Y DE PROCESO

La nueva guerra sucia
josé gil olmos

Nota original:

México, D.F., 5 de diciembre (apro).- Mientras el nuevo presidente Felipe Calderón y sus socios de las televisoras han iniciado una campaña de imagen democrática en Oaxaca, la represión a la que son sometidos maestros y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) da la impresión de que estamos en ciernes de una nueva guerra sucia en contra de cualquier movimiento social en México, situación que creíamos ya superada.

La detención el lunes por la noche de Flavio Sosa, su hermano Horacio, así como dos miembros de la dirigencia de la APPO, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, por agentes de la AFI en víspera de un encuentro con la Secretaría de Gobernación, huele a celada. Y también a traición, ambas señales claras de una guerra sucia en la que poco o casi nada se puede confiar de la postura gubernamental.

Desde hace una semana y media en Oaxaca se ha desplegado un operativo de terror policiaco-militar sin precedente en la historia del país. Comandos especiales, fuertemente armados, algunos de ellos embozados, han entrado en las escuelas primarias y también en los barrios y colonias populares, a fin de detener a quienes ellos consideran han participado en las protestas de la APPO.

Hay evidencias de que el operativo fue diseñado por mandos militares pues se trata de una estrategia prevista en un manual que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar disturbios civiles.

El general Francisco Gallardo, en una reciente entrevista, explica precisamente cómo este manual ya fue usado por las Fuerzas Armadas en San Lázaro el pasado 1 de diciembre, a fin de permitir la unción de Felipe Calderón, y ahora es aplicado en Oaxaca en contra de un movimiento popular.

“El manual de disturbios civiles es para manejar las masas e impedir un disturbio civil, y para ello se contempla desde la presentación de la fuerza, como fue con la instalación de las vallas alrededor de San Lázaro, o en Oaxaca, cuando hicieron presencia las fuerzas federales de la Policía Federal Preventiva (PFP), hasta la utilización de la violencia con el uso de las tanquetas antimotines, de químicos, incluso la utilización de francotiradores, en donde se aplica la técnica de selección de objetivos, es decir, la aniquilación de los líderes en caso concreto, bajo la idea de que si se aniquila un líder se descabeza un movimiento”, explicó el general Gallardo.

La estrategia seguida en Oaxaca para descabezar el movimiento de la APPO es claramente militar: se establecieron las vallas metálicas en el centro histórico de la ciudad como señal de contención, después se pasó a la etapa de persecución cuando activistas y dirigencia fueron sometidos a un fuerte espionaje, y 141 fueron detenidos y trasladados al penal de alta seguridad de Nayarit, considerados personajes de “alta peligrosidad”.

Al mismo tiempo, la dirigencia ha sido acorralada y obligada a salir del estado, mientras que todas las escuelas de la entidad se encuentran bajo vigilancia y algunas ya fueron allanadas por comandos de asalto, y se ha puesto en acción una campaña de desprestigio en contra de la oposición.

Los organismos de derechos humanos han catalogado la situación como “un estado de indefensión”. La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), la que más ha dado seguimiento al conflicto en Oaxaca, reportó el saldo del conflicto: "15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados, más de una treintena de 'desaparecidos', y están por ejecutarse, otras 200 órdenes de aprehensión".

Esta grave situación no se había presentado en el país desde hace más de 30 años. Esto es, en Oaxaca se está desarrollando una nueva versión de la “guerra sucia” de los setenta, con el agravante de que supuestamente respiramos aires democráticos.

Como entonces, hoy en Oaxaca existen desaparecidos, muertos, heridos, detenidos y perseguidos por razones políticas, y no por cuestiones judiciales, como nos quieren hacer creer el gobernador priista Ulises Ruiz, y el presidente Felipe Calderón, con la ayuda de Televisa, TV Azteca, la radio y algunos medios escritos que han creado una imagen de violencia en los simpatizantes de la APPO, cuando la violencia ha sido generada por el mandatario estatal.

