EL DEDO EN LA LLAGA.

¿En quién confiar?.

Ernesto Villanueva.
24 de julio de 2006
Los saldos de las elecciones federales, en relación con los medios de comunicación y el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión o manifestación, ponen de relieve que el estado de derecho y la ética periodística están a la deriva, en perjuicio de todos. Con ello lo que pasa es prolongar y exaltar la crispación social y la cultura de la desconfianza. Veamos.

Primero. Los presuntos ganadores de las elecciones iniciaron una campaña en los medios para estigmatizar la figura de AMLO y restringir así su derecho constitucional a expresar, con razón o sin ella, su punto de vista sobre la jornada electoral. Es evidente que las libertades de expresión y de reunión no son absolutas, deben armonizarse con otros derechos. Hasta ahora las expresiones de un sector importante de la sociedad se han conducido en el marco de la ley. Pero si no fuere el caso, no es con una campaña mediática negativa -y menos con cargo a los bolsillos de los contribuyentes y dirigida por el gobierno- como deben ser resueltas las cosas en una democracia, sino con la aplicación de las disposiciones legales.

Segundo. Se ha podido advertir cómo buena parte de los medios han abdicado de su función de informar en este proceso electoral y en el postelectoral con una dosis razonable de imparcialidad y contrastando posiciones. Así lo establecen los más elementales principios de la ética informativa en el mundo. Al contrario, de informadores se han convertido en jugadores. De reportar el hecho que, por su interés público, adquiere el rango de noticia atendiendo sólo a su valor noticioso o informativo, han pasado a crear agenda sin máscaras ni el mínimo pudor a favor o en contra de los principales candidatos. Pareciera que la manipulación del derecho a saber se ha convertido en un mal menor si se consigue el triunfo de su causa.

Tercero. Las instituciones encargadas de velar por la convivencia pacífica de los seres humanos en sociedad tampoco se han quedado atrás. La Presidencia de la República usa recursos públicos para satisfacer intereses privados mediante la compra de spots televisivos llegando a tales extremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debió intervenir para obligarla a detener tanto cinismo, desde el 24 de febrero de este año, aunque la propia Presidencia supo cómo darle la vuelta a este mandato judicial. Para documentar estos excesos, la más reciente encuesta publicada por Parametría indica que el 45% de los electores considera que no fue influido por los spots promocionales del Presidente; no obstante, ¡exactamente la misma cifra considera lo contrario! El IFE ha sido fiel a sí mismo. De árbitro imparcial pasó a convertirse en árbitro arbitrario y defensor de su candidato presidencial, como se ha documentado aquí en diversas oportunidades.

En una sociedad con profundas desigualdades económicas, educativas y culturales como la mexicana, se requiere procesar de una manera distinta las agudas diferencias de percepción y de criterio sobre la jornada comicial. Es necesario reformar y crear nuevas leyes que expresen la realidad política nueva del país, así como rediseñar el sistema electoral para que nunca vuelva a existir un clima de opinión de zozobra e incertidumbre para mal de México, como hoy se respira.