EDITORIALISTAS DE LA JORNADA.

Luis Javier Garrido

La sumisión.

La simulación, rasgo central de las acciones del gobierno panista de hecho, es también evidente en política exterior, que según todos los indicios se enfila de manera abierta a una sumisión sin precedente ante Estados Unidos y los intereses multinacionales.

1. La llegada de Felipe Calderón como presidente de facto de México ha sido entendida en los países latinoamericanos como un triunfo de las trasnacionales y de la extrema derecha internacional que abre las posibilidades de dar fuerte impulso en el continente al proyecto de globalización neoliberal hegemonizado por Washington, de manera mucho más abierta que con Vicente Fox, de tal suerte que el panista es visto como un peón de la política de Bush para el continente, por lo que sus pretensiones de presentarse como lo que no es, en fallido intento por legitimarse, constituyen un esfuerzo vano que borda en el ridículo.

2. La conferencia de prensa que dio Patricia Espinosa, titular de Relaciones del gobierno de facto, (8/1/07) señalando que la diplomacia de Calderón sería "sin estridencias" ni "promoción personal" e impulsaría "prioritariamente el tema económico y comercial" fue un vano esfuerzo por mostrar que la diplomacia sería independiente de Washington y por desvincular a Calderón de Fox, cuando es evidente que en todos los aspectos, incluyendo política exterior, Calderón no es más que absoluta continuidad, y que en los pocos días que lleva de manera ilegítima en el cargo ha buscado fortalecer la dependencia de México con el exterior.

3. Los miembros del servicio exterior, en vez de actuar en función de los intereses de la nación y conforme a los principios rectores de la política internacional consignados en el artículo 89, fracción X, de defender desde la autodeterminación de los pueblos hasta la no intervención, al igual que en el sexenio foxista están dedicados a servir a los intereses privados del gobernante de facto como a los de los grandes empresarios, y así como se dedicaron en julio y agosto pasados a convalidar el fraude y a hacer propaganda de la supuesta democracia mexicana, hoy están entregados a la tarea de forjarle una imagen a Calderón, y todo ello en pleno alineamiento con las políticas de Washington, pues no en balde en los años de Fox buena parte del personal del servicio diplomático de carrera fue sustituido por panistas y políticos de la derecha.

4. La pretensión de Calderón de tener "un liderazgo" en América Latina es risible si no fuera por su patético significado. En momentos en que los pueblos de todo el continente exigen políticas económicas y sociales distintas a las que impone Washington, y diversos gobiernos reformistas de uno u otro signo buscan salidas a la crítica situación que prevalece en el continente, el gobierno de facto de la extrema derecha mexicana, surgido del fraude y de las tinieblas de la intolerancia y el oscurantismo, acusado desde sus primeros días de represor y de graves violaciones a los derechos humanos, y visto como pelele del proyecto trasnacional, pretende tener un papel, cuando ni siquiera los gobiernos de la derecha latinoamericana lo toman en cuenta.

5. El fugaz viaje de Calderón a Nicaragua pretendiendo fotografiarse con los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Hugo Chávez de Venezuela es un burdo intento de usar los viajes al exterior con fines personales: la pretensión de alcanzar la legitimidad que no se obtuvo en las urnas y lograr una promoción individual, lo mismo que han hecho los gobernantes de la derecha en todos los países. Fox abusó seis años de estos viajes onerosos en extremo para el país y que tuvieron un saldo desastroso, pues se tornó en el hazmerreír de todos y no logró más que cabildear en favor de una serie de intereses privados. Y Calderón se enfila en el mismo camino, sin importar que pretenda no tener problema con los gobernantes de las izquierdas del continente.

6. Los hechos son los que cuentan, y luego de que durante su campaña, Calderón descalificara con virulencia a Chávez acusándolo de todo ­"autoritario", "déspota", "populista"­, y sobre todo producto del "golpismo" y no de "la democracia" con el objetivo de identificar a Andrés Manuel López Obrador con él, las cosas ahora están en su sitio. Calderón, que se pretendió en su "propaganda negra" como demócrata, no pudo llegar a la silla presidencial más que tras un grosero fraude electoral, considerado por analistas como un "golpe de Estado", y Chávez fue relecto democráticamente en Venezuela con 62 por ciento de los votos.

