EL PAIS ESTÁ EN UNA GENERALIZADA INSATISFACCIÓN.

Peligros de la indecisión.

Diego Valadés.
27 de septiembre de 2006.

Toda sociedad se rige por un conjunto de regularidades que aseguran a sus integrantes el ejercicio de sus derechos en un ámbito de libertad y seguridad. En una colectividad organizada cada uno de sus miembros ajusta su conducta, y espera que lo mismo hagan los demás, a una serie de referentes comunes. Al faltar estos factores de cohesión aparece lo que se conoce como anomia, porque ante la ausencia de normas compartidas los grupos y las personas tienden a generar sus propios códigos de comportamiento.

Suele decirse que, en los últimos años, la política ha fracasado. Esto es verdad, y como consecuencia se ha registrado un deterioro sensible del orden jurídico. Existen numerosos indicadores que denotan una paulatina merma de respuestas jurídicas para los problemas nacionales. Cuando el presidente de la República, por ejemplo, sugiere que las condiciones de criminalidad en Estados Unidos son más graves que en México, pretende engañarnos. En aquel país no hay secuestros, los responsables de combatir a los delincuentes no son asesinados, y tampoco hay decapitados, para sólo señalar unas pocas diferencias. Restar importancia a estos sucesos es una irresponsabilidad política e impide que el Estado mexicano adopte las acciones necesarias para contrarrestarlos.

A la anomia contribuye un estado generalizado de insatisfacción con lo que a diario sucede. Pocas son las buenas noticias que los mexicanos recibimos y muchas, en cambio, las que hablan de un poder criminal impune, de un desorden político en expansión y de notorios casos de arbitrariedad y de corrupción en los ámbitos gubernamental, eclesiástico, empresarial, mediático y parlamentario, aunados a la miseria de millones de seres humanos. Nada de esto ayuda a que el común de los ciudadanos confíe en el orden jurídico. Acreditar la función mediadora del derecho implica que haya resultados, pero el aparato normativo no encuentra correspondencia satisfactoria en los hechos de la vida cotidiana.

Hasta ahora hemos podido absorber las tensiones de una multiplicidad de episodios que incluso se han ido borrando de la memoria colectiva. A lo largo de la última década la ciudad de México y varios estados han padecido conmociones de cierta magnitud que a fuerza de repetirse han desensibilizado al ciudadano común. Por eso se explica que ante un caso como el de Oaxaca, sólo después de semanas de convulsión el gobierno federal decida conocerlo de cerca y aun así, para defender la presencia de un gobernador ficticio. Lo excepcional se ha vuelto más o menos ordinario, y dejando que los acontecimientos del día presente remitan los del anterior al olvido, se seguirá navegando en el océano de la pasividad.

En los próximos meses, sin embargo, tendremos que hacer frente a un conflicto mayor. Esta vez la pregunta será, ¿aplicaremos la misma regla ante la anunciada dualidad de "presidentes"? Ignoro qué estrategia tenga cada una de las partes, pero sé que la normalidad jurídica no se consolida cuando unos declaran y otros aceptan la caducidad del orden constitucional. No he visto, todavía, cómo se van a construir las respuestas jurídicas y políticas del Estado mexicano. Incluso en el Congreso se ha optado por ignorar esta situación sin paralelo. Al parecer se infiere que si algo se hace para preservar la vigencia de la Constitución podría generarse una reacción social incontenible. Esto significa que acatar la Constitución desencadenaría el caos, lo cual es un síntoma de la anomia.

Las soluciones existen. La anomia no es una fatalidad inevitable. Siempre que las normas en vigor resultan insuficientes para asegurar la convivencia social, es imprescindible introducir ajustes inmediatos. Si el próximo presidente estuviera dispuesto a contar con un jefe de gabinete, responsable ante el Congreso, haría más asequibles las soluciones institucionales para la crisis actual, porque facilitaría la negociación política; los eventuales errores de ese funcionario ocasionarían su remoción, pero dejarían a salvo al presidente. El presidente actual no aceptó desempeñar un papel arbitral en el proceso político. Mantener el mismo esquema por otros seis años acentuaría las presiones sobre el jefe del Estado. Una serie de titubeos impidieron que esta solución fuera adoptada a tiempo para inhibir la acidez de la campaña; pero si ahora se toman decisiones imaginativas, todavía podrían hacer viable el ejercicio civilizado del poder.

diegovalades@yahoo.com.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM