Luis Lugo, agente colocador de la revista en Hermosillo fue visitado por un grupo de personas que dijeron ser empleados del gobierno sonorense y le ordenaron que cuando llegaran los paquetes de la revista les avisara. “Las compremos todas”, aclararon.
Por Tomado de internet / Proceso / Dossier Politico
Dia de publicación: 2008-05-05
HERMOSILLO, SON.- Los mil 420 ejemplares del semanario Proceso todavía no llegaban al estado, pero ya se habían vendido. Entre esa cantidad, que se envía normalmente, más los nuevos pedidos solicitados, la semana pasada miembros del gobierno de Eduardo Bours acabaron por adquirir 3 mil 530 ejemplares de la edición 1643 de esta revista para impedir su venta directa.
En la página 10 de su edición correspondiente al 27 de abril, Proceso publicó el reportaje titulado El sospechoso gobernador multimillonario, en el cual el reportero Ricardo Ravelo describe cómo “desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político (…) a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero”.
Habitualmente, el semanario llega al aeropuerto de Hermosillo los domingos por la tarde y su distribución se inicia el lunes por la mañana. Mil 30 ejemplares se le entregan a voceadores de Nogales, Guaymas, Navojoa, Hermosillo, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado, y 390 se envían a locales cerrados de estas tres últimas ciudades.
Mauricio Ramírez, jefe de circulación de Proceso, relata que la noche del domingo 27 de abril Luis Lomelí, gerente de la zona norte-occidente de Publicaciones Citem –distribuidora nacional del semanario–, le notificó que su agente en Hermosillo, Luis Lugo, fue visitado por un grupo de personas que dijeron ser empleados del gobierno sonorense y le ordenaron que cuando llegaran los paquetes de la revista les avisara. “Las compremos todas”, aclararon.
Como en otros casos de decomiso masivo de Proceso, Mauricio Ramírez le pidió al agente que intentara distribuir los ejemplares y que sólo si esto implicaba un riesgo para él vendiera las revistas al comprador del gobierno. Explica Ramírez: “Por experiencia sabemos que los agentes prefieren venderla, para evitar riesgos y tener una venta del 100% con pago inmediato”.
El lunes 28 por la mañana, Citem confirmó a la gerente de Ventas y Mercadotecnia de Proceso, Margarita Carreón, que en cuanto llegó la revista el gobierno de Sonora compró los ejemplares destinados a los voceadores, y que los compradores de Sanborns y Cuencas (tiendas del aeropuerto) solicitaban más ejemplares.
Esa tarde Citem corroboró que se realizaron compras masivas en Sanborns, Cuencas y Wal-Mart, entre otros locales cerrados, por lo que, a solicitud de los distribuidores, se realizó un segundo envío de 460 ejemplares, que se distribuyó entre el miércoles y el jueves.
Tanto en las oficinas administrativas como en la redacción de la revista se recibieron llamadas telefónicas de lectores que denunciaron el decomiso de ejemplares. Por el tono imperioso de las voces, se deduce que algunos telefonemas fueron realizados por empleados del gobierno sonorense para sondear cuándo se realizaría un siguiente envío.
El miércoles 30 de abril salió un tercer embarque de mil 650 revistas para Hermosillo y Nogales; sin embargo, nuevamente fue adquirido en su totalidad por los mismos trabajadores del gobierno sonorense. Sólo que en esta ocasión los enviados del gobernador Eduardo Bours le exigieron al agente de Citem, Luis Lugo: “Detén el asunto, porque ya compramos muchas”.
En Sonora no existe la libertad de expresión ni de prensa, mucho menos la democracia. ---------------
No se si alguien ya había publicado el artículo principal de Proceso, pero aquí lo podrán leer completo. Según algunos reportes, el gobierno del estado ha ordenado comprar toda la edición de la revista en Sonora. Lo peor de todo, es que de acuerdo a Carlos Aparicio, director de RadioBemba FM, ya han agredido a uno de nuestros compañeros, resultado de la entrevista que le concedió al reportero Ricardo Ravelo. Cuando tenga más información al respecto se las haré saber. ---------------------------
El poder como negocio
Por Ricardo Ravelo. Revista Proceso #1643.
Desde el poder estatal, a la cabeza de su clan familiar, el gobernador Eduardo Bours ha amasado sin pudor en Sonora una fortuna incalculable al amparo del poder político. Dueño de medio estado, el grupo no cesa de comprar y de invertir en proyectos multimillonarios a pesar de que la PGR investiga la relación de sus empresas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aún así, Bours –entre cuyos sueños está el de llegar a ser candidato a la Presidencia de la República– es recibido en Los Pinos por el presidente Calderón para analizar, entre otros temas, el gran negocio que se avecina con la reforma energética...
CIUDAD OBREGÓN, SON.- Dueña del poder político del estado de Sonora y de una fortuna incalculable con empresas como Bachoco, Tepeyac, Ocean Garden, Larvas Génesis y Alma, la familia formada por los hermanos Bours Castelo no cesan de comprar y de invertir. Ya es dueña de medio estado, pero lo quiere todo.
Mientras se prepara para dejar en la gubernatura a uno de sus incondicionales, así como para postular al actual mandatario Eduardo Bours para “la grande”, el clan aplica grandes sumas de capital o explota con frenesí varios de los más lujosos hoteles de la región, el sistema de transporte más próspero de la entidad, siete minas y enormes extensiones de tierra con sofisticados sistemas de riego para sus cultivos de cártamo, trigo y mandarina, además de tener actualmente en desarrollo los proyectos de acuacultura más ambiciosos que se hayan visto en el país.
Y, por si fuera poco, de acuerdo con la averiguación previa PGR/SON/HM-UMAN-LL/338/2007, personajes muy cercanos al gobernador Eduardo Bours, entre ellos su jefe de escoltas, Lázaro González Cruz, operan la más amplia red de narcotráfico (y narcomenudeo) en el estado. Esto, afirman los documentos, ha sido “solapado y (está) bajo la protección” del mandatario estatal.
La empresa Bachoco, propiedad de los Bours, es investigada por la PGR debido a que decenas de tractocamiones de esa compañía han sido asegurados con cuantiosos cargamentos de droga (mariguana, cocaína y pastillas psicotrópicas) ocultos entre los pollos congelados y los huevos que se envían a varios estados del país.
Conforme a las indagatorias realizadas hasta el momento, los Bours Castelo tienen vínculos con la célula de narcotráfico que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, quienes en Sonora están convertidos en los “verdaderos barones de la droga” y han invertido cientos de millones de dólares en la compra de terrenos, fincas y hoteles. Estos negocios, se explica, “son la pantalla” para lavar sus ganancias ilícitas.
Formado a la sombra del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien en 1991 lo nombró asesor en las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio en materia agropecuaria, Eduardo Bours llegó a la gubernatura de Sonora en 2003 y, desde entonces, le ha sido atribuido utilizar sus más altas influencias políticas para incrementar el poder económico de su familia.
Aún hoy, pese a las acusaciones que pesan en su contra, el gobernador Eduardo Bours se mantiene muy cerca de la cima: Apenas el viernes 24, fue recibido en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Calderón y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Hablaron de la reforma energética, de las obras de infraestructura que el mandatario desarrolla en la entidad, de los “temas de la agenda política nacional” y de la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que se realizará, justamente, en el estado de Sonora.
El gobernador aprovechó la ocasión para pedir a sus anfitriones más recursos para las finanzas estatales.
Pero por lo que se refiere a las finanzas privadas, sólo en Puerto Peñasco, al amparo del poder, los Bours Castelo han invertido cerca de 3 mil millones de dólares en la adquisición de tierras y la construcción de grandes firmas hoteleras que, de acuerdo con un informe elaborado por la PGR –a raíz de que el año pasado murieron en Cananea seis policías, dos civiles y 16 sicarios de Los Zetas–, tienen que ver con el “lavado de dinero”.
Durante los cuatro años y medio que lleva en la gubernatura de Sonora Eduardo Bours Castelo, no han dejado de causar escándalo los negocios emprendidos por el clan al que pertenecen sus hermanos Alma de Jesús, María de los Ángeles, Xavier, Susana, José Gerardo, Ricardo, Rodrigo y Sandra Luz.
Los negocios
A finales del año pasado, muy cerca del Golfo de California, en lo que se conoce como playa San José, Francisco Javier Bours adquirió mil hectáreas, donde se construye, con maquinaria del gobierno del estado, el más ambicioso proyecto de acuacultura para la cría de camarón blanco y azul.
Aunque no se ha informado cuántos estanques productivos se dispondrán allí, se sabe que cada uno medirá 10 hectáreas y que –a juicio de expertos consultados por el reportero– cada hectárea producirá poco más de 50 toneladas de camarón de exportación por ciclo.
E inclusive la colocación del producto en el mercado internacional ya la tiene resuelta el clan Bours Castelo. En una negociación operada a través del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), los Bours compraron la comercializadora Ocean Garden.
Creada por los cooperativistas pesqueros, Ocean Garden cayó primero en quiebra y durante varios años estuvo en manos de Nacional Financiera. Ésta la traspasó a Bancomext, donde un amigo y socio del gobernador Bours, Mario Laborín, se la vendió al clan en poco más de 70 millones de pesos. Ahora la empresa está convertida en la más importante exportadora de mariscos de todo el mundo.
Muy cerca de las playas de San José –a menos de un kilómetro de distancia, donde se desarrolla el proyecto de acuacultura–, el gobernador, Eduardo Bours, tiene una casa de descanso que suele visitar los fines de semana con sus hermanos. A unos 500 metros de esa propiedad, frente al mar, está ubicada la empresa Larvas Génesis, S.A. de C.V., donde un equipo técnico trabaja en la producción y mejoría genética del camarón que, en breve, los Bours exportarán a Estados Unidos y a varios países de Asia y Europa.
En esa zona, la casa de Eduardo Bours luce imponente, a diferencia del resto de las residencias que fueron destruidas o dañadas por un huracán que azotó la región en agosto de 2007. Tras el fenómeno meteorológico, los Bours reconstruyeron su casa de descanso en menos de dos meses, con arquitectos y empleados del gobierno estatal.
Católico como el resto de su familia, Eduardo Bours mandó construir su propia iglesia en San José, adonde va a confesarse y a rezar. Pobladores del área afirman: “Viene seguido por aquí, se encierra en su casa y acude a oír misa, se confiesa con el sacerdote y así descarga sus culpas”.
Algunas de las personas consultadas llegaron inclusive a señalar que los Bours Castelo, encabezados por el gobernador, José Eduardo Bours (el cuarto hijo de 10 que procrearon Javier Robinson y Alma Castelo, uno de los cuales, Mario, ya falleció), son dueños de más de la mitad del territorio sonorense y están seguras de que el mandatario buscará la candidatura presidencial en el año 2012.
Además de dominar el mercado del marisco, la familia controla también, por medio de la empresa Tepeyac que opera Ricardo Bours, un amplio sector del mercado de los fertilizantes y ha penetrado en varios estados del país, como Veracruz y Tabasco, mediante la compra de otras empresas líderes en la distribución de ese producto, como Fypa, S.A. de C.V., y NPK Agroindustrial, S.A. de C.V.
No conformes con eso, mediante sus vínculos con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, los Bours obtuvieron la concesión para operar la aerolínea Alma, cuyos aviones vuelan por todo el país y se aprestan a abrir rutas internacionales.
Así mismo, los Bours Castelo son dueños de siete minas que explotan mediante el uso de ácido clorhídrico, sustancia que, al igual que la efedrina, sirve para elaborar pasta de coca.
El narco
Los hermanos Bours Castelo, de acuerdo con informes de la DEA y de la PGR, no son ajenos al narco. Tan sólo en el último año y medio han sido asegurados 24 camiones de la empresa Bachoco –la más importante comercializadora de pollos, gallinas y huevos en el país– cargados con mariguana y cocaína.
Según datos consultados en la PGR, los camiones de Bachoco han sido interceptados en rutas consideradas como las más importantes para el trasiego de droga: Tijuana, Mexicali y San Luis Río Colorado, en donde operan los hermanos Beltrán Leyva, célula del cártel de Sinaloa.
A raíz de la detención de algunos de esos camiones, el gobernador Bours lanzó una fuerte protesta contra la PGR y el Ejército por la gran cantidad de retenes y puntos de revisión instalados para detectar cargamentos de droga.
La acusación más agresiva fue lanzada por el mandatario el 21 de noviembre de 2007, cuando la PGR descubrió que Lázaro González Cruz, su jefe de escoltas, mantiene ligas con el narcotráfico, en particular con los hermanos Beltrán Leyva.
González Cruz, según la PGR, es una de las personas más cercanas al gobernador. Con base en una investigación a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la tarde de aquel 21 de noviembre un equipo especial de la PGR se desplazó a Hermosillo, Sonora, con una misión especial: realizar un cateo. La razón: que se acusaba a González Cruz de operar una amplia red de narcomenudeo y de estar relacionado con operaciones de lavado de dinero.
Bajo esa hipótesis, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el domicilio del jefe de escoltas de Eduardo Bours. Aunque en aquella residencia no encontraron nada ilegal, la averiguación previa AP/PGR/SON/HM/-UMAN-ll/338/2007 establece que González Cruz tiene vínculos con una red de narcotraficantes que sirve a los intereses de los Beltrán Leyva, en particular con Alfredo, conocido como El Mochombo. (Éste sería detenido más tarde, el 21 de enero de 2008.)
Luego de aquel fallido cateo, el gobernador arremetió contra la PGR y la AFI. En conferencia de prensa dijo: “La AFI no sirve para nada, más que para crear problemas en los estados”.
Luego agregó: “Nada mejor le puede pasar a Sonora que se vayan de aquí los de la AFI, que dejen a la gente de la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo ahora es que el delegado de la PGR (Óscar Ortega) dice que las famosas Unames (Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo), esas cosas tampoco las controlan ellos”.
Otra de sus declaraciones fue: “Creo que la AFI es un problema muy serio. Ayer hablé con el titular de la PGR (Eduardo Medina Mora). Voy a hablar son el secretario de Seguridad (Genaro García Luna), porque tiene que hacer una investigación a fondo. No puede ser que entren a una casa así nomás, por una supuesta llamada anónima”.
Bours acusaba a la PGR de haber cateado la casa de González Cruz sin orden judicial. Pero la PGR reviró al gobernador con un dato contundente: Los agentes de la AFI sí llevaban una orden. Era la número 158/2007 y fue obsequiada por el juez de Distrito Jorge Raúl Valencia para catear el domicilio de González Cruz, ubicado en Víctor Martínez 133, en Hermosillo.
En los últimos cinco meses, la PGR logró obtener mayores datos sobre el empleo de los camiones de Bachoco para el transporte de droga. En cuatro ocasiones, autoridades federales encontraron en Hermosillo y sus alrededores cargamentos de cocaína, crystal y otras drogas en camiones de Bachoco que transportaban también pollos congelados o huevo.
Uno de los mayores decomisos fue realizado por elementos de la Sedena el 16 de marzo de 2007 en un camión de Bachoco que llevaba casi dos toneladas y media de mariguana y pastillas sicotrópicas.
Y avicultores de Ciudad Obregón y de Hermosillo comentan al reportero que la empresa Bachoco opera, con licencias oficiales, la importación de efedrina.
Esta sustancia –comúnmente utilizada para la elaboración de medicamentos (entre ellos los antigripales) y por cuyo manejo discrecional saltó a la fama el empresario chino Zhenli Ye Gon– sirve para mezclarla con el alimento que consumen los pollos criados por Bachoco.
El consumo de efedrina permite que los pollos no duerman en un lapso de al menos ocho semanas. De esa manera, el pollito “se la pasa comiendo de día y de noche”, según relata a Proceso un empresario avícola. Cuando desarrolla hasta dos kilos de peso, dice, “ya está listo para salir al mercado de consumo”.
Pero al igual que los pollos de Bachoco, buena parte de la juventud sonorense tampoco puede conciliar el sueño: Según la PGR, Sonora tiene el tercer lugar entre los estados del país con mayor consumo de crystal, la droga sintética elaborada con efedrina. Conforme a la indagatoria, los grupos de distribución de esta droga cuentan con la protección de policías estatales.
Dichas redes se hallan vinculadas con los hermanos Beltrán Leyva, dueños de fincas y haciendas en Sonora que mantienen una estrecha relación con los Salazar, grupo de distribuidores de droga que, de acuerdo con los testimonios, tienen vínculos con Arnoldo Tapia Chang, identificado como operador policiaco de Eduardo Bours.
Por cierto que los Salazar mantuvieron una guerra a muerte con el gupo llamado Los Güeritos, a quienes se atribuye la desaparición y asesinato de Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario El Imparcial de Hermosillo, en abril de 2005.
Los Salazar, quienes lograron exterminar a Los Güeritos con el crimen de dos de sus más violentos operadores, El 9 y El 15, dominan buena parte del negocio del narco en la entidad y, según la PGR, disponen de un rancho de lujo conocido como El Quiriego (donde nació la extinta actriz María Félix).
En esa zona de lujo, los Salazar son vecinos del procurador del estado, Abel Murieta, pues el funcionario también cuenta allí con una casa de descanso conocida como “Abelandi”, donde el equipo político de Eduardo Bours suele reunirse.
Los Salazar y los Beltrán Leyva se disputan las rutas de trasiego de las drogas con Los Zetas, quienes en noviembre de 2007 se enfrentaron al Suat, grupo policiaco que acribilló a 24 miembros del cártel del Golfo, en una de las masacres más fragorosas que se recuerdan en el estado.
Las principales rutas de narcotráfico en Sonora, en manos de los Beltrán, son Caborca, Nogales, Sásabe, Saric, Santa Cruz, Sonoíta, así como los tramos carreteros que comunican con Mexicali y San Luis Río Colorado.
Cuando falta un año y medio para terminar su gestión como gobernador, Eduardo Bours ya tiene listo su relevo. En el medio político se da como un hecho que el futuro candidato a la gubernatura será el senador Alfonso Elías Serrano, incondicional de Eduardo Bours.
Carlos Aparicio entrevista a Ricardo Ravelo, reportero de Proceso (29.04.08)
Álvaro Delgado publica una columna en la página de Proceso en la que nos recuerda que los responsables de la guerra sucia de 2006 en la que se comparaba al Peje con Hugo Chávez fueron membretes fachada de Guillermo Velasco Arzac--es decir: del Yunque.
Dice:
Un spot semejante se difundió profusamente en televisión en el proceso electoral del 2006, cuando López Obrador fue comparado con Hugo Chávez no en funciones de presidente de Venezuela, sino cuando encabezó un golpe de Estado, en el 2001, y que mezclaba imágenes de armas y cadáveres en las calles de Caracas.
Los spots estaban firmados por el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh), Compromiso Joven y Alianza Sindical Mexicana (ASM), organismos formados por Velasco Arzac y encabezados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), como el caso de los hermanos Terrazas Torres, dueños de Cementos Chihuahua.
En el artículo, Álvaro también nos recuerda que no es la primera vez que Velasco Arzac viola la ley con spots de guerra sucia:
Tal como se describe en los capítulos “Los financieros del odio” y “El jefe Ardavín” (del libro El engaño. Prédica y práctica del PAN), Velasco Arzac hizo abierta campaña contra López Obrador, a menudo de manera ilegal como lo acreditó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y a favor de Calderón, a quien supuestamente le hizo ganar más de un millón de votos.
Pero, que se sepa, no se le ha castigado en lo más mínimo a Velasco Arzac por haber VIOLADO LA LEY.
