Descontento militar
Jorge Carrasco Araizaga
Nota original:
En el marco de la crisis que afecta a Oaxaca, expertos en cuestiones militares advierten a Proceso que en el sector circulan diversas preocupaciones e inconformidades. Una, que el presidente Vicente Fox deterioró la imagen de neutralidad de las Fuerzas Armadas, en casos como el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el “estado de sitio” al Palacio Legislativo de San Lázaro; otra, que la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo coloca a la institución armada en medio de dos bandos que le reclaman lealtad.
La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública de México va en ascenso. Al contrario de otros países, donde la democratización llevó a un repliegue de la milicia, el desinterés del gobierno de Vicente Fox por la agenda castrense y la cuestionada legitimidad de Felipe Calderón como presidente electo tienen a los militares cada vez más expuestos a la coyuntura política, señalan expertos consultados por Proceso.
Desde hace años, dicen, el Ejército interviene en tareas contra el narcotráfico y la inseguridad, pero durante el foxismo un general participó, a la cabeza de la PGR, en el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador; el Estado Mayor Presidencial reforzó la vigilancia de Felipe Calderón por el conflicto poselectoral; fuerzas castrenses intervinieron en el control del Palacio Legislativo de San Lázaro, y ahora existe la preocupación ante la posibilidad de que emprendan acciones militares por la incapacidad de la clase política para detener el escalamiento de los conflictos.
Tales son las mayores inquietudes expresadas por especialistas que participan en la formación académica de oficiales del Ejército y la Marina, e inclusive comentan que, tras las elecciones del 2 de julio, las partes confrontadas reclaman para sí la lealtad de las Fuerzas Armadas, colocándolas en la disputa política y poniendo en riesgo su neutralidad.
Mónica Serrano, profesora e investigadora del Colegio de México y maestra en el Colegio de Defensa de la Sedena, expresa que la llegada de Fox a la Presidencia no se tradujo siquiera en un intento de “avanzar en el control civil de las Fuerzas Armadas, esencial en una transición democrática”.
Al contrario, aumentaron su presencia en ciertos ámbitos y, durante buena parte del sexenio, controlaron la Procuraduría General de la República, donde, a instancias del presidente Fox, el general retirado Rafael Macedo de la Concha condujo el proceso de desafuero contra López Obrador, afirma la también investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford.
La gran paradoja, agrega, fue que el margen de prerrogativas de los militares se amplió con la llegada formal de la democracia, pues, por ejemplo, “nunca habíamos tenido a un procurador militar como responsable de administrar y procurar justicia a los civiles”.
Así mismo, el intento de desafuero desembocó en una intervención directa del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien tuvo que salir al paso de las extendidas versiones sobre la inconformidad en un sector del Ejército por la manera en que se estaba conduciendo el gobierno de Fox.
El general secretario advirtió públicamente que aplicaría “la disciplina militar” a quienes aseguraran que el desafuero estaba dividiendo a las Fuerzas Armadas. En particular advirtió a sus antecesores Antonio Riviello Bazán y Enrique Cervantes Aguirre, secretarios de la Defensa en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, respectivamente, que de continuar opinando sobre ese tema serían sometidos al Código de Justicia Militar.
Esa incursión fue inédita para un titular de la Sedena, pero a ella lo obligó la situación política generada por el presidente Fox en su propósito de evitar que López Obrador fuera candidato a la Presidencia de la República.
En contraste, puntualiza Mónica Serrano, la agenda castrense estuvo ausente en el primer gobierno de oposición después de siete décadas de autoritarismo del PRI, en el que los militares gozaron de una amplia autonomía respecto del poder civil.
La principal expresión de esa autonomía de los militares ha sido y es su rechazo a que sea un secretario civil quien los encabece, pese a que la propia Constitución establece que el presidente de la República es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, han aumentado las presiones para que los militares mexicanos se sumen a operaciones internacionales de paz, y eso ha ocasionado división entre la Sedena y la Secretaría de Marina, que ha estado más dispuesta a participar en ejercicios navales conjuntos con otros países.
Serrano enfatiza que la falta de control civil de las Fuerzas Armadas no sólo es responsabilidad del Poder Ejecutivo –que ha sido incapaz de proponer una política de defensa en democracia–, sino también del Legislativo, donde tanto senadores como diputados han sido ajenos a la realidad y problemas de los cuerpos armados.
Para la investigadora, la decisión de Fox de desplegar al Estado Mayor Presidencial (EMP) para el control físico del Palacio Legislativo de San Lázaro días antes de su frustrado último informe de gobierno, sentó un mal precedente para la transición democrática mexicana.
En cualquier otro contexto de control civil democrático de las Fuerzas Armadas, comenta, una decisión de ese tipo por lo menos hubiera provocado asombro y “muchos habrían alzado la ceja”, si no es que habrían detenido la medida.
El hecho es que el cerco militar en torno al informe presidencial (Proceso 1557) colocó al EMP en medio de la disputa política cuando, el pasado 28 de agosto, algunos de sus elementos se enfrentaron a diputados del Partido de la Revolución Democrática.
Luego, el 1 de septiembre, día del informe, se aplicó una estrategia militar que incluyó la presencia de francotiradores y que se tradujo en un virtual estado de sitio en una amplia zona alrededor del Palacio Legislativo.
Ahora, el Estado Mayor Presidencial –al que en enero de 2004 Fox le dio un nuevo reglamento con más facultades como órgano militar y administrativo de la Presidencia de la República– ha tenido que desplegar una mayor y especial protección de Calderón ante el marcaje de que es objeto en todo el país por parte de la oposición lopezobradorista. Y para el acto de toma de posesión de Calderón, que se realizará el próximo 1 de diciembre, se espera también que eche a andar un fuerte operativo desde finales del presente mes.
Los agravios de Fox
De acuerdo con Javier Oliva Posadas, también profesor del Colegio de Defensa y coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la UNAM, lo más seguro es que durante mucho tiempo serán más rigurosos, amplios e intensos los criterios y operativos del EMP para proteger a Felipe Calderón.
La naturaleza del EMP como un cuerpo del Ejército al servicio de la Presidencia, con autonomía respecto de la Secretaría de la Defensa Nacional, es precisamente uno de los temas pendientes de la transición democrática, pero difícilmente se discutirá en el corto o mediano plazo por la necesidad de Calderón de tener una mayor protección por parte de ese cuerpo del Ejército, apunta Oliva, quien ha sido profesor del actual secretario de la Defensa, general Clemente Vega García.
En la transición democrática ha existido un absoluto desentendimiento del Ejecutivo y el Legislativo sobre la situación de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo la crisis política las ha alcanzado, plantea por su parte Mónica Serrano, y precisa que eso se manifestó en la disputa por el control de la Plaza de la Constitución el 16 de septiembre, cuando se realizaron el desfile militar por el 196 aniversario de la Independencia y la Convención Nacional Democrática de Andrés Manuel López Obrador.
Y “por la manera en que se están comportando los civiles de uno y otro partido –advierte–, en algún momento se puede poner en riesgo la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Ambos están reclamando la lealtad de manera partidista. Y a pesar del avance logrado en el 2000, cuando quedó claro que los militares se mantuvieron neutrales a la alternancia en la Presidencia de la República, hoy nos preguntamos de nuevo cómo van a actuar, si bien se antepone su institucionalidad”.
El pasado 16 de septiembre, indica la investigadora, finalmente imperó la cordura en torno a los festejos de la Independencia, pero el comportamiento de las dos partes estaba poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas, y ahora cada una no sólo les reclama lealtad, sino que se están disputando esa lealtad en forma preocupante.
Comenta que las Fuerzas Armadas perciben y digieren lo que pasa en el país igual que nosotros, los civiles, pues las preocupaciones son las mismas. Esto, antes de plantear que la manera como se condujo el gobierno de Fox en el proceso electoral fue “absolutamente irresponsable. Hay un reclamo y un agravio que caló hondo en muchos grupos, y yo imagino que habrá ciertos sectores al interior de las Fuerzas Armadas que no habrán visto eso con buenos ojos”.
Seguramente, tampoco vieron bien algunas cosas que se hicieron de manera absolutamente irresponsable en esos meses, como aprobar la llamada Ley Televisa, porque finalmente son las instituciones del Estado las que están en juego, añade la también profesora en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios de la Fuerza Aérea y del Ejército.
A su juicio, la forma en que Calderón fue declarado presidente electo y la debilidad institucional dificultan la conducción de las relaciones cívico-militares en México, ya de por sí afectadas por el tema del narcotráfico, pues “cualquiera que llegue a la Presidencia tiene que estar consciente de lo que significa tener unas Fuerzas Armadas volcadas por entero al tema del narcotráfico, con los costos institucionales que eso significa por la corrupción y el abuso de derechos humanos”.
Recuerda que en varios casos, sobre todo en la represión del 2 de octubre de 1968, el Estado Mayor Presidencial ha causado daño a la imagen de las Fuerzas Armadas. Y ahora el propio Calderón tendrá presiones de la clase media que votó por él para que aplique la fuerza y mantenga lo que ese sector considera el estado de derecho.
Por otra parte, lamenta que Calderón haya cedido a “la tentación de verse en el espejismo de que fue el gran ganador de la elección presidencial”, olvidando los casi 30 millones de personas que no votaron por él.
