Fernando Araújo, centro de un escándalo de corrupción hace años, queda en el cargo
Renuncia la canciller de Colombia presionada por la narcoparapolítica
Aparte de legisladores hay más de 80 militares de alto rango vinculados con paramilitares
María Consuelo Araújo, ayer al renunciar a la Cancillería colombiana. Al centro, en imagen de archivo su hermano, el senador Alvaro Araújo, actualmente preso acusado de mantener vínculos con paramilitares. Abajo, Fernando Araújo (sin parentesco alguno con los anteriores), durante una rueda de prensa ayer en Cartagena en la cual anunció su nombramiento al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores Foto: ApSantafe de Bogotá, 19 de febrero. Luego de tambalear durante varias semanas en su cargo, la canciller colombiana, Maria Consuelo Araújo, renunció hoy en medio del torbellino político desatado por las revelaciones de que paramilitares y narcotraficantes se han adueñado de instancias claves en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esta nación sudamericana.
La joven ministra se vio obligada a dimitir cuatro días después de que su hermano, el senador Alvaro Araújo, fuera capturado y recluido en la penitenciaría nacional de La Picota, acusado de mantener una larga y estrecha alianza con los jefes paramilitares de la costa atlántica colombiana. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, el senador Araújo, así como otros cinco parlamentarios de esa región del país, se beneficiaron electoralmente de su alianza con los paras (paramilitares). En algunos casos, no sólo intimidaron a jurados y electores, sino que amenazaron y hasta secuestraron a los adversarios políticos. Con dinero proveniente del tráfico de cocaína, los paras también aportaron gruesas sumas a las campañas electorales de sus aliados.
Durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana en la Casa de Nariño, sede del gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores leyó una carta que le dirigió al presidente Uribe, en la cual le expresa que renuncia ante la certeza de que en las condiciones actuales no podrá obtener "resultados que beneficien al país". Dos días antes, el primer mandatario la había ratificado de manera vehemente en su cargo, indicando que no la entregaría como un trofeo a sus opositores.
Sin embargo, la presión de los partidos de oposición y de la mayoría de los columnistas de prensa, obligó a la canciller a renunciar sin haber cumplido siquiera un año en el cargo. Algunos analistas sugirieron incluso que se puede ver la mano de Washington detrás de la renuncia de Araújo, pues cada vez son mayores los sectores del Congreso y de la prensa estadunidense que ven con preocupación el panorama político de Colombia.
Querían evitar un efecto dominó
La situación de La Conchi, como le dicen sus allegados, era insostenible pues no sólo su hermano Alvaro está en el ojo del huracán de la llamada narcoparapolítica. Su padre, el ex ministro Alvaro Araújo Noguera también ha sido llamado por la justicia, lo mismo que su primo hermano, el actual gobernador del departamento del Cesar, Hernando Molina, ambos sindicados de vínculos con los paramilitares. Según analistas políticos locales, el gobierno insistió en mantenerla en el ministerio para dar una sensación de fortaleza institucional y para evitar que se produjera un efecto dominó que podría afectar a más funcionarios de alto nivel.
De hecho, la renuncia de la ministra puso a retumbar en los medios políticos la frase pronunciada por su hermano a finales del año pasado, cuando apenas era un sindicado y sólo se veía la punta del enorme iceberg: "Si vienen por mí, vienen por La Conchi y por el presidente Uribe", pronosticó entonces Alvaro Araújo.
Carlos Lozano, analista político y dirigente del Polo Democrático Alternativo, principal fuerza de oposición, considera que el escándalo de la narcoparapolítica puede, en efecto, tocar a las puertas de la Casa de Nariño. En declaraciones a La Jornada, Lozano consideró que, ante está eventualidad y en medio de una gran crisis institucional, el próximo e inevitable paso del presidente Alvaro Uribe será la convocatoria a un "acuerdo nacional de todos los sectores políticos y económicos que lo salve del naufragio. El Polo debe abstenerse de participar en cualquier acuerdo con Uribe, pues los mismos votos que eligieron a los congresistas que hoy están presos sirvieron para elegirlo a él como presidente de la República", dijo.