Esa es la doble moral del panismo, que se dice defensor del "estado de derecho", pero que lo viola cada que se le pega la gana con absoluta IMPUNIDAD.
De esta nota me pareció muy cotorro este párrafo respecto a los hábitos etílicos del martito:
Pero éste (Calderón) siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.
O sea que el PELELE no es el único borracho en el gobierno ESPURIO. Con razón el afecto al talquito.
La segunda nota es respecto a las razones jurídicas por las cuales los contratos de Ivancar y la confesión del martito de que sí los firmó son evidencia de ilegalidades. Dice la nota firmada por Jesusa Cervantes:
Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.
Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.
La nota establece, además, por qué el PAN tiene PÁNICO de que las cámaras investiguen al martito: porque entonces queda suceptible a juicio político, lo cual no ocurre con una investigación de la PGR. Dice la nota:
En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.
El sustento jurídico para enjuiciar al martito, según Proceso, es el siguiente:
Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.
Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.
De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Y en este caso está Mouriño, dice Casas.
¡TÓMALA! Quiere decir entonces que el martito MÍNIMO es destituido e inhabilitado por 12 años. Máximo, lo mandan directito al botiquín.
Ah, pero quería violar la ley ¿no? Ah bueno, pues ahora SE CHINGA.
Cuando el PELELE inició su USURPACIÓN de la presidencia, decretó una supuesta reducción del 10% de su sueldo para salir en la tele. Pero luego se auto-otorgó un aumento que rebasó por mucho el monto de la supuesta reducción.
Es decir, MINTIÓ sobre su supuesta reducción salarial simple y sencillamente para tomarse la foto y salir en la tele.
Luego decretó que ya no se haría una síntesis de medios que siempre se hacía en Los Pinos con notas de los principales medios del país quesque para no usar tanto papel y así disque proteger el ambiente. PERO ese decreto también fue una PATRAÑA, ya que el Proceso balconea que este año la presidencia ESPURIA licitó a particulares la manufactura de la sintesis informativa que el propio CEROTE CON PATAS había ordenado que ya no se hiciera disque para proteger el medio ambiente.
Dice el Proceso en una nota de Jenaro Villamil:
Protección ecológica, sólo en decreto jenaro villamil
México, D.F., 5 de marzo (apro).- En contradicción con el decreto firmado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa que ordena la supresión de las síntesis informativas impresas en Los Pinos, como una medida de “protección ecológica”, la Presidencia de la República lanzó el pasado 13 de febrero una licitación pública para que empresas privadas elaboren la carpeta informativa diaria de medios impresos y electrónicos.
De acuerdo con la convocatoria difundida en el portal de Compranet, este jueves 6 de marzo se definirá el contrato que, según especialistas, será de, por lo menos, nueve millones de pesos para que una compañía privada monitoree la información y elabore la síntesis para Los Pinos.
Además de la contradicción ambientalista, las bases de licitación revelan un menosprecio de la Dirección de Comunicación Social de Los Pinos a todos aquellos programas informativos y de análisis, transmitidos en medios públicos, especialmente en estaciones como Radio UNAM, el IMER y Radio Educación, entre otros, que no se incluirán en la carpeta informativa.
Así mismo, establece que existirá una versión restringida de esta carpeta informativa de todas aquellas notas, entrevistas y fotografías “que se refieran al presidente de la República y a su señora esposa”.
La contradicción ecológica deriva de lo establecido entre esta licitación y lo estipulado en el decreto publicado el 5 de septiembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación que reforma disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público, firmado por el presidente Felipe Calderón.
El decreto tiene como objetivo “asegurar la sustentabilidad ambiental” y evitar que “las dependencias y entidades de la administración pública federal adquieran grandes cantidades de productos de papel y madera para atender y cumplir sus programas, metas y objetivos”.
Entre las medidas orientadas “a la reducción del impacto de sus actividades en el medio ambiente”, la Presidencia de la República ordenó que desde el 1 de noviembre de 2007 todas las dependencias “deberán implementar programas para reducir el consumo de papel para impresoras y fotocopiadoras”.
Este programa incluye la supresión de las síntesis informativas impresas y ordenó su difusión “por medios electrónicos, aun en el caso de que los servicios sean prestados por terceros contratados por las dependencias y entidades”.
El decreto lleva la firma también del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; del secretario de Economía, Eduardo Sojo; y del entonces titular de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, actual presidente nacional del PAN.
En contra de este ordenamiento, el director de Adquisiciones de la Presidencia de la República, Iván Enrique Vargas Garza, lanzó la licitación pública 02100002-005-08 para el “Servicio de Carpeta de Síntesis Informativa de Medios Impresos y Seguimiento de Medios Impresos y Noticieros Nocturnos de Televisión”.
La licitación consiste en una carpeta de síntesis informativa impresa, con la información de los principales diarios, “además de 18 ejemplares de la carpeta resumida, entregadas a diferentes domicilios que se acordarán con el licitante ganador a las 5: 30 horas, los 7 días de la semana”.
Junto con la versión impresa, “que deberá estar nítida al cien por ciento”, el licitante deberá contar con una página web que se pueda consultar mediante clave única de acceso la información de medios impresos y electrónicos.
Para la presidencia de la República, los principales diarios a monitorear son, en este orden: Reforma, El Universal, La Jornada, Milenio Diario, El Financiero, El Economista, Excélsior, La Crónica de Hoy, Diario Monitor, El Sol de México, Unomasuno, Ovaciones, Rumbo de México, La Prensa, El País “y la contraportada del periódico La Jornada”. No incluye a El Centro ni a los periódicos vespertinos.
El teasser o entrada informativa de los noticieros nocturnos que requiere Los Pinos son El Noticiero, Informativo 40, Hechos, 11 Noticias, Canal 22, Cadena Tres y Noticias por Adela.
La síntesis de las revistas, la incluye dentro del género de “opinión” y se incluirá “sólo los lunes de cada semana y se ubicará en la parte final de la carpeta informativa, mediante la selección de los contenidos que publican”. Las revistas a monitorear son Milenio, Proceso, Impacto, Siempre, Vértigo, Cambio y La Revista, editada antes por El Universal y que ya no existe.
Para el monitoreo de los noticieros de radio, las bases de licitación enlistan a los cinco noticieros de Radio Fórmula 103.3 FM; los 6 de 104.1 FM; los 6 de Grupo Imagen 90.5 FM; los 4 de WRadio 96.9 FM; los 4 de Grupo Radio Mil 100.1 FM; los 4 de Grupo Radio Centro 88.1 FM; los cuatro de Grupo Acir 88.9 FM; los 5 de Radio Trece 1290 AM; las 4 emisiones de Reporte 98.5 de Grupo Imagen; las tres emisiones de Monitor 1320 AM; las tres de la 690 AM de Radio Centro; y Formato 21, 790 AM.
No incluye ninguna emisión de ABC Radio, donde conduce Jorge Saldaña, ni de Radio UNAM, donde Miguel Angel Granados Chapa encabeza el noticiero matutino; tampoco ningún noticiero del IMER, o de Radio Educación.
De los programas informativos de la televisión, incluye todos los noticieros de Televisa en canal 2, canal 4 y Canal 9; los de TV Azteca; los de Canal Once; los de Cadena 3; y 22 programas de Proyecto 40. No incluye el noticiero ni los programas de análisis de Canal 22.
Ninguna de las bases de licitación ordena el uso de papel reciclable ni medidas de sustentabilidad ecológica. En cambio, se exige que el producto tenga “una calidad óptima en su impresión”; no deberá incluir ningún material de Internet y deberá contar “con al menos 8 motociclistas (mensajeros) con el mismo número de vehículos para entregar las carpetas a los domicilios correspondientes” desde las 04:30 de la mañana.
Lo que me llama la atención de la nota no es tanto el hecho de que el PELELE haya mentido. Eso ya es de cajón y uno simple y sencillamente ya se la espera. No; lo que me llamó la atención fue esto:
Para la presidencia de la República, los principales diarios a monitorear son, en este orden: Reforma, El Universal, La Jornada, Milenio Diario, El Financiero, El Economista, Excélsior, La Crónica de Hoy, Diario Monitor, El Sol de México, Unomasuno, Ovaciones, Rumbo de México, La Prensa, El País “y la contraportada del periódico La Jornada”. No incluye a El Centro ni a los periódicos vespertinos.
O sea que al PELELE no le interesa lo que se publique en El Centro. Interesante. Fue precisamente por presión del CEROTE CON PATAS que los dueños de El Centro cambiaron su línea editorial, corrieron al director, a la monera Cintia Bolio, y un montón de gente por sus ideas a favor del Peje--o simple y sencillamente por no querer ajustarse a una línea lambiscona y chayotera.
Y ahora que El Centro es un periódico sumiso y agachón, pues ya ni les preocupa en Los Pinos que aparezca en la síntesis de medios.
Y eso se llama JUSTICIA POÉTICA.
Otro dato curioso: no se incluirá en la síntesis de medios a ningún programa de ABC radio. Habrá quien diga "bueno, es que les molesta lo que dice Jorge Saldaña." Pero resulta que en uno de los noticieros vespertinos de ABC radio censuraron la entrevista con el Peje. Es decir, a pesar de que se portaron lambiscones en ABC radio con el PELELE, en Los Pinos no les interesa saber que dicen.
Finalmente, no pude evitar pegar la carcajada cuando leí eso de que las carpetas con las síntesis informativas no deben incluir ningún material de internet. ¡Juar! Ha de ser porque el CEROTE CON PATAS sabe que como en internet no hay censura, pues le dicen sus verdades sin que pueda hacer UNA CHINGADA al respecto. Eso sí; al igual que Salinas, el ni los ve ni los oye. ¿Cómo? Si siempre anda borracho.
