CIEN DÍAS.

Cien días

martes, 13 de marzo de 2007

Alberto Híjar La única innovación en el régimen panista ha sido la consagración de las fuerzas armadas como garantía suprema de la ley, el orden y la seguridad. No sólo hubo una frecuente sucesión de actos político-militares donde Calderón y los altos mandos militares se juraron lealtad, sino que ésta quedó comprometida con los nombramientos del gabinete de seguridad y con ostentosos operativos de intimidación. En la Secretaría de Gobernación está el exgobernador de Jalisco, donde quedan aún procesos pendientes contra algunos activistas brutalmente reprimidos en la Cumbre Presidencial de 2001 en Guadalajara. La frase "esto no es el D.F." justificó entonces el orgullo del gobernador Ramírez Acuña al ordenar desalojos, golpizas y traslados de jóvenes contestatarios autodenominados altermundistas, al Penal de Alta Seguridad de Puente Grande. Para agravar su situación y ante el aplauso de los ricos más conservadores de Jalisco, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron despreciadas. Inaugurar un sexenio presidencial encargando a una bestia así la construcción política de México, es más que un presagio ominoso. Las represiones con muertos de Atenco, SICARTSA y Oaxaca, la protección a los patrones de Minera México, le han valido a Eduardo Medina Mora el cargo de Procurador General de la República y a Genaro García Núñez la Secretaría de Seguridad Pública. Cien días han sido suficientes para conseguir unanimidad en la CONAGO para proteger a los gobernadores sorprendidos en flagrancia criminal: el famoso góber de Puebla y Ulises Ruiz Ortiz, con todo lo que esto trae de actos propagandísticos, no tantos como los diarios en horario triple A de Televisa en homenaje a Peña Nieto, el sátrapa del Estado de México. Seguridad para los ricos y mano dura contra los pobres contestatarios, con el cauce de las relaciones de subordinación con el gobierno de Bush para la importante encomienda de hacer del gobierno de México el promotor principal del ALCA con todo y plan de choque contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Bolivia, en ese orden. Furtivo y constante, el Plan Puebla Panamá avanza. Que al final de los cien días nueve aviones Hércules cargados de agua potable y máquinas purificadoras hayan despegado de México para aliviar al pueblo boliviano en estado de desastre acuático y que se haya reunido Calderón con Lula para probar su capacidad de distensión, sólo prueba que la diplomacia es una retórica para alivianar conflictos. No hay duda: Calderón dijo la verdad cuando anunció triunfante el inicio de un régimen para los próximos treinta años. La retaguardia está cubierta por El Yunque y la presidencia de los partidos demócrata-cristianos en América. He ahí la garantía de reproducción de un sujeto social que en el trienio final recibirá al Papa con la proclamación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Toda reflexión de los cien días tiene que considerar a los partidos políticos y a los movimientos sociales si es que se quiere prever y actuar en consecuencia. Los partidos políticos todos no tienen más previsión que la reforma del Estado y, en especial, el acomodo para hacer de las reformas energéticas, fiscal y laboral, procesos de terciopelo apenas interrumpidos por movilizaciones simbólicas por el salario, la soberanía (¿de quién?) energética y los derechos laborales. El incidente de los honores a la bandera en medio de la concentración en el Zócalo de los manifestantes en defensa del salario justo y la energía, revela que el poder del Estado es elocuente. Sucedió ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer celebrado aparte, que de pronto se abrieran las puertas centrales del Palacio Nacional para dar paso a una nutrida escolta y una banda de guerra de marinos que obligó a los manifestantes a darles paso para cumplir con el retiro de la enorme bandera, cantar el Himno Nacional y regresar marcialmente a su cuartel. La autoridad simbólica se impuso, la unidad nacional fue concretada no por los manifestantes, sino por los marinos, el poder permisivo se aclaró. La disputa simbólica ha disminuido del lado del pueblo. El autodenominado "gobierno legítimo" de López Obrador transcurre en una gira desatendida por la prensa donde cada vez reúne a menos activistas. 200 municipios visitados no merecen notas informativas. El gobierno legítimo no propone, no actúa, no ejerce el poder y apenas alguna declaración incidental de su gabinete simbólico protesta por la marcha invencible del gobierno de Calderón. La Otra Campaña convoca a una reunión con los cucapás de Baja California y quizá por la lejanía del lugar donde sobreviven los últimos 300 pobres que han decidido perecer como grupo, no tiene más atención que algunos actos de propaganda en esforzados comités de apoyo. Por su parte las organizaciones armadas callan y ni un triste comunicado informa de sus planes. La APPO en cambio, logró superar en estos cien días la tentación electoral. La decisión de asamblea de no convertirse en partido político, no registrar candidatos externos con el PRD o Convergencia, no patrocinar candidaturas independientes, significa una prueba fehaciente de cumplimiento de los principios del movimiento. A la par, la difusión internacional del dictamen de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, mantiene en vilo al gobierno de Ulises Ruiz, tenazmente denunciado en movilizaciones y plantones en varios puntos de Oaxaca. No se rinden profesores y comunidades enfrentadas a la espuria Sección 59 inventada por la Gordillo para dividir al magisterio y forzar los enfrentamientos con la Sección 22. Autoeliminado el dirigente Enrique Rueda al no aguantar la presión, los profesores sostienen la Sección 22 reproduciendo en ella la APPO, esto es, democratizando al sindicalismo charro. Igual ocurre con los municipios autónomos, pese a los ataques armados de los caciques priístas protegidos por el gobierno de Ulises Ruiz. Brilla el Municipio Autónomo de San Juan Copala que ha sustituido al municipio priísta represor al reunir a comunidades triquis que han decidido integrar la autodefensa y el ejercicio de la soberanía en un solo proceso que exige reconocimiento pleno. La Caravana por la Dignidad y la Libertad del Pueblo Triqui con sus autoridades encabezadas por el alcalde autónomo Severo Sánchez González, llegó hasta el Distrito Federal para ganar solidaridades. He aquí una prueba de acciones libertarias fuera del tiempo del Estado, sus procesos electorales y sus previsibles reformas. Producir otro tiempo, apropiarse de él en espacios concretos, es línea política que prueba la potencialidad del poder popular como soberanía distinta a la del Estado corrupto