INCAUTAN EL PROCESO DE ESTA SEMANA EN TAMAULIPAS

Ayer me llegó un e-mail de un lector que dijo que se había incautado el Proceso de esta semana en el estado de Tamaulipas. Le pregunté que si por qué se había incautado y me respondió que por que era temporada electoral y en la portada del Proceso aparecía el escudo del estado de tamaulipas con el símbolo de los zetas.

Esta es la portada del Proceso de esta semana:


Me pide este lector que suba a internet la versión PDF de esta semana para que pueda circular en Tamaulipas. La verdad, no me parece correcto. En todo caso, va la nota de la portada para que se pueda leer en Tamaulipas:

Tamaulipas: un procurador con historia

Al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, no le importaron los antecedentes turbios de José Guadalupe Herrera Bustamante. Tampoco, la identificación de una parte de su familia con el cártel del Golfo. Ya había sido procurador de Justicia del Estado. Pese a su negra historia, lo vuelve a ser, con aprobación del Congreso tamaulipeco…

Pese a su negro historial y no obstante que dos de sus hermanos fueron identificados por la PGR como integrantes del cártel del Golfo, José Guadalupe Herrera Bustamante fue designado procurador de Justicia de Tamaulipas por el gobernador Eugenio Hernández Flores, quien contó para ello con el respaldo del Congreso del estado.

En los últimos años de la administración de Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), José Guadalupe ocupó este mismo cargo. Y fue durante su gestión cuando integrantes de dicha organización delictiva, acogidos al programa de testigos protegidos, señalaron que el funcionario les vendía protección y facilitaba el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Así mismo, fue exhibido públicamente el 15 de septiembre de 1997 por el periódico regiomontano El Norte, que publicó una ficha criminalística con sus antecedentes penales. El diario aseguró que entre 1991 y 1992 Herrera mintió sobre su edad para poder ocupar el cargo de juez federal de distrito.

A su vez, Ariel Herrera Bustamante, hermano del recién nombrado procurador de Tamaulipas, fue identificado por la abogada regiomontana Raquenel Villanueva Fraustro como el sicario que el 31 de agosto de 2000 entró a su despacho para tratar de matarla, de acuerdo con un expediente integrado por José Trinidad Larrieta, titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).

Por esas fechas, la PGR ubicó a Ariel como uno de los lugartenientes del cártel del Golfo con una amplia trayectoria delictiva. Otro de los hermanos, Érick Herrera Bustamante, también vinculado al tráfico de drogas, fue ejecutado el 29 de septiembre de 1990 cuando salía de un mall en McAllen, Texas.

Cuando José Guadalupe ocupó la procuraduría por primera vez, se desempeñaron como agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) algunos de los que la PGR identifica como líderes del cártel del Golfo, entre ellos Carlos Landín Martínez y Juan Carlos de la Cruz Reyna, alias el JC, detenidos recientemente. El primero fue arrestado el pasado 17 de julio por agentes federales estadunidenses en McAllen, Texas; el segundo, en la Ciudad de México a finales de agosto último, según reportó la PGR.

Pero el gobernador Hernández Flores no consideró estos antecedentes y desde junio pasado incluyó a José Guadalupe en su equipo de asesores. Luego, el 7 de agosto, lo designó primer subprocurador de Tamaulipas. Y tras la renuncia de Aníbal Pérez Vargas como procurador, el mandatario lo propuso ante el Congreso estatal, el 28 de agosto, para que ocupara la vacante. El sábado 1 la petición fue aprobada en el pleno legislativo por mayoría. Sólo se abstuvieron cinco de los 32 diputados.

Los “amigos” y los hermanos

En la averiguación previa 1226 del Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, Gilberto Garza García, El Güero Gil, uno de los testigos protegidos en el proceso contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, aseguró que José Guadalupe Herrera recibió regalos costosos del cártel de Juárez –que después se alió al cártel del Golfo– para permitirle el cruce de las drogas por Reynosa.