Otros analistas recordaron que "el desfile apenas comienza", en alusión a la larga fila de congresistas y altos funcionarios del gobierno, así como oficiales del ejército y de la policía que tendrán que responder ante la justicia por sus vínculos con las bandas armadas de ultraderecha que provocaron una gran catástrofe humanitaria a lo largo de los últimos 20 años.
Paradójicamente, la desmovilización de una parte de la estructura paramilitar, acordada entre sus jefes y el gobierno mediante un cuestionado proceso, es lo que ha permitido que los colombianos se hayan enterado de los increíbles niveles de penetración de estas bandas armadas en la política y el aparato estatal. El hallazgo de un computador de uno de los líderes paramilitares conocido como Jorge 40, así como las confesiones de varios desmovilizados, han permitido ir detectando la compleja red de poder que se tejió entre empresarios (especialmente ganaderos), narcotraficantes, dirigentes políticos, funcionarios públicos, militares y paramilitares en casi todos los departamentos del país. Uno de los casos que más expectativa despierta es el de Jorge Noguera, ex director del máximo organismo de inteligencia del estado, quien es acusado por uno de sus subalternos de trabajar en estrecha alianza con jefes paras de la región caribe. Otro importante foco de atención es el de los más de 80 militares de alto rango que han sido llamados para que expliquen sus alianzas con los paras en la ejecución de matanzas de campesinos acusados de auxiliar a las guerrillas.
Precisamente las guerrillas, en especial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son el otro dolor de cabeza que enfrenta el gobierno. Con presencia en todo el territorio nacional, las FARC no sólo han resistido la más ambiciosa embestida militar emprendida por gobierno alguno, conocida como Plan Patriota, sino que atacan constantemente al ejército y a la policía. Además, generan una presión constante sobre Uribe, tanto nacional como internacional, para que acepte canjear a los guerrilleros presos en las cárceles por 59 dirigentes políticos y oficiales del ejército que mantienen en su poder, en algunos casos desde hace nueve años. Entre los canjeables de las FARC están la ex candidata presidencial Ingrid Betancur y tres contratistas estadunidenses que realizaban tareas de espionaje cuando su avión fue derribado en plena selva amazónica.
Y ha sido justamente un ex secuestrado, el ex ministro Fernando Araújo, quien le permitió a Uribe sortear la crisis generada por la caída de una de las "estrellas" de su gabinete. Su nombramiento como nuevo canciller, poco más de un mes después de terminar un largo cautiverio de más de seis años en poder de las FARC, el pasado 31 de diciembre, ha sido, según la mayoría de analistas, una atrevida jugada publicitaria del presidente dirigida a opacar la percepción de que el mandatario había perdido un round con la renuncia de su canciller. El Araújo que se estrenará en la diplomacia no tiene parentesco con la ministra saliente, fue titular de la cartera de Desarrollo Económico durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y estuvo en el centro de un escándalo de corrupción en su natal Cartagena de Indias hace ocho años.
En tanto, todas las miradas se dirigen ahora al Capitolio Nacional, sede del Congreso, donde el Polo Democrático Alternativo, en cabeza de su senador Gustavo Petro, realizará en un par de semanas un esperado debate en el que se pretende demostrar que el nacimiento del paramilitarismo en el departamento de Antioquia se produjo cuando el gobernador de esa región del país era ni más ni menos que el actual presidente, Alvaro Uribe Velez
Y PEDRO MIGUEL COMENTA:
nota original
Hasta el cuello
El lunes 7 de agosto del año pasado, en medio de un terrorífico dispositivo de seguridad, Alvaro Uribe Vélez juró por segunda vez como presidente de Colombia, luego de un proceso electoral caracterizado por el masivo respaldo de los medios informativos a su candidatura, el uso de la fuerza publicitaria estatal para respaldar las aspiraciones releccionistas del mandatario en funciones, encuestas de opinión amañadas a su favor, coacción del voto en las áreas dominadas por los escuadrones paramilitares de ultraderecha y numerosas denuncias por los vínculos del aspirante oficial con tales organizaciones armadas y denuncias sobre las violaciones a los derechos humanas propiciadas por Uribe en su primer mandato (2002-2006) y, previamente, como gobernador de Antioquia.
