RED DE COMPLICIDADES.

Complicidades

martes, 20 de febrero de 2007

Denuncia Napoleón Gómez Urrutia que el gobierno foxiano y la empresa Grupo México se entendieron para eludir responsabilidades en la tragedia de la mina Pasta de Conchos MEXICO, D.F., 19 de febrero (LA JORNADA).- Hubo una "complicidad abierta" y nexos hasta de tipo económico entre el anterior secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Salazar Sáenz, y el Grupo México, para proteger al consorcio y que no enfrentara su responsabilidad en el accidente en la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros en febrero del 2006. Salazar Sáenz, es proveedor de Grupo México a través de dos empresas, por lo que cobijó a este consorcio en la tragedia en lugar de atender a los deudos, señaló en entrevista vía telefónica desde el extranjero el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quién sobre su situación jurídica, comentó: "es mentira que se haya solicitado mi extradición al gobierno de Canadá. Pero que lo hagan, lo único que va a pasar es que el gobierno se va a exhibir una vez más porque no va a poder sostener sus acusaciones". El líder, quien se encuentra exiliado en Canadá desde hace casi un año, cuando fue desconocido como dirigente del Sindicato Minero y acusado de fraude de un fondo de esta organización, planteó que es una vergüenza que todavía a un año de la tragedia de Pasta de Conchos, continúe la impunidad y no se haya castigado a los responsables, cuando toda la evidencia claramente señala que hubo negligencia de parte de Industrial Minero México. Tanto las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expertos internacionales, el gobierno del estado de Coahuila y la Procuraduría de Justicia de ese estado se encaminan a señalar que el accidente ocurrió por responsabilidad empresarial, lo cual no vio o no quiso ver Salazar Sáenz. La del ex secretario del Trabajo, dijo, fue una complicidad abierta con el consorcio por sus nexos comerciales e incluso "el hijo de éste es funcionario, y como presidente de la Comisión Nacional Reguladora de Energía aprobó una nueva concesión a Grupo México para la explotación de gas metano asociado al carbón, así, por primera vez, a un particular se le da un negocio en este rango de más de 500 millones de dólares y por supuesto el beneficiario es para el este Grupo". Añadió que incluso hay la especie de que el delegado de la secretaría en Coahuila también era pariente lejano de Salazar, por eso lo protegió. En esta red de complicidades en la que hubo varios intereses de por medio, por supuesto que se pasan por alto las visitas de inspección a la mina e incluso pasó un año y medio entre que se levantó el acta de inspección y que se volvió a revisar para ver si se habían cumplido las observaciones, mientras los trabajadores estuvieron reportando continuamente que no había condiciones para laborar y quienes se quejaban eran despedidos, sobre todo trabajadores de los llamados "contratistas", los cuales por 90 pesos diarios arriesgaban y arriesgaron su vida. Eso, mientras había una política de Estado totalmente al servicio de la empresa, acotó el dirigente. Asimismo, los resultados de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJC), relativas al accidente en la mina Pasta de Conchos, se encaminan a fincar responsabilidades penales en contra de funcionarios de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la entidad, así como de empleados de bajo perfil de Grupo México, mientras que ya se descarta por completo una consignación en contra de Francisco Javier Salazar Sáenz, ex titular de la dependencia federal, revelaron fuentes jurídicas cercanas a la indagatoria que hoy cumplió un año en trámite. En tanto, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de algunos de los deudos y coadyuvante del Ministerio Público en la indagatoria, exhortó a los fiscales responsables del caso para que ejerciten acción penal de inmediato en contra de los presuntos responsables, a fin de que se inicien los procesos penales correspondientes. Agregó que aún y cuando es previsible que la PGJEC no solicite la aprehensión de Salazar Sáenz, ahora le toca a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar su indagatoria respectiva para determinar si se cometieron delitos federales, además de que la autoridad federal tiene competencia plena para investigar a funcionarios federales. El litigante agregó que también la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene en sus manos un expediente próximo a concluir con la sanción de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios de la STPS. Respecto a la información proporcionada por fuentes gubernamentales, la PGJEC ya detalla el pliego de consignación en contra de al menos 10 presuntos responsables de los delitos de homicidio imprudencial y negligencia, entre ellos servidores públicos de la delegación en Coahuila de la STPS. A decir de las fuentes consultadas, se descarta por completo una sanción penal en contra de Salazar Sáenz. De hecho, entre los posibles funcionarios que serían consignados destaca el caso de Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico de la delegación de la STPS en Coahuila; María del Carmen Martínez Sánchez, subdirectora delegacional; y el de Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico y encargado del despacho de la delegación federal del Trabajo en Coahuila, así como algunos inspectores de la dependencia. También se prevé la consignación de algunos trabajadores de Grupo Industrial Minera México, cuyos nombres no fueron revelados por las fuentes consultadas. El pasado 21 de noviembre, Sarmiento Villegas declaró ante la contraloría interna de la STPS que el procedimiento de sanción en contra de la empresa Industrial Minera México (IMM) por 35 irregularidades detectadas en Pasta de Conchos desde julio de 2004, se retrasó un año debido a que en dicha delegación "carecemos de personal calificado suficiente y necesario para realizar de manera oportuna nuestras actividades diarias". A su vez, el abogado Manuel Fuentes Muñiz aseguró que la SFP está protegiendo a Francisco Javier Salazar Sáenz, motivo por el cual ni siquiera lo ha citado a comparecer a pesar de que existen pruebas contundentes en su contra que demuestran, en este caso, una omisión en sus funciones. En entrevista, el litigante precisó que el artículo 40 de la Ley Orgánica de la STPS establece que el titular de esa dependencia está obligado a vigilar que se cumplan las condiciones de higiene y seguridad de todos los centros de trabajo, "y a pesar de que se dio un reporte en la delegación de Coahuila sobre diversas anomalías detectadas en Pasta de Conchos, Salazar Sáenz no atendió su labor y eso lo hace responsable por omisión". Agregó que la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJC) ya cuenta con estas pruebas relativas a 34 anomalías que detectó la STPS 19 meses antes de la explosión, por lo que en las consignaciones penales que realice en breve el Ministerio Público "deberá incluir no sólo a directivos de Minera México, sino a servidores públicos que cometieron negligencia".