CONTRALINEA Y ALGUNAS NOTAS MAS

Los Kaibiles mexicanos

Texto y fotos: Ana Lilia Pérez / enviada
Después de Guatemala, México tiene el mayor número de kaibiles en el mundo. De los extranjeros que se gradúan en El Infierno, el 30 por ciento son oficiales del Ejército Mexicano y de la Armada de México.

La Pólvora, Melchor de Mencos, Petén. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, los primeros mexicanos convertidos en kaibiles se graduaron en 1996; sin embargo, de acuerdo con información de la Escuela de Adiestramiento Kaibil, desde 1987 oficiales de México, Argentina y Panamá reciben este entrenamiento.

De acuerdo con el diagnóstico interno de la Brigada de Guatemala, después de los guatemaltecos, los mexicanos son los que han obtenidos puntajes más altos en el curso kaibil. De estos últimos el de mayor puntaje a la fecha es Enrique Oyarbides, un oficial de la Armada, originario de Campeche, egresado con mil puntos, y Jesús Villar Peguero, del Ejército, ambos graduados en la promoción número 48 del curso Internacional Kaibil en 1997, que incluso en su momento fueron condecorados por el entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional de Guatemala, Sergio Arnoldo Camargo.

Desde su creación a la fecha, Guatemala ha formado a 4 mil kaibiles, de ellos 99 extranjeros. De los extranjeros graduados más del 30 por ciento son mexicanos. Los otros son de Venezuela (10), Honduras (ocho), Nicaragua (siete), Belice (uno), Estados Unidos (uno), Uruguay (dos), Costa Rica (uno), Colombia (12), Panamá (10) y Argentina (ocho).

Este año dos mexicanos aspiraban graduarse como kaibiles, uno de ellos sufrió demencia y fue dado de baja; el otro aún sigue en El Infierno.

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Descontento social, obstáculo de Calderón

Nancy Flores / Zósimo Camacho
El subcomandante Marcos expone que Felipe Calderón sólo tiene dos grandes opciones para legitimar su gobierno: el EZLN o los hermanos Bribiesca Sahagún, pues advierte que la detención de Flavio Sosa, integrante de la APPO, no es el “quinazo” de esta administración. Además, prevé que en marzo –durante la Asamblea Nacional del PAN–.

El presidente de la República se enfrentará al Yunque por el control del Consejo Nacional y las fracciones parlamentarias de ese partido

La detención de Flavio Sosa no es el quinazo. Todavía falta: el golpe a la APPO, a Oaxaca, no le da la legitimidad que requiere. Calderón necesita algo que sí lo legitime, y tiene dos grandes opciones: el EZLN o los Bribiesca Sahagún, dice el subcomandante insurgente Marcos.

Con la mirada seria, ceñida por sus profundas ojeras, aclara que el “quinazo” sólo podrá darse si Felipe Calderón y el panismo tradicional derrotan a la organización secreta de extrema derecha denominada el Yunque y al dirigente panista Manuel Espino, en la próxima Asamblea del Partido Acción Nacional (PAN), en la cual serán electos los nuevos 300 consejeros nacionales de ese partido.

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Sindicatos contra reforma calderonista

Erika Ramírez
Organizaciones sindicales y campesinas avizoran que durante el gobierno de Felipe Calderón se promoverán nuevamente las reformas estructurales que intentó establecer su antecesor Vicente Fox, por lo que aquéllas comienzan a organizarse para no permitir su aplicación.

Telefonistas, trabajadores universitarios y del Seguro Social, así como organizaciones campesinas, advierten que la administración de Felipe Calderón recrudecerá la precaria situación del país en materia laboral y agudizará la miseria por la que atraviesa el campo mexicano. Todo esto por causa de la intención de replantear las reformas estructurales, lo cual contradice al discurso presidencial de aumentar la tasa de empleo y la productividad en el agro.

