DEL PROCESO SEMANAL

Mouriño "aplasta y aniquila"
Álvaro Delgado y Rosa Santana

CAMPECHE, CAMP.- “¡Es el aplastamiento, el exterminio, la aniquilación!”, truena Jorge Nordhausen González sobre su deposición como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en esta entidad y su reemplazo por Nelly Márquez Zapata, incondicional de Juan Camilo Mouriño Terrazo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien aquí consolida su feudo político y económico.

El hombre más poderoso después del presidente Calderón tiene a su cargo el control del gabinete: a través de él se impidio que la negociación del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados se saliera de control. Frenó cualquier intento de los secretarios de Estado de emitir opiniones personales. Es, también, a través de él cualquier tramite de los integrantes del gabinete con la Presidencia. Por si faltara algo, controla y supervisa la información que llega y sale de la Presidencia.

“¡Se trata de aplastar, de aniquilar, de exterminar!”, insiste Nordhausen, quien se asume como el presidente real del PAN y tilda de “usurpadora” a Márquez Zapata, coordinadora de la campaña de Felipe Calderón en Campeche e impuesta por Mouriño, quien ya sumó a sus boyantes negocios el control de ese partido, que aquí padece –como en otros estados del país– una férrea disputa intestina.

“Todavía no toman el poder y ya quieren ejercerlo. Ustedes quieren convertir al PAN en un partido de Estado”, le dijo Nordhausen a Carlos Mouriño, el hermano mayor de Juan Camilo y emisario de éste para exigirle la renuncia, en agosto del año pasado, cuando comenzó a hacer sentir su fuerza, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni siquiera había emitido su fallo sobre la elección presidencial.

“Ahora sí que está tan jodida la cosa, que un cabrón que ni siquiera es miembro activo viene a pedirme a mí, al presidente del partido, que renuncie. Pues no”, le respondió Nordhausen en esa ocasión a Carlos Mouriño, y después se lo dijo directamente a Juan Camilo, episodios sobre los que narra a Proceso abundantes detalles y que evidencia la riña por el gobierno estatal.

Sin embargo, mediante diversas maniobras, intrigas y aun ofrecimiento de cargos en las delegaciones del gobierno federal a los consejeros, Mouriño logró destituir a Nordhausen tres días después de entrevistarse con él, el 3 de septiembre, y nombrar a Márquez como presidenta interina el domingo 7 de enero, en un pleito trasladado al TEPJF y ante el que la dirigencia nacional, que encabeza Manuel Espino, se mantiene cautelosa.

Nordhausen promovió un recurso ante el TEPJF para impugnar su destitución del 3 de septiembre y la instancia le dio la razón, pero Mouriño –a quien con sorna llama “vicepresidente”– maniobró desde la Presidencia de la República para imponer a Márquez Zapata, lo que implica un desacato al mandato judicial, que está siendo combatido en ese órgano jurisdiccional.

“La vida es muy rara. Los que hicieron presidente a Jorge Nordhausen me hicieron presidenta a mí. ¡Tan sencillo como eso!”, responde Márquez, empresaria pesquera y con apenas cuatro años de militancia en el PAN, quien no escatima elogios a Mouriño –“hombre brillante”, con un “trabajo extraordinario” y un “reconocimiento enorme en Campeche” –, a quien deslinda de la maniobra.

“A Jorge no lo mueve de su posición Juan Camilo, lo mueve el estatuto. Los consejeros lo único que hicieron fue cumplir el estatuto”, insiste Márquez, afiliada al PAN desde agosto del 2004 y cuya familia estuvo vinculada al priismo estatal, como buena parte de la élite que ocupa prominentes posiciones en el PAN.

En términos legales, el problema es la interpretación del artículo 89 de los estatutos del PAN, que prohíbe al presidente estatal del partido ejercer simultáneamente un cargo de representación popular que implique viajar fuera del territorio campechano, lo que Nordhausen hizo sin problemas durante casi dos años mientras fue senador.

Sin embargo, la reyerta es política entre los dos bloques hegemónicos que ambicionan controlar al PAN en Campeche para definir al candidato a la gubernatura, que se disputará en dos años y que dan por hecho, ganarán. Esto es lo que ha dado lugar al absurdo de que haya dos presidentes.

“En ninguna parte de los estatutos y reglamentos del partido se menciona que puede haber dos presidentes: uno en funciones, que soy yo, y otro interino, que es ella”, afirma Nordhausen, quien ganó ante el TEPJF el juicio para concluir el período por el que fue electo y que concluye en julio.

Y después de que Márquez asumió el cargo, en el que pretende reelegirse, Nordhausen promovió ante el TEPJF dos recursos: uno, para ser ratificado como presidente en funciones con el fin de concluir su período, y el otro, para anular la elección de la presidencia interina, porque –insiste– “en ninguna parte de los estatutos se habla de que puede haber dos presidentes”.

–¿Ella está usurpando el cargo?

–¡Así es! Nelly Márquez es presidenta legítima, así como Andrés Manuel López Obrador –dice burlón–. Sólo López Obrador y Nelly se ostentan como presidentes legítimos, desafiando a la autoridad judicial.



Negociación frustrada



La pugna intestina en el PAN campechano, de por sí habitual entre los grupos de Ciudad del Carmen y la capital, se recrudeció después de las elecciones federales del 2 de julio y ante la elección de gobernador, 11 alcaldes y el Congreso, que se llevará a cabo dentro de dos años y medio.

A finales del año, en la cumbre de su poder como jefe de la Oficina de la Presidencia, Mouriño vino a pasar las fiestas de fin de año a Campeche –que incluyó incursiones en la discoteca de moda– y anticipó la conquista del gobierno estatal: “Vamos por todo en el 2009”, afirmó.

El PAN, sin embargo, padeció un retroceso en las elecciones del 2 de julio al perder cinco de los seis municipios que gobernaba –sólo retuvo Ciudad del Carmen y ganó Candelaria–, mientras que López Obrador se impuso en la elección presidencial, lo que aceleró la batida del grupo de Mouriño contra Nordhausen.

El 29 de agosto, Juan Camilo Mouriño envió como emisario a su hermano mayor, Carlos, para solicitarle a Nordhausen –tamaulipeco avecindado en Campeche– la renuncia a la presidencia del PAN, en una reunión que se efectuó en la isla de Carmen y en la cual estuvo presente Juan Carlos del Río González, excandidato la gubernatura y candidato perdedor a diputado.

