus superiores. Un día antes, durante un recorrido por Ciudad Valles, San Luis Potosí, un solitario perredista, Francisco Coronado, se había colado entre la gente que saludaba al presidente con el propósito de entregar a Calderón un fólder con hojas que decían: “espurio”, “usurpador”, “pelele”. “No amigo, gracias”, respondió el mandatario. “No se espanten, soy de izquierda y soy del PRD. Aquí lo importante es decir (al presidente Calderón) que es un usurpador; es la verdad, no supo ganar ni supo perder. Se pidió voto por voto y no aceptó”, dijo el perredista. Coronado se refirió también a la confesión de Vicente Fox en el sentido de que, tras perder la batalla por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el 2 de julio se desquitó con la derrota del perredista. Según el libro El Estado Mayor Presidencial –editado por cierto durante el gobierno de Vicente Fox–, entre los principios rectores del EMP están la “lealtad”, la “honestidad”, el “profesionalismo” y la “discreción” que, explica, son tradiciones consolidadas a partir del nacimiento de esta institución, en 1863. Respecto de la “discreción” que deben guardar los elementos del EMP, el libro indica: “En el Estado Mayor, este es un valor que reviste una importancia vital, siendo imprescindible que sus miembros observen en todo momento y en toda actividad una conducta reservada y prudente”. Y agrega: “La sensatez y el tacto son fundamentales; por ello (un integrante del EMP) debe evitar acciones o comentarios que vulneren la seguridad, que lesionen la imagen del organismo o denigren su propia persona”. Los despliegues El hecho es que en todas partes, trátese de Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Nuevo León, Jalisco o la Ciudad de México, el EMP despliega toda la fuerza militar que resguarda en los cuarteles. El 23 de enero, por ejemplo, Calderón entró por vez primera al Palacio Nacional para atestiguar la Primera Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), arropado por un operativo de seguridad en el que participaron alrededor de 4 mil elementos federales, del Distrito Federal y del EMP. El fin de semana anterior, el gobierno mexicano había entregado a 15 capos de la droga a Estados Unidos, de manera que el día 23 se reforzaron los equipos de francotiradores y de sensores de movimientos en edificios contiguos. Aunque la reunión donde participaron los gobernadores y el Gabinete de Seguridad transcurrió sin sobresaltos, el primer cuadro de la ciudad era un caos. Y no precisamente por la menguada marcha de perredistas al Zócalo –si acaso 50 personas– encabezada por Gerardo Fernández Noroña, entonces vocero del PRD, sino por las vallas metálicas que impidieron el paso alrededor de unos dos kilómetros a la redonda del Palacio Nacional. Nadie podía acercarse al recinto a menos que lograra identificarse como comerciante, funcionario o reportero. Y una escena parecida, con militares que vestían ropa de camuflaje y con francotiradores en las azoteas, se repitió el 5 de febrero, cuando antes de que llegara Calderón para conmemorar el aniversario número 150 de la Constitución de 1857, y el número 90 de la Constitución de 1917, fue aprehendido el perredista Fernández Noroña. Actualmente, según la información oficial, el EMP cuenta con alrededor de mil 862 elementos, distribuidos básicamente en tres grupos: Cuerpo de Guardias Presidenciales, 24 Batallón de Infantería de la Armada y Grupo Aéreo de Transportación Presidencial. Un elemento del EMP puede considerarse dentro de la élite castrense mexicana. Sus tareas requieren de un alto grado de especialización, y en ellas debe guiarse, también, por los principios de “legalidad y respeto a los derechos de las personas”, como reza el libro El Estado Mayor Presidencial, editado por el Fondo de Cultura Económica. Entre los cursos que reciben los miembros del EMP destacan los relativos a la protección de funcionarios, seguridad en instalaciones, manejo ofensivo-defensivo, localización de aparatos explosivos, defensa personal, prevención de secuestros y de ataques criminales. Y como dentro de todas esas tareas son fundamentales el manejo de armas y tiro, el 26 de enero de 2004 el EMP inauguró en sus instalaciones un simulador de tiro virtual equipado con la más avanzada tecnología: el Centro de Adiestramiento Especializado “Presidente Vicente Fox Quesada”. |
Hasta la seguridad se privatiza
Daniel Lizárraga
Una compañía de seguridad privada será la encargada de resguardar 10 edificios pertenecientes a la Presidencia de la República, incluido el Palacio Nacional, tradicionalmente vigilado por el Estado Mayor Presidencial (EMP).
La residencia oficial de Los Pinos difundió el viernes 2 las bases previas de una licitación pública en la cual precisa que las compañías interesadas en concursar deben tener equipo y tecnología moderna, y sus elementos estar capacitados y contar con vehículos suficientes que les faciliten la coordinación con las corporaciones de seguridad pública cuando sea necesario. El documento de las prebases, de 112 páginas, señala que entre las funciones que tendrán quienes asuman la vigilancia de las dependencias públicas están las de impedir que se sustraiga información oficial en expedientes o archivos, supervisar las actividades cotidianas de los empleados, así como impedir el acceso a “vendedores, limosneros, indigentes y repartidores de propaganda”. Y detalla en el anexo 1: “Sin excepción se revisarán portafolios, mochilas, maletas, paquetes, bultos y bolsas con el objeto de que no salgan materiales de Presidencia o entren artefactos peligrosos”. Respecto de la vigilancia interna, la Presidencia pretende supervisar mediante rondines que todo el personal, sin importar jerarquías, esté dentro de sus funciones y puestos para los que fueron contratados. Así mismo, el reglamento del EMP define como tarea prioritaria de los integrantes de este cuerpo el cuidado de todas las instalaciones presidenciales, no sólo la seguridad del primer mandatario. Proceso solicitó a la Presidencia una explicación acerca de las razones que llevaron al equipo del presidente Felipe Calderón a contratar empresas de seguridad privadas para que se encarguen de la custodia del Palacio Nacional, toda vez que estas tareas le atañen sólo al EMP. Hasta el vienes 9 la Dirección de Comunicación Social de Los Pinos no había enviado ninguna respuesta. Según Presidencia, las nuevas labores de vigilancia implicarán el despliegue diario de 40 policías en turnos de 24 horas entrenados para enfrentar cualquier tipo de emergencia sin portar armas de fuego, pero sí gases lacrimógenos y toletes. Entre las oficinas que serán custodiadas por una corporación privada –que reforzará a los elementos del EMP– están las siguientes: –La de Avenida Constituyentes 161, colonia San Miguel Chapultepec, donde estuvo el despacho de Marta Sahagún y que podría ser convertido en un comedor para empleados. En ese inmueble también están las áreas de Análisis de Comunicación Social, la Coordinación General de Administración, la Consejería Jurídica y la oficina para Políticas Públicas. –La de Avenida Constituyentes 750, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. En el edificio ubicado en este domicilio la mayor parte del espacio está ocupado por la Secretaría de Hacienda; Presidencia también tiene algunas áreas, en particular la destinada a atender a estudiantes interesados en hacer su servicio social dentro de Los Pinos. Los otros sitios son: el de Avenida Constituyentes 1001, en Belem de las Flores; el de Bosque de la Antequera 60, en el fraccionamiento La Herradura; el de Regina 143, en el primer cuadro de la Ciudad de México; el de General Zuazua 27, en San Miguel Chapultepec; el de Paseo de la Reforma 50, en San Miguel Chapultepec; el de Paseo de la Reforma 1031, en Lomas de Chapultepec, y el de Flamencos 9, en el Centro Histórico. ¿Y el EMP? El documento de las prebases de licitación, cuyo folio es el 021-00001-00-07, aclara que la responsabilidad del proceso de contratación de los servicios de seguridad privados recaerá en la Coordinación General de Administración. Sin embargo, no precisa si la empresa ganadora del concurso se coordinará con los elementos del EMP. En la página 38 de las prebases establece: “El Licitante (la empresa) deberá implementar todas las medidas y estrategias de seguridad necesarias a fin de prevenir, detectar y reaccionar ante cualquier acontecimiento de origen natural o humano, que atente contra los empleados, visitantes, bienes muebles e inmuebles, documentales e informáticos. “El licitante ganador deberá desempeñar las funciones que en materia de seguridad y vigilancia se le encomienden de acuerdo a las disposiciones que para el efecto se dicten, aplicando en toda situación iniciativa y juicio certero, propio y oportuno, lealtad, eficacia, honradez, buena conducta, profesionalismo y, sobre todo, deseos de superación para la institución para la cual fueron contratados”. Esta imprecisión motivó a Proceso a solicitar a Los Pinos información en torno del papel que tendrá el EMP en este nuevo esquema que implantará próximamente el gobierno de Felipe Calderón. Lo único que conoció el reportero es que la Coordinación General de Administración, actualmente bajo el mando de Patricia Flores Elizondo, será la responsable del concurso de licitación. Flores Elizondo trabajó como secretaria general de la Cámara de Diputados cuando Felipe Calderón fue coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la LVII Legislatura. El jefe inmediato de Patricia Flores es Juan Camilo Mouriño, titular de la Oficina de la Presidencia de la República y uno de los hombres que más influyen en el mandatario. Además de Flores Elizondo –quien se vio envuelta en un escándalo en 2002, cuando se supo que su sueldo en la Cámara de Diputados era de 230 mil pesos mensuales–, son responsables de la licitación el director general de Recursos Materiales, José Víctor Valencia Zavala, y el director de Adquisiciones, Iván Enrique Vargas Garza |
El Ejército engulle a la PGR
Jorge Carrasco Araizaga
Síntoma de su creciente influencia en ámbitos ajenos a su órbita, el Ejército Mexicano ya absorbió un área fundamental de la Procuraduría General de la República: la de erradicación de cultivos de drogas, incluyendo lo que llegó a ser “la flota más importante de su tipo en América Latina”. Pero hay un problema: sus pilotos, que de hecho son capacitados en la propia PGR, no tienen el entrenamiento necesario para un trabajo especializado que exige cuando menos 2 mil horas de vuelo previas. El costo de ello en muertes y pérdidas de aeronaves, claro, es muy alto.