La tentación de reprimir
La investigadora Mónica Serrano, también integrante del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, estima que la tentación de reprimir va a ser cada vez mayor, conforme los conflictos políticos se desborden.
Por ahora el centro de atención es Oaxaca y el envío de fuerzas federales, “lo que también puede dañar a las instituciones armadas”, toda vez que tanto la Marina como el Ejército tienen elementos suyos dentro de la Policía Federal Preventiva. Entre finales de septiembre y principios de octubre, la Marina incluso sobrevoló la zona de conflicto, en lo que se entendió como una advertencia de intervención militar.
La investigadora sentencia: “La incompetencia de los políticos para enfrentar situaciones como la de Oaxaca, que puede tener como salida el uso de la fuerza, les transferiría responsabilidades a los militares de manera injusta”.
Recuerda que en 2004, cuando la Academia Nacional le otorgó la Gran Orden de Reforma al general Vega, el titular de la Secretaría de la Defensa fijó su públicamente su rechazo a servir a intereses políticos: “El Ejército está por todo el territorio nacional. Sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros, de ninguna manera, entrar a los terrenos de la política; si bien es cierto que las Fuerzas Armadas tienen las armas, éstas son precisamente para defender a la patria, pero nunca al poder político. Vuelvo a repetir: ¡nunca al poder político!”.
El de ahora, dice Serrano, es un momento muy diferente al del 1968 e incluso al de 1994, cuando se produjo el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Hoy cualquier militar en el mundo sabe que puede ser procesado por violaciones a los derechos humanos.
Inclusive, durante el sexenio que termina, México se adhirió a la Corte Penal Internacional, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Pero si se opta por las acciones represivas, las Fuerzas Armadas se enfrentarán a un dilema, pues se trata de cuerpos institucionales. “La falta de acuerdos –apunta– deja a los militares en medio de la cuerda floja. Los políticos muchas veces los exponen, cuando lo que necesitan es el respaldo de decisiones que gocen de consenso. No es fácil para ellos estar en los temas controvertidos”.
Plantea que la responsabilidad del presidente en turno y del presidente electo es mayor porque uno tiene y el otro tendrá el mando del Ejército y la Marina, pero la responsabilidad en el tema de las Fuerzas Armadas no puede excluir a nadie.
El secretario de la Defensa ha sido muy criticado en algunos ámbitos por su oposición a la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones internacionales de paz. Pero sus planteamientos en relación con la política interna han sido muy sensatos, asevera.
Menciona también las declaraciones del general Vega en el Colegio Militar el pasado 4 de septiembre, cuando en medio de la crisis poselectoral y la disputa por el control del Zócalo de la Ciudad de México, al encabezar la inauguración de cursos en los planteles militares, pidió a los políticos que no llevaran la división a todos los mexicanos, incluidos los militares.
“No debemos permitir que nos dividan, no debemos permitir que nos separen. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos por la tranquilidad de la patria y su futuro”, expresó el secretario Vega García.
De acuerdo con Serrano, el mensaje fue dirigido a las dos partes: a quien tenía ocupado el Zócalo, donde se iba a realizar el desfile, pero también al principal responsable de la élite civil en el gobierno, que insistía en acudir al Zócalo la noche del 15 de septiembre, cuando la plaza seguía tomada por los simpatizantes de López Obrador.
A su vez, Javier Oliva expone que el peor mensaje para la democracia sería que las Fuerzas Armadas mexicanas salieran a las calles. Eso “daría una muestra de que nuestra estructura institucional dedicada a la democracia fracasó, que los políticos profesionales no pudieron ponerse de acuerdo y que fracasó la democracia en sí misma”.
La creación de la fiscalía especial para la “guerra sucia”, afirma, tuvo sin querer un efecto positivo porque obligó a detener la discrecionalidad de la autoridad civil sobre el poder militar. “Ahora, si pretenden pedirles que actúen contra la población civil, deben darles garantías de que no serán juzgados en los siguientes años”.
Más que una eventual orden de medidas de fuerza –dice quien ha sido profesor de varios oficiales del Ejército–, preocupa a las Fuerzas Armadas –donde se percibe a un presidente electo que, al igual que Fox, desconoce la agenda militar y de seguridad nacional— que el próximo gobierno pretenda que los militares hagan tareas que no les corresponden.
Es claro, precisa, que Calderón no tiene contacto con las Fuerzas Armadas, y eso genera incertidumbre, por los criterios con que se va a guiar para designar a los próximos secretarios de Defensa y Marina.
ENSEGUIDA LA CREDIBILIDAD DE NORBERTICO RIVERA,RUEDA,UNA VEZ MAS,POR LOS SUELOS:
Encubrimiento documentado
Rodrigo Vera
Nota original:
Aunque el cardenal Norberto Rivera Carrera declaró que él nunca había encubierto al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar Rivera, un documento oficial parece desmentirlo. El Directorio eclesiástico de toda la República Mexicana, en su edición de 1995, revela que Aguilar era el sacerdote titular de una parroquia de la arquidiócesis de México. Y para ello, de acuerdo con las normas eclesiásticas, el entonces obispo de Tehuacán debió recomendarlo y autorizar su traslado…
Pese a que en 1988 escapó de la policía estadunidense, que intentaba aprenderlo por abusar sexualmente de varios menores de edad, el sacerdote poblano Nicolás Aguilar Rivera logró obtener, en los años noventa, la titularidad de una parroquia en la arquidiócesis de México. Al parecer, fue recomendado para el cargo por el entonces obispo de Tehuacán, Norberto Rivera Carrera.
En el Directorio eclesiástico de toda la República Mexicana, en su edición de 1995, el padre prófugo aparece al frente de un templo de esa arquidiócesis: la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en la calle Lago Ayarza número 35, de la colonia Torreblanca.
También aclara el directorio que el sacerdote Nicolás Aguilar no estaba incardinado a la arquidiócesis de México, encabezada en ese tiempo por el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, sino que su diócesis de “origen” era la de Tehuacán.
Para Elio Masferrer Kan, especialista en asuntos eclesiásticos, este traslado debió darse con autorización de Rivera Carrera, por ser entonces el superior jerárquico del cura pederasta:
“Es de suponerse que sí hubo una autorización por parte de Rivera Carrera. Los sacerdotes no pueden tener parroquias en otras diócesis sin autorización de sus obispos. No pueden dar misas aquí y allá sin ningún control. ¡Vaya!, ni siquiera los vendedores ambulantes pueden vender sus productos en cualquier esquina.”
–¿La diócesis de Tehuacán tuvo necesariamente que darle permiso al padre Nicolás?
–¡Hombre! Tuvo que haber un permiso de por medio. Es imposible imaginar que no lo hubiera habido.
–¿Y debió existir también una petición formal, por escrito, de Rivera Carrera a Corripio Ahumada, para que admitiera al sacerdote en su arquidiócesis?
–Bueno, tuvieron que cumplirse una serie de procedimientos institucionales para hacer ese traslado. Hay que recordar que ya anteriormente (en 1987) Rivera Carrera había enviado a su sacerdote a la arquidiócesis de Los Ángeles, y para esto le hizo una petición por escrito al arzobispo de allá, el cardenal Roger Mahony. Aquí debió darse un procedimiento similar.
Investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y autor de varios libros sobre cuestiones religiosas, Elio Masferrer considera reveladora la mención hecha en el Directorio eclesiástico, pues antes se decía que el pederasta prófugo quedó sin parroquia al escapar de Estados Unidos.
“Algunos sacerdotes, con quienes comentaba el caso del padre Nicolás, me decían: ‘Debe ser que algún cura, con ánimo de ayudarlo, le daba oportunidad de dar misa en su templo’. ¡No! Ya vemos que no fue así. Este directorio es un documento oficial, y de la propia Conferencia del Episcopado Mexicano. Ahí se señala cla-ramente que, en 1995, el padre Nicolás Aguilar tenía una parroquia en la arquidiócesis de México y seguía subordinado a Rivera Carrera.”
El directorio pone además en duda las aseveraciones del propio Rivera Carrera, quien siempre ha dicho que no encubrió al padre Nicolás. En abril de 1987, lo trasladó a la arquidiócesis de Mahony, donde abusó de 26 menores de edad. Logró escapar de la policía en enero de 1988. Dos meses después, Mahony le escribió una carta a Rivera Carrera, reprochándole que no le hubiera advertido sobre las tendencias de su sacerdote y pidiéndole que lo ayudara a encontrarlo para entregarlo a la justicia estadunidense.
Y Rivera le contestó, en otra misiva, que le había perdido la pista: “No estoy en la posibilidad de localizarlo y mucho menos de poder enviar por la fuerza a que comparezca en los tribunales”. (Proceso 1513.)
Todavía el 29 de noviembre del año pasado, Rivera Carrera aseguró al periódico El Universal: “Ni antes ni ahora he encubierto a nadie sobre algún crimen, y menos sobre pederastia”.
–¿Cuándo fue la última vez que vio o habló con Aguilar? –se le preguntó.
–Cuando él decidió irse a Los Ángeles, California, hace unos 18 años.