Chale. Eso si calienta. Ahora salen en el Proceso con que Francisco Javier Santos Arreola es mi "compañero." CHIAAALE. ¡Mejor perro! Vean lo que ponen en esta nota:
Denuncia diputado del PRD al creador de la página “El Sendero del Peje” de la redacción
• Francisco Santos acusa a su compañero Víctor Hernández de difamación, calumnias y amenazas
México, D. F., 27 de febrero (apro).- Los pleitos entre militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) continuaron hoy con la denuncia penal que presentó esta mañana el diputado federal Francisco Santos Arreola contra el creador de la página electrónica “El Sendero del Peje”, Víctor Hernández, por los delitos de difamación, calumnias y amenazas.
Mientras tanto, miembros del quipo de Jesús Ortega, candidato a la presidencia nacional del PRD, revelaron que Jonathan Brandon Romo, representante de la corriente Unidad y Renovación en la comisión encargada de revisar el padrón electoral perredista, es uno de los agresores del senador Carlos Navarrete.
La denuncia que interpuso el diputado Santos, es la primera que un perredista promueve en contra del sitio especializado en las actividades del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
El diputado pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la posible comisión de delitos a través del contenido que se difunde en la página de internet.
Ayer, el candidato a la presidencia del PRD, Jesús Ortega, líder de la corriente interna Nueva Izquierda, denunció que “muchos compañeros” de él han recibido amenazas a través de la página electrónica “El Sendero del Peje”. Incluso, reveló que tanto él como la diputada local del Distrito Federal, Nancy Cárdenas, recibieron varias llamadas telefónicas con amenazas de muerte.
El legislador perredista, miembro de la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, se presentó en la PGR acompañado por su compañero de partido, el diputado federal Antonio Ortega.
En entrevista, Santos Arreola denunció que el autor de “El Sendero del Peje” incita a la violencia porque su portal “contiene la mayor bajeza política que pueda haber”, lo cual ha perjudicado a la izquierda mexicana y generado “odio y agresiones” entre los perredistas.
Aseguró que el creador de la página electrónica pretende intimidar a quienes piensan diferente y se atreva a opinar en contra de las acciones del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, lo cuales son blanco de difamaciones, calumnias y amenazas.
Por su parte, el diputado Ortega explicó que el objetivo de la denuncia es distender la polarización política que se está gestando en el PRD.
A ver, señores del Proceso. NO MAMEN.
Para empezar yo no soy militante del PRD, así que Santos Arreola NO es mi compañero. No la jodan.
En segundo lugar tanto Jenaro Villamil como Álvaro Delgado tienen mi dirección de email y me pueden contactar sin bronca.
Y en tercer lugar, no les estoy entendiendo bien la nota. ¿O sea que yo incito a la violencia porque el autor de El Sendero “contiene la mayor bajeza política que pueda haber”?
¿Qué chingados quiere decir eso?
Válgame. ¿O sea que lo que publicamos es delictivo por que no le gusta a Santos Arreola? ¿Qué jalada es esa?
Sale este análisis político de Genaro Villamil sobre la manera en la que el gobierno ESPURIO pretende hacer pantalla para que la gente crea que ha servido para un carajo la disque guerra contra el narco:
El narco y una guerra de percepciones jenaro villamil
México, D.F., 5 de febrero (apro).- El mismo día que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, presumía que el narcotráfico está debilitado y que existen plazas recuperadas, en Mérida, ciudad que había estado ajena a la violencia de los carteles, apareció un cuerpo degollado en una de las principales avenidas de la capital yucateca.
El modus operandi recordó a Los Zetas o al cartel de Los Valencia, de Michoacán.
Ese mismo lunes 4 de febrero diez personas fueron ejecutadas en Chihuahua, Sinaloa y Sonora, mientras que en Tijuana siguen presentes los hechos que le dieron la vuelta al mundo: trágicas escenas de un colegio de niños que se quedaron en el fuego cruzado de un enfrentamiento de narcotraficantes.
¿Cuál es el éxito para Mouriño frente a un panorama que documenta una creciente e imparable generalización de la violencia, y de una expansión –que no reducción-- de los cárteles en plazas que no habían registrado este tipo de enfrentamientos, como Mérida?
El joven campechano quisiera, tal vez, que observemos la realidad al revés, pero sus palabras triunfalistas no corresponden con la percepción de inseguridad, miedo e incertidumbre que predominan en la sociedad mexicana frente a la guerra contra el narcotráfico.
“Sabemos que este esfuerzo implica lamentablemente vidas humanas y altos costos materiales, pero en esta lucha no existe para nosotros la derrota. Ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado”, advirtió Mouriño, acompañado por el gabinete de Seguridad Nacional, incluyendo a los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública y el procurador general.
La puesta en escena puede servir para consumo mediático y para que los noticiarios televisivos ofrezcan una “imagen” de autoridad del joven ministro, pero lo real es que la percepción es absolutamente contraria a lo que quisiera el gobierno calderonista. La guerra que desde hace 14 meses se ha intensificado con el despliegue del Ejército no ofrece certidumbre. Al contrario, el panorama es cada vez más complicado. El propio Ejército contabiliza un total de 107 mil 128 elementos que desertaron de sus filas el sexenio pasado y tan sólo en 2007, 17 mil 758 elementos prefirieron dejar las tropas; 49 por día.
El problema fundamental es que, frente a su acción abierta, desafiante y cada vez más eficaz en cuanto a sus daños materiales y capacidad criminal, el conocimiento que tenemos los mexicanos del narcotráfico es absolutamente parcial, incompleto y plagado de rumores. El narcotráfico va más allá de la historia de siete cárteles que se dedican a combatirse o del recuento de cadáveres que se suman a una lista que insensibiliza la historia de venganzas y reacomodos.
El acceso a la información no se ha visto como un elemento clave de esta guerra. Por el contrario, el propio presidente Calderón ha regañado a los medios de comunicación por informar e, incluso, les dio la orden de que dejen de transmitir los mensajes y los hechos de violencia. A cambio de esta autocensura, el gobierno no ofrece más que discursos de autosuperación personal.
El escritor Carlos Monsiváis, en su discurso leído el 30 de enero en la casa de Refugio Citlaltépetl, se preguntó: “¿Cuántos viven en el país del narcotráfico? No hay cifras, ni siquiera las clásicamente confiables, y el cálculo más frecuente es (de por lo menos) 1 millón de personas beneficiadas por sus operaciones. ¿Cuál es la proporción de los traficantes y sus cómplices menores detenidos en relación al narcogentío en libertad? ¿A cuántos el lavado de dinero les permite la entrada en la buena sociedad? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes y niños se emplean de “burros” (conductores de la droga)? ¿Es cierto que los narcos acaparan más de 1 millón 700 mil hectáreas en el país? ¿Cuántas pistas clandestinas hay: mil 500 o 2 mil o 3 mil? ¿Cuándo dejó de ser el narcotráfico una posibilidad temible, y se convirtió en el atroz espectáculo policíaco y social?” (revista Proceso #1631).
Estas y otras preguntas son hoy más pertinentes que nunca. Y el gobierno, principal responsable de esta “guerra de Estado”, no se ha atrevido ni siquiera a esbozar un diagnóstico mínimamente creíble. Incluso, nos quieren aún vender la idea de que seguimos siendo un país de “tránsito” de la droga hacia Estados Unidos cuando todo parece indicar que el consumo interno se ha disparado y se están creando las llamadas “plazas calientes”, en donde los cárteles luchan por la distribución de las drogas para consumo interno.
Esta es una guerra demasiado compleja, sangrienta e incierta para que nos quieran recetar discursos publicitarios cuando la sociedad mexicana reclama información.
México, D.F., 21 de enero (apro).- Pocos días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006, Juan Camilo Mouriño Terrazo, coordinador todavía del equipo de transición y perfilado como jefe de la Oficina de la Presidencia, le ofreció a Manuel Espino aceptar una embajada a cambio de dejar la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN).
El madrileño de nacimiento, gallego de formación y mexicano por adopción, cuya doble nacionalidad está pendiente de aclarar, se reunió con Espino y con Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del comité nacional del PAN, con el fin de advertirles que dejaran sus obligaciones partidistas a cambio de cargos en el gobierno federal que empezaría en unos días.
El plan estaba claro, les anticipó: Calderón tomaría el control del PAN y era mejor que ambos, lo mismo que el resto del CEN, presentasen su renuncia. Y, en caso de no hacerlo, de todos modos el Consejo Nacional, que entre otras facultades tiene la de elegir presidente de ese partido, sería totalmente calderonista.
“Nosotros vamos por la mayoría del Consejo Nacional y es muy sencillo: a los que no estén con nosotros los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les dijo Mouriño a Espino y a Navarro. “Sí, vamos a darles cargos”, aceptó, con cinismo.
Y así fue: la compra de conciencias en el PAN fue la divisa de Mouriño mediante la cual logró cumplir la orden de Calderón imponiendo a Germán Martínez en la presidencia de ese partido y ahora, en pago a ese y a otros servicios, lo nombra secretario de Gobernación para que actúe de manera análoga en un objetivo muy claro, uno de varios: la entrega de los recursos energéticos a los particulares, nacionales y extranjeros.
Pero del estilo de Mouriño sabe bien no sólo la facción antagónica a Calderón en el PAN --que no es la ultraderechista Organización Nacional del Yunque, con la que pactó--, sino un personaje que vive inscrita en la nómina gubernamental, pero que políticamente está en el limbo: Josefina Vázquez Mota.
La exsecretaria de Desarrollo Social, cuya información fue clave para tramar el uso de los programas sociales mediante el padrón electoral instrumentado por Diego Hildebrando Zavala --otro cuñadazo como Juan Ignacio--, paga las insidias de Mouriño: es sólo formalmente secretaria de Educación Pública y, en los hechos, subordinada de Elba Esther Gordillo, quien domina amplias parcelas de poder político y económico por decisión de Calderón.