En su declaración ministerial del 8 de octubre de 1998, Gilberto Salinas Doria, alias El Güero Gil, afirmó que él envió al entonces procurador de Justicia de Tamaulipas 40 mil dólares en 1996 y poco después un reloj Rolex, “que no fueron rechazados”. El testigo declaró que hizo llegar “los regalos” por medio de los comandantes de la PME Juan José Muñiz Salinas y Raúl Ruiz Guerra; éste último murió poco después de manera extraña cuando explotó su casa el día 25 de ese mismo mes.

A su vez, Andrés Gamaliel Garza, quien admitió ante el agente del Ministerio Público José Luis Padrón ser mensajero y cobrador del cártel del Golfo, aseguró que Ariel Herrera Bustamante, a quien apodan El Tigre, formaba parte de uno de los grupos ejecutores de dicha organización y estaba a las órdenes de Salvador El Chava Gómez Herrera.

El Chava Gómez ascendió al liderazgo del cártel del Golfo luego de la detención de Juan García Ábrego, justo en los años en los que José Guadalupe Herrera Bustamante fue procurador de Tamaulipas.

De acuerdo con los expedientes de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, en agosto de 1989 Érick Herrera Bustamante fue detenido por vender cocaína a una banda de asaltantes de esa entidad, dirigida por Eduardo Alejandro Melo. Durante el interrogatorio confesó que él y su hermano Ariel asesinaron a balazos al estudiante Luis Francisco Paul Ortha en el municipio de Montemorelos por “un gane” de cocaína.

En esa época Ariel se encontraba detenido en la Ciudad de México, adonde agentes de la PGR lo trasladaron luego de que intentó entrar al penal de Ciudad Victoria armado y con un envoltorio de cocaína, presentando una credencial falsa de la procuraduría. Las autoridades procesaron a los dos hermanos por homicidio y los recluyeron en el penal estatal de Monterrey. Salieron un año después “por desvanecimiento de pruebas”.

Poco después de abandonar la prisión, el 29 de septiembre de 1990, Érick fue ejecutado a balazos cuando salía de un mall de McAllen, Texas. Ariel siguió metido en problemas. En febrero de 1993 Lauro González García lo acusó de secuestro, extorsión y robo, cometidos junto con el entonces comandante de la Policía Judicial Federal, Jorge Guzmán Torres, y madrinas de esa corporación en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El 23 de noviembre de 2000, José Trinidad Larrieta, titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), reveló que la abogada regiomontana Raquenel Villanueva y empleados de su despacho habían identificado a Ariel Herrera Bustamante como el presunto gatillero del cártel de Golfo que intentó asesinar a la litigante el 31 de agosto de ese año.

La polémica abogada narró que estaba en su despacho en la colonia Central de Monterrey asesorando a Israel Vélez Pérez, agente de la Policía Ministerial comisionado en la PGR, cuando Ariel Herrera Bustamante entró, amagó a los presentes y le disparó, ocasionándole 13 heridas de bala. Hasta la fecha Ariel es considerado prófugo de la justicia.

De acuerdo con el expediente criminalístico 48552-83 publicado por El Norte el 15 de septiembre de 1997, José Guadalupe Herrera Bustamante fue fichado por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León por el delito de daño en propiedad ajena cometido en noviembre de 1983, cuando era estudiante de derecho en Monterrey. Incluso ingresó al penal de esa entidad el día 21 de ese mes, del que salió tras pagar una fianza dos días después.

El periódico regiomontano publicó también que José Guadalupe, quien ocupaba el cargo de procurador en Tamaulipas, había mentido a principios de los noventa, cuando se desempeñó como juez de Distrito en Nuevo León, pues sólo tenía 28 años, y no 30 como señalaban los requisitos. Al descubrirse esta irregularidad, José Guadalupe fue removido de su cargo de juez.

La otra nota de portada es esta que sigue, aunque no es específica sobre Tamaulipas, sino sobre los Zetas en todo el país:

El azote de los empresarios

Ricardo Ravelo

En su afán por alcanzar la supremacía en el tráfico de drogas a lo largo del país, los sicarios del cártel del Golfo, Los Zetas, cada vez se consolidan más en territorios que antes eran controlados por sus rivales. Imponen su presencia violenta desde Tijuana hasta Quintana Roo, en una modalidad que desconcierta a las autoridades: al parecer, han hecho a un lado, por el momento, la ejecución de enemigos y se dedican ahora al secuestro de empresarios. De poco han servido, para detenerlos, los operativos policiacos y militares emprendidos desde el inicio del sexenio calderonista.