Como parte de la ampliación de sus ejes de influencia, observada en los últimos años y acentuada en el actual gobierno, el Ejército Mexicano logró apropiarse hasta de la flota aérea e infraestructura para la erradicación de cultivos de droga pertenecientes a la Procuraduría General de la República (PGR). Pese a su poca experiencia en la fumigación de campos de enervantes, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) se encargará de esta tarea, previa capacitación proporcionada por la propia PGR. Al Ejército no le bastó el control del área de erradicación que ha tenido en los dos sexenios pasados dentro de la PGR. Ahora se alista para quedarse con el millonario equipo, infraestructura, material y presupuesto de esta dependencia. Incluso, se tiene la propuesta para que algunos pilotos y personal técnico de la procuraduría funjan como sus asesores en tanto se capacitan los pilotos militares. Para que un piloto alcance la certificación de experto en fumigación se requieren por lo menos 2 mil horas de vuelo. Los pilotos de la FAM que se dedicarán a esa labor cuentan, en el mejor de los casos, con 400 horas de vuelo. Por lo pronto, los primeros nueve de ellos ya están siendo capacitados en el Centro de Adiestramiento de la PGR en Acapulco, Guerrero. Estas acciones tienen como objetivo que en los próximos meses los pilotos militares se encarguen de una tarea que requiere por lo menos dos años de preparación. El riesgo de que se pierdan vidas es muy alto, pero también lo es el que se dejen de erradicar los campos de drogas, como de hecho ocurrió desde el inicio del actual gobierno en los momentos de mayor producción de amapola, coinciden en afirmar capitanes, pilotos, comandantes y personal técnico de apoyo de la PGR que serán desplazados por militares. Aunque los pilotos de la FAM se encargarán de las tareas de erradicación, el control de los nuevos recursos estará en manos del jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Diplomado Estado Mayor (DEM) Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. En el gobierno de Ernesto Zedillo, Gaytán Ochoa fue el encargado de las operaciones de intercepción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS). Infiltrado por el narcotráfico, este organismo fue eliminado en el sexenio de Vicente Fox y absorbido por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), hoy convertida en la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Como encargado de las operaciones del Ejército, Gaytán Ochoa se apoya para las labores antinarcóticos en el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, quien también en el gobierno de Zedillo trabajó en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), eliminado de la PGR porque también fue penetrado por narcotraficantes. Oliver Cen llegó al INCD como jefe operativo luego de la caída del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo, El Señor de los Cielos. Fue en esa época cuando el Ejército empezó a tener el control del área de erradicación de la PGR. El primero en llegar a esa dirección fue el entonces coronel Camilo Vega Rivera, aviador de la FAM y piloto personal de Gutiérrez Rebollo, con quien trabajó en el INCD. La caída del general, en febrero de 1997, no le afectó y permaneció en la dirección de Erradicación. En el cambio de gobierno, la presencia de los militares en la PGR se reforzó con la llegada a la dependencia del general retirado Rafael Macedo de la Concha, quien puso el área en manos del coronel Arnoldo Ríos Salas, también piloto aviador de la FAM, quien se mantuvo en el cargo hasta 2004. Con él asumió como subdirector general de Operaciones Aéreas el entonces mayor Joel Guzmán Molina, quien en el sexenio pasado fue secretario particular del general Gaytán Ochoa en la X Sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Transferencia con riesgos A mediados de 2004 y hasta octubre de 2005, la Dirección de Erradicación fue ocupada por el entonces teniente coronel Juan Manuel Rodríguez Graciano. Sin embargo, su designación no fue bien recibida, pues procedía de la Dirección de Intendencia del Ejército, refiere personal de la PGR. El siguiente director fue el mayor de caballería Gabriel Ramírez Tenorio. Duró en el cargo menos de un año, pues salió a mediados de 2006, cuando el titular de la PGR era Daniel Cabeza de Vaca, actual consejero jurídico de la Presidencia. El desconocimiento y falta de control de la operación aérea por parte de Ramírez Tenorio hizo que los pilotos de la PGR se quejaran por escrito ante el entonces presidente Vicente Fox. Nunca tuvieron respuesta. Mencionan que un ejemplo del desinterés del mayor de caballería por el área es que éste nunca visitó la Base de Control de la PGR en Guerrero, remodelada e inaugurada por Fox en 2002. “A partir de la salida de Ramírez Tenorio ya no hubo director, pero la plaza la ocupó un comandante de apellidos Espinosa de Benito, quien nunca realizó ninguna actividad. Para el personal aéreo la dirección siempre estuvo acéfala”, dicen los pilotos. Las reiteradas quejas del llamado personal de campaña sobre el abandono del área e incluso por presuntas malversaciones de recursos derivaron en que el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, los sometiera al polígrafo. De este funcionario, quien ahora es secretario de Seguridad Pública federal y artífice de la propuesta de unificación de las policías, dependía la Unidad de Operaciones. La Dirección General de Intercepción, así como la Dirección General de Erradicación, estaban adscritas a esa Unidad. La llegada de pilotos comisionados de la FAM no significó más eficiencia en las tareas de erradicación de la PGR. Al contrario, fue la época en que el área registró el mayor número de accidentes, sostienen los pilotos. Cita la muerte de tres de los 10 pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que llegaron comisionados en 2002. Entre ese año y 2004, fallecieron los pilotos de la FAM Ricardo Romo Hernández, en Tamazula, Durango; José Luis Barajas Mendoza, en Zihuatanejo, Guerrero, y Efraín Escalera, en Tlapa, Guerrero. Además, hubo ocasiones en que pilotos de la FAM aterrizaron las máquinas una sobre otra, pues no contaban con la preparación necesaria, aseguran los pilotos y capitanes. Desastre operativo A raíz de la muerte del capitán Romo Hernández, los pilotos de la PGR pidieron más seguridad para sus colegas de la FAM. Guzmán Molina, entonces subdirector general de Operaciones Aéreas, les respondió: “No importa cuántos pilotos de la Fuerza Aérea mueran. Tengo un semillero en Guadalajara”, en la base aérea de Zapopan, donde se encuentra la Escuela Militar de Aviación. La PGR aseguró que la muerte del militar se debió a un ataque de narcotraficantes. Los pilotos de la PGR también se quejan de las decisiones de operación tomadas por los militares en la dirección de Erradicación. Aseguran que a pesar de tener información sobre los lugares y tiempos de siembra y cosecha, todo el año pasado las fumigaciones se programaron de manera arbitraria. “Hubo movimientos irracionales, como el realizado en el último trimestre del año pasado, cuando se ordenó desplazar equipo de Tamazula, Durango, en el llamado ‘triángulo dorado’, a Choix, al norte de Sinaloa. En Tamazula había unas 160 hectáreas de mariguana a punto de ser cosechadas. Algo similar ocurrió en Michoacán”, dicen. Así mismo, denuncian irregularidades en el hangar de la PGR en la Ciudad de México, donde a finales de 2005 se adquirieron palas para el rotor principal de helicópteros Bel UH1H, donadas por la embajada de Estados Unidos para apoyo en las tareas de intercepción. El problema fue que las palas estaban vencidas. Incluso, dicen, hay una averiguación previa por el robo de la transmisión de un helicóptero Bell 206 LIII en el centro de mantenimiento de Guadalajara. La pieza, con valor de 100 mil dólares, desapareció del hangar. Sólo con un camión pudieron sacarla. Más grave es el caso, aseguran, del cambio de dos motores a un avión Grumman matrícula XB-WAC, por el que se pagaron 2 millones de dólares, cuando el costo del aparato es de 1 millón 700 mil dólares. También hacen señalamientos contra quien fue titular de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), el capitán piloto aviador Enrique Aldaraca Gamboa, quien durante un tiempo perteneció a la FAM. Aldaraca llegó a la PGR a mediados de 2003 con Guzmán Molina, el exsecretario particular del actual jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general Gaytán Ochoa. Los pilotos documentan que durante todo 2005 Aldaraca realizó varias comisiones, por las que cobró viáticos por casi 100 mil pesos. Sin embargo, según ellos, nunca salió. Incluso muestran cómo durante algunas de esas comisiones autorizaba viáticos para personal de la DGSA. El actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, fue informado de estos hechos por personal de la AFI. En un escrito fechado en diciembre de 2006, le aseguran que a pesar de que oficialmente está comisionado en la AFI, Aldaraca seguía apareciendo en ese entonces en la estructura de la DGSA. No