Los panistas de Campeche, donde se asientan los negocios de la familia Mouriño --que en los ochenta llegó sin un centavo, aunque pronto una amistad con el exgobernador priista Abelardo Zavala--, saben mejor que nadie los modos de Mouriño: erigido como jefe máximo del PAN, en realidad un cacique, impone líneas, remueve dirigentes, designa candidatos, veta adversarios, expulsa a disidentes…
Campeche es, literalmente, la casa chica de Mouriño, cuya influencia rebasa el PAN, porque un amplio sector del priismo se le cuadra y el gobernador Jorge Carlos Hurtado, formalmente priista también, fue su empleado en el Grupo Energético del Sureste (GES), el negocio de la gallega familia que ha sido acusada, con pruebas, de lucrar ilegalmente con subsidios y de adulterar las máquinas de combustible para despachador litros de 800 mililitros.
Los métodos del gallego y su clan político en el PAN y en el gobierno están descritas a detalle y con información exclusivamente de panistas, en el capítulo “Mouriño, el cacique de Campeche” del libro El engaño, prédica y práctica del PAN, editado por Grijalbo.
Y su conducta hace distinguible lo que es autoridad
Uno de los que públicamente acusó a Mouriño de comprar votos de panistas fue el diputado federal Jorge Nordhausen, quien también fue depuesto de la presidencia del PAN en Campeche por decisión del operador de Calderón.
“El gobierno federal está comprando conciencias a través de su operador Juan Camilo”, acusó Nordhausen, quien aseguró que Mouriño celebró una reunión en su casa, el viernes 27 de abril, previo a la celebración del Consejo Estatal, para “comprar voluntades” entre panistas del estado, encabezadas por la presidenta estatal del PAN, Nelly Márquez.
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir el botín, aunque los designados no den el perfil.”
Por ejemplo, dijo, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), Iván González López, es pediatra, pero además apoyó a los candidatos perredistas en las elecciones federales. “Es un acto totalmente incongruente de parte de Mouriño. ¡Incongruencia total, porque no tiene el perfil que se requiere y además apoyó al PRD; todos los carmelitas lo sabemos!”
--¿Y por qué lo nombró?
--Solamente porque él opera los intereses de Juan Camilo
Otro caso, añade, es el del nuevo delegado de la Procuraduría Agraria, Juan Manuel González Navarrete: “¡Desplazó a un panista que tenía 10 años trabajando en el sector y él es un técnico en computación, pero es operador de Mouriño!”
En la delegación del Registro Agrario Nacional, añadió, Mouriño nombró a Socorro Gamboa Vela: “¡Es una maestra de kínder! ¡Por favor! Ella también es operadora política a favor de sus intereses. Son votos cautivos.”
En la subgerencia corporativa de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos (Pemex) también intervino Mouriño al designar a Hiram Manzanero Carillo, afirmó Nordhousen: “¡Pero es maestro de karate! ¡Qué nos pasa!”.
Nordhousen expuso: “Estos actos de incongruencia tienen muy molestos a los campechanos, pero sobre todo a los panistas, como yo, que queremos regresar a la mística que teníamos, y ahora resulta que los altos funcionarios compran conciencias. ¡Mira cómo operaron la rechifla a Manuel Espino!”
--Con estas declaraciones lo pueden expulsar del PAN, ahora que lo controle Calderón.
--¡Ya qué más da! Pero no creo. Después de lo que pasó en León, ¿a poco van a expulsar a todos los que le chiflaron al jefe nacional? Eso no es el PAN. Son algunos individuos infiltrados que traen credencial y que, con fines perversos, operaron eso. Pero esa no es la cultura del PAN.
--Es el PAN de hoy.
--Con infiltrados, con fines perversos personales o de grupo, y encima de los intereses nacionales o por lo menos del partido.
De manera que lo que puede anticiparse de Mouriño en la Secretaría de Gobernación es un comportamiento autoritario que ya ha exhibido no sólo por ser ese su estilo, sino porque esa ha sido la exigencia de Calderón, un personaje que se hace pasar por doctrinario y que ha desarrollado las peores prácticas antidemocráticas de sus socios priistas, como Mario Marín y Ulises Ruiz.
Claro, Calderón también ha abrevado --y por eso se inscribió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)-- de la vertiente tecnocrática, la derecha perfumada que es tan autoritaria por fundamentalista como los que adulteran la voluntad popular.
Pero, como otras conductas del PAN-gobierno, lo que era deleznable en el PRI, sus presidentes y gobernadores --y hasta alcaldes--, se ha convertido en virtuoso en Calderón y sus huestes: El uso y abuso del poder con fines facciosos, como en el caso de Mouriño en el partido de la derecha y que ahora busca trasladarlo al país.
Mouriño llega a la Secretaría de Gobernación con los métodos autoritarios, credenciales que da el poder, pero falta que imponga la autoridad a secas. Se ve remoto, porque se ha ido imponiendo la burla y su nebuloso origen familiar por su madre y sus abuelos maternos.
Por cierto, en la ciudad de México, sólo hay dos personas que llevan el apellido Terrazo. ¿Los lectores de todo el país podrían informar a este espacio cuántas familias con ese apellido habitan en sus lugares de residencia?
Apuntes
Aquí lo anticipamos: el gobierno panista de Guanajuato rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para solicitar disculpas, públicas y por escrito, a los directores de los diarios A.M., Enrique Gómez, y El Correo, Arnoldo Cuéllar. La deleznable conducta del gobernador Juan Manuel Oliva –quien hace muchos años reporteó para El Sol de México y que, según sus compañeros, era realmente malo-- encaja en la lógica de la impunidad que se ha impuesto en México. No pasa nada. A ver si ya lo entienden los señores del A.M., quienes erróneamente piensan que Calderón, a quien tanto elogian, piensa distinto a sus socios de El Yunque. ¡Qué tontería!
¿Tons qué, panazis? ¿No que el PAN no era como el PRI?
Cuñado de Calderón se deslinda del caso Aristegui jenaro villamil
• Desde Buenos Aires lamentó la salida de la conductora de W Radio
México, D.F., 7 de enero (apro).- Juan Ignacio Zavala, cuñado del presidente Felipe Calderón, declaró a Apro que no tuvo “ninguna injerencia” en la salida de la conductora Carmen Aristegui de la W Radio.
En entrevista vía telefónica desde Buenos Aires, Argentina, el excolaborador de Marta Sahagún de Fox lamentó la salida de Aristegui y desmintió las versiones que le adjudican un papel clave en ese hecho.
“No conozco siquiera las oficinas de W Radio en la Ciudad de México”, indicó Zavala, y agregó que, desde su incorporación al Grupo Prisa, "mi trabajo ha sido definir cómo estar lejos del manejo informativo para evitar cualquier suspicacia".
Aseguró que él no es el responsable de la operación de Prisa en México, y sólo está a cargo del área “administrativa y comercial” de la edición local del diario El País, propiedad del mismo grupo.
“Lo último que quiero hacer es meterme en el asunto”, abundó Zavala, quien también participó en la mesa de debate político que condujo Aristegui durante el proceso electoral del 2006, representando al equipo de campaña de Felipe Calderón, al lado de Federico Arreola, del equipo de Andrés Manuel López Obrador, y César Augusto Santiago, exvocero de Roberto Madrazo.
El pasado viernes 4, el excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a Zavala de la salida de Aristegui, una de las pocas periodistas que abrió su espacio al tabasqueño, después de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República.
Deplora Le Monde separación de Aristegui
“El año de 2008 comenzó mal para la libertad de la información en México”, evaluó hoy el influyente rotativo francés Le Monde, al considerar que Aristegui, "una de las periodistas más influyentes del país", salió de W Radio porque su estilo crítico resultó incompatible con el “nuevo modelo editorial” impulsado por Televisa y grupo Prisa.
Bajo la firma del corresponsal Joëllo Stoltz, la nota constituye una de las primeras reacciones en los medios europeos sobre la salida de Aristegui, y se prevé que la organización Reporteros sin Fronteras, también con sede en París, se pronuncie sobre el caso en los próximos días.
Le Monde enmarca la salida de Carmen Aristegui en el clima de preocupación y “alarma” que se ha desatado entre observadores y periodistas mexicanos. Incluso recordó la relativamente reciente suspensión del noticiario radiofónico Monitor, dirigido por José Gutiérrez Vivó, y atribuida a un "boicot publicitario".
La nota también enuncia los temas más polémicos y críticos que durante los últimos meses destacaron en el programa de "Hoy por Hoy", en especial, el escándalo del gobernador poblano, el priista Mario Marín, y la periodista Lydia Cacho; las denuncias en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera, así como su cobertura crítica sobre las elecciones de 2006 y su deslinde frente a las protestas de Televisa por la reforma electoral.
Le Monde recordó que Televisa controla 80% del mercado audiovisual en México, y Prisa, su socio en 50% en W Radio, edita El País y es propietario de la editorial Santillana.
Por otro lado, por tercer día consecutivo se reportaron protestas de decenas de radioescuchas a las afueras de la estación, ubicada al sur de la Ciudad de México.
También en los principales blogs y sitios en Internet se ventilaron cientos de cartas de protesta por la salida de Aristegui, calificando este hecho de franca censura.
TENGAN pos que. No "lamentó" nada porque fue desde Los Pinos desde donde se dio la orden para callar a Carmen Aristegui. Esto lo balconea Álvaro Delgado en esta otra nota de Proceso:
Aristegui: Fue Felipe Calderón alvaro delgado
México, D.F., 7 de enero (apro).- Salvo que Televisa y Prisa hayan depuesto su principio fundamental de generar ganancias y estén en vías de convertirse en emporios benefactores, al menos en México, el despido de Carmen Aristegui sólo puede entenderse como una maniobra política pactada con el único que puede compensar las pérdidas --económicas, no de credibilidad-- de tamaña decisión: el gobierno de Felipe Calderón.
