ACLARANDO AMANECE.

21-01-2007

No se trata de la libertad de expresión

El caso de RCTV en Venezuela

George Ciccariello-Maher

CounterPunch

Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Chelo Ramos

Ninguna noticia proveniente de Venezuela ha inquietado más a los extranjeros, y en especial a los usamericanos, que la reciente decisión del gobierno de Chávez de no renovar la concesión de transmisión a Radio Caracas Televisión (RCTV). Muchos, quizá con cierta justificación, son alérgicos a todo lo que huela a un ataque a la “libertad de expresión”. Sin embargo, esta hipersensibilidad no permite ver un detalle crucial del asunto: la no renovación de la concesión a RCTV no tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Los señalamientos de la oposición y de la prensa extranjera, que aseguran que se están “pisoteando” los derechos humanos y la libertad de prensa, se basan en una serie de aseveraciones falsas:

1) El comportamiento del gobierno venezolano es anormal

El enfoque que la oposición hace del asunto se centra en el más amplio contexto de la marcha hacia el autoritarismo y el fascismo. Muchos dicen que Venezuela ha abandonado resueltamente las normas democráticas que rigen el comportamiento en el mundo posterior a la Guerra Fría, y la no renovación de la concesión a RCTV es prueba de esta anormalidad.

Nada más lejos de la verdad. Es cierto que la Constitución bolivariana de 1999 contiene los requisitos más rigurosos impuestos por constitución alguna a los medios privados, a los que aplica sobre todo una amplia noción de “responsabilidad”. Los magnates de los medios han expresado claramente su preocupación sobre esta disposición, y con razón, pues durante mucho tiempo habían operado de manera irresponsable.

Si esta disposición constitucional fuese plenamente ejecutada y se legislase basándose en ella, los medios privados podrían posiblemente reclamar que su existencia es en cierta medida más difícil que la de otros medios en el resto del mundo. Pero en realidad, los requisitos y su ejecución no tienen nada de extraordinario. La Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) tiene por objeto establecer “la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión”, y se le ha reconocido que tiene el mérito de proteger los derechos de los niños y que gracias a ella ha aumentado la cantidad de programas producidos en el país.

La idea de que las concesiones que se otorgan a los medios implican una responsabilidad no es nada novedosa. Incluso la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de USA mantiene una posición similar, a pesar de la eliminación de regulaciones que ocurrió durante el gobierno de Reagan. Como sabemos, la FCC mantiene ciertas restricciones sobre los contenidos de las transmisiones (más estrictas, debemos señalar, que las de muchos países europeos) y no tiene reparos en silenciar a quienes quebrantan estas restricciones. Aún más, desde que Janet Jackson tuvo el “problema con el vestuario”, ha aumentado la aplicación de esas restricciones (por ejemplo, los esfuerzos de la FCC por cerrar el programa del conocido animador radiofónico Howard Stern, sin mencionar el cierre continuo de organizaciones más pequeñas). Y aquí sólo estamos hablando de lo que se ha denominado “obscenidad”, lo que no tiene punto de comparación con las acusaciones contra RCTV, que como se sabe participó activamente en una conspiración que causó varias muertes y usó esas muertes para provocar un golpe de estado en abril de 2002 y, luego, en diciembre de ese mismo año, también participó de forma activa en el sabotaje petrolero que paralizó la economía venezolana con el mismo objetivo.

Aunque no es una justificación, vale la pena mencionar cuántas visitas del FBI han sido ocasionadas por “amenazas” contra George W. Bush, a pesar de que han sido hechos aislados e individuales y no de la clase de rebelión organizada y asesinatos premeditados apoyados por los medios venezolanos.

2) Se están violando los “derechos humanos”

En su primera intervención importante después de su nombramiento como vicepresidente, Jorge Rodríguez habló sobre el caso de RCTV en la juramentación del nuevo tren ministerial de Chávez. Comenzó con la definición del término “concesión” que aparece en el diccionario: “ Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia de dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones”. “ Esto no lo está diciendo Hugo Chávez, esto está en el Diccionario [de la Real Academia Española]”, añadió Rodríguez.

Los medios de oposición, sin embargo, han tratado de pintar el asunto de la no renovación de la concesión como la violación de un derecho humano. Se trata, al parecer, del “derecho” que tiene un importante conglomerado de medios privados de tener acceso ilimitado a un bien público, de usar y abusar de ese bien público para lucrarse, sin adquirir ninguna responsabilidad. Cuando el presidente de RCTV, Marcel Granier, quiere tocarle las fibras sensibles a los neoliberales, señala además que se están violando los derechos humanos de los trabajadores.

Sí, han oído bien, RCTV (una división del grupo de empresas 1BC) se preocupa sobre todo por los derechos de sus trabajadores. El gobierno rápidamente ha respondido señalando que no es a los trabajadores a quienes se les niega la concesión y ha animado a los trabajadores de RCTV a organizarse en un colectivo y solicitar la concesión.

3) El gobierno está cerrando un medio de comunicación

Otros muchos han señalado que el gobierno está “cerrando” un medio de comunicación, lo que representa una especie de ataque cuantitativo a la libertad de expresión. Según ellos, mientras menos medios de comunicación existan, menor será la libertad de prensa.