Urgido de capital y de control territorial, el grupo armado Los Zetas desplegó ya todo su poder en el país. Tan avasallante es su fuerza que no puede ser detenido ni con los operativos militares que a principios de año puso en marcha el presidente Felipe Calderón.

Nueve meses después de que el mandatario asumiera el compromiso de combatir el narcotráfico y de regresar “la seguridad y la convivencia social tanto en pueblos como en ciudades”, Los Zetas se han convertido en el reto más difícil que enfrenta el actual gobierno.

Con el apoyo de las policías estatales y municipales –a las que mantiene “enganchadas” mediante cuotas mensuales–, este grupo puso en jaque a la clase empresarial del país. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), desde Tijuana hasta Quintana Roo a este numeroso ejército del narcotráfico se le atribuyen asesinatos, extorsiones, desa-pariciones y decenas de secuestros de empresarios presuntamente ligados al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

De enero a la fecha, la zona más golpeada por la ola de secuestros y desapariciones es la Comarca Lagunera, que comprende los estados de Coahuila y Durango. Le siguen Baja California (particularmente la ciudad de Tijuana), Nuevo León, Campeche y Veracruz, hasta donde Los Zetas han extendido sus dominios.

Así mismo, en enero pasado Los Zetas se afincaron en Torreón, Coahuila, un territorio largo tiempo codiciado. Desafiantes, y con el claro objetivo de arrebatarles la plaza a sus acérrimos rivales de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, los integrantes del grupo armado del cártel del Golfo anunciaron su presencia en esa región mediante la amenaza directa a los empresarios que, dijeron, iban a secuestrar.

El 22 de mayo último, por ejemplo, su asentamiento en La Laguna pasó del rumor a la realidad. Ese día Los Zetas hicieron circular una carta dirigida al abogado Alberto Romero –a quien posteriormente desaparecieron–, presunto enlace de algunos empresarios con una red de lavado de dinero.

Le advirtieron, en tono amenazante: Abogado Alberto Romero, nos dirigimos a ti porque tenemos información previa de que tienes relación estrecha con altos funcionarios y empresarios de la región y queremos que seas el conducto para hacer de su conocimiento, llámese en este caso socios de Canacintra, GEL (Grupo Empresarial Lagunero) y CLIP (Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada), información contenida en CD, ya que dicha información va a interesar tanto a empresarios como a la sociedad en general.

Escrita en computadora y con letras mayúsculas, la carta va acompañada de un logotipo en forma de escudo en el que resaltan las iniciales F.E.C.G, la letra “Z”, los mapas de Tamaulipas y la República Mexicana y en la parte de abajo la leyenda “cártel del Golfo”.

La misiva añade: Con esto aclararemos que nosotros no venimos a robar a nadie, simplemente venimos a hacer negocio. Aclarando que será molestada la persona que tenga negocios ilícitos fuera de nuestra organización. Esta es una petición de carácter urgente e irrevocable…

Exigiéndole realice las gestiones necesarias para exhibir dicho CD a las personas antes mencionadas, teniendo como límite de plazo para la conclusión y ejecución de dicha petición el día miércoles 23 de mayo de 2007 a las 12:00 horas.

Los Zetas mencionan también que tienen programadas varias reuniones con empresarios laguneros, sin mencionar sus nombres, para que éstos decidan con qué organización criminal van a trabajar. Y se despiden con una amenaza directa tanto para Romero como para la clase empresarial de La Laguna:

Sin más por el momento, se les informa que cualquier desacato ante dicha petición tendrá consecuencias irreversibles para su persona y socios del sistema empresarial.

Asedio a magnates

La carta de Los Zetas llegó a los correos electrónicos de varios empresarios, pero algunos tomaron el mensaje a broma y el plazo establecido por el grupo venció sin que obtuviera respuesta. Lo que sobrevino fue una ola de secuestros y desapariciones. De acuerdo con las investigaciones, uno de los primeros en desaparecer fue precisamente el abogado Alberto Romero, presunto enlace entre narcoempresarios laguneros.