La persecución política es un remanente del sistema autoritario que encabezaba el PRI, pero que el gobierno de derecha de Vicente Fox y ahora el de Calderón han decidido mantener.

Esto nos habla de una manera deforme de ver la realidad social del país y de tratar de resolver los problemas con medidas de fuerza, y no a través de terminar con los factores que dan origen a toda inconformidad social: pobreza, desempleo, desigualdad, marginación y hasta racismo.

El gobierno de Calderón y de Ulises Ruiz, sin embargo, olvidan un aspecto fundamental: la violencia genera violencia, sobre todo si viene del Estado.

Los grupos armados que siguen operando ya declararon en sendos comunicados que están evaluando cómo van a responder a la represión gubernamental, y están en la posibilidad de continuar con la vía militar como ya lo hicieron con los bombazos del pasado 5 de noviembre por la noche en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e instalaciones bancarias.

Hasta el momento no tenemos información clara de los alcances de su fuerza militar, ni tampoco del número de activistas dispuestos a realizar actos de insurgencia armada. Es posible que no tengan un amplio número de elementos activos, sobre todo después de las importantes divisiones que sufrieron hace cinco años, así como de las bajas en sus mandos, como fue el caso del comandante José Antonio, líder del ERPI.

Pero con los que tengan podrían hacer tambalear al nuevo gobierno de Felipe Calderón, que adolece precisamente de solidez para enfrentar problemas más graves, como el narcotráfico en todo el país.

A nadie conviene seguir por el camino que se ha tomado en Oaxaca, la permanencia de Ulises Ruiz como gobernador ya ha tenido un alto costo. La reedición de la guerra sucia de los setenta no conviene a nadie y menos a un gobierno que se presume democrático y negociador.

Todo oaxaqueño es sospechoso
josé gil olmos, pedro matías y rosalía vergara

nota original:

Oaxaca, Oax., 5 de diciembre (apro).- La captura del líder de la APPO, Flavio Sosa, la noche del lunes, unas horas antes de que acudiera a la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, lejos de hacer menguar el conflicto polarizó las posturas de las partes en pugna.

Por un lado crece la presión internacional sobre el gobierno de México a fin de que encamine una investigación a fondo sobre las circunstancias en que fue abatido el camarógrafo estadunidense Bradley Will, reclamo al que se sumó este martes la Audiencia Nacional española, y por otro, este martes una comisión de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca arribó a las oficinas de la Segob en Bucareli, en busca de reanudar el diálogo para solucionar el conflicto en la entidad y, de entrada, anunciaron que exigirán la liberación de los detenidos.

Destacaron que los líderes aprehendidos la víspera, entre ellos Flavio Sosa, son considerados "rehenes políticos". Incluso arremetieron contra el priista Ulises Ruiz el que, denunciaron, sin el apoyo de la Policía Federal Preventiva (PFP) no podría gobernar.

Y poco antes del mediodía, hizo su arribo el exsubsecretario de Gobierno de Gobernación, Arturo Chávez el que, al referirse a la captura de Flavio Sosa y su traslado al penal mexiquense de La Palma, ahora del Altiplano, dijo que "hay decisiones que se tienen que tomar".

Cabe destacar que Flavio Sosa es originario de San Bartolo Coyotepec, municipio conurbado a la capital oaxaqueña. Fue fundador del PRD en la entidad y uno de sus primeros diputados federales plurinominales. En 2000, renunció al sol azteca para sumarse a la campaña del entonces candidato presidencial Vicente Fox Quesada.

Después Sosa Villavicencio integró la organización Nueva Izquierda de Oaxaca, para posteriormente, al lado del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), conformar, ya en 2004, el partido político con registro local Unidad Popular, con el propósito de participar en los comicios para renovar la gubernatura y el Congreso local.