Estos señalamientos no sólo son bastante dudosos, sino que ni siquiera son aplicables a la situación. No se cierra el Canal 2, las transmisiones continuarán. No se renueva la concesión a una compañía privada, y en su lugar se le otorgará a otra compañía privada, a una compañía mixta con capital público y privado, a un colectivo de trabajadores o a alguna otra combinación.

En su discurso, Rodríguez fue muy claro en este punto: “¿El Gobierno bolivariano está cerrando un canal de televisión? ¿Está violentando la libertad de expresión? Ni siquiera está revocando una concesión… El único medio de comunicación que fue cerrado en estos ocho años de gobierno fue Venezolana de Televisión, en la noche trágica del 11 de abril.”

A pesar de la retórica, los magnates de los medios que manejan RCTV así como otros medios de oposición como Venevisión y Globovisión, demostraron la poca importancia que le dan a la “libertad de expresión” cuando apoyaron el breve golpe de estado que inmediatamente cerró el único medio que representaba a las mayorías más pobres de la población (así como a varios medios comunitarios como Catia TV).

En realidad, el mismo hecho de que RCTV podrá seguir transmitiendo por cable y por satélite demuestra que de lo que se trata es del uso privativo de un bien del dominio público (véase aquí arriba el punto 2) y no de “silenciar” a un medio de comunicación.

4) El gesto es “antidemocrático”

El señalamiento de que la no renovación de la concesión a RCTV violenta las normas democráticas está muy unido a los puntos anteriores, pues de manera similar invoca un “derecho” indiscutible que las compañías privadas tienen sobre un bien público.

Hablando en Vive TV, el influyente intelectual venezolano Luis Britto García aclaró recientemente que, efectivamente, se trata de una cuestión de democracia, pero en sentido contrario a lo que afirman los medios de oposición. La no renovación de la concesión a RCTV es un paso hacia de democratización del espectro radioeléctrico. ¿Qué socialismo estaríamos construyendo, preguntó Britto, y especialmente, qué clase de socialismo democrático, si el acceso al espectro radioeléctrico permanece en manos de un pequeño oligopolio de magnates con patrocinadores extranjeros?

¿Qué podría ser más democrático que poner el Canal 2 en manos del 63 por ciento de venezolanos que votaron por Chávez? ¿Qué podría ser más democrático que permitir que los trabajadores de RCTV organizaran su propio canal? ¿Y qué podría ser más democrático que permitir el acceso al espectro radioeléctrico a quienes han estado tradicionalmente excluidos por la oligarquía mediática?

Además, es necesario mencionar que si hablamos de “democracia” el presidente de RCTV, Marcel Granier, no tiene mucho que decir. Al fin y al cabo, en abril de 2002 él y otros dueños de medios participaron activamente en un golpe de estado antidemocrático y oligárquico en contra de un líder democrático que ha sido ratificado reiteradamente (el papel de los medios en el golpe puede apreciarse en el documental La revolución no será transmitida).

5) En resumen, se trata de la “libertad de expresión”

En una declaración reciente, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, criticó al gobierno de Venezuela por debilitar la “pluralidad de medios”. Aunque reconoció que esta es una materia propia del ordenamiento jurídico interno de cada Estado, Insulza, sin embargo, no tuvo reparos en señalar que la medida “aparece como una forma de censura contra la libertad de expresión.”

La respuesta de Hugo Chávez, en su estilo particular, no se hizo esperar: “Insulza es un verdadero pendejo, de la p a la o”. El gobierno venezolano ha interpretado las palabras del Secretario General de la OEA como una injerencia en los asuntos internos del país y ha pedido su renuncia (debemos recordar que Venezuela fue uno de los países que participó en la dura batalla por lograr que Insulza obtuviese el cargo).

Si todavía queda alguna duda respecto a si la no renovación de la concesión a RCTV constituye un ataque a la libertad de expresión, sólo es necesario seguir la lógica de ese señalamiento. En una sesión de la Asamblea Nacional dedicada a discutir los comentarios de Insulza, un diputado del MVR hizo eso justamente, cuando señaló que al Secretario General de la OEA le gustaría que Venezuela restableciese otras “concesiones” similares, específicamente aquellas que tradicionalmente se otorgaban a las compañías petroleras multinacionales que durante décadas saquearon Venezuela.

No existe una diferencia cualitativa entre las dos clases de concesiones: ambas han sido tradicionalmente otorgadas, de forma nada democrática, a grandes compañías a las que se les ha dado carta blanca para lucrarse de manera ilimitada a partir de lo que nadie puede negar que es un bien público. No, esto no es una cuestión de “libertad de expresión”, por el contrario, se trata, en palabras de Nicolás Maduro, ministro de relaciones exteriores de Venezuela, de “quitarle los privilegios groseros a estas oligarquías comunicacionales” que están vinculadas con los financieros internacionales.

George Ciccariello-Maher es candidato a un Ph.D en teoría política en la Universidad de Berkeley, California, y vive en Caracas. Su correo es gjcm@berkeley.edu.

Fuente: http://www.counterpunch.org/maher01122007.html

Chelo Ramos es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística (www.tlaxcala.es). Esta traducción es copyleft para uso no comercial: se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente. URL de esta página: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45206