Porque el solo sentido común indica que nadie, menos una empresa que tiene el lucro como fin --Televisa y Prisa inobjetablemente lo tienen--, se da el lujo de tomar decisiones a sabiendas de que le generarán pérdidas, traducidas en baja en el rating y menores tarifas en el cobro a los anunciantes, salvo que exista la certeza de que habrá utilidades extraordinarias en otros ámbitos, no sólo en materia de medios.
Y ya se sabe: el grupo español Prisa --que emplea a Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, cuñado y confidente de Calderón-- tiene extendidos intereses en México que van más allá del ámbito editorial, que de suyo le reporta fabulosas ganancias a través de Editorial Santillana, el principal proveedor de libros de texto para la educación pública de México.
Y no hay que hacerse tontos: Aristegui no fue echada de W Radio porque el Grupo Prisa la haya abandonado después de ceder a las “presiones” de Televisa, que la abominaba después de que no se alineó en la ofensiva de repudio a la reforma electoral, ni se trata de una decisión que obedezca a la “concentración mediática” y aun a la influencia de personajes exhibidos en una frecuencia de alcance nacional, como los gobernadores priistas Mario Marín y Ulises Ruiz, el cardenal Norberto Rivera o el empresario pederasta Jean Succar Kuri.
Siendo pertinentes las tres interpretaciones, porque existen hechos de sobra que las acreditan, los que las sostienen pasan por alto un elemento fundamental: Aristegui era aborrecida por Felipe Calderón, particularmente después de las elecciones del 2 de julio de 2006, y era un estorbo para el objetivo de uniformar el cuadrante radiofónico, cuyas voces son las mismas que se escuchan en televisión y en un vasto sector de la prensa escrita.
Son las voces y las plumas del oficialismo de siempre --los de la era priista trasmutados a la panista-- y los del nuevo oficialismo, los que han dado forma a un comportamiento de criticar, a coro, a quienes consideran enemigos de México y de sus “instituciones”, con el único fin de obtener ganancias desde el poder.
Es decir: pegan para que les paguen.
Aristegui, como escasos medios y periodistas, no entraba en ese esquema impuesto por la derecha que encabeza Calderón y sus patrocinadores. Y así se lo hizo sentir ese personaje (que quienes lo conocen saben de su talante vengativo) con el circuito de entrevistas que hizo con motivo de su primer año de gestión gubernamental, en diciembre, el mes del golpe.
El objetivo de acallar desde Los Pinos a Aristegui no era sólo por difundir la información que la planta de reporteros de W Radio enviaba a la redacción central, controlada por personeros de Zavala Gómez del Campo, y que con ella podían trascender el tufo oficialista que exigía por ejemplo el locutor Ezra Shabot (que, dicho sea de paso, no dejó la conducción del vespertino por razones editoriales, sino por la promesa que recibió del PAN para ser consejero electoral y ahí está, al acecho), sino evitar que por su iniciativa siguiera recogiendo información de interés público de medios escritos, como el semanario Proceso, que concita la furia de Calderón.
Con el país hecho un caos, exhibida la demagogia de su campaña, que sembró de odio el país, Calderón busca evitar que en los medios audiovisuales se difunda información que escurra la gruesa capa de maquillaje y, además de los 3 mil 700 millones de pesos que dispone para publicidad gubernamental, ha resuelto cerrar cualquier resquicio de información a los mexicanos en los medios audiovisuales.
Calderón ya fracasó y, en su desesperación, se atrinchera en Los Pinos: Nada debe saberse de él, ha dictaminado, y tiene con qué pagar.
Por eso, la salida de Aristegui de la conducción del noticiario matutino de W Radio no se entiende sin la participación directa de Calderón, quien ofreció mejores negocios a quienes a eso se dedican, los empresarios españoles del Grupo Prisa, cuyo representante en México, Antonio Navalón, fue uno de los primeros personajes que se entrevistaron con él después del 2 de julio de 2006.
Y los que leemos El País no tenemos duda, ni entonces ni ahora, de qué intereses se estaban defendiendo: Ese periódico, que en España se hace pasar como cercano a la izquierda, tuvo una cobertura posterior al 2 de julio de 2006 absolutamente deleznable que, como dice Lorenzo Meyer, fue casi como La Crónica de hoy, el periódico insignia de Carlos Salinas.
La colusión de Prisa con Calderón se tradujo, además, en un hecho hasta grotesco: la contratación de Juan Ignacio Zavala, una de cuyas glorias profesionales, además de hacer chistes justamente en el programa de Carmen Aristegui, fue armar en los medios la trama de El Encanto.
En esa finca de las Lomas de Chapultepec, según el cuñado de Calderón basado en la bruja Francisca Zetina “La Paca”, estaba la osamenta del diputado priista Manuel Muñoz Rocha, mediante el cual Raúl Salinas asesinó a su cuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Pero todo fue un montaje del también panista Antonio Lozano Gracia, el procurador General de la República con Ernesto Zedillo, de quien Zavala Gómez del Campo era el jefe de prensa y encargado de las filtraciones.
De manera que Zavala, hermano de la mujer de Calderón, podrá decir que nada tiene que ver con el despido de Aristegui –porque estaba en Argentina ejerciendo sus talentos--, pero tiene tanta credibilidad como “La Paca”, y lo que está claro es que, pronto, habrá de verse el pago de Calderón a Prisa. En contratos, claro.
Apuntes
El panista Javier Corral lo sabe: la “cobardía” del Grupo Prisa, como la llama, no es sólo de Televisa, sino de Calderón y Zavala, sus correligionarios y amigos. ¿O será que Zavala presentará su renuncia a Prisa, inconforme con la arbitrariedad contra Aristegui? ¿Y Calderón la invitará para que ejerza su trabajo informativo en una de las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que se supone son de Estado? ¿O nada hará Calderón para que sea contratada?
Fecal estuvo festejando el fin de semana pasado por el despido de Carmen Aristegui. A Los Pinos hubo un desfile de llamadas telefónicas de diversos cerdos de las cúpulas políticas, eclesiásticas y empresariales para congratularlo por haberla callado. Así que aquí los chivos expiatorios--que son Televisa y Prisa--no pueden tapar la peste que envuelve a este caso desde la presidencia espuria.
Se me había pasado comentar esta nota de Álvaro Delgado en Proceso en donde balconea durísimo como el martito Mouriño fraguó la estrategia de, literalmente, comprar a los panistas para que se conviertieran en lambiscones del PELELE a cambio de huesos en el gobierno, convirtiendo a la vez al PAN en lo que el PRI fue durante 71 años: el partido de estado en donde los huesos los reparten desde Los Pinos.
Un Partido a la medida Álvaro delgado
MÉXICO, D.F., 2 de enero (apro).- La estrategia de Felipe Calderón para tomar el control del Partido Acción Nacional (PAN), que se materializó con la candidatura única de Germán Martínez y su convalidación como presidente, fue al más alto nivel y diseñada directamente en la residencia oficial de Los Pinos.
El operador fue Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia y mano derecha de Calderón, quien se lo anticipó a Manuel Espino, el odiado rival de la facción oficialista que utilizó la nómina gubernamental para comprar votos y lograr el Control del Consejo Nacional, el órgano del PAN que elige al presidente de ese partido.
La estrategia se instrumentó después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso por su voluntad a Calderón en la Presidencia de la República, y fue el propio Mouriño el que se lo hizo saber a Espino, en una reunión en la que estuvo de testigo Enrique Navarro, secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.
“Nosotros vamos por la mayoría del Consejo Nacional. Es muy sencillo: A los que no estén con nosotros, los vamos a convencer, ofreciéndoles puestos en el gobierno”, les dijo Mouriño a Espino y a Navarro. Y así fue.
Desde que Calderón tomó posesión, el 1 de diciembre del 2006, numerosos panistas que habían apoyado a Espino para presidir el PAN, en marzo del 2005, cambiaron su fidelidad.
Dos casos son paradigmáticos: Uno, el expriista Ulises Ramírez, experto en clientelismo político y acarreo, quien durante la campaña presidencial era, al mismo tiempo, coordinador de la campaña de Calderón en el Estado de México, candidato a senador y alcalde de Tlalnepantla, con licencia y goce de sueldo.
El otro es el presidente del PAN en Veracruz, Alejando Vázquez Cuevas, quien cambió su apoyo a Calderón después de que obtuvo un cúmulo de canonjías en el gobierno federal, entre otras, la delegación de la Secretaría del Trabajo en el estado para su hermano Alfonso, quien fue grabado embolsándose fajos de billetes, como el experredista René Bejarano.
Ambos personajes fueron, también, los que instrumentaron la silbatina a Espino en la Asamblea Nacional del PAN celebrada en León, Guanajuato, el 2 de junio del año pasado, cuando se eligió al Consejo Nacional y se materializó una mayoría afín a Calderón.
Aunque no era una mayoría aplastante, en los meses siguientes se intensificaron los ofrecimientos de puestos de trabajo en el gobierno federal, un fenómeno que había denunciado el propio Espino y otros panistas desde antes de la Asamblea Nacional.
Uno de los que públicamente acusó a Mouriño de comprar votos de panistas fue el diputado federal Jorge Nordhausen, quien también fue depuesto de la presidencia del PAN en Campeche, por decisión del operador de Calderón.
“El gobierno federal está comprando conciencias a través de su operador Juan Camilo”, acusó Nordhausen, quien aseguró que Mouriño --español de nacimiento y avecindado en Campeche-- celebró una reunión en su casa, el viernes 27 de abril, previo a la celebración del Consejo Estatal, para “comprar voluntades” entre panistas del estado encabezadas por la presidenta estatal del PAN, Nelly Márquez.
“Sus palabras textuales fueron: ‘Tengo 40 subdelegaciones, con sueldos de 20 mil a 45 mil pesos mensuales, pero nosotros vamos a ganar el Consejo Estatal y el Consejo Nacional’”, aseguró Nordhausen, quien acusó: “Mouriño tiene un poder discrecional para repartir del botín, aunque los designados no den el perfil.”
