María Teresa Jardí A menudo al leer declaraciones de los exfuncionarios públicos o incluso de los políticos en activo me pregunto ¿en qué planeta habrán estado viviendo esos señores mientras ocurría lo que recién a toro pasado denuncian? Porque, vamos a ver, si hubieran reconocido lo que ocurría, mientras ocurría, por el peso del cargo desempeñado habría tenido más sentido la declaración que tardía poco significa. Razones de Estado, pensarán algunos, los obligaron a callar lo que sabían mientras estaban en activo, lealtad al sistema o al partido, pensarán otros como justificación al silencio cómplice, también responsable de que México se haya convertido en el país bananero que no tiene una salida, no en el corto ni el mediano plazo, para todos los mexicanos. País bananero que incluso a los ricos afecta. Porque a los que secuestran son a los hijos de los ricos. Los que tienen que vivir permanentemente acompañados por "guaruras" son los ricos, los que más se drogan con basura y con alcohol son los hijos de los ricos y también se prostituyen las hijas de los ricos y al paso que vamos serán abusados los nietos de los que hoy abusan impunemente de otros menores, porque cuando las cosas llegan al nivel al que aquí han llegado, más temprano que tarde, a todos por igual afectan. Los ricos, sin importar sus muchas escoltas, pueden ser asesinados en el mejor de los restaurantes en un ajuste de cuentas de otros. Y los ricos también saben que pueden perder la vida, que es lo único que a final de cuentas tenemos pobres y ricos, en un asalto. Es decir, la impunidad que impera y que tiene que ver en gran medida con el no combate frontal al narcotráfico y sobre todo a la delincuencia organizada de cuello blanco, más perniciosa aún que el narcotráfico, lo que ya es decir, acaba por afectar a todos por igual y verlo y no denunciarlo mientras pasa es un crimen también contra la nación mexicana. A Fox hoy se le debe juzgar. Pero se le debió denunciar, como hicimos otros, mientras desgobernaba el país. A Zedillo se le debe juzgar. Pero los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto de funcionarios juristas debieron, como hicimos otros, denunciar el hecho atroz y demandar un juicio político cuando, ese impresentable sujeto que tanto daño le hizo también al país, dio un golpe de Estado contra la cabeza misma del Poder Judicial, cuyas consecuencias saltan a la vista: se corrompió el Poder Judicial desde la cabeza hasta la médula. Y, sí, puede ser que queden jueces honorables, como habrá uno que otro policía, pero esa ya no es la regla. Y lo mismo debieron hacer cuando Salinas puso la información relativa a la seguridad nacional de la nación mexicana en manos de José María Córdoba Montoya para poder disponer de la información privilegiada para beneficio propio y de unos cuantos elegidos que se han convertido en las familias mafiosas que gobiernan. Es decir, si los que de tanto en tanto reconocen a toro pasado lo mal que han llegado a estar las cosas hubieran denunciado en su momento lo que ocurría, que es el antecedente de lo que ocurre hoy, México sería el país que merece ser y no este remedo de república bananera que es. |
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