De acuerdo con los resultados de finales del sexenio de Vicente Fox Quesada, en ambos sectores predomina la ineficiencia de los apoyos y políticas públicas, creadas para el supuesto beneficio de millones de personas en edad de trabajar y sobrevivir en el campo.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que anualmente se incrementa la Población Económicamente Activa (PEA) en un millón 200 mil personas, mientras que la generación de empleos en el sexenio pasado fue de 523 mil plazas, es decir, hay 5 millones 477 mil personas que no tienen una ocupación ni un ingreso seguro (Contralínea 67). En tanto, en el sector agroalimentario mantiene en la miseria más de 20 millones de mexicanos.

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El servilismo de Ortiz Mayagoitia

Zósimo Camacho

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Se imponen los conservadores en el Poder Judicial y colocan al frente de la SCJN a Ortiz Mayagoitia, el ministro que por órdenes del entonces presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela, violentó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y citó una ley inexistente para favorecer en 2005 a quien era titular del Ejecutivo, Vicente Fox

La derecha se lleva el carro completo. El presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, deja en el cargo a quien siempre fue su candidato: el veracruzano Guillermo Ortiz Mayagoitia, el mismo ministro que, como ningún otro, garantiza la continuidad de los criterios que prevalecieron en la Corte durante los últimos tres años y que han sido identificados como cercanos al panismo y sumisos ante el Poder Ejecutivo.

El licenciado en Derecho, de 66 años de edad y 12 como ministro de la SCJN, se ha manifestado a favor de la defensa de la vida “desde la concepción” y de la cadena perpetua en México y el extranjero, y en contra de la despenalización del aborto en todos los casos, y de que el alto tribunal del país realice investigaciones de violaciones graves a las garantías individuales (inicialmente se opuso a que la Corte ejerciera su facultad para investigar el presunto acuerdo entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el sospechoso de pederastia Kamel Nacif para vejar a la periodista Lydia Cacho).

Además, en 2005 impidió que la Auditoría Superior de la Federación saneara y sancionara las presuntas irregularidades del rescate bancario detectadas en el Fobaproa-IPAB.

Pero lo que más escandalizó a juristas, constitucionalistas e investigadores de la conducta del nuevo presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura, fue la violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la sorprendente cita a una ley inexistente con tal de que Vicente Fox se anotara en 2005 uno de los “triunfos” jurídicos más importantes de su administración.

A tono con el discurso del Poder Ejecutivo desde el sexenio anterior, el grupo de los togados “conservadores” -en el que se identifican, además de Azuela y Ortiz Mayagoitia, a Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo- se dice respetuoso “irrestricto” y literal de la ley, además de defensor a ultranza del “Estado de Derecho”.

Sin embargo, cuando a finales de 2004 el presidente Fox presentó una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia -y particularmente el propio Ortiz Mayagoitia, quien fungió como ministro instructor del caso- sostuvo que un “acuerdo” del pleno de ministros podía suplantar a una ley; además, en su alegato citó al inexistente “Código de Instituciones y Procedimientos Federales”. Todo para hacer prevalecer el Presupuesto de Egresos 2005 que Vicente Fox deseaba imponer, y rechazar los cambios que la Cámara de Diputados le había realizado.

“Eso fue más que un error garrafal. La Corte se inclinó ante el Poder Ejecutivo e hizo lo que el presidente de la República quería. Fue terrible. Y estos deslices son atribuibles a Ortiz Mayagoitia porque precisamente él fue ministro instructor del caso, quien avaló la recepción de la controversia de Vicente Fox y para ello se apoyó en un código inexistente”, señala el doctor en Derecho Constitucional y profesor emérito de la UNAM Raúl Carrancá y Rivas.

A favor del presidente



A finales de 2004 el Poder Ejecutivo se enfrentó a la Cámara de Diputados cuando ésta decidió modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2005. La reacción del presidente de la República no sólo fue condenar en cadena nacional el trabajo legislativo sino también promover una controversia constitucional ante la SCJN. El 23 de diciembre de ese año, un día después de que el Ejecutivo iniciara el trámite y cuando los ministros se encontraban de vacaciones, la controversia fue aceptada inusualmente por la “Comisión de Receso”, que integraban Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo.