7. La única política exterior viable para un país como México, devastado por el proyecto neoliberal que ha supuesto la sumisión en todos los órdenes a los intereses de las grandes corporaciones, es la que sustentándose en los principios constitucionales, buscara crear las condiciones para otras políticas internas, actuando con firmeza y en función de los intereses del pueblo mexicano, y no a la inversa, como se está haciendo.

8. El gobierno de Calderón propone que las misiones de México en el extranjero sigan sirviendo como instancias al servicio de los grandes intereses corporativos que financiaron su campaña de vergüenza y del proyecto de los extremistas de derecha que se han apoderado de los enclaves estratégicos del poder financiero. La sumisión hoy se llama diplomacia "sin estridencias", por lo que a nadie extraña que Calderón no condenara la ejecución de Saddam Hussein ni los nuevos bombardeos estadunidenses en Irak y en Somalia.

9. El informe especial de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre sus actividades en el rubro "seguridad al territorio nacional" indica que ha ordenado el despliegue de 3 mil 600 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea para vigilar acciones "contra el terrorismo" (Milenio Diario, 8/1/07). No dice "para la lucha contra el narcotráfico", como ha sido hasta ahora la versión dada ante los medios por Calderón y su gente sobre los operativos de Michoacán, Baja California y Sinaloa, sino que utilizando el vocabulario de Bush engloba como "lucha contra el terrorismo" todo operativo de las fuerzas represivas, lo que incluye su utilización política para reprimir movimientos sociales: se alinea con las políticas de la Casa Blanca para la que la inconformidad social o la disidencia política se equiparen al crimen organizado.

10. La diplomacia formal sigue, como en los últimos sexenios, al servicio de intereses privados, por ello se siguen abriendo espacios para la otra diplomacia: la que se hace desde la sociedad, desde donde se busca seguir defendiendo los intereses de la nación.


Luis Hernández Navarro

La nueva guerra de la tortilla.

Durante su primer baño de pueblo desde que tomó posesión, Felipe Calderón resultó empapado. "¡Que bajen el precio de las tortillas y la leche, si no luego ya no vamos a tener que comer!", le gritó una mujer en el municipio de Chalco, en un acto con el mandatario. Otras más siguieron con los reclamos.

¿Por qué se ha incrementado el precio de la tortilla? Por tres razones básicas. Primera y más importante, por el acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales. Segunda, por el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano: diesel, electricidad y gasolina. Tercera, por la subida del precio del maíz en el mercado mundial, como resultado de su uso en la producción de etanol.

México es el cuarto productor mundial de este cereal. El año pasado cosechó 22 millones de toneladas, principal aunque no exclusivamente de grano blanco. Se trata de un volumen muy lejano al producido por Estados Unidos: 280 millones de toneladas durante 2005, en lo esencial de maíz amarillo. Este país controla más de 70 por ciento del mercado mundial de esta semilla.

A diferencia de la mayoría de los países productores que utilizan sus cosechas como forraje, en México, así como en parte importante de América Latina, el destino del grano es el consumo humano. Somos una cultura nacida del maíz.

Durante décadas la Conasupo desempeñó un papel fundamental en la regulación de los mercados del país, acopiando, importando y distribuyendo el grano. Como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) eso se terminó. Entre 1994 y 1998 funcionó como comprador de última instancia. En 1998, Ernesto Zedillo le dijo a las grandes comercializadoras (Maseca, ligada con ADM; Minsa, asociada con Corn Products Internacional y Arancia, y Cargill, fusionada a Continental) que debían encargarse del mercado nacional. Así, las funciones de un monopolio estatal que, a pesar de la corrupción funcionaba razonablemente bien, fueron trasladadas a monopolios privados que tienen como objetivo la ganancia rápida.