En esa entrevista, Rivera Carrera reconoció que el cura estuvo en la arquidiócesis de México, donde abusó sexualmente del joven Joaquín Aguilar, en 1994. Pero aseguró que huyó de la arquidiócesis cuando él fue nombrado arzobispo, a mediados de 1995. “Salió un día o dos antes de que yo llegara”, dijo.
Nunca aclaró el cardenal Rivera cómo es que su sacerdote fue admitido en la arquidiócesis por su antecesor. ¿Él mismo se lo pidió a Corripio Ahumada? ¿Le advertiría de los antecedentes del párroco? ¿Por qué Corripio llegó al grado de darle una parroquia? ¿O acaso el sacerdote logró evadir todo control?
El reportero intentó hablar con el cardenal Corripio para saber su versión. Fue prácticamente imposible. “Está muy enfermo y tiene 87 años de edad. No puede ya sostener una conversación y acaban de amputarle su pie derecho”, señaló su asistente, la religiosa Silvia García.
La versión que da el actual vocero del arzobispado, el sacerdote Hugo Valdemar, es que Corripio “prácticamente no gobernó la arquidiócesis durante sus dos últimos años en funciones. En esa época, se dio bastante anarquía en cuanto a la entrada y salida de sacerdotes”.
De cualquier manera, el cura Nicolás seguía dependiendo de la autoridad de Rivera Carrera. El Código de derecho canónico claramente estipula, en su canon 265, que “es necesario que todo clérigo esté incardinado en una iglesia particular… de modo que de ninguna manera se admitan clérigos acéfalos o vagos”.
Y el 271 agrega:
“El obispo diocesano puede conceder a sus clérigos licencia para trasladarse a otra iglesia particular por un tiempo determinado, que puede renovarse sucesivamente, de manera, sin embargo, que esos clérigos sigan incardinados en la propia iglesia particular.”
Inercia e impunidad
La parroquia del Perpetuo Socorro, de la que fue titular el padre Nicolás, está en una zona populosa del Distrito Federal, cerca de la estación Tacuba del metro. Adorna su fachada un enorme vitral circular con la imagen del Buen Pastor.
Algunos feligreses sitúan allá por el 92 la fecha de su llegada. Ignoran si entonces ya tendría la titularidad del templo, pues siempre se ocultó su identidad y su cargo exacto.
“Nunca supimos de los antecedentes del padre. Sólo nos dijeron que venía de Michoacán y que sería el párroco suplente”, recuerda el joven Joaquín Aguilar, quien lo empezó a tratar justamente en esa parroquia, antes de que el sacerdote abusara de él.
Joaquín Aguilar, por cierto, demandó en septiembre pasado, ante una Corte de Los Ángeles, al cardenal Rivera Carrera, por haber encubierto al sacerdote pederasta.
Y del Directorio eclesiástico de toda la República Mexicana, editado en febrero de 1995, se infiere que el cardenal estuvo al tanto del traslado de su sacerdote a la arquidiócesis de México. Ahí se señala que la información manejada –así como el financiamiento de la obra– fue gracias a la “ayuda” del “venerable episcopado”.
La recopilación de los datos del voluminoso directorio –mil 650 páginas, editadas en dos tomos– fue dirigida por monseñor Jorge Durán Piñeyro, canónigo de la Catedral de México y quien dedica así su trabajo al Papa Juan Pablo II:
“Sumo Pontífice... recibid este insignificante trabajo que os ofrecemos como muestra de amor, veneración y sumisión absoluta, no sólo del suscrito, sino de todo nuestro episcopado, clero y fieles de toda esta gran República Mexicana que ama a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe.”
Para Elio Masferrer, el hecho de que al padre Nicolás se le haya dado una parroquia, pese a sus abusos sexuales, refleja que los miembros del clero aún gozan de cierto “fuero” que les da impunidad.
“Tengo entendido que contra el sacerdote había hasta pedidos de deportación, pero la justicia mexicana no les dio cabida; mientras que, en la estructura del episcopado, se le dio una parroquia. Esto demuestra que los ministros de culto aún gozan de cierto fuero, a pesar de que el fuero eclesiástico se eliminó con las Leyes de Reforma”, dice el investigador.
–¿A qué se debe esta prevalencia?
–A que la mentalidad del país y de la Iglesia católica tarda en cambiar. Anteriormente, por ejemplo, la Iglesia se consideraba como una sociedad perfecta creada por Dios, pero a partir del Concilio Vaticano II reconoció que era una institución humana susceptible de tener errores.
“Sin embargo, aún hay inercias que se resisten a los cambios. El caso del padre Nicolás es un claro ejemplo de que la institución eclesiástica aún se niega a aceptar los errores de sus sacerdotes y de que no considera a los laicos como miembros de la Iglesia con derechos plenos. Sí, la institución todavía carece de una noción de respeto hacia sus feligreses.”
Necedad caciquil
Rosalía Vergara, Pedro Matías y José Gil Olmos
Insólitamente aferrado al poder en un estado que se llena de muerte, Ulises Ruiz obtuvo la gubernatura de Oaxaca como premio a su fidelidad a Roberto Madrazo, dicen sus opositores. Y desde el principio se mostró igualmente fiel al modelo de su preceptor: combinó “diálogo” y represión. El resultado: este conflicto, que ni el gobierno federal puede parar.
OAXACA, OAX.- Cuando era candidato, Ulises Ruiz se promovía hasta el último rincón de su estado como el “Benito Juárez del siglo XXI” y aseguraba que si ganaba la gubernatura, la democracia llegaría por fin a la entidad y la pobreza se acabaría...
Pero apenas transcurrió el primer año de su gestión, los conflictos políticos, agrarios y sociales aumentaron. En ese período su gobierno se tiñó de sangre por la muerte de al menos 25 personas, la detención violenta de 600 ciudadanos, las heridas a otros 40, las amenazas contra 13 personas más y el exilio del profesor Raúl Gática, quien prefirió irse a Canadá para huir del acoso del mandatario.
Ni la prensa local escapó a su yugo: patrocinó el cierre del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca, crítico de su gobierno.
Amigo y operador electoral del excandidato presidencial del PRI Roberto Madrazo desde hace más de diez años, Ulises es calificado por sus opositores y por organizaciones sociales y de derechos humanos como un “cacique” priista a la vieja usanza, que usa el espionaje, la amenaza y la represión para imponer su voluntad.
Víctor Raúl Martínez Vásquez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, describe el estilo del mandatario:
“Poco después de la toma de posesión, el gobernador y su secretario de gobierno mandaron detener al dirigente del Frente Único Huautleco, Agustín Sosa. Después, Ulises pretendió encarcelar a Gabino Cué, lo que originó enormes movilizaciones en defensa del excandidato.”
Añade: “Muchas han sido las organizaciones agraviadas por el régimen de Ulises Ruiz: el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal, siete de cuyos integrantes se encuentran presos, al igual que 69 militantes del Movimiento Ciudadano Juquileño, cinco más del Frente Popular Revolucionario y la profesora Jacqueline Hernández Almaraz, dirigente del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep)”.
En un informe reciente, la Red Oaxa-queña de Derechos Humanos señala que la llegada de Ruiz al gobierno, ocurrida en medio de un gran dispositivo de seguridad y entre denuncias de fraude electoral, lo llevó a actuar “de manera autoritaria desde el inicio de su administración”.
El senador Gabino Cué asegura que “Ulises es peor que (José) Murat. Murat es atrabancado, grosero, pero finalmente fue un poco más prudente”, afirma en entrevista con el reportero Jenaro Villamil.
–¿Prudente a pesar del autoatentado? –se le pregunta.
–¡Imagínese! Si alguien que cometió un autoatentado es más prudente que Ulises, ya tiene la descripción de éste.
Luis Ugartechea, uno de los principales restauranteros de la ciudad, sostiene que el gobernador no ha entendido las necesidades de cambio de la sociedad oaxaqueña. “Al contrario –dice–, decidió mantener el sistema caciquil y corporativista de siempre, y ahora tiene al estado sumido en la pobreza y en un atraso vergonzante”.
Autoritarismo
Al asumir como gobernador, el 1 de diciembre de 2004, Ulises Ruiz desplegó un operativo de represión para evitar las protestas ciudadanas, asegura la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos en su informe. Y de inmediato, dice, cambió la forma y ubicación de los principales símbolos del pueblo oaxaqueño, para demostrar su poder.
Sin tomar en cuenta las protestas de sus gobernados, el controvertido gobernador emprendió diversas obras para modificar la fisonomía de la ciudad de Oaxaca, cuyo centro histórico es considerado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad: cambió el trazo original de la Plaza de la Constitución y quitó de los edificios históricos la cantera verde; en su lugar mandó poner piedra basáltica, con lo que perdió sentido el nombre tradicional de “la verde Antequera” con el que popularmente se identificaba a esta ciudad.
Una fuente consultada por los reporteros asegura que el gobierno del estado invirtió 700 millones de pesos en la remodelación del Zócalo, casi el equivalente, dice, a la planta de tratamiento de aguas residuales de París.
En la remodelación de la Plaza de la Danza, por ejemplo, donde se sustituyó la cantera verde por cemento, se gastaron 6.6 millones de pesos. Y en las obras del Paseo Juárez El Llano se invirtieron, en la primera etapa, 33 millones de pesos. Ahí se le inyectó cemento a los árboles para secarlos y dejar una plancha de piedra basáltica.