Con ello, de inmediato se ordenó suspender, como deseaba el presidente, la ejecución de 50 partidas por un monto de 4 mil 195 millones de pesos. El problema fue que, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los ministros de la “Comisión de Receso” no estaban facultados para dar entrada a la controversia.

“Estaban de guardia unos señores que no tenían porqué recibir la controversia del presidente de la República porque la ley dice que el presidente de la Corte debe designar a uno o varios ministros específicamente para ello”, advierte Carrancá y Rivas, quien en ese entonces, junto con el abogado Burgoa Orihuela, era asesor de quien fungía como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

En efecto, el párrafo XVIII del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala como una de las atribuciones del presidente de la Corte “nombrar al ministro o ministros que deban proveer los trámites de asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia”.

“Como nosotros sosteníamos -explica Carrancá- que la controversia del presidente de la República debía desecharse por notoriamente improcedente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien fue designado ministro instructor del caso, emite un acuerdo en el que dice que por resolución del pleno los ministros que estaban ahí de guardia sí tenían facultad de recibir la controversia.”

El “Acuerdo General 12/2004 del pleno de la SCJN” -supuestamente celebrado en “sesión privada” el 29 de noviembre de 2004 y aprobado por unanimidad- señala que los “comisionados para los recesos de los periodos de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también deberán de proveer los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.

Con el objetivo de fundamentar la validez del “Acuerdo”, el considerando tercero del documento cita el artículo 134 del “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales”. “Quién sabe qué es eso. Lo que debían citar era el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero estaban haciendo todo con los pies para favorecer al presidente de la República. Ortiz Mayagotia tuvo que salir a decir: ‘estamos muy apenados, nos equivocamos; pero todo se puede corregir con una Fe de Erratas’. Oiga, si no estamos en el kínder”, dice Carrancá y Rivas.

Ortiz Mayagoitia, además, como ministro instructor del caso, avaló el “Acuerdo” sobre la Ley Orgánica y desechó por “notoriamente improcedentes” los incidentes de nulidad presentados por diputados, según el comunicado 002/2005 de la SCJN.

Sin embargo, el doctor Francisco Venegas Trejo, ex director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, justifica el papel que entonces desempeñó la Corte y el ministro Ortiz Mayagoitia.

Considera que aceptar la controversia del presidente de la República era lo mejor que podía haber hecho la SCJN, pues “de no haberse admitido se habría armado más lío porque la Constitución no ofrece ninguna solución cuando no hay acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en este asunto del Presupuesto de Egresos”.

Jetatura de los conservadores



Sobre el perfil de quien desde hace dos semanas encabeza la SCJN, Carrancá dice que “tanto como el saliente (Mariano Azuela), el nuevo presidente de la Corte es indudablemente de derecha. No es un requisito para ser ministro tener una ideología de izquierda, centro o derecha; pero estos señores han mantenido criterios que no van muy de acuerdo con la composición jurídica, política y liberal que consagra la Constitución en México.

“Lo deseable es que la conducta de Ortiz Mayagoitia, como presidente de la Corte, se inscriba dentro del servicio al derecho y a la justicia sin concesiones a su ideología.”

Para el constitucionalista Miguel Covián Andrade, magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, “lo que se tiene que retomar es una Suprema Corte como tribunal encargado de cuestiones legales y constitucionales al margen, hasta donde sea posible, de cuestiones políticas. Se tiene que sacar a la SCJN del terreno político para que la ciudadanía ya no la ubique ahí, como últimamente”.

Otra de las prioridades de Ortiz Mayagoitia, a decir de Vengas Trejo, debe ser revertir el desprestigio que los ministros tienen ante la opinión pública. “No es que tengamos una Corte de mala calidad, sino que la percepción de la ciudadanía sobre el trabajo realizado es que hay irregularidades en todo a lo que justicia se refiera. Ahí se debe trabajar”.

Raúl Carrancá y Rivas no quita el dedo del renglón: “Como jurista tengo el temor de que Ortiz Mayagoitia vuelva a incurrir en sumisión ante el Poder Ejecutivo. Hago votos porque el perfil de plegarse y no actuar equitativamente, imparcialmente, se cambie por el de independencia y autonomía. Algunos que adquieren una alta responsabilidad sí cambian”.



Publicado: Enero 2a quincena de 2007 | Año 5 | No. 71

Los yaquis al filo de la represión de Bours

Nancy Flores / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Considerado por las autoridades federales como “foco rojo”, el conflicto agrario del pueblo yaqui, que afecta a ocho poblados y más de 5 mil hectáreas, se agrava. Eduardo Bours amenaza a los indios de Vícam con la represión si no admiten como autoridades a quienes pretende imponer su gobierno, por encima de la tradición.


Vicam, Son. Los secos golpes del tambor son la señal para iniciar la danza. Los niños corren y se agolpan en derredor del joven yaqui —yoeme, en su lengua— quien se yergue al cielo con fuertes y elegantes movimientos. Su torso moreno y brillante es espejo de la luz lunar. Un trapo blanco le envuelve la cabeza y desciende hasta ocultar parcialmente su rostro, ahora cuello. Parsimonioso, el venado vuelve la mirada en todas direcciones: de la alerta pasa al acecho y luego a la sorpresa. Busca demonios, dicen los músicos dedicados a arrancar sonidos a los hirúkiam (raspadores de madera) y a los baa-wéhai (tambores de agua).

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LUEGO QUE EL PELELE SE QUIERE COLGAR DE PASTA DE CONCHOS:


Pasta de Conchos máscara neoliberal

Nydia Egremy
A casi un año de la tragedia en Pasta de Conchos, que cobró la vida de 69 mineros —de los cuales sólo se han rescatado dos cuerpos—, Grupo Minero México continua operando en las mismas condiciones que propiciaron la explosión.

La explosión en Pasta de Conchos, Coahuila, fue un crimen en nombre de la “rentabilidad”. La muerte de 65 trabajadores confirmó que la privatización de los recursos del subsuelo -que impulsaron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y a la que dio continuidad Vicente Fox- sólo acentuó el desarrollo desigual del país. Para acallar las críticas por la tragedia contra los dueños del carbón, el Grupo México tuvo el comedido apoyo del gobierno, la negligencia de inspectores laborales, la dilación estatal de la pesquisa y la presión de “tutores” sobre las familias de las víctimas.

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Y DE PACO RODRIGUEZ:

ÍNDICE POLÍTICO

FRANCISCO RODRÍGUEZ

"LOS QUE YA BAILARON…"

CARLOS MARÍA ABASCAL, Luis Ernesto Derbez y Francisco Javier Salazar cobran desde inicio de esta quincena en las cajas del Partido Acción Nacional. Ex integrantes del gabinete de Vicente Fox, quien decía necesitar la pensión de ex Presidente, los tres ya aseguraron llevar "el chivo" a casa durante un rato más.

Y es que desde este 15 de enero Abascal, Derbez y Salazar son nuevos integrantes del CEN panista encabezado por el polémico duranguense Manuel Espino. El primero, ex secretario de Gobernación, es ya secretario general adjunto del organismo blanquiazul. El segundo, ex canciller, se encargará del área internacional dentro de la burocracia albiceleste. Y el tercero, ex titular de Trabajo y Previsión Social, se encargará de la Secretaría de Acción de Gobierno (?) dentro de la misma estructura partidista.

¿Se trata, acaso, de un buen gesto de Espino? ¿Es por su preocupación para que en casa de cada uno de sus nuevos colaboradores no haya problemas económicos ahora que se incrementa el mercado de los sub y desempleados, pese a las promesas de campaña?

Todo indica que no es así. Que no es por generosidad, sino por belicosidad –característica sine qua non de este peculiar personaje— en contra del equipo que, en Los Pinos, encabeza el señor Felipe Calderón, a quien en más de una ocasión Espino se ha referido con rudos calificativos y epítetos Más aún: contra el que ya ha librado si no batallas, sí varias escaramuzas.

¿Gabinete en la sombra? ¿Gabinete también "alternativo" como el que ya ha formado su contrincante ideológico Andrés Manuel López Obrador?

Pareciera ser que sí. Que se trata de una estratagema –no, de ninguna manera una estrategia— en la cual podrían estar incluso involucrados Vicente Fox y su todavía inseparable Marta Sahagún.

Cuestión de recordar que al relevo de Luis Felipe Bravo Mena en la jefatura nacional del partido en el poder, los momios daban por bueno al guanajuatense Carlos Medina Plascencia y que, tras un fuerte soplido exhalado desde Los Pinos, presumiblemente por Sahagún, éstos se movieron para favorecer al controversial Espino.

Y ya en el papel de memoriosos, recordar asimismo que la actual esposa de Fox fue durante meses asistente, las tardes de los lunes, a las encerronas de la dirigencia blanquiazul, donde se trabajaba a favor de la, por fortuna, frustrada candidatura de Santiago Creel.

Hoy, esa tripleta, Fox-Sahagún-Espino, apoyados en cuando menos tres ex integrantes del despacho presidencial, estaría formando un bloque ante el señor Calderón, ante cualquier eventualidad que conllevara algún riesgo para cualquiera de todos ellos.

De ahí, también, el activismo del guanajuatense, quien no sólo construye su egoteca en los terrenos familiares de San Francisco del Rincón, también sus anunciadas participaciones oratorias en escenarios estadounidenses, donde –conociéndolo cual lo conocemos todos--, podría decir cualquier cosa.

Por eso es que "los que ya bailaron", Abascal, Derbez, Salazar, siguen bailando. Y no precisamente por un sueño. Sí por su dueño.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com

PARA VARIAR, MAS DE LOS NEGOCIOS DEL CONTRABANDISTA MAYOR, PAQUITO GIL:



ISOSA controló también el registro de vehículos: ASF
Nota original

Integradora de Servicios Operativos S. A. (ISOSA), la empresa fundada por Francisco Gil Díaz, que por más de 10 años obtuvo ingresos del cobro de un impuesto no enterado al erario, recibió del sector público no sólo personal, bienes e instalaciones sin costo, sino la administración del Registro Federal de Automóviles, reveló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón.

Al comentar los pormenores que llevaron a este órgano a fiscalizar por cuatro años consecutivos el fideicomiso Aduanas I ­al amparo del cual operó ISOSA­, González de Aragón afirmó que la ASF encontró contratos que prueban que el Registro Federal de Automóviles se dio en uso a esa empresa, y adelantó que los trabajos continuarán en la revisión de la cuenta pública 2005, cuyos resultados se conocerán el 31 de marzo próximo.

Varias son las madejas tejidas con una misma hebra, que conduce siempre a la actuación de Gil Díaz como funcionario de la Secretaría de Hacienda, desde que fue subsecretario de Ingresos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta que se desempeñó como titular de la dependencia en el sexenio de Vicente Fox. Todo dentro de una trama que dejó en la opacidad el uso y destino de casi 10 mil millones de pesos que, cobrados como derechos de trámite aduanero, no fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

"Nosotros partíamos de varias consideraciones", aseguró el titular de la ASF. "La primera era que se le habían transferido a ISOSA personal, bienes e instalaciones. Inclusive, el Registro Federal de Automóviles se le dio en uso a ISOSA como una empresa. Hay contratos que lo prueban. Todo sin costo.

"Segundo: el fideicomiso (Aduanas I), que se dice privado, fue constituido con un comité técnico en el cual todos son servidores públicos. De manera que todos estos elementos generan, obviamente, grandes dudas sobre la naturaleza del fideicomiso y sobre la calidad de los recursos que se están recaudando. La ley establece con toda claridad que cualquier impuesto, derecho, producto o aprovechamiento tiene que ser depositado en la Tesorería de la Federación. De ahí vino nuestro cuestionamiento", señala González de Aragón.

Son recursos privados: SCJN

Los reportes de la ASF machacaron por tres años la opacidad en la situación descrita, hasta que en agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que intervino a petición de la Secretaría de Hacienda, emitió una resolución en la que declaró que los ingresos obtenidos por ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite aduanero eran privados.

Pero la resolución dejó un resquicio, y ahora los trabajos del órgano legislativo sobre la cuenta pública 2005 se centran en el análisis del mecanismo que se utilizó para distribuir cada peso recaudado por la aplicación de ese gravamen.

La ASF ya había detectado fluctuaciones importantes en el porcentaje de los recursos depositados en la Tesorería de la Federación. González de Aragón detalló que la proporción varía de 50 por ciento en 1993 (cuando se creó ISOSA) a 87.72 por ciento en 1988, pero en 2003, cuando Gil Díaz ya era secretario de Hacienda, la variación fue de 34.68 por ciento y en 2004 de 13.05 por ciento.

"Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería de la Federación. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿por qué tanta discrecionalidad?", cuestionó González de Aragón en una participación pública, en la que definió la posición de la ASF sobre el caso Gil Díaz-ISOSA.

"Yo creo que hay que evitar absolutamente la discrecionalidad de los servidores públicos, porque esto hace (la situación de la empresa), cuando menos, tener dudas muy serias de por qué vienen estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados", como Aduanas I.

Sobre el caso, el periodista Miguel Badillo documentó en su libro, ISOSA fraude transexenal a la nación, que todavía en el primer trimestre de 2005 el fideicomiso Aduanas I mantenía un patrimonio de 19 mil 523 millones de pesos.

El auditor precisó: "este fideicomiso fue creado en su momento para administrar este tipo de cantidades que, como contraprestación, se le depositaban. La gran duda se observa en la actuación de la Secretaría de Hacienda, porque, si mal no recuerdo, en el año de 1994 introdujo una cláusula en el contrato del fideicomiso que obliga a que depositen todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero no se cumplió".

Desvíos millonarios

Según documenta Miguel Badillo, el 19 de octubre de 1994 el subsecretario de Ingresos, Ismael Gómez Gordillo, quien sustituía en el cargo a Gil Díaz desde abril de ese año, firmó un addendum modificatorio al contrato del fideicomiso Aduanas I, por el cual se introdujo una cláusula que obliga a enterar todos los recursos obtenidos mediante del derecho de trámite aduanero a la Tesorería de la Federación, pero nunca se cumplió.

Se trata de cantidades muy importantes. En sus informes a la Cámara de Diputados, la ASF hizo observaciones sobre montos multimillonarios en torno a la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2002, 2003 y 2004. La suma asciende a 9 mil 985 millones de pesos que ingresaron a ISOSA mediante el cobro del derecho de trámite referido, pero no fueron entregados al erario.

El 14 de agosto de 2006 la Corte emitió una resolución que impidió a la ASF fiscalizar a ISOSA, debido a su carácter privado. Luego del fallo, la Secretaría de Hacienda aceptó que el fideicomiso Aduanas I, de origen privado, se transformara en un mecanismo público y fueron restituidos 2 mil 457 millones de pesos a la Tesorería, de los casi 10 mil millones que no le fueron enterados antes.

Luego se inició la liquidación del fideicomiso (Aduanas I) y de ISOSA.

El penúltimo capítulo de esta trama aún no concluye. Por el resquicio abierto en la resolución de la SCJN transitan ahora los trabajos de fiscalización de la ASF sobre este caso.

"Se puede revisar el mecanismo de distribución de los recursos recaudados. Estamos revisando la cuenta pública de 2005 y estamos revisando también los derechos de trámite aduanero", señaló González de Aragón.