La reunión se celebró en la residencia de Del Río, en un exclusivo fraccionamiento de la isla, y ahí Carlos Mouriño –encargado de los negocios de la familia– le habló a Nordhausen de la “necesidad” y la “conveniencia” de que se separara “ya” del cargo.

–Mi período termina el próximo año –respondió Nordhausen.

–Pero queremos que ya te vayas –atajó, imperativo, el español.

–Déjame terminar el año y en enero me voy –intentó negociar Nordhausen.

–No, no, no. Ya tienes que irte –insistía Mouriño.

–Bueno, entonces, ¿qué te parece si me voy en diciembre? –ofreció el tamaulipeco.

–No, no, no

–En noviembre…

–No, no, no.

–En octubre…

–No, no, no.

–Bueno, ¿qué se traen entre manos? ¿Por qué quieren que me vaya del partido así como así?

Y en un súbito cambio de táctica, el hermano del nuevo jefe de la Oficina de la Presidencia –quien en 1997 no vaciló en alterar su documentación migratoria para poder irrumpir en la política mexicana (Proceso 1546)– pretendió negociar un reparto de posiciones políticas al interior del PAN entre el grupo de los Mouriño y el de Nordhausen.

La oferta era respaldar el nombramiento del diputado Mario Enrique Pacheco como coordinador de la bancada panista en el Congreso local, a cambio de que el grupo Carmen aceptara la designación de la diputada local y empresaria pesquera Nelly Márquez como presidenta del PAN. La otra opción era a la inversa.

“¡Primero muerto que aceptar que esa traidora sea coordinadora de los diputados! Si por mí fuera, ella ni siquiera hubiera sido diputada. Todo el mundo sabe que aquí, en Carmen, trabajó a favor de la coalición”, reviró Nordhausen, y, señalando a Del Río, sostuvo que, “este señor tiene que agradecerle el haber perdido el distrito”.

Un día antes del encuentro con Carlos Mouriño, Nordhausen había estado en el Distrito Federal para entrevistarse con José Espina, secretario general del PAN, y Héctor Larios, coordinador de los diputados federales, quien lo había designado secretario de la Mesa Directiva, cargo que no aceptó para no separarse como presidente de ese partido en Campeche por la interpretación del artículo 89 del estatuto.

“A partir del primer minuto del 1 de septiembre, me quedo con un solo cargo para que no haya ninguna duda”, les dijo Nordhausen a Espina y a Larios.

–Oye, Jorge, pero si a ti te va a tocar recibirle el informe al presidente Vicente Fox en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, porque no va a poder entrar.

–Vas a tener que poner a otro, porque yo ahorita me voy a Campeche y me quedo como presidente del partido.

Del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Nordhausen se trasladó a la Casa de Transición de Felipe Calderón, en donde despachaba Mouriño, quien lo recibió después de tres cancelaciones y a quien le comunicó que no asumiría la diputación para seguir en la presidencia del PAN.

–¡Pero si vas como secretario de la Mesa Directiva! –lo cortejó Mouriño.

–¡Cámbiame la zanahoria, porque ésta no tiene ni color ni sabor! –le respondió Nordhausen, quien describe a Mouriño, en ese momento, recargado en su asiento y con los pies en el escritorio.

“Yo quiero ir a la Cámara de Diputados para estar como tú, despatarrado, moviendo la patita, hablando por celular, o lo que sea, y tú me estás mandando como secretario a la Mesa Directiva, donde tengo que estar rígido todo el tiempo, sin poder bostezar ni hablar por teléfono ni nada, y cuando esté leyendo un documento en tribuna, nadie me va a hacer caso. Entonces no, cámbiame la zanahoria.”



Ya nos matamos



En esa charla, ambos hablaron de la candidatura para gobernador, que ambos ambicionan, aunque Mouriño se descartó para la de 2009. “Él mismo me lo dijo, y es natural: si en la posición donde está le va muy bien, como yo espero, no le conviene venir de gobernador. Campeche es el 0.75% del país y él trae las riendas del país entero, es casi presidente. Y si le va muy mal, ya ni siquiera viene”.

Sin embargo, afirma, Mouriño busca imponer al candidato panista a gobernador: “Él está proyectando, no sé si de veras o como bluff, a tres: el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Mario Ávila Lizárraga; Nelly Márquez, quien se autonombra ‘la buena’ de Mouriño, y el tercero es su cuñado Gabriel Escalante”.

–¿Les ve usted tamaños?

–Para la interna, me gustaría cualquiera de los tres, aunque sería mejor Juan Camilo, para ganarle de una vez.

Mouriño evadió ese reto, cuando se le presentó en la disputa por la presidencia del PAN: “Le dije: ‘Oye, Juan Camilo, ¿por qué no le entras tú, de una vez para que se vaya viendo de qué color pinta el camaleón? Yo quiero contigo, no me mandes sparrings’”.

Nordhausen está consciente de que él podría, eventualmente, no ser el candidato, pero también perfila a quienes son de su grupo. Uno es Sebastián Calderón, exalcalde de Ciudad del Carmen, exdiputado federal y senador, presidente de la Comisión de Marina en ambas cámaras del Congreso, y el otro es su sucesor en la alcaldía, Ignacio Seara.

Márquez Zapata, sin embargo, minimiza el conflicto y asegura que Nordhausen “está inquieto” por no haber respetado los estatutos del PAN, y deslinda a Mouriño, de quien se dice amiga, aunque aclara: “¡No soy incondicional! Me he caracterizado por luchar en lo que creo y no soy ciega a nadie”.

Como su sucesora, quien es propietaria de barcos camaroneros, Nordhausen es también empresario y señalado como traficante de influencias –desde su posición como presidente de la Comisión de Energía del Senado– para obtener contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus empresas, fundadas en la década de los ochenta, una sospecha que gravita en este conflicto interno.

Por ejemplo, según información oficial, la empresa Suministros Industriales Carrizales, S.A. de C.V., obtuvo 37 contratos de Pemex entre 1987 y 1999, pero a partir de 2000, ya con Nordhausen como senador, el crecimiento de la compañía fue de más de 1000% anual: en cuatro años obtuvo 162 contratos de la paraestatal.

