D espués de los bombazos contra las instalaciones del Tribunal Federal Electoral, Scotiabank y el PRI, surgieron múltiples especulaciones sobre los responsables. La principal apuntó hacia el resurgimiento de comandos guerrilleros; así, el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina-Mora, afirmó que se trataba del Comando Jaramillista Morelense; el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Santiago Vasconcelos, consideró que se trataba del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Secundariamente se pensó en otras fuentes posibles como grupos paramilitares ligados a Ulises Ruiz, como señaló el secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Esta también fue una hipótesis de trabajo apuntada por el subprocurador Vasconcelos, y otra más: alguna instancia de gobierno federal o estatal que pretendiera dar la impresión de que se estaban saliendo de control movimientos sociales de izquierda radicalizados. Hoy, la mayoría de las autoridades apuntan hacia el EPR y el ERPI, aunque es apresurada una actitud concluyente que descarte las opciones mencionadas u otras como el narcotráfico (no hay que olvidar que ha reclutado a soldados desertores, los famosos zetas) o bien hasta un gobierno extranjero, como apuntó un conocido periodista. Al margen de cuál es el responsable, dos cosas quedan claras con los estallidos: primera, no existe suficiente coordinación y cooperación entre los órganos de inteligencia civil, y segunda, en nada benefician a la izquierda institucional y a la social. Además, algunos medios de comunicación y personajes han recurrido a una visión superficial sobre el terrorismo, como el presidente designado, Felipe Calderón. Los expertos revelan que son tres los niveles de accionar terrorista de acuerdo con los objetivos perseguidos. El primero es el terrorismo "blanco", pues no pretende causar muertos o heridos entre la población civil sino dañar edificios con cierto simbolismo político, como recién sucedió; representa una forma de protesta por una situación política crítica, de propaganda mediante comunicados y de eventual concienciación social. Se reportó que en la ciudad capital los daños provocados a puertas, ventanas y vidrios alcanzaron a 105 casas y 12 comercios. Medina-Mora rechazó que se les califique de terroristas "porque son actos que no están dirigidos a causar daño a la sociedad civil... son acciones condenables, se trata de propaganda armada" (EL UNIVERSAL 8/XI/06). La segunda forma de acción es el terrorismo selectivo, dirigido a capturar, enjuiciar y eventualmente eliminar a funcionarios civiles o militares responsables de cometer torturas o masacres; o bien a jueces que han encarcelado líderes sociales o miembros de la organización rebelde; o bien a personajes críticos a la organización como periodistas, locutores, diputados, etcétera. Se piensa que son actos de ajusticiamiento frente al terror institucional; se pretende ganar legitimidad social y reclutar combatientes. El tercer nivel es el terrorismo indiscriminado donde las víctimas no importa si son niños, mujeres o ancianos o miembros de organizaciones de oposición política legal. Esta forma de acción se usa por lo general frente a situaciones de un ejército de ocupación y sus aliados nacionales. En México, las guerrillas de los años 70 del siglo pasado y de principios del actual han recurrido al primer nivel de acción, ocasionalmente al segundo y por fortuna nunca al tercero. Por lo anterior, resulta muy preocupante que Calderón, en el congreso del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, haya declarado que será una prioridad el combate al crimen organizado, pero también al ¡terrorismo!, entendidos ambos como una batalla larga y con grandes costos económicos y humanos. Calderón al parecer ya olvidó su promesa de combatir a la pobreza nacional y se hace eco de voceros empresariales como José Luis Barraza, quien remató: "Hay grupos radicales y grupos de guerrilla en algunos movimientos sociales; qué bueno que Calderón tenga como prioridad el estado de derecho". Los empresarios hablan de terrorismo fiscal cuando el Estado pretende cobrar impuestos a los morosos; los 20 millones de mexicanos en pobreza extrema que sobreviven con un dólar diario, enfrentan cotidianamente una situación de pavor cercana al terror. Claro, los primeros tienen la opción de evadir, los segundos no. Hay de terrorismo a terrorismo. Profesor investigador de la UAM-A |
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