EL TOALLAGATE RELOADED

Se me pasó incluir en los comentarios de hoy esta nota del Universal que me envía un lector. Recordarán que el primer escándalo de corrupción de la presidencia de Fox fue el toallagate, incidente en el que se supo que para la remodelación de las cabañas de Los Pinos, cuando Fox recién había llegado al poder, se compraron todo tipo de cosas a precios estratosféricos, incluyendo toallas con un precio de 400 dólares cada una--precio que ni en las tiendas más pirrurris es tan alto.

En ese entonces se dijo que la remodelación de las cabañas de Los Pinos se había licitado. Pero ahora nos encontramos con que no fue así, y que los datos de las anomalías que se cometieron en el toallagate se ocultaron por 6 años:

Remodelaron sin licitar cabañas de Los Pinos

La auditoría a esas obras, oculta por seis años, revela que hubo otras anomalías

Jorge Ramos
El Universal
Viernes 21 de septiembre de 2007

jorge.ramos@eluniversal.com.mx

La remodelación de las cabañas donde habitó el ex presidente Vicente Fox en Los Pinos durante su sexenio no fue transparente, representó gastos excesivos e incluso el contenido de la auditoría practicada por la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) se mantuvo oculta durante seis años.

La auditoría a la construcción y remodelación de las cabañas de la residencia oficial de Los Pinos, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, revela el cúmulo de irregularidades cometidas que llevaron a la renuncia de uno de los amigos del presidente Vicente Fox, Carlos Rojas Magnon.

Contrario a lo que se informó en aquel año, que el contratista, arquitecto Humberto Artigas, fue llevado por José Fox Quesada, hoy se confirma, según declaración de Mario Barjau Granel, apoderado legal de la empresa Humberto Artigas y Asociados, SC, contenida en la auditoría, que la invitación fue hecha directamente por el primer mandatario, sin licitación de por medio.

El escándalo afloró el 20 de junio de 2001 cuando se divulgaron gastos onerosos —marcados por la adquisición de toallas de 4 mil pesos cada una— para la casa presidencial.

De acuerdo con los documentos de la auditoría y con funcionarios que formaron parte de dicha investigación, las toallas de 4 mil pesos, que fueron emblema del escándalo, ni siquiera llegaron a utilizarse porque la empresa contratada no las entregó.

El 20 de julio del 2002, este diario reveló que el gasto total para remodelar las cabañas y el exterior de Los Pinos, así como la casa Miguel Alemán, costó 62 millones de pesos.

La auditoría 2015 aplicada del 20 al 28 de junio de 2001 muestra que “se celebraron contratos para la remodelación de obra en la residencia oficial de Los Pinos durante el periodo de diciembre de 2000 a abril de 2001 por un importe de 61 millones 895 mil 898.87 pesos, adjudicándose de manera directa al contratista Humberto Artigas y Asociados, SC”.

Según la compulsa realizada por los auditores, se logró documentar la facturación pagada de 27 millones 118 mil 679 pesos a la empresa de Artigas, pero no del resto de los recursos.

La Contraloría federal halló diversas irregularidades que detalló en ocho observaciones, entre ellas el que se adjudicó “sin licitación y sin la debida justificación y fundamentación (...) ya que el argumento esgrimido de la confidencialidad y seguridad nacional se desvirtúa por la subcontratación de obras”.

Los contralores determinaron que “el fundamento legal esgrimido en el apartado de declaraciones, referente al artículo 42, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios, relacionados con las mismas, no es aplicable toda vez que el desarrollo de los trabajos fue realizado por diversas empresas constructoras, situación que no garantizaba la confidencialidad de la información para el gobierno federal”.

Artigas subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia a Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria, SA de CV; Construcciones y Destajos Especiales, SA de CV; Aicon, SA de CV; Arquitecto Jorge Conde Guzmán; Grupo Valerio, SA de CV, Myo —esta última con el mismo domicilio de la empresa de Artigas—, entre otras.

En la auditoría se explica que ocurrió duplicidad en la suscripción del contrato de obra pública AD-269-00 por la remodelación de las cabañas 1 y 2 de la residencia con un monto de 6 millones 336 mil 500 pesos, con plazos de ejecución distintos.

También hicieron pagos anticipados por un monto de 9 millones 600 mil pesos, previos a la suscripción del contrato AD-009-01.

Los auditores de la Contraloría detectaron que el proveedor entregó 204 bienes por un importe de 2 millones 550 mil 597.5 pesos, de un total de 475 bienes requeridos, a pesar de que la Presidencia de la República les liquidó 100% de lo contratado.

Es decir, se les pagó por todo, pero no se entregó ni la mitad de lo pagado.

Hay que recordar también que en ese entonces quienes se habían ufanado de la remodelación habían sido la martuchis y la hija de Fox, Ana Cristina. Y se supo, además, que quien se encargó del diseño de la remodelación había sido un sobrino de Fox.

Artigas y MYO, por cierto, dieron como domicilio en Hacienda el de un particular en donde no había oficinas ni nada que se le pareciera.

La cosa no acaba ahí. Humberto Artigas también fue designado por Fox para la remodelación de La Estancia, el rancho secreto de Fox. Esto se dio a conocer en Contralínea en Julio de 2006. Para ese entonces ya se había dado a conocer lo de las adjudicaciones directas de Fox (fíjense, hace más de un año, y los medios no habían dicho NADA al respecto):

Estado Mayor Presidencial involucrado en obras irregulares

Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, Erika Ramírez y Zósimo Camacho

El presidente Vicente Fox y el empresario Humberto Artigas son los únicos actores que negociaron la adjudicación directa de contratos de remodelación en la residencia oficial de Los Pinos —que costaron al erario público casi 70 millones de pesos y que causaron daños al patrimonio público y violaciones a la seguridad nacional—, revela la representante legal de la empresa MYO, quien señala al Estado Mayor Presidencial como responsable de las obras

“Si eso es tráfico de influencias, pues entonces sí, cometí tráfico de influencias”, acepta con enojo la arquitecta Rosalía Morales Arámbula, representante legal y accionista de la empresa MYO, S.A. de C.V., tras la pregunta sobre la invitación directa que le hizo personalmente el presidente Vicente Fox para que participara en la remodelación de la residencia oficial de Los Pinos y de las cabañas 1 y 2, sin que mediara licitación alguna como lo marca la Ley.

La breve respuesta de Morales Arámbula corrobora que Fox Quesada es el alto funcionario de Los Pinos que ordenó la adjudicación directa de las obras a favor de su amigo Humberto Artigas del Olmo, quien a su vez subcontrató los trabajos de la compañía MYO y de otras 10 empresas, tal como lo asentó la misma arquitecta en la compulsa relacionada con la auditoría 2015/01, dada a conocer en junio pasado en Contralínea.

Ya el 21 de junio de 2001 Morales Arámbula había revelado a las autoridades de la Dirección General de Auditoría Gubernamental la responsabilidad del presidente de México en la contratación indebida de las empresas, que derivó en daños patrimoniales y en violación a la seguridad nacional, asunto que fue velado por la dependencia bajo el supuesto de confidencialidad.

En aquella ocasión los auditores de la Secretaría de la Contraloría (ahora Secretaría de la Función Pública) requirieron a la accionista de MYO, quien comparte domicilio fiscal con la empresa Humberto Artigas y Asociados, S.C. en calzada Desierto de los Leones 5934, colonia Olivar de los Padres, que describiera “cómo se hizo proveedora del gobierno federal, específicamente de la Presidencia de la República, y desde qué fecha”, a lo que respondió: “fue una invitación directa del presidente, el licenciado Vicente Fox, desde diciembre de 2000”.

Los funcionarios públicos insistieron: “describa quién la invitó a participar como proveedor y el trámite realizado al respecto”, y ella reiteró que “la invitación la hizo directamente el licenciado Vicente Fox”.

Hasta ahora, la dependencia encargada de vigilar y sancionar la actuación de los servidores públicos ha omitido fincar responsabilidades por estas anomalías, quizá porque el primer implicado es el presidente de la República. La negligencia se da a pesar de que el amplio expediente de investigación confirma que la Presidencia violó las leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Responsabilidades al adjudicar directamente los contratos por 66.5 millones de pesos.