El gobierno de Ulises Ruiz también decidió remodelar la Fuente de las Siete Regiones, otro símbolo de los oaxaqueños, pese a las reiteradas protestas de los ciudadanos. Y continuó con sus obras de relumbrón: abrió “vueltas inglesas” en el crucero de la Volkswagen, en el Instituto Estatal de Educación Pública y en la Escuela de Medicina.
En dos años, su gobierno no ha hecho ninguna obra social de trascendencia. Pendientes están los graves rezagos que mantienen postrada a la entidad: de sus 570 municipios, el 31% son de muy alta marginación y 48% de alta marginación; esto es, el 80% de los municipios carecen de drenaje, energía eléctrica y red de agua potable.
De acuerdo con investigaciones universitarias, Oaxaca es el segundo estado del país con el índice de desarrollo más bajo, y el que ha expulsado hacia otras entidades del país o al extranjero a más de 2 millones de indígenas.
Estadísticas de la Secretaría de Desa-rrollo social indican que el 73% de la población del estado vive en pobreza extrema, es decir, no puede adquirir los productos de la canasta básica porque su ingreso mensual es inferior a 2 mil pesos; el 82% de la población enfrenta la denominada “pobreza de capacidades”, mientras que el 91% carece de vivienda digna.
Ni las tradiciones se han salvado del autoritarismo de Ulises Ruiz. Uno de los mayores agravios al pueblo de Oaxaca fue el cambio de fecha para la fiesta de la Guelaguetza. Otro fue su desdén, el 18 de julio, al aniversario luctuoso de Benito Juárez. Esa vez, el mandatario prefirió realizar la guelaguetza en lugar de rendirle tributo al Benemérito de las Américas.
El caso “Noticias”
Un día antes de su toma de posesión, un grupo de golpeadores ocuparon las bodegas del periódico Noticias. Voz e imagen de Oaxaca. El mandatario convalidó el agravio. Con el pretexto de que existía un conflicto laboral en el diario, Jorge Franco, quien fue secretario de gobierno de José Murat, y el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), David Aguilar, organizaron a ese grupo para que tomara violentamente las oficinas de Noticias, que no ha desocupado desde entonces.
El caso de Noticias llegó hasta la Co-misión Interamericana de Derechos Hu-manos (CIDH), que en octubre del año pasado envió al gobierno de Ulises Ruiz un documento en el que solicitaba atender el problema del periódico y proteger los derechos laborales de sus 116 trabajadores.
El investigador Martínez Vásquez señala que el mandatario que al principio de su administración dijo que sería el “Benito Juárez del siglo XXI” enfrenta desde hace varios meses manifestaciones de inconformidad en 20 municipios tomados por la oposición, algunos de los cuales exigen su renuncia, al igual que las 300 organizaciones que conforman la APPO. (Con información de Jenaro Villamil.)
La APPO por dentro
Rosalía Vergara, José Gil Olmos y Pedro Matías
Si bien el gobernador Ulises Ruiz detonó con sus agravios la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, este conglomerado de organizaciones sociales ya desarrolló un eficaz sistema de comunicación y resistencia basado en su cultura comunitaria. Ahora sus dirigentes pretenden impulsar un cambio en la forma de gobernar el estado, pero advierten que si la administración federal sigue en la lógica de la confrontación, pondrá en riesgo a sus instituciones, comenzando por la PFP...
OAXACA, OAX.- Desde el domingo 29, cuando la Policía Federal Preventiva (PFP) estableció retenes en la carretera 190 al Istmo, en Zaachila y en el Puente de Guelatao, y entró a la capital del estado para “reestablecer el orden”, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sorprendió con su capacidad para enfrentarla y, de hecho, la obligó a replegarse.
En cinco meses del movimiento social –que comenzó con demandas magisteriales, se amplió para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y que ahora planea su congreso constitutivo–, la APPO dejó de ser sólo una muchedumbre que grita consignas, marcha por las calles y se planta en el Zócalo. Se trata de una agrupación de autodefensa bien estructurada, que ya planea la transición democrática en su estado.
Para conseguirlo, la APPO ha recogido las formas históricas y tradicionales de organización popular, ya sea para convocar a sus reuniones o para alertar sobre los ataques de sus adversarios.
Por ejemplo, las barricadas instaladas tras la represión del 14 de junio: Ricardo Flores Magón, el revolucionario oaxaqueño, escribió que “la barricada del pueblo era la respuesta a la trinchera militar” (periódico Regeneración, 20 de noviembre de 1915). Y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en su comunicado del pasado 1 de noviembre, dice que “son sinónimo de resistencia civil, pero también de gran enseñanza histórica para los tiempos venideros; son ya escuela revolucionaria para el movimiento popular”.
Los cohetones, que tradicionalmente se usan en las fiestas del pueblo, ahora se utilizan como señal de alarma: la explosión de uno significa que se debe estar alerta; dos, que se detectaron movimientos inusuales; y tres, que hay una agresión.
Pero también sirven directamente para la defensa, y en forma tan eficaz que han provocado la sospecha de que son enseñanzas de la guerrilla urbana. Las bazucas caseras que antes se dirigían al cielo para lanzar fuegos artificiales, ahora apuntan hacia el frente.
Hay dos versiones del arma. Las fijas miden hasta un metro y en medio tienen dos asas que se apoyan en un tripié; las otras son aún más artesanales pero igualmente efectivas, con la ventaja de que son portátiles. Niños y adolescentes saben cómo fabricarlas.
Las bombas molotov, usuales en las luchas insurgentes, se fabrican con asombrosa rapidez en las barricadas con una botella de vidrio, que se llena hasta la mitad con gasolina y se le coloca una mecha.
Con la misma facilidad se elaboran los petardos o “coyotas”: se utiliza un poco de pólvora, ácido muriático, navajas, clavos y tachuelas, se envuelven con papel aluminio y luego con cinta adhesiva. También se les pone mecha.
Sin embargo, los dirigentes de la APPO rechazan que el uso de esos ingenios sea una expresión de guerrilla urbana, como ha propalado el gobierno de Ulises Ruiz. “Nos están invitando a actuar como militares, como si fuéramos un movimiento armado. Y no lo somos”, enfatiza uno de los más visibles miembros de la dirección colectiva de la APPO, Flavio Sosa.
Tanto él como la maestra de base María del Carmen López Vázquez –dirigente de la APPO que ha sido amenazada de muerte junto con sus dos hijas– sostienen que a pesar de que grupos guerrilleros han invitado a la Asamblea a establecer una alianza, ésta es imposible porque la lucha de la organización es pública, legal.
Dicen respetar a quienes optaron por la lucha armada, pero afirman que para la APPO es preferible mantener la movilización social y darle una forma que rebase la coyuntura. “La lucha no se circunscribe a la caída de Ulises Ruiz. A partir de ahí se empezarán a generar los cambios profundos”, dice Carmen López, quien pertenece a la Sección Centro del magisterio.
Sobre esa idea, los dirigentes convocaron a realizar el Congreso Constitutivo de la APPO los días 10, 11 y 12 de noviembre, para definir los estatutos, principios, programa y objetivos de la organización.
En el encuentro se elegirá al primer Consejo Estatal de los Pueblos de Oaxaca y se aprobará un plan de acción.
“A pesar del clima de represión que se cierne sobre el movimiento de los pueblos de Oaxaca, es necesario no detenerse y seguir avanzando en la consecución de los objetivos y la solución de las demandas del pueblo oaxaqueño”, dice la convocatoria.
En el congreso se analizarán los contextos internacional, nacional y estatal, así como la crisis de las instituciones, para definir la reforma del Estado para Oaxaca. Se discutirá también sobre las características del nuevo gobierno, el nuevo Constituyente y la nueva Constitución, entre otros puntos.
Fuerza comunitaria
Cuando el movimiento magisterial trascendió su propio origen se transformó “en una suma de organizaciones que también habían sido agraviadas y que vieron una forma de crear una (sola) organización”, dice el senador por Convergencia, Gabino Cué, quien fuera el secretario técnico de Diódoro Carrasco –hoy senador por el PAN– cuando éste era el gobernador priista de Oaxaca.
El malestar acumulado hacia los gobiernos priistas no había encontrado liderazgos que lo canalizaran en un movimiento articulado. Pero Ulises Ruiz logró unificar incluso expresiones de la oposición que parecían incompatibles y provocó el estallido social del 14 de junio.
Días después, nació la Asamblea Po-pular de los Pueblos de Oaxaca, un ente todavía amorfo que comenzó a atraer organizaciones indígenas, civiles y de derechos humanos, de autoridades municipales y agrarias, sindicales, estudiantiles e incluso católicas.
Y es que la nueva agrupación se sustenta en tres pilares culturales: la asamblea, donde el poder lo tiene el pueblo y la autoridad obedece las decisiones de la comunidad; la guelaguetza, palabra zapoteca que significa “don de dar” y que simboliza la solidaridad, el acompañamiento, la ayuda; y el tequio, una forma de trabajo comunitario no remunerado.