hubo respuesta de Medina Mora. “Parece que el propósito de los militares que llegaron fue el de acabar con lo que fue la flota más importante de su tipo en América Latina. No sólo por la pérdida de aparatos, sino por la falta de mantenimiento”, aseguran los denunciantes. El precio de la inexperiencia De esa flota, que llegó a tener cerca de 200 aparatos entre helicópteros y aviones, en 1997 le donaron 18 al Ejército. Según los pilotos, la Sedena ha perdido casi todos debido a la falta de mantenimiento y accidentes. El más reciente ocurrió en enero pasado durante una práctica de fumigación. Aseguran que el aparato salió de la base de la PGR en Chilpancingo hacia la base de la FAM en Pie de la Cuesta, en las afueras de Acapulco. “Le montaron un equipo de fumigación y subieron a un piloto de la Fuerza Aérea que no tenía mucha experiencia. A los pocos minutos de haber despegado en dirección a Atoyac tuvieron un incidente, colisionaron con los árboles. No se sabe de daños estructurales de la máquina, pero dañaron el equipo de fumigación”. Observan que el percance ocurrió casi a nivel del mar, lo que contrasta con las alturas de fumigación, que llegan a rebasar los 10 mil pies, poco más de 3 mil metros. Para ser piloto fumigador, insisten, se requiere experiencia y un mínimo de 2 mil horas de vuelo, que se logran en unos tres años, es decir más de 500 horas de vuelo al año. El personal militar que recibe capacitación en la PGR en Acapulco lleva en promedio 300 horas de vuelo, y en el mejor de los casos 400. La PGR exige 800 horas de capacitación sólo para ser pilotos de apoyo, mientras que para ser piloto fumigador requiere todavía un año más de especialización. El problema para los futuros fumigadores de la FAM es que en unos cuantos meses tendrán que volar todo tipo de aparatos. “Los están enviando al matadero”, aseguran los pilotos de la PGR. Hasta ahora, en las funciones de la FAM no aparecen las de erradicación, pero tanto al personal de la Dirección de Erradicación como al de la DGSA se le ha informado que las tareas de erradicación pasarán al control de la Sedena. Erradicación suspendida La tarde del pasado viernes 9, el actual encargado de la Dirección de Erradicación, Manuel Gómez, convocó a los pilotos, comandantes y equipo de apoyo en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva para informales que por instrucciones de Medina Mora dirigidas al Oficial Mayor de la PGR, Rafael Ibarra, se le debían entregar los recursos del área a la Sedena porque las tareas de erradicación de cultivos ilícitos van a quedar en manos del Ejército. Les dijo que la transferencia se hará mediante un decreto presidencial previsto para publicarse a finales de este mes. Después de eso, la PGR y la Sedena firmarán tres convenios: uno para la transferencia de los recursos materiales: infraestructura, bases aéreas, equipo, refacciones y herramientas. El segundo, para establecer si las aeronaves van a tener matrícula militar y el tipo de personal que las va a operar, militares o civiles comisionados. Esta definición es importante porque los seguros que tienen los aparatos y la tripulación sólo aplican para las matrículas civiles, pues las aeronaves militares no pueden ser aseguradas debido al alto riesgo de las actividades castrenses. Además, la Dirección General de Aeronáutica Civil establece que un piloto militar no puede volar aeronaves civiles con matrículas de aparatos comerciales (XA), privados (XB) o de gobierno (XC). El tercer convenio se refiere al personal y afecta a unos mil 500 trabajadores de la Dirección de Erradicación y de la DGSA. De esa cifra, unos 400 se dedican a la erradicación. Sólo una pequeña parte del personal de la DGSA se quedará en la PGR. Se estima que una pequeña parte del llamado personal de campaña pase por un tiempo al Ejército como asesores o instructores. Pero el problema de fondo tiene que ver con el control del presupuesto. “Hay una disputa por el control de los recursos económicos y eso ha detenido los convenios”, les dijo Manuel Gómez. La Sedena pretende la transferencia de los recursos, que el año pasado superaron los 700 millones de pesos. Pero como la PGR pretende quedarse con plazas y, sobre todo, tiene que liquidar al personal, hay un desacuerdo sobre el control del dinero. A pesar de la falta de acuerdos, la PGR ya está ordenando “con urgencia” a sus distintas bases de mantenimiento la transferencia del equipo y herramientas. Por lo pronto, por primera vez en 35 años desde que la PGR comenzó a operar su flota aérea, las funciones de erradicación llevan casi cuatro meses detenidas. “Será un buen año de cosecha”, asegura el personal desplazado de la PGR |
"Fueron los soldados, m'ija"
Regina Martínez y Rodrigo Vera
Una anciana indígena que lleva a pastar a sus ovejas y es violada por soldados. Estupor, indignación indecible entre los familiares. Una denuncia penal, el inicio de las “investigaciones”... Un paliativo gubernamental para los deudos, una disculpa. Y en el Ejército, un anticipado “nosotros no fuimos”, un “castigaremos a los responsables” que nunca se concreta. Una historia, en suma, ya contada en comunidades indefensas: la del abuso, la de las trampas jurídicas. La misma historia de impunidad de siempre.
SIERRA DE ZONGOLICA, VER.- La indígena nahua Marta Inés Ascensio encontró a su madre moribunda, con el cráneo y las costillas rotas. Yacía sobre la hojarasca, en un frío paraje de la comunidad de Tetlatzinga sombreado por enormes pinos. –¿Qué tiene, madre? ¿Qué le pasó? –le preguntó angustiada. Y su madre, la anciana Ernestina Ascensio Rosario, de 72 años de edad, le respondió con mucho esfuerzo: “Fueron los soldados, m’ija. Los soldados me golpearon, me amarraron y me taparon la boca. Traían sus cartucheras repletas de balas”. A poca distancia de ahí, sobre un desnudo montículo, un campamento del Ejército Mexicano compuesto por 150 elementos seguía con sus labores de vigilancia. Tiendas de campaña desplegadas aquí y allá, pequeños grupos de soldados deambulando de un lado a otro. Como todos los días, el pasado 25 de febrero la anciana sacó a pastar a sus ovejas al bosque vigilado por el Ejército. La seguían sus dos perros. Fue entonces cuando los integrantes de uno de estos grupos de militares vieron a la indígena de cuerpo rugoso y magro. Según los datos que se tienen, se avalanzaron sobre ella, la maniataron y la violaron por el ano y la vagina. Cuenta a Proceso su hija Marta: “Lo primero que vi fue a los perros y a los borregos de mi madre. Andaban desbalagados. Los perros me llevaron hasta donde ella estaba tirada. Apenas podía hablar. Ahí me alcanzó a decir que habían sido los soldados, que la habían golpeado y amarrado. Casi a señas, me pidió que le diera de beber agua.” –¿Todavía estaba atada? –No. Los soldados la desataron antes de irse. Y no vi ningún lazo ni cuerda. Luego se acercaron dos vecinos, don José Vázquez y don Luis Aguilar, que andaban por ahí recogiendo piedra. Corrí a avisarle a mi hermano Francisco para llevar a mi madre con el doctor. Relata Francisco que subieron a la moribunda a una pequeña camioneta pick up. “Primero la llevamos aquí cerca, a la comunidad de Acultzinapa, donde vive la enfermera Luisa. Ésta nos dijo que no podía hacer nada, que mejor la lleváramos con un doctor a Ciudad Mendoza. Y hasta allá bajamos. Pero el doctor nos recomendó que mejor fuéramos al hospital regional de Río Blanco. “Fuimos a parar al hospital. Ahí mi madre todavía alcanzó a murmurar que fueron los soldados. Los doctores le hicieron unos estudios. De plano nos dijeron que la cosa no tenía remedio. Y sí; mi madre falleció la madrugada del día 26. Nos trajimos su cuerpo. Aquí lo velamos y lo sepultamos. Fue un golpe muy duro para la familia… para toda nuestra comunidad.” Francisco entra a la pequeña choza de tablas disparejas donde vivía su madre. Piso de tierra. Viento que se cuela por las rendijas. Hay un altar con velas encendidas y la imagen guadalupana. De cubetas de plástico asoman manojos de flores. “Aquí le estamos rezando su novenario”, comenta con su lenguaje mezclado de español y nahuatl. –¿Qué están pidiendo ustedes para que se les haga justicia? –Que metan a la cárcel a los soldados que la mataron. Que los castiguen. Y también que ya no manden más soldados para acá. Nomás vienen a humillarnos, a maltratar a nuestras mujeres, a robarse nuestra leña y nuestras gallinas, siendo que nosotros somos muy pobres. Y señala los endebles jacales de techos de lámina, borrosos por la niebla que impera en estas heladas cumbres de la sierra de Zongolica, a las que se trepa por caminos de terracería. Brilla la blancura de nieve del Pico de Orizaba; 186 familias nahuas viven en la olvidada comunidad de Tetlatzinga, perteneciente al municipio de Soledad Atzompa. Su principal fuente de ingresos son los muebles que fabrican con la madera de los pinares, rústicas mesas y sillas sobre todo, que luego bajan a vender a los poblados de la planicie. Heridas abiertas El día 27, hasta aquí llegó en helicóptero el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para