El asunto no es menor. De acuerdo con la auditoría 2015/01 las irregularidades en las que supuestamente está involucrado Vicente Fox, jefe directo del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y en su momento Francisco Barrio Terrazas, no se reducen a la contratación indebida de la empresa Humberto Artigas y Asociados, que ocasionó daños patrimoniales, sino que al subcontratar varias empresas, entre ellas MYO, se puso en riesgo la vida del propio mandatario -pues se conocía a detalle su residencia- y, por tanto, se quebrantó la seguridad nacional.

Para la diputada perredista Martha Lucía Micher, el gobierno de Vicente Fox “no sólo ha sido corrupto sino que ha sido un modelo de corrupción: se les ha enseñado a otras personas de las familias en el poder cómo hacer las cosas muy poco transparentes, con muy poca ética y sobre todo el patrimonio del pueblo”.



Negociación de dos

Entrevistada vía telefónica, la empresaria Rosalía Morales Arámbula revela que la negociación para adjudicar las obras se dio entre dos actores: el presidente Fox Quesada y el empresario Humberto Artigas del Olmo. “A mí me subcontrataron. El arquitecto Artigas me subcontrató para que lo hiciera (proveer de mobiliario y enseres a la Presidencia). Yo directamente no tuve nada que ver. Es más, al presidente lo vi una sola vez”.

Mientras busca deslindarse de las supuestas irregularidades que implican a la empresa MYO en daños al patrimonio público por al menos 2 millones 100 mil pesos y de incurrir en la presunta violación de la seguridad nacional, ambos ilícitos documentados por la Contraloría, Morales Arámbula explica que el Estado Mayor Presidencial tuvo conocimiento del proceso de contratación y de los avances y cumplimientos del mismo.

-Cuál es su postura sobre la auditoría 2015/01, referente a los dos contratos otorgados por la Presidencia a la empresa MYO, que señala un posible daño al patrimonio público por 2.1 millones de pesos e incumplimiento de contratos.

-Nada de eso es cierto.

-Tenemos copia de la investigación de la auditoría. Se habla de un daño patrimonial en contra del erario público por 2.1 millones de pesos.

- Este asunto para mí ya está acabado, no sé por qué le siguen buscando. Ya le gané a (la Secretaría de) Hacienda dos juicios. Las toallas fueron de Liverpool, yo exhibí las notas.

-¿Se reintegraron los recursos que supuestamente generaron el daño?

-Yo no… están más que comprobados los gastos que hice.

-Pero ¿se incurrió o no en este daño al patrimonio?

-Jamás. Me auditaron por Secodam (ahora Función Pública) y me dieron las gracias y fueron al siguiente día. Hacienda también. Existen las notas, fueron unas toallas de Liverpool.

-La investigación no se reduce a las toallas: se señala que de los 475 bienes requeridos en los dos contratos firmados con MYO sólo se entregaron 204 bienes.

-Se entregaron 2 mil 500. Hay un inventario y está firmado.

-¿Quién lo firmó?

-El Estado Mayor Presidencial.

Como parte de las obras de remodelación subcontratadas por la empresa Humberto Artigas y Asociados, MYO signó un par de contratos con la Presidencia identificados con los folios AD26700, por 2 millones 950 mil 558 pesos, y AD26800, por un millón 734 mil 338 pesos.

De acuerdo con la auditoría 2015/01, el proveedor representado por Rosalía Morales incumple con lo convenido en ambos contratos: entrega 204 bienes por un importe de 2 millones 550 mil 597 pesos, de un total de 475 bienes requeridos, por 4 millones 684 mil 896 pesos, lo que viola los términos contractuales en la entrega de 271 bienes por importe de 2 millones 134 mil 298 pesos.

El documento firmado por Javier Cervantes Martínez, director general adjunto de Auditorías Directas de la Secretaría de la Función Pública, refiere que la Presidencia pagó al proveedor el ciento por ciento de lo contratado, lo que generó un quebranto patrimonial.