Inicialmente se dijo que la APPO fue una creación del magisterio, porque su columna vertebral son los profesores y fue su movimiento el que le dio origen. La versión no está lejos de la realidad: muchos de los dirigentes forman parte de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y tienen fuertes vínculos políticos con organizaciones sociales; otros profesores son presidentes municipales o líderes de colonos, de barrios y de otras organizaciones.
Así, la Asamblea comenzó a definir su identidad con las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas de Oaxaca, que siguen vigentes al menos en los 418 municipios del estado que se rigen por el sistema de usos y costumbres.
Ahí es el pueblo, a través de una asamblea comunitaria, quien elige a sus autoridades y organiza los trabajos que se realizan. Si los mandos no respetan la decisión de la asamblea, son destituidos y sometidos a un juicio popular para sancionarlos.
Todos los habitantes de esas poblaciones están obligados a contribuir con su tequio (jornadas de trabajo no remuneradas) en obras que benefician a la comunidad, y a quien no participa se le niegan algunos servicios. El pasado 15 de septiembre, cuando la APPO convocó al pueblo a limpiar el Zócalo y a adornarlo para las fiestas patrias, se recurrió a esta forma de trabajo comunal.
En cuanto a la guelaguetza, el movimiento popular no ha sufrido el desabasto de alimentos porque las comunidades se encargan de proveer a los manifestantes. Por el contrario, los líderes han intentado mesurar el apoyo material que reciben de la población, incluidas las llamadas Comunidades Eclesiales de Base.
De esta manera, los usos y costumbres de los pueblos indígenas se transformaron en la plataforma del mayor movimiento social de Oaxaca, mismo que ha logrado apoyo en por lo menos 20 veinte estados de la República y en algunas comunidades de migrantes oaxaqueños en Estados Unidos.
Esa es la trama social que está detrás de las piedras, resorteras, canicas y hondas, la que empuña palos y arroja cohetones. Esos son los inconformes a los que iban a “poner en orden” las fuerzas federales enviadas por el presidente Vicente Fox.
Ataque fracasado
Desde que los militares y la PFP entraron a la capital de Oaxaca, se dedicaron a montar operativos de “limpieza”, entendida como la destrucción de barricadas.
Se instalaron en el Zócalo y luego salieron a los alrededores. No tuvieron problemas porque los miembros de la APPO decidieron no confrontarse con los efectivos federales. El miércoles 1 incluso dejaron entrar a la prensa para que fotografiara el desalojo de Brenamiel, la barricada más grande de la ciudad y donde estaban apostados los militantes más aguerridos en la toma de camiones, el cierre de dependencias, las pintas contra Ulises Ruiz y los enfrentamientos con la policía estatal.
Pero a fin de cuentas se cumplió la premonición de un miembro de la APPO, que pidió el anonimato: el jueves habría “fiesta”.
Fue por la tarde, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Algunos dicen que la PFP dio el primer paso al arrojar gases lacrimógenos contra los integrantes de la APPO; otros, que un grupo de provocadores les arrojó cohetones a los policías.
Alrededor de las 13:00 horas comenzó el mayor enfrentamiento. La PFP arremetió contra las barricadas con camiones y utilizó las ya famosas tanquetas. Sus tropas llevaban armas y equipo antimotines; pero sobre todo agotaron su provisión de gases lacrimógenos contra los inconformes. Éstos los repelieron con piedras, canicas y tuercas arrojadas con resorteras. Además, utilizaron bombas molotov, palos y tubos.
El choque duró casi siete horas, hasta que la PFP se replegó.
Y es que en la APPO se suma la experiencia de organizaciones radicales –como el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) y la Promotora Nacional Contra el Neoliberalismo–, con la de otras moderadas – la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), Nueva Izquierda de Oaxaca (Nioax)–, así como estudiantes, maestros, trabajadores e incluso amas de casa.
Dicha experiencia se reflejó en las formas de defensa que desplegaron el jueves. Pero también innovaron.
En Plaza Cristal Chedraui los inconformes opusieron resistencia a decenas de policías apoyados por dos tanquetas antimotines y por un francotirador que disparó una vez. Dividía a los dos bandos una barricada hecha con palos, los cuales estaban entrelazados en una forma que no se había visto antes, a fin de que aguantaran los embates.
Luego, las campanas de las iglesias Cinco Señores y Siete Príncipes comenzaron a repicar con insistencia. Mucha gente respondió a ese llamado y reforzó las barricadas en avenida Universidad, a un costado de la entrada principal a la UABJO. Incluso, los inconformes colocaron frente a la valla de uniformados, en plena confrontación, una barricada improvisada con dos postes de luz, carcasas de coches, tanques de gas, troncos y ramas encendidos, mientras transportaban rocas y bombas molotov.
Por su parte, la PFP aplicaba métodos militares para lanzar gases lacrimógenos y bombas “aturdidoras” desde los helicópteros FP 305 y FP 306 que sobrevolaban la zona.
Los integrantes de la APPO trataban de mermar la quemazón en la piel, el ardor de ojos y el lagrimeo, así como la asfixia y las náuseas que provocaban los gases, colocándose en el rostro paliacates empapados de coca cola o vinagre.
El fracasado operativo, a cargo del jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado, y del director estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, dejó como saldo 10 detenidos y 62 heridos. Entre éstos, los fotógrafos de Proceso Miguel Dimayuga y Germán Canseco. La Limedh afirma que hay personas desaparecidas, pero la autoridad lo niega.
Riesgos mayores
La derrota de una fuerza militar y policiaca a manos de un “movimiento pacífico” tiene un gran alcance, considera Flavio Sosa.
El paso siguiente, dice, es que con permiso de la jerarquía católica se entable en la Catedral de Oaxaca “un ejercicio de diálogo que nos ayude a dilucidar cuáles son los caminos para lograr la paz y la reconciliación, y las transformaciones sociales, políticas y jurídicas para Oaxaca en el corto plazo”.
En cuanto a los retenes militares alrededor de la capital del estado, los califica como un error más del presidente Vicente Fox. “Los militares van a salir derrotados, saldrán huyendo. (Fox) está poniendo en juego la vigencia de la PFP como institución, porque puede haber una tragedia en Oaxaca por una provocación montada por Ulises Ruiz”, explica.
“La gente no se va a quedar quieta y pueden sufrir una derrota militar. Son 4 mil y el movimiento de masas moviliza 800 mil personas en el estado”, advierte. Por eso, le parece “increíble” que se llegue a la confrontación sólo porque el gobierno federal no pudo pactar con los grupos de poder la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal.
Para la profesora María del Carmen López Vázquez, después de la caída de Ulises Ruiz, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca “se convertirá en la asociación que garantice el cumplimiento de los anhelos, de las aspiraciones del pueblo de Oaxaca” tras su Congreso Constitutivo.
Sus dirigentes pretenden hacer políticamente viable el cumplimiento de los reclamos de la sociedad, el cambio en su sistema de vida y de gobierno, lo mismo que el combate a la desigualdad, la pobreza, marginación y la falta de servicios “que hoy es una situación flagrante en el estado”.
Por eso López Vázquez critica lo que llama la campaña mediática contra la APPO, mediante la cual se pretende involucrarla con la guerrilla o el narcotráfico. Con estas acusaciones, indica, las autoridades del estado y las federales “quieren crear un ambiente para justificar la represión contra nosotros con el Plan Hierro. Y no van contra mí, sino contra toda mi familia, mis hijas. Vivimos clima de mucho peligro, de violencia profunda en Oaxaca”
MAS CORRUPCION EN EL GOBIERNO DEL TRAIDOR A LA DEMOCRACIA:
Donaciones de tabacaleras, jineteadas en Salud
Daniel Lizárraga
Una auditoría realizada en el interior de la Secretaría de Salud, mantenida en secreto durante varios meses, revela una presunta malversación de recursos públicos y privados por más de 164 millones de pesos que podría poner en riesgo, esta semana, la posibilidad de que el doctor Julio Frenk sea el nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con la Auditoría 03/06, de la cual Proceso obtuvo copia, esa cifra fue extraída del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y entregada discrecionalmente y sin justificación a diversos proveedores: 69 millones 518 mil pesos provenían del erario, y alrededor de 95 millones eran parte de las aportaciones de la tabacalera Philip Morris de México –propiedad de Altria Group Inc. y de Carlos Slim– y la filial mexicana de British American Tobacco, luego de que ambas se habían comprometido con el gobierno mexicano, en junio de 2004, a donar 400 millones de dólares en dos años para financiar nuevos programas de salud.
En las presuntas ilegalidades cometidas resultaron involucradas la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –como cabeza de sector– y Fonatur-BMO, una empresa de participación estatal vinculada a la Secretaría de Turismo.
En su investigación, que concluyó el pasado 10 de junio, auditores del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud describieron hechos que apuntan hacía actos de corrupción, y como primera medida recomendaron al titular de la Cofepris, Juan Antonio García Villa, recuperar de inmediato una parte de ese dinero, así como cancelar una serie de contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de alta especialidad en el manejo de vacunas.
Sin embargo, el dinero no se ha recuperado y, desde aquella fecha, el expediente permanece detenido dentro de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, a cargo de Laura Alicia Guerrero Velázquez, en lugar de enviarse al área jurídica para fincar las responsabilidades correspondientes y abrir los juicios del caso.