Sin embargo, nueve días antes de la carta, Los Zetas arremetieron contra Carlos Herrera Araluce, el poderoso empresario de Gómez Palacio, Durango, quien estuvo a punto de ser ejecutado.

Dueño del corporativo Chilchota, cacique priista y con una fama que lo liga con presuntas actividades de narcotráfico desde hace varios años (Proceso 1362), el pasado 13 de mayo Herrera salió como de costumbre a realizar algunas compras a la tienda Sams, ubicada en el bulevar Diagonal Reforma, en Torreón.

Alrededor de las 13:00 horas, cuando regresaba a Gómez Palacio, su feudo, el empresario fue interceptado en el bulevar Constitución esquina con Rodríguez por dos gatilleros, presuntamente Zetas, quienes le dispararon. Los peritos que investigan el caso aseguraron que hubo 80 disparos, de los cuales al menos 40 se impactaron en la camioneta Cadillac Escalade en la que viajaba Herrera junto con su esposa, Vilma Ale Núñez.

La pareja recibió varios disparos. Vilma fue herida en el costado derecho del abdomen, mientras que Carlos recibió tiros en el hombro y en la mano izquierda, de la cual perdió tres dedos. Desde entonces, en La Laguna se le conoce como El 17.

Aunque las autoridades locales no lo admiten, para la PGR el atentado tiene una lectura clara: es la pelea por el control de la plaza entre quienes controlan la venta de droga del otro lado del río Nazas, el cual divide las ciudades de Torreón y Gómez Palacio, así como los estados de Coahuila y Durango.

El atentado contra Herrera fue el detonante de una serie de levantones, amenazas y secuestros contra empresarios laguneros presuntamente ligados al lavado de dinero. De enero a la fecha, en La Laguna han sido secuestradas o desaparecidas por lo menos 19 personas, todas relacionadas con la actividad empresarial de la región y vinculadas a Herrera, considerado “el jefe de la plaza” en La Laguna.

El 14 de mayo, un día después del atentado contra Herrera, en las inmediaciones del café Denis, ubicado al oriente del bulevar Independencia y casi enfrente del restaurante Tony Romas, propiedad de Carlos Herrera, fue levantado Enrique Ruiz Arévalo, responsable de la Unidad Antisecuestros con sede en Torreón.

Ese día, Ruiz Arévalo –quien en poco menos de 10 años había puesto fin a los secuestros que azotaron la región– tomaba café con Braulio Fernández Aguirre, exalcalde de Torreón, exdiputado federal, socio del grupo Lala y dueño del Grupo Radio Estéreo Mayrán (GREM), que maneja tres de las radiodifusoras más consolidadas de la zona.

Eran poco más de las 9:00 de la mañana y el diálogo entre Fernández y Ruiz Arévalo era ameno, según dijeron a Proceso varios testigos consultados. De pronto, Ruiz Arévalo observó que sus acompañantes, todos policías de la Unidad Antisecuestros, estaban discutiendo con otro grupo que portaba uniformes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ruiz Arévalo interrumpió la conversación:

–Discúlpame, Braulio, ahora vuelvo, voy a ver qué está pasando –le dijo a su interlocutor, mientras desenfundaba su pistola y la colocaba en el asiento.

–Está bien –respondió Fernández

Aguirre.

Al acercarse al grupo que discutía, Ruiz Arévalo fue confrontado por el supuesto grupo de afis, posteriormente fue subido a una camioneta junto con uno de sus colaboradores y el vehículo arrancó a toda velocidad. Por la noche su colaborador fue liberado, no así Ruiz Arévalo, quien hasta la fecha está desaparecido. Incluso ya se le da por muerto, aunque oficialmente no se ha confirmado tal versión. En Coahuila este caso parece ya olvidado por las autoridades.

Según informes obtenidos por Proceso, Ruiz Arévalo no investigaba ningún caso relevante, aunque los días previos a su desaparición había recibido a Héctor León López, padre de Francisco León García, Pancho León, quien desapareció en marzo pasado tras anunciar que se lanzaría como candidato a la presidencia municipal de Gómez Palacio.

“Necesito que me ayudes a encontrar a mi hijo”, le pidió Héctor León a Ruiz Arévalo, y éste comenzó a indagar el caso.

