DEL PROCESO.

Organizaciones civiles y comunidades de Soledad Atzompa demandan aún justicia


Impune, el “asesinato” de Ernestina Ascencio
regina martínez Jalapa, Ver., 10 de marzo (apro).-

Un año después de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, ultrajada por presuntos militares, organizaciones civiles y comunidades de Soledad Atzompa demandan aún justicia y el total esclarecimiento de este "asesinato".

La procuraduría del estado cerró el caso tras aceptar la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido que la indígena murió de "gastritis aguda". Sin embargo, el perito Pablo Mendizábal defiende el peritaje original.

Mendizábal, responsable de practicar la necropsia de ley a la anciana de 72 años de edad, quien falleció un día después del ataque ocurrido 25 de febrero de 2007, aseguró que el dictamen inicial jamás fue modificado.

Aunque el 30 de abril pasado la autoridad concluyó que no había delito que perseguir, Mendizábal sostuvo su versión, en el sentido de que “las causas de la muerte de la indígena fueron traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia aguda".

En entrevista con Apro, Mendizábal dijo que si en su momento no defendió su dictamen, "se debe a que me vi impedido por la secrecía de la investigación ministerial" que ya había iniciado la procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Emeterio López Márquez.

El 26 de febrero de 2007, Mendizábal fue instruido por la delegación de servicios periciales y la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba, para acudir al hospital de Río Blanco y certificar la muerte de Ascencio Rosario.

También le ordenaron acudir a la funeraria donde se encontraba el cuerpo de la indígena para realizar la necropsia de ley, "dado lo relevante del caso, pues se involucraba a miembros del Ejercito como presuntos responsables de dichos actos".

En ese momento, explicó, tanto el celular como el teléfono de su oficina se saturaron de llamadas de la procuraduría del estado, de la subprocuraduría Zona Córdoba y de la Dirección de Servicios Periciales, "pues todos querían ser protagonistas del incidente".

Con el material existente en ese momento, añadió, "tomé muestras de tejidos de las vísceras para estudio histopatológico y químico, las que, aunque fueron tomadas inmediatamente, inexplicablemente fueron enviadas dos días después para su análisis en laboratorio".

Aunque la investigación seguía su curso, señaló, la intervención de la CNDH "puso una cortina de humo" y, desde un principio, "trató de desvirtuar el dictamen de la necrocirugía de ley que yo emití".

Bajo “presiones” del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo, la PGJE autorizó la exhumación del cuerpo de la anciana 11 días después de su muerte, "para realizar nuevas pesquisas y tratar de desechar el dictamen inicial y el de los químicos forenses".

En el estudio practicado por químicos forenses de la propia Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, reveló Mendizabal, "ya habían encontrado la presencia de fosfatosa y residuos de P30 --semen-- en la parte anal de Ernestina Ascencio".

La exhumación del cuerpo, realizada por peritos de la PGJE y especialistas de la CNDH, refirió, "más que hallazgos, ratificó la necropsia realizada inmediatamente después del fallecimiento de la indígena, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa”.

Aseguró que “se confirmó la fractura de arcos costales derechos e izquierdos, equimosis en regiones tempoparitales y frontales, que en su momento fueron hematomas y que, por el fenómeno cadavérico, ya se habían transformado en manchas moradas”.

Dijo que, en la exhumación del cuerpo, también se confirmaron "cuatro desgarres en la región anal, que varían en posición y que, insisto, los fenómenos cadavéricos transforman dichas lesiones de posición".

La fractura y luxación de vértebras cervicales debió haber despejado la duda con la certeza de rayos X, lo que no se hizo en la exhumación", señaló el perito, al precisar que también se ratificó "la presencia de sangrado en el tubo digestivo".

Indicó que, en la segunda necrocirugía, se confirmó la presencia de cirrosis hepática y la anemia aguda como causa de la muerte y, aunque no me corresponde manifestarlo, la presencia de fosfatasa, P30 y cromosoma, es decir, un ADN diferente al de la señora".

Los datos del dictamen de los análisis iniciales que se practicaron al cuerpo de Ernestina, originaron que el gobierno del estado "nos exigiera que defendiéramos la veracidad de los estudios y los resultados que se habían emitido", expresó.

Empero, dijo, el 30 de abril de 2007, “de manera inexplicable se determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, al hacer publica esta decisión, las autoridades dijeron que habían concluido en que las causas de la muerte fueron naturales".

El especialista de la PGJE aclaró que, como médico forense, su función es realizar estudios que orienten al Ministerio Público o al juez para que éstos tipifiquen los delitos, "nunca señalar culpables, pues yo no soy policía ministerial".