Y no sólo eso, sino que a los presuntos involucrados se les ha permitido presentar pruebas en su favor, anulando así una parte de las acusaciones, de modo que, hasta ahora, se han presentado comprobantes por 18 millones 634 mil pesos correspondientes al mantenimiento “preventivo y correctivo” del laboratorio; aunque el resto del dinero, sobre todo el perteneciente a las empresas tabacaleras –que constituye 57%–, continúa sin justificarse.
Por cierto que el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Juan Antonio García Villa, ha sido un cercano colaborador de Felipe Calderón, quien lo tuvo como secretario general del PAN cuando él era el dirigente nacional del partido, y luego lo puso como subsecretario de Energía. Ambos han sido al mismo tiempo miembros del Consejo Nacional del PAN y diputados federales.
Pues bien, con el fin de que algunas de las irregularidades estuvieran lejos del alcance del público y la prensa, los directivos de Fonatur-BMO reservaron por cinco años el acceso a los contratos firmados con las autoridades de la Cofepris y la Ccayac para la reconstrucción y mantenimiento del laboratorio, pretextando que abrirlos podría poner en riesgo “la vida, la seguridad o la salud” de diversas personas, según consta en el Índice de Expedientes Reservados, bajo la custodia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
La clasificación de esos contratos –ordenada por la Gerencia Regional de la Cuenca de México de Fonatur-BMO, a cargo de Marco Tapia Cabañas– fue realizada el 26 de julio de 2006, apenas 15 días después de que un equipo de auditores de la Secretaría de Salud involucró oficialmente a esa oficina en la malversación de recursos públicos y privados.
Pero los auditores observan que a Fonatur-BMO, bajo la dirección general de Alfonso Espeleta Benítez, la Cofepris no podía otorgarle contratos para obras de construcción y mantenimiento de un laboratorio de vacunas, pues el objetivo de Fonatur-BMO es sólo la conservación, la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza de instalaciones turísticas.
E inclusive en su página de internet, Fonatur-BMO describe así sus funciones: “Contribuir al fortalecimiento de la actividad turística, mediante la conservación y mantenimiento de centros turísticos, con el propósito de mejorar su imagen y competitividad a escala nacional e internacional, coadyuvando con ello al empleo, la captación de divisas y el fomento del desarrollo regional; así como la operación y administración de productos turísticos, como las Administraciones Portuarias Integrales”.
A los auditores les resulta incomprensible que en manos de Fonatur-BMO hayan sido puestos asuntos tan delicados como la calibración de equipo para certificar las vacunas.
Mientras en México se mantiene congelada dicha auditoría, Julio Frenk –uno de los secretarios de Estado con mayores niveles de aceptación en el gobierno de Fox y que hoy cuenta con un amplio respaldo de Felipe Calderón– emprende sus últimos movimientos para tratar de llegar a la dirección general de la OMS.
Hace tres años, Frenk estuvo a punto de ganar la votación interna y perdió en el último momento. Su segunda oportunidad será este miércoles 8 de noviembre, cuando se tiene previsto dar a conocer el nombre del nuevo titular de la Organización Mundial de la Salud.
No obstante, el pasado 24 de octubre, The Wall Street Journal publicó un reportaje según el cual las posibilidades de Frenk parecen haberse esfumado de nuevo, ahora debido a la presión ejercida por grupos antitabaco y algunos expertos en salud pública que argumentan que ese convenio con las tabacaleras socava los esfuerzos por reducir el tabaquismo.
La trampa del fideicomiso involucrado, apunta el reportaje, estaba en que las donaciones de las tabacaleras quedarían rescindidas si se autorizaban desde el gobierno nuevos impuestos a los cigarrillos o si se reducía la participación conjunta de 97% del mercado con que cuentan ambas trasnacionales.
Mientras tanto, la auditoría realizada dentro de la Secretaría de Salud describe en forma detallada la falta de control sobre el uso del dinero donado por las grandes empresas tabacaleras.
Contratos de privilegio
La investigación empezó como un simple ejercicio rutinario, sólo para cumplir con el programa anual de la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados de la Secretaría de Salud, hasta que, en febrero pasado, los auditores detectaron anomalías al acudir al sitio donde ya debería estar lista la remodelación del laboratorio para vacunas perteneciente a la Ccayac.
Decidieron entonces hacer un análisis minucioso de varios aspectos que dio pie a la división de la auditoría en las siguientes cinco partes: el primer contrato de obra pública; un convenio para la remodelación del laboratorio con dinero del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco; un acuerdo más para el mantenimiento de equipo altamente especializado; la construcción de aduanas en la frontera con Estados Unidos y, finalmente, la remodelación de un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México.
Para verificar qué sucedió con esos trabajos, los auditores siguieron el rastro del dinero triangulado entre la Cofepris, la Ccayac, Fonatur-BMO y las empresas que posteriormente fueron subcontratadas.
Fue así como quedó al descubierto que, el 14 de julio de 2005, autoridades del Cofepris y la Ccayac firmaron el primer contrato con Fonatur-BMO por 34 millones 500 mil pesos para “realizar proyectos y obras”. Pero apenas 11 días más tarde, los directivos de Fonatur-BMO enviaron un escrito a la Cofepris en el cual le manifestaban su incapacidad para atender una obra de ese tipo y, sobre todo, reconocieron que no contaban con la estructura ni con el nivel técnico necesarios para hacerla.
No obstante este comunicado oficial, la subdirectora ejecutiva de Infraestructura y Diseño de la Ccayac, Katia Calderón Turegano, autorizó extender a Fonatur-BMO un cheque por 9 millones de pesos como anticipo. Este dinero se entregó el 10 de agosto de 2005, según consta en las pruebas anexadas a las conclusiones de la auditoría.
Pero eso no fue todo. Dos meses más tarde –el 9 de octubre siguiente–, la misma funcionaria, en combinación con otras autoridades de la Ccayac –cuyos nombres no precisa la investigación–, aprobó entregar todo el dinero comprometido por adelantado, hasta completar 34 millones 500 mil pesos.
Una de las anomalías consiste en que, para entonces, no existía un proyecto ejecutivo de las obras a realizar, de modo que se estaban destinando recursos públicos sin saber en qué y cómo se iban a gastar.
Para el 30 de diciembre, el director ejecutivo de Recursos Materiales y Financieros de la Ccayac, José Eduardo Morales Cuéllar, envió al área de Recursos Financieros facturas y un acta de la entrega-recepción de las obras, aunque para esa fecha los trabajos ni siquiera habían arrancado.
A esa irregularidad se agregó un convenio modificatorio con Fonatur-BMO que, fechado el 28 de diciembre, firmó su gerente de Operaciones, Gabriel Rodríguez Ramírez, y que extiende el plazo para concluir las obras hasta el 15 de marzo de 2006.
Es decir, subrayan los auditores, primero adjudicaron los trabajos a una empresa que no tenía capacidad para realizarlos y luego justificaron el dinero antes de que las obras existieran.
Por su parte, Fonatur-BMO subcontrató a la compañía Grupo González Arquitectos para elaborar el proyecto y luego ejecutarlo, en una maniobra que los mismos investigadores recomiendan valorar y que pudiera tener repercusiones penales.
Además, existen comprobantes de que Fonatur-BMO cobró aparte 261 mil 620 pesos por la “Elaboración del Estudio Básico de Marco Jurídico para el Diseño de Laboratorio y Planta Farmacéutica de la Ccayac”, el cual consiste sólo en fotocopias de leyes y diarios oficiales.
Más irregularidades
Para el siguiente contrato, la Cofepris obtuvo 95 millones de pesos provenientes del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco –conformado por las trasnacionales tabacaleras– para la construcción y adecuación de las instalaciones de la Ccayac, específicamente para el laboratorio donde se analizan las vacunas compradas por el gobierno.
Aun cuando Fonatur-BMO había incumplido con la obra anterior, carecía de capacidad técnica para realizarla y había incurrido en subcontratación, las autoridades de la Ccayac volvieron a solicitarle sus “servicios”.
Este nuevo contrato –firmado el 16 de noviembre de 2005– fue asignado en forma directa y sin ser sometido al Comité de Obras de la Secretaría de Salud, hecho que, de acuerdo con los auditores, y tomando en cuenta los antecedentes, es aún más grave.
Entre las irregularidades plasmadas en la segunda parte de la auditoría destaca la desaparición de 22 millones de pesos depositados como anticipo a las cuentas de Fonatur-BMO. “En este último rubro se desconoce por completo su aplicación y forma de amortización”, alertan los especialistas.
Al igual que en el primer convenio, las obras no se terminaron en el plazo fijado –el 16 de julio de 2006– y, otra vez, Fonatur-BMO subcontrató a la empresa mexicana Territorios Talleres de Arquitectura y a las compañías estadunidenses Smith Carter USA Inc. y Westec.
El dinero –donado por las tabacaleras– fue entregado por completo a Fonatur-BMO sin que existieran un programa calenderizado de las obras, un proyecto ejecutivo, programas de suministros de materiales ni los precios unitarios requeridos, señalan los investigadores, y añaden:
“En la cláusula decimotercera del contrato se designa al ingeniero Mario Alberto Pérez Arroyo como residente de obra, quien no ha desarrollado esta función y fue contratado por Cofepris para actividades distintas.”
En sus conclusiones, los auditores recomiendan que la cabeza del sector, el actual comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Juan Antonio García Villa, profundice las indagatorias entre su personal; que, en forma inmediata, exija el reintegro de 481 mil 798 pesos por IVA, indebidamente pagado a la empresa Smith Carter USA Inc., y que verifique si la empresa mexicana Territorios Taller de Arquitectura cuenta con la suficiente capacidad para las tareas programadas.
Sobre la mesa, los auditores explicaron que, conforme a los lineamientos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos/Tabaco, las donaciones de las empresas sólo podrán utilizarse para el tratamiento de enfermedades derivadas del tabaquismo u otros padecimientos como el VIH-sida, los cuidados intensivos neonatales, el cáncer cérvico-uterino y la leucemia linfoblástica aguda, no para la remodelación de laboratorios.
La zanahoria mediática de Calderón
Jenaro Villamil
Para ganarse el apoyo de los grandes concesionarios de medios y de nuevos inversionistas, el presidente electo Felipe Calderón les prometió un enorme pastel, que consiste en nuevas concesiones para frecuencias de radio y televisión, entre ellas las que conformarían una “tercera cadena televisiva”. De esta manera los incita a participar en un negocio redondo, sin regulaciones ni obstáculos que puedan limitar sus utilidades y privilegios.
En vísperas de que Felipe Calderón asuma la Presidencia de la República, su equipo proyecta una nueva alianza con los grandes empresarios de medios del país al ofrecer la disponibilidad de frecuencias para crear una “tercera y hasta cuarta cadena televisiva”, con la licitación de 170 a 200 estaciones de televisión y de 650 concesiones disponibles en Frecuencia Modulada para nuevas emisoras de radio.
El anuncio de esta disponibilidad fue formalizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el marco de la 48 Semana de la Radio y la Televisión realizada en Cancún del 24 al 27 del presente mes por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
El invitado estelar en esta pasarela de funcionarios ante los concesionarios fue Felipe Calderón. Sin realizar crítica alguna a la impugnada Ley Televisa –con un recurso de anticonstitucionalidad en la Suprema Corte y 48 controversias promovidas por radios indígenas y públicas– ni comprometerse a medidas antimonopolio en el marco del Acuerdo de Convergencia, el panista prometió nuevas concesiones. No señaló las medidas de regulación a las que estarían sujetas.
Anunció que promoverá tres c, de “cobertura, convergencia y competencia”, como ejes de su “nuevo modelo de medios de comunicación”, y se comprometió a lograr un buen acuerdo para garantizar la migración hacia la tecnología digital de las mil 142 concesiones de radio en AM y FM.
El panista evitó mencionar los dos temas que han producido mayor polémica en materia de telecomunicaciones: regulación en contenidos y reglas claras para impedir que las nuevas concesiones beneficien sólo a los grupos con más poder económico, al marginar a las estaciones radiofónicas pequeñas, a los medios públicos y a las radios comunitarias.
En materia de contenidos, la Comisión Federal de Competencia establecerá normas para evitar que una empresa como Televisa, dominante en materia de producción y distribución de video, aplique medidas discriminatorias o de censura en sus dos sistemas de televisión restringida (Sky y Cablevisión) que marginen a una “tercera cadena televisiva” o afecte a sus propios socios.
El monopolio de contenidos le ha permitido a Televisa relegar a competidores por medio de su sistema de televisión restringida (como ha ocurrido con Canal 40, Canal 28 o MVS), o suspender la señal de algunos canales cuando no se sujetan a sus lineamientos. Este es el caso de los noticieros de W Radio, en particular Hoy por hoy, conducido por Carmen Aristegui y que se encuentra fuera del control de Televisa. Este servicio informativo fue excluido de la programación de Sky debido a “fallas técnicas”. En dicha estación se estableció una sociedad entre la empresa de Azcárrraga Jean y el consorcio mediático español Grupo Prisa.
La SCT calcula que existe disponibilidad para licitar señales de televisión abierta en los dos sistemas existentes: el VHF (de los canales 1 al 13 correspondiente a la banda de 54 a 216 megahertz) y el UHF (de los canales 14 al 69, que funciona en la banda de 470 a 512 meghertz). Hasta ahora, sólo los canales 22, 28, 34 y 40 de la banda UHF operan como señales de televisión abierta.
Actualmente, el Canal 22 está concesionado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero Televisa pretende controlarlo por medio de la producción de contenidos; el 40 ha pasado a manos de TV Azteca, que lo provee de contenidos. El Canal 28 fue adquirido por Olegario Vázquez Raña y ofrece contenidos elaborados por PCTV, mientras que el 34 es del gobierno del Estado de México, con una pobre producción de contenidos y que reproduce gran parte de la programación de Televisa.
Grupos dominantes
La falta de regulación colocará en desventaja a los futuros concesionarios de radio y televisión que decidan competir con los grupos dominantes. Un estudio sobre el impacto regulatorio, económico y técnico de la Ley Televisa presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación destaca que las reformas aprobadas en el Congreso benefician ampliamente al consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean, que controla 259 de las 461 concesiones de televisión, y a TV Azteca, que tiene 180. Ambas empresas dominan 95% de los canales de televisión abierta.
Regionalmente, la concentración es mayor. En el Distrito Federal, la zona con mayor valor en términos comerciales, Televisa tiene canales concesionados y “espejos” que representan 65% del total de frecuencias en esa área. En la capital del país ya no existe espectro radioeléctrico suficiente para otorgar nuevas concesiones de televisión abierta.
El mismo estudio, elaborado por Clara Luz Álvarez González de Castilla, excomisionada jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Salma Leticia Jalife Villalón y Beatriz Camarena, expertas en telecomunicaciones, subraya las desventajas y “barreras de entrada” a las que se enfrentarán los nuevos concesionarios que decidan participar en la televisión abierta.
La Ley Televisa “crea costos que inhiben el ingreso de nueva inversión y nuevos prestadores de servicios al sector”. El artículo 28 de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión fortalecerá al sector concentrado en la televisión, pues sólo permitirá que ingresen nuevos competidores con dinero suficiente para participar en la licitación por subasta pública. En cambio, a Televisa y TV Azteca les garantiza automáticamente el refrendo de sus concesiones más allá de 2021, así como su ingreso al sector de telecomunicaciones sin el pago de ninguna contraprestación.
En dicho estudio se subraya que el espectro de las señales de radio y televisión es un “bien público y escaso”, pero la Ley Televisa no permite un uso más eficiente de ese espacio, le concede a Televisa quedarse con 48 megahertz de sus “canales espejo” utilizados para la digitalización y a TV Azteca con 12 megahertz. En el mercado internacional de telecomunicaciones, cada megahertz tiene un valor promedio de entre 10 y 15 millones de dólares. Es decir, las dos televisoras se quedarían con un espectro cuyo valor rebasa los 600 millones de dólares.
En materia radiofónica, las más de 600 nuevas concesiones que se licitarán bajo las reglas de la Ley Televisa reforzarán el dominio de los 10 grandes grupos radiofónicos que acaparan el mercado, en detrimento de los concesionarios pequeños y de las radios públicas y comunitarias.
Los grupos más importantes de la radio son: Radiorama, que controla 16.27% de las concesiones; ACIR, con 13.43% de las frecuencias; CIMA-Somer (Núcleo Radio Mil), con 11.88%; Radio Centro, con 8%; Grupo Promomedios, con 4.9%; Grupo Imagen, con 5%; Cadena RASA y MVS, cada uno con 4.30%, y la Organización Radio Fórmula, con casi 4%.
El subsecretario de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth, estima que para que los radiodifusores entren a un nuevo estándar tecnológico digital deberán invertir “alrededor de mil millones de dólares”. De entrada, esta cifra margina a las radios con menos recursos.
El 6 de octubre, en el seno de la Cofetel se formó un grupo de trabajo a fin de analizar los tres modelos de digitalización para el sector de la radio. Estos tres esquemas son: el IBOC, adoptado en Estados Unidos y que permite transmitir en el mismo canal y en la misma banda tanto para AM como para FM; el Eureka 147 que requiere del uso de una nueva banda, la de 1452-1492 megahertz, conocida como banda L, que permite ofrecer servicios de convergencia, y el DRM, basado en una tecnología que beneficia más a la onda corta y la AM.
El grupo de trabajo no ha mantenido sesiones públicas. En las deliberaciones se ha marginado a las radios comunitarias e indígenas. Tampoco se han discutido otras políticas adoptadas en países europeos y en Estados Unidos para financiar a las radios más pequeñas en el tránsito hacia la digitalización.
Un estudio elaborado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias señala que en Alemania se creó un fondo de 500 mil euros para apoyar la adquisición de receptores digitales para la población con menores recursos. En Estados Unidos se estableció un Fondo de Conversión para la Radio Digital, para apoyar a las más de mil estaciones de radio y televisión públicas, incluyendo la Radio Pública Nacional (PNR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS).