“Dicen que trafico influencias como senador y como diputado federal, pero desde 1999 yo ya estaba retirado de la actividad empresarial, cuando ocupé esos cargos. ¿Cómo puedo traficar influencias? Yo obtenía los contratos de Pemex de la misma manera que ahora los obtienen mis hijos: concursando, licitando. Igualito.”

Para Nordhausen, es hondo el conflicto en el PAN, no sólo en Campeche, y alude al caso de su tocayo Jorge Bajos Valverde, diputado panista de Guerrero, presuntamente ejecutado por sus correligionarios: “Yo decía que en el PAN podemos discutir con pasión e intensidad, pero no nos matamos como en el PRI. Ya no puedo decir eso. Me da pena, la verdad. No me queda otra, como panista, que ofrecer una disculpa a la sociedad mexicana. No tengo cara”.

En el caso de Campeche, dice, es falso que haya violado los estatutos, lo que motivó su destitución del cargo, en septiembre, y luego la imposición de Márquez Zapata por parte de Mouriño, es un episodio que tiene que ver con el establecimiento de los “límites de la jurisdicción de lo que es Presidencia y lo que es el partido”.

–Entonces, ¿por qué el empecinamiento de Mouriño?

–¡Porque es el aplastamiento, el exterminio, la aniquilación! ¡Se trata de aplastar, de aniquilar, de exterminar!

–¿Pasa eso en un partido que se dice democrático?

–Lo que pasa es que no son las instituciones las que están mal, son las personas. Dicho más coloquialmente, más a la campechana, el PAN es la mejor institución política, pero adentro tiene a uno que otro hijo de puta. No son palabras mías, son del jefe nacional, de Manuel Espino.


Los vecinos ricos
Álvaro Delgado y Rosa Santana

CAMPECHE, CAMP.- Localizada al oriente de esta capital, en la salida a Mérida, Yucatán, Imi es una diminuta comunidad rural de medio millar de habitantes y desprovista de servicios básicos, con sólo una avenida pavimentada y que se abastece de agua potable de un pozo.

Pero Imi acoge también la opulencia de las familias adineradas del estado, que aquí han edificado, en el presente lustro, sus residencias y villas de descanso.

Aquí tiene su casita el clan Mouriño, que encabeza el patriarca Manuel Carlos Mouriño Atanes, el repentino magnate español que se convirtió en promotor de Vicente Fox en 2000 y a quien le sigue sonriendo la suerte: el Grupo Energético del Sureste (GES), que maneja su hijo mayor y homónimo, sigue siendo próspero y en España, donde ya reside, adquirió –entre sus múltiples negocios– el equipo Celta de Vigo de futbol.

Pero su fortuna también es política: su hijo menor, Juan Camilo Mouriño Terrazo, también nacido en España, es el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

La prosperidad de la familia se refleja en la finca que aquí adquirió en 2003, aunque en el Registro Público de la Propiedad de la capital no está a nombre de los Mouriño. En su larga fachada hay dos accesos y en cada uno está inscrita, en letras de hierro, el nombre de la propiedad: Villa Gely, en honor de María de los Ángeles Terrazo, la esposa de Mouriño Atanes.

La mujer de Juan Camilo también se llama así, lo mismo que la hija de ambos, de siete años de edad, quien la noche del viernes 19, en Villa Gely, fue coronada como Nuestra Belleza Infantil, ni más ni menos que por Lupita Jones, la única Miss Universo que ha tenido México y coordinadora nacional del concurso Nuestra Belleza.

La coronación de la nieta de Mouriño Atanes –quien junto con su esposa vino desde España– y del prominente constructor Gabriel Escalante fue todo un acontecimiento en la sociedad campechana: se giraron 600 invitaciones a la fiesta amenizada por el grupo juvenil Jeans, que animó también actos en la campaña de Calderón.

Aunque era una fiesta infantil, la celebración congregó a la clase política campechana, empezando por el gobernador, Jorge Carlos Hurtado, miembros de su gabinete y delegados federales que fueron resguardados por decenas de guardias de seguridad privada a las órdenes del Estado Mayor Presidencial (EMP). Hasta los despachadores de las gasolinerías de los Mouriño fueron habilitados como guaruras.

El espacio para acoger a tantos invitados para el festejo de María de los Ángeles Mouriño Escalante no fue problema: la propiedad es extensa y desde hace cuatro meses, justo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) legalizó el triunfo de Calderón, las obras se han acelerado.

El terreno tiene casi 200 metros de frente y otros tanto de profundidad, en torno de la cual cuadrillas de trabajadores tendieron alambrado de púas de mayor altura que los muros de roca. Trepándose a los árboles es posible apreciar algunos detalles.

Al fondo, la casa de descanso hay huertos y amplios jardines con pasto impecablemente podado, donde se instalaron juegos infantiles, entre ellos puentes colgantes y hasta una pista de go-carts.

Más al fondo se levanta un cortijo con motivos españoles y también caballerizas para las cuadras de animales finos (por lo menos 20). Ha crecido la caballada y los alarifes construyen, en el rincón de la propiedad, casi para llegar a la carretera federal, instalaciones nuevas, de mayor amplitud y altura.

Las obras de ampliación requieren de maquinaria pesada para remover las grandes rocas que estorban la apertura, ya en funcionamiento provisional, de un nuevo acceso a la residencia de los Mouriño. La entrada será por detrás de la propiedad, por la carretera federal a Mérida, para evitar la estrecha calle de acceso a la comunidad de Imi, en la que además proliferan los topes.

El nuevo acceso, sin embargo, se ubica a unos 200 metros del basurero municipal, que en verano despide olores putrefactos y cuya clausura, según el cuerpo edilicio, está en marcha.



El “PRIAN” campechano



Inscrita en la Reserva de la Biosfera de Los Petenes, Imi es una comunidad de contrastes. Junto a la ostentación de familias como los Mouriño, habita medio millar de personas que carecen de servicios básicos, como agua entubada y pavimentación.

“A sabiendas de que tienen bastante dinero, y ahora tienen una elevada posición política, en alguna ocasión intentamos contactar al dueño de la Villa Gely para ver si de alguna manera nos podía apoyar para hacer mejoras a la comunidad, pero no hubo respuesta. No se nos atendió”, lamenta el agente municipal de Imi, Gabriel Martín Mendoza, quien asumió el cargo hace apenas unas semanas.

La pequeña localidad, fraccionada en tres porciones (Imi I, Imi II e Imi III, en referencia a sus tres entradas), carece de agua potable: “Aquí nos abastecemos con agua de pozo”, dice Mendoza. El alumbrado público y pavimentación son escasos.

Pero al menos hubo una buena noticia: después de años de gestiones, se instaló el tendido telefónico. “La llegada a la zona de personas influyentes ayudó”, reconoce el agente municipal, quien expone que otro aspecto positivo es que, con el arribo de la gente adinerada, los predios han elevado su valor y “por eso mucha gente ha vendido”.

Y sí. A unos 100 metros de la finca de los Mouriño está la Casa Sol, propiedad de Jorge Baqueiro Cáceres, directivo de organismos patronales que súbitamente ingresó al PAN, junto con muchos expriistas que, al mismo tiempo, eran empresarios venidos a menos.

“En 1997, llega un grupo de ilustres empresarios en bancarrota y se adueñan del partido. Este es el inicio de las pugnas que ahora estamos viendo. El PAN se está vendiendo al mejor postor. Llegan, entre otros, Jorge Baqueiro, Rodolfo Ceballos Esponda y los Mouriño”, recuerda al respecto Samuel Dzib Cambrani.

Baqueiro tuvo tan buena suerte que, en 1997, fue designado presidente de su nuevo partido con la anuencia de Calderón, que lo dirigía a nivel nacional, pese a que no cumplía los requisitos de militancia que exigen los estatutos del PAN, lo que provocó un conflicto interno en lo que era, entonces, delegación estatal del PAN, cuyo secretario general y presidente en funciones saliente era Dzib Cambrani.

En desacuerdo por la imposición de Baqueiro, Dzib renunció al PAN junto con el también diputado Víctor Castro, que junto con Mouriño integraban la bancada en el Congreso local.

–El presidente nacional era Calderón.

–Sí. Es el período donde se empiezan a dar los primeros pasos para que gente con capital empiece a llegar al partido, y que ha generado una serie de confrontaciones. Salvo algunas personalidades, que sin ser empresarios han logrado algunos cargos de elección popular, la mayoría son de la élite empresarial.

Exdirigente de la Coparmex, Baqueiro Cáceres fue, en el gobierno de Vicente Fox y ahora con Calderón, delegado de la Secretaría del Trabajo, mientras que Ceballos Esponda –constructor consentido de los gobiernos priistas– lo es de la Secretaría de Economía, quien sustituyó a José Lavalle Pinzón, hermano de Juan Carlos, exdelegado de Banobras, suplente de Mouriño como diputado federal y perdedor en las elecciones para alcalde.

Aunque José es priista, los dos hermanos son allegados a Mouriño y son hijos del prominente priista Jorge Luis Lavalle Azar, coordinador de asesores del gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado, quien fue contador de Mouriño Atanes, según información de políticos campechanos.



Mouriño despide a Calderón



La conversión de priistas al PAN es amplia. Benjamín Azar García, hermano del exgobernador Jorge Salomón, es un militante distinguido y propietario de la empresa de seguridad que contrató de inmediato Nelly Márquez al asumir la presidencia estatal panista.

Incluso, Cindy Sarabia López, quien integró la delegación estatal del PAN en Campeche cuando el delegado era el tabasqueño Gerardo Priego Tapia, en 2003, es consejera electoral estatal.

“Considero que no habrá ni 10% de gente que haya estado militando en el PRI y que ahora esté militando en Acción Nacional”, considera, sin embargo, la presidenta del PAN en el estado, Nelly Márquez. Pero ella misma es una de las nuevas panistas: expresidenta de la Cámara de la Industria Pesquera, cuyo padre estuvo vinculado a los gobiernos priistas, minimiza su pasado y su reciente incorporación al PAN, al que se afilió en agosto de 2002. Dice que por trabajar con los gobiernos priistas se creía que pertenecía al tricolor, pero que no fue así.

Márquez, quien fue invitada a la fiesta de la hija de Juan Camilo Mouriño en la Villa Gely, no cabe en elogios: “Ojalá vinieran más Mouriños a invertir, a profesionalizar empresas, a darle oportunidad a los profesionistas. En esa empresa, a todos los empleados los están preparando constantemente. En Campeche, empresas como esa, no hay”.

Pero, el viernes 19, se hizo público el caso de un trabajador que trabajó 10 años en el GES de los Mouriño, en jornadas laborales de 11 horas y sin descanso. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje le dio la razón para que sea liquidado con 131 mil pesos. El ganador del litigio se llama… Felipe Calderón. Sí, así se llama.


..Y mientras tanto, en el rancho...
Verónica Espinosa

SAN CRISTÓBAL, GTO.- En sentido opuesto a la frenética actividad, la infinidad de discursos, el millonario gasto publicitario, las innumerables giras y viajes que particularmente en la última etapa de su sexenio derrocharon Vicente Fox y su esposa, la pareja expresidencial guarda ahora el mayor hermetismo: nada declara a los medios de comunicación los domingos al salir de la misa matinal, y menos aún cuando se le pregunta sobre el megaproyecto que ya se anuncia como “Centro Operativo San Cristóbal”.

Foxilandia, como ya se le conoce en Guanajuato.

Desde ahí, Vicente Fox reparte su agenda entre las conferencias que literalmente se ponen en oferta en otros países –como lo reportó el corresponsal de Proceso Jesús Esquivel desde Washington–, la supervisión de las obras y la redacción de un libro. En esto último avanza con el apoyo de un asesor estadunidense que está en el rancho.

Algunos servicios del centro –según diversas fuentes que no son los Fox-Sahagún– serán una biblioteca digitalizada y con tecnología de punta para ser consultada en línea; un museo en el que se expondrá la colección de objetos y regalos recibidos por el expresidente –algunos de los cuales tendría que haber devuelto en virtud de que rebasaron el tope máximo permitido para el Ejecutivo–, aulas para el centro de estudios sobre la democracia, estacionamiento, sanitarios, cafetería... Se habla incluso de la posibilidad de construir un hotel.

En los primeros días de diciembre, Proceso informó que Vicente Fox contaba ya con el apoyo y la aprobación de sus hermanos para darle ese destino a una extensa área (que, ahora se sabe, abarca casi 6 mil metros cuadrados) de los antiguos establos y caballerizas de la hacienda de San Cristóbal, el casco que conservó su padre José Luis Fox Pont y que habitó hasta su muerte, a mediados del año pasado, la señora Mercedes Quesada viuda de Fox.

El proyecto es auspiciado en su totalidad con recursos privados, cuyo monto se desconoce, y corre a cargo de un patronato en el que sólo se sabe que participan algunos de los más prominentes empresarios de México. En las columnas de algunos medios locales se han mencionado como mecenas a personas favorecidas por el matrimonio Fox Sahagún desde la Presidencia, como Roberto Hernández y Olegario Vázquez Raña.

Mientras tanto, no termina la transformación que la comunidad de San Cristóbal ha vivido desde que Vicente Fox se convirtió en gobernador de Guanajuato. Al parecer, es la imagen que el expresidente mostrará a quienes visiten o utilicen los servicios del centro de estudios, como hizo Carlos Salinas de Gortari con Agualeguas.

Por ejemplo, la carretera León-Cuerámaro acaba de ser ampliada a cuatro carriles en un primer tramo, casi hasta llegar a San Cristóbal, con un camellón central al que una cuadrilla de trabajadores todavía le está colocando pasto y árboles, mientras termina de pintar las líneas de los acotamientos.

Estas obras fueron licitadas en los últimos días de la administración del exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, y en su ejecución y supervisión participan los municipios de León y San Francisco del Rincón, informó la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

El acceso principal de la comunidad ya suma cinco topes desde la entrada hasta las puertas de la hacienda de San Cristóbal, frente a la cual está el módulo construido por la Comisión Estatal del Deporte, una obra programada también por Romero Hicks y que tan sólo en su primera etapa requirió una inversión de más de 3 millones de pesos.

Por cierto, este módulo –que cuenta con campo de beisbol, futbol, pista de atletismo, área de juegos infantiles y cancha de volibol en arena– fue inaugurado por el propio Fox a comienzos del año pasado. Pero actualmente está cerrado, pues se están construyendo las instalaciones correspondientes a la siguiente etapa, entre ellas un auditorio que queda exactamente frente al acceso a Foxilandia.

El diario local A.M. informó que, de acuerdo con el permiso de construcción al que dio acceso la Dirección de Obras Públicas de la Presidencia Municipal de San Francisco del Rincón, la construcción del centro de estudios está a cargo del arquitecto Eduardo Magallanes Martínez. Según los cálculos de esa dependencia, Foxilandia podría quedar terminada en un año.



La fundación virtual



Por su parte, desde mediados de diciembre Marta Sahagún trasladó al casco de San Cristóbal las oficinas de Vamos México, que inicialmente se iban a inaugurar en la torre Nissan de León. Sahagún ya estaba promoviendo la ceremonia, pero intempestivamente empacó de nuevo el mobiliario y la papelería para llevarlos a San Cristóbal.

La página de internet de la fundación informa que sus actividades no han cesado; mantiene el mismo directorio (aunque no incluye al director operativo, Alfredo García Padilla Fernández) y da como nuevo domicilio la carretera León-Cuerámaro, kilómetro 13, Comunidad de San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, además de proporcionar un número telefónico para solicitar los servicios.

En las primeras líneas, la página muestra un mensaje que aclara: “No estamos llevando a cabo ningún tipo de sorteo telefónico”, y proporciona algunos números en los que se pueden hacer denuncias al respecto.

El número al que remite la página corresponde al “Centro operativo del rancho San Cristóbal”, que a su vez ofrece las siguientes extensiones: gerencia operativa, administración, donativos, comunicación y academia, asesorías y sistemas.

Fue en la extensión de “asesores” en la que se informó que la fundación actualmente sólo maneja los programas de donación de bicicletas (“Ayúdame a llegar”) y equipamiento de aulas con computadoras, para lo cual se siguen recibiendo donativos que después se canalizan “a las organizaciones sociales que los requieren”.

En el mismo tenor, un comunicado de prensa en la página de internet, fechado el 17 de enero, informa:

“Fundación Vamos México, A.C. reafirma su compromiso de seguir trabajando a favor de los grupos vulnerables en los temas de salud, educación y de apoyo a la mujer… Ha seguido trabajando sin interrupción alguna, dándole continuidad a sus programas y con la condición de transparencia y rendición de cuentas… Labora de manera independiente de cualquier otra fundación u organización alguna. Trabajando con total independencia administrativa y financiera (sic)… No fondea ni fondeará nunca ningún programa o centro alguno más allá de lo que tiene como mandato de la asamblea de sociedades claramente plasmado en su asamblea constitutiva”.

No obstante, la última información sobre donativos que proporciona la página es el informe financiero 2001-2004. Otra página (www.vicentefox.org.mx) se limita a anunciar, sin detalles:

“Próximamente Centro de estudios, biblioteca y museo Vicente Fox Quesada”. La imagen de fondo muestra a un Fox muy concentrado, pluma en mano, haciendo anotaciones sobre un escritorio. Abajo se incluyen algunas fotografías de actividades y giras durante su sexenio, y se sugiere visitar también la página de la Presidencia de la República.

El secretismo



Varios empresarios guanajuatenses fueron invitados a participar en el patronato del centro, pero se negaron.

Y a pesar de la bienvenida que a fines de diciembre, con una comida de carnitas y chicharrón, le brindaron a Fox y a su mujer tanto la dirigencia panista en el estado como el gobernador Juan Manuel Oliva, el acercamiento de éste ha sido mesurado. Tanto, que no tiene intención de destinar recursos del erario para Foxilandia.

Así quedó de manifiesto en la reunión que hace dos semanas sostuvieron los Fox con Oliva Ramírez, a la que acudieron también el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Salvador García, el director del Instituto de Planeación del estado, Luis Quirós Echegaray, y el director del Instituto de Cultura, Juan Alcocer Flores.

Proceso pudo conocer, por uno de los asistentes, que el encuentro se efectuó en el comedor de la casa de los Fox en el rancho La Estancia, alrededor de una mesa de madera con figuras de caballos en relieve. Mientras Vicente y Marta hablaban, ella colocaba sobre la mesa varias láminas con algunos aspectos del proyecto, pero algunos de los presentes ni siquiera alcanzaron a verlas.

La pareja habló sobre la administración de recursos a cargo de un patronato, pero no mencionó el nombre de ninguno de sus integrantes. Al final, nadie quiso hacer preguntas.

Posteriormente fueron llevados al casco de San Cristóbal para recorrer la obra, que aún están en la etapa de limpieza del terreno y extracción de enormes volúmenes de tierra donde se ubicará la biblioteca o el museo subterráneo.

En el ínterin, los presentes vieron pasar a un hombre, al que Vicente Fox –sin presentarlo– señaló como el asesor estadunidense “que me está ayudando a escribir mi libro”.

En opinión del director del Instituto de Cultura, Juan Alcocer –entrevistado por Proceso– dicho encuentro fue “una mera cortesía” del expresidente y su mujer para las autoridades locales, ya que se había divulgado su intención de erigir un centro de estudios o una universidad, pero no se conocían con certeza los planes de los Fox.

“Nos corrió la atención, como autoridades estatal y municipal, de presentarnos el proyecto de lo que va a ser el desarrollo cultural. Cuentan con su propio presupuesto, es una iniciativa particular; son recursos privados en un cien por ciento”.

–¿Los Fox solicitaron recursos públicos o apoyo para el proyecto?

–No, y tampoco se les ofreció. Hubiera sido muy difícil, porque nuestra institución no tiene un presupuesto como para apoyar semejantes proyectos.

–¿Usted asegura que no hay dinero del presupuesto estatal destinado este año a Foxilandia?

–Por lo menos del Instituto de Cultura no. Y que yo sepa, de ninguna otra dependencia. No nos damos abasto con las necesidades que tenemos… además, se trata de un terreno y de un proyecto privado.

Otra fuente del gobierno, que solicitó mantenerse en el anonimato, comentó que en la reunión el gobernador Juan Manuel Oliva nunca demostró intenciones de ofrecer ayuda a los Fox, aunque “se temía que nos fueran a salir con que se trataba de una donación al gobierno del estado, para comprometernos a su mantenimiento. Todos íbamos con la mano agarrada al bolsillo, por eso nadie quiso hacer una sola pregunta”.

En su oficina del Instituto de Cultura, Juan Alcocer refirió que durante la presentación se habló de edificar una sala de exposiciones, una biblioteca como aquellas de Estados Unidos en que se pueden consultar documentos oficiales de los períodos de varios expresidentes, y áreas para impartir cursos, seminarios o conferencias sobre política, democracia y administración pública.

–¿Qué tipo de exposiciones?

–No abundaron en ello. Sé que Fox tiene una colección importante de los obsequios que se le hicieron durante su gestión como presidente, y que cuenta con asesoría de expertos en museografía, seguridad y mantenimiento, lo cual es sin duda lo más costoso de este tipo de proyectos.

–¿Al gobernador no le hicieron alguna petición?

–No sé si le pidieron algún recurso. Presupuesto no nos pidieron a los demás, pero en lo que respecta al Instituto de Cultura, pues aunque lo hubieran hecho, de dónde…

Aunque Alcocer cree que los Fox “no necesitan dinero; nos hablaron de un patronato bastante fuerte, que decide cómo, cuándo, cuánto y a qué horas”.

–¿Sabe usted que el presidente tenía que devolver varios de los objetos que le regalaron, y que ahora podrían aparecer en el museo?

–No. No conozco la normatividad en lo que respecta a los regalos que reciben los presidentes, y como no tengo planes de ser presidente... A mí me parece un deseo altruista de compartir con la población lo que se le ha obsequiado.

–¿Les mostró los regalos?

–-Nada, nada, nada.

–¿Cuándo inician actividades?

–No dijeron. Yo lo veo apenas en el inicio de las obras. Me imagino que van a dar una conferencia de prensa, una presentación…

–No quieren informar nada a los medios.

Acepta el TEPJF el recurso de Proceso
Daniel Lizárraga

Después de que la solicitud para tener acceso a las boletas electorales fuera denegada por el Instituto Federal Electoral con argumentos alarmantes, Proceso recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que proteja el derecho a la información pública, así como los derechos electorales del solicitante. El tribunal aceptó analizar el caso, y tendrá que confirmar o rectificar el criterio de que el acceso a papeles públicos relativos a un procedimiento ya concluido constituye un riesgo para “las funciones primordiales del Estado mexicano”.

El viernes 19 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó analizar el recurso mediante el cual Proceso pretende tener acceso a las boletas utilizadas en la elección presidencial del pasado 2 de julio, a fin de realizar una investigación de corte académico y periodístico que incluye un recuento de los votos.

Este juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) fue turnado con el número de expediente SUP-JDC-19 al magistrado presidente del tribunal, Flavio Galván Rivera, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia y presentarlo a la consideración de sus seis compañeros en una sesión pública.

Independientemente del recuento de los votos, este semanario decidió acudir hasta la última instancia posible en México, toda vez que está de por medio el derecho de los medios de comunicación y de los reporteros de acceder a la información en poder del Estado. En este caso, se trata del contenido de las boletas electorales, aún bajo la custodia del Instituto Federal Electoral (IFE).

En un hecho inédito desde su fundación en octubre de 1996, el TEPJF analizará un caso en el que está involucrado el derecho de acceso a la información pública, plasmado en la Constitución con la Ley Federal de Transparencia.

En diciembre pasado, a nombre de este reportero, se presentó un escrito ante la Secretaría Ejecutiva del IFE para exigir la apertura de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la cerrazón de sus órganos internos para permitir al acceso a las boletas.

En el recurso se argumentó lo siguiente:

El pasado lunes 18 de diciembre a las 13:00 horas, fui notificado oficialmente de la resolución de la Comisión de Transparencia del Instituto Federal Electoral (la cual anexo el documento original) marcada con el número de expediente CCTA-REV-14/06.

En ella, la citada Comisión de Transparencia del IFE me informó que se declaró infundado, por mayoría de votos, el recurso de revisión en contra de la resolución del Comité de Información con fecha 5 de septiembre del 2006, identificada con el número CI83/06.

El pasado 8 de agosto del 2006 solicité al IFE acceso a los sobres con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos de todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio del 2006, en todo el país, para la elección de presidente de la República.

Por definición –de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia– toda información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, es pública, salvo las excepciones que contiene la propia norma. En este sentido, hago las siguientes precisiones:

–El IFE estaba obligado a acatar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con base en su propio reglamento.

–No se estaban solicitando datos personales de los electores, como podrían ser los contenidos en la lista nominal.

–La elección para presidente de la República estaba impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por ello solicité acceso a las boletas electorales inmediatamente después de que el TEPJF concluyera el dictamen, así como la declaración de validez o no de los comicios para presidente de la República.