apaciguar a la comunidad agraviada por el crimen. Dio personalmente el pésame a la familia y prometió obras materiales. Lo recibieron alrededor de 5 mil indígenas de la sierra que portaban pancartas de protesta: “Queremos que el crimen no quede impune”, “Que se presenten los violadores”, “Queremos justicia”. Ese día, el campamento militar se retiró. Una comitiva del llamado “gobierno itinerante” empezó luego a llevar despensas y bicicletas a los indígenas de Tetlatzinga. El gobierno de Fidel Herrera contrató además a una constructora para edificarles casas de concreto a los familiares de la indígena violada, que dejó cinco hijos y una treintena de nietos. Estas obras ya empezaron. Se ven cuadrillas de albañiles, bultos de cemento, armazones de varilla y bloques de concreto apilados. Resaltan las finas puertas laqueadas de blanco, que contrastan con la miseria del lugar y aguardan a que las casas estén concluidas para ser puestas. Fundas de plástico las protegen de la humedad. Francisco, de pies enguarachados, dice receloso: “El gobierno también prometió a la comunidad dos camiones de pasajeros. Está bien. Pero que ni crea que con esto nos va a callar. No señor. Ante todo queremos castigo para los soldados que mataron a mi madre.” Don Rosendo Antonio Dolores, un indígena con sombrero del que salen sus largos cabellos lacios, es el subagente municipal de Tetlatzinga y una de sus autoridades morales. “Siempre hemos pedido al gobierno que saque de aquí al Ejército. Somos gente trabajadora y de paz. Aquí no hay narcotraficantes ni delincuentes. Pero aun así nos tienen rodeados de soldados, que sólo vienen a causarnos problemas y agravios”, comenta. –¿Qué agravios? –Roban nuestras pocas pertenencias. Molestan siempre a nuestras mujeres, que tienen miedo de salir. Y con desprecio nos dicen indios porque muchos no hablamos español. –¿Saben por qué está aquí el Ejército? –No. Nunca lo hemos sabido. Y aunque andan por todos lados, nunca platicamos con los soldados. Ellos en sus cosas y nosotros en las nuestras. Comenta que, poco antes de que Ernestina fuera violada, en el lugar de los hechos vieron de lejos rondar a unos militares, como rondaban por todos lados. Uno de estos testigos es Marcos Rojas Hernández: “Yo alcancé a ver ahí a dos militares”. Nadie duda aquí de que fueron los soldados. Imposible que alguien ajeno a la comunidad haya logrado penetrar el férreo cerco militar para violar a una anciana. Es más, desde mucho antes las autoridades comunitarias venían advirtiendo de un riesgo semejante. Todavía el pasado 2 de febrero –23 días antes de la agresión a Ernestina– el ayuntamiento de Soledad Atzompa envió una carta al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y al presidente Felipe Calderón, en la que detallaba los atropellos de la tropa: robos, invasión de propiedad, maltrato a los indígenas, revisiones de vehículos… Entregada a Proceso, dice la misiva: “Lo que no podemos aceptar es que los militares nos maltraten sólo por ser indígenas nahuas; que nos traten como si fuésemos animales porque erróneamente suponen que no conocemos nuestros derechos. Menos podríamos aceptar que su presencia aquí se deba a una estrategia de intimidación de nuestro pueblo nahua, que es democrático. Lo que no podemos aceptar es que se viole la ley al no respetar nuestro territorio autónomo. Lo que no aceptamos es que no se respete a las autoridades municipales y comunitarias.” El ayuntamiento pedía “la garantía” de que no se volviera a “maltratar a nuestros ciudadanos”, que se les “pagara” los “pequeños bienes de que fueron despojados”. Igualmente pedía que el Ejército respetara “nuestra investidura como autoridades comunitarias y municipales”, así como “nuestro territorio y autonomía indígena”. La misiva la firmaba el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala. Pero ni el general Galván ni el presidente Felipe Calderón hicieron caso a su señal de alerta… y el crimen ocurrió al poco tiempo. Brutalidad Miguel Mina Rodríguez, subprocurador de Justicia de la Zona Centro del estado de Veracruz, revela que los violadores incluso le fracturaron cráneo y costillas a Ernestina Ascensio: “El dictamen médico pericial revela que tenía fractura de cráneo y fractura de costillas, así como lesiones en diversas partes del cuerpo.” –¿Entonces fue golpeada? –Así es. Efectivamente. Y confirma que la violación fue por la “vía anal y por la vía vaginal”. Detalla: “Se encontraron laceraciones y desgarres en la vía anal. Lo mismo en la vía vaginal, de acuerdo al dictamen de la neurocirugía que le hizo el Ministerio Público.” –¿Pudieron comprobar que fueron varias personas las que participaron en la violación? –Eso no lo podemos afirmar, porque las laceraciones que sufrió pudieron ser provocadas por varias personas, o bien, por una persona enloquecida que cometió esta acción aberrante. –¿En el lugar de los hechos no encontraron indicios de que fueron varios violadores? –Yo estuve en el lugar de los hechos, acompañando al agente del Ministerio Público y al personal de los servicios periciales. Pero de esa inspección ocular no se puede desprender que haya habido varias personas. Es muy aventurado decir que participaron dos, o tres, o cuatro personas. No lo sabemos. En cuanto a que fue atada, el subprocurador señala la posibilidad de que se haya usado el mismo rebozo que llevaba la señora Ernestina: “En relación a eso, se habla de amarrado por el rebozo que ellas utilizan y que se lo amarran, porque así lo dicen. Esto ha traído confusión. Pero no minimiza el hecho de la agresión.” –Finalmente, ¿cuál fue la causa de su muerte? –Fue por la fractura de cráneo y por la anemia que le produjo una hemorragia en la vía anal. –En sus diligencias, ¿ya han llamado a declarar a militares? –Sí, sí. Hemos requerido a cuatro. Pero hasta el momento no han venido a comparecer. Me informan que ellos allá están practicando sus propias diligencias. –Las autoridades municipales y algunas organizaciones sociales piden que este caso lo atienda la justicia civil, y no la Procuraduría de Justicia Militar, por el sesgo que ésta pudiera darle a la investigación. ¿Está usted de acuerdo? –Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, con toda la dedicación y pericia de que somos capaces. Los militares tienen sus leyes, su conciencia y su ética. De ellos depende que actúen en consecuencia. La investigación corre a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, en el expediente número 140/2007. El viernes 9 se exhumó el cadáver de Ernestina, para extraer más pruebas que ayuden en las pesquisas. Por su parte, el general Galván se comprometió a “castigar a los responsables”, en caso de que sean soldados. Pero otros mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intentan desligarse del caso. El martes 6, la Comandancia de la 26 Zona Militar, a la que pertenecían los soldados que estaban en Tetlatzinga, distribuyó a los medios locales un comunicado en el que aseguraba: “La Sedena confirma que personal militar no tiene responsabilidad en los hechos… no se encontraron indicios o pruebas que indiquen la participación de personal militar.” Señalaba que los violadores son “delincuentes que utilizaron prendas militares, provocaron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta dependencia”. La comandancia intentó después canjear este comunicado por otro, pues señaló que aquel “no era oficial”… Pero ya se había difundido. El nuevo comunicado también exculpaba a los militares, sólo que de manera menos drástica: Mencionaba que la Sedena realizó una “revisión minuciosa” en los “genitales” de cuatro oficiales y 79 elementos de tropa, quienes “no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo considerado como una prueba para establecer que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan”. Sin embargo, la Sedena manifestó su disposición a seguir con la “investigación pericial”, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Otras incógnitas quedan por despejar: ¿A qué obedece la fuerte militarización en la sierra de Zongolica? ¿Qué objetivos tenía el campamento apostado en la comunidad de Tetlatzinga? El luchador social Julio Atenco Vidal, quien lleva más de 20 años trabajando en las comunidades serranas, señala: “Aquí no hay guerrilla ni narcotráfico. De manera que, supongo, la presencia del Ejército tiene objetivos disuasivos y preventivos. Es decir, para evitar que la población defienda sus derechos mediante la lucha radical. No encuentro otra explicación.” –¿No hay grupos armados por estos rumbos? –No, definitivamente que no. Puede haber grupos radicales, pero sin armas |
Sentencia en puerta
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.- El caso de los militares presos por la violación de 14 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños en junio del año pasado se acerca a su fase final: el próximo lunes 26 se realizará una reconstrucción de hechos, lo que permitirá al juez que está al frente del proceso contar con pruebas suficientes para emitir su sentencia definitiva en un plazo no mayor de tres meses.