El desmantelamiento de la Conasupo fue un paso central en la privatización del mercado maíz-tortilla. Otras medidas gubernamentales en esa dirección fueron la liberación del precio de la tortilla a comienzos de 1999, y la desaparición de Fidelist, un programa de subsidio a la adquisición de este alimento que atendió 1.2 millones de familias en zonas urbanas marginadas.

Un gran cambio adicional fue el que se produjo con las modificaciones en la forma de procesar el grano. Durante muchos años la tortilla se elaboró mediante un proceso de nixtamalización, en la que molineros y tortillerías desempeñaban un papel clave. Esto comenzó a cambiar desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), en el que se impulsó la elaboración de este alimento a partir de la harina industrializada en lugar de la masa de nixtamal.


El cambio en este proceso productivo provocó un fuerte conflicto entre los actores económicos ligados a ellos, que, en su momento, se conoció como la guerra de la tortilla. El pleito redujo drásticamente la importancia de los dueños de molinos y tortillerías. En 2003, 49 por ciento de la producción de este alimento estaba en manos de los grandes industrializadores, y Gruma sola tenía el control de 70 por ciento de esa franja del mercado. En los cinco años recientes, en alianza con las grandes cadenas de venta al menudeo, esa porción ha crecido significativamente.

Estos industrializadores son, simultáneamente, acaparadores del grano local e importadores. Ellos controlan importantes inventarios y pueden administrar oferta y demanda para hacer subir o bajar los precios según convenga a sus intereses. Adquirieron parte significativa de la cosecha primavera-verano de Sinaloa (con mucho, el principal estado productor de la República, con casi 10 millones de toneladas durante el pasado ciclo primavera-verano) a un precio de mil 350 pesos la tonelada. Se calcula que fácilmente tienen en sus manos alrededor de un millón de toneladas de maíz. Y con sus existencias han jugado a la especulación, encareciendo artificialmente el precio del producto. Esa misma tonelada del grano de Sinaloa, colocada en la ciudad de México, tiene hoy un costo de 3 mil 500 pesos, es decir, 2 mil 150 pesos más del que se pagó por ella.

Es cierto que el precio del maíz en el mercado mundial ha aumentado en los meses recientes como resultado de la utilización del grano para elaborar etanol. Pero ese incremento no tiene relación con el precio que tiene dentro del país. En la Bolsa de Chicago se cotiza en alrededor de 144 dólares la tonelada, esto es, menos de la mitad de la cantidad a la que se vende en la ciudad de México.

El costo del diesel, la gasolina y la electricidad, todos ellos insumos necesarios para el transporte y el procesamiento del grano, subieron durante los últimos meses de la administración de Vicente Fox, impactando el precio de la tortilla. Pero esos insumos constituyen, tan sólo, 30 por ciento de los costos de producción.

El monto del aumento en el precio de la tortilla es absolutamente injustificado. Ni el incremento en los insumos ni la revaloración del maíz en el mercado internacional justifican las cantidades a las que se vende a los consumidores. El problema central es la especulación de los grandes acaparadores.

Esta especulación ha sido favorecida por el modelo de mercado que se creó a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, del desmantelamiento de las agencias y empresas estatales de desarrollo y de la privatización salvaje. Se trata de un mercado claramente ineficiente, casi monopólico y especulativo. Un mercado en el que, gracias a políticos como Luis Téllez y Santiago Levy, el gobierno mexicano se cortó los brazos que le permitían intervenir para poner orden.

Hoy vivimos una nueva guerra de la tortilla que, a diferencia de la vivida en los años 90 entre distintos empresarios, enfrenta a los grandes agroindustriales y la población pobre. Se trata de una guerra en la que el gobierno de Felipe Calderón ha tomado claramente partido en favor de los monopolios que lo apoyaron para que llegara a la Presidencia de la República.


Gilberto López y Rivas

El comandante supremo.