Por ejemplo, dijo, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), Iván González López, es pediatra, pero, además, apoyó a los candidatos perredistas en las elecciones federales. “Es un acto totalmente incongruente de parte de Mouriño. ¡Incongruencia total, porque no tiene el perfil que se requiere y, además, apoyó al PRD; todos los carmelitas lo sabemos!”
--¿Y por qué lo nombró?
--Solamente porque él opera los intereses de Juan Camilo
Otro caso, añade, es el del nuevo delegado de la Procuraduría Agraria, Juan Manuel González Navarrete: “¡Desplazó a un panista que tenía diez años trabajando en el sector y él es un técnico en computación, pero es operador de Mouriño!”
En la delegación del Registro Agrario Nacional, añadió, Mouriño nombró a Socorro Gamboa Vela: “¡Es una maestra de kínder! ¡Por favor! Ella también es operadora política a favor de sus intereses. Son votos cautivos.”
En la subgerencia corporativa de Desarrollo Social de Petróleos Mexicanos (Pemex) también intervino Mouriño al designar a Hiram Manzanero Carrillo, afirmó Nordhausen: “¡Pero es maestro de karate! ¡Qué nos pasa!”
Nordhausen expuso: “Estos actos de incongruencia tienen muy molestos a los campechanos, pero sobre todo a los panistas, como yo, que queremos regresar a la mística que teníamos y ahora resulta que los altos funcionarios compran conciencias. ¡Mira cómo operaron la rechifla a Manuel Espino!”
--Con estas declaraciones lo pueden expulsar del PAN, ahora que lo controle Calderón.
--¡Ya qué más da! Pero no creo. Después de lo que pasó en León, ¿a poco van a expulsar a todos los que le chiflaron al jefe nacional? Eso no es el PAN. Son algunos individuos infiltrados que traen credencial y que, con fines perversos, operaron eso. Pero esa no es la cultura del PAN.
--Es el PAN de hoy.
--Con infiltrados, con fines perversos personales o de grupo, y encima de los intereses nacionales o por lo menos del partido.
A la vuelta de los meses, sólo se registró un único candidato a la presidencia del PAN, Germán Martínez, quien sirvió a Calderón como secretario de la Función Pública durante nueve meses y le entregó, explícitamente, el PAN a su jefe.
Inequívoca la ingerencia de Calderón en la trama para imponerlo Martínez inauguró una nueva era del poder político en México con una supuesta “cercanía responsable” con el gobierno y su defensa “sin complejos”.
Martínez no escatimó retórica para ensalzar a su jefe --“uno de los mejores frutos que ha dado la siembra de Acción Nacional”-- y, obsequioso, le expresó: “¡Este es su partido, presidente Felipe Calderón!”
La retórica se tradujo en hechos: Un amplio elenco de allegados a Calderón --entre amigos, empleados y hasta familiares-- se integró al CEN, como había sido el plan desde aun antes de la toma de posesión, hace poco más de un año.
La presencia de Calderón en el CEN del PAN es nítida: El secretario general, Guillermo Anaya Llamas, es su compadre; Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal, es su sobrina; tres secretarios particulares también entraron: César Nava, el actual; Jordi Herrera, subsecretario de Energía, y Rogelio Carvajal, diputado federal.
Otros empleados de Calderón en el CEN son los siguientes: Francisco Javier Salazar Díez de Sollano, director de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) e hijo de Francisco Salazar Sáenz, exsecretario del Trabajo con Fox; Felipe Duarte Olvera, secretario técnico del gabinete económico; María del Rocío Gaytán, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); María Dolores del Río, directora del Instituto de Educación de los Adultos (INEA), y Gloria Luna Ruiz, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas y coordinadora de la precampaña presidencial en ese estado.
Será secretario general adjunto del CEN Jorge Manzanera Quintana, operador electoral desde Los Pinos y subordinado de Juan Camilo Mouriño, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien sumó a Nelly Márquez Zapata, expresidenta interina del PAN en Campeche y actual diputada local.
Del CEN forman parte, también, Gabriela Ruiz del Rincón, tesorera del PAN involucrada en el escándalo de los Amigos de Fox; María Elena Álvarez de Vicencio; Alejandra Fernández Garza, expresidenta del PAN en Nuevo León, otro de cuyos integrantes de ese estado es Seferino Almaguer, alcalde San Pedro.
Allegados a Calderón y Martínez son los diputados federales Moisés Alcalde Virgen, del Estado de México, y Obdulio Ávila, del Distrito Federal; los senadores José González Morfin, de Michoacán; Ricardo García Cervantes, de Coahuila, y Enrique Madero, de Chihuahua, así como el exlegislador Javier Corral Jurado y el secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Blake.
Lo más hipócrita del caso es que esto que está haciendo ahora el PAN es exactamente lo mismo que le reclamó al PRI desde hace décadas. Aunque a fin de cuentas el PAN no ha hecho otra cosa más que engañar a la gente. En su libro El Engaño: Prédica y Práctica del PAN, Álvaro da a conocer, por ejemplo, que uno de los próceres del PAN, Manuel Clouthier, nisiquiera le interesaba ser panista. Se hizo panista por que no le dieron la candidatura PRIISTA para ser presidente municipal de Culiacán, Sinaloa. (Página 259 en el libro de Álvaro).
Eso es el panismo: el ejercicio de la HIPOCRESÍA como método político.
Los panistas de Nuevo León tuvieron la puntada de hacer una ley (e imponerla en el congreso estatal) en la que basicamente se busca imponer la moralina católica retrógrada y trasnochada como política pública.
Sí, oooootra vez.
La ley en cuestión está disfrazada de ley de protección a la familia, pero en realidad lo que hace es especificar que el matrimonio sólo es la unión de hombre y una mujer (o sea que basicamente descalifica a las madres solteras y a las parejas gay), pretende impedir que las mujeres violadas aborten, y pretende promover la abstinencia HASTA DENTRO DEL MATRIMONIO como política de salud pública.
Como pueden ver, se trata de una aténtica MAMADA.
Y los priistas podrán ser de lo peor, pero pendejos y fanáticos religiosos NO son. O por lo menos son lo suficientemente listos como para darse cuenta de que siendo el gobernador de Nuevo León priista, si firma esa ley para aprobarla se va a echar encima a todo el país puesto que es mucho más visible Natividad González como gobernador, que cualquiera de los diputados del congreso estatal de Nuevo León.
Razón por la cual en cuestión de horas luego de aprobarse la mentada ley, Natividad González anunció que vetaría la ley y que recomienda que el congreso haga una consulta ciudadana más amplia sobre el tema.
Ahora bien; constitucionalmente el ejecutivo puede vetar una ley del congreso siempre y cuando justifique el veto. El veto de esta ley estuvo justificado y en términos legales no hubo nada fuera de la norma. El ejecutivo evaluó la ley, tomo la decisión de vetarla, y la vetó. Punto.
Y no hay nada ilegal en esto.
Ah bueno, pues los panistas retrógradas salieron con la MAMADA de que Natividad González se excedió en sus atribuciones legales al vetar la ley--lo cual es falso--e hicieron pancho por que les vetaron esta ley a todas luces retrógrada y discriminatoria.
Amenaza el PAN con demandar penalmente a González Parás por vetar ley de la familia luciano campos garza
MONTERREY, N.L., 24 de diciembre (apro).- El Partido Acción Nacional amenazó con demandar penalmente al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, por considerar que se excedió en sus atribuciones legales al vetar la controvertida Ley de la Familia.
A las cuatro de madrugada del sábado pasado, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Nuevo León ejerció su mayoría (19 votos) y aprobó la Ley de la Familia, la cual fue calificada por diversas organizaciones sociales como “retrógrada y excluyente”. Doce horas después, González Parás anunció que vetaría el dictamen y solicitó al Congreso realizar una consulta ciudadana más amplia sobre el tema.
Ante la celeridad del veto, el diputado local panista, Gregorio Hurtado Leija, anunció que la fracción parlamentaria de su partido analizará la posibilidad de demandar penalmente a González Parás por excederse en sus funciones.
Hurtado Leija dijo que el mandatario rebasó sus atribuciones legales y se convirtió “en un legislador”, al buscar que se hiciera la ley a su modo.
“El gobernador se aproxima peligrosamente a un exceso a sus atribuciones y yo voy a analizar con la bancada para ver si es factible tomar acciones legales en su contra por que él debe de ajustarse a su trabajo de Ejecutivo que es eso, de ejecutar; y que nosotros hagamos el trabajo legislativo”, dijo.
Al anunciar su veto, González Parás señaló que es necesario que “nadie quede fuera de la protección” de esta ley que impulsó Acción Nacional, a través de su diputada Norma Robles, la conocida como Ley Robles.
A decir de sus detractores la nueva ley deja sin protección legal a madres solteras y a parejas del mismo sexo.
El mismo sábado por la tarde, el gobernador dio a conocer sus razones: “En la iniciativa de la Ley de la Familia no advierto consensos ni al interior del Congreso, ni al exterior y por esa razón haré valer las atribuciones constitucionales para presentar observaciones y regresar la iniciativa al Congreso con el propósito de que se haga una amplia consulta a la población y no se dejen fuera los derechos de nadie, particularmente de personas que siguen siendo formal o informalmente parte del núcleo familiar, y que se logre un consenso mayor.”
Otro de los factores por los que González Parás no está de acuerdo con la promulgación de esta nueva ley es la creación del Instituto de la Familia, porque duplicaría funciones con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
“No quiero entrar en una confrontación que implique la descalificación absoluta de la iniciativa. Estoy seguro que puede tener algunas cosas positivas, lo que sí estimo es que es necesario que se dé una consulta mayor y que se incorporen los puntos de vista de todos, para que no quede nadie fuera la protección de una ley de esta naturaleza.