En este sentido, pedí acceso a las bodegas o las instalaciones de los 300 distritos electorales en todo el país para contabilizar de nuevo las boletas sólo respecto a la votación para presidente de la República.

Aunado a lo anterior, solicité que esta documentación se pusiera a mi disposición en forma ordenada por sección y casillas en cada distrito.

Sin embargo, el rechazo a esta solicitud de información afectó mis derechos políticos. El resultado de la elección presidencial del pasado 2 de julio me generó dudas sobre la forma en que el Instituto Federal Electoral manejó mi voto.

En este sentido, al no permitirme el acceso a las boletas se afectaron mis derechos políticos. Soy un ciudadano que pago impuestos y requiero que las autoridades, en este caso del IFE, rindan cuentas sobre su actuación.

Por otro lado, en el desempeño de mi profesión como reportero, en la revista Proceso, se intentó desarrollar una investigación periodística sobre la elección presidencial del pasado 2 de julio y, en esta lógica, resultó indispensable para ese fin acceder a las boletas utilizadas durante esa jornada.

El rotundo rechazo del IFE a mi solicitud de acceso a la información violó mi derecho, primero como ciudadano, y luego como periodista, a la información bajo su resguardo, en este caso, a las boletas utilizadas para la elección de presidente de la República.

Ante la imposibilidad de acudir a otra instancia judicial sobre la materia y, sobre todo, tratándose de información de corte electoral, acudo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar intervenga en el asunto por medio del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano.

Como reportero no existe más instancia a la cual recurrir a fin de que se garantice mi legítimo derecho de acceder a información electoral bajo la custodia del IFE. Cuando los ciudadanos y los periodistas en general no tienen acceso a información, archivos, documentos y elementos para evaluar el desempeño de sus representantes, la democracia no puede funcionar adecuadamente.

En este sentido, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Para que la prensa cumpla con su función social es necesario que se pueda obtener información, en este caso, electoral. Los medios de comunicación son los más importantes divulgadores de la información en manos del gobierno.

Aunado a lo anterior, solicito ante esta autoridad analizar los argumentos esgrimidos por la Comisión de Transparencia al rechazar la solicitud de información. Entre ellos, subrayo los referentes a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

Según la Comisión de Transparencia, si se facilitaba el acceso a las boletas electorales se pondría en riesgo la gobernabilidad, la legitimidad en las elecciones y la certeza en los resultados.

Desde la perspectiva periodística esto no es posible. Es imposible que un medio de comunicación revierta el resultado de los comicios del pasado 2 de julio. Felipe Calderón Hinojosa ya rindió protesta como jefe del Ejecutivo Federal.

Uno de los principios fundamentales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública consiste en permitir el acceso a expedientes una vez que han concluido los procedimientos, situación que opera en este caso.

El proceso electoral ya concluyó y, en este sentido, la información electoral debe ser pública. En este caso, las boletas utilizadas en las urnas para presidente de la República.



La información corroe al Estado...



El TEPJF aceptó estos argumentos, abrió el juicio solicitado y turnó el expediente al magistrado Flavio Galván Rivera.

Y es que la negativa rotunda del IFE para que este semanario tenga acceso a las boletas electorales se resume así: existen de por medio razones de Estado.

En el texto de 93 páginas mediante el cual el instituto rechazó el acceso a los votos, la Comisión de Transparencia del IFE advirtió que facilitar la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, vulnerar el orden constitucional y poner en riesgo la integración del gobierno.

Y en la última parte de su resolución –tomada por mayoría de votos en la Comisión de Transparencia– el IFE destacó que aceptar la solicitud de acceso a la información afectaría gravemente las funciones del Estado.

Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del Gobierno Federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento del daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.

La Comisión de Transparencia también arguyó que si se permite el acceso a la documentación electoral se podrían vulnerar “los principios rectores de la función electoral”.

La petición original se tramitó desde el pasado 8 de agosto. Casi un mes después, el 5 de septiembre siguiente, el Comité de Información del propio IFE –área encargada de solucionar las solicitudes en primera instancia– argumentó que las boletas no son documentos públicos.

Entonces este semanario apeló el resolutivo; sin embargo, la Comisión de Transparencia –segunda instancia en atender las solicitudes– confirmó que las boletas no son documentos públicos y, además, agregó que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político.

“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral –respondió la comisión–, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la Unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como de sus expectativas frente al Estado”.

A la petición que Proceso formuló junto con un grupo de académicos e investigadores se sumaron varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores del semanario.

Pero los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE consideraron que el derecho de acceso a la información tiene límites, y que uno de ellos consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.

Y explicaron que sí hay posibilidades de restringir la libertad de expresión o de información, cuando el ejercicio de este derecho atente contra determinados valores públicos de importancia para la colectividad, entre los que incluyeron todos los proyectos para la integración del gobierno.

Y sentenciaron:

“Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también a la sociedad mexicana y al orden constitucional”.


El IFE: obsesión nazi
John M. Ackerman


Es gracioso imaginar a Don Quijote de la Mancha luchando contra los molinos de viento que confundía con gigantes; sin embargo, es profundamente estremecedor atestiguar la absurda pelea del Instituto Federal Electoral (IFE) contra el nazismo que, de acuerdo a las alucinaciones de nuestros funcionarios electorales, se encuentra escondido en la libertad de expresión y el derecho a la información.

Si los argumentos de la primera respuesta que el IFE ofreciera a la revista Proceso respecto a su solicitud de acceso a las boletas electorales eran risibles y jurídicamente débiles (véase, Irma Eréndira Sandoval, Involución democrática, Proceso número 1558, p.18), los razonamientos ofrecidos el pasado 14 de diciembre son francamente insultantes, peligrosos y constituyen a todas luces un retroceso de más de una década en el desarrollo de la transparencia en México. En esta segunda resolución, los consejeros del IFE citan normas alemanas que estuvieron diseñadas ex profeso para combatir el resurgimiento del nazismo en ese país. En Alemania la ley permite al Estado suspender derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, reunión y libre asociación para aquellos ciudadanos que tengan la intención de “combatir el régimen fundamental de libertad y democracia”. Cobijándose de forma absurda en este ejemplo, los consejeros quisieran que en México se suspenda el derecho constitucional a la información para aquellos ciudadanos y periodistas “nazis” que busquen investigar lo ocurrido el 2 de julio de 2006.

