McCarthy haciendo de las suyas,¿Y la Constitución?.

México SA
Carlos Fernández-Vega.

Trump compra litoral, aunque la Constitución lo prohíba.
Fonatur privatiza 36 por ciento de las costas nacionales.

Será porque el ególatra Donald J. Trump es internacionalmente conocido (un magnate de los bienes raíces y los casinos siempre asociado a "raros" manejos financieros, amén de ser multimillonario Forbes, el número 270 de los ricos entre los ricos, con 2 mil 600 millones de dólares en 2005) y de allí el escándalo, pero lo cierto es que una buena parte de los litorales mexicanos se han privatizado en el sexenio del "cambio", aunque -como ya es cotidiano- la Constitución lo prohíba.

Ha causado revuelo el anuncio de que con una inversión inicial de 200 millones de dólares, dicho magnate "construirá un condominio de 400 habitaciones en Punta Bandera, en el municipio Playas de Rosarito, Baja California, a unos 30 minutos de la ciudad estadunidense de San Diego, California. Desarrolladores del Trump Ocean Resort Baja informaron que este complejo turístico se localizará en una zona exclusiva de las costas del Pacífico mexicano con vista al mar e incluye un centro comercial y restaurantes de alta cocina internacional. Su construcción se iniciará en los próximos meses y operaría en cuatro años. De su lado, Gabriel Robles, presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos de Baja California, informó que en el corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada tenemos un total de 2 mil 500 nuevos proyectos, como el de Donald J. Trump. Esto nos demuestra que hay confianza del capital extranjero para invertir en México, especialmente en Baja California" (La Jornada, 8 de octubre).

El multimillonario estadunidense puede planear la construcción de lo que le venga en gana, pero se supone que la autoridad mexicana tendría que salir de inmediato a notificarle que está constitucionalmente impedido para concretar su nuevo negocio en el litoral nacional. Eso se supone, pero el problema es que desde Los Pinos afanosamente se ha impulsado esa política privatizadora, una auténtica venta de garage, de tal suerte que buena parte de las playas han cambiado de propietario.

De hecho, en junio de 2001 el siempre activo director general de Fonatur, John McCarthy (el mismo que "vendió" a la familia política de Emilio Azcárraga Jean terrenos en Cancún a 71 pesos el metro cuadrado, cuando su valor era de 8 mil pesos, con el agravante que eran propiedad de la nación), anunciaba una de las fórmulas mágicas del "cambio": sin importar la nacionalidad de los capitales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ofrecerá, mediante el esquema de franquicias, casi 4 mil kilómetros de bahías nacionales y 300 mil kilómetros cuadrados de terrenos costeños en cuatro estados de la República -Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa- y 13 municipios, considerados dentro del megaproyecto Escalera Náutica de la Región del Mar de Cortés, con 22 escalas donde habrá exclusivos servicios de la más alta calidad para un mercado de alto potencial económico.

El ex empleado de Bancomer (director general de la División de Turismo de ese Grupo Financiero) redondeaba: "no importa de dónde venga el dinero, sea de John Smith o Juan Pérez, si no está especulando y nos genera trabajo, riqueza y bienestar; el enfoque será netamente empresarial, de negocios, sin ponerle nacionalidad a los capitales". En síntesis, México for sale, por mucho que la Constitución sea por demás explícita ("en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas nacionales").

Así, una vez más, leyes secundarias se imponen al mandato constitucional, y en este caso una franquicia pasa por encima de aquel y se presta para triangular operaciones de compra-venta a favor de capitales foráneos. El plan de Fonatur es igual a la privatización del 36 por ciento de los 11 mil 122 kilómetros de litoral (sin considerar el insular) con los que cuenta el país y el 15 por ciento, aproximadamente, de los casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio de lo que, si no falla la memoria, todavía se llama México.

La peligrosa línea acción de Fonatur se vio complementada con el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales que un mes después (julio de 2001) puso en marcha el presidente Fox, el cual promueve, entre otras cosas, "las adecuaciones legales y reglamentarias para actualizar las políticas agrarias de asentamientos humanos y de inversión foránea". Se trata, según el inquilino de Los Pinos, de fomentar la inversión privada, nacional y extranjera, en los litorales mexicanos, "a través de nuevos esquemas de asociación en los que participen los propietarios de la tierra; nos vamos a asegurar que ejidatarios y comuneros se beneficien amplia y realmente de las alianzas estratégicas en las que intervengan (es decir, que se empleen como jardineros o meseros) ¡Vamos a abrirle las puertas a personas dispuestas a jugársela con México!". Y se las abrió.

Entonces, la anunciada inversión de Donald J. Trump será una más, igual de ilegal que las que están en activo, sin que autoridad alguna frene el despojo a la nación.

Las rebanadas del pastel:
El adelantado Felipillo está listo para presentar su transexenal "proyecto México 2030", aunque no hay muchos que estén seguros sobre la permanencia del michoacano en Los Pinos hasta el 2012.
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