Defensa del laicismo

La necesaria defensa del Estado Laico
Edgar González Ruiz

Dice López Obrador en su libro Un proyecto alternativo de nación, difundido en 2004, que los liberales del siglo XIX, “no sólo supieron consumar la Segunda Independencia de México, sino que también tuvieron la visión para separar, antes que en otras naciones, las funciones civiles de las eclesiásticas y marcar para siempre el carácter laico y republicano de nuestra vida pública”.
No obstante, hoy en día el estado laico está amenazado por proyectos derechistas que buscan la mayor injerencia de algunas iglesias, y particularmente de la jerarquía católica, en la vida institucional.
Tales proyectos consisten por un lado en la modificación de preceptos legales para implantar instituciones como la educación religiosa, las capellanías militares y la llamada defensa de la vida desde la concepción, o prohibición total del aborto, así como legalizar la participación política del clero, y por otro en nombramientos de personajes afines al sector clerical en dependencias importantes para impulsar los planes clericales mediante decisiones que van desde el apoyo a las líneas dictadas desde el Vaticano contra los programas de planificación familiar, hasta la revisión de la tradición histórica del juarismo y del liberalismo.
Históricamente, esas pretensiones descansan en la tradicional alianza de la derecha política de signo religioso, representada por el PAN, con la jerarquía católica y sectores del empresariado, juego de fuerzas que ha operado también en las campañas electorales y en la validación del fraude electoral.
De realizarse, tendrían consecuencias muy graves en diferentes ámbitos, pues el laicismo es fundamento de muchas de las libertades individuales y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, además de ser premisa del avance de nuestro país, al margen de fanatismos y prejuicios.
En el plano internacional, esos proyectos opuestos a la separación entre la Iglesia y el Estado descansan en alianzas entre partidos, grupos y coaliciones conservadoras, que tratan de homologar la realidad mexicana a la de otros países del subcontinente donde por la influencia abrumadora del clero en el gobierno se ha llegado a hablar de un totalitarismo católico.
Asimismo, si bien en algunos partidos y ONGs prevalece cierta retórica liberal y juarista, en muchas ocasiones no han sabido demostrar un compromiso equivalente con esas ideas, sea por temor a una supuesta autoridad moral del clero, que no se extiende en los hechos a los aspectos privados de la vida personal.
Por las razones anteriores, creo que es preciso que el gobierno legítimo emanado de la resistencia civil mantenga la vigencia del estado laico, expresado en los artículos constitucionales 3º, 24 y 130, entre otros, y emita las leyes y reglamentos respectivos, en el espíritu de garantizar la separación entre el Estado y las Iglesias y la no intervención política de la jerarquía en detrimento de sectores de la sociedad y en oposición a las libertades individuales.
Existe una Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, promulgada en 1992, que nació, al igual que el reconocimiento mismo de las iglesias que derivó en el de la pluralidad religiosa, al abrigo de acuerdos cupulares de Carlos Salinas con el PAN, la jerarquía y el empresariado para legitimar el fraude de 1988.
Se reconoce en ella el carácter laico del estado, la igualdad de las iglesias ante la ley, y su subordinación a la misma, así como la prohibición de que participen en política, pero en la práctica lo que ha habido es un marcado favoritismo hacia la jerarquía católica.
Apelando a dificultades técnicas y vacíos legales, muchas veces no se han aplicado sanciones a los ministros religiosos que llevan a cabo un activismo electoral, cuando se ha hecho en apoyo a la derecha, pese a que en su párrafo segundo, el artículo 16 de dicha ley establece que “Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.
Más allá de ello, políticos y legisladores panistas, están impulsando propuestas contra el estado laico, siguiendo diferentes vías, una de ellas, que ha sido presentada por Federico Doring es modificar el artículo 24 constitucional (“Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley” para incorporar la llamada libertad religiosa, que incluiría la educación religiosa y otras demandas de la jerarquía, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la libertad religiosa, así como a manifestar de forma individual o colectiva, en público o privado las ceremonias, actividades o expresiones de la religión o culto profesado; siempre que no constituyan un delito o falta sancionado por la ley”.
Explícitamente, Doring listó como una de las principales motivaciones de su propuesta la supuesta necesidad de cerrar “la brecha de interlocución entre la iglesia mayoritaria y el Estado mexicano, y que dio lugar a conflictos históricos entre ellos hasta mediados del siglo pasado”
En el plano inmediato, y por lo tanto en lo que corresponde a la etapa de la resistencia civil, como secuela del fraude se han presentado hechos que anticipan una nueva embestida clerical ante la expectativa de la imposición de un gobierno encabezado por el PAN.
Entre esos hechos se cuentan las advertencias lanzadas desde la Segob de un retroceso en las políticas de población, que no apela explícitamente a criterios religiosos sino pretendidamente demográficos, pero que implicaría que el gobierno dejara de promover los métodos anticonceptivos, adecuándose así las políticas públicas a los dictados del Vaticano.
En la misma lista hay que incluir las campañas de grupos identificados con la jerarquía conservadora, como la Unión Nacional de Padres de Familia, para evitar la difusión de libros de texto con contenidos científicos contrarios a los dogmas religiosos.
Cabe añadir que una y otra vez, los mismos grupos que se oponen al laicismo participan, al lado de otros, en escaladas propagandísticas que buscan perpetuar a la derecha en el poder.
Asimismo, se prepara el ingreso, en dependencias oficiales, de personajes que tienen una doble lealtad, por un lado con las instituciones nacionales y por otro con el activismo internacional del Vaticano.
Esos acontecimientos han prosperado ante la indiferencia, inexplicable en el plano ideológico, de muchas de las fuerzas que debieran oponerse a ellos, pero esta oposición sí puede y debe reivindicarse en el marco de la lucha de resistencia civil si consideramos que esta expresa no sólo una demanda democrática sino que ante todo es el preámbulo de una transformación social a gran escala.
Así como se considera con sobradas razones que la ley debe castigar, si es el caso, los delitos y no la pobreza o débil posición social de los acusados, y por tanto que no debe haber impunidad para los llamados delitos de cuello blanco, tampoco debe haberla ante la opinión popular para el contubernio de sectores religiosos con intereses políticos y económicos contra el bienestar y el progreso del pueblo de México.