Las primeras semanas del presidente espurio de México, Felipe Calderón, confirman que sobre todo en política, forma es contenido. Su toma de posesión ilegal, rodeado de militares, a la media noche del último día de noviembre y la sesión del Congreso de la Unión en la que juramentó como titular del Ejecutivo, igualmente fuera de las normas y los procedimientos legislativos y constitucionales, protegido y cercado por el Estado Mayor Presidencial, son significativos en cuanto a qué esperar de un proceso marcado por el fraude electoral y la imposición violenta del candidato oficialista por parte de los poderes fácticos y el apoyo tácito de los altos mandos del Ejército y la Armada. Lo que mal comienza mal termina.

La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán ­que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas­ en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas.

En estas primeras semanas de la presidencia ilegítima, las acciones de su titular tienen una clara connotación militar y un involucramiento cada vez mayor del Ejército en misiones de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, lo que significa una confesión del fracaso de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación y la Agencia Federal de Investigación para contener el avance y las ejecuciones (más de 2 mil) de los cárteles de la droga en México y para garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya en 1999 analizábamos las razones ­que continúan vigentes­ por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico:
1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas.
2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva.
3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa.
4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera.
5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada.
6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales.
7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso.
8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público.
9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

A Felipe Calderón parecen no importarle estos señalamientos reiterados a lo largo de más de una década desde muy diversas perspectivas críticas, inclusive dentro de los reducidos sectores patrióticos de las propias fuerzas armadas (¡que los hay!), y ha inaugurado su gobierno usurpado a partir de una colaboración estrecha con los nuevos secretarios de Marina y Defensa Nacional encauzando la realización de operativos militares espectaculares condenados al fracaso y cuya finalidad es tranquilizar a quienes lo llevaron al poder, mostrando su mano firme y sus aficiones militaristas y represivas.

Así, lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular:
1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares.
2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social.
3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas.

No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!


Jorge Camil

Calderón: la tentación totalitaria.

La reciente aparición de Felipe Calderón con chaqueta y gorra militar es preocupante, porque fortalece la creencia de que el régimen descansa cada vez más en las fuerzas armadas. Y aunque la salida fácil es la "guerra contra el narcotráfico", un tema que aplaudimos todos los mexicanos, por más que tenga matices parecidos a la "guerra contra el terrorismo" del señor Bush, es imposible separar el apoyo militar del acrimonioso conflicto electoral de 2006. En este contexto, la gorra de cinco estrellas pudiese estar más bien destinada a fortalecer la figura presidencial. (¿Quién se atreve a meterse con el comandante supremo de las fuerzas armadas?)

Tras el desastroso final de Vicente Fox se especulaba que Calderón iniciaría su mandato con algún hecho espectacular destinado a restablecer el orden, asegurar la gobernabilidad y comenzar a ganar la presidencia desde la presidencia. Algunos imaginaron que rompería el duopolio televisivo e iniciaría acciones legales contra los hijos de Marta Sahagún y el ex gobernador del estado de México. Se hablaba de tempranas iniciativas de ley destinadas a fomentar la competencia económica como paso inicial para erradicar los principales monopolios empresariales. Pero no. Aún no.

Quizá jamás lleguen a materializarse en este sexenio las acciones surgidas del imaginario popular, de ese terco deseo de que las cosas cambien, de que lleguemos finalmente a la meta de esta interminable transición democrática. Calderón, en cambio, recurrió a la fuerza militar con excusa de perseguir al narcotráfico en su estado natal y reprimir el movimiento popular en Oaxaca. Y en cuanto al tema económico, propuso un raquítico Presupuesto de Egresos que indica la decisión de continuar privilegiando las finanzas por encima de programas sociales y culturales.

Si el prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo, el rígido Presupuesto de Egresos, un documento sin pena ni gloria, anunció una presidencia opaca en la que el férreo control económico y administrativo será la prioridad de un régimen claramente neoliberal. Cero déficit, cero deuda, cero tolerancia. El Presidente se presentó como un avaricioso pater familias que gasta con cuentagotas el dinero que ingrese a las arcas de la nación.

En un entorno así, los recortes sustanciales en educación pública, ciencia, tecnología y cultura nos dan la medida del hombre: ¡Adolfo Ruiz Cortines en pleno siglo XXI! Sin embargo, en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza pública, que pudiese llevar al Presidente a caer en la "tentación totalitaria" de otras épocas, la decisión chocaría con las barreras levantadas durante nuestra inacabada transición democrática.

La represión al estilo del rabioso Gustavo Díaz Ordaz, o del autoritario Luis Echeverría, independientemente del motivo, sería impensable de cara a los resultados electorales del 2 de julio. Una ventaja de medio por ciento, proveniente de un tercio del padrón electoral, difícilmente sirve de base popular para justificar el uso continuo e inconstitucional del Ejército para labores propias de los cuerpos policiacos.

Antes de caer en la tentación de regresar al pasado, el Presidente debería considerar que el régimen priísta, el modelo a seguir, contaba con un pacto social no escrito, y el consentimiento tácito de la mayoría, además de indisolubles lazos clientelares con obreros, campesinos y fuerzas populares. Más importante aún, ejercía un férreo control de facto sobre los medios de comunicación.

Ese control, no obstante la censura y las veladas advertencias del actual secretario de Gobernación, sería insostenible frente a una libertad de expresión ganada en buena lid por los medios independientes en el contexto de la avasalladora revolución digital.

(El presidente de Google, el buscador cibernético, declaró recientemente que el Internet constituye hoy día una garantía de libertad de expresión y democracia. Y tiene razón, porque en un mundo de youtube.com, flickr.com, myspace.com e innumerables blogs personales, en el que millones de noticias, fotos y videos se intercambian diariamente por usuarios privados alrededor del mundo, ¿cómo se podría detener el flujo de noticias de México al exterior y viceversa?)

Por otra parte, cualquier represión sin base popular, sujeta a la convenenciera alianza con el PRI, tendría que salir de una inopinada decisión de jugarse el todo por el todo. Calderón, un panista de la vieja escuela, de los que creían en la "brega de eternidad", se refugió al final en un gabinete partidista e incumplió su promesa de construir un verdadero gobierno de coalición. Continúa ostentándose como un gobernante abierto al diálogo, pero en la práctica designó a un secretario de Gobernación de línea dura con historial en Amnistía Internacional, y sigue privilegiando una preocupante relación con las fuerzas armadas.

¡Que no se equivoque el Presidente!, los Díaz Ordaz y los Echeverría quedaron sepultados en Tlatelolco. Hoy, el poder político se gana sólo con diálogo, convencimiento y democracia.

México SA
Carlos Fernández-Vega

Que siempre sí
Desde 1999 se acabaron los subsidios a la tortilla; en 12 años, 1,300% de aumento al precio.

Que siempre sí meterá la mano el gobierno calderonista para controlar el precio de la tortilla y el abasto de maíz; que siempre sí la escalada es consecuencia de la especulación y el acaparamiento; que siempre sí aumentarán los cupos de importación y que siempre sí Eduardo Sojo se convierte en el primer funcionario de la "continuidad" públicamente desmentido (Medalla Fox) por el nuevo inquilino de Los Pinos, cuya tesis de campaña fue no bajar los precios "al chilazo, por decreto", porque al ciudadano "se lo cobran en tortillas..."

Y al "chilazo" ordenó ayer controlar los precios de maíz y tortilla, aunque todos, especialmente los consumidores, saben que el conflicto no se dio con el arranque de año. La más reciente escalada comenzó alrededor de dos meses atrás, a mediados de noviembre pasado, lo que obligaba la intervención de los gobiernos entrante y saliente, así como la inmediata acción de los legisladores. Sin embargo, nuestra siempre eficiente cuan expedita clase política ­sin importar la camiseta que luzca­, como es costumbre, hace como que se involucra sólo hasta que estalla el problema en cuestión y sus efectos son de gran alcance, especialmente si de imagen política se trata.

La escalada no se limita al maíz y la tortilla, porque los precios de los principales productos y servicios de consumo básico se han disparado en esos dos meses, aunque gobierno y legisladores, sólo hasta ahora, han centrado su lerda atención en el tema de los citados alimentos, porque eso de la imagen sí les preocupa.