El mensaje es claro: el periodismo de investigación es peligroso para el régimen. En aras de mantener la estabilidad política y la integridad del Estado, habría que poner límites a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información. Ese es precisamente el sentido de lo afirmado por la consejera Lourdes López en la sesión del Consejo General del 15 de diciembre, cuando lamentó: “se quiere hacer de la transparencia un mecanismo de persecución”. Bajo esta lógica, hay que defender al tradicionalmente débil y vulnerable Estado mexicano, que con la petición de Proceso y otros medios queda desamparado ante la persecución de periodistas independientes y poderosos, que buscan perturbar el “orden público” y afectar “los intereses legítimos del Estado”. Nos encontramos, sin duda, en un mundo al revés.

En su resolución, el IFE pide que la ciudadanía no se preocupe, ya que los “paquetes [electorales] no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (p.55). Ojalá que ello sea cierto y que el presidente constitucional actual haya también sido el ganador de las elecciones del 2 de julio. Pero el problema de fondo es que existe una duda fundada y legítima en más de la tercera parte de la población acerca de que Felipe Calderón hubiera resultado el candidato más votado el día de la elección. Cada día que el IFE se niega a abrir sus bodegas al escrutinio público, esta sospecha se multiplica y se propaga. Esto es lo que en realidad pone en riesgo la estabilidad del régimen que los consejeros se encuentran empeñados en defender a toda costa.

Una lectura cuidadosa de la resolución revela que los mismos consejeros del IFE dudan que se hayan contado bien los votos el día de la elección. Ellos afirman que el acceso a las boletas electorales podría afectar la legitimidad de la elección presidencial y del mismo IFE. Al permitir la consulta “no sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma…” (p. 55).

Tales afirmaciones constituyen una confesión implícita de que sí hubo irregularidades graves en el conteo de los votos. Solamente en caso de que hubiera problemas fundamentales con el conteo avalado por el IFE, el acceso a las boletas electorales podría generar la inestabilidad y el desorden públicos que tanto temen los funcionarios electorales.

Todo demócrata sabe que la transparencia es la fuerza legitimadora por excelencia. Si las cosas están bien hechas, la mejor forma de demostrarlo es por medio de la apertura. La lógica del autoritarismo es la que típicamente exige una confianza ciega en las autoridades y esconde la mano después de tirar la piedra. Qué pena que nuestra institución democrática por excelencia, esa que tanto habíamos presumido internacionalmente, haya caído en el pozo más negro de la gestión autoritaria del poder.

El que nada debe, nada teme. El pasado 11 de diciembre, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aceptó la solicitud de acceso a las boletas electorales utilizadas el pasado 2 de julio para la elección de jefe de Gobierno (oficio DEOYGE/1501/06). La respuesta fue directa y sencilla. En un claro ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, el instituto local no encontró ninguna razón legal para negar el acceso a estos documentos públicos.

El pasado 15 de enero, durante la presentación de la nueva colección de cuadernos del IFE, Elecciones Federales 2006, Luis Carlos Ugalde afirmó que ya “es hora de mirar hacia el futuro”. Según el consejero presidente, las elecciones del año pasado son ya un expediente cerrado y ahora nos toca “aprovechar la experiencia y la controversia del 2006 para …preservar lo que sí funciona, modificar lo obsoleto y construir en aspectos en los que nuestra ley requiere subsanar omisiones”. Tal afirmación se parece a la del policía que, al encontrar al niño ahogado en una tina, únicamente responde con la propuesta de remodelar el baño para prevenir más problemas en lo futuro.

No habría que perder de vista que lo que nos falló en primer lugar en las pasadas elecciones presidenciales no fue la ley, sino las instituciones encargadas de hacerla valer. Sin duda hace falta reformar y remodelar la ley electoral. El diseño institucional siempre puede mejorarse. Pero la sociedad civil también tiene el derecho a saber y a investigar de manera independiente los hechos ocurridos el 2 de julio. Unos nuevos y bonitos “cuadernos”, que por cierto se cuidan de no mencionar en ninguna parte la histórica solicitud de acceso a las boletas electorales interpuesta por la revista Proceso, no podrán acallar el clamor ciudadano que le exige transparencia y cuentas claras al IFE.

Valdría la pena recordarles a los señores del IFE que no se puede negar el acceso con base en el uso que se daría a la información. La Ley de Transparencia regula un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política. La provisión de información no es un favor que el gobierno le concede graciosamente a los ciudadanos siempre y cuando éstos prometan portarse bien, sino una obligación constitucional del Estado. Sin embargo, como ya hemos visto, el contenido de la resolución de los consejeros del IFE sustenta la negativa al acceso en función de los objetivos desestabilizadores y los despropósitos de perturbar “los intereses legítimos del Estado” de los periodistas-nazis.

Aun aceptando, sin conceder, tan cuestionables argumentos, habría que señalar que “afectar gravemente una de las funciones del Estado” no es una de las reservas incluidas en nuestra Ley de Transparencia. Los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) señalan una serie de razones para reservar o declarar confidencial algún documento, incluyendo si contiene datos personales o si la información puede “comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, o bien “poner en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de cualquier persona”. Solamente se puede reservar información cuya divulgación está explícitamente prohibida por la ley. Todo lo demás es público y las boletas electorales constituyen información pública.

Sin embargo, según los consejeros de la Comisión de Transparencia, el IFE tiene manga ancha en la interpretación de la LFTAIPG. No hace falta que sigan la letra de la ley, ni siquiera que cumplan con su espíritu o con sus principios básicos, como el de “máxima publicidad”. De un plumazo, los consejeros buscan darle la vuelta a este principio tan esencial que da vida a nuestra joven ley de transparencia, al argumentar que “no hay necesidad de frases sacramentales o disposiciones absolutas y omniarbarcantes, que literalmente establezcan todas y cada una de las condiciones de ejercicio de una facultad subjetiva pública” (p.47).

Por ello, la decisión del IFE de negar el acceso a las boletas electorales no es un ejemplo de “letrismo” o de una interpretación “estrecha” de ley, como han afirmado algunos consejeros y analistas. Todo el contrario, su actitud es un ejemplo de un franco manoseo de la Ley Federal de Transparencia y una flagrante violación del Estado de Derecho.

Afortunadamente, no es el IFE, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tendrá la última palabra. Esperamos que los nuevos magistrados estén a la altura del momento histórico y no titubeen en su compromiso con la transparencia y la democracia. ?



ackerman@servidor.unam.mx