EL PODER JUDICIAL.

REFORMA.
Sergio Aguayo Quezada.

Elogio a la Corte.

Trascendente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de perseverar en el esclarecimiento de la verdad en el caso de Lydia Cacho contra las autoridades de Puebla.En el 2006 reapareció el coro monumental de loores a instituciones con olor de santidad.

Es probable que quienes las enaltecen carezcan de experiencia directa con las encargadas de impartir justicia; por eso mismo es tan importante seguir el paradigmático caso de Lydia Cacho."Sorpresiva, tortuosa y costosa -así resume su experiencia jurídica Lydia Cacho en entrevista telefónica-.

Mi experiencia se inició el 16 de diciembre del 2005 cuando judiciales poblanos me detuvieron en Quintana Roo para llevarme a Puebla por una demanda por difamación presentada por Kamel Nacif. Así empezó una de las experiencias más angustiantes de mi vida.

Tardé meses en conseguir un abogado capaz y dispuesto a enfrentarse a las bandas del crimen organizado que trafican con niños y niñas y, por si fuera poco, con el gobernador del estado de Puebla. Todos me alababan pero nadie quería meterse. El primer abogado que tuve en Quintana Roo terminó cediendo ante las presiones.

Finalmente encontré a Xavier Olea que aceptó defenderme después de venir a Cancún a entrevistarse con las víctimas. Y un abogado bueno hace la diferencia."El periodismo y la defensa de los derechos humanos dejan poco dinero y desde diciembre hasta la fecha llevo gastados unos 850 mil pesos que han salido, sobre todo, de las ventas de mi libro que se han disparado por la publicidad. Es tan caro porque llevo dos litigios y porque en asuntos de leyes y policías la corrupción y podredumbre siguen siendo inmensos. En Quintana Roo se ventila el asunto de la difamación y en la capital presenté una demanda en la Procuraduría General de la República contra el gobernador de Puebla Mario Marín, la procuradora y la jueza por colusión y torturas entre otros delitos cometidos en mi contra. Este último asunto llegó a la Suprema Corte ante la cual, te confieso, era bastante escéptica. Tuve una enorme sorpresa cuando el pasado 19 de septiembre decidieron profundizar en las investigaciones".

Todo inició con la publicación del libro Los demonios del Edén que documentaba la existencia de una red de pederastas con enorme fuerza política; uno de los mencionados fue el empresario Kamel Nacif que reaccionó con una demanda penal presentada en Puebla contra la autora, Lydia Cacho, que vive y trabaja en Cancún.

En diciembre del 2005 llegaron a Quintana Roo policías poblanos, y se la llevaron en coche a Puebla en donde continuó la concatenación del patrón de abusos de autoridad.El hecho recibió la atención de algunos organismos civiles y periodistas pero entró a la agenda nacional el 14 de febrero de 2006, cuando diversos medios dieron a conocer una serie de conversaciones entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nacif quienes, en un lenguaje procaz, urdieron la forma en que usarían las leyes para dar un escarmiento a la periodista y escritora.

Siete días después, todos los partidos representados en la Cámara de Diputados pidieron al Pleno de la Suprema Corte que averiguara "los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de Lydia Cacho en donde pudieran estar involucrados el gobernador", la procuradora y la juez de la causa.

Pasaron los meses y el 18 y 19 de septiembre la SCJN discutió el informe elaborado bajo la dirección del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia que propuso descartar la demanda de Lydia porque no había quedado "demostrada la violación grave de garantías individuales". Eso provocó un inteligente y apasionante debate entre los ministros. Todos coincidieron en que los autores de la investigación habían hecho un buen trabajo documentando la parcialidad de las autoridades judiciales de Puebla contra la defensora de derechos humanos.

Sin embargo, como la conversación entre el "góber" y el "empresario" que trafica con influencias era ilegal se abstuvieron de profundizar en la posible responsabilidad del mandatario poblano.Si los ministros se hubieran apegado a esa interpretación rigurosa, estricta, formalista de las leyes, las autoridades poblanas habrían salido ilesas de la demanda de Lydia Cacho. Era lo previsible porque México sigue siendo un Edén para la impunidad.

Pero los ministros continuaron la discusión y tejieron un razonamiento jurídico colectivo resumido en la siguiente selección de frases.
El informe confirmó que "hubo violaciones a sus garantías [de Lydia] pues las anomalías que detectamos rebasan los márgenes de la causalidad, y sólo se pueden explicar a partir de la contribución que existió por parte de diversos funcionarios" del estado;
la "grabación indudablemente no tiene efecto jurídico pero da una pista..." para verificar "...si el gobernador del Estado intervino en las decisiones del poder judicial";
en consecuencia lo "conveniente y jurídicamente correcto es ordenar la ampliación de la averiguación" porque de lo que se trata, en esencia, es de establecer la "verdad" sobre lo acontecido.

Siete votaron a favor de ir al fondo, tres en contra. (Los entrecomillados son de los ministros Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan Díaz Romero, José Ramón Cossío Díaz y Sergio Salvador Aguirre Anguiano).

La decisión reivindica a la abogacía y a quienes la practican con honestidad; también hace abrigar esperanzas de que los ministros pensarán en el bien común cuando decidan sobre la Acción de Inconstitucionalidad de las Leyes de Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

La resolución también fortalece a la defensora de derechos que seguirá enfrentando a políticos, jueces y empresarios que trafican con leyes e imponen su voluntad apoyándose en políticos como Emilio Gamboa Patrón.

Este viernes tendrá un careo con Kamel Nacif en Cancún y se prepara con una idea reiterada una y otra y otra vez: "cada día me repito que sólo por hoy me enfrentaré a las instituciones encargadas de impartir justicia".

La Miscelánea .
Los entrañables Ricardo Rocha y Denise Dresser han sido amenazados. El primero por una turba de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca incapaz de entender que en un régimen democrático el periodismo exige escuchar a todos. La segunda recibió un anónimo con amenazas que inquietan por contener información sobre las actividades y desplazamientos de la columnista.

Correo electrónico: sergioaguayo@infosel.net.mx