Postores
Hasta el momento, sólo el grupo Palmas 26, una sociedad formada por la cadena televisiva estadunidense Telemundo, propiedad de General Electric, y el Grupo Saba, del empresario mexicano Manuel Saba Ades, anunció públicamente su interés de participar en una nueva concesión para formar la “tercera cadena” televisiva.
La sociedad Telemundo-Saba ha enfrentado serios problemas con TV Azteca. Mantiene un litigio con la televisora de Ricardo Salinas Pliego, quien obtuvo el fallo de un juez para suspender la grabación del reality musical Quinceañera. El empresario argumentó que la productora Nostromo y el conductor Alan Tacher violaron convenios de exclusividad al irse con Telemundo.
El pasado 23 de octubre, Telemundo anunció una sorpresiva sociedad con Televisa –su exrival en el mercado de Estados Unidos a través de Univisión– para coproducir el programa Amor Mío. Para los especialistas de ese país, esta sociedad perfila el rompimiento definitivo de Televisa con Univisión, a pesar de que entre ambas empresas existe un acuerdo de programación hasta el año 2017.
Otro postor en busca de la “tercera cadena” es el Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, que controla actualmente más de 70 emisoras de radio (20 propias y 57 afiliadas) y compró en 80 millones de dólares el Canal 28, concesionado originalmente al empresario bajacaliforniano Raúl Aréchiga.
De la mano de su buena relación con la “pareja presidencial” y, en especial, con Marta Sahagún, Vázquez Raña dio el gran salto de empresario de hospitales y hotelero a dueño de un corporativo mediático que incluye el periódico Excélsior, la cadena radiofónica Grupo Imagen, y ahora el Canal 28. Esta emisora le compra producción al Grupo PCTV, presidido por Enrique Yamuni, concesionario de Grupo Megacable.
Vázquez Raña fue uno de los principales beneficiarios del proyecto impulsado por Vicente Fox para otorgar, en agosto del año pasado, 260 nuevas concesiones de radio en FM en 134 ciudades del país. Tan sólo al dueño del Grupo Ángeles se le iban a entregar 45 de esas nuevas concesiones (Proceso 1502). Finalmente, este plan no prosperó y ahora se revive con el ofrecimiento de un paquete de más de 600 concesiones de radio que anuncian en el arranque del gobierno de Felipe Calderón.
En su número más reciente, la revista Expansión menciona a otros empresarios que buscan competir por la “tercera cadena” televisiva: el regiomontano Francisco González, dueño de Multimedios, concesionario del Canal 12 de Monterrey; Alejandro Burillo Azcárraga, dueño del grupo telefónico Pegaso y efímero presidente de Televisa en los tiempos de El Tigre Azcárraga, así como los hermanos Cañedo White, exaccionistas de Televisa, propietarios de la productora NovaMedia y del portal Alo.com, y a Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal, que actualmente produce programas informativos para Canal 40.
Otros aspirantes a la “tercera cadena”, mencionados entre especialistas del sector de telecomunicaciones son: Joaquín Vargas, pionero en el sistema de televisión restringida vía microondas a través de Multivisión, y el exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velazco, quien busca una sociedad con productores de contenidos, entre ellos el radiodifusor José Gutiérrez Vivó
La historia sin fin
Enrique Semo
OAXACA, OAX.- 2 de noviembre, Día de Muertos. 14 en total, desde que se inició el movimiento, y el conflicto está lejos de haber terminado. Las fuerzas sumadas de la PFP, las policías locales y otros destacamentos no controlan aún la capital, que sigue parcialmente inmovilizada. Tomadas las barricadas en el Centro Histórico, persisten en la mayor parte de la ciudad, rodeando a las fuerzas de ocupación. El pueblo no se rinde, ni olvida: en cada esquina, una ofrenda. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sigue en pie de lucha. Condiciona su retorno al diálogo. Llama a sus seguidores a mantener posiciones y examina la posibilidad de convocar a una gran manifestación para el próximo domingo. Después de seis meses de luchas, todo indica que una larga espiral de represión, terquedad priista y duras negociaciones esperan a los ciudadanos de Oaxaca, sea cual sea su posición sobre el conflicto.
Oaxaca no es una excepción. Desde que el PRI se consolidó en el poder en 1928, la política mexicana ha sido una combinación de orden constitucional y protestas populares que se expresan por vías extraparlamentarias y extrainstitucionales. Casi siempre, estos movimientos desembocan en la represión y en un paquete de concesiones que no afectan al sistema. Su efecto acumulado influye profundamente en la marcha de la historia.
El primer sexenio del PAN no ha alterado en nada esa ley de hierro: Atenco, las acciones campesinas de enero y febrero de 2003, el movimiento minero con los dos muertos en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, la respuesta masiva al intento de desafuero, la resistencia civil pacífica contra el fraude del 2 de julio, que desemboca en la creación de La Convención, y finalmente Oaxaca. Pruebas suficientes de la solidez de un modus operandi secular. ¿Por qué recurren los sectores populares a la manifestación, la resistencia civil, la rebelión para plantear sus demandas? Porque no existen en el Estado los canales necesarios para que lo hagan por la vía del derecho.
El estado de derecho moderno sólo puede construirse partiendo de la premisa de que el ordenamiento jurídico y la red de instituciones que lo sustentan deben representar los diferentes intereses existentes en la sociedad civil y permitirle mediar eficazmente entre ellos. Esto exige promover un desarrollo económico que beneficie en una u otra medida a todos esos sectores; elaborar modelos de participación que incluyan a las clases subalternas y adoptar medidas administrativas de integración social que ayuden a socavar los muros que los separan. Siguiendo a Tocqueville, democracia política y democracia social están unidas por mil lazos invisibles. Mientras esas condiciones no se cumplan, el estado de derecho no puede funcionar. El Estado mexicano no cumple ni en forma mínima con esos requisitos. Por eso es un Estado premoderno y excluyente. Sectores mayoritarios de la sociedad son económicamente marginados, social y jurídicamente excluidos. ¿Cómo pueden recurrir a la ley y las instituciones para promover sus intereses? Para plantear sus demandas, sólo quedan la calle, la resistencia civil, la protesta.
Los progresistas de los países en los cuales funciona razonablemente el estado de derecho han visto en los sucesos de Oaxaca un atentado a los derechos humanos. Sus gobiernos detectan inestabilidad política, y los empresarios, causas para reevaluar el “riesgo-país” de México. Los primeros protestan en embajadas y consulados en el extranjero; los segundos alertan al gobierno mexicano y llaman a sus ciudadanos a no visitar este país, y los terceros pueden reconsiderar sus inversiones futuras. Así sucede en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania.
En cambio, el gobierno mexicano y los poderes informales que rigen al país ven en el caso de Oaxaca un episodio normal. Para la Presidencia de la República, la violencia en Oaxaca no ha manchado la imagen del país y en el estado sureño reina una “situación de paz y tranquilidad sólo interrumpida en algunas zonas de la capital”.
Alguien puede pensar que mienten. Yo estoy convencido de que esta es su forma real de ver las cosas. ¿Para qué preocuparse? La normalidad del sistema político mexicano incluye la sucesión de explosiones populares frecuentes, más o menos violentas o extendidas, asimiladas por la vía de la represión/concesión. Los estallidos populares son previsibles y no alteran la “paz y la tranquilidad” de los círculos dominantes porque no afectan significativamente sus privilegios. Para ellos son un mal necesario y endémico del que no vale la pena ocuparse mientras no toque las fibras vitales del sistema. En cuanto a las voces del extranjero, hay que calmarlas, pero sus exigencias no pueden ser atendidas porque aquí las cosas son diferentes.
El argumento foxista de la defensa del estado de derecho es una amenaza vana, porque éste no existe. Lo que tenemos es una reliquia premoderna. En México el estado de derecho sólo puede surgir de una cadena de reformas profundas y sostenidas que adapten la vetusta estructura actual a la situación real de una sociedad civil de principios del siglo XXI. Y el gobierno de Fox nada ha contribuido a ello.
Los enemigos verdaderos del estado de derecho son la tupida red de privilegios que benefician a los poderes informales, la corrupción del sistema administrativo, los vicios de los procesos electorales. Son también la creciente desigualdad económica, la ilegalización del 44% de la fuerza de trabajo arrojada al sector informal, la desintegración social, causada por la falta de oportunidades de empleo, de educación y de vivienda, así como por la masiva emigración forzada. Son, por fin, la impunidad del crimen organizado y la desigualdad del desarrollo regional que arroja a Oaxaca al último lugar de la escala nacional. Sólo puede haber estado de derecho si el Estado renueva su orden jurídico, crea instituciones e implementa políticas que permitan incluir a todos los ciudadanos, moderar las contradicciones y mitigar los desastres. Mientras no suceda así, contra él se lanzarán los excluidos, los discriminados y los marginados, recurriendo a la manifestación, la resistencia civil y la rebelión. Cuando se clama en defensa del estado de derecho hay que dirigir la mirada y levantar el dedo índice a los gobiernos neoconservadores y los poderes fácticos, no a los movimientos sociales de protesta. ¿Qué canales legales le ofrece a la mayoría de los oaxaqueños el sistema político actual para derrotar la pobreza extrema, el atraso de la educación, la persistencia de los cacicazgos, el fraude electoral, la discriminación étnica y la represión?
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