Añade que MYO entregó 955 bienes que no le fueron requeridos, cuyo costo asciende a 2 millones 411 mil 688 pesos. Otra irregularidad detectada corresponde a un anticipo que la Dirección de Finanzas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia otorgó sin contar con la autorización expresa y por escrito del oficial mayor o equivalente (facultad indelegable) por un importe de un millón 405 mil 468 pesos.

El informe de auditoría también explica que el trámite de los pagos por concepto de suministro de mobiliario y equipo, enseres, accesorios y blancos efectuados a la empresa MYO, por un importe de 4 millones 684 mil 896 pesos, se autorizó la emisión de cuentas por liquidar certificadas y se aceptó como soporte documental la facturación global del proveedor.

“Fox debe ser juzgado”

El caso de los “Amigos de Fox” y las irregularidades descubiertas durante los trabajos de remodelación de la residencia de Los Pinos, “son los dos puntos de partida de la corrupción de este régimen”, señala el diputado de Convergencia y ex panista Jesús González Schmal.

Para Malú Micher “sería gravísimo por parte del presidente de la República que habiendo entrado, después de tomar posesión de su cargo como presidente, se hubiese puesto a beneficiar a sus cuates, esto no es un club de amigos, es el Poder Ejecutivo y él ganó las elecciones en buena línea. Si está el señor actuando de esa manera, me atrevo a pensar que ni siquiera las ganó en buena lid, sino que fue a través de una serie de corruptelas y de compras de votos, porque el señor se puso a iniciar su gestión de manera muy poco transparente y de verdad con un ejemplo pésimo para la administración pública”.

Para González Schmal, presidente de la Comisión Especial que investiga el tráfico de influencias de Manuel y Jorge Bribiesca y de funcionarios federales ligados a la familia presidencial, la SFP debe abrir expedientes de responsabilidad contra Vicente Fox Quesada y todos los funcionarios involucrados en las contrataciones de la remodelación a Los Pinos, e incluso abrir indagatorias contra los propios contralores que mantienen en reserva la auditoría hecha por la propia SFP.

El también abogado señala que, de comprobarse la responsabilidad de Vicente Fox en la desviación de recursos públicos, el aún presidente podría ir a la cárcel: “México es una República y todos los ciudadanos somos iguales, así es que se le debe aplicar la justicia por igual. Mal haría en inhibirse (la SFP) en estas conductas corruptas aunque se trate del presidente”.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Jorge Zermeño Infante, advierte que “la Cuenta Pública de 2001 ya fue aprobada en su momento, hace dos años. Y ya es un caso terminado, que tiene la aprobación formal de la Cámara de Diputados”.

El senador de extracción panista afirma: “no tengo sospechas ni dudas de un gobierno que ha buscado ser muy transparente, que ha trabajado bien”, y que en caso de que las irregularidades sí se hayan cometido, “esto pasó en 2001 y ya tuvo su revisión. Entonces estar diciendo en estos momentos que no estuvo bien, pues hay que ver qué aprobaron los diputados”.

Para Zermeño Infante es innecesario volver a revisar el gasto de la Presidencia relacionado con la remodelación de Los Pinos, pues reabrir el expediente restaría seguridad jurídica a los actos de gobierno.

Pese a esto, Micher Camarena señala que la actuación del presidente podría constituir un delito, “no tanto porque sean sus amigos, sino en el sentido de que debió haber sido por el procedimiento correcto, que es a través de los concursos y quien gane la mejor propuesta es a quien se le concede la construcción de la obra, si lo hicieron para quien finalmente fuera su amigo es un acto ilegal, muy poco transparente y es un acto de corrupción”.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el arquitecto Humberto Artigas del Olmo, pero su secretaria particular, Carmen Tella, negó al empresario y dijo desconocer si esa empresa, la de su jefe, se llamaba Humberto Artigas y Asociados como saludan en la recepción, además de afirmar, a gritos, que ella desconoce los contratos firmados con la Presidencia de la República.