“También para que puedan procesarse armónicamente otros marcos normativos que vienen operando, que son vigentes, que han resultado positivos como los que se refieren a la ley de promoción de valores, a toda la ley federal y estatal que norma al sistema DIF, y a la Ley Federal y estatal que norma a la institución de la Mujer”, dijo.
Un día antes de que la iniciativa fuera votada, el panista José Manuel Guajardo, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que revisó y aprobó la Ley Robles, advirtió de la posibilidad de que el gobernador vetara la ley.
“Sabemos que el gobernador tiene esa facultad constitucional para hacer observaciones, que vulgarmente se llama veto, pero lo que esperamos es que si ejerce ese poder, que lo haga con madurez, con argumentos sólidos y no con caprichos, como en otras ocasiones en que lo ha hecho por cuestiones políticas y partidistas”, dijo anticipando lo que ocurriría.
Tanto Guajardo como su correligionario Javier Ponce, se dijeron sorprendidos por la celeridad con la que el gobernador analizó la ley, pues decidió vetarla apenas 12 horas después de que fue aprobada en el Congreso.
La Ley de la Familia fue presentada en el Congreso el 7 de noviembre del 2007 y contiene 63 artículos divididos en dos libros de cinco capítulos más cinco transitorios. Básicamente se refiere a los derechos de la familia, la educación de los hijos, de los medios de comunicación (para coadyuvar a la formación de los valores en la familia), la conciliación de la vida familiar y laboral, y la creación del Instituto Estatal de la Familia.
En la Ley se establecen precisiones como que el matrimonio se define como “unión del hombre y la mujer”; se pide la “preservación y defensa de la familia natural”; “que el estado promueva la defensa del matrimonio tradicional y sus valores”.
También busca impedir que las mujeres violadas aborten; dificultar los trámites de divorcio; impedir la adopción a parejas del mismo sexo; y promover la continencia hasta el matrimonio “como primera política de salud pública y defensa de la familia”.
Aquí a los panistas se les olvidó una cosa: Fox vetó, cuando era presidente, la ley de fomento agropecuaria. Lo hizo por que esta ley protegía al campo mexicano y favercía a los productores mexicanos por encima de las trasnacionales. Así que le regresó la ley al congreso y el congreso la tuvo que cambiar. OJO: la ley de fomento agropecuario se había aprobado por UNANIMIDAD. NO había sido un ayoriteo de la oposición. Lo mismo pasó con la ley que pasó el congreso (también por amplia y plural mayoría) en la que se le imponía un impuesto a los refrescos que no usaran azucar de caña. Esto se hacía con la intención de proteger a los cañeros en México luego del conflicto cañero que se dio a principios del sexenio de Fox. Pues Fox también vetó esa ley.
Y si bien ambas vetos de Fox fueron basados en nalguiprontismos de Fox para tener contentas a las trasnacionales (lo cual le debió haber valido a Fox que lo juzgaran por traición a la patria), los dos vetos fueron hechos de conformidad con las atribuciones constitucionales del ejecutivo. Ni modo.
Por lo cual el berrinche de los panistas, además de hipócrita, muestra que nisiquiera respetan lo que dice la constitución.
Ah, pero desde luego esos changos son los que se dicen paladines de la legalidad y del estado de derecho. Ches hocicones hipócritas, pos que.
ES QUE NO FUE ARRESTO: FUE CORTINA DE HUMO
Lo habíamos dicho en este blog hace un par de días. El que hayan detenido al presunto autor intelectual de la matanza de Acteal, Antonio Santiz, precisamente el día en el que se cumplían 10 años de esta atrocidad cometida por el PRI con el completo conocimiento del gobierno de ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, resultaba una mera CORTINA DE HUMO.
Literalmente no se le podrá juzgar a Antonio Santiz por la matanza de Acteal por la sencilla razón de que el PRI ya lo absolvió de toda culpabilidad hace 10 años. El arresto en realidad fue por denuncias que no tienen nada que ver con Acteal--aunque los medios chayoteros, como el MIERDENIO, lo presentaron como si se hubiera tratado de un arresto relacionado con Acteal.
El Frayba toma con recelo la captura de Santiz López isaín mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 24 de diciembre (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró “sospechosa” la captura de Antonio Santiz López, el mismo día en que se cumplieron 10 años de la masacre de Acteal, el 22 de diciembre pasado, mientras que para el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, la detención es “un paso importante” para la solución del caso.
Santiz López fue detenido el pasado sábado por los presuntos delitos de robo con violencia y lesiones en agravio de miembros de la sociedad civil Las Abejas antes de la masacre en la que murieron 45 personas. Las autoridades lo identifican como el autor intelectual, pero el inculpado fue absuelto de esa acusación en 2001, por lo que no podrá ser juzgado nuevamente.
Según Itzel Silva Monroy, miembro del equipo jurídico del Frayba, y abogada de las víctimas sobrevivientes de la masacre, la captura de Antonio Sántiz “por los elementos dados hasta ahora, parece que la Fiscalía para el Caso Acteal, las autoridades chiapanecas pretenden reforzar la hipótesis del enfrentamiento que tanto arguyen jurídica y políticamente el CIDE y el escritor Héctor Aguilar Camín”.
“Si la fiscalía chiapaneca lo que quiere es llegar a que todo tuvo un origen en una disputa intercomunitaria, no llegaremos realmente al fondo del asunto, de que Acteal fue la cúspide de una estrategia de contrainsurgencia, desarrollada por el gobierno mexicano a través de sus fuerzas armadas para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”, precisó la abogada..
Sin embargo, para el obispo Felipe Arizmendi, representa un paso hacia el esclarecimiento de los hechos, y consideró “positivo” que la Fiscalía haya determinado citar al exgobernador Julio César Ruiz Ferro para que declare sobre la masacre.
En entrevista, al término de la misa celebrada en la catedral de San Cristóbal con motivo de la Navidad, Arizmendi Esquivel demandó a las autoridades realizar las investigaciones con veracidad y justicia; y pidió a la sociedad, confiar en las instituciones.
La captura
Antonio Santiz fue detenido como consecuencia de las declaraciones de Roberto Méndez Gutiérrez y Lorenzo Pérez Vázquez –presos en el penal de El Amata--, quienes lo involucran como el principal “agitador” y responsable de armar y organizar a los indígenas que perpetraron la matanza el 22 de diciembre de 1997, según consta en el expediente del caso.
Asesorados por el abogado de la “clínica jurídica” del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Javier Cruz Angulo, Méndez Gutiérrez y Pérez Vázquez testificaron ante el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores, y acusaron a Santiz López, quien aun cuando fue absuelto por los tribunales federales, tiene pendientes tres órdenes de aprehensión en su contra, emitidas por el juez penal del Fuero Común.
Los delitos de robo con violencia y daños en perjuicio de miembros de la organización Las Abejas por lo que Santiz López está detenido, constan en los expedientes 465/2000, 469/2000 y 477/2000.
Es decir, no lo capturaron como autor intelectual de la masacre, sino por delitos que podrían alcanzar fianza como robo y daños, pues por el de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego ya fue exonerado por la justicia federal.
Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Roberto y Lorenzo, las cuales obran en el expediente, Santiz López organizó al grupo que participó activamente en la masacre.
Antonio Santiz López aparece por vez primera en el Libro Blanco de la PGR en la página 59. Se dice que tras la realización de una asamblea en el ejido Miguel Utrillas Los Chorros, los priistas se reunieron para discutir un plan de defensa ante las presuntas amenazas de los zapatistas.
“Antes de terminar la Asamblea arribaron hasta ese lugar Antonio López Santiz (sic) –que goza de recursos económicos y de gran influencia en el ejido- y Diego Hernández Gutiérrez, acompañados por un grupo de aproximadamente 30 personas, todas de la misma comunidad, quienes reclamaron al comisariado ejidal por no defender a su gente y darles guerra a los zapatistas”, apunta el Libro Blanco.
Antonio Santiz se convirtió así en el líder de quienes coincidían con él en la necesidad de organizarse y hacer frente a los zapatistas que les habían causado varias bajas. Obligó a todos a dar cooperación, so pena de ser castigados y humillados públicamente. Comisionó a otros a ir a comprar las armas al barrio La Hormiga, de San Cristóbal de Las Casas, una colonia formada por indígenas chamulas expulsados por su credo religioso.
Antonio Santiz López, contaba con el apoyo de un grupo de agentes de Seguridad Pública para ir a comprar a las armas a San Cristóbal de Las Casas, el comandante Felipe Vázquez Espinosa, quien estuvo preso y también fue liberado ya.
El comandante Vázquez Espinosa y sus 17 hombres uniformados de azul custodiaban las camionetas donde los priistas llevaban los costales con armas; en Miguel Utrilla Los Chorros los traspasaba a la camioneta oficial para evadir la revisión en los retenes militares.
Entre septiembre, octubre y noviembre, organizó un grupo de defensores (“pojwanejetic”, en tzotzil). Quienes hacían guardia atrincherados en las orilla del ejido Miguel Utrilla Los Chorros, custodiaban comunidades bajo amenazas de los zapatistas, custodiaban vehículos.
A Santiz López rendían sus informes y partes de patrullajes los nueve “defensores” que custodiaban la zona, a decir de Roberto y Lorenzo en su más reciente declaración ministerial.
Ahora nuevamente está preso, pero por delitos que podrían dejarlo en libertad nuevamente, robo con violencia y daños.
La realidad es que este arresto no es otra cosa, como dije, más que una CORTINA DE HUMO para que parezca que hay interés en resolver el asunto por parte del CEROTE CON PATAS. Pero como varios integrantes de su gabienete, incluyendo a Luis Téllez, Javier Lozano, la tonina Carstens, Miguel Ángel Yunes, y varios etcéteras son priistas (y exsecretarios de estado de Zedillo, en cosos como el de Téllez) pues obviamente no van a responsabilidar al verdadero culpable de la matanza de Acteal: Ernesto Zedillo.
La impunidad disfrazada de spot de televisión, pues.
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