Sin embargo, las víctimas se sienten indefensas porque, dicen, tanto ellas como las activistas que las asesoran reciben amenazas, y también les pesa la actitud del juez Hiradier Huerta, quien determinó que no existían las pruebas necesarias para culpar a uno de los soldados implicados, por lo que ordenó su puesta en libertad. Además, las denunciantes aseguran que durante las diligencias acuden al juzgado autoridades ajenas al caso y se mantienen en contacto con la defensa de los acusados. Y para colmo el viernes 2, Wendy y Nubia, dos de las bailarinas agredidas, se desistieron de la demanda. El de Castaños es el primer juicio que se sigue en el país fuera de los tribunales castrenses contra militares por el delito de violación. Los hechos ocurridos el 11 de julio de 2006 se consignan en 14 expedientes judiciales; cada uno consta de más de mil fojas, en las que se detallan las acciones de dos pelotones del 69 Batallón de Caballería asignados a una sede distrital del Instituto Federal Electoral (IFE) para cuidar paquetería electoral. Ese día, de acuerdo con las indagatorias, los soldados se enteraron que dos de sus compañeros se habían emborrachado en un salón llamado El Pérsico, ubicado en la zona de tolerancia de Castaños, donde posteriormente tuvieron una riña. De inmediato la tropa abordó un vehículo Hummer para dirigirse al lugar. Al llegar, los soldados tundieron a los policías municipales que hacían guardia en el tugurio y a quienes intentaron auxiliarlos. Dispararon al aire y obligaron a las bailarinas del local a desnudarse, las llevaron a cuartos donde las violaron y, luego, las condujeron a un terreno despoblado donde las abandonaron. Varias fueron penetradas hasta por seis uniformados, algunas quedaron inconscientes. Poco después arribó a la zona de tolerancia otro Hummer con más militares, quienes no participaron en los desmanes pero sí consumieron bebidas alcohólicas. Los comandantes de la Sexta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, y de la XI Región Militar, Roberto Miranda, fueron removidos de sus puestos a raíz de estos hechos. Y cinco semanas después, el 17 de agosto de 2006, ocho de los 12 implicados en las violaciones fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclova, entre ellos el sargento Juan José Gaytán Santiago, identificado por las querellantes como el que daba las órdenes para que la tropa acometiera contra las bailarinas indefensas. Los otros siete detenidos son Norberto Carlos Francisco Vargas, Ángel Antonio Hernández Niño, Roberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández y Rosendo García Jiménez. El juez Hiradier Huerta, del Juzgado Segundo en materia penal, con sede en Monclova, integró las averiguaciones previas de manera individual y en las cuales las víctimas identificaron plenamente a sus agresores. En el caso del soldado Héctor Méndez de la Cruz, el juez Hiradier Huerta determinó que no existían pruebas suficientes en su contra, por lo que lo dejó en libertad, según los expedientes judiciales a los que tuvo acceso Proceso. |
Notimex: Indefinición y censura
Álvaro Delgado
Carcomida por indefiniciones legales, censura, despidos y la rebatiña de los grupos que buscan posicionarse en ella, la agencia Notimex sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno federal. El presidente Felipe Calderón no se atreve a hacer efectiva la ley, promulgada por su antecesor en junio de 2006, que convertiría al organismo en una verdadera agencia “de Estado”, pero que ahora funge como agencia de colocaciones...
Lionel Funes Díaz, subdirector editorial de Notimex, transmitió el 30 de septiembre de 2005 una solicitud a la dirección general de Medios Escritos de la Secretaría de Gobernación: dar puntual seguimiento a la publicación en diarios de un cable difundido la víspera por la agencia gubernamental. Fechada en la Ciudad de México el 29 de septiembre de ese año, la nota decía: “El autodenominado ‘Comité Pro Reivindicación de la Iglesia Católica de San Cristóbal de las Casas’ exige a su obispo Felipe Arizmendi frenar el impulso de la llamada ‘teología india’, ‘iglesia autóctona’, ‘sacerdocio uxorado’ o ‘catequesis de integración’”. El segundo párrafo establecía: “A través del documento ¿A dónde vas iglesia autóctona?, enviado a la Curia Romana y al que Notimex tuvo acceso, este Comité plantea su rechazo a la teología de la liberación que Arizmendi Esquivel impulsa no sólo en su territorio pastoral, sino en el mundo”. Y el tercero: “En esa Carta Abierta a los Obispos Mexicanos en Comunión con S.S. Benedicto XVI, los católicos inconformes alertan del ‘proceso demoledor’ que el obispo de esa diócesis promueve como parte de una política religiosa bien trazada desde tiempos del ahora obispo emérito Samuel Ruiz García”. El objetivo de Funes, exdiputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y subordinado de Enrique Aranda Pedroza cuando éste era director general de Notimex, era verificar la difusión de la información basada en un organismo del que no existe mayor referencia, pero que cuestionaba el trabajo pastoral del obispo sucesor de Samuel Ruiz, ambos censurados por el sector ultraconservador de la Iglesia católica. En contraste con esta información, seis meses después, el 5 de abril de 2006, Notimex emitió –también desde la Ciudad de México– una noticia que parecía reveladora desde el encabezado: Llevarán el caso del asesinato de Posadas Ocampo al Congreso de EU. La nota informaba: “Los integrantes del Subcomité de Derechos Humanos, que preside Christopher H. Smith, escucharán la versión del llamado ‘crimen de Estado’ que provocó indignación en México y en todo el mundo al tratarse del asesinato de un jerarca de la Iglesia católica que a la fecha, mediante manipulaciones, ha quedado impune”. La fuente de esa información era José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal ultraconservador Juan Sandoval Íñiguez, cuyas declaraciones y proclamas suelen ser profusamente difundidas por la agencia de noticias, que sin embargo censura otras informaciones sobre la iglesia, como los casos de pederastia. Por ejemplo, los suscriptores de Notimex no pudieron conocer la entrevista que su corresponsal en Roma, Mario Osorio, tuvo con el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Renato Martino, simplemente porque éste declaró al periodista que en su visita a Cuba verificó que no había persecución contra la Iglesia católica. La dirección de la agencia adujo que la información implicaba mostrar a Fidel Castro “como héroe” y decidió no transmitirla. Notimex tampoco ofreció a sus suscriptores la información relativa a las declaraciones de Vicente Fox en Washington sobre Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que éste perdió en el desafuero, pero año y medio después él –Fox– se “desquitó” con el triunfo de Felipe Calderón. El más reciente caso de censura en Notimex fue contra la articulista Teresa Gurza, quien el pasado 5 de febrero escribió sobre la situación de la agencia de noticias que, por ley, ya debería estar convertida en un organismo del Estado mexicano. En su colaboración, que fue censurada por el director editorial de la agencia, Adrián Gamal Durán Castellanos, Gurza criticó el incumplimiento legal de los gobiernos de Fox y de Calderón de hacer de Notimex una agencia de Estado, así como por la forma en que se designa al director general. “Sé que el presidente Calderón debe enfrentar muchos y graves problemas, pero no por ellos debe seguir sacándole la vuelta a la transformación de Notimex. Para comenzar a hacerlo, debe constituir sus órganos de gobierno como lo manda la ley. Debe dotar a la agencia de autonomía frente al Ejecutivo federal. Debe darle personalidad jurídica y dotarla de patrimonio. Debe reconocerle independencia técnica, editorial y de gestión.” Además pedía que el nombramiento del director general fuera un profesional del periodismo y no, como se rumora insistentemente, una persona de la extrema derecha, un yunque, quien por cierto estaba en contra de la candidatura de Calderón. Gurza se refería a Enrique Aranda Pedroza, exdirector de Notimex y exsubsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, quien –según información extraoficial– era la propuesta de Fox para hacerse