Luego este instituto político postuló como candidato al gobierno de Oaxaca al exsenador perredista Héctor Sánchez, quien se enfrentó al priista Ulises Ruiz, entonces abanderado de la alianza Nueva Fuerza Oaxaqueña, y a Gabino Cué, de la coalición Todos Somos Oaxaca.

Sosa Villavicencio sostuvo algunas divergencias con el líder del MULT, Heriberto Pazos, y se desmarcó de Unidad Popular, para luego solicitar su readmisión al PRD en 2005, en que fue designado consejero nacional.

En junio de 2006, al lado de otras organizaciones civiles, sociales y campesinas, incluidos sindicatos, integró la APPO.

Sin embargo, en la entidad, aunque en aparente calma, la tensión social podría reactivarse en cualquier momento, pues muchos que en el pasado simpatizaban con Ulises Ruiz, ahora comienzan a reconsiderar:

“Yo era priista. Yo voté por él. ¿Por qué trata a mis hermanas de esa manera? Ellas estuvieron apoyándolo en las votaciones, estuvieron ahí con él. ¿Por qué les hace este atropello ahora?,” inquiere Ángela Soriano, con lágrimas, al narrar la detención de su familia el sábado 25 de noviembre, durante el enfrentamiento de integrantes y simpatizantes de la APPO contra las policías Federal Preventiva y la estatal.

De acuerdo con cifras de la Liga Mexicana de Derecho Humanos (Limedh), hasta ahora hay "15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados, más de una treintena de 'desaparecidos', y están por ejecutarse otras 200 órdenes de aprehensión" por las fuerzas de la PFP y de la Policía Ministerial de Oaxaca, algunos de los cuales han ingresado armados a las escuelas a detener a maestros y, así mismo, en algunas casas en allanamientos violentos en los cuales acuden embozados.

Pero entre todos los casos de detenciones, los hay de gente que no participó en el movimiento popular.

Lourdes Soriano es hipertensa e iba al hospital con su hermana Socorro y Raúl Ramírez, pero cuando pasaban por el hotel Fortín Plaza los detuvieron policías federales. Éstos los capturaron por sospechosos, cuenta Ángela.

Agrega que sus hermanas estaban en el penal de Miahuatlán, pero cuando fue a verlas no se lo permitieron. Después se enteró que “están como presos de alta peligrosidad”, y que las llevaron en helicópteros a un penal de Nayarit.

“No nos quisieron dar información. Nos engañaron, nos dijeron que nos iban a dejar entrar a ver a nuestros familiares presos, pero que estaban comiendo, que nos esperáramos unos minutos. En eso llegaron los helicópteros y se las llevaron, primero a una de mis hermanas y luego a la otra”, recuerda.

Las hermanas de Ángela trabajan en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), pero no son maestras ni participaron en el movimiento popular.

Llorosa, sigue contando: “Cerraron las puertas y no nos querían devolver sus pertenencias. Los presos traen la ropa rota, andan sin suéter, nada. No nos dejan verlos. ¿Por qué? No son criminales, no son narcotraficantes. El gobierno es el que está aquí matando gente y a los asesinos no los castigan Es una injusticia lo que están haciendo”.

Señala que algunos testigos de la detención corroboraron las vejaciones de las que fueron objeto las hermanas Soriano y su amigo Raúl: “Las patearon, les pegaron, les rompieron su ropa. No es justo lo que están haciendo”.

“Justicia” ciega

Un caso similar es el de Maricela Velasco, esposa de Óscar Carreño, quien ya es miembro del Comité de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos de Oaxaca. Maricela fue detenida junto con Silvia Juárez Martínez, Elizabeth Othón Mena, Florina Aragón Peralta y Eréndira Garnia Aragón, que tiene sólo 15 años.

A ellas las aprehendió la policía después de las 18:00 del mismo día 25, y desde entonces nadie las ha visto. Las autoridades le han impedido a Carreño ver a su cónyuge en el penal de Tlacolula, a donde la trasladaron. “Nos ha dicho la policía estatal que tiene las indicaciones de desalojarnos con todo y vehículo. Esto nos indigna como pueblo. Tenemos el derecho de ver a nuestros familiares”, manifiesta.

