PAIS DE LEYES PERO SIN JUSTICIA.

Han regresado

miércoles, 14 de febrero de 2007

Por Julio Pimentel Ramírez Después de muchos años de ardua, difícil e incansable lucha, el 7 de febrero de 2007 fueron entregados por la Procuraduría General de la República (PGR) los restos de los luchadores sociales Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez, integrantes del Partido de los Pobres, grupo guerrillero comandado por el profesor Lucio Cabañas Barrientos. Lino Rosas y Esteban Mesino fueron capturados con vida por el Ejército mexicano durante el combate en que pierde la vida Lucio Cabañas, el 2 de diciembre de 1974. Posteriormente fueron torturados, ejecutados extrajudicialmente y exhumados clandestinamente. Al entregar los restos de las dos primeras víctimas identificadas de la guerra sucia, la PGR reconoce las ejecuciones extrajudiciales en que incurrió el Estado en las décadas de los 70 y 80, que en 2001 fundamentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general sobre delitos del pasado que, por cierto, no ha sido cumplida por el sistema de procuración e impartición de justicia. Cabe señalar que dicha recomendación de la CNDH dio sustento a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependencia suprimida sin explicación pública y sin informar a la sociedad sobre la situación de sus investigaciones. Hasta el momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de Felipe Calderón, guardan ominoso silencio al respecto. ¡Por fin! Tras 32 años de sufrimiento, incertidumbre por la suerte y paradero de los más de mil 300 detenidos desaparecidos en México, la tristeza, el dolor continuo, todo el daño intencional causado a la familia, al pueblo y a la sociedad, llega a su fin, al menos en los casos de Lino y Esteban. La resistencia de sus familiares organizados en la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (AFADEM) y la solidaridad de muchas otras organizaciones, tiene sus frutos. La entrega de los restos físicos, es un símbolo de la lucha por recuperarlos, por conocer la verdad y buscar la justicia por los crímenes de estado cometidos contra la población, nos comentan Tita Radilla y Julio Mata Montiel, presidenta y secretario ejecutivo de Afadem, respectivamente. Sin embargo hay que señalar que en este caso, si bien se avanzó en el camino de la verdad, prevalece la impunidad de los culpables de estos graves delitos de lesa humanidad (desaparición forzada, tortura, ejecución judicial) que afectaron y afectan a sus familiares, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. A pesar de las múltiples trabas puestas por los responsables de la PGR, en específico la Coordinación de Investigaciones Especiales de la Subprocuraduría de Delitos Federales, a la cual fueron turnados de manera oscura los expedientes de la extinta FEMOSPP, el siete de febrero a las 23 horas fueron entregados a sus familiares y representantes de AFDADEM los restos físicos de estos dos ciudadanos mexicanos, que optaron por la vía armada para luchar por las demandas populares, después de ver cerrados los caminos legales formales. Las dos únicas víctimas que la FEMOSPP pudo identificar durante cuatro años de investigaciones fueron estos colaboradores cercanos del dirigente del Partido de los Pobres, profesor Lucio Cabañas. Las indagaciones de la Fiscalía y las denuncias de testigos y defensores de derechos humanos señalan que Rosas y Mesino fueron aprehendidos el 2 de diciembre de 1974, luego de que un comando del Ejército atacara a Lucio y sus compañeros. El líder guerrillero resultó muerto durante el enfrentamiento, mientras que Rosas y Mesino fueron detenidos, junto con Marcelo Serafín -otro integrante del movimiento guerrillero, de quien aún no se sabe nada. Los restos óseos de ambos fueron hallados en junio de 2005, en un panteón clandestino de la comunidad El Guayabillo, del municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, por lo que fueron sometidos a investigaciones periciales con pruebas de ADN para cotejarlos con las muestras genéticas de sus familiares, con lo que un año más tarde (noviembre pasado) pudo establecerse su identidad. Hay que destacar que la ubicación de los restos de los compañeros Lino Rosas y Esteban Mesino por parte de la FEMOSPP, fue posible gracias a información proporcionada por los familiares y AFADEM, quienes dieron puntual seguimiento al proceso de identificación de los restos, proceso que culminó positivamente hace ya varios meses. El expediente de las investigaciones judiciales establece que ambos guerrilleros fueron ejecutados extrajudicialmente, además de que los restos presentan signos de haber sufrido diferentes tipos de lesiones. Estos dos casos, detenidos vivos, torturados y posteriormente ejecutados extrajudicialmente, son otra muestra de los métodos ilegales y de terror utilizados por los gobernantes en turno contra los disidentes políticos, de ayer y hoy. Mientras el pueblo busca los caminos legales, los gobernantes aplican la detención ilegal, la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales para evitar la organización y lucha del pueblo. No es ocioso recordar que en días pasados Amnistía Internacional hizo público un informe sobre la delicada situación de los derechos humanos en México y tras subrayar su preocupación por la falta de un pronunciamiento claro y explícito del nuevo presidente de la República en torno a la materia, pidió al gobierno de México y al Congreso de la Unión que modernicen con urgencia el sistema de justicia y de seguridad pública de México de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Calificó a México de un país con leyes pero sin justicia, en el que las deficiencias de los sistemas judicial y de seguridad pública hacen que la detención arbitraria, la tortura, los juicios injustos y la impunidad sean prácticas sistemáticas a nivel estatal y federal en todo el país. En el informe de AI se analizan las graves deficiencias de los sistemas de seguridad pública y de justicia penal mexicano -como la enorme diferencia que existe entre los principios jurídicos y la protección efectiva, las irregularidades de la detención preventiva, la presentación de cargos falsos contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos y la ausencia del principio de "presunción de inocencia" en la Constitución mexicana. Al presentar su informe, los representantes de AI manifestaron su preocupación por el incumplimiento del gobierno mexicano respecto a las investigaciones de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado en el pasado, situación que se agrava con el cierre de la FEMOSPP sin rendir un informe público sobre su gestión.