cargo de la agencia y a cuya facción política pertenece Aurelio Bueno Hernández, quien actualmente dirige Notimex. Lucha por el control La ley que crea a Notimex como Agencia de Noticias del Estado Mexicano, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril del año pasado, es hasta ahora letra muerta: Fox la promulgó en junio, pero de inmediato la impugnó para evitar que el Senado interviniera en el nombramiento del director. Calderón imita a Fox: en los primeros 100 días de gestión, tampoco ha propuesto al director de Notimex ni se ha instalado la Junta de Gobierno ni el Consejo Consultivo, tal como ordena la ley, en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si el Senado puede objetar o no el nombramiento del Ejecutivo. Disuelta como sociedad anónima, aunque todavía no toma forma como organismo de Estado, Notimex sigue siendo controlada por el gobierno federal desde la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, aunque sus directivos formales son todavía del grupo de Carlos Abascal. Esto ha provocado una pugna entre facciones para mantener el control de Notimex: Aranda Pedroza aún pretende ser el primer director de la agencia de Estado, también el propio Bueno Hernández, pero Calderón quiere imponer a alguien afín. Según el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Conrado García, Aranda y Bueno ya fueron vetados por el gobierno de Calderón, lo mismo que Alejandro Ramos Esquivel, director de El Financiero. “Sé por muy buena fuente que ya quedaron descartados”, asegura García, quien el miércoles 7 se entrevistó con Maximiliano Cortázar, director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, para solicitarle que Calderón envíe ya su propuesta de director de Notimex al Senado. “Fuimos a ver al vocero presidencial como trabajadores y en demanda de que se defina ya al director”, añade García, quien se entrevistó con Cortázar junto con otros cuatro miembros del sindicato. –¿Les dio un plazo? –No nos dio plazo, pero sí nos escuchó con atención y le interesó el hecho de saber que ya tiene que dar el nombramiento. Forcejeos En Notimex prevalece un clima de incertidumbre y aun de “tensión” por la falta de nombramiento del director general de la agencia de Estado que sustituirá a Bueno Hernández, quien relevó en el cargo a Aranda, nombrado por Carlos Abascal subsecretario de Normatividad de Medios. El continuo forcejeo entre los directivos de la agencia y el sindicato tuvo su más reciente expresión a finales de febrero, cuando Bueno Hernández despidió a la directora de Operaciones Nacionales, Beatriz Rojas Alvarado, por órdenes de Juan María Naveja de Anda, el subsecretario de Normatividad de Medios nombrado por Francisco Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación. Allegada a Bueno Hernández, Rojas envió, el 2 de marzo, una carta a Calderón en la que acusa a Naveja de “romper el orden institucional” por acceder a la exigencia del sindicato de despedirla. “El director general, Aurelio Bueno Hernández, recibió la instrucción del subsecretario Naveja de Anda de despedirme sin justificación alguna y, como hombre de instituciones que es, cumplió, no sin antes manifestar su más enérgica protesta por la injerencia del funcionario en la operación del organismo.” Añadió: “Con su decisión, tomada sin considerar al director general, el subsecretario dio un golpe a la autoridad y entregó a un pequeño grupo el control del manejo de la información política, de negocios, cultura, deportes, espectáculos y el departamento de fotografía”. Inconforme con la orden de Naveja, según aseguró Rojas al reportero, Bueno Hernández renunció, pero él mismo confirmó en entrevista telefónica, la tarde del miércoles 7, que seguía trabajando con normalidad. “Le puedo decir que no he presentado la renuncia”. Por su parte, Naveja respondió escuetamente, mediante correo electrónico, a las preguntas sobre si Bueno presentó su renuncia al cargo, cuyo relevo sería el periodista Pedro Norberto Miranda. “El señor Aurelio Bueno no ha presentado ninguna renuncia a la Subsecretaría de Normatividad de Medios”, puntualizó Naveja. Conrado García afirma, a su vez, que la acusación de Rojas es insostenible, porque “el sindicato no pide que se corten cabezas”; además, en todo caso ella es parte del equipo de Bueno Hernández, quien la despidió. Pero ese no es el problema, aclara, sino el cumplimiento de la ley, sobre todo con el nombramiento de director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, como se define ya a Notimex. “Lo que nos interesa es que haya director, ¡pero ya!”, comenta el representante sindical. El director general, explica, estará sujeto a una Junta de Gobierno y a un Consejo Consultivo para evitar que se siga utilizando a la agencia con fines facciosos. “Se tendrá que eliminar esa censura a la que se ha llegado o casos en los que, como me han comentado compañeros, los funcionarios brincan de gusto porque ganó el PAN”. También, dice García, debe evitarse el nombramiento de funcionarios y corresponsales al margen de criterios periodísticos, como los casos de Joel Muñoz Serrano, jefe de la oficina de Notimex en Europa, y Andrés Beltramo Álvarez, corresponsal de cabecera del embajador de México ante el Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena. Desde marzo de 2006 el reportero solicitó a Notimex, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, información sobre la función que Beltramo desempeña en Italia, así como el monto de sus honorarios. Respuesta: cobra 2 mil 800 euros mensuales (equivalentes a 42 mil pesos) y su función en Roma es “recabar y transmitir a la oficina regional todo tipo de información en los diferentes géneros y para los distintos servicios a los que Notimex da servicio (sic)”. Beltramo Álvarez, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y excoordinador de la oficina de Notimex en esa entidad, emigró a la Ciudad de México y luego fue asignado a la cobertura en El Vaticano, pese a que la agencia tiene a Mario Osorio como corresponsal en Roma. Muñoz Serrano, por su parte, fue reportero de Notimex en Guadalajara y es hermano del José Antonio, diputado federal del PAN, amigos ambos de Aranda Pedroza, primo hermano de la exsecretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, y compadre del embajador Bravo Mena. El propio Aranda le dio posesión a Muñoz Serrano en la oficina de Madrid, en la visita que hizo del 11 al 17 de noviembre de 2005 y que costó al erario 15 mil 256 pesos por boleto de avión además de casi 14 mil pesos en viáticos, según información que obtuvo el reportero mediante una solicitud en marzo de 2006. Otros de los corresponsales transitorios de la facción identificada con Aranda Pedroza son: Pilar Bustamante, hija del presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Guillermo Bustamante, y hermana del secretario técnico de la secretaría particular de Calderón, Guillermo Bustamante Ruisánchez. Ella se encuentra en Londres, Inglaterra; y Guillermo Velasco Barrera –hijo de Guillermo Velasco Arzac–, en Pamplona, España. No es raro, entonces, que Notimex maneje información con un propósito faccioso, algo que debe ser proscrito en la nueva agencia, afirma Conrado García, quien insiste en que Calderón debe cumplir con el mandato legal de enviar al Senado el nombramiento del director general, como se los aseguró Cortázar. –¿Dijo quién será? –No, no nos dijo, pero no será un director que tenga todo a su favor. Tendrá que sujetar su política editorial a la Junta de Gobierno. Además habrá un Consejo Consultivo, integrado por reconocidos periodistas, que tendrá dos representantes en la Junta de Gobierno… Notimex debe hacer, ya, el periodismo que demanda el país |
“Son mis enemigos”
J. Jesús Esquivel
Aunque en su gira por Canadá Vicente Fox y Marta Sahagún evitaron hacer declaraciones político-electorales que causaran más disgustos en México, los nuevos predicadores de la superación personal se aplauden mutuamente por sus presuntas aportaciones a la democracia, la seguridad y el progreso. Y si bien hace unas semanas Fox declaró que ambos “leen y disfrutan Proceso...”, ahora, al ser abordado por un reportero de este semanario en Canadá, exclamó: “¡Imagínate, una entrevista a Proceso…! ¡Si son mis enemigos…!”
