UNA VOZ MESURADA.

REFORMA.
Javier Hurtado
Leer bien el mensaje

El proceso electoral federal pasado ha traído secuelas de la mayor gravedad y trascendencia para nuestro país. La realidad no puede ser más elocuente: el martes, Reforma daba cuenta de dos hechos negativos relacionados con el desarrollo de las campañas electorales y el resultado de las elecciones del pasado 2 de julio: 1. Los bombazos ocurridos en la madrugada del lunes pasado en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las instalaciones del Comité Nacional del PRI, y en una sucursal bancaria; y 2. Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2006 de la organización Transparencia Internacional en los que México cayó del lugar 65, que tenía el año pasado, al 70.

Tanto el representante de dicha organización como el secretario de la Función Pública de México coincidieron en que la propaganda negra y las acusaciones de corrupción entre los políticos fueron las causas principales de que exista la percepción de que México es hoy más corrupto que el año pasado.

A lo anterior, súmese el conflicto de Oaxaca; que el presidente de la República no haya podido rendir su último Informe de Gobierno ni dar El Grito de Independencia en el Palacio Nacional; que el desfile del próximo 20 de noviembre se haya suspendido; y que la Cámara de Diputados le haya negado al Presidente el permiso para realizar una gira internacional.

Pendiente está lo que pueda ocurrir el próximo 1o. de diciembre con la toma de posesión del nuevo presidente de México; el cómo evolucione el conflicto de Oaxaca de aquí a esa fecha; y si vuelven a estallar otros bombazos, ya sea ese día o la víspera.

Como quiera que sea, la situación del país es grave. Nunca, al menos desde hace 30 años (cuando se corrió el rumor de un supuesto golpe de Estado el día de la toma de posesión del Presidente), el ambiente político de México había sido tan delicado. Si a esto le agregamos la virtual quiebre financiera de Pemex, la pérdida de competitividad de nuestra economía, el estancamiento y pérdida de liderazgo de nuestro país en América Latina y el mundo, los graves problemas de inseguridad, las escandalosas cifras de decapitados y ejecutados, los más de 100 directivos de seguridad pública o de la procuración de justicia que han sido asesinados en lo que va del año; y, si a esto le añadimos la amenaza de la construcción de un muro en nuestra frontera con Estados Unidos, la conclusión obvia es que lo que tenemos ahora es una república destrozada, como producto de los seis años del "gobierno del cambio" y como consecuencia del proceso electoral de julio pasado.

Sin embargo, también es cierto que en otros aspectos México está hoy mejor que antes: las tasas de inflación nunca habían sido tan reducidas como ahora, nunca se había desarrollado un programa de vivienda tan ambicioso como el del actual gobierno federal, nunca se había dado un programa de becas para jóvenes de escasos recursos con una cobertura tan amplia, el acceso a la información pública y gubernamental está hoy al alcance de cualquier ciudadano y, para bien o para mal, la independencia y la autonomía entre los poderes y órdenes de gobierno nunca había sido la realidad que hoy es.

Cada quien podrá asignar los pesos o valores que quiera a los componentes de cada una de estas dos realidades al momento de ponerlos en la balanza. Para unos, el vaso estaría medio lleno; para otros, medio vacío. Más allá de esto, lo único cierto es que los logros que se dan son consecuencia lógica de la labor normal de un gobierno que dispone de todos los elementos a su alcance para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en el marco de la ley. Lo que sí es cuestionable es cuando el Estado no utiliza los recursos (políticos, legales e institucionales) de que dispone para solucionar o reducir algunos problemas; o bien, evitar que se presenten o se agraven. O lo que es peor, que la propia labor y decisiones institucionales, en vez de producir soluciones generen problemas (como lo ocurrido con los organismos electorales con relación a la elección presidencial y con el Senado respecto al caso Oaxaca).

Ahora, como dice el Presidente electo, el terrorismo es "la nueva realidad que tenemos que confrontar". El riesgo en esto es que se utilice eso como pretexto para endurecer acciones gubernamentales y afectar libertades: además el gobierno debe leer con cuidado el mensaje de los bombazos, no fueron atentados destinados a afectar a la población civil que un grupo social reivindique para obtener independencia o autonomía de un Estado nacional. Fueron actos de protesta contra las instituciones gubernamentales por lo ocurrido en Oaxaca y en la elección presidencial.

En todo caso, lo mejor es no exagerar, pero tampoco minimizar los bombazos y, sobre todo, leer bien su mensaje y obrar en consecuencia: ¿por qué, en vez de caer en el expediente fácil del endurecimiento, no se convierten los bombazos y lo ocurrido en la elección presidencial en el justificante ideal para emprender una profunda reforma constitucional que haga más efectivas, austeras y funcionales nuestras instituciones y nuestra democracia?