OJO: reitero que esa información es de 2006. Y NADIE en los medios le dio seguimiento.

En el mismo reportaje, Contralínea da a conocer que, como dije al principio, Artigas fue designado por Fox para remodelar el rancho La Estancia. Y va más lejos: las tierras del rancho La Estancia forman parte de una expropiación que se hizo el General Lázaro Cárdenas del Rio en 1937 ya que eran parte de un latifundio del padre de Fox:

Artigas: el arquitecto de Fox

Amigo cercano de Vicente Fox, el arquitecto Humberto Artigas del Olmo fue comisionado para diseñar “La Estancia”: rancho que habitará el aún presidente de México cuando finalice su sexenio y se retire de la vida pública, en diciembre próximo.

Un acucioso trabajo periodístico de Anabel Hernández y Arelí Quintero da cuenta de esta tarea, iniciada a mediados de 2001 en un terreno de Guanajuato que mide poco menos de 300 hectáreas y se ubica a cuatro kilómetros del rancho San Cristóbal, donde habita la madre del presidente y donde éste suele pasar los fines de semana.

De acuerdo con lo documentado por las periodistas Hernández y Quintero -quienes nombran a La Estancia como el “rancho secreto de Fox”, pues no fue reportada por el mandatario en su declaración patrimonial de 2005-, la casa de retiro cuenta con dos residencias muy similares en concepto y acabados a las cabañas de Los Pinos.

Y es que el arquitecto encargado de ambos proyectos es el mismo: Artigas del Olmo. Mientras que en diciembre de 2000 su empresa, denominada de la misma forma (Humberto Artigas y Asociados S.C.), obtuvo contratos irregulares de la Presidencia de la República por órdenes directas de Fox Quesada y sin que mediara licitación alguna, a mediados de 2001 fue contratado por el presidente para construir su casa privada de retiro.

Ante las suspicacias generadas, la diputada perredista Malú Micher cuestiona el destino de los recursos públicos: “si son casi 70 millones de pesos los que en realidad se gastaron (en la remodelación de la residencia de Los Pinos) y no 7 millones (como informó el presidente Vicente Fox), entonces ¿dónde está todo el dinero de las cabañas 1 y 2? No será que se destinó a otros lugares como las construcciones y reconstrucciones de las casas en San Cristóbal. ¿Dónde está ese dinero?”

La legisladora considera necesario investigar a fondo el uso del dinero público: “es competencia de la Secretaría de la Función Pública. Nosotros estamos analizando cómo daremos cuenta de esta información. Ellos hacen trampa para poder hacerlo por adjudicación directa y no por licitación pública y éste pudo ser el inicio de la cajita presidencial, de esta caja chica en la Presidencia de la República: no nos pueden engañar, es imposible que hubiesen gastado tanto dinero en dos cabañitas”.

Y es que, como lo ha informado Contralínea, los trabajos de remodelación de la residencia de Los Pinos y las cabañas 1 y 2 le retribuyeron al empresario 66 millones 540 mil 795 pesos. Por la importancia del monto, la Secretaría de la Función Pública afirma en la auditoría 2015/01 que la contratación debió adjudicarse por medio de un concurso de licitación pública, y no en forma directa como se hizo.

Empresario “consentido”

En el libro “La familia presidencial”, Arelí Quintero y Anabel Hernández señalan que el arquitecto Humberto Artigas del Olmo es conocido gracias a la trayectoria de su padre, del mismo nombre, quien, en la década de los 80, fue señalado como “el arquitecto de los ricos”: “tenía la habilidad para hacer ranchos en La Marquesa, en el Distrito Federal, y para diseñar espacios comunitarios”.

Las periodistas dicen que Juan José Torres Landa, ex gobernador de Guanajuato (1961-1967), fue quien llevó a Humberto Artigas a ese estado con la finalidad de hacer trabajos de remozamiento en los subterráneos de la capital, considerada patrimonio de la humanidad, y diseñar plazas públicas y culturales que le dieran más vida a la ciudad.

En su trabajo periodístico documentan que, aunque Artigas del Olmo diseñó y revisó los trabajos de construcción en el rancho “La Estancia”, las obras fueron ejecutadas por la constructora Fabricación y Colocación de Pavimento S.A. (Facopsa), propiedad de otro amigo del presidente, Cosme Mares Hernández, quien además es calificado por legisladores como prestanombre de Fox Quesada.

Según el libro, la maquinaria de Facopsa -empresa investigada por la Procuraduría General de la República, pues se presume que es responsable de cometer daños al patrimonio público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 135 millones de pesos (Contralínea 58)- mejoró el acceso al rancho “La Estancia” y convirtió la brecha lodosa en un camino amplio de terracería.

Las periodistas señalan que, a lo largo del sexenio, Artigas del Olmo y Mares Hernández han sido los ejecutores de los proyectos de construcción de la familia presidencial.

Tierras en litigio

A fines de mayo pasado el reportero Jorge Torres informó en la revista Proceso la finalización de los trabajos de construcción del rancho “La Estancia”, además dio a conocer un añejo pleito por posesión de tierra que involucra las 300 hectáreas que habitará el presidente.

De acuerdo con el semanario, el área donde se ubica la casa de retiro de Vicente Fox y Marta Sahagún, su esposa, se encuentra en un “limbo jurídico”desde 1937, cuando por resolución presidencial se ordenó el reparto de ese terreno. Mandato que el padre del presidente, José Fox, se negó a cumplir.

El desacato de la familia Fox Quesada propició una ambigüedad jurídica aún no resuelta, pues el régimen de propiedad del terreno “La Estancia” quedó “en blanco”. La revista Proceso también da cuenta de que dicho rancho perteneció a un grupo de narcotraficantes. Además, los conflictos relacionados con la propiedad derivaron en el asesinato de una persona.

Aún así, la casa de retiro, diseñada por Humberto Artigas del Olmo y construida por Cosme Mares Hernández -cuyo parecido con las cabañas 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos sorprendió a las reporteras Quintero y Hernández-, está lista para recibir al presidente Vicente Fox y a su esposa Marta Sahagún, quienes planean mudarse al finalizar el “sexenio del cambio” el 1 de diciembre de 2006.

Contralínea, por cierto, publicó hace más de un año, con lujo de detalle, lo que señala hoy El Universal. Los detalles los encuentran en este link.

Por cierto que en 2001, cuando estalló el toallagate, el diario El Mundo de España dio a conocer un dato curioso: los datos del toallagate--que fueron balconeados, por cierto, por Anabel Hernández en Milenio diario, fueron encontrados en la página de COMPRANET. Pero--y aquí es donde viene el dato curioso--como en 2001 sólo el 5% de la población mexicana tenía acceso a internet en casa, y que sólo alguien que supiera navegar bien por internet iba a poder acceder a esa información. Es decir, sugiere el dato, se SUBESTIMÓ a la gente al suponer que sólo los ricos iban a tener acceso a esos datos de COMPRANET.

Tal vez por eso ocultaron los datos de la auditoría por 6 años. Por que se dieron cuenta de que ahora cualquiera los puede cachar en la movida. Y que lo de la transparencia, que los panistas pensaron que iba a ser la mejor manera de tener fachada de limpieza cuando en realidad son unos pinches RATEROS CORRUPTOS, ya les tronó en la cara.

Otro dato que se dio a conocer en Junio de 2001, es que el papá de Humberto Artigas, Francisco Artigas Carranza, fue también arquitecto remodelador de Los Pinos, pero en el sexenio de LÓPEZ PORTILLO. En ese entonces, Artigas Carranza construyó 3 casas para los hijos de López Potillo (descritos por el propio JoLoPo como "el orgullo de su nepotismo.")

¿Pues no que el que era como López Portillo era el Peje?

Ah, y otro dato que se dio a conocer en ese entonces: el domicilio en Desierto de los Leones que supuestamente era el de Artigas, y que resultó ser una casa vacía, resultó ser de Carlos Hank González, quien diera para la historia de la ignominia de México la famosa frase "Un político pobre es un pobre político." Se ve que los panistas se aprendieron esta frase muy bien.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.