En septiembre de 1991 el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo describía como "un político dedicado a colaborar con el cártel de Medellín" y como "amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria", el fallecido capo de ese grupo (Newsweek, 9/08/2004 y New York Times, 3/8/04). Pero para la Casa Blanca el entusiasmo neoliberal del sospechoso y su determinación represiva contra las organizaciones guerrilleras pesaron más que antiguos pecadillos de narcotráfico y desde el inicio de su primer periodo César Gaviria fue investido como el aliado principal de Washington en Sudamérica.
En la campaña de 2006 el presidente reiteró su compromiso de combatir al terrorismo de izquierda y persistir en el obsequioso proceso de paz con el terrorismo de derecha. Seguramente un sector importante de quienes votaron por su relección lo hicieron porque estaban hartos de la violencia y creían honestamente en la eficacia de la "mano firme", en los milagros económicos inventados por las estadísticas oficiales y en el compromiso presidencial con la legalidad. Otros dieron su sufragio al mandatario derechista porque les convenía la continuidad de un gobierno manifiestamente empresarial, y algunos más lo hicieron porque tenían en la sien el fusil de un asesino a sueldo. Pero aquello fue considerado un proceso inmaculado y un gran ejemplo de democracia. La toma de posesión de agosto fue convertida en celebración de las derechas continentales, con todo y la presencia legitimadora del príncipe de Asturias, un hombre inimputable porque no tiene conciencia de sus actos y a quien, por lo visto, no puede atribuirse más responsabilidad que la de los embarazos de Letizia Ortiz.
Tres meses después, la inconformidad de algunos cabecillas paramilitares dejó a la vista algunas fisuras por las que empezó a colarse la verdad: el entorno presidencial está plagado de políticos paramilitares. La Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia tomaron cartas en el asunto y emitieron órdenes de captura contra una decena de legisladores y funcionarios aliados de Uribe: los diputados locales Johny Villa, Angel Villarreal y Walberto Estrada, Alvaro García Romero y Erik Morris, del partido oficial, los senadores Jairo Merlano, Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char, Alvaro Araújo, Luis Eduardo Vives, Mauricio Pimiento y Alfonso Campos y el ex diplomático Salvador Arana. Están bajo investigación judicial los ex ministros Sergio Araújo y Luis Ernesto Mejía, el coronel Hernán Mejía, el ex gobernador Lucas Gnecco y el ex alcalde Bernardo Hoyos. María Consuelo Araújo renunció ayer a la titularidad de la cancillería. Eficiente, simpática, guapa y hasta inocente mientras no se demuestre lo contrario, la ex funcionaria hubo de rendirse a la evidencia de que no puede representar dignamente a Colombia ante el mundo cuando su padre, dos de sus hermanos y un primo suyo enfrentan acusaciones por nexos con los paramilitares, secuestro y tráfico de drogas.
En noviembre pasado el legislador Miguel de la Espriella confesó que en 2001, un año antes de que Uribe resultara electo, unos 40 políticos firmaron un pacto con los mercenarios ultraderechistas para "crear un movimiento político que de alguna manera defendiera las tesis" de los paramilitares. El acuerdo se signó en la localidad de Santa Fe de Ralito, que curiosamente sirvió posteriormente de sede para las negociaciones entre el gobierno de Uribe y los cabecillas de los escuadrones. En ellas la autoridad benefició a los terroristas con penas máximas de ocho años de cárcel en 9 mil causas judiciales, muchas de ellas por delitos considerados de lesa humanidad. Uribe está metido hasta el cuello en las heces de la delincuencia.
No olvidemos que como parte del show de la legalidad de la derecha Colombiana también se hizo con fuego: cuando Uribe juraba para su primer periodo cerca del sitio cayeron cohetes de "terroristas" lo que le daba la carta de aceptación que necesitaba por parte de los ciudadanos para imponer su "mano dura".
Sugiero a los lectores que no dejen de ver la película PELIGRO INMINENTE que retrata de manera superficial algo de lo aquí expuesto (curiosamente esta película salio hace dos días en televisión abierta)
Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para leer
www.elchamucovirtual.blogspot.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario