EL ASTILLERO DE HOY.

Astillero
Julio Hernández López.

Nulidades.
La hora del tribunal .
Validar la represión.
El IFE-Jalisco denuncia.

Conforme a sus antecedentes y a las circunstancias, el tribunal electoral federal debería declarar inválidos los comicios presidenciales. Por muchísimo menos de lo que Vicente Fox hizo en los meses recientes fueron anuladas en años pasados las elecciones estatales de Colima y Tabasco, donde los titulares del Poder Ejecutivo utilizaron el poder para apoyar al candidato de su partido a la sucesión.

El proceso que desembocó en el pasado 2 de julio (2-J) tuvo una injerencia infinitamente mayor del presidente de la República en favor de Felipe Calderón. Personalmente, el vaquero de Los Pinos exhortó con insistencia a los mexicanos, mediante propaganda oficial y declaraciones públicas, a no cambiar de caballo sino de jinete y a perseverar en "el mismo" rumbo y, además, puso la estructura de asistencia social -Chepina Vas que Votas- al servicio del candidato oficial, al igual que otros rubros gubernamentales electoralmente productivos.

Pero no fueron las de Fox las únicas interferencias graves. Aun cuando continúa el bombardeo publicitario que pretende convencer a los mexicanos de la limpieza de las elecciones "ciudadanas", y a pesar de que los órganos de poder se esconden cobardemente en el falso "millón de ciudadanos" para escabullir sus culpas, en todo el país se está dando una crítica abierta a ese proceso electoral desde flancos especialmente autorizados, como son los propios consejeros electorales o funcionarios locales del IFE que han ido denunciando lo que han vivido en lugares como Quéretaro, de la represión institucionalizada por Francisco Garrido; Veracruz, de las pillerías priístas clásicas a cargo del Tío Fidel Herrera, y Baja California, dominada por el empresario que gobierna en favor de sí mismo Eugenio Elorduy.

Por el volumen de votantes que congrega, pero también porque allí se desarrolla una de las vertientes más obcecadas de defensa del presunto triunfo nacional de Felipe Calderón, es notable lo sucedido en Jalisco (donde el gobernador actual, Francisco Ramírez Acuña, pretende cobrar con un cargo en el supuesto gabinete felipista el hecho de que él "destapó" al entonces secretario de Energía y que luego volcó el erario en elecciones en favor del PAN).

El presidente del consejo local del Instituto Federal Electoral en la entidad, Esteban Garaiz Izarra, renunció a su cargo en la sesión celebrada el pasado jueves, advirtiendo, en lo que según la agenda del día constituiría su "mensaje", que "todos sabemos que no fue una campaña limpia ni equitativa" la que recién se ha vivido. "No se puede impunemente -añadió Garaiz- repetir el bochornoso espectáculo de las campañas sucias de este proceso que concluye. Se requieren sanciones severas para la intromisión extranjera en nuestra vida política nacional. También, y hay que decirlo francamente, será necesario eliminar de manera expresa las interferencias del Ejecutivo federal frente a candidatos o plataformas electorales que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad electoral, así como deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas." El dimitente había conducido sin problemas las elecciones federales de 1997 y 2003 en Jalisco y las de 2000 en Chiapas.

Todo hace suponer, sin embargo, que el tribunal electoral federal concederá validez a las manoseadas cifras que darían una victoria aritmética a Felipe Calderón. Dado que la resolución del Trife es definitiva e inatacable, a los ciudadanos no quedaría sino asumir y respetar esa decisión legal.

Pero desde la noche misma del 2-J se vive en México una fuerte oposición al presunto triunfo calderonista, por las mismas causas que funcionarios electorales, como el renunciante de Jalisco, han mencionado, pero también por muchas otras más.

Por ejemplo: el espectáculo televisivo que se montó para presentar los resultados preliminares y, días después, el cómputo distrital generó un espontáneo interés científico en especialistas que luego denunciaron las evidencias de que el sistema computacional del IFE fue alterado externa o internamente para acomodar resultados conforme a predeterminaciones facciosas.

A pesar de la enorme fuerza aplicada desde el poder para acallar esa inconformidad electoral, la resistencia se ha sostenido, con campamentos cívicos en el Zócalo y la ruta que pasa por Madero, Juárez y el Paseo de la Reforma. El punto más exitoso de esa resistencia ha sido impedir mediante diputados que el presidente de la República rindiera el sexto Informe en un Congreso sitiado militarmente.

El alivio social que produjo la prudencia de los opositores, que fueron quienes evitaron enfrentarse con regimientos preparados desde semanas anteriores para reprimir, volverá a convertirse en angustia si es que el Trife decide declarar válida la elección presidencial y con ello impone a Calderón como ganador legal, pero no legítimo. A partir de esa resolución altamente previsible crecerá la exigencia de que se meta "orden" tanto en el territorio vial ocupado por quienes sostienen que hubo fraude electoral como en la disidencia política en general. Contra esa tentación represiva habló ayer López Obrador en su discurso matutino. El tabasqueño pidió a los militares no intervenir en el conflicto político, ni de manera abierta ni encubierta, a la vez que solicitó a sus seguidores que no caigan en las provocaciones.

Calma dominical después de la tempestad conjurada del viernes. El presidente de la República, de gira por Baja California Sur, vuelve a ver su Foxilandia amada, donde todo va "extraordinariamente bien", sin "crisis" ni "quebrantos". El cardenal Norberto Ribera se declara piadosamente preocupado por los riesgos de violencia que encierra un proceso electoral del que ese mismo jefe católico ha sido silencioso cómplice. Y López Obrador habla de la posibilidad de crear un "Constituyente" el próximo 16. En ese marco, la hora del tribunal electoral federal ha llegado.

Astillas:
El gobierno federal sigue guardando el caso Oaxaca para cuando sea conveniente dar golpes mediáticos de presunta vuelta a la legalidad mediante la fuerza. Aliado con Ulises Ruiz, el foxismo pretendería cobrar a los oaxaqueños el apoyo electoral dado a López Obrador y usar el desbordamiento social de aquella entidad como ejemplo de lo que los fascíficos "ya no permitirán"... ¡Hasta mañana!