"Vamos a presentar, dentro del informe que rindamos el próximo 31 de marzo, un resumen de toda esta situación en torno a la empresa ISOSA. Seguiremos adelante, no importa lo que pase". dijo.

VAYA, TAMBIÉN EL CHAYOTES RIVAPALCIO CLAMA...POR GIL:
(cada día es mas agachón con el que mejor pague)

Estrictamente Personal: la pesadilla de Gil

19 de Enero del 2007
Actualizado: 3:54:10 AM hora de Cd. Juárez
# El temido Francisco Gil Díaz, reputado como hombre de acero inoxidable, está mostrando cómo se puede blandir su casco

Raymundo Riva Palacio
Analista político
Distrito Federal— El 2 de enero de este año, Francisco Gil Díaz se metió en un embrollo que quizás sólo se puede explicar en la personalidad del ex funcionario. Un comunicado de HSBC, el banco global de Hong Kong, informó que a partir de ese día Gil Díaz fungiría como consejero independiente del Consejo de Administración de la institución. A 32 días de haber dejado de ser secretario de Hacienda, quien vigilaba a los bancos se convirtió en empleado de uno de ellos. Como todo el mundo, menos él y HSBC, se lo hubiera imaginado, estalló un escándalo por presunto conflicto de interés. Tantas lagunas legales existentes le podrían permitir salir a flote de ese lío, aun pese a su laxitud ética, pero no ha sido así. Su sensibilidad paquidérmica provocó que una cadena de acusaciones, algunas públicas, muchas privadas, comenzaran a caer contra quien se desempeñó de una forma tácita como presidente adjunto para asuntos económicos en el gobierno de Vicente Fox.

El comunicado de HSBC volvió a abrir una profunda herida. Este banco multinacional adquirió en 2002 el Grupo Bital, que dirigían Antonio del Valle y Jaime Ruiz Sacristán, hermano del secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración zedillista, mediante una operación excepcional: la bursatilización de sus acciones. Es decir, para evitar pagar impuestos, la Secretaría de Hacienda, que encabezaba Gil Díaz, autorizó que la venta de Bital se concretara antes de que abriera la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, si teóricamente era posible que cualquier persona, al momento de iniciar las operaciones en el mercado de valores, pudiera comprar acciones del banco en venta, en realidad era imposible: al abrirse la jornada bursátil, el banco ya era propiedad de HSBC y sus anteriores propietarios ahorraron mil 500 millones de dólares que debían de haber sido pagados al fisco. Un año antes, Gil Díaz autorizó lo mismo a Citibank, con lo cual los dueños de Banamex, que fue puesto en venta bajo el mismo método, dejaron de pagar 4 mil millones de dólares al fisco.

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Y DEL DEFORMA, YA ABREN OTRO FRENTE "DE HUMO" CONTRA UN GATO DE FOX, por cierto , al que siempre se acuso de hacer negocios sucios, y que sin embargo NO LES MERECIÓ MAYOR ATENCIÓN a algunos medios que se espantan si les llamamos CHAYOTEROS,dan pena realmente:



Investigan a 'socio' de hijos de Marta

Detecta la SFP diversas irregularidades en contratos de la SCT con el empresario

Abel Barajas

Ciudad de México (19 enero 2007).- La Procuraduría General de la República inició una investigación contra Cosme Mares Hernández, señalado por legisladores como prestanombres de los hermanos Bribiesca -hijos de la ex Primera Dama Marta Sahagún- por irregularidades detectadas en contratos carreteros que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Un reporte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre las conclusiones de las auditorías practicadas a la empresa Fabricación y Colocación de Pavimento (Facopsa), propiedad de Mares, señala que el también amigo de Vicente Fox fue denunciado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT y la PGR le abrió la indagatoria el 1 de septiembre pasado.

La SFP integró nueve expedientes en los que el Órgano Interno de Control de la SCT y la Unidad de Auditoría Gubernamental detectaron deficiencias en convenios de reprogramación y reducción de montos, así como por obra pagada pendiente de ejecutar o pagada en exceso.

