TOTUS REVOLBRUTUS.

Bernardo Bátiz V.

Totus revolutus

Aquel panista de excepción que fue José Angel Conchello, siempre de buen humor y siempre en el centro de alguna polémica, cuando las cosas se ponían difíciles y confusas, y todo estaba revuelto, usando un falso latinajo decía que la situación era un "totus revolutus".

Lo que está pasando hoy en muchos campos de la realidad nacional, pero especialmente en materia de justicia y seguridad, me recordó la gráfica expresión de José Angel. Así estamos, todo revuelto; el secretario de Seguridad Pública federal, sin facultades para ello, se erige en vocero de la Procuraduría General de la República y, sin ningún reclamo de ésta, ni del abogado de la nación, que está al frente de la institución, habla en su nombre y define en contra de quién o quiénes se está investigando por el narcotráfico en Acapulco, y por la lucha de los cárteles, con su cauda de asesinatos, cementerios clandestinos y cabezas cortadas.

Se atreve, en ejercicio del papel que asume, y que la Constitución y la ley no le dan, a declarar que se investiga por posibles ligas con los narcos nada menos que al presidente municipal del puerto, a quien debía de apoyar en cuanto a su seguridad personal amenazada, y por lo que toca a las sitios de carácter federal que abundan en el centro turístico, como son el aeropuerto, la zona naval, las playas y las carreteras de acceso.

Este incidente, en el que afortunadamente se dio marcha atrás después de un par de días de escándalo, se debe en buena parte a que desde las altas esferas del poder en México se propicia una confusión entre la institución que se ocupa de vigilancia y seguridad y la que tiene a su cargo la procuración de justicia y, por ello, investigar y perseguir los delitos. El hecho, que sin duda dañó injustamente la imagen del presidente municipal, es también efecto de una política anticrimen más fundada en declaraciones y desplantes que en acción eficaces.

Otro elemento que enturbia el ya de por sí revuelto mundo de la lucha entre sociedad y narcotraficantes es la necesidad de dar buena imagen, y quizá también buenas cuentas, al gobierno de Estados Unidos, que está satisfecho o insatisfecho según sus intereses políticos con las actuaciones de nuestras autoridades, por lo cual éstas se desviven no sólo por combatir el crimen, sino por quedar bien con sus exigentes monitores y examinadores.

No hay una autoridad federal en México que reúna simultáneamente las cualidades de eficacia en la lucha contra la delincuencia y respeto a la dignidad del Estado independiente que representa, y se preocupan más por lo que dirán quienes debieran de ocuparse más de sus propios problemas internos de distribución y consumo de drogas y menos de lo que sucede al sur de sus fronteras.

En otra materia, es increíble que la Suprema Corte de Justicia, yendo más allá de lo que establece el artículo 133 de la Constitución, determine que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes emanadas de la Constitución, a pesar de que estas últimas son aprobadas por ambas cámaras y los tratados sólo por el Senado. Qué bueno que no se sentó jurisprudencia, porque cinco ministros votaron en contra de los seis mayoritarios; qué mal que en la mayoría del alto tribunal sólo se hayan tomado en cuenta los argumentos letristas y formales, sin consideración alguna de nuestra soberanía.

En efecto, una ley que requiera modificación en México, por haber sido dictada con apresuramiento o porque las realidades van cambiando, la podemos cambiar internamente nosotros solos; en cambio, un tratado, según el criterio romo de la Corte, requerirá necesariamente el visto bueno de una potencia extranjera.

Así están las cosas; intereses de todo tipo, miopía de lo que pasa hoy, ignorancia de la historia, han hecho de nuestro momento, como decía Conchello, un auténtico "totus revolutus".