OTTAWA-VANCOUVER.- En su nuevo papel como predicadores de la superación personal y del liderazgo, el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún no dejan de mostrarse en el extranjero como la “pareja” salvadora de la democracia y la sociedad mexicanas, además de haber impulsado la prosperidad, la seguridad y las tecnologías del primer mundo. “En México todas las escuelas tienen tecnología de información (sic), tienen pizarrones inteligentes, y los niños tienen acceso al internet, tanto en Chiapas como en Oaxaca. Todos los niños en México disfrutan de las comunicaciones (sic)”, presumió Vicente Fox, por ejemplo, el pasado jueves 8 en Vancouver, Canadá, ante más de 5 mil personas que acudieron al estadio General Motors Place, sede de los Canucks, el equipo local de hockey sobre hielo. “Mi primer compromiso (como presidente) fue resolver los problemas de la población indígena de México. Por eso sometí al Congreso una legislación para proteger los derechos de los indígenas y asegurarme de que se diera una solución al conflicto de Chiapas para con ello resolver los problemas que por años habíamos tenido en ese estado; y funcionó (sic). Ahora tenemos un pacífico estado de Chiapas (sic) que goza de un gobierno democrático y de un programa de desarrollo que sigue avanzando (sic)”, insistió Fox. Nunca dijo que en su campaña presidencial prometió a los mexicanos que resolvería en sólo 15 minutos el conflicto armado de Chiapas y que, justamente por no haberlo hecho, continuaron las confrontaciones y las condiciones de miseria de las comunidades indígenas. Reclutados por la empresa Power Within (“el poder que lleva uno dentro”), dedicada a la promoción de oradores que alientan la superación personal, Fox y Marta Sahagún mostraron que tienen muy bien ensayado el número para compartir el espacio con los otros oradores motivacionales, quienes junto con “la pareja” y la propia compañía debieron repartirse la suma de los más de 240 dólares que pagó cada persona para asistir. “Ni siquiera los conocía, pero me da igual lo que dicen. Yo no vine a escucharlos a ellos”, dijo a Proceso Jerry McCluney, un joven de 28 años que labora en una empresa de relaciones públicas de Toronto. Tanto él como su novia Carol viajaron a Ottawa para escuchar a Anthony Robbins, un reconocido psicólogo y asesor de superación personal que vende sus servicios profesionales a empresarios, políticos, deportistas y actores de la talla de Anthony Hopkins. “Yo pagué por venir a escuchar a Cherie Blair” (esposa de Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña), comentó a su vez Paula, una joven nativa de Ottawa, mientras que su acompañante, Linda, directora de una firma de relaciones publicas de Canadá, señaló: “Parecen buenas personas, aunque, no sé, ella (Marta) se ve menos genuina que él…” En el Congress Centre de Ottawa, Vicente y Marta trataron de evitar temas relacionados con la política mexicana, luego de los disgustos –y hasta denuncias– que ocasionó Fox en México al admitir en Washington que había intervenido en el proceso electoral de 2006 para garantizar el fracaso del candidato perredista Andrés Manuel López Obrador en sus aspiraciones presidenciales. En Ottawa, sin embargo, Fox tuvo que abordar superficialmente el tema político y declaró: “Derrotar al PRI no fue fácil. Se necesitó talento y capacidad”, y a sus críticos respondió: “Este presidente (sic) no se irá. No haré lo que han hecho otros presidentes (sic): quedarse callados. Yo seguiré, junto con Marta, contribuyendo a la democracia y al desarrollo de México y de los mexicanos”. “Show” de relleno En el mundo de la farándula y del espectáculo se reconoce que el show de Fox y Marta está muy bien montado aunque hayan sido relleno de las presentaciones donde las estrellas fueron Robbins, la señora Blair, la actriz estadunidense Suzanne Somers y otra decena de personajes relevantes. Para ello, la pareja expresidencial presentó en tres pantallas gigantes un video de poco más de siete minutos con distintas escenas de la campaña proselitista del año 2000, del sexenio foxista y de los momentos en que, “juntos”, Vicente y Marta inauguraron obras públicas o entregaron asistencia económica a la población indígena de México. Enseguida, con un micrófono cada uno y de pie, Fox y Marta comenzaron su perorata de motivación personal en términos como éstos: “Lograr ejercer el liderazgo requiere de un arduo trabajo. Liderazgo significa trabajo de equipo”, reveló Fox en Vancouver al iniciar su intervención, mientras Marta, con cara de admiración y de amor incitaba al público para que aplaudiera a su marido. Lo mismo hizo Marta Sahagún en el Congress Centre de Ottawa ante más de 3 mil personas. Con participaciones intercaladas, de cinco minutos en promedio, durante los 22 o 23 minutos que dura su show, Fox y Marta se ven demasiado ensayados en su discurso y movimientos, tratando de mostrar que “tienen tablas” en el escenario. Y ambos, desde luego, se echan porras: “Marta fue un factor estratégico del desarrollo de México (sic)”, aseveró por ejemplo Fox en Vancouver –como lo hizo en Ottawa y en Washington–, ante una sonriente y humilde Marta que, complacida, levantó la mano izquierda del expresidente en medio de aplausos. “Estoy segura de que me conocen porque soy su esposa (…) nací en un pueblito chiquito en el estado de Michoacán (…), a los 12 años de edad hice mi primer servicio social al visitar a los presos de una cárcel”, señala el discurso motivacional de Marta, el cual repite en cada uno de los escenarios donde se presenta, mientras su esposo la mira con expresiones que, con frecuencia, denotan más aburrimiento que admiración. Y es que, al parecer, a Fox no le gusta mucho ese papel de predicador de la superación personal; que todo lo hace por obligación o por cumplir con un pedido de su esposa… Los de Proceso, “mis enemigos” Power Within –“una pasión por la vida”, como dice el slogan de la empresa– se negó a revelar a Proceso cuánto se pagó a Fox y a Marta por su presentación en Ottawa y Vancouver. “El no revelar la cantidad es en apego a la cláusula de confidencialidad de su contrato”, dijo al reportero un funcionario de la empresa en Ottawa. Como parte de la compensación por los servicios de sus oradores, Power Within paga la transportación aérea y terrestre, el hospedaje y los alimentos en cada uno de los lugares donde se realizan los foros. Y aunque Vicente y Marta ya no se ven rodeados de ayudantes y miembros del Estado Mayor Presidencial, se dejan mimar por el personal de la embajada de México en la capital canadiense, adonde en unos días más llegará Emilio Goicoechea, quien fue secretario particular de Fox en la Presidencia de México. El lunes 5 de marzo, Fox y Sahagún fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Ottawa por personal de la embajada mexicana y, a bordo de un vehículo con placas diplomáticas, llevados a su hotel: el Fairmont Gold, uno de los más lujosos y caros de la ciudad. Pendiente de cualquier necesidad del expresidente y su esposa, el personal diplomático mexicano se mantuvo pendiente de los deseos de la nueva pareja del show-business de la motivación personal, aunque no pudo cumplir con una de las condiciones que Fox puso a Power Within: que no se invitara a la prensa y que no permitieran a los reporteros acercarse para cuestionarlo. “Me cortaron la lengua”, había dicho el expresidente el viernes 2 al diario El Universal mientras esperaba cambiar de avión en el aeropuerto internacional de Panamá. –Señor expresidente, ¿podría darnos una entrevista? Soy reportero de la revista Proceso –dijo el autor de estas líneas a Vicente Fox en una de las salas de recepción del hotel Fairmont Gold, un par de horas después de concluido su show. –A Proceso, jamás –fue su respuesta. –¿Por qué no? Le garantizo que sería una entrevista objetiva y en los términos que usted quiera. –¡Imagínate, una entrevista a Proceso…! ¡Si son mis enemigos…! –contestó el expresidente apresurando el paso en compañía de los dos diplomáticos acreditados ante la embajada de México en Ottawa, quienes esa helada tarde lo acompañaron a dar una entrevista al canal de televisión del Parlamento de Canadá. Marta Sahagún se había quedado en la habitación del hotel. Para evitar los contratiempos con los reporteros, en Vancouver la empresa Power Within y la embajada de México en Canadá se negaron a dar a conocer el nombre del hotel donde se hospedaron Fox y Marta, a quienes sacaron del estacionamiento del General Motors Place a bordo de una Suburban Cadilac de lujo negra y con cristales polarizados. Sólo así logró la pareja de predicadores de la superación personal evadir a los reporteros mexicanos |
Pos qué le hacemos
Regina Martínez
Con un índice de desarrollo menor que el de países africanos como Uganda, Tanzania y Costa de Marfil, la población veracruzana de Mixtla de Altamirano existe de milagro. Entre su gente –más de 8 mil indígenas nahuas– la desnutrición y la muerte son cosa de todos los días, al punto de ubicarlos en el segundo lugar del país en mortalidad infantil. Cuando bien les va, como jornaleros reciben 25 pesos diarios para alimentar a sus numerosas familias... “¿Pos qué le hacemos?... ¡Así vivimos!”, dice resignado el indígena Cenobio Tlaxcaltenco.