También se hallaron anticipos no amortizados en cinco contratos y resoluciones injustificadas para no rescindir tres contratos.

En esos casos, la recomendación de la Función Pública fue la aplicación y cobro de sanciones.

Además, Facopsa tiene que devolver 258 millones 400 mil pesos a la Tesorería de la federación -sin precisar el plazo- por anticipos no amortizados, pagos en exceso e intereses derivados de la rescisión de siete contratos en los que se registraron incumplimientos y anomalías.

En cinco expedientes se señala que al menos 10 funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes favorecieron indebidamente a Facopsa en la obtención de contratos carreteros en los estados de Quintana Roo, Campeche y Baja California.

Todos ya recibieron sanciones administrativas, pero no se precisa de qué tipo.

En esos casos, las faltas encontradas son: algunos funcionarios no verificaron que Mares depositara una fianza de cumplimiento de contrato, otros no llevaron un control de la bitácora de la obra asignada y unos más determinaron indebidamente la continuación de una obra, cuando debían cancelarla.

A la fecha quedan cuatro expedientes pendientes de determinar sanciones.

Al empresario guanajuatense también se le señala porque, durante un proceso de licitación, ocultó a la SCT que no estaba al corriente de sus obligaciones con la Secretaría de Hacienda.

Desde 2004, la SFP realizó 28 auditorías a igual número de contratos otorgados por Comunicaciones y Transportes a Facopsa por denuncias públicas realizadas por legisladores que señalaron a Mares como prestanombres de los hermanos Bribiesca.

En 2005, Facopsa fue inhabilitada por la Función Pública por un periodo de 9 meses y se le impuso una multa de 225 mil 153 pesos, porque presentó información falsa a la hora de participar en la licitación de un contrato carretero en Veracruz.

Legisladores que investigaron a los hijos de Marta Sahagún señalaron que Cosme Mares era un prestanombres de los Bribiesca.

"Él, de las empresas que tenía, les participaba y les daba dinero. Mares les ha dado mucho dinero y no lo han defendido, lo han dejado caer solo porque ya trae encima muchas auditorías y muchas complicaciones con sus negocios", dijo el ex diputado Jesús González Schmall.

"Este (Mares) era el prestanombres y yo creo que no sólo prestanombres, diría el instrumento por el cual ellos (los hermanos Bribiesca) recibían dinero, señaló.

En diciembre pasado, el diputado de Convergencia Alberto Esteva planteó a la Cámara baja la creación de una Comisión Especial que diera seguimiento a las pesquisas iniciadas por un órgano antecesor, misma que no se ha integrado hasta el momento.

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NOTA:¡Huy pues que "dectector" anda el pendejo de la Función Publica!Hasta parece que no colaboro EN EL FRAUDE ELECTORAL y lo reconoció ante cámaras el burro de Germán Martinez.




Y AL PELELE LE DAN OTRO PATADON LOS TORTILLEROS:
Ni modo FECAL es lo malo de no tener legitimidad alguna, TODOS TE TIRAN UN DEDO.



Rechazan tortilleros bajar precio

Afirman productores de Jalisco y Nuevo León que el costo de harina ha ido a la alza

Jorge Velazco y Moisés Ramírez

Ciudad de México (18 enero 2007).- Productores de Jalisco y Nuevo León descartaron bajar de 10 a 8.50 pesos el precio del kilogramo de tortilla.

La Asociación de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla de Jalisco anunció que sus agremiados no respetarán el precio pactado ayer por el Gobierno federal, sectores productivos y distribuidores.

Arturo Javier Solano Andalón, presidente del organismo que aglutina a más de 3 mil 500 expendios en el estado, aseguró que sus costos de producción son más elevados, por lo que este acuerdo los deja en desventaja.

"El precio que nosotros creemos que es el conveniente para poder tener una solvencia económica es dependiendo de nuestros costos de producción, y no puede ser menor a 9 o 10 pesos, dado que el precio del maíz va a la alza y no podemos detenerlo.

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