Sólo cuatro días atrás aseguraba el secretario Sojo que para detener la escalada de precios en maíz y tortilla "existen otras medidas más efectivas. Acciones como el control de precios siempre traen problemas, siempre desincentivan la producción; siempre traen problemas en toda la cadena productiva. Entonces, nuestra posición es que hay medidas mucho más efectivas para resolver el problema, que tienen que ver más con incrementar la producción y la competitividad, y no el control de precios". Son "factores coyunturales", decía.

Pues resulta que no, de acuerdo con la sentencia del gobernador del Banco de México (el de los jitomates), Guillermo Ortiz ("los incrementos que han registrado los productos básicos como la tortilla y el azúcar son problemas de especulación, acaparamiento y de un modelo poco competitivo; no se justifican") y la orden girada por el inquilino de Los Pinos (que se "mantengan el precio del maíz y de la harina al precio más bajo, que lo vendan al costo a la gente, máximo 3.50 pesos, para que se rompa cualquier intento de especulación").

Mientras Eduardo Sojo presume su primera Medalla Fox y la clase política cuida su imagen antes que los precios, las dos mayores productoras de tortilla en el país (más allá de las 42 mil tortillerías que despachan en la República) aportan algunos elementos para esclarecer la situación.

El Grupo Maseca ofrece un dato por demás interesante: el gobierno mexicano expide permisos de importación de maíz a varios agentes, incluyendo a comerciantes de maíz, con base, normalmente, en la cantidad de maíz nacional disponible, lo que contribuye a la disponibilidad y estabilidad del precio nacional de maíz. Sin embargo, en el pasado, particularmente en años electorales, el gobierno mexicano ha incrementado el número de permisos de importación de maíz, lo que ha generado que el precio baje, reduciendo las ventas de harina de maíz.

A la fecha (primer trimestre de 2006), a pesar de ser este un año electoral, el gobierno mexicano no ha implementado aún ninguna política con miras a incrementar el número de permisos de importación. En la actualidad dependemos de los permisos de importación de maíz para asegurar un adecuado suministro en regiones del país donde existe un bajo nivel de producción del grano. Creemos que una escasez en los permisos de importación de maíz tendría un mayor impacto adverso en nuestros resultados de operación que un exceso en el número de importaciones.

Por su parte, Minsa explica: aunque el gobierno federal continúa participando de manera indirecta en el mercado de maíz a través del otorgamiento de apoyos a los agricultores, el sistema de subsidio a la tortilla fue eliminado el 31 de diciembre de 1998, cuando liberó de manera definitiva ese precio. La eliminación de los subsidios gubernamentales al precio de la tortilla ocasionó un incremento significativo de este producto que subió, en términos históricos, de un promedio de 75 centavos por kilogramo en 1995 a aproximadamente entre 6 y 8 pesos por kilo en 2005 (10 pesos, mínimo, en el arranque de 2007, lo que equivale a un aumento cercano a mil 300 pesos en 12 años).

El incremento en el precio de la tortilla ocasionado por la desaparición del sistema de subsidios y la eliminación del control oficial de precios ha generado una disminución significativa en el consumo de tortilla, que cayó 7 por ciento entre el primer día de 1998 y el último de 2003. Sin embargo, el consumo se ha estabilizado durante los últimos dos años, aunque no puede asegurarse que incrementos futuros en el precio de la tortilla no incidirán de manera significativa en el volumen total del mercado.

Las rebanadas del pastel:
Aclaración por demás oportuna: "el 5 por ciento no es uno de cada cinco, sino cinco de cada cien; como verá estamos más jodidos de lo que usted piensa" (Felipe Villegas, micsa-villegas@webtelmex.net.mx). Lo anterior, porque ayer en este espacio reseñamos que la ANTAD se comprometía a no alterar el precio de la tortilla, pero sólo a 5 por ciento de los consumidores, "uno cada cinco", lo que resulta equivocado. De cualquier suerte, le pondremos nueva pila a la calculadora.