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lunes, enero 29, 2007

¿LIBERTAD DE PRENSA?







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lunes, 29 de enero de 2007

Jesús González Schmal

Mientras en Alemania Felipe Calderón engolaba la voz para contestar a los reclamos de manifestantes en su contra por la violación de derechos humanos en México, diciendo que atendería de inmediato las observaciones que al respecto se hicieran a su gobierno; al mismo tiempo, en el país, se daba la noticia de que el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) de la Procuraduría General de la República, ratificaba su renuncia al cargo, que ya había presentado desde el 27 de diciembre.

El doctor en derecho David Vega Vera había sido nombrado Fiscal Especial en marzo de
De la recopilación de información sobre casos de periodistas agredidos y asesinados en el sexenio se encontró la impresionante cifra de 76 casos que rompían cualquier precedente en México y que nos ubicaba como segundo país en el mundo en la vergonzosa lista de atentados contra periodistas.

En México, incluso, la cifra se agravaba porque también se estaba atacando a las casas editoriales de periódicos locales, lo mismo en Tamaulipas que en Chiapas y Oaxaca. Por ello, la anterior Cámara de Diputados desplegó la labor necesaria para articular las medidas urgentes para evitar que tales crímenes siguieran ocurriendo, a partir de que los anteriores fueran investigados y aprehendidos los responsables.
Fue en esta línea que se propuso la creación de una Fiscalía Federal Especializada.

No era porque se creyera que en la PGR los casos de corrupción no se dieran, ni porque fueran más eficaces en las investigaciones que en las procuradurías de los Estados, sino porque la mayoría de los crímenes contra periodistas se realizaban por o en contubernio con las autoridades locales a las que eran más ajenas los ministerios públicos federales.

Además, porque el tipo de delito requería para su atención de personal especializado que se tendría que preparar y capacitar en muy breve tiempo.

Rafael Macedo de la Concha fue abordado por la comisión o grupo de trabajo de los diputados federales y convencido de que la creación de una fiscalía era la respuesta frente al grave riesgo de que con la amenaza permanente a la prensa, los periódicos y revistas simplemente dejarían de ser el instrumento ciudadano para conocer y presentar denuncias contra el narcotráfico, el crimen organizado, peculados y asociación delictuosa de autoridades y traficantes.

De no detenerse tan ominosa práctica, en poco tiempo los medios de información se reducirían a ser suplementos de sociales o de noticias frívolas, sin prestar servicio a la seguridad, justicia y democracia en las comunidades donde actúan para crear conciencia del bien y hacer censura pública de los enemigos de la sociedad.

El entonces procurador Macedo de la Concha, a pesar de los límites presupuestales, accedió a corresponder la petición de los legisladores y en breve tiempo se creó la Fiscalía Especial con el acierto de nombrar en la responsabilidad del cargo a un catedrático universitario, independiente, calificado y con clara visión de la trascendencia de su tarea. Los esfuerzos comprometidos fueron muy serios, se esclarecieron varios crímenes y desapariciones, lográndose conformar un equipo técnico que ofrecía un futuro promisorio para acabar con la impunidad en esa actividad crucial de la vida nacional.

El caso es que, llegando Calderón, empezando con el despliegue de fuerza militar, intimidación a periodistas y amagos a la libertad de prensa; pasó a segundo término la conquista que se había logrado por un afortunado acuerdo entre la PGR y la Cámara de Diputados.

No duró un año la actividad de la Fiscalía cuando, con el nuevo régimen y nada menos que con Juan de Dios Castro Lozano como subprocurador de Derechos Humanos, Medina Mora decide darle puntilla presupuestal a la FEADP y con ello a la última esperanza de protección a periodistas y medios de información.





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