Su esposa y sus amigas sí participaron en la manifestación que terminó en trifulca. Afirma Carreño que la PFP quería la revancha por el triunfo de la APPO el 2 de noviembre, por lo que junto con provocadores comenzaron la agresión.

Una situación parecida vivió Aurelia Santiago Reyes, quien fue detenida junto con Guadalupe Herrera Hernández, su hermana Victoria y sus sobrinos Gonzalo Santiago Orea e Ignacio Mendoza Santiago, cuando caminaban por la calle. Victoria y los dos muchachos fueron por Aurelia a su trabajo, cerca de Santo Domingo, para prevenir cualquier percance. Pero la PFP los aprehendió sin razón alguna.

“Todos están muy golpeados”, asegura Luis Santiago Reyes, luego de contar que su familia no tiene relación alguna con la APPO: “Atravesaban el lugar y la policía las detuvo. El gobierno no busca a los verdaderos culpables, no tiene esa capacidad, busca justificar la represión”, expresa.

Para la representante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yésica Sánchez Maya, después de los enfrentamientos, de los actos de resistencia popular y de la exigencia por la salida de Ulises Ruiz, la PFP y la policía estatal detienen a la gente sin informarles por qué ni a dónde los llevan, con lo cual violan los derechos humanos.

“De acuerdo con testimonios, llegaron a detenerlos ministerios públicos encapuchados, los paseaban un rato bajo amenazas de incriminarlos, los torturan, los desnudan y les ponen pancartas de ‘fuera URO’, ‘Fuera PFP’, se les intenta vincular con grupos armados como Sendero Luminoso, y se les niega el derecho de ponerse en contacto con sus familiares durante las primeras 48 horas. En esos dos días los golpean y torturan. Cuando ya son localizados por sus familiares, ya tienen auto de formal prisión”, detalla Sánchez Maya.

A partir del 20 de noviembre se desató una cacería por parte de la PFP, añade, pues aprehenden a gente inocente como Eliur, un estudiante del Tecnológico que fue detenido cuando salió a comprar los útiles escolares de su hermana: “Lo golpearon en la cara, le rompieron las costillas, le fracturaron tres dedos y lo acusan de elaborar bombas molotov. Así agarraron gente que iba pasando”.

Además, denuncia que aparecen policías vestidos de civil, que actúan con el respaldado de la PFP y se llevan a las personas de los barrios y colonias pobres, torturan y disparan en contra de los simpatizantes de la APPO.

Y confirma: después de la manifestación del sábado 25, la PFP comenzó a detener a la gente de una manera arbitraria, se golpeó a otros y se detuvo a 149, según el gobierno. Fueron trasladados a los penales de Miahuatlán y Tlacolula sin dar información a las familias.

“Vemos cómo se incomunica a la gente, no se permite la entrada a familiares ni abogados, tampoco a los grupos de derechos humanos. Detrás de esto vemos que se quiere ocultar los golpes y torturas a que fueron sometidos por la PFP”, sostiene la representante de la Limeddh.

Y coincide con otros defensores de los derechos humanos en que Oaxaca vive un estado de excepción, por lo que el reto para Felipe Calderón es empujar al estado a la transición democrática, no a través de la represión sino de un acuerdo político. Y es que, dice, el conflicto tiene años y el gobierno federal no supo resolverlo en su momento.

Por su parte, las Comunidades Eclesiales de Base de Oaxaca denunciaron que también han sido víctimas de persecución, torturas físicas y psicológicas, encarcelamientos, cateos de casas y asesinatos. “¿Dónde quedan nuestros derechos individuales, colectivos y de pueblos indígenas? ¿Somos delincuentes, asesinos o narcotraficantes para que merezcamos este trato inhumano?”, cuestionan en una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al gobierno federal.