IXTLA DE ALTAMIRANO, VER.- Rufina Xalamihua Acahua parece una viejita, pero apenas tiene 46 años. Es madre de seis y esposa de un hombre alcohólico que se encuentra en rehabilitación. Los ocho integrantes de esta familia indígena habitan en un reducido cuarto de tablas de madera que es todo: cocina, sala, comedor, recámara y, por las noches, además, gallinero y chiquero. “Para que no se los vayan a robar –explica–, metemos a todos los animales que tenemos: un gallo, una gallina, varios pollos y un cerdo”. Aparte de una desvencijada mesa en la cual hay un metate y un frasco con sal, al otro lado de la vivienda se ve la única cama de la familia, hecha con tablas de madera, donde duermen cuatro personas. Los demás lo hacen en el piso de tierra, sobre un petate y cubiertos con viejos sarapes. “No tengo nada”, señala Rufina, cuyo esposo, José Zopilxtli Romero, fue internado desde hace dos meses en un centro de Alcohólicos Anónimos de Zongolica para su rehabilitación. “Se lo llevaron para curarlo y no tenemos ninguna ayuda”. Le dice a la reportera: “Sólo me queda un poquito de mazorca, pero este año no será igual porque no tengo dinero. Cuando estaba mi esposo, rentaba un pedazo de tierra, sembraba maíz y lo que se sacaba era para comer todo el año; pero como ahorita no está, no vamos a poder trabajar”. Como la mayoría de las familias indígenas de Mixtla de Altamirano, sus seis hijos no saben leer ni escribir. “Ninguno de ellos quiso estudiar, y tampoco tenemos dinero para pagarles la escuela”. Rufina cuenta con los 25 pesos que gana al día Juan, su hijo mayor, quien trabaja como jornalero como buena parte de los hombres del municipio que carecen de tierras. Por lo pronto, la mujer dispone también de los 320 pesos que cada dos meses le da el programa Oportunidades. Sin embargo, afirma, “no nos alcanza para comer”. Su familia forma parte de los más de 8 mil indígenas nahuas de este alejado municipio que el Consejo Nacional de Población (Conapo) ubicó en 2005 como el décimo más marginado del país, aunque la Organización de las Naciones Unidas lo tenía en el 2000 como el cuarto con menor índice de desarrollo humano en México, por debajo de países como Uganda, Tanzania y Costa de Marfil. En Mixtla de Altamirano hay un centro de salud que funciona de lunes a jueves, mas no cuenta con múltiples servicios ni tiene los medicamentos necesarios para atender a los habitantes, que con frecuencia deben ser trasladados a Zongolica, Río Blanco, Orizaba, el puerto de Veracruz y Xalapa. Y los niños, que carecen también de un parque público, regularmente padecen enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales ante la falta de servicios básicos, lo que favorece la transmisión de padecimientos infectocontagiosos en menores de cinco años y adultos mayores, principalmente. “A veces llegan a morir en el camino, eso es cierto”, señala el síndico único del ayuntamiento, Rolando Acahua Tehuixtle, al referirse a la falta de equipamiento del centro de salud y de servicios. Explica: “El municipio cuenta con una clínica de salud, atendida por una doctora sólo de lunes a jueves. De modo que si el viernes, sábado o domingo llega a haber un paciente, con el apoyo del ayuntamiento se le traslada al Seguro Social de Zongolica”. Muerte y olvido Aquí son comunes las muertes de mujeres por parto y de niños por desnutrición. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), este es el segundo municipio del país que registra la tasa más alta de mortalidad infantil. De cada mil niños nacidos vivos, mueren 57.9 antes de cumplir un año de edad –el doble del promedio nacional–, revela el informe conjunto sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006 del PNUD y la CDI. Las oportunidades para una mejor vida no existen en Mixtla. De los 8 mil 500 habitantes de este municipio, 99.4% son indígenas y el analfabetismo alcanza el 71% en los mayores de 15 años. Llegar a esta región significa subir parte de las abruptas montañas que forman la Sierra de Zongolica, viajar por una accidentada carretera que no está del todo pavimentada, con numerosas curvas y profundos precipicios donde se observan restos de autos y camiones que han caído al vacío. La neblina que cubre la montaña donde se asienta el municipio, así como las ráfagas de viento frío, se meten a las viviendas por los techos de lámina de cartón agujerados y por las rendijas de las tablas de madera. En invierno, la temperatura llega a cero grados. Los indígenas tienen que pagar 25 pesos por viajar de Mixtla de Altamirano a Zongolica –la cabecera distrital de la sierra–, es decir, un día de salario de los jornaleros. “¿Pos qué le hacemos?... ¡Así vivimos!”, exclama don Cenobio Tlaxcaltenco Zopiyoctle, quien tiene su vivienda en la parte alta de la montaña, donde no hay energía eléctrica, agua potable, drenaje ni carretera. Mixtla de Altamirano colinda con Tehuipango, el municipio que hasta el año 2000 se ubicó como el tercero más marginado del país y que actualmente está en el sitio número 14. Pese a su marginación, el presupuesto aprobado por el Congreso local para este municipio en 2007 fue de 12 millones de pesos. “Es muy poco. Tenemos 39 comunidades a las que hacen falta muchos apoyos. No alcanza. Menos ahora que nos recortaron las partidas federales”, dice el síndico Rolando Acahua Tehuixtle, y asegura que “todos los departamentos tienen escuelas donde asisten los niños, y se les da educación bilingüe”. –¿Es cierto que en este municipio los niños se mueren por desnutrición? –Sí, aquí la gente humilde no tiene recursos, y por más que la doctora les diga que tienen que dar a sus hijos carne, leche y verduras, no pueden. Acá la gente campesina gana 25 o 30 pesos diarios para mantener a toda su familia. Aun cuando el síndico indica que 90% de las familias son beneficiarias de Oportunidades, la entrega de despensas sigue siendo un reclamo de los pobladores. “No alcanzan”, comenta la presidenta del DIF municipal, Isabel Anastasio Hernández, y precisa: “sólo se reciben 560 despensas del DIF estatal, y eso cada tres meses. Por eso la gente no está conforme”. Agrega que los pobladores que viven en las comunidades de la parte alta de la sierra “hacen sus casitas de zacate o de maguey; los vamos apoyando poco a poco con láminas de cartón que envían Protección Civil y el DIF estatal, pero ante tanta necesidad tampoco alcanzan”. Don Cenobio Tlaxcaltenco, acompañado de su esposa, quien no habla español, describe las penurias que vive su comunidad, denominada Barrio I, para abastecerse de agua. “Cuando se seca el manantial Xala, tenemos que caminar seis horas hasta el arroyo Apotexca, cargando los cántaros a pie o en bestia”. Para ello tienen que hacer faena o pagar 25 o 30 pesos a la agencia municipal donde se ubica el arroyo en los meses que dura la sequía. “Sólo es para beber, porque nos bañamos y lavamos la ropa en el río; está más cerca, como a tres cuartos de hora de nuestro barrio.” Como los demás campesinos, Cenobio trabaja en el campo “con el azadón y el machete”. No tiene tierras, las renta para sembrar maíz, y gana 25 pesos diarios para sostener a sus cinco hijos. “Todos van a la escuela, hablan náhuatl y español; mi esposa no, y yo sólo un poquito”. –¿Qué hace con 25 pesos diarios? –Pos qué va, compramos poquito, y si hablamos de carne, a veces sólo comemos tortillas con sal. A veces tenemos que salir lejos, donde pagan 50 pesos, pero sale más caro, por el pasaje… Aunque este indígena no compra maíz, porque lo siembra en las tierras que renta, le cobran 25% de la cosecha que obtenga. Trabajar para el prestamista La situación no es diferente para los campesinos que sí disponen de tierras, como Victorino Tehuixtle Atlahua, quien sólo siembra en su parcela maíz y frijol para autoconsumo, ya que son los únicos productos que se cultivan en esta región. “Sólo me alcanza para alimentar a mi familia, no da como negocio”. Para hacer producir una hectárea, explica, se requiere invertir alrededor de 10 mil pesos. “Es un monto muy grande, porque el terreno se ubica en la empinada de un monte arbolado que requiere limpiarse y desmontarse, pero esas cantidades no las conseguimos en Mixtla de Altamirano. Por eso sembramos muy poquito”. Antes de conseguir un empleo como policía en este municipio, por el que percibe 2 mil 500 pesos mensuales, Tehuixtle Atlahua emigró a Estados Unidos a trabajar también en campos de Colorado y Arizona. “Cortaba –recuerda– lechuga y melón, pero no me gustó porque sólo es por temporadas”. Como cortador de hortalizas en los campos agrícolas de Estados Unidos llegó a ganar 6.75 dólares la hora. Refiere que, en ocasiones, trabajó hasta nueve horas diarias. “Entonces me ganaba poco más de 60 dólares, pero aún así no me alcanzaba, porque allá todo es más caro”. Precisa que “nomás me fui cuatro meses, lo que sirvió para pagar lo que me prestaron para irme al otro lado. Aquí hay personas que nos prestan para irnos, pero luego nos cobran intereses muy caros. Por eso nada más va uno a trabajar para ellos, y a nosotros no nos queda nada”. En efecto, muchos de los indígenas de este lugar que se han ido al país vecino han tenido que recurrir a uno de los prestamistas de este municipio, Santiago Temixtle, quien por un préstamo de 10 mil pesos cobra entre 30 y 40% de interés. “Es mucho dinero el que se le tiene que pagar”, lamenta Tehuixle. Los jóvenes de Mixtla de Altamirano están conscientes de la situación que padecen, “pues según estadísticas ocupamos el primer lugar en pobreza y hasta ahorita no se ha hecho nada para atender esta problemática”, opina por su parte Nicolás Xalamihua Hernández, estudiante del Instituto Tecnológico de Zongolica. Estos indígenas nahuas que diariamente luchan contra la miseria no han existido para los gobernantes en turno, aunque Vicente Fox visitó Ayahualulco el 25 de julio de 2005 y, a partir de entonces, se inició la construcción del tramo carretero Texhuacán-Mixtla de Altamirano. Pero esos trabajos están hoy paralizados por problemas con la empresa constructora. A principios de la década de los noventa, también Carlos Salinas estuvo en la región, “pero a Zongolica, a Mixtla, nunca llegó”, recuerdan los habitantes de este municipio olvidado |
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