Durante todo este proceso, siguió, "nunca manifesté que hubo violación, ni que la señora fue asesinada y, mucho menos, que los responsables hayan sido elementos del Ejercito, porque no me corresponde hacerlo; eso es responsabilidad del Ministerio Público".

Sostuvo que, por “presiones de la CNDH”, la procuraduría del estado abrió en su contra una investigación de carácter administrativo y ministerial, que están en curso, "lo que es increíble".

Aunque ha contado con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán y no lo ha despedido de su fuente de trabajo, Mendizábal acusó a la CNDH de "haber transformado la verdad con una serie de recursos, que equivalen a 700 millones de pesos de presupuesto".

Por su parte, la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, cuestionó también el papel que jugó la CNDH en este caso, pues al no mostrar un auténtico interés por conocer la verdad y llegar al fondo del asunto, "ha generado más sospechas"..

Esta asociación, junto con otras organizaciones civiles de Veracruz y del país, ha subrayado que la comunidad y la sociedad en general debe conocer la verdad de los hechos y, por ello, a través de la Ley de Transparencia, han solicitado a las autoridades copia del expediente.

La abogada Pilar Noriega dijo que, ante la insistencia de la CNDH y de la PGJE para mantener en reserva el expediente, "deja abierta la puerta para que sospechemos que algo oculta y que, contrario a la transparencia, dejan en total oscuridad los hechos que en principio parecían muy claros".

Pese a que la familia de Ernestina Ascencio ha manifestado no tener ya interés sobre el caso, Noriega dijo que la asociación de abogados de la que forma parte, "estudia qué es lo que se puede hacer jurídicamente para que se reabra el expediente".

Noriega, entrevistada telefónicamente, explicó que analizan sí efectivamente habría dificultad para acreditar el interés jurídico por parte de los organismos civiles, "porque legalmente y en estricto sentido de la averiguación previa, sólo tiene participación la familia".

Agregó que, “aunque es difícil, estamos estudiando qué ángulo se tiene que hacer para tener la verdad de cómo sucedieron los hechos y si realmente hubo una documentación objetiva, sobre todo, en los peritajes", que es donde está la controversia.

Afirmó que la CNDH debería ser la primera en apoyar a las organizaciones civiles que quieren tener acceso a las investigaciones periciales integradas en la averiguación que se abrió por el homicidio de la indígena pero, contrario a ello, "ha generado mayor confusión".

Pese a que legalmente fue cerrado el caso, acotó, "existe la necesidad de conocer qué fue lo que sucedió, cuál fue la intervención de las autoridades, de las corporaciones policiales y del Ejercito en un asunto de violencia contra las mujeres".

A su vez, el activista Julio Atenco Vidal cuestionó la actitud del gobernador Herrera Beltrán en el caso, "pues en principio tenía la convicción de que se trataba de un crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de una confrontación con la CNDH".

A juicio del asesor de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ), Herrera Beltrán "prolongó el proceso hasta evidenciar a la CNDH, para luego cambiar radicalmente, tal vez porque era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito (Felipe Calderón)".

Atenco consideró que el gobierno del estado sólo utilizó a las autoridades y comunidades de Soledad Atzompa, que siguen demandando justicia en el caso de Ernestina, "para luego negociar recursos con el gobierno federal".

El 18 de abril de 2007, refirió, Herrera Beltrán, luego de reunirse con Soberanes, "señaló que no tenía diferencias sustantivas en la interpretación realizada por la CNDH en el caso de Ernestina y, días después, aceptaba la tesis de la muerta natural".

Explicó que la CNDH no fue la zona a petición de los familiares de la víctima, "sino por motivos propios, no para investigar la presunta violación cometida por militares, sino para documentar las condiciones de salud en que se encontraba la indígena y demostrar que murió por pobre y por su edad".

"No tenemos duda de que fue un crimen. Se trató de una perversa provocación planeada por la inteligencia militar para producir un enfrentamiento y obligar a sacar la cabeza de presuntos grupos armados", agregó.

De hecho, el 27 de febrero, señaló, en una asamblea en Tetlatzinga, a la que llegó el gobernador, "hubo un enfrentamiento verbal con los militares, y en uno de los camiones que no tenía resguardo, un joven se subió y tenía un bidón de gasolina listo para rociar la unidad".

Añadió que la policía de Soledad Atzompa "controló a esa persona, le quitó el bidón y reclamó a los soldados la falta de vigilancia".

Por ello, insistió, "es altamente probable que el plan consistiera en desarticular al movimiento indígena y, eventualmente, demostrar la existencia de algún grupo guerrillero en la región".