Pancho León amasó su fortuna con la explotación de un yacimiento de mármol en Dinamita, Durango, municipio de Gómez Palacio. Después se metió a la política y fue candidato del PRD al Senado de la República en los comicios de 2006. En la Laguna se le conocía como “el rey del acarreo”, por la cantidad de gente que movía en la zona.

Respecto de las causas del secuestro y desaparición de León, las autoridades de Coahuila no han dado ningún informe. Sin embargo, entre personas cercanas al desa-parecido, quienes solicitaron omitir sus nombres, se sabe que Francisco León desa-pareció después de sostener una discusión con Carlos Herrera, quien aparentemente se oponía a su candidatura. Otra versión es que Los Zetas lo desaparecieron.

Ola de levantones

La ola de violencia y de secuestros aumentó en La Laguna durante los últimos meses. El día del atentado contra Carlos Herrera apareció descuartizado Sabino Burciaga, del llamado Clan Burciaga de Matamoros, Coahuila, a cuyos integrantes se identifica como gatilleros a sueldo y secuestradores. Claro Burciaga, quien fungió como jefe de seguridad de Carlos Herrera en distintas etapas, era tío de Sabino, quien desapareció de Matamoros el 11 de mayo. La familia no echó de menos su ausencia, pues solía ausentarse frecuentemente.

Dos días después, el 13 de mayo, el cadáver de Sabino fue localizado en el Parque Industrial Lagunero, cerca de la empresa Chilchota. No tenía brazos ni piernas. Y algo peor: fue decapitado. Los pedazos del cuerpo de Sabino fueron metidos en una bolsa, salvo su cabeza, la cual fue cubierta con una cobija vieja, según asienta el parte forense.

El cuerpo de Sabino Burciaga tenía un mensaje amenazante dirigido a Sergio Villarreal, El Grande, a quien se identifica con el cártel de Sinaloa y está en disputa con Los Zetas por La Laguna.

En los días posteriores al atentado contra Herrera Araluce sobrevino una oleada de levantones. Muchos de éstos no se conocen, pues los familiares de las víctimas no denunciaron los hechos ante el Ministerio Público.

Es el caso del empresario Sergio Estrella –hijo de Sergio Estrella Ochoa, exalcalde de Gómez Palacio y notario público–, quien fue levantado el 14 de mayo, horas después del tiroteo contra Herrera Araluce, con quien está relacionado. Desde esa fecha, Estrella está desaparecido.

Así mismo, Los Zetas habrían secuestrado a Ignacio Berlanga, en otro tiempo ligado al policía Guillermo González Calderoni. Al parecer Berlanga fue sometido a tortura por sus captores, pero negoció con ellos y fue liberado la noche del 17 de mayo.

Y una de las últimas desapariciones es la de Juan Rueda Sabag, un empresario que a mediados de este año anunció una cuantiosa inversión para la construcción de un parque industrial en una superficie de 500 hectáreas en la ciudad de Matamoros, Coahuila, ciudad conurbada con Torreón.

La Comarca Lagunera no es la única zona del país azotada por el terror de Los Zetas. En Tijuana, por ejemplo, la Coparmex denunció el secuestro de 25 empresarios entre 2006 y lo que va de 2007, perpetrados presuntamente por el grupo armado del cártel del Golfo, cuyo poderío no se debilita a pesar de que la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública anuncian reiteradamente la captura de sus integrantes.

En Veracruz, zona bajo el dominio del cártel del Golfo y disputada por el de Sinaloa, también ha sido golpeada la clase empresarial. El 27 de julio pasado, por ejemplo, fue secuestrado Sergio Torres Marín, dueño de la cadena de farmacias Las Torres, en pleno centro del puerto. Según una versión extraoficial, fue liberado días después de pagar 5 millones de pesos.

Otro secuestro, perpetrado a principios de marzo de este año, fue el de Mauro Loyo Morales, hijo del neurólogo Mauro Loyo Varela, exsecretario de Salud en el gobierno de Miguel Alemán. Después del pago de su rescate, Loyo Morales apareció atado a una palmera